100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010008433SENTENCIAPLENAAL 042199814/07/1998SENTENCIA__PLENA__AL 042__1998_14/07/1998100084331998NORMAS DEROGADAS - Efectos durante su vigencia / NORMA DEROGADA - Control Jurisdiccional La Sala reitera la jurisprudencia de la Corporación en el punto que se refiere a la competencia para pronunciarse sobre normas derogadas, en el sentido de que el hecho de la derogatoria no hace desaparecer la competencia del órgano de control, pues el acto pudo haber producido efectos durante su vigencia y aún continuar produciéndolos, a pesar de haber desaparecido de la vida jurídica, de manera que debe al respecto producirse un pronunciamiento de fondo. NOTA DE RELATORIA: Reiteración sentencia de 14 de enero de 1991 Exp. S-157 Consejero Ponente Dr. Gustavo Arrieta Padilla. ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD - Competencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo La Sala observa que el acto acusado es un decreto del Gobierno Nacional que busca reglamentar directamente normas sobre prestaciones sociales y situaciones administrativas del Vicepresidente de la República, a pesar de que no existe ley reglamentable en este caso, por lo cual la violación es referida directamente a la constitución y, en consecuencia, el acto es justiciable, a la luz de los artículos 237 de la Constitución Política y 49 de la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza de sus funciones / FALTA TEMPORAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Provisión La situación jurídica del Vicepresidente de la República es "sui generis" dentro de la organización de la rama ejecutiva del Estado Colombiano, pues su vocación constitucional, según las voces del artículo 202 de la Constitución Política, es la de reemplazar al Presidente de la República en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de presentarse éstas antes de su posesión. No se trata, en consecuencia, de un funcionario con atribuciones propias, ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del cargo. Es el reemplazo del Presidente de la República en las hipótesis previstas en la Constitución Política y nada mas, las que de presentarse, traen como consecuencia en la vida institucional, la concreción de su vocación sucesoral. Es en dicho momento cuando el vicepresidente se convierte en funcionario, al tomar posesión del cargo en calidad de Presidente Encargado, durante el termino de la falta temporal del titular, o del resto del período, cuando se está en presencia de una falta absoluta. VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza del cargo / SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Reglamentación / POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE - Extralimitación El Vicepresidente de la República no es un empleado público de la rama ejecutiva, asimilable a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos, el vicepresidente es funcionario en la medida en que supla las faltas temporales o absolutas del Presidente de la República, o en la hipótesis de ser nombrado en un cargo de la rama ejecutiva, no antes, de manera que cuando el decreto acusado lo asimila a los agentes del Presidente de la República incurre en un exceso de poder, contrario a la naturaleza constitucional de esa institución. El Presidente de la República expidió la norma acusada con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, por el cual se regula el ejercicio de la potestad reglamentaria. De aceptar, en gracia de discusión, que el Vicepresidente de la República es un empleado público asimilable a los Ministros del Despacho y Jefes de Departamentos Administrativos, calidad que como se ha visto no corresponde a su naturaleza constitucional, tampoco tendría competencia el Presidente de la República para reglamentar las situaciones administrativas en las cuales pudiera encontrarse aquél, ni fijar sus prestaciones sociales, porque no existe una ley marco previa que se refiera a dichas materias y que sea susceptible de desarrollo y reglamentación, incurriendo así en violación directa del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. No puede el Presidente de la República reglamentar una Ley inexistente, ni desarrollar directamente una facultad que la Constitución no le otorga. El uso de dicha potestad reglamentaria sería legítimo en la medida en que preexista una Ley, situación que no se da en el asunto sub examine. ENCARGOS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Facultad de Reglamentación del Presidente Las facultades que se derivan para el Presidente de la República del artículo 202 de la C. P. frente al Vicepresidente de la República, se refieren a la posibilidad de confiarle "...misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva...", lo cual le otorga cierta capacidad de reglamentación de la Constitución en cuanto tiene que ver con dichas misiones o encargos especiales, pero no en cuanto a la situación jurídica laboral del Vicepresidente como tal. Así acaece, por ejemplo, con el decreto numero 795 de 1997, por medio del cual el Presidente de la República señala al vicepresidente unas misiones y encargos especiales. Pero el punto relativo a la regulación de las prestaciones sociales y de las situaciones administrativas del Vicepresidente de la República es de competencia compartida del legislador y del gobierno, dentro de los limites respectivos trazados por la Constitución por lo que resulta contrario a la Constitución que el Presidente de la República reglamente exclusiva y directamente esas materias. CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Santa Fe de Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998). Consejero Ponente: Doctor MANUEL S. URUETA AYOLA
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMANUEL S. URUETA AYOLAJUAN HORACIO LARApor medio del cual se dicta una disposición en relación con las situaciones administrativas del Vicepresidente de la RepúblicaIdentificadores10010008434true70768Versión original10008434Identificadores

Fecha Providencia

14/07/1998

Sección:  PLENA

Consejero ponente:  MANUEL S. URUETA AYOLA

Norma demandada:  por medio del cual se dicta una disposición en relación con las situaciones administrativas del Vicepresidente de la República

Demandante:  JUAN HORACIO LARA


NORMAS DEROGADAS - Efectos durante su vigencia / NORMA DEROGADA - Control Jurisdiccional

La Sala reitera la jurisprudencia de la Corporación en el punto que se refiere a la competencia para pronunciarse sobre normas derogadas, en el sentido de que el hecho de la derogatoria no hace desaparecer la competencia del órgano de control, pues el acto pudo haber producido efectos durante su vigencia y aún continuar produciéndolos, a pesar de haber desaparecido de la vida jurídica, de manera que debe al respecto producirse un pronunciamiento de fondo.

NOTA DE RELATORIA: Reiteración sentencia de 14 de enero de 1991 Exp. S-157 Consejero Ponente Dr. Gustavo Arrieta Padilla.

ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD - Competencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

La Sala observa que el acto acusado es un decreto del Gobierno Nacional que busca reglamentar directamente normas sobre prestaciones sociales y situaciones administrativas del Vicepresidente de la República, a pesar de que no existe ley reglamentable en este caso, por lo cual la violación es referida directamente a la constitución y, en consecuencia, el acto es justiciable, a la luz de los artículos 237 de la Constitución Política y 49 de la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza de sus funciones / FALTA TEMPORAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Provisión

La situación jurídica del Vicepresidente de la República es "sui generis" dentro de la organización de la rama ejecutiva del Estado Colombiano, pues su vocación constitucional, según las voces del artículo 202 de la Constitución Política, es la de reemplazar al Presidente de la República en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de presentarse éstas antes de su posesión. No se trata, en consecuencia, de un funcionario con atribuciones propias, ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del cargo. Es el reemplazo del Presidente de la República en las hipótesis previstas en la Constitución Política y nada mas, las que de presentarse, traen como consecuencia en la vida institucional, la concreción de su vocación sucesoral. Es en dicho momento cuando el vicepresidente se convierte en funcionario, al tomar posesión del cargo en calidad de Presidente Encargado, durante el termino de la falta temporal del titular, o del resto del período, cuando se está en presencia de una falta absoluta.

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza del cargo / SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Reglamentación / POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE - Extralimitación

El Vicepresidente de la República no es un empleado público de la rama ejecutiva, asimilable a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos, el vicepresidente es funcionario en la medida en que supla las faltas temporales o absolutas del Presidente de la República, o en la hipótesis de ser nombrado en un cargo de la rama ejecutiva, no antes, de manera que cuando el decreto acusado lo asimila a los agentes del Presidente de la República incurre en un exceso de poder, contrario a la naturaleza constitucional de esa institución. El Presidente de la República expidió la norma acusada con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, por el cual se regula el ejercicio de la potestad reglamentaria. De aceptar, en gracia de discusión, que el Vicepresidente de la República es un empleado público asimilable a los Ministros del Despacho y Jefes de Departamentos Administrativos, calidad que como se ha visto no corresponde a su naturaleza constitucional, tampoco tendría competencia el Presidente de la República para reglamentar las situaciones administrativas en las cuales pudiera encontrarse aquél, ni fijar sus prestaciones sociales, porque no existe una ley marco previa que se refiera a dichas materias y que sea susceptible de desarrollo y reglamentación, incurriendo así en violación directa del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. No puede el Presidente de la República reglamentar una Ley inexistente, ni desarrollar directamente una facultad que la Constitución no le otorga. El uso de dicha potestad reglamentaria sería legítimo en la medida en que preexista una Ley, situación que no se da en el asunto sub examine.

ENCARGOS DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Facultad de Reglamentación del Presidente

Las facultades que se derivan para el Presidente de la República del artículo 202 de la C. P. frente al Vicepresidente de la República, se refieren a la posibilidad de confiarle "...misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva...", lo cual le otorga cierta capacidad de reglamentación de la Constitución en cuanto tiene que ver con dichas misiones o encargos especiales, pero no en cuanto a la situación jurídica laboral del Vicepresidente como tal. Así acaece, por ejemplo, con el decreto numero 795 de 1997, por medio del cual el Presidente de la República señala al vicepresidente unas misiones y encargos especiales. Pero el punto relativo a la regulación de las prestaciones sociales y de las situaciones administrativas del Vicepresidente de la República es de competencia compartida del legislador y del gobierno, dentro de los limites respectivos trazados por la Constitución por lo que resulta contrario a la Constitución que el Presidente de la República reglamente exclusiva y directamente esas materias.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Santa Fe de Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998).

Consejero Ponente: Doctor MANUEL S. URUETA AYOLA

Expediente núm. Al - 042

Actor:JUAN HORACIO LARA

ZAMBRANO

Procede la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo a proferir sentencia en el proceso de única instancia, instaurado por el ciudadano JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO, en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad que consagra el artículo 237, numeral 2, de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 49 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, contra el decreto núm. 598 de 6 de abril de 1995, expedido por el

Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales conferidas en el numeral 11 de¡ artículo 189 de la Constitución Política, "por medio del cual se dicta una disposición en relación con las situaciones administrativas del Vicepresidente de la República".

l- ANTECEDENTES

a) Los hechos de la demanda.

De acuerdo con el texto de la demanda y de los documentos que obran en el expediente, los hechos se pueden resumir así:

1. La institución del Vicepresidente fue creada en la Constitución de 1991, con la misma estirpe y rango que la del Presidente de la República, ya que ambos son elegidos por votación popular el mismo día y en la misma fórmula, para un período de cuatro (4) años y cuyo ejercicio se inicia el 7 de agosto de 1994 y precluye el 7 de agosto de 1998, por mandato constitucional.

2. En el evento de que por renuncia del Vicepresidente el Congreso provea el cargo, tal procedimiento no desvirtúa su prosapia porque dentro del esquema constitucional es la forma prevista para que opere la sucesión de ese alto dignatario.

3. El Presidente de la República, invocando la potestad reglamentaria del numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, expidió el decreto núm. 598 de abril 6 de 1995, con el objeto de reglamentar las situaciones administrativas en las que pueda encontrarse el Vicepresidente de la República, asimilándolas a las de los Ministros del Despacho y Jefes de Departamentos Administrativos.

4. Mediante el decreto núm. 1764 de 30 de septiembre de 1996, el Presidente de la República derogó el decreto núm. 598 de 1995.

b) Las pretensiones de la demanda

La parte actora pretende la declaratoria de nulidad

de la norma acusada, previo el decreto de la suspensión provisional de la misma.

c) El texto del acto demandado.

"Artículo 10. Las normas que regulen lo relativo a las situaciones administrativas en las que se encuentren los Ministros de¡ Despacho y Jefes de Departamento Administrativo, tales como el permiso, la licencia, las vacaciones, se aplicarán en lo pertinente a las situaciones administrativas en las que se encuentre el señor Vicepresidente de la República.

"Artículo 210. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación".

d) Las normas violadas y el concepto de la violación

La parte actora considera violados los artículos 6º,

113, 114, 115, 123, 150.1 y 189.11 de la Constitución Política.

Dice que el ejercicio de la potestad reglamentaria supone la existencia de la ley que pretende desarrollar, para darle

efectividad y hacerla operativo, pues de no ser así, no solamente usurpa las funciones de la Rama Legislativa sino que además rebasa sus atribuciones constitucionales, generando un acto viciado de nulidad por desconocer la praxis de la norma superior, que fue lo sucedido con la expedición del decreto 598 de 1995, por las razones siguientes:

1ª) La no existencia de ley que regule administrativamente el cargo de Vicepresidente, le impide al Presidente de la República reglamentar la materia porque ello implicaría arrogarse una potestad inherente al Legislativo, de manera que al proceder en la forma como lo hizo violó los artículos 60 y 123, inciso 20, de la Constitución Política, que le impone a los funcionarios públicos la obligación de supeditar sus actuaciones a los cánones constitucionales y legales, y, así mismo, de manera indirecta, también violó el artículo 113 ibídem, que consagra el principio de separación de poderes, pues la competencia para regular administrativamente el oficio de Vicepresidente corresponde al Congreso de la República. En el mismo orden de ideas, al reglamentar una norma inexistente, violó los artículos 150 y 114 ibídem, que establecen la competencia del Congreso para hacer y reformar las leyes.

2a) El Vicepresidente de la República está al margen del esquema de la Rama Ejecutiva, que fija el artículo 115 de la Constitución Política, cuando éste dice cómo está constituido el Gobierno, por lo que el Jefe de esa Rama no puede equiparar el cargo de Vicepresidente con el de Ministro o Jefe de Departamento Administrativo, sin violar dicha norma. Agrega el demandante: "...como el Vicepresidente no lo instituye la Constitución dentro del diseño del esquema burocrático del Gobierno Nacional, el Presidente está inhibido para trastrocarlo en un subalterno, parangonándolo, con tal finalidad, a Ministro o Jefe de Departamento Administrativo......

3.3.) El Presidente de la República no puede ampararse en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política para expedir el acto acusado, sin rebasar el marco jurídico de la norma constitucional que invoca, dado que el Legislador no se ha detenido en el estudio de la ley que reglamente la situación jurídica del Vicepresidente. Este no es subalterno del Presidente, su papel lo describe el artículo 202 de la Constitución, a menos que acepte la designación en un cargo dentro de la rama ejecutiva, pues en este caso se haría

abstracción de la unción popular para convertirse en una pieza dentro del engranaje de¡ gobierno.

Concluye el demandante anotando que "El Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, a su arbitrio, no puede modificar, adicionar o suponer la ley que dice reglamentar, ni mucho menos legislar; pues mediante el acto reglamentario sólo le es dado tomar las medidas conducentes para que se cumpla lo dispuesto por la ley reglada, sin trascender su esencia", ya que de lo contrario violaría ostensiblemente las normas constitucionales, como sucedió al equiparar administrativamente el Vicepresidente de la República con sus colaboradores inmediatos, invocando un ordenamiento legal inexistente.

c) La contestación de la demanda

l) El Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República. El apoderado judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República considera necesario advertir que el decreto demandado no está

vigente como para que sea objeto de una declaración de nulidad, pues fue derogado mediante el decreto núm. 1764 de 30 de septiembre de 1996, cuya copia auténtica acompaña a la contestación de la demanda, por lo que, bajo esas circunstancias, no hay lugar a pronunciamiento de mérito por sustracción de materia.

2) El Departamento Administrativo de la Función Pública. En virtud de las misiones o encargos especiales que el Presidente de la República puede encomendar al Vicepresidente, prestándole asistencia permanente, el Gobierno consideró que dicho empleo debía incorporarse dentro de la nomenclatura y clasificación de empleos de la Presidencia de la República y asignarle al mismo la remuneración que corresponde en desarrollo de las normas legales vigentes, particularmente de las previstas en la ley 4a de 1992. Y fue así como el Gobierno expidió el Decreto 2243 de¡ 5 de octubre de 1994, por medio del cual se ubicó el empleo de Vicepresidente de la República dentro del Nivel de Dirección y de Asistencia al Presidente. También expidió, dentro del mismo orden. de ideas, el decreto 2244 de 1994, por medio del cual se incorporó el empleo de Vicepresidente en la Planta de Personal del Departamento

Administrativo de la Presidencia de la República y le asignó la función especial de cumplimiento y atención de las misiones o encargos especiales que le fueren confiados mediante la Directiva Presidencial Núm. 1 de¡ 2 de septiembre de 1994.

El apoderado de este organismo concluye que "...el empleo de Vicepresidente es un empleo de la Rama Ejecutiva del Poder Público de elección popular y en tal sentido sus situaciones administrativas son las que se rigen por las normas generales de la administración. Sin embargo, el Gobierno Nacional a través de¡ Decreto 598 de 1995 quiso resaltar que en lo pertinente a las situaciones administrativas en las que se encuentre el señor Vicepresidente, lo regularán las normas relativas a las situaciones administrativas de los Ministros de¡ Despacho y Jefes de Departamento Administrativo, pero es de señalar, que las situaciones administrativas para los empleados públicos no depende del empleo, sino del carácter de empleado público, es decir, que las situaciones administrativas son las mismas para un Ministro que para un profesional y esto no significa que se hagan equivalencias de empleos".

f) La actuación surtida.

A la demanda se le imprimió el trámite de¡ proceso ordinario previsto en el C. C. A., en cuyo decurso merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Mediante providencia de 13 de febrero de 1997 se admitió la demanda y se denegó la solicitud de suspensión provisional (v. folios 16 a 21)..

Por no haberse solicitado la práctica de pruebas, por auto de trece (13) de junio de 1997 se corrió traslado para alegar de conclusión, haciendo uso de ese derecho solamente el Agente de¡ Ministerio Público.

II - EL CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado estima que las pretensiones del actor están llamadas a prosperar, por las razones siguientes:

De acuerdo con jurisprudencia reiterada de la Corporación, debe haber decisión de fondo sobre el acto acusado, pese a que sus efectos cesaron con la derogatoria de la norma ya que durante su vigencia estuvo amparado por la presunción de legalidad y produjo efectos jurídicos.

Sobre. el fondo del asunto, después de referirse a los reglamentos constitucionales, estima que la potestad reglamentaria, prevista en el numeral 11 de¡ artículo 189 de la Constitución Política, sólo es operante ante una ley previa, con el objeto de concretar su contenido y hacer posible su aplicación práctica. Esta potestad fue la invocada por el Presidente de la República para expedir un reglamento sobre las situaciones administrativas del Vicepresidente, a pesar de que no mediara una ley que regule esta institución, por lo cual el acto acusado resulta viciado de nulidad.

III - CONSIDERACIONES

1) CUESTIONES PREVIAS

a) La Sala reitera la jurisprudencia de la Corporación en el punto que se refiere a la competencia para pronunciarse sobre normas derogadas, en el sentido de que el hecho de la derogatoria no hace desaparecer la competencia del órgano de control, pues el acto pudo haber producido efectos durante su vigencia y aún continuar produciéndolos, a pesar de haber desaparecido de la vida jurídica, de manera que debe al respecto producirse un pronunciamiento de fondo. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre la materia en los términos siguientes: "...aún a pesar de haber sido ellos derogados, es necesario que esta Corporación se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos administrativos de contenido general que se impugnen en ejercicio de la acción de nulidad, pues solamente así se logra el propósito último del otrora llamado contencioso popular de anulación, cual es el imperio del orden jurídico y el restablecimiento de la legalidad que no se recobran por la derogatoria de la norma violadora, sino por el pronunciamiento definitivo del juez administrativo. Y mientras tal pronunciamiento no se produzca,. tal norma, aun si derogada, conserva y proyecta la presunción de legalidad que la ampara, alcanzando en sus efectos a aquellos actos de contenido particular que hubieren sido expedidos durante su vigencia"

(sentenciada 14 de enero de 1991, Consejero Ponente Dr. Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Exp. Núm. S-157, Anales del Consejo de Estado, tomo CXXII, pág. 64).

b) Asimismo, la Sala observa que el acto acusado es un decreto del Gobierno Nacional que busca reglamentar directamente normas sobre prestaciones sociales y situaciones administrativas del Vicepresidente de la República, a pesar de que no existe ley reglamentable en este caso, por lo cual la violación es referida directamente a la Constitución y, en consecuencia, el acto es justiciable, a la luz de los artículos 237 de la Constitución Política y 49 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

c) El acto juzgado era abstracto, a pesar de que resultara aplicable únicamente a las situaciones administrativas en las que pudiera encontrarse el Vicepresidente de la República, pues su contenido creaba situaciones jurídicas generales e impersonales. De manera que la controversia sobre la presunción de juridicidad de dicho acto sí se puede adelantar a través del contencioso popular de anulación.

2) LA CUESTION DE FONDO

En cuanto al fondo del asunto, la Sala procede a decidir con fundamento en las siguientes consideraciones:

1ª La situación jurídica del Vicepresidente de la República

Recreada por la Constitución Política de 1991, la institución de la Vicepresidencia de la República se encuentra enmarcada en la estructura de la rama ejecutiva de¡ Poder Público.

El Vicepresidente de la República tiene un origen democrático, al ser elegido directamente por el sufragio universal de los ciudadanos en la misma fórmula del Presidente de la República y por un período igual al de éste. Se dijo por los sostenedores de la reforma que la creación de esta institución en reemplazo de la designatura constituía una de las varias reformas que el país reclamaba para avanzar en la democratización de la conformación del poder público y el restablecimiento de la

soberanía popular (V. LLERAS DE LA FUENTE Carlos y otro. Constitución Política de Colombia, tomo II, biblioteca jurídica Diké, ediciones rosaristas, pág. 793).

La situación jurídica del Vicepresidente de la República es "su¡ generis" dentro de la organización de la rama ejecutiva del estado colombiano, pues su vocación constitucional, según las voces de¡ artículo 202 de la Constitución Política, es la de reemplazar al Presidente de la República en sus faltas temporales o absolutas, aun en el caso de presentarse éstas antes de su posesión. No se trata, en consecuencia, de un funcionario con atribuciones propias, ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del cargo. Es el reemplazo del

Presidente de la República en las hipótesis previstas en la Constitución Política y nada más, las que de presentarse, traen como consecuencia en la vida institucional, la concreción de su vocación sucesora¡. Es en dicho momento cuando el Vicepresidente se convierte en funcionario, al tomar posesión del cargo en calidad de Presidente Encargado, durante el término de la falta temporal del titular, o del resto del período, cuando se está en presencia de una falta absoluta.

Antes de presentarse las hipótesis de faltas absolutas o temporales, se tendrá simplemente a un Vicepresidente electo, aun cuando haya jurado formalmente sobre el cumplimiento de sus funciones Vicepresidenciales, ya que es la posesión como Presidente, Encargado la que le imprime la condición de funcionario, pues sin el juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben como Presidente, de acuerdo con el artículo 122, inciso 2º, de la Constitución Política, no entrará a ejercer su función constitucional y, en consecuencia, no será un funcionario público. En fin, cuando no se presenten faltas temporales o absolutas del Presidente de la República, el Vicepresidente no tendrá oportunidad en tal calidad de acceder al ejercicio de sus funciones constitucionales. Por esta razón, puede afirmarse que desde el punto de vista técnico jurídico el Vicepresidente de la República no es un funcionario público en ejercicio de sus funciones constitucionales sino una persona con vocación de suceder al Presidente de la República, cuando se presentan las circunstancias previstas constitucionalmente para ello.

2a. Las misiones especiales y la designación en un cargo de la rama ejecutiva.

La norma arriba citada prevé que el Presidente de la República pueda confiar al Vicepresidente "...misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva...", lo que, a contrario, 'significa que puede no hacerlo, caso en el cual el Vicepresidente permanecerá marginado de las actividades del gobierno, de la administración y del estado, conservando únicamente su vocación sucesoral.

Pero en el evento de que el Vicepresidente sea designado en un cargo de la rama ejecutiva, situación que la norma ha previsto como compatible con la calidad de Vicepresidente, entonces sí, éste se convertirá, adicionalmente, en funcionario del gobierno, sujeto a las situaciones administrativas propias de los servidores públicos. Es así como si el Vicepresidente es designado Ministro, en esta condición hará parte del gobierno, pues éste está integrado por el Presidente de la República, los Ministros del Despacho y los Directores de Departamentos Administrativos, de acuerdo con las previsiones del artículo 115 constitucional. O en el evento de que ingrese al servicio exterior como funcionario diplomático, a manera de ejemplo en calidad de embajador, se convertirá entonces en agente diplomático del Presidente de la República. En las dos

hipótesis a que se ha hecho referencia el Vicepresidente de la República acumularía a esta calidad la de funcionario público, por lo que las situaciones administrativas predicables de estos últimos lo cobijarían en dicha condición de funcionario.

Otra situación se crea cuando el Presidente de la República confía al Vicepresidente misiones o encargos especiales, de manera temporal o permanente, como sucede en el caso del decreto número 795 de 20 de marzo de 1997, por medio del cual el Presidente de la República señala al Vicepresidente unas misiones y encargos especiales consistentes en la "Representación Internacional de Colombia en Foros, Conferencias, Agendas Bilaterales definidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores" y en la de "Asesorar a las entidades nacionales encargadas de derechos humanos y lucha contra el narcotráfico". En dichas hipótesis el Vicepresidente de la República ejercerá funciones públicas y en ese sentido lo reconoce el parágrafo primero del artículo segundo del decreto citado supra al prescribir que "Cuando el Vicepresidente de la República ejerza un cargo público y requiera desplazarse de su lugar habitual de trabajo, en cumplimiento de misiones o encargos en desarrollo del artículo 202 de la Constitución, el Presidente de

la República, mediante acto administrativo lo comisionará y los gastos se harán con cargo al presupuesto de gastos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Vicepresidencia)". (Las subrayas no son del texto).

El texto del parágrafo transcrito indica con claridad que Vicepresidente de la República no es en dicha calidad un empleado público, ya que allí se prevé la hipótesis de que "...ejerza un cargo público...", lo cual significa que la norma no lo considera funcionario público. Por no ser funcionario público en su condición de Vicepresidente de la República, puede éste ejercer cargos públicos o desempeñar algunas funciones públicas y en dicha calidad recibir el reconocimiento de gastos con cargo al presupuesto de¡ Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

3a. Los derechos de los funcionarios públicos.

De acuerdo con el artículo 150 numeral 19 literal e) constitucional, corresponde al Congreso de la República "Dictar las normas generales y señalar en ella los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos:

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados

públicos, de los miembros del congreso nacional y. de la fuerza pública.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La norma constitucional en esta materia había sido desarrollada, entre. otros, por el decreto ley 2400 de 1968, mediante el cual se modificaron las normas que regulaban la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la rama ejecutiva del poder público, siendo uno de sus capítulos importantes el relacionado con las situaciones administrativas, como la licencia o el permiso.

En el mismo orden de ideas, el decreto ley 3135 de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad social .entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, habla reglamentado el derecho a las vacaciones.

Bajo el nuevo orden constitucional de 1991, el

Congreso de la República expidió la Ley 04 de mayo 18 de 1992,

"mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que

debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los, empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política".

Indica lo anterior que la regulación marco de la materia relacionada con las prestaciones sociales de los empleados públicos, tales como las vacaciones, dentro de los límites trazados en el nuevo texto constitucional, es de competencia del Legislador. El Congreso de la República fija las normas, objetivos y criterios en materia de prestaciones, dentro de cuyos amplios límites el Presidente de la República ejerce la facultad de fijar el régimen prestacional de los empleados públicos.

En el mismo orden de ideas, en cuanto a las situaciones administrativas, el Decreto Extraordinario número 2400 de 1968, artículos 18 a 24, regula las situaciones administrativas en las que pueden encontrarse los empleados vinculados regularmente a la administración, como son, a manera de ejemplo, las licencias o permisos.

Puede así concluirse que la competencia general en materia de regulación de las prestaciones sociales así como de las situaciones administrativas de los funcionarios públicos es del Congreso de la República, y corresponde al gobierno el desarrollo de los principios contenidos en la ley.

4-2. La norma acusada

El decreto 598 de 1995 aplica las situaciones administrativas de los Ministros del Despacho y Directores de Departamentos Administrativos al Vicepresidente de la República, tales como el permiso y la licencia y también regula sus vacaciones, a pesar de tratarse de una prestación social. Este decreto está afectado de nulidad por las siguientes razones:

Una, el Vicepresidente de la República no es un empleado público de la rama ejecutiva, asimilable a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos, pues, como se anotó en los párrafos anteriores,

el Vicepresidente es funcionario en la medida en que supla las faltas temporales o absolutas del Presidente de la República, o en la hipótesis de ser nombrado en un cargo de la rama ejecutiva, no antes, de manera que cuando el decreto acusado lo asimila a los agentes del Presidente de la República incurre en un exceso de poder, contrario a la naturaleza constitucional de esa institución. Sería deseable que una ley regulara la particular situación jurídica del Vicepresidente de la República en el contexto de la función pública, creando las inhabilidades necesarias que garanticen su alto magisterio moral en la vida política y administrativa del país.

Dos, el Presidente de la República expidió la norma acusada con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, por el cual se regula el ejercicio de la potestad reglamentaria. De aceptar, en gracia de discusión, que el Vicepresidente de la República es un empleado público asimilable a los Ministros del Despacho y Jefes de Departamentos Administrativos, calidad que como se ha visto no corresponde a su naturaleza constitucional, tampoco tendría competencia el Presidente de la República para reglamentar las situaciones administrativas en las cuales pudiera encontrarse aquél, ni fijar sus prestaciones sociales, porque no existe una ley

marco previa que se refiera a dichas materias y que sea susceptible de desarrollo y reglamentación, incurriendo así en violación directa del numeral 11 de¡ articulo 189 de la Constitución Política. No puede el Presidente de la República reglamentar una ley inexistente, ni desarrollar directamente una facultad que la Constitución no le otorga. El uso de dicha potestad reglamentaria sería legítimo en la medida en que preexista una ley, situación que no se da en el asunto sub examine.

Tres, las facultades que se derivan para el Presidente de la República del artículo 202 de la Constitución Política frente al Vicepresidente de la República, se refieren a la posibilidad de confiarle " ... misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva... lo cual le otorga cierta capacidad de reglamentación de la Constitución en cuanto tiene que ver con dichas misiones o encargos especiales, pero no en cuanto a la situación jurídica laboral del Vicepresidente como tal. Así acaece, por ejemplo, con el decreto número 795 de 1997, arriba citado, por medio del cual el Presidente de la República señala al Vicepresidente unas misiones y encargos especiales. Pero el punto relativo a la regulación de las prestaciones sociales y de las situaciones

administrativas del Vicepresidente de la República es de competencia compartida del legislador y del gobierno, dentro de los límites respectivos trazados por la Constitución, por lo que resulta contrario a la Constitución que el Presidente de la República reglamente exclusiva y directamente esas materias.

Las consideraciones anteriores indican que el decreto acusado excede las facultades propias de la potestad reglamentaria, ya que el Presidente de la República no tiene competencia para fijar las situaciones administrativas o determinar las prestaciones sociales que puedan corresponder al Vicepresidente de la República, por lo cual dicho decreto será declarado nulo en la parte resolutiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DECLARASE nulo el Decreto Número 598 de abril 6 de 1995.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en los Anales de¡ Consejo de Estado y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha 14 de julio de 1.998.

DOLLY PEDRAZA DE ARENAS

Presidenta

LUIS EDUARDO JARAMILLO MEJIA MARIO ALARIO MENDEZ

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ GERMAN AYALA MANTILA

JESUS M. CARRILLO BALLESTEROS JULIO E. CORREA RESTREPO

MIREN DE LA LOMBANA DE M. JAVIER DIAZ BUENO

SILVIO ESCUDERO CASTRO CLARA FORERO DE CASTRO

DELIO GOMEZ LEYVA RICARDO HOYOS DUQUE

JUAN DE DIOS MONTES H. ROBERTO MEDINA LOPEZ

DANIEL MANRIQUE GUZMAN CARLOS ORJUELA GONGORA

NICOLAS PAJARP PEÑARANDA JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR

DANIEL SUAREZ HERNANDEZ MANU-EL S. URUETA AYOLA

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Servidor Público / POTESTAD REGLAMENTARIA - Presidente de la República

Debo aclarar que no comparto plenamente la motivación con base en la cual se declara la nulidad del acto acusado. En primer lugar, en cuanto se dice que el Vicepresidente no es un funcionario con atribuciones propias, pues su función es solo la de reemplazar al Presidente de la República en sus faltas temporales o absolutas. Pienso, por el contrario, que en la Constitución si se le otorga un especial tratamiento al Vicepresidente que lo coloca, por lo menos, en la categoría de "servidor público", así su cargo no este relacionado en el artículo 123 de la Constitución, en la medida de que esta señala que existen casos de falta absoluta del Vicepresidente, a saber, la muerte, la renuncia aceptada y la incapacidad física. Si su situación es apenas la de mera vocación para reemplazar al Presidente, de qué renuncia De esa vocación simplemente Ciertamente, el Vicepresidente no es un "funcionario público", en el sentido que le da el inciso segundo del articulo 2° del decreto 2400 de 1968, modificado por el art. 1° del decreto 3074 de 1968, pero concurren en el ciertas circunstancias, previstas en la constitución, que lo diferencian de cualquier particular ajeno a la función pública. En efecto, el Vicepresidente es elegido por el voto popular para ejercer unas funciones públicas (reemplazar al Presidente en sus faltas absolutas o temporales, cumplir con las misiones o encargos especiales que le confíe el Presidente de la República y desempeñar cualquier cargo de la rama ejecutiva para el cual sea designado por el Presidente), lo cual supone una permanente disponibilidad del mismo. En segundo lugar, considero que el objeto de la demanda era el de establecer si el presidente de la República, mediante un decreto de carácter reglamentario, podía extender la aplicación al Vicepresidente las normas relativas a las "situaciones administrativas" propias de los Ministros y Jefes (sic) de Departamentos Administrativos, de lo cual se ocupa únicamente el decreto 598 de 1995 acusado, y este punto se soslayo un tanto al decir apenas que "el Presidente de la República no tiene competencia para fijar las situaciones administrativas... que puedan corresponder al vicepresidente de la República.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTSRATIVO

ACLARACION DE VOTO DEL DR. JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

Santa Fe de Bogotá D.C., dos de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Ref.: Expediente núm. AI-042 ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD

ACTOR: JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO

De acuerdo con la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, debo aclarar que no comparto plenamente la motivación con base en la cual se declara la nulidad del acto acusado.

En primer lugar, en cuanto se dice que el Vicepresidente no es un funcionario con atribuciones propias, pues su función es solo la de reemplazar al Presidente de la República en sus faltas temporales o absolutas. Pienso, por el contrario, que en la Constitución sí se le otorga un especial tratamiento al Vicepresidente que lo coloca, por lo menos, en la categoría de "servidor público", así su cargo no esté relacionado en el artículo 123 de la Constitución, en la medida de que ésta señala que existen casos de falta absoluta del Vicepresidente, a saber, la muerte, la renuncia aceptada y la incapacidad física. Si su situación es apenas la de mera vocación para reemplazar al Presidente, de qué renuncia De esa vocación simplemente

Ciertamente, el Vicepresidente no es un "funcionario público", en el sentido que le da el inciso segundo del artículo 2º del decreto 2400 de 1.968, modificado por el art. 1º del decreto 3074 de 1.968, pero concurren en él ciertas circunstancias, previstas en la Constitución, que lo diferencian de cualquier particular ajeno a la función pública.

En efecto, el Vicepresidente es elegido por el voto popular para ejercer unas funciones públicas (reemplazar al Presidente en sus faltas absolutas o temporales, cumplir con las misiones o encargos especiales que le confíe el Presidente de la República y desempeñar cualquier cargo de la rama ejecutiva para el cual sea designado por el Presidente), lo cual supone una permanente disponibilidad del mismo. La Corte Constitucional ha dicho al respecto que "…es obvio, como lo han señalado algunos críticos de la institución de la Vicepresidencia, que su titular no desempeña función alguna, mientras no se da el supuesto de reemplazar al Presidente; sin embargo, debe entenderse que la figura fue institucionalizada precisamente bajo la idea de que el Vicepresidente tuviera vocación o se encontrara en disponibilidad de desempeñar las funciones presidenciales en las hipótesis previstas en la Constitución".

De ahí que, continúa la Corte Constitucional: "…el cargo de Vicepresidente corresponde a un empleo público y que sus funciones están determinadas en la Constitución" (sentencia C-594, de 7 de diciembre de 1.995, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell, Expediente D- 953).

En segundo lugar, considero que el objeto de la demanda era el de establecer si el Presidente de la República, mediante un decreto de carácter reglamentario, podía extender la aplicación al Vicepresidente las normas relativas a las "situaciones administrativas" propias de los Ministros y Jefes (sic) de Departamentos Administrativos, de lo cual se ocupa únicamente el decreto 598 de 1.995 acusado, y este punto se soslayó un tanto al decir apenas que "el Presidente de la República no tiene competencia para fijar las situaciones administrativas… que puedan corresponder al Vicepresidente de la República…".

Y digo que se soslayó, porque frente al tema sólo se hizo la siguiente consideración:

"En el mismo orden de ideas (sobre salarios y prestaciones, que no era objeto de la impugnación), en cuanto a las situaciones administrativas, el Decreto Extraordinario número 2400 de 1.968, artículos 18 a 24, regula las situaciones administrativas en las que puedan encontrarse los empleados vinculados regularmente a la administración, como son, a manera de ejemplo, las licencias o permisos".

Con esa consideración, a renglón seguido se dice que:

"Puede así concluirse que la competencia general en materia de regulación de las prestaciones sociales así como de las situaciones administrativas de los funcionarios públicos es el del Congreso de la República y corresponde al Gobierno el desarrollo de los principios contenidos en la ley"

Inferencia esta que, aunque es cierta, es insuficiente para llegar a la conclusión definitiva de que "resulta contrario a la Constitución que el Presidente de la República reglamente exclusiva y directamente esas materias", cuando más bien suena contradictoria.

Atentamente,

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Servidor Público

El Vicepresidente de la República es un servidor público, a título de funcionario público, con una investidura sui-generis por cuanto su función pública principal es vocacional y es la de reemplazar al Presidente de la República en las faltas temporales y absolutas de este. Pero ello no impide, a la luz de la Carta, que el Presidente de la República pueda confiarle misiones o encargos especiales, los cuales pueden ser transitorios o permanentes durante el periodo, ni que el legislador pueda asignarle otro tipo de funciones públicas.

ACLARACION DE VOTO

REF:Expediente núm. AI-042.

Actor: JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO.

Aún cuando comparto la decisión adoptada en la parte resolutiva de la presente providencia, disiento sin embargo de las siguientes afirmaciones que se hacen en la parte considerativa de la misma.

En efecto, se dice respecto del Vicepresidente de la República:

"….. No se trata … de un funcionario con atribuciones propias, ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del cargo. Es el reemplazo del Presidente de la República en las hipótesis previstas en la Constitución Política y nada más ….. Es en dicho momento cuando el Vicepresidente se convierte en funcionario, al tomar posesión del cargo en calidad de Presidente Encargado ..… puede afirmarse que desde el punto de vista técnico jurídico el Vicepresidente de la República no es un funcionario público en ejercicio de sus funciones constitucionales sino una persona con vocación de suceder al Presidente de la República, cuando se presentan las circunstancias previstas constitucional-mente para ello ….. Pero en el evento de que el Vicepresidente sea designado en un cargo de la rama ejecutiva ….., entonces sí, ….. se convertirá, adicionalmente, en funcionario del gobierno, sujeto a las situaciones administrativas propias de los servidores públicos. Es así como si el Vicepresidente es designado Ministro, en esta condición hará parte del gobierno ….. O en el evento de que ingrese al servicio exterior como funcionario diplomático, a manera de ejemplo en calidad de embajador, se convertirá entonces en agente diplomático del Presidente de la República. En las dos hipótesis a que se ha hecho referencia el Vicepresidente de la República acumularía a esta calidad la de funcionario público ….. Por no ser funcionario público en su condición de Vicepresidente de la República, puede éste ejercer cargos públicos o desempeñar algunas funciones públicas ….. el Vicepresidente de la República no es un empleado público de la rama ejecutiva, asimilable a los Ministros del Despacho y a los Directores de Departamentos Administrativos, pues, como se anotó en los párrafos anteriores, el Vicepresidente es funcionario en la medida en que supla las faltas temporales o absolutas del Presidente de la República, o en la hipótesis de ser nombrado en un cargo de la rama ejecutiva, no antes …..".

En relación con dichas afirmaciones considero lo siguiente:

1-. Incuestionablemente el Vicepresidente de la República es un servidor público, a título de funcionario público, con investidura que obtiene en virtud de elección popular "el mismo día y en la misma fórmula" con el Presidente de la República y con el mismo período de éste, conforme al artículo 202 de la Constitución Política.

2-. El cargo de Vicepresidente de la República es empleo de la Rama Ejecutiva, pues está regulado en el Capítulo 3 del Título VII correspondiente a dicha Rama.

La condición de empleo público la reafirma el artículo 173, numeral 1, ibídem.

Dicho cargo público está sujeto a calidades y a un régimen de inhabilidades y de faltas absolutas en los artículos 202, 204 y 205 ibídem.

Como empleo público de rango constitucional que es, tiene funciones señaladas en la Carta Política y son de tres clases: la primera, de carácter vocacional y es la de reemplazar al Presidente de la República en las faltas temporales o absolutas de éste; la segunda, la de cumplir las misiones o encargos especiales que le confíe el Presidente de la República; y la tercera, la de desempeñar cualquier cargo en la Rama Ejecutiva en la que sea designado por el Presidente de la República (artículos 202 y 122 ibídem).

3-. Además, puede ser, a mi juicio, objeto el cargo de Vicepresidente de la República, de asignación de otro tipo de funciones públicas por el legislador, según se deriva de lo dispuesto en los artículos 150, numeral 23, y 122 ibídem.

De lo antes expuesto se infiere que el Vicepresidente de la República es un servidor público, a título de funcionario público, con una investidura sui-generis por cuanto su función pública principal es vocacional y es la de reemplazar al Presidente de la República en las faltas temporales y absolutas de éste. Pero ello no impide, a la luz de la Carta, que el Presidente de la República pueda confiarle misiones o encargos especiales, los cuales pueden ser transitorios o permanentes durante el período, ni que el legislador pueda asignarle otro tipo de funciones públicas.

Fecha ut supra,

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Consejero

CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza

Apreciación contraria a claros preceptos constitucionales resulta el considerar que el Vicepresidente de la República no es un funcionario público, pues conceptos elementales enseñan que empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo, calidad que el Vicepresidente detenta desde el momento en que es elegido por votación popular el mismo día y en la misma formula con el Presidente de la República. Suficiente ilustración trae el artículo 173 de la Carta Política cuando señala entre las atribuciones del Senado la de admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos, el Presidente de la República o el Vicepresidente. También el articulo 205 ibidem, prevé que son faltas absolutas del Vicepresidente, entre otras, la renuncia aceptada. No se concibe una renuncia de quien no es funcionario. El Vicepresidente adquiere dicha calidad y es servidor público por votación popular, ejerce sus funciones en la forma prevista por la Constitución y para el periodo correspondiente. Se dice también que el Vicepresidente no es un funcionario con atribuciones propias, porque el ejercicio de las mismas esta condicionado a que se sucedan las faltas temporales o absolutas del titular. Cómo aceptar esta afirmación, si es la misma Carta la que prescribe, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento. El mismo mandato superior ordena que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADO DOCTOR JAVIER DIAZ BUENO

Santafé de Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Ref. : Exp. No. A-I 042

Actor: JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO

Me aparté de la decisión mayoritaria por lo siguiente:

La norma objeto de la controversia, artículo 1º del Decreto 598 de 6 de abril de 1995 expedido por el Presidente de la República, se refería a las situaciones administrativas en que podía encontrarse el señor Vicepresidente de la República, o sea, a las modalidades que toma la relación de servicio de derecho público.

Consideró la mayoría de la Sala que el Vicepresidente de la República no es un funcionario con atribuciones propias, ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del cargo y sobre dicha base estructuró la sentencia para declarar la nulidad del acto.

Tales planteamientos resultan no sólo inexactos, sino improcedentes, pues la controversia debió girar exclusivamente sobre la competencia del Presidente de la República para regular situaciones administrativas del Vicepresidente. De esa manera se diluyó el problema jurídico, suscitó disquisiciones inconducentes que a la postre condujeron a un desgaste intelectual inútil y se expusieron conclusiones desatinadas por lo siguiente:

Apreciación contraria a claros preceptos constitucionales resulta el considerar que el Vicepresidente de la República no es un funcionario público, pues conceptos elementales enseñan que empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo, calidad que el Vicepresidente detenta desde el momento en que es elegido por votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República. Suficiente ilustración trae el artículo 173 de la Carta Política cuando señala entre las atribuciones del Senado, la de admitir o no las renuncias que hagande sus empleos, el Presidente de la República o el Vicepresidente. También el artículo 205 ibídem, prevé que son faltas absolutas del Vicepresidente, entre otras, la renuncia aceptada. No se concibe una renuncia de quien no es funcionario. El Vicepresidente adquiere dicha calidad y es servidor público por votación popular, ejerce sus funciones en la forma prevista por la Constitución y para el período correspondiente.

Se dice también que el Vicepresidente no es un funcionario con atribuciones propias, porque el ejercicio de las mismas está condicionado a que se sucedan las faltas temporales o absolutas del titular. Cómo aceptar ésta afirmación, si es la misma Carta la que prescribe, que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento (artículo 122).

El mismo mandato superior ordena que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento (artículo 123).

El Vicepresidente es elegido y ejerce sus funciones en la forma prevista en los artículos 202 a 205 de la Carta Política, independientemente de que se produzcan o no las faltas temporales o absolutas del titular, es decir, lo es por todo el período del Presidente aunque en el curso del mismo no se presenten faltas temporales o absolutas, si se llegaren a presentar, dicho funcionario asume el cargo del Presidente, pero por el hecho de no asumirlo, no deja de ser Vicepresidente, lo es por el sólo hecho de la elección y la Constitución señala las funciones, para las cuales se concibió dicha institución.

Con toda consideración,

JAVIER DIAZ BUENO

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Empleado Público / EXTRALIMITACION DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA - Inexistencia

El cargo de Vicepresidente de la República es empleo de la rama ejecutiva, y por ello el capitulo 3, del vicepresidente, se encuentra comprendido en el titulo Vll, de la Rama Ejecutiva, de la Constitución. Y es función del Vicepresidente, según el articulo 202, reemplazar al Presidente en sus faltas absolutas o temporales, además de que el Presidente puede confiarle misiones o encargos especiales; también designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, caso en el cual tendrá, además de las anteriores, las propias del cargo en que sea designado. Que se trata de un empleo viene dicho expresamente en el articulo 173, numeral 1, de la Constitución, que atribuye al Senado la función de admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente. Ello, es mi parecer, sin perjuicio de que la ley le atribuya funciones adicionales, en conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Constitución, aun cuando la Corte dijo que "es el Presidente la única autoridad que puede asignarle funciones adicionales, bien confiándole misiones o encargos especiales o mediante el mecanismo de la designación en un cargo de la rama ejecutiva. Según lo establecido en el artículo 128 de Constitución, nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público, lo cual hizo necesaria la disposición del artículo 202 según la cual puede el Presidente designar al Vicepresidente en cualquier cargo de la rama ejecutiva. Se hacia necesaria esta última disposición, precisamente, porque el Vicepresidente es empleado público, y para que pudiera desempeñar cualquier otro empleo, simultáneamente, se requería de disposición especial que estableciera la excepción a la prohibición de la regla general. Es evidente que si no se tratara de un empleado resultaría superflua esa disposición, porque la facultad del Presidente de la República de nombrar empleados de la rama ejecutiva a cualesquiera personas esta establecida de manera general en el articulo 189, numerales 1, 2 y 13, de la Constitución, en cuyo ejercicio bien podría nombrar al ciudadano Vicepresidente, sin necesidad de norma especial que lo autorizara, de no ser porque se trata de un empleado público.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Santa fe de Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1.998).

Consejero Ponente Doctor MANUEL URUETA AYOLA

Ref.: Expediente AI - 042

Demandante JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO

Acción de nulidad

SALVAMENTO DE VOTO

Son las siguientes las razones de mi disentimiento:

1. Declaró la Sala que era nulo el decreto 598 de 1.995, por el cual se dispuso que las normas que regulan las situaciones administrativas en que se encuentren los ministros y los directores de departamento administrativo, tales como permiso, licencia y vacaciones, se aplicarán en lo pertinente a las situaciones administrativas en que se encuentre el Vicepresidente de la República.

Para decidirlo así dijo la Sala que la función del Vicepresidente, según el artículo 202 de la Constitución, "es la de reemplazar al Presidente de la República en sus faltas temporales o absolutas", de manera que no es "un funcionario con atribuciones propias, ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del cargo"; que el Vicepresidente es "el reemplazo del Presidente de la República en las hipótesis previstas en la Constitución Política y nada más"; que es "en dicho momento cuando el Vicepresidente se convierte en funcionario", y que "puede afirmarse que desde el punto de vista técnico jurídico el Vicepresidente de la República no es un funcionario público en ejercicio de sus funciones constitucionales sino una persona con vocación de suceder al Presidente de la República, cuando se presentan las circunstancias previstas constitucionalmente para ello".

Dijo también que, según lo establecido en la misma disposición, el Presidente puede designar al Vicepresidente en cualquier cargo de la rama ejecutiva, caso en el cual, "entonces sí, éste se convertirá, adicionalmente, en funcionario del gobierno, sujeto a las situaciones administrativas propias de los servidores públicos", y acumularía a su calidad de Vicepresidente "la de funcionario público, por lo que las situaciones administrativas predicables de éstos últimos lo cobijarían en dicha condición de funcionario".

Y que es por no ser funcionario por lo que puede el Vicepresidente "ejercer cargos públicos o desempeñar algunas funciones públicas".

En síntesis, que "el Vicepresidente de la República no es un empleado público de la rama ejecutiva, asimilable a los ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos, pues, como se anotó en párrafos anteriores, el Vicepresidente es funcionario en la medida en que supla las faltas temporales o absolutas del Presidente de la República, o en la hipótesis de ser nombrado en un cargo de la rama ejecutiva, no antes".

Por otra parte, dijo la Sala que el Presidente expidió la norma acusada a pretexto del ejercicio de la potestad reglamentaria de que trata el artículo 189, numeral 11, de la Constitución, y que de aceptar, en gracia de discusión, que el Vicepresidente de la República es un empleado público, tampoco tendría competencia el Presidente para reglamentar las situaciones administrativas en las cuales podría encontrarse aquél, porque no existe ley previa sobre la materia susceptible de reglamentación.

Son todas, afirmaciones de que discrepo.

2. El cargo de Vicepresidente de la República es empleo de la rama ejecutiva, y por ello el capítulo 3, Del Vicepresidente, se encuentra comprendido en el título VII, De la Rama Ejecutiva, de la Constitución.

Y es función del Vicepresidente, según el artículo 202, reemplazar al Presidente en sus faltas absolutas o temporales, además de que el Presidente puede confiarle misiones o encargos especiales; también designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, caso en el cual tendrá, además de las anteriores, las propias del cargo en que sea designado.

Que se trata de un empleo viene dicho expresamente en el artículo 173, numeral 1, de la Constitución, que atribuye al Senado la función de admitir o no las renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.

Es ésta también la opinión de la Corte Constitucional que, en sentencia C-594 de 7 de diciembre de 1.995, dijo que "el cargo de Vicepresidente corresponde a un empleo público y que sus funciones están determinadas en la Constitución" (Gaceta de la Corte Constitucional, 1.995, t. 12, p. 264).

Ello, es mi parecer, sin perjuicio de que la ley le atribuya funciones adicionales, en conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Constitución, aun cuando la Corte dijo que "es el Presidente la única autoridad que puede asignarle funciones adicionales, bien confiándole misiones o encargos especiales o mediante el mecanismo de la designación en un cargo de la rama ejecutiva" (loc. cit.).

Finalmente, según lo establecido en el artículo 128 de la Constitución, nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público, lo cual hizo necesaria la disposición del artículo 202 según la cual puede el Presidente designar al Vicepresidente en cualquier cargo de la rama ejecutiva.

Se hacía necesaria esta última disposición, precisamente, porque el Vicepresidente es empleado público, y para que pudiera desempeñar cualquier otro empleo, simultáneamente, se requería de disposición especial que estableciera la excepción a la prohibición de la regla general. Es evidente que si no se tratara de un empleado resultaría superflua esa disposición, porque la facultad del Presidente de la República de nombrar empleados de la rama ejecutiva a cualesquiera personas está establecida de manera general en el artículo 189, numerales 1, 2 y 13, de la Constitución, en cuyo ejercicio bien podría nombrar al ciudadano Vicepresidente, sin necesidad de norma especial que lo autorizara, de no ser porque se trata de un empleado público, caso en el cual, se repite, resultaba indispensable la disposición que estableciera la excepción a la prohibición general.

3. Dijo también la Sala que el Presidente expidió la norma acusada a pretexto del ejercicio de la potestad reglamentaria, para lo que tampoco tenía competencia, porque no existe ley previa sobre la materia susceptible de reglamentación.

Afirmación inexacta, en presencia, entre otros, del decreto 2.400 de 1.968, por el cual se reguló la administración del personal que presta servicios en empleos de la rama ejecutiva del poder público, cuyo capítulo V trata, precisamente, las situaciones administrativas.

4. Entonces, es mi opinión, debieron ser denegadas las pretensiones de la demanda.

MARIO ALARIO MÉNDEZ

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Servidor Público / EXTRALIMITACION DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA - Inexistencia

La Constitución Política incluye en el Título Vll, de la Rama Ejecutiva, Capitulo 3, del Vicepresidente, a dicho servidor público. La función de vicepresidente entraña el desempeño de un cargo público, como lo señalo la Corte Constitucional en sentencia C-594 del 7 de diciembre de 1995, en la medida en que "sus funciones están determinadas en la constitución". Esa misma es la razón por la que la carta tuvo que decir en el articulo 202 que el Presidente podrá designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, pues de conformidad con el 128 no podría desempeñar simultáneamente mas de un empleo público, a menos que exista, como en efecto existe, esta excepción de rango constitucional. El decreto acusado implica el ejercicio de la potestad reglamentaria propia del jefe del Estado, por manera que han debido denegarse las pretensiones de la demanda.

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO CARLOS ARTURO ORJUELA GONGORA A LA SENTENCIA DICTADA EL 14 DE JULIO DE 1998 EN EL EXPEDIENTE Nº AI-042.- ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD.- ACTOR: JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO.-

(Nulidad del decreto 598 de 1995, artículo 1º, expedido por el Gobierno Nacional).

Santafé de Bogotá, D. C., agosto veinticuatro (24) de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Con el respeto de siempre por las decisiones mayoritarias de la Sala, me permito sintetizar las razones por las cuales me separé de lo resuelto, así:

La Constitución Política incluye en el Título VII, De la Rama Ejecutiva, Capítulo 3, Del Vicepresidente, a dicho servidor público.

La función de Vicepresidente entraña el desempeño de un cargo público, como lo señaló la Corte Constitucional en sentencia C-594 del 7 de diciembre de 1995, en la medida en que "sus funciones están determinadas en la Constitución".

Esa misma es la razón por la que la Carta tuvo que decir en el artículo 202 que el Presidente podrá designarlo en cualquier cargo de la rama ejecutiva, pues de conformidad con el 128 no podría desempeñar simultáneamente más de un empleo público, a menos que exista, como en efecto existe, esta excepción de rango constitucional.

El decreto acusado implica el ejercicio de la potestad reglamentaria propia del Jefe del Estado, por manera que han debido denegarse las pretensiones de la demanda.

Por lo demás, con la venia de sus autores, hago mías las argumentaciones expuestas por los Consejeros Mario Alario Méndez y Ricardo Hoyos Duque en sus salvamentos de voto.

Con todo comedimiento,

CARLOS ORJUELA GONGORA

POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE - Extralimitación / VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza del Cargo

En mi opinión, no existe duda que el decreto acusado violó el numeral 11 del articulo 189 de la Constitución Política, en la medida que el Ejecutivo procedió mediante él mismo a tomar una serie de determinaciones, sin que hubiera existido ley para reglamentar y por ello procede la anulación del citado decreto. Para tomar la decisión anterior, con la cual, reitero, estoy de acuerdo, resulta innecesario y por lo demás exagerado discurrir sobre la calidad que ostenta el Vicepresidente, para concluir que carece por entero de funciones, mientras no sea llamado a remplazar al Presidente; que en tal hipótesis, se estaría en presencia de una persona o un ciudadano que en nada se diferenciaría de los demás. Todo ello debido a que las funciones para él establecidas en la Constitución, articulo 202 y siguientes, estarían condicionadas a la existencia de los hechos futuros e inciertos previstos en dichas normas. Considero que los planteamientos expuestos en la decisión, en el sentido anotado, se desvanecen si se tiene en cuenta que la constitución expresamente contempla la institución del Vicepresidente advirtiendo su origen popular y su elección con los mismos votos, en la misma forma, fecha, y para el mismo periodo que el Presidente. este hecho, le otorga al Vicepresidente una calidad o investidura que no puede ser desconocida pretextando oscuridad o silencio, en relación con el catalogo de sus derechos, deberes y responsabilidades, todos ellos derivados de la circunstancia fundamental de haber sido ungido con la decisión popular mayoritaria. La Constitución lo considera como empleado en varios de sus artículos y, de manera general, le concede el mismo status del Presidente. NOTA DE RELATORIA. La honorable Consejera Doctora. Dolly Pedraza de Arenas se adhirió a la presente Aclaración de Voto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ACLARACION DE VOTO DEL DOCTOR DANIEL MANRIQUE GUZMAN

Ref: Radicación AI-042

Actor: Juan Horacio Lara Zambrano

Providencia aprobada en sesión de julio 14 de 1998.

Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta A.

Con el debido respeto, procedo en oportunidad a consignar las razones por las que debo aclarar mi voto, pues, a pesar de estar de acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia, no lo estoy en cuanto a algunas de las razones o fundamentos expuestos para sustentarla. Veámoslo:

1. En mi opinión, no existe duda que el decreto acusado violó el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en la medida que el Ejecutivo procedió mediante el mismo a tomar una serie de determinaciones, sin que hubiera existido ley para reglamentar y por ello procede la anulación del citado Decreto. Para tomar la decisión anterior, con la cual, reitero, estoy de acuerdo, resulta innecesario y por lo demás exagerado discurrir sobre la calidad que ostenta el Vicepresidente, para concluir que carece por entero de funciones, mientras no sea llamado a reemplazar al Presidente; que en tal hipótesis, se estaría en presencia de una persona o un ciudadano que en nada se diferenciaría de los demás. Todo ello debido a que las funciones para él establecidas en la Constitución, art. 202 y siguientes, estarían condicionadas a la existencia de los hechos futuros e inciertos previstos en dichas normas.

2. Considero que los planteamientos expuestos en la decisión, en el sentido anotado, se desvanecen si se tiene en cuenta que la Constitución expresamente contempla la institución del Vicepresidente advirtiendo su origen popular y su elección con los mismos votos, en la misma forma, fecha, y para el mismo período que el Presidente. Este hecho, le otorga al Vicepresidente una calidad o investidura que no puede ser desconocida pretextando oscuridad o silencio, en relación con el catálogo de sus derechos, deberes y responsabilidades, todos ellos derivados de la circunstancia fundamental de haber sido ungido con la decisión popular mayoritaria. La Constitución lo considera como empleado en varios de sus artículos y, de manera general, le concede el mismo status del Presidente.

3. Tan cierto es lo anterior que en la parte motiva de la propia providencia no se pudo dejar de aludir a la "situación jurídica del Vicepresidente", expresión que a no dudarlo, lo diferencia del común de los mortales, pues no todos ellos la tienen (página 15); "Situación que la norma ha previsto como compatible con la calidad de Vicepresidente, entonces sí, éste se convertirá, ADICIONALMENTE en funcionario del gobierno" (página 17); lo que significa que puede sumar a su calidad de Vicepresidente las funciones relacionadas con el cargo ofrecido. En otra parte de la providencia se dice que "En las dos hipótesis a que se ha hecho referencia el Vicepresidente de la República ACUMULARIA a esta calidad la de funcionario público" (páginas 17 y 18); por lo que es obvio que para poder acumular como se acepta en la citada providencia, se requiere tener previamente la calidad de empleado. Es pues la propia parte motiva de la providencia que esta aceptando el status de empleado del Vicepresidente, antes de asumir los encargos que le confía el Presidente.

En la forma precedente dejo aclarado mi voto en relación con la decisión de la referencia.

Con todo respeto,

DANIEL MANRIQUE GUZMAN

Fecha ut supra.

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Ejercicio de funciones públicas / FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza

El vicepresidente, independientemente reemplace o no al Presidente de la República, ejerce durante todo el periodo constitucional funciones públicas, puesto que siempre se encuentra dispuesto a desempeñar misiones o encargos especiales y desempeñar algún cargo público. Esta disposición es permanente y no tiene interrupción de ninguna naturaleza, a menos que renuncie a su investidura. De allí que el art. 173, num. 1° de la Carta le confiere la categoría de empleo a la función del Vicepresidente, al prescribir como atribución del senado la de "Admitir o no renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente." Coherente con lo anterior, el decreto 2243 de 1994, expedido por el Presidente de la República "en desarrollo de las normas generales previstas en la ley 4 de 1992" incluyo dentro de la nomenclatura del nivel de Dirección y de Asistencia al Presidente de que trata el decreto 16841 de 1991, el empleo "Vicepresidente de la República", quien "prestara asistencia permanente al Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales", como lo expresa la parte considerativa del decreto y, por lo cual se le asigna remuneración. En conclusión el Vicepresidente de la República ejerce funciones públicas expresamente reguladas y por las cuales recibe remuneración. En conclusión el Vicepresidente de la República ejerce funciones públicas expresamente reguladas y por las cuales recibe remuneración.

ACLARACION DE VOTO DR. JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ

REF.: Expediente NI AI-042

ACTOR: JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO

Si bien comparto la decisión adoptada en la presente providencia, me permito formular las siguientes aclaraciones a la parte motiva de la misma:

1. En el fallo en mención se afirma que el Vicepresidente de la República no es un funcionario con atribuciones propias, "ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del cargo ( .. ) puede afirmarse que desde el punto de vista técnico jurídico el Vicepresidente de la República no es un funcionario público en ejercicio de sus funciones constitucionales sino una persona con vocación de suceder al Presidente de la República, cuando se presentan las circunstancias previstas constitucionalmente para ello."

2. Al respecto estimo pertinente precisar dos situaciones respecto al Vicepresidente de la República: Las funciones públicas desempeñadas en su condición de Vicepresidente y su vocación eventual para reemplazar al Presidente titular.

3. Por disposición constitucional la investidura de Vicepresidente de la República se adquiere por el mecanismo democrático de elección popular, dentro de la misma fórmula en la que se elige Presidente de la República. Esta condición le confiere al ciudadano elegido una calidad especial, por cuanto está constitucionalmente autorizado para:

a) Cumplir misiones o encargos especiales que le confíe el Presidente

de la República o,

b) Desempeñar cargos en la rama ejecutiva por expresa designación de

Presidente.

Encontrándose en la primera situación, el Vicepresidente cumple sin lugar a dudas claras funciones públicas y que son aquellas que le corresponden al Presidente de la República en su condición de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa.

Para el ejercicio de tales . funciones de confianza, el Vicepresidente no requiere posesionarse. Situación diferente ocurre cuando el Vicepresidente se encuentra en la segunda situación, en donde al ser designado en un cargo en la rama ejecutiva del poder público tiene que posesionarse legalmente en el mismo.

Lo anterior significa que el Vicepresidente, independientemente reemplace o no al Presidente de la República, ejerce durante todo el período constitucional funciones públicas, puesto que siempre se encuentra dispuesto a desempeñar misiones o encargos especiales y desempeñar algún cargo público. Esta disposición es permanente y no tiene interrupción de ninguna naturaleza, a menos que renuncie a su investidura. De allí que el art. 173, num. 1º de la Carta le confiere la categoría de empleo a la función del Vicepresidente, al prescribir como atribución del Senado la de "Admitir o no renuncias que hagan de sus empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente."

Coherente con lo anterior, el decreto 2243 de 1994, expedido por el Presidente de la República "en desarrollo de las normas generales previstas en la ley 4" de 1992" incluyó dentro de la nomenclatura del nivel de Dirección y de Asistencia al Presidente de que trata el decreto 1681 de' 1991, el empleo "Vicepresidente de la República", quien "prestará asistencia permanente al Presidente de la República en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales", como lo expresa Ia parte considerativa del decreto y, por lo cual se le asigna remuneración.

En conclusión el Vicepresidente de la República ejerce funciones públicas expresamente reguladas y por las cuales recibe remuneración.

Fecha ut supra,

JUAN DE DIOS MONTES HERNANDEZ

CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Naturaleza / EXTRALIMITACION DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA - Inexistencia / NULIDAD DE NORMA REGLAMENTARIA - Improcedencia

El cargo de Vicepresidente corresponde a un empleo público, cuyas funciones están previstas en la propia Constitución Política, y en razón de lo anterior me parece inexacta la aseveración del fallo en cuestión en el sentido de que "el Vicepresidente de la República no es en dicha calidad un empleado público... lo cual significa que la norma no lo considera funcionario público", para concluir con decisión favorable a las súplicas de la demanda, las cuales, a mi manera de ver, no han debido prosperar.

NOTA DE RELATORIA. Al presente Salvamento se adhiere al Doctor Daniel Suárez Hernández.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Santafé de Bogotá .D.C., veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho ( 1998 )

SALVAMENTO DE VOTO

REF: EXPEDIENTE AI-042

ACTOR: JUAN HORA CIO LARA ZAMBRANO

DEMANDADA: COMISION NACIONAL DE TELEVISION

CONSEJERO PONENTE: Dr. MANUEL SANTIAGO URUETA

Con la debida consideración para con la mayoría de la Sala, me permito expresar las razones de mi desacuerdo:

A mi manera de ver el Vicepresidente de la República sí es un funcionario público, "sui generis' si se quiere, pero de todas formas considerado como tal en la propia Carta Fundamental. Así se deduce del primer inciso del artículo 123 superior, en cuanto dispone: "son servidores públicos ... los empleados y trabajadores del Estado ..." también se llega a la misma conclusión, con la lectura del numeral 1, artículo 173 ibídem, cuando dice: "son atribuciones del Senado: Admitir o no las renuncias que hagan desus empleosel presidente de la república o el vicepresidente... ".

Téngase en cuenta, además, que por mandato constitucional, las funciones que corresponden al vicepresidente de la república son, de acuerdo con el artículo 202, el de reemplazar al presidente en sus faltas temporales o absolutas; darle cumplimiento a las misiones o encargos especiales que le asigne el presidente y desempeñar cualquier cargo en la rama ejecutiva según lo decida el presidente.

En tales condiciones, puede sostenerse que el cargo de vicepresidente corresponde a un empleo público, cuyas funciones están previstas en la propia Constitución Política, y en razón de lo anterior me parece inexacta la aseveración del fallo en cuestión en el sentido de que "el vicepresidente de la República no es en dicha calidad un empleado público... lo cual significa que la norma no lo considera funcionario público., para concluir con decisión favorable a las súplicas de la demanda, las cuales, a mi manera de ver, no han debido prosperar.

Atentamente,

GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALVAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR DANIEL SUAREZ HERNANDEZ

REFERENCIA: RADICACION Al - 042

ACTOR: JUAN HORACIO LARA ZAMBRANO

Providencia aprobada en la sesión del 14 de julio de 1.998.

Consejero Ponente doctor MANUEL SANTIAGO URUETA

Con el debido respeto, me adhiero a las argumentaciones expuestas en los correspondientes salvamentos de voto por los doctores MARIO ALARIO MENDEZ y GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR, en razón a que comparto en su integridad los argumentos allí expuestos.

DANIEL SUAREZ HERNANDEZ

Fecha: ut supra