SENTENCIA de 2000

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010008569SENTENCIA-- Seleccione --CA-052200025/04/2000SENTENCIA_-- Seleccione --____CA-052_2000_25/04/2000100085692000CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Decreto 1590 de 1999 / DECRETO 1590 DE 1999 - Ajustado a derecho La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del control de legalidad del citado Decreto, conforme lo dispuesto en los art�culos 20 y 37 ordinal 2� de la Ley 137 de 1994, en cuanto el decreto en menci�n fue expedido por el Gobierno Nacional, contiene medias de car�cter general dictadas en ejercicio de la funci�n administrativa, y en desarrollo del Decreto Legislativo 2331 de noviembre 16 de 1998. Las normas contenidas en el Decreto 1590 de agosto 23 de 1999, sujeto a control de legalidad se encuentran ajustadas a las normas superiores en que deb�an fundarse. DEVOLUCI�N DEL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS - Procedimiento / IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS - Procedimiento y casos en que procede su devoluci�n Mediante el citado decreto se estableci� el procedimiento aplicable a la devoluci�n del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), en los casos en que se anulen , rescindan o resuelvan operaciones que hayan sido sometidas a retenci�n, o cuando se hagan retenciones por un valor superior al que ha debido efectuarse. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: GERMAN AYALA MANTILLA Santa Fe de Bogot� D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil.(2000)

Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadGERMAN AYALA MANTILLAMINISTERIO DE HACIENDA | CREDITO PUBLICOControl de legalidad previsto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 el decreto 1590 de agosto 23 de 1999, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 2331 de 1998.Identificadores10010008570true70945Versi�n original10008570Identificadores

Norma demandada: �Control de legalidad previsto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 el decreto 1590 de agosto 23 de 1999, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 2331 de 1998.

CONTROLINMEDIATO DE LEGALIDAD - Decreto 1590 de 1999 / DECRETO 1590 DE 1999 - Ajustado a derecho

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del control de legalidad del citado Decreto, conforme lo dispuesto en los art�culos 20 y 37 ordinal 2� de la Ley 137 de 1994, en cuanto el decreto en menci�n fue expedido por el Gobierno Nacional, contiene medias de car�cter general dictadas en ejercicio de la funci�n administrativa, y en desarrollo del Decreto Legislativo 2331 de noviembre 16 de 1998. Las normas contenidas en el Decreto 1590 de agosto 23 de 1999, sujeto a control de legalidad se encuentran ajustadas a las normas superiores en que deb�an fundarse.

DEVOLUCI�N DEL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS - Procedimiento / IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS - Procedimiento y casos en que procede su devoluci�n

Mediante el citado decreto se estableci� el procedimiento aplicable a la devoluci�n del Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), en los casos en que se anulen , rescindan o resuelvan operaciones que hayan sido sometidas a retenci�n, o cuando se hagan retenciones por un valor superior al que ha debido efectuarse.

El Presidente de la Republica remite a esta Corporaci�n para efectos del control de legalidad previsto en el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 el decreto 1590 de agosto 23 de 1999, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 2331 de 1998.

El Decreto 1590 de 1999 fu� expedido por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales, y en especial de las que le confiere el art�culo 189, num. 11 de la Constituci�n Pol�tica, el articulo 851 del Estatuto Tributario, y el articulo 35 del decreto 2331 de 1998.

ARTICULO 1�. Para efectos de lo establecido en el articulo 35 del Decreto 2331 de 1998, cuando se anulen, rescindan o resuelvan operaciones que hayan sido sometidas a retenci�n por concepto de Impuesto sobre Transacciones Financieras (ITF), el responsable del recaudo podr� llevar como descontable en el rengl�n respectivo del formulario de Declaraci�n, las sumas que hubiere retenido sobre tales operaciones del monto de las retenciones por declarar y consignar correspondientes al per�odo en el cual se hayan anulado, rescindido o resuelto las mismas. Para el efecto deber� enviar la informaci�n respectiva a la Subdirecci�n de Fiscalizaci�n de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, especificando el monto descontado, la fecha y n�mero de la declaraci�n donde realiz� la compensaci�n, y el listado discriminado de los sujetos pasivos a los cuales le anul�, rescindi� o resolvi� la operaci�n.

ARTICULO 2�. Cuando se efect�en retenciones por concepto del Impuesto sobre transacciones financieras por un valor superior al que ha debido efectuarse, el responsable del recaudo deber� reintegrar los valores retenidos en exceso o indebidamente, previa solicitud escrita del afectado con la retenci�n.

En el mismo per�odo en el cual el responsable del recaudo efect�e el respectivo reintegro se podr� igualmente descontar este valor de las retenciones del impuesto sobre transacciones financieras por declarar y consignar. Si el valor a pagar de la declaraci�n del per�odo inmediatamente siguiente, no permite descontar totalmente la suma pagada en exceso, el saldo podr� descontarse en las declaraciones de retenci�n del impuesto sobre transacciones financieras de los per�odos consecutivos siguientes.

Este descuento ser� procedente siempre y cuando la suma a devolver al sujeto pasivo sea entregada por la entidad responsable del recaudo, ya sea a trav�s de una nota cr�dito en la misma cuenta que fue debitada o por cualquier otro medio, siempre que dicha devoluci�n se encuentre debidamente soportada mediante las pruebas documentales y contables respectivas, las cuales deben estar a disposici�n de las autoridades tributarias por el t�rmino legal.

ARTICULO 3�. Para todos aquellos pagos efectuados por un mayor valor al declarado, la entidad responsable del recaudo podr� imputar la suma pagada en exceso al valor a pagar de la declaraci�n correspondiente al per�odo semanal inmediatamente siguiente, para lo cual se deber� incluir como un descuento del impuesto por pagar, debiendo conservar todos los soportes pertinentes de dicha operaci�n por el t�rmino legal.

ARTICULO 4�. En el evento en que se hayan presentado solicitudes de devoluci�n ante la DIAN o ante el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras FOGAFIN, o se hayan rescindido, anulado o resuelto operaciones, con anterioridad a la fecha de expedici�n del presente decreto, el declarante podr� aplicar el procedimiento aqu� definido, conservando los soportes de dicha operaci�n por el t�rmino legal.

El Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades conferidas por el articulo 215 de la Constituci�n Pol�tica y conforme a lo previsto por la Ley 137 de 1994, declar� mediante el Decreto 2330 de noviembre 16 de 1998 el estado de emergencia econ�mica y social.

En desarrollo del citado decreto se expidi� el Decreto Legislativo 2331 de noviembre 16 de 1998, "Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situaci�n de los sectores financiero y cooperativo, aliviar la situaci�n de los deudores por cr�ditos de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidaci�n, mediante la creaci�n de mecanismos institucionales y de financiaci�n y la adopci�n de disposiciones complementarias".

La Corte Constitucional mediante sentencia C-136/99 de marzo 4 de 1999, declaro exequible el Decreto Legislativo 2331 de 1998 en cuanto a su aspecto formal, y en torno a los aspectos de fondo hizo entre otras la siguiente declaraci�n:

"Es EXEQUIBLE el articulo 35, con excepci�n del aparte que dice " y estas funciones corresponder�n al Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, quien administrar� y controlar� la contribuci�n con el apoyo de la Superintendencia Bancaria", que se declara INEXEQUIBLE".

"Para la aplicaci�n de este art�culo habr�n de tenerse en cuenta las normas del Estatuto Tributario en vigor."

El texto original del art. 35 objeto de revisi�n constitucional, es el siguiente:

"ARTICULO 35�. A la contribuci�n prevista en este cap�tulo se aplicar�n, en lo pertinente, las normas que regulan los procesos de determinaci�n, discusi�n, cobro y sanciones contempladas en el Estatuto Tributario y estas funcionescorresponder�n al Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, quien administrar� y controlar� la contribuci�n con el apoyo de la Superintendencia Bancaria." (se subraya la parte inexequible)

Lo declarado por la Corte Constitucional en relaci�n con el citado art�culo, tuvo como fundamento las siguientes consideraciones:

"La primera parte de la disposici�n transcrita ser� declarada exequible, en cuanto se limita, respecto del tributo establecido, a hacer una remisi�n a las normas del Estatuto Tributario que fijan los procesos de determinaci�n, discusi�n, cobro y sanciones.

"No obstante, teniendo en cuenta lo establecido por esta Corporaci�n en la Sentencia C-122 del 1� de marzo de 1999, seg�n la cual las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en desarrollo del Estado de Emergencia deb�an restringirse a los tres sectores antes indicados, la disposici�n que ahora se analiza se declara parcialmente inexequible.

"En efecto, las expresiones "y estas funciones corresponder�n al Fondo de Garant�as de Institucionales Financieras, quien administrara y controlara la contribuci�n con el apoyo de la Superintendencia Bancaria" carecen de sustento constitucional, pues como arriba se se�alo, para favorecer a todos los sectores afectados por la crisis, la canalizaci�n de los recursos debe hacerse a trav�s de la Direcci�n Nacional del Tesoro."

El Gobierno Nacional considerando lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-122 y C-136/99 de marzo 4 de 1999 expidi� el Decreto 677 de abril 17 de 1999, "Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Legislativo 2331 de 1998", cuyo articulado es el siguiente:

"ARTICULO 1�.- Los responsables de recaudar el tributo previsto en el art. 29 del Decreto Legislativo 2331 de 1998 deber�n depositarlo a favor del Ministerio de Hacienda y Cr�dito Publico- Direcci�n del Tesoro Nacional- siguiendo los procedimientos que �sta y la DIAN se�alen.

"Esta obligaci�n se aplica a las sumas recaudadas que al 12 de marzo de 1999 no hubieren sido entregadas al Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, as� como a todas que se recauden de ley.

"ARTICULO 2�.- El tributo previsto en el articulo 29 del Decreto Legislativo 2331 de 1998 ser� administrado por la DIAN, para lo cual tendr� las competencias generales de ley.

"La Direcci�n General del Presupuesto Nacional, de acuerdo con la ley de apropiaciones correspondiente, destinara los recursos necesarios para que la DIAN maneje, administre y controle dicho tributo".

"ARTICULO 3�.- El Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras trasladara a la DIAN los expedientes correspondientes a las investigaciones que se hallen en curso relacionadas con el tributo a que se refiere el articulo 29 del Decreto 2331 de 1998, con el fin de que dicha Unidad se encargue de continuar adelantando los tramites correspondientes.

"Igualmente, el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras entregar� a la DIAN las declaraciones semanales junto con sus anexos, pruebas y dem�s documentos que hayan sido presentados ante �ste, por las entidades responsables del recaudo y pago del mencionado tributo."

Mediante sentencia de noviembre 2 de 1999, Exp. CA-037 M.P. Dr. Carlos Arturo Orjuela G�ngora, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo declar� la legalidad del Decreto 677 de 1999 en todo su articulado, por encontrarlo ajustado a las normas legales objeto de la reglamentaci�n.

"Articulo 851. Facultad para fijar tramites de devoluci�n de impuestos. El Gobierno establecer� tramites especiales que agilicen la devoluci�n de impuestos pagados y no causados o pagados en exceso.

La Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales podr� establecer sistemas de devoluci�n de saldos a favor de los contribuyentes, que opere de oficio, con posterioridad a la presentaci�n de las respectivas declaraciones tributarias.

Par�grafo. La Direcci�n de Impuestos y Aduanas priorizar� dentro del sistema de devolucion autom�tica previsto en este art�culo, las devoluciones de las entidades sin �nimo de lucro."

De acuerdo con la norma transcrita y lo dispuesto en el art�culo 35 del Decreto Legislativo 2331 de 1998, est� autorizado el Gobierno Nacional para establecer el tr�mite que permita el reintegro de los valores no causados o pagados en exceso, o los que resulten por efectos de la anulaci�n, recisi�n o resoluci�n de las operaciones que hayan sido sometidas a retenci�n, en relaci�n con el Impuesto sobre Transacciones Financieras, que es la materia regulada por el Decreto 1590 de agosto 23 de 1999, objeto de revisi�n.

En cuanto al correcto ejercicio de las anteriores facultades cabe precisar previamente que en cumplimiento del auto de septiembre 22 de 1999 se solicito a la Presidencia de la Rep�blica remitiera los antecedentes del decreto sometido a control de legalidad, solicitud que fue atendida por conducto de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales con oficio del 2 de noviembre subsiguiente, anexando entre otros antecedentes el oficio suscrito por el Jefe de la Divisi�n de Reg�menes e Impuestos Especiales, seg�n el cual el procedimiento establecido en el Decreto 1590 de 1999 corresponde al utilizado para la retenci�n en la fuente en el impuesto de renta, contemplado en los art�culos 5 y 6 del Decreto Reglamentario 1189 de 1988.

Est� previsto en los art�culos 32 y 33 del Decreto Legislativo 2331 de 1998 que el recaudo del Impuesto sobre Transacciones Financieras se har� mediante el mecanismo de retenci�n, y que las sumas recaudadas ser�n depositadas a favor de la Direcci�n del Tesoro Nacional, presentando semanalmente la correspondiente declaraci�n tributaria.

Los art�culos 1� y 2� del decreto que se revisa permiten al agente retenedor del Impuesto sobre Transacciones Financieras, llevar como suma descontable en el rengl�n respectivo del formulario de declaraci�n los valores correspondientes a operaciones rescindidas, anuladas o resueltas que hubieren estado sometidas a retenci�n, as� como los valores retenidos en exceso que hayan sido reintegrados por el agente retenedor al sujeto pasivo del gravamen. Para la Sala tal procedimiento esta acorde con lo dispuesto en las normas legislativas referenciadas, pues estando prevista en ellas la declaraci�n tributaria como medio de hacer efectivo el pago del ITF, es perfectamente v�lido que las compensaciones que deba realizar el agente retenedor por los conceptos anotados, se haga en la misma declaraci�n, respondiendo as� a los principios de eficiencia, celeridad y econom�a que rigen las actuaciones administrativas.

En cuanto al control que sobre el gravamen corresponde ejercer a la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales en los t�rminos del art. 35 del Decreto 2331 de 1998, son igualmente validas las previsiones que se hacen en los citados art�culos (1� y 2�), en cuanto que el responsable del recaudo del gravamen est� obligado a remitir a la Subdirecci�n de Fiscalizaci�n la informaci�n discriminada sobre las operaciones rescindidas, anuladas o resueltas, as� como la exigencia referente a que se soporten probatoriamente los reintegros que por retenciones en exceso se hayan hecho efectivas en favor del sujeto pasivo del gravamen, toda vez que tales previsiones se enmarcan dentro de las amplias facultades de fiscalizaci�n y control que a la Administraci�n Tributaria otorga el art. 684 del Estatuto Tributario.

Respecto al articulo 3�, seg�n el cual se autoriza al responsable de la retenci�n para descontar del "impuesto por pagar" "todos aquellos pagos efectuados por un mayor valor al declarado", en la declaraci�n correspondiente al periodo semanal inmediatamente siguiente, no encuentra la Sala objeci�n alguna, pues con tal procedimiento, se facilita al declarante compensar de manera directa los valores pagados en exceso, evento que igualmente est� previsto en el art�culo 815 del Estatuto Tributario para la compensaci�n de saldos a favor.

Sobre la aplicaci�n del procedimiento previsto en los art�culos 1� y 2�, que seg�n el art. 4� es pertinente para las solicitudes de devoluci�n presentadas ante la DIAN o ante el Fondo de Garant�as de Instituciones Financieras, antes de la vigencia del Decreto 1590 de 1999, y a las operaciones que se hayan rescindido, anulado o resuelto con anterioridad al mismo decreto, no encuentra la Sala objeci�n alguna, ya que con tal disposici�n se facilita al responsable del impuesto la compensaci�n de los valores pendientes de devoluci�n o reajuste, se agiliza el procedimiento y permite a la administraci�n tributaria unificar los programas de fiscalizaci�n y control del tributo.

En merito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley.

DECLARASE que las normas contenidas en el Decreto 1590 de agosto 23 de 1999, sujeto a control de legalidad se encuentran ajustadas a las normas superiores en que deb�an fundarse.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesi�n de la fecha.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Incompetencia del Consejo de Estado para efectuarlo sobre decreto 1590 de 1999. Requisitos de procedencia.

Con todo respeto me aparto de la decisi�n mayoritaria por cuanto estimo que, en este caso, la Sala carece de competencia para pronunciarse sobre la legalidad del decreto 1590 del 23 de agosto de 1.999, al menos, a trav�s del control inmediato que prev� el art�culo 20 de la ley 137 de 1.994. En efecto, la norma citada sujeta a este especial�simo tipo de control aqu�llas medidas de car�cter general, dictadas en ejercicio de la funci�n administrativa, y que desarrollen los decretos legislativos dictados durante los estados de excepci�n; tales exigencias son concurrentes, de forma tal que, de faltar una de ellas, el control inmediato de legalidad deviene jur�dicamente imposible. En el caso concreto, se re�nen los dos primeros requisitos de los se�alados antes, es decir, se trata de un decreto reglamentario ( y, por lo tanto, de una "medida de car�cter general"), dictado, por consiguiente, en ejercicio de la funci�n administrativa, pero no desarrolla un decreto legislativo de estado de excepci�n, pues se limita a reglamentar el art�culo 851 del estatuto tributario, como lo se�ala con claridad la propia providencia en la p�gina 7. Siendo esa la circunstancia particular del decreto comentado, la conclusi�n que se impone es su no sometimiento al control inmediato de legalidad.

En efecto, la norma citada sujeta a este especial�simo tipo de control aqu�llas medidas de car�cter general, dictadas en ejercicio de la funci�n administrativa, y que desarrollen los decretos legislativos dictados durante los estados de excepci�n; tales exigencias son concurrentes, de forma tal que, de faltar una de ellas, el control inmediato de legalidad deviene jur�dicamente imposible.

En el caso concreto, se re�nen los dos primeros requisitos de los se�alados antes, es decir, se trata de un decreto reglamentario ( y, por lo tanto, de una "medida de car�cter general"), dictado, por consiguiente, en ejercicio de la funci�n administrativa, pero no desarrolla un decreto legislativo de estado de excepci�n, pues se limita a reglamentar el art�culo 851 del estatuto tributario, como lo se�ala con claridad la propia providencia en la p�gina 7.

Siendo esa la circunstancia particular del decreto comentado, la conclusi�n que se impone es su no sometimiento al control inmediato de legalidad.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Incompetencia del Consejo de Estado para efectuarlo sobre decreto 1590 de 1999 / DECRETO 1590 DE 1999 - No est� sometido al control inmediato de legalidad, sino al control ordinario

El Decreto 1590 del 23 de agosto de 1.999, por el cual se dictan disposiciones sobre las transacciones financieras de la Direcci�n General del Tesoro Nacional" (Art�culo 20 Ley 137/94), fue expedido con base en las facultades constitucionales del 189-11 de la Carta, vale decir, la ordinaria de "ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes", que corresponde al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa, a t�rminos del inciso primero del art�culo citado. La competencia otorgada por el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa est� restringida, sin lugar a duda, "a las medidas de car�cter general que sean expedidas en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepci�n", y no para las administrativas de car�cter general que ejerce el Presidente en virtud del mandato permanente que le otorga la Carta. El Decreto 1590 del 23 de agosto de 1.999, estaba sometido al control de legalidad ordinario previsto en el art�culo 84 del C.C.A., mediante acci�n de nulidad promovida por cualquier persona, y no al "control inmediato de legalidad", de que trata el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994.

El separarme de la decisi�n mayoritaria de la Sala, obedeci� a las siguientes razones:

1� El Consejo de Estado carec�a de competencia para efectuar pronunciamiento, de control de inmediato de legalidad, sobre un decreto reglamentario no expedido como desarrollo de los decretos legislativos.

2� En efecto, el Decreto 1590 del 23 de agosto de 1.999, por el cual se dictan disposiciones sobre las transacciones financieras de la Direcci�n General del Tesoro Nacional" (Art�culo 20 Ley 137/94), fue expedido con base en las facultades constitucionales del 189-11 de la Carta, vale decir, la ordinaria de "ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes", que corresponde al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa, a t�rminos del inciso primero del art�culo citado.

3� La competencia otorgada por el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994 a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativa est� restringida, sin lugar a duda, "a las medidas de car�cter general que sean expedidas en ejercicio de la funci�n administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los estados de excepci�n", y no para las administrativas de car�cter general que ejerce el Presidente en virtud del mandato permanente que le otorga la Carta.

4� El Decreto 1590 del 23 de agosto de 1.999, estaban sometido al control de legalidad ordinario previsto en el art�culo 84 del C.C.A., mediante acci�n de nulidad promovida por cualquier persona, y no al "control inmediato de legalidad", de que trata el art�culo 20 de la Ley 137 de 1994.

CONTROL AUTOMATICO DE LEGALIDAD - No debe prevalecer sobre el control ordinario / DECRETO 1590 DE 1999 - Improcedencia del control inmediato de legalidad

Como f�cilmente se deduce de lo antes planteado, la existencia del control ordinario de legalidad prevalece sobre el incipiente control autom�tico y, por lo tanto, no se puede, so pretexto de adelantarlo, suprimir el primero, que tiene la caracter�stica de ser pleno y de ser tramitado a trav�s de un procedimiento ampliamente regulado. En el caso que se analiza, resulta especialmente claro que el Decreto sujeto a Control Autom�tico se expide en desarrollo de lo prevenido en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y por lo mismo, prevalece la facultad reglamentaria expresamente invocada, as� indirectamente se refiera a normas promulgadas en desarrollo del estado de excepci�n. Por lo dem�s se invoca como fundamento legal del Decreto 1590 de 1999 el art�culo 851 del Estatuto Tributario (Decreto 624 del 30 de marzo de 1989) norma que nada tiene que ver con el referido estado de excepci�n lo que hace menos aplicable el control autom�tico de legalidad. Al adelantarlo se estar�a haci�ndolo prevalecer sobre el control ordinario que el Consejo de Estado debe ejercer respecto de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria y del control que ejerce la Corte Constitucional respecto de las leyes que le sirvan de fundamento al decreto analizado. Las anteriores son las razones que me han llevado a discrepar de la decisi�n adoptada por la mayor�a.

Por no compartir la decisi�n de la mayor�a, con el respeto debido, a continuaci�n expongo las principales razones que me han llevado a disentir de la misma:

El Control Autom�tico alude al Decreto 1950 del 23 de agosto de 1999 expedido en ejercicio de la Potestad Reglamentaria a que alude el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, y del art�culo 851 del estatuto Tributario.

1. Sea lo primero recordar que tanto la Constituci�n (art. 237) como la Ley (arts. 84 y ss., 128 y ss. C.C.A.) han establecido un sistema de control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administraci�n, se�alando al Consejo de Estado, en su calidad de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, como el Juez competente para efectuarlo, a trav�s de los procedimientos establecidos en la ley. Este control que voy a denominar ordinario, cobija todas las actuaciones administrativas del ejecutivo. Una de las principales est� representada por el denominado poder reglamentario, tan fundamental en sus alcances que lo mejor de la doctrina constitucional y administrativa, es consciente de que en el podr�a resumirse toda la actuaci�n del ejecutivo nacional; bastar�a con darle al Presidente de la Rep�blica como facultad �nica la se�alada en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n y con ello sobrar�a pr�cticamente el resto de la enumeraci�n se�alada en dicho texto.

2. Ahora bien, a m�s del anterior control de legalidad, existe otro que denominar� extraordinario, por lo excepcional y transitorio, que es llamado control autom�tico de legalidad al que se refiere el art�culo 215 de la Constituci�n, desarrollado, si es dable darle esa calificaci�n, en forma por dem�s breve e incompleta por la Ley 137 de 1994, que a trav�s del art�culo 20, pretende reglamentarlo, texto que concede plazos angustiosos y sin siquiera se�alar procedimientos. Partiendo del supuesto de que, declarado el Estado de Emergencia Econ�mica, en desarrollo del mismo se han de expedir decretos legislativos cuyo control autom�tico de constitucionalidad fue asignado a la Corte Constitucional y, a su vez, en desarrollo de los cuales, el Presidente de la Rep�blica y dem�s funcionarios de la Rama Ejecutiva tienen la posibilidad de expedir actos administrativos cuyo control autom�tico DE LEGALIDAD fue adscrito al Consejo de Estado.

3. Va de suyo que el control autom�tico de legalidad a que antes se ha hecho menci�n, no tiene ni podr�a tener la virtud de sustituir al que he denominado control ordinario de los actos de la administraci�n sino que, por el contrario, en el mejor de los casos puede coexistir pac�ficamente con �l. Entre otras razones, porque como se tienen establecido, las normas expedidas en desarrollo de los estados de emergencia no tener la posibilidad de derogar las disposiciones existentes, sino �nicamente suspender las que resulten incompatibles o inconvenientes para el control de la emergencia o para atenuar sus efectos. El control autom�tico ha de circunscribirse a revisar aquellas normas expedidas en exclusivo desarrollo de los decretos legislativos expedidos para auscultar si tales normas se adecuan a lo establecido en las normas de emergencia.

4. Como f�cilmente se deduce de lo antes planteado, la existencia del control ordinario de legalidad prevalece sobre el incipiente control autom�tico y, por lo tanto, no se puede, so pretexto de adelantarlo, suprimir el primero, que tiene la caracter�stica de ser pleno y de ser tramitado a trav�s de un procedimiento ampliamente regulado.

5. En el caso que se analiza, resulta especialmente claro que el Decreto sujeto a Control Autom�tico se expide en desarrollo de lo prevenido en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y por lo mismo, prevalece la facultad reglamentaria expresamente invocada, as� indirectamente se refiera a normas promulgadas en desarrollo del estado de excepci�n.

Por lo dem�s se invocan como fundamento legal del Decreto 1590 de 1999 el art�culo 851 del Estatuto Tributario (Decreto 624 del 30 de marzo de 1989) norma que nada tiene que ver con el referido estado de excepci�n lo que hace menos aplicable el control autom�tico de legalidad. Al adelantarlo se estar�a haci�ndolo prevalecer sobre el control ordinario que el Consejo de Estado debe ejercer respecto de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria y del control que ejerce la Corte Constitucional respecto del Decreto Ley que le sirve de fundamento al decreto analizado.

Las anteriores son las razones que me han llevado a discrepar de la decisi�n adoptada por la mayor�a.