SENTENCIA de 2000

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010008559SENTENCIA-- Seleccione --CA-050200007/03/2000SENTENCIA_-- Seleccione --____CA-050_2000_07/03/2000100085592000CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Procedencia frente al Decreto 1397 de 1999 / DECRETO 1397 DE 1999 - Se declara ajustado a derecho Por mandato del art�culo 20 de la Ley 137 de 1994, la Sala Plena de �sta Corporaci�n, es competente para ejercer el control de legalidad del citado Decreto, toda vez que contiene disposiciones de car�cter general, lo dict� el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de una funci�n administrativa como desarrollo de los decretos de Emergencia Econ�mica Social y Ecol�gica. IMPORTACI�N DE BIENES DE CAPITAL - Requisitos para obtener la aplicaci�n de la franquicia arancelaria / FRANQUICIA ARANCELARIA - Condiciones para acceder al beneficio por importaci�n de bienes de capital El Decreto cuyo control de legalidad realiza �sta Corporaci�n, es decir el No. 1397 de 28 de julio de 1999 reglamenta los art�culos 6 y 7 del Decreto 350 de 1999. Consagr� la disposici�n antes transcrita, un beneficio para la importaci�n de bienes de capital, y para la aplicaci�n de dicha franquicia arancelaria, estableci� unas condiciones: - Que se realice previo el cumplimiento de lo dispuesto en los tratados internacionales. - Se aplica a bienes de capital no producidos en Colombia. - La importaci�n debe ser hecha por personas ubicadas en los municipios afectados por el terremoto del 25 de enero de 1999. - Los bienes importados deben ser destinados exclusivamente a ser utilizados en su actividad productora de renta dentro de la jurisdicci�n territorial de dichos municipios, durante el per�odo de depreciaci�n del bien. - El Instituto de Comercio Exterior, es la autoridad encargada de elaborar el listado de bienes de capital no producidos en Colombia. DIRECCI�N DE ADUANAS NACIONALES - Competencia para verificar la legalidad de la importaci�n de mercanc�as / IMPORTACI�N DE MERCANC�AS - Facultades de la Direcci�n de Aduanas Nacionales Por mandato legal, la Direcci�n de Aduanas Nacionales tiene competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras. Es la �nica autoridad competente para verificar la legalidad de la importaci�n de mercanc�as que se introduzcan o circulen en el territorio nacional. Para el efecto cuenta con facultades de fiscalizaci�n y control, en desarrollo de las cuales, v�lidamente esta autorizada para fiscalizar y controlar peri�dicamente que los bienes de capital importados al amparo del art�culo 6� del Decreto Legislativo No. 350 de 1999, cumplan a cabalidad con las exigencias all� previstas. A su vez los beneficiarios de la importaci�n con franquicia, est�n obligados a suministrar la informaci�n sobre cualquier cambio de ubicaci�n y remitir las certificaciones contempladas en el art�culo 8� del Decreto Reglamentario, a la Administraci�n de Aduanas Nacionales competente. Las disposiciones del art�culo 8� del Decreto en examen, son apenas un instrumento de control para la cumplida ejecuci�n del Decreto Legislativo. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejero ponente: JAVIER DIAZ BUENO Santa Fe de Bogot�, D.C., siete (7) de marzo de dos mil (2000).

Norma demandada: �Control inmediato de legalidad al Decreto No. 1397 de 28 de julio de 1999.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Procedencia frente al Decreto 1397 de 1999 / DECRETO 1397 DE 1999 - Se declara ajustado a derecho

Por mandato del art�culo 20 de la Ley 137 de 1994, la Sala Plena de �sta Corporaci�n, es competente para ejercer el control de legalidad del citado Decreto, toda vez que contiene disposiciones de car�cter general, lo dict� el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de una funci�n administrativa como desarrollo de los decretos de Emergencia Econ�mica Social y Ecol�gica.

IMPORTACI�N DE BIENES DE CAPITAL - Requisitos para obtener la aplicaci�n de la franquicia arancelaria / FRANQUICIA ARANCELARIA - Condiciones para acceder al beneficio por importaci�n de bienes de capital

El Decreto cuyo control de legalidad realiza �sta Corporaci�n, es decir el No. 1397 de 28 de julio de 1999 reglamenta los art�culos 6 y 7 del Decreto 350 de 1999. Consagr� la disposici�n antes transcrita, un beneficio para la importaci�n de bienes de capital, y para la aplicaci�n de dicha franquicia arancelaria, estableci� unas condiciones: - Que se realice previo el cumplimiento de lo dispuesto en los tratados internacionales. - Se aplica a bienes de capital no producidos en Colombia. - La importaci�n debe ser hecha por personas ubicadas en los municipios afectados por el terremoto del 25 de enero de 1999. - Los bienes importados deben ser destinados exclusivamente a ser utilizados en su actividad productora de renta dentro de la jurisdicci�n territorial de dichos municipios, durante el per�odo de depreciaci�n del bien. - El Instituto de Comercio Exterior, es la autoridad encargada de elaborar el listado de bienes de capital no producidos en Colombia.

DIRECCI�N DE ADUANAS NACIONALES - Competencia para verificar la legalidad de la importaci�n de mercanc�as / IMPORTACI�N DE MERCANC�AS - Facultades de la Direcci�n de Aduanas Nacionales

Por mandato legal, la Direcci�n de Aduanas Nacionales tiene competencia para adelantar las investigaciones y desarrollar los controles necesarios con el fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las normas aduaneras. Es la �nica autoridad competente para verificar la legalidad de la importaci�n de mercanc�as que se introduzcan o circulen en el territorio nacional. Para el efecto cuenta con facultades de fiscalizaci�n y control, en desarrollo de las cuales, v�lidamente esta autorizada para fiscalizar y controlar peri�dicamente que los bienes de capital importados al amparo del art�culo 6� del Decreto Legislativo No. 350 de 1999, cumplan a cabalidad con las exigencias all� previstas. A su vez los beneficiarios de la importaci�n con franquicia, est�n obligados a suministrar la informaci�n sobre cualquier cambio de ubicaci�n y remitir las certificaciones contempladas en el art�culo 8� del Decreto Reglamentario, a la Administraci�n de Aduanas Nacionales competente. Las disposiciones del art�culo 8� del Decreto en examen, son apenas un instrumento de control para la cumplida ejecuci�n del Decreto Legislativo.

Mediante oficio de 29 de julio de 1999, el se�or Presidente de la Rep�blica remiti� a �sta Corporaci�n el Decreto No. 1397 de 28 de julio de 1999 con el fin de que se realice el control inmediato de legalidad.

Dicho control se ejerce ante la jurisdicci�n contencioso administrativa, en relaci�n con los actos administrativos de car�cter general por medio de los cuales se desarrollan los Decretos Legislativos expedidos en el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica. Su finalidad se circunscribe a verificar la conformidad del acto administrativo con el ordenamiento superior.

Por la cual se reglamentan los art�culos 6� y 7� del Decreto 350 de 25 de febrero de 1999, relativos a la importaci�n de los bienes de capital destinados a la zona afectada por el terremoto en el eje cafetero y a la garant�a exigida por el efecto del beneficio.

En ejercicio de las facultades que le confieren los numerales 11 y 25 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, con sujeci�n a los art�culos 3� de la Ley 6� de 1971 de la Ley 7� de 1991,

ARTICULO 1. MODALIDAD DE LA IMPORTACI�N DE LOS BIENES DE CAPITAL. Los bienes de capital que se importen por los a�os 1999 y 2000 con la exenci�n de gravamen arancelario consagrado en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999, deber�n declararse por la modalidad de importaci�n con franquicia, prevista en el art�culo 35 del Decreto 1909 de 1992 mediante la modalidad de importaci�n temporal a largo plazo, prevista en el art�culo 40 del mismo Decreto.

En todo caso, el importador ser� responsable directo por el gravamen arancelario exonerado, por el incumplimiento de las obligaciones aduaneras y las sanciones a que hubiere lugar.

PAR�GRAFO. Cuando medie un contrato de Leasing, el beneficio previsto en el presente Decreto s�lo proceder� cuando se trate de contrato de Leasing internacional.

ARTICULO 2. - DESTINACION Y UBICACI�N DE LOS BIENES DE CAPITAL. Los bienes de capital importados al amparo de lo previsto en el art�culo 6� del Decreto 350 del 25 de febrero de 1999, deben ubicarse y destinarse exclusivamente como activo fijo en la actividad productora de renta de la persona natural o jur�dica importadora, dentro de la jurisdicci�n territorial de los municipios se�alados en los Decretos 195 y 223 de 1999.

PAR�GRAFO. Los bienes de capital importados al amparo de la exenci�n contemplada en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999, no podr�n ser objeto de enajenaci�n antes de transcurrir el t�rmino de depreciaci�n del bien, de conformidad con las normas tributarias, ni podr�n ser trasladados fuera de la zona afectada por el terremoto dentro del mismo t�rmino, so pena de perder el beneficio correspondiente.

ARTICULO 3. REQUISITOS PARA LA EXENCI�N DEL GRAVAMEN ARANCELARIO. Para que proceda la exenci�n arancelaria prevista en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999 se deber�n cumplir los siguientes requisitos.

1. La importaci�n de los bienes de capital deber� realizarse por las personas ubicadas en los municipios se�alados en los Decretos 195 y 223 de 1999 las cuales deber�n obtener un certificado de inscripci�n, conforme a la reglamentaci�n que expida para el efecto la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, ante la Divisi�n de Servicio al Comercio Exterior de la Administraci�n de Aduanas o la Divisi�n de Servicio Aduanero de la Administraci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales con jurisdicci�n en el lugar donde se utilizar�n los bienes.

2. Los importadores de los bienes de capital deber�n obtener la correspondiente Licencia Previa de Importaci�n exigida por las normas que regulan la materia, la cual deber� ser expedida previa verificaci�n de la no producci�n nacional del bien de capital de acuerdo con el listado que para tal efecto expida o haya expedido el INCOMEX o la autoridad competente y la certificaci�n de la inscripci�n del importador ante la Administraci�n de Aduanas o de Impuestos y Aduanas correspondientes.

PAR�GRAFO. Los bienes de capital importados temporalmente no necesitan presentar la Licencia Previa de Importaci�n pero deber�n, al momento de tramitar la obtenci�n del levante; acreditar las condiciones exigidas en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999 y las dispuestas en el presente art�culo, distintas a la licencia previa.

ARTICULO 4. CONTROLES ADUANEROS PARA EL INGRESO DE MERCANC�AS. La importaci�n de las mercanc�as a que se refiere el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999, s�lo podr� realizarse por los lugares habilitados que para el efecto se�ale el director de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante resoluci�n de car�cter general.

As� mismo, tales bienes no podr�n ser sometidos al r�gimen de tr�nsito aduanero, con ocasi�n de su importaci�n.

ARTICULO 5. GARANTIA POR EL GRAVAMEN ARANCELARIO. Para gozar del beneficio consagrado en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999, el importador de los bienes de capital, previa la obtenci�n del levante, deber� constituir a favor de la Naci�n - Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, y ante la Administraci�n de Aduanas o Impuestos y Aduanas por la cual se realiza la importaci�n, una garant�a bancaria o de compa��a de seguros por el treinta por ciento (30%) del gravamen arancelario exonerado, con el fin de asegurar el pago del mismo, en el evento en que se incumplan las condiciones requeridas para gozar del beneficio una vez obtenido el levante.

Lo anterior, sin perjuicio de que el importador deba en este evento, cancelar el saldo pendiente del gravamen arancelario y la totalidad de las sanciones correspondientes.

Igualmente la DIAN no perder� la facultad para el cobro de la totalidad de gravamen en caso de que no sea posible hacer efectiva la garant�a de que trata este art�culo.

La garant�a deber� constituirse por el t�rmino de tres (3) a�os contados a partir de la fecha de presentaci�n de la declaraci�n de importaci�n en los Bancos o en las entidades financieras autorizadas.

La garant�a de que trata este art�culo se constituir� sin perjuicio de la que se exige para la modalidad de importaci�n temporal a largo plazo.

ARTICULO 6. CANCELACI�N DE LAS GARANTIAS. Proceder� la cancelaci�n de la garant�a una vez transcurra el t�rmino previsto en el art�culo anterior.

Lo anterior sin perjuicio, del control de que debe ejercer la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales con anterioridad o posterioridad a la cancelaci�n de la garant�a para verificar que el bien se est� destinando a los fines previstos por la norma, y de la imposici�n y cobro de los grav�menes y sanciones pertinentes en caso que se demuestre incumplimiento.

ARTICULO 7. CAUSALES DE RECHAZO DEL LEVANTE. Adem�s de las causales de rechazo de levante previstas en el art�culo 30 del Decreto 1909 de 1992, con sus adiciones y modificaciones, constituir� causal de rechazo de levante, la no presentaci�n de los siguientes documentos: la garant�a exigida en los t�rminos de presente Decreto, la certificaci�n de inscripci�n del importador ante la Administraci�n de Aduana o de Impuestos y Aduanas competente, el certificado que acredite la no producci�n nacional del bien importado. Este �ltimo documento solo en el caso de las importaciones temporales.

ARTICULO 8.- CONTROL POSTERIOR. La Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, en ejercicio de sus facultades de fiscalizaci�n y control verificar�, peri�dicamente, que los bienes de capital importados al amparo del art�culo 6 del Decreto 350 de 1999, efectivamente se utilizan por el importador, en el lugar de ubicaci�n donde previamente se hubiere informado a la Administraci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales o Administraci�n de Aduanas Nacionales competente.

El importador quedar� obligado a informar a la Administraci�n de Impuestos y Aduanas o Administraci�n de Aduanas Nacionales competente, cualquier cambio de ubicaci�n del bien dentro o fuera de los municipios se�alados en los Decretos 195 y 223 de 1999.

As� mismo, semestralmente deber� remitir una certificaci�n suscrita por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, o en los otros eventos por contador p�blico, en la que conste que el bien de capital est� siendo utilizado en la actividad productora de renta de importador, en la jurisdicci�n territorial de la zona afectada por el terremoto, conforme lo prev� el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999.

ARTICULO 9.- Multa del 500%. Cuando al momento de solicitar el levante se advierta que la exenci�n arancelaria se est� reclamando con documentos falsos o por medios fraudulentos, sin perjuicio de las denuncias penales a que haya lugar, de acuerdo con el inciso 5� del art�culo 670 del Estatuto Tributario, proceder� una multa del quinientos por ciento (500%) del monto del gravamen arancelario, se rechazar� el levante y se devolver� la declaraci�n de importaci�n para que se declaren, determinen y paguen los tributos aduaneros a que haya lugar.

ARTICULO 10. DECOMISO. Cuando la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, advierta en el control posterior, que los bienes importados no cumplen con las condiciones se�aladas en el art�culo 1� del presente Decreto, estos ser�n considerados mercanc�as de contrabando y proceder� su aprehensi�n y decomiso.

En este caso se impondr� la sanci�n prevista en el inciso primero del art�culo 3� del Decreto 1750 de 1991.

ARTICULO 11. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n.

Como consecuencia del terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999, cuyo epicentro fue en el Municipio de C�rdoba en el Departamento del Quind�o, el Presidente de la Rep�blica mediante Decreto 195 del 29 de enero de 1999, declar� el Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica por raz�n de grave calamidad p�blica, en los municipios relacionados en el mismo Decreto, pertenecientes a los Departamentos de Caldas, Quind�o, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca.

Dicho Decreto fue adicionado por el No. 223 de 5 de febrero de 1995, en el sentido de incluir al Municipio de G�nova del Departamento del Quind�o, dentro de las entidades territoriales afectadas por el terremoto.

La Corte Constitucional mediante sentencias C-216 de 14 de abril y C-220 de la misma fecha, ambas de 1999, declar� exequibles los Decretos 195 de 29 de enero de 1999 y 223 del 5 de febrero del mismo a�o, al concluir que se estructuraban los presupuestos objetivos, formales y materiales que la Constituci�n y la Ley Estatutaria de los Estados de Excepci�n prev�n para la declaratoria del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica.

En desarrollo de los anteriores, el Presidente de la Rep�blica expidi� varios Decretos.

Para el asunto objeto de examen, interesa el Decreto 350 de 25 de febrero de 1999, por el cual se dictaron disposiciones para hacer frente a la Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica, especialmente en "... materia tributaria y de ingresos de las entidades territoriales."

La Corte Constitucional mediante sentencia C-328 de 12 de mayo de 1999 realiz� el control autom�tico de constitucionalidad del Decreto 350 de 1999, y lo declar� exequible, salvo contadas expresiones que no tienen relevancia para el presente asunto.

El Decreto cuyo control de legalidad realiza �sta Corporaci�n, es decir el No. 1397 de 28 de julio de 1999 reglamenta los art�culos 6 y 7 del Decreto 350 de 1999, el primero de los cuales dispone:

"ARTICULO 6�. - Previo el cumplimiento de lo se�alado en los tratados Internacionales, por los a�os 1999 y 2000, se aplicar� una franquicia arancelaria a los bienes de capital no producidos en Colombia, importados por las personas ubicadas en los municipios se�alados en los Decretos 195 y 223 de 1999, siempre y cuando los bienes importados se destinen exclusivamente a ser utilizados en su actividad productora de renta dentro de la jurisdicci�n territorial de dichos municipios, durante el per�odo de depreciaci�n del bien en la forma que se�ale el reglamento.

PAR�GRAFO.- El Instituto Colombiano de Comercio Exterior elaborar� un listado de bienes de capital no producidos en Colombia, en la forma que se�ale el reglamento."

Consagr� pues, la disposici�n antes transcrita, un beneficio para la importaci�n de bienes de capital, y para la aplicaci�n de dicha franquicia arancelaria, estableci� unas condiciones:

- Que se realice previo el cumplimiento de lo dispuesto en los tratados internacionales.

- La importaci�n debe ser hecha por personas ubicadas en los municipios afectados por el terremoto del 25 de enero de 1999.

- Los bienes importados deben ser destinados exclusivamente a ser utilizados en su actividad productora de renta dentro de la jurisdicci�n territorial de dichos municipios, durante el per�odo de depreciaci�n del bien.

- El Instituto de Comercio Exterior, es la autoridad encargada de elaborar el listado de bienes de capital no producidos en Colombia.

La Corte Constitucional, al realizar el examen de constitucionalidad del art�culo 6� del Decreto 350 de 1999, lo declar� exequible, por estimar que respond�a a las causas objetivas que sustentaba desde el punto de vista constitucional, su existencia y aplicaci�n. Sobre el particular dijo:

"Iguales consideraciones deben predicarse del art�culo 6�, seg�n el cual, previo el cumplimiento de lo dispuesto en los tratados internacionales, por los a�os 1999 y 2000 se aplicar� una franquicia arancelaria a los bienes de capital no producidos en Colombia, importados por personas ubicadas en los municipios afectados por el sismo, siempre y cuando dichos bienes se destinen exclusivamente a ser utilizados a su actividad productora de renta durante el per�odo de depreciaci�n del bien.

Dichos beneficios est�n dirigidos no s�lo a satisfacer algunas de las necesidades que el Estado tiene al intervenir en la Econom�a, pues con ella busca de una u otra forma promover la productividad y la competitividad en la zona afectada por el desastre natural y lograr el restablecimiento y mejor�a de la calidad de vida de los habitantes de esa zona, sino en especial, a crear las condiciones propias para el desarrollo econ�mico y social de esta regi�n y la reconstrucci�n de la misma, mediante unos alivios y beneficios de car�cter arancelario respecto de bienes cuya importaci�n es necesaria para alcanzar esas finalidades.

En consecuencia, atendiendo las condiciones de los municipios afectados, por ser uno de los sectores agroindustriales m�s representativos de la regi�n y del mismo pa�s, el legislador de excepci�n puede validamente permitir la libre importaci�n - con franquicia arancelaria -, de bienes de capital no producidos en Colombia destinados a lograr la reactivaci�n de las actividades productoras de renta en los municipios se�alados en los Decretos 195 y 223 de 1999.

Por lo tanto, en cuanto esta medida responde a las necesidades de reactivaci�n y desarrollo econ�mico de la zona, y encuadra dentro de las condiciones excepcionales de la regi�n, no desconoce el ordenamiento constitucional ser� entonces declarada exequible."

Dentro del marco jur�dico se�alado en el art�culo 6� del decreto 350 de 1999 y la jurisprudencia constitucional, se examinar�n las disposiciones consagradas en el articulado del Decreto 1397 de 1999, en el siguiente orden:

En todo caso, el importador ser� responsable directo por el gravamen arancelario exonerado, por el incumplimiento de las obligaciones aduaneras y las sanciones a que hubiere lugar.

PAR�GRAFO. Cuando medie un contrato de Leasing, el beneficio previsto en el presente Decreto s�lo proceder� cuando se trate de contrato de Leasing internacional.

Como se viene explicando, el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999, al consagrar el beneficio de la franquicia arancelaria, se�al� las condiciones para la importaci�n de bienes de capital no producidos en Colombia. Dentro del marco fijado en el art�culo 6� del decreto 350 de 1999, el Decreto Reglamentario art�culo 1� en examen, ordena que tales bienes se declaren por la modalidad de importaci�n con franquicia, prevista en el art�culo 35 del Decreto 1909 de 1992, o mediante la modalidad de importaci�n temporal a largo plazo, prevista en el art�culo 40 del mismo Decreto.

El Decreto 1397 de 1999 art�culo 1� al se�alar la modalidad como deben declararse los bienes de capital no producidos en Colombia dentro de las condiciones previstas en el art�culo 6� del Decreto Legislativo 350 de 1999, no hace otra cosa que indicar la norma que regula el tipo de importaci�n con franquicia previsto en el art�culo 35 del Decreto 1909 de 1992, y al hacer la remisi�n a la forma de importaci�n temporal, la disposici�n del literal b) del art�culo 40 ib�dem, permite que las importaciones a largo plazo cuando se trate de bienes de capital, representados por m�quinas, equipos, material de transporte y sus accesorios, partes y repuestos, en todo caso, deben ce�irse a las exigencias previstas en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999. En ese sentido, la Sala encuentra que la disposici�n objeto de examen no desborda los lineamientos de la normatividad superior, su expedici�n se requer�a para facilitar la aplicaci�n de la disposici�n reglamentada.

El par�grafo del mismo art�culo 1� al establecer que, cuando se trate de contrato de leasing, la franquicia arancelaria s�lo procede en los contratos de leasing internacional, es coherente, pues el beneficio en este caso, se refiere a la importaci�n de bienes de capital no producidos en Colombia.

Este art�culo reitera las condiciones para la procedencia de la exenci�n prevista en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999 reglamentado, es decir que los bienes de capital no producidos en Colombia que se importen al amparo de la disposici�n de orden superior que consagra el beneficio, deben ubicarse y destinarse exclusivamente como activo fijo en la actividad productora de renta de la persona natural o jur�dica importadora, dentro de la jurisdicci�n territorial de los municipios afectados por el sismo, y que no pueden ser enajenados ni trasladados de tal jurisdicci�n territorial, antes de transcurrir el t�rmino de depreciaci�n del bien. Son las condiciones que prev� la norma superior para la procedencia del beneficio. No encuentra la Sala ning�n desbordamiento en que pueda incurrir dicho art�culo.- Se declarar� ajustado a derecho.

PAR�GRAFO. Los bienes de capital importados temporalmente no necesitan presentar la Licencia Previa de Importaci�n pero deber�n, al momento de tramitar la obtenci�n del levante, acreditar las condiciones exigidas en el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999 y las dispuestas en el presente art�culo, distintas a la licencia previa.

El art�culo 3� del Decreto materia de examen establece los requisitos para la procedencia de la exenci�n arancelaria: certificado de inscripci�n conforme a la reglamentaci�n que expida la direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, licencia previa de importaci�n, conforme a las normas que gobiernan la materia, la cual se expide previa verificaci�n de la no producci�n nacional del bien de capital, de acuerdo con el listado que elabora el INCOMEX que es la autoridad competente y certificaci�n de importador. Los bienes de capital importados temporalmente, no requieren licencia previa.

Esta norma reglamentaria contempla unos requisitos m�nimos, para la procedencia de la exenci�n arancelaria que adem�s de las previstas en el Decreto 350 de 1999 reglamentado, constituyen simplemente las instrucciones administrativas indispensables para la debida ejecuci�n de la norma que reglamenta. No ampl�a ni restringe la norma superior. Se declarar� ajustado a derecho el art�culo 3� del Decreto 1397 de 1999.

As� mismo, tales bienes no podr�n ser sometidos al r�gimen de tr�nsito aduanero, con ocasi�n de su importaci�n.

La primera parte de este art�culo ordena que la importaci�n de las mercanc�as a que se refiere el art�culo 6�, s�lo puede realizarse por los lugares habilitados que para tal efecto se�ala el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, autoridad que seg�n el art�culo 8� del Decreto 1909 de 1992 tiene a su cargo la facultad de habilitar los lugares para la llegada de la mercanc�a al pa�s, en este caso, de bienes de capital no producidos en el pa�s.

Lo anterior, sin perjuicio de que el importador deba en este evento, cancelar el saldo pendiente del gravamen arancelario y la totalidad de las sanciones correspondientes.

Igualmente la DIAN no perder� la facultad para el cobro de la totalidad de gravamen en caso de que no sea posible hacer efectiva la garant�a de que trata este art�culo.

La garant�a de que trata este art�culo se constituir� sin perjuicio de la que se exige para la modalidad de importaci�n temporal a largo plazo.

Para una mayor ilustraci�n acerca de las previsiones consagradas en el art�culo 5� del Decreto 1397 de 1999 antes transcrito, la Sala se permite hacer las siguientes precisiones:

"ARTICULO 7�.- Para ser acreedor a los beneficios a que se refieren los dos art�culos anteriores las personas naturales o jur�dicas deber�n constituir una p�liza por el treinta por ciento (30%) de los respectivos tributos, en la forma que se�ala el reglamento, con el fin de asegurar el pago de los mismos en el evento en que no se cumplan las condiciones previstas para obtener el beneficio. Lo anterior, sin perjuicios de que la Administraci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales cobre la totalidad de los tributos y las sanciones correspondientes.

En el evento en que se reclamen los beneficios previstos en los dos art�culos anteriores sin los requisitos establecidos en estos art�culos, se aplicar� la sanci�n previstas por el inciso 5� del art�culo 670 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que incurran, el representante legal, los socios, contadores o revisores fiscales de la empresa, por alterar la informaci�n contable o los estados financieros para hacer uso del beneficio fiscal solicitado.

Adicionalmente, cuando se trate de bienes importados y no se cumplan las condiciones se�aladas con el art�culo anterior, los bienes ser�n considerados mercanc�as de contrabando, para efectos de las sanciones administrativas y penales que se�alan las normas legales sobre la materia."

El precepto anterior fue declarado exequible por la Corte Constitucional al efectuar el control de constitucionalidad del Decreto 350 de 1999. Sobre el particular, expres�:

"Tampoco el precepto contenido en el art�culo 7� del decreto 350 de 1999 desconoce el ordenamiento constitucional, en cuanto fija los requisitos previos para la viabilidad de los beneficios consagrados en los art�culos 5� y 6� ya examinados, como lo es la constituci�n de una p�liza que asegure el pago de los tributos en el caso de no cumplirse con las condiciones previstas para acceder al beneficio. Adem�s de prever como efecto del no cumplimiento a la acreditaci�n de dichos requisitos, la p�rdida de los beneficios, se establece que la persona ser� sujeto de las sanciones legales (las previstas en el art�culo 670 del E.T) y de la responsabilidad por alterar informaci�n a los estados financieros. En el caso de bienes importados, los bienes o las mercanc�as ser�n consideradas de contrabando. A este respecto, es de anotar que todo derecho y beneficio conlleva para acceder a �l un deber, por lo que el requisito fijado en la norma, de constituir la p�liza se constituye en un deber leg�timo para acceder al beneficio reconocido en las disposiciones aludidas, as� como el incumplimiento de los deberes tributarios cuando no se pueda acceder los indicados beneficios de excepci�n justifica de manera plena la imposici�n de sanciones y la existencia de las consiguientes responsabilidades.

Se trata entonces, de una norma de car�cter procedimental o formal, que desarrolla los preceptos mencionados, y cuya finalidad es fijar las condiciones para acceder a los beneficios tributarios, y las sanciones que se desprenden de su desconocimiento. En tal virtud, siendo desarrollo de las facultades del Gobierno para conjurar la situaci�n que produjo las crisis, y no contradiciendo disposici�n alguna de la Constituci�n, ser� declarado exequible."

El art�culo 7� del Decreto Legislativo 350 de 1999 estableci� que, para acceder al beneficio o alivio tributario, los interesados, ya fueran personas naturales o jur�dicas, deber�an constituir una p�liza por el treinta por ciento (30%) del respectivo tributo, con el prop�sito de asegurar el pago de los mismos, en el evento de que no cumplieran las condiciones para acceder al beneficio, sin perjuicio de que la Administraci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales cobre la totalidad de los tributos e imponga las sanciones de rigor, disposici�n que la Corte Constitucional encontr� ajustada al ordenamiento jur�dico.

Por su parte el art�culo 5� del Decreto 1397 de 1999 exige, para gozar de tal beneficio el importador de bienes de capital "previa obtenci�n del levante", debe constituir a favor de la Naci�n - Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales y ante la Administraci�n de Aduanas o Impuestos y Aduanas por la cual se realiza la importaci�n una garant�a en el porcentaje indicado en la norma reglamentada y con el mismo fin, con las salvedades previstas en la norma superior.

La exigencia de la "previa disposici�n del levante" es un paso previo que la ley contempla para el retiro de la mercanc�a de cuyo cumplimiento no est� exonerado el importador (art�culos 28 y 29 del decreto 1909 de 1992).

En esas condiciones estima la Sala que la norma reglamentaria, no desborda las previsiones del ordenamiento superior, pues el ejercicio de la potestad reglamentaria en este aspecto, se circunscribi� a reiterar la obligaci�n de prestar la garant�a, a favor de la autoridad que ha de constituirse y el t�rmino para su constituci�n, en ese orden el reglamento no hace m�s que facilitar el adecuado cumplimiento del Decreto Legislativo. Se declarar� ajustado a derecho.

ARTICULO 6. CANCELACI�N DE LAS GARANTIAS. Proceder� la cancelaci�n de la garant�a una vez transcurra el t�rmino previsto en el art�culo anterior.

Lo anterior sin perjuicio, del control que debe ejercer la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales con anterioridad o posterioridad a la cancelaci�n de la garant�a para verificar que el bien se est� destinando a los fines previstos por la norma, y de la imposici�n y cobro de los grav�menes y sanciones pertinentes en caso que se demuestre incumplimiento.

La anterior norma precisa el t�rmino para la cancelaci�n de la garant�a que los beneficiarios de la franquicia arancelaria deben constituir, el cual como lo exige el art�culo 5� del mismo Decreto es de tres (3) a�os, dejando a salvo la facultad de control de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales con anterioridad y posterioridad a la cancelaci�n de la garant�a, para verificar que el bien se est� destinando a los fines previstos en la norma, es decir, que se trate de bienes de capital no producidos en Colombia, que la importaci�n la realicen personas ubicadas en los municipios afectados por el sismo, y que sean utilizados con exclusividad en su actividad productora de renta dentro de la jurisdicci�n territorial de los mismos municipios durante el per�odo de depreciaci�n del bien. El mismo Decreto se�ala el t�rmino durante el cual debe constituirse la garant�a, la cual se cancelar� al transcurrir el mismo, sin que, por la simple cancelaci�n, se agoten las facultades de polic�a administrativa que la ley otorg� a la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que verifique si los bienes se han destinado a los fines previstos en la norma que contempl� en beneficio tributario. No observa la Sala ning�n desconocimiento del ordenamiento superior.

El Decreto 1909 de 1992 por el cual se modific� parcialmente la legislaci�n aduanera, estableci� que para retirar la mercanc�a deber�a permitirse su levante por la Direcci�n de Aduanas Nacionales, previo cumplimiento de los requisitos se�alados en los art�culos 28 y 29. El art�culo 30 del mismo Decreto, enuncia los eventos para rechazar el levante de la mercanc�a y el art�culo 7� del Decreto 1397 de 1993 contempla unos adicionales, as�:

"- La no presentaci�n de la garant�a que exigen los art�culos 7� del Decreto Legislativo 350 de 1999, reglamentada en el art�culo 5� del Decreto 1397 del mimo a�o.

- Certificado de inscripci�n del importador ante la Administraci�n Aduanera o de Impuestos y Aduanas competente.

Tales exigencias las contempla el Decreto 350 de 1999 en sus art�culos 6 y 7 los cuales fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional al estimar que, "... todo derecho y beneficio conlleva para acceder a �l un deber...", se trata de una norma de car�cter procedimental o formal cuya finalidad es fijar las condiciones para acceder al beneficio tributario. La Sala la encuentra ajustada al ordenamiento superior.

As� mismo, semestralmente deber� remitir una certificaci�n suscrita por el revisor fiscal cuando a ello hubiere lugar, o en los otros eventos por contador p�blico, en la que conste que el bien de capital est� siendo utilizado en la actividad productora de renta del importador, en la jurisdicci�n territorial de la zona afectada por el terremoto, conforme lo prev� el art�culo 6� del Decreto 350 de 1999.

Es la �nica autoridad competente para verificar la legalidad de la importaci�n de mercanc�as que se introduzcan o circulen en el territorio nacional. Para el efecto cuenta con facultades de fiscalizaci�n y control, en desarrollo de las cuales, v�lidamente esta autorizada para fiscalizar y controlar peri�dicamente que los bienes de capital importados al amparo del art�culo 6� del Decreto Legislativo No. 350 de 1999, cumplan a cabalidad con las exigencias all� previstas. A su vez los beneficiarios de la importaci�n con franquicia, est�n obligados a suministrar la informaci�n sobre cualquier cambio de ubicaci�n y remitir las certificaciones contempladas en el art�culo 8� del Decreto Reglamentario, a la Administraci�n de Aduanas Nacionales competente. Las disposiciones del art�culo 8� del Decreto en examen, son apenas un instrumento de control para la cumplida ejecuci�n del Decreto Legislativo.

Esta disposici�n contempla la procedencia de una multa, si al momento de solicitar el levante de la mercanc�a, la autoridad de control y fiscalizaci�n advierte que la exenci�n arancelaria se reclama con documentos falsos o por medios fraudulentos, sin perjuicio de las denuncias penales a que haya lugar o el rechazo del levante.

El Decreto Legislativo 350 de 1999, estableci� las condiciones para acceder al beneficio de franquicia arancelaria, dispuso que se deber�a constituir una garant�a para asegurar el pago de los respectivos tributos, frente a eventuales incumplimientos, sin perjuicio del cobro de la totalidad de los mismos, dejando a salvo la aplicaci�n de la sanci�n prevista en el inciso 5� del art�culo 670 del Estatuto Tributario y la responsabilidad penal en que puedan incurrir las contravenciones de la norma.

"Cuando utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devoluci�n, adicionalmente se impondr� una sanci�n equivalente al quinientos por ciento (500%) del monto devuelto en forma improcedente."

En las anteriores condiciones, la multa prescrita en el art�culo 9� del Decreto Reglamentario No. 1397 de 1999, resulta arm�nica con el ordenamiento superior.

El inciso final del art�culo 7� del Decreto Legislativo No. 350 de 1999 dispuso que, cuando se tratara de bienes importados y no se cumplieran las condiciones se�aladas en el art�culo 6� del mismo Decreto, los bienes ser�an considerados mercanc�a de contrabando, para efectos de las sanciones administrativas y penales que se�alan las normas legales sobre la materia.

Por su parte, el Decreto Reglamentario 1397 de 1999 en el art�culo 10 prev� que en caso de que la Direcci�n Nacional de Impuestos Nacionales, advierta en el control posterior que los bienes importados no cumplieron con las condiciones se�aladas en el art�culo 1� del mismo Decreto, se considerar� mercanc�a de contrabando y proceder� su aprensi�n y decomiso, y se impondr� la sanci�n prevista en el inciso 1� de art�culo 3� del Decreto 1750 de 1991.

En ese orden, el Decreto Reglamentario, en algunos aspectos repite las disposiciones de la norma reglamentada, y se�ala las instrucciones para el adecuado cumplimiento del Decreto Legislativo 350 de 1999, art�culos 6 y 7, en cuanto estableci� el beneficio que otorga la modalidad de importaci�n con franquicia, a favor de los municipios afectados por el terremoto del 25 de enero de enero de 1999, relacionados en los Decretos 195 y 223 de 1999.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

DECL�RASE ajustado a derecho el Decreto 1397 de 28 de julio de 1999, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, Delegatario de las funciones presidenciales.

CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD - Improcedencia frente al Decreto 1397 de 1999 / DECRETO 1397 DE 1999 - No era susceptible del control inmediato de legalidad

Pese a que el Decreto 1397 del 28 de julio de 1999, cuya legalidad examin� esta Corporaci�n mediante el control autom�tico definido en el fallo anterior, tiene su campo de aplicaci�n en el territorio afectado por el terremoto que sacudi� al eje cafetero, encuentro que en su totalidad reglamenta pasos subsiguientes a la importaci�n temporal de bienes de capital, como son los controles previos y posteriores a la llegada de la mercanc�a al pa�s, la exenci�n de tributos aduaneros y sanciones por cambio de destinaci�n, que as� guarden relaci�n con la finalidad que debe perseguirse de contrarrestar los efectos de la calamidad, son medidas que toma el Primer Mandatario en ejercicio de las facultades permanentes que le confieren las leyes marco de aduanas (Ley 6/71) y de comercio exterior (Ley 7/91), como lo advierte el pre�mbulo del decreto revisado. A mi modo de ver, entonces, el decreto reglamentario no era susceptible del control que al Consejo de Estado le atribuye el art�culo 20 de la Ley 137/94.

A mi modo de ver, entonces, el decreto reglamentario no era susceptible del control que al Consejo de Estado le atribuye el art�culo 20 de la Ley 137/94.

Corrijo el error en que incurr� al darle alcance de aclaraci�n de voto a este criterio, que es un verdadero salvamento.

CONTROL AUTOMATICO DE LEGALIDAD - No debe prevalecer sobre el control ordinario / DECRETO 1397 DE 1999 - Improcedencia del control inmediato de legalidad

Como f�cilmente se deduce de lo antes planteado, la existencia del control ordinario de legalidad prevalece sobre el incipiente control autom�tico y, por lo tanto, no se puede, so pretexto de adelantarlo, suprimir el primero, que tiene la caracter�stica de ser pleno y de ser tramitado a trav�s de un procedimiento ampliamente regulado. En el caso que se analiza, resulta especialmente claro que el Decreto sujeto a Control Autom�tico se expide en desarrollo de lo prevenido en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y por lo mismo, prevalece la facultad reglamentaria expresamente invocada, as� indirectamente se refiera a normas promulgadas en desarrollo del estado de excepci�n. Por lo dem�s se invocan como fundamento legal del Decreto 1397 de 1999 otras normas que nada tienen que ver con el referido estado de excepci�n lo que hace menos aplicable el control autom�tico de legalidad. Al adelantarlo se estar�a haci�ndolo prevalecer sobre el control ordinario que el Consejo de Estado debe ejercer respecto de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria y del control que ejerce la Corte Constitucional respecto de las leyes que le sirvan de fundamento al decreto analizado. Las anteriores son las razones que me han llevado a discrepar de la decisi�n adoptada por la mayor�a.

Por no compartir la decisi�n de la mayor�a, con el respeto debido, a continuaci�n expongo las principales razones que me han llevado a disentir de la misma:

El Control Autom�tico alude al Decreto 1397 del 28 de junio de 1999 expedido en ejercicio de la Potestad Reglamentaria a que alude el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, numeral 25 del mismo art�culo y las leyes 6 de 1971 y 7 de 1991.

1. Sea lo primero recordar que tanto la Constituci�n (art. 237) como la Ley (arts. 84 y ss., 128 y ss. C.C.A.) han establecido un sistema de control de legalidad y constitucionalidad de los actos de la administraci�n, se�alando al Consejo de Estado, en su calidad de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, como el Juez competente para efectuarlo, a trav�s de los procedimientos establecidos en la ley. Este control que voy a denominar ordinario, cobija todas las actuaciones administrativas del ejecutivo. Una de las principales est� representada por el denominado poder reglamentario, tan fundamental en sus alcances que lo mejor de la doctrina constitucional y administrativa, es consciente de que en el podr�a resumirse toda la actuaci�n del ejecutivo nacional; bastar�a con darle al Presidente de la Rep�blica como facultad �nica la se�alada en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n y con ello sobrar�a pr�cticamente el resto de la enumeraci�n se�alada en dicho texto.

2. Ahora bien, a m�s del anterior control de legalidad, existe otro que denominar� extraordinario, por lo excepcional y transitorio, que es llamado control autom�tico de legalidad al que se refiere el art�culo 215 de la Constituci�n, desarrollado, si es dable darle esa calificaci�n, en forma por dem�s breve e incompleta por la Ley 137 de 1994, que a trav�s del art�culo 20, pretende reglamentarlo, texto que concede plazos angustiosos y sin siquiera se�alar procedimientos. Partiendo del supuesto de que, declarado el Estado de Emergencia Econ�mica, en desarrollo del mismo se han de expedir decretos legislativos cuyo control autom�tico de constitucionalidad fue asignado a la Corte Constitucional y, a su vez, en desarrollo de los cuales, el Presidente de la Rep�blica y dem�s funcionarios de la Rama Ejecutiva tienen la posibilidad de expedir actos administrativos cuyo control autom�tico DE LEGALIDAD fue adscrito al Consejo de Estado.

3. Va de suyo que el control autom�tico de legalidad a que antes se ha hecho menci�n, no tiene ni podr�a tener la virtud de sustituir al que he denominado control ordinario de los actos de la administraci�n sino que, por el contrario, en el mejor de los casos puede coexistir pac�ficamente con �l. Entre otras razones, porque como se tienen establecido, las normas expedidas en desarrollo de los estados de emergencia no tener la posibilidad de derogar las disposiciones existentes, sino �nicamente suspender las que resulten incompatibles o inconvenientes para el control de la emergencia o para atenuar sus efectos. El control autom�tico ha de circunscribirse a revisar aquellas normas expedidas en exclusivo desarrollo de los decretos legislativos expedidos para auscultar si tales normas se adecuan a lo establecido en las normas de emergencia.

4. Como f�cilmente se deduce de lo antes planteado, la existencia del control ordinario de legalidad prevalece sobre el incipiente control autom�tico y, por lo tanto, no se puede, so pretexto de adelantarlo, suprimir el primero, que tiene la caracter�stica de ser pleno y de ser tramitado a trav�s de un procedimiento ampliamente regulado.

5. En el caso que se analiza, resulta especialmente claro que el Decreto sujeto a Control Autom�tico se expide en desarrollo de lo prevenido en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y por lo mismo, prevalece la facultad reglamentaria expresamente invocada, as� indirectamente se refiera a normas promulgadas en desarrollo del estado de excepci�n.

Por lo dem�s se invocan como fundamento legal del Decreto 1397 de 1999 otras normas que nada tienen que ver con el referido estado de excepci�n lo que hace menos aplicable el control autom�tico de legalidad. Al adelantarlo se estar�a haci�ndolo prevalecer sobre el control ordinario que el Consejo de Estado debe ejercer respecto de los actos expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria y del control que ejerce la Corte Constitucional respecto de las leyes que le sirvan de fundamento al decreto analizado.

Las anteriores son las razones que me han llevado a discrepar de la decisi�n adoptada por la mayor�a.