100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030031812AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull197117/06/1971AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null___1971_17/06/1971300318101971AMNISTIAS – Sólo operan para un período / IMPUTACION DE PAGOS – Puede ser regulado a través de una amnistía CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO Bogotá, D. E., junio diecisiete (17) de mil novecientos setenta y uno (1971) Radicado número: Actor: VICENTE AMAYA MANTILLA Demandado:
Sentencias de NulidadMiguel Lleras PizarraVICENTE AMAYA MANTILLA17/6/1971Ley Reglamentada que es la 8a. de 1970 y el ordenamiento del artículo 105 del Decreto 1651 de 1961.Identificadores10030116208true1208627original30114458Identificadores

Fecha Providencia

17/06/1971

Fecha de notificación

17/6/1971

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Miguel Lleras Pizarra

Norma demandada:  Ley Reglamentada que es la 8a. de 1970 y el ordenamiento del artículo 105 del Decreto 1651 de 1961.

Demandante:  VICENTE AMAYA MANTILLA


AMNISTIAS – Sólo operan para un período / IMPUTACION DE PAGOS – Puede ser regulado a través de una amnistía

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: MIGUEL LLERAS PIZARRO

Bogotá, D. E., junio diecisiete (17) de mil novecientos setenta y uno (1971)

Radicado número:

Actor: VICENTE AMAYA MANTILLA

Demandado:

El señor Vicente Amaya Mantilla demandó la nulidad del acto mencionado en la referencia porque lo consideró contrario al propio texto de la Ley Reglamentada que es la 8a. de 1970 y el ordenamiento del artículo 105 del Decreto 1651 de 1961. En el auto admisorio de la demanda se decretó la suspensión provisional.

El fiscal Doctor Bernardo Ortiz Amaya estima que no hay oposición entre lo reglamentario y lo reglamentado porque la Ley 8a. de 1970 modificó transitoriamente el régimen general y tal modificación autoriza las nuevas reglas ahora demandadas.

Para resolver se considera:

Si se examina con cuidado la Ley 8a. de 1970 se concluye, aunque no con facilidad, que por medio de ella no se introdujo modificación alguna al sistema de imputación de pagos ya establecido desde 1961. En efecto, esta ley perdonó las sanciones por mora para toda deuda exigible en 31 de Diciembre de 1969 por concepto de impuestos de renta y complementarios recargos y especiales y determinó algunas facilidades para quienes no pudieran hacer la cancelación en un solo contado de modo que lo debido sin computar los intereses de mora pudiera cancelarse por cuotas en la misma época en que deban cancelarse los impuestos causados con posterioridad y repartido el valor total de la deuda en períodos cuyo último plazo vence el 31 de Diciembre de 1973. Advirtió la ley que si a partir del lo de enero de 1971 la amortización de la deuda en mora se atrasare o demorare de nuevo, la gracia acordada cesaría y en tal caso si alguna suma se hubiere pagado esta debería abonarse de preferencia a las deudas más antiguas, que es el sistema ordinario establecido en 1961. La ley no hace diferencia en cuanto al año en que se causó la deuda por impuestos sino al momento en que estaban en mora cualesquiera cantidades correspondientes a años anteriores al 31 de Diciembre de 1969. (No incluyó el año de 1970 puesto que la renta de dicho año habría de declararse en 1971 cuando comenzó el período durante el cual es posible pagar las deudas morosas junto con las cuotas correspondientes al impuesto por las rentas gravables en 1970).

Por ejemplo: si el 31 de Diciembre de 1969 se debían diez mil pesos, sin computar sanciones, por los años gravables de 1965, 66 y 67, este capital debería amortizarse en cuotas iguales a partir de la primera que hubiera de pagarse en 1971 y hasta diciembre de 1973. Esto significa tanto como consolidar la deuda de cualesquiera años anteriores en una sola y amortizarla por cuotas con independencia de la fecha en que se causaron.

Si durante el tiempo que transcurra del primero de enero de 1971 y el 31 de diciembre de 1973 el contribuyente se atrasa en el pago de las deudas protegidas con la gracia de la amnistía, entonces no opera esta gracia y lo que haya abonado no puede considerarse como imputación a la deuda consolidada sino como abono a deudas atrasadas según el orden establecido por el artículo 105 del Decreto 1651 de 1961.

Lo anterior indica que el orden del artículo 7o. del Decreto Reglamentario 2531 de 1970 contraría el texto de la Ley 8a. del mismo año porque ordena graduar las imputaciones de los pagos acordados por los contribuyentes merecedores de la amnistía no como si la deuda fueran una sola sino como si fueran varias según los años en que se causaron, con el inconveniente adicional de que invierte el orden establecido lo que además es inútil porque si el contribuyente cumple con las cuotas para el pago de todo lo debido no puede aplicarse el orden general del Decreto 1971 puesto que la amnistía consiste precisamente en perdonar la sanción por mora. Lo que podía se" objeto de reglamentación sería el caso de incumplimiento en el pago de las cuotas pero ello es innecesario porque está previsto en la propia Ley 8a. según la cual los abonos deben hacerse en la forma ordinaria, o sea comenzando por las deudas más antiguas y en primer término por los intereses.

En conclusión el artículo acusado es nulo no sólo por exceder las facultades constitucionales inherentes a la potestad reglamentaria sino por contrariar expresamente los preceptos de la ley que pretende reglamentar. Además es inútil e induce a confusiones lo que equivale a decir que es excesivo añadir laberintos a lo que es ya de por sí un embrollo.

Por tanto el Consejo de Estado por-intermedio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso Administrativo en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

Es nulo el artículo 7o, del Decreto 2531 de 1970.

Cópiese, publíquese, notifíquese, dése cuenta al Ministro de Hacienda y Crédito Público. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la reunión de la Sala de junio diecisiete de mil novecientos setenta y uno.

GUSTAVO SOLAZAR TAPIERO, HERNANDO GOMEZ MEJIA, JUAN HERNANDEZ SAENZ, MIGUEL LLERAS PIZARRO. HERNANDO FRANCO ROJAS, SECRETARIO