100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010007883SENTENCIACUARTA7693199623/08/1996SENTENCIA__CUARTA__7693__1996_23/08/1996100078831996SANEAMIENTO DE IMPUGNACIONES - Procedimiento / SANEAMIENTO DE DEMANDAS - Procedimiento / MAYOR IMPUESTO DISCUTIDO - Exoneración / LIQUIDACION DE REVISIÓN - Legalidad De la confrontación del artículo 245 de la Ley 223 de 1995 con el artículo 16 Parágrafo 2º del Decreto 196 de 1996 surge que evidentemente a través de la norma reglamentaria acusada, efectuándose una distinción no prevista en las normas superiores contenidas en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, y desconociéndose el principio de legalidad, se consagró una limitación o condición adicional para la procedencia de los saneamientos de impugnaciones y de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, consistente en la existencia de un mayor impuesto, condición que no está prevista en la ley, y que no puede confundirse, como lo pretende la Administración, con el beneficio fiscal concedido mediante los saneamientos en cuestión, esto es, la exoneración de parte del mayor impuesto, del anticipo para el año siguiente al gravable, las sanciones, actualización e intereses correspondientes. De acuerdo con lo anterior, no resultan aceptables las argumentaciones expuestas en el sentido de que como el beneficio fiscal es la exoneración de parte del mayor impuesto para acceder al mismo debe existir un mayor impuesto a cargo, toda vez que, como ya se dijo, en relación con la procedencia de los saneamientos de impugnaciones y de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, no establecieron la condición referente a la existencia de un mayor impuesto y el beneficio fiscal consagrado en los citados artículos de la Ley 223 de 1995 tiene un carácter plural, puesto que no está constituido únicamente por la exoneración de parte o del mayor impuesto, sino que asimismo, se previó en la ley la exoneración del anticipo para el año siguiente al gravable, las sanciones, actualizaciones e intereses correspondientes. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: CONSUELO SARRIA OLCOS Santafé de Bogotá, D.C, veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadCONSUELO SARRIA OLCOSRAFAEL ARENAS ANGEL | MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGAdemanda por la cual se solicita la nulidad del Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto Reglamentario 0196 del veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), expedido por el Presidente de la República con el objeto de reglamentar los artículos 238 a 240 y 242 a 247 de la Ley 223 de 1995.Identificadores10010007884true70198Versión original10007884Identificadores

Fecha Providencia

23/08/1996

Sección:  CUARTA

Consejero ponente:  CONSUELO SARRIA OLCOS

Norma demandada:  demanda por la cual se solicita la nulidad del Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto Reglamentario 0196 del veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), expedido por el Presidente de la República con el objeto de reglamentar los artículos 238 a 240 y 242 a 247 de la Ley 223 de 1995.

Demandante:  RAFAEL ARENAS ANGEL | MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA


SANEAMIENTODE IMPUGNACIONES - Procedimiento / SANEAMIENTO DE DEMANDAS - Procedimiento / MAYOR IMPUESTO DISCUTIDO - Exoneración / LIQUIDACION DE REVISIÓN - Legalidad

De la confrontación del artículo 245 de la Ley 223 de 1995 con el artículo 16 Parágrafo 2º del Decreto 196 de 1996 surge que evidentemente a través de la norma reglamentaria acusada, efectuándose una distinción no prevista en las normas superiores contenidas en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, y desconociéndose el principio de legalidad, se consagró una limitación o condición adicional para la procedencia de los saneamientos de impugnaciones y de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, consistente en la existencia de un mayor impuesto, condición que no está prevista en la ley, y que no puede confundirse, como lo pretende la Administración, con el beneficio fiscal concedido mediante los saneamientos en cuestión, esto es, la exoneración de parte del mayor impuesto, del anticipo para el año siguiente al gravable, las sanciones, actualización e intereses correspondientes. De acuerdo con lo anterior, no resultan aceptables las argumentaciones expuestas en el sentido de que como el beneficio fiscal es la exoneración de parte del mayor impuesto para acceder al mismo debe existir un mayor impuesto a cargo, toda vez que, como ya se dijo, en relación con la procedencia de los saneamientos de impugnaciones y de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, no establecieron la condición referente a la existencia de un mayor impuesto y el beneficio fiscal consagrado en los citados artículos de la Ley 223 de 1995 tiene un carácter plural, puesto que no está constituido únicamente por la exoneración de parte o del mayor impuesto, sino que asimismo, se previó en la ley la exoneración del anticipo para el año siguiente al gravable, las sanciones, actualizaciones e intereses correspondientes.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: CONSUELO SARRIA OLCOS

Santafé de Bogotá, D.C, veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996)

Radicación número: 7693

Actor:RAFAEL ARENAS ANGEL Y MAURICIO ALFREDO PLAZAS VEGA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Los doctoresRafael Arenas Angel y Mauricio Alfredo Plazas Vega en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, demandaron la nulidad del Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto Reglamentario 0196 del veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), expedido por el Presidente de la República con el objeto de reglamentar los artículos 238 a 240 y 242 a 247 de la Ley 223 de 1995.

No observando causal de nulidad alguna en el proceso, procede la Sala a dictar sentencia.

EL ACTO ACUSADO

Es el artículo 16 del Decreto 0196 de 1996, cuyo Parágrafo 2º, el demandado, se subraya:

"Artículo 16. Mayor Impuesto. Para los fines de los saneamientos previstos en los artículos 13, 14 y 15 del presente Decreto se entenderá como mayor impuesto generado o determinado, la suma que corresponde a la diferencia entre el impuesto a cargo determinado en la liquidación privada y el propuesto por la Administración Tributaria en el respectivo requerimiento especial, o el determinado, o el determinado en la liquidación oficial de revisión.

Parágrafo 1º. Tratándose de actos relativos a retención en la fuente, se tomará la suma que corresponda a la diferencia entre el total de retenciones del período establecidas en las declaraciones de retención menos las sanciones liquidadas, y el propuesto en el requerimiento especial o determinado en la liquidación oficial menos las sanciones.

Parágrafo 2º. Sin perjuicio de lo previsto para el saneamiento de sanciones, no habrá lugar a la aplicación de estos saneamientos cuando del requerimiento especial o de la liquidación oficial no surja un mayor impuesto a cargo del contribuyente o responsable" (se destaca).

LA DEMANDA

Los demandantes solicitan la nulidad del Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto Reglamentario 0196 de 1995 al considerarlo violatorio de los artículos 3º, 113 y 189 numeral 11 de la Constitución Política y, 245 y 246 de la Ley 223 de 1995.

El concepto de la violación se sintetiza así:

1. La disposición acusada vulnera en forma manifiesta los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, debido a que establece una condición adicional, esto es, que no habrá lugar a la aplicación de los saneamientos cuando del requerimiento especial o de la liquidación oficial no surja un mayor impuesto a cargo del contribuyente o responsable, condición que no está prevista en las normas reglamentadas, las cuales se limitan a incluir dentro de los requisitos para que opere el, saneamiento, que el contribuyente o responsable pruebe el pago del 25%, 50%, 65% u 80% del mayor impuesto que se genere como consecuencia del requerimiento especial, se determine por la Administración o se discuta en primera o segunda instancia ante la jurisdicción.

La norma acusada pretende, desconociendo la Ley que reglamenta, que los procedimientos de determinación que necesitan requerimiento especial y liquidación de revisión, en los cuales es usual pero no imprescindibles la existencia de un mayor impuesto, implican que la Administración haya planteado o liquidado un mayor impuesto, y que tratándose únicamente de sanciones, no procede el saneamiento, excediendo de esta manera la norma legal reglamentada.

Al respecto señalaron, que si se atiende el precepto demandado se presentarían situaciones de injusticia, porque si la Administración plantea en el requerimiento o determina en la liquidación un mayor impuesto, el contribuyente queda cobijado por el saneamiento si paga el porcentaje del impuesto que le corresponda, pero si la Administración no plantea ni determina mayor impuesto, no se favorece con el saneamiento, conclusión que califican de absurda, puesto que la posición de quien es sometido a la liquidación oficial con mayor impuesto a su cargo y sanciones, es más grave que la de quien no es requerido por mayor impuesto y sanciones, sino únicamente por sanciones.

2. La extralimitación de lo dispuesto en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995 ocasionó la violación, por parte del titular de la potestad reglamentaria, del artículo 189 numeral 11 de la Constitución Nacional, porque la ejerció en exceso de sus facultades.

Se presentó el desconocimiento de lo establecido en los artículos 3º y 113 de la Carta, cuales prevén que la soberanía reside en el pueblo y éste la ejerce directamente o mediante sus representantes, y que los órganos del Estado ejercen funciones separadas, respectivamente.

Solicitaron la suspensión provisional de la norma acusada, la cual fue decretada a través del auto de diecinueve (19) de abril de mil novecientos noventa y seis (1996), confirmado mediante el auto de mayo veinticuatro del mismo año, que resolvió el recurso de reposición.

OPOSICION A LA DEMANDA

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales al contestar la demanda, se opone a los argumentos y pretensiones de los actores, alegando que al expedir el Presidente de la República el Decreto 0196 de 1996, lo hizo en ejercicio de su potestad reglamentaria, cuyo fin es la cumplida ejecución de las leyes.

Explica que la potestad reglamentaria consiste en la expedición de decretos que faciliten la ejecución de las previsiones generales dispuestas en la ley originaria del Congreso o del legislador extraordinario, que a través de dicho reglamento se da vida práctica a una ley para ponerla en ejecución y que las características de los expedidos por el ejecutivo en ejercicio de tal facultad han sido precisadas por la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del veinticinco (25) de julio de mil novecientos noventa y uno (1991), Expediente 2279, Actor: Ernesto Rey Cantor; y en sentencias del Consejo de Estado de tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995), Expediente 5604, Actor: Martha Cecilia Paéz Gallo, Ponente doctor Delio Gómez Leyva y veintiocho (28) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), Expediente 922 Actor Isidoro Arévalo, Ponente: doctor Yesid Rojas, cuyos apartes transcriben, y deduce la necesidad de la expedición del Decreto 0196 de 1996, para hacer aplicables los artículos 238 a 240 y 242 a 247 de la Ley 223 de 1995.

Con fundamento en la sentencia de la Corte Constitucional C021 de enero veintisiete de 1994, señala que en el juicio de nulidad se debe efectuar un análisis sistemático de la norma demandada y de la que ha sido objeto de reglamentación, y al efecto, luego de transcribir los artículos 238 a 243, 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, afirma que la exoneración prevista en los citados artículos 245 y 246, está referida al "mayor impuesto" determinado al contribuyente, teniendo en cuenta que para acceder al saneamiento de impugnaciones y de demandas, es requisito indispensable acreditar el pago de parte del mayor impuesto, situación que difiere de la prevista para el saneamiento de sanciones, cuyo presupuesto legal es la existencia de un pliego de cargos o de una resolución sanción.

Manifiesta que la interpretación del conjunto normativo que regula los saneamientos fiscales es necesaria para comprender que cuando la ley prevé la posibilidad de sanear recursos, actuaciones o acciones promovidas en contra del requerimiento especial o de la liquidación oficial, para su procedencia debe existir "un mayor impuesto a cargo", puesto que así lo determina la ley .

Con fundamento en lo anterior, concluye que del contenido de los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995 surge que el beneficio fiscal es la exoneración de parte del mayor impuesto cuando se trate de requerimiento especial o liquidación oficial, y que uno de los requisitos para acceder a los saneamientos en cuestión, es el pago de parte del mayor impuesto, por lo que como la disposición reglamentaria acusada prevé exactamente lo mismo que la ley, no se excedió dicho marco legal ni los principios constitucionales consagrados en los artículos 3º, 113 y 189 numeral 11 de la Constitución Nacional.

ALEGATOS DE CONCLUSION

La apoderada de la demandada dentro de esta oportunidad procesal reiteró los planteamientos expuestos en la contestación de la demanda, haciendo énfasis en que para la procedencia del saneamientos de impugnaciones y de acciones ante la jurisdicción contenciosa, previsto en los artículos 245 y 246 de la ley 223 de 1995 de constituye presupuesto indispensable que se haya determinado un mayor impuesto al declarado por el contribuyente, toda vez que solo en dicho evento es posible aceptar que se debe tal valor, y de la misma forma, sólo si se acepta deber el mayor impuesto que surja del requerimiento o la liquidación oficial se puede tener derecho a la exoneración de los valores establecidos en la Ley, en los porcentajes en ella previstos.

Concluyó alegando que no es posible aceptar los argumentos expuestos por los accionantes, en el sentido de que los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995 permiten acceder al saneamiento cuando en el requerimiento especial o en la liquidación oficial únicamente se han impuesto sanciones, ya que en esta materia se impone una interpretación restrictiva de las disposiciones, en atención a que los saneamientos pertenecen a un régimen de excepción transitorio, del cual solo pueden beneficiarse aquellas personas que se encuentren en las circunstancias establecidas en la ley, dentro de las cuales no cabe la hipótesis planteada por los demandantes.

Los actores alegaron, oponiéndose a las afirmaciones de la entidad demandada, que es cierto que el alcance del beneficio del saneamiento es la exoneración de parte del mayor impuesto y del anticipo, las sanciones y los intereses correspondientes, pero "no lo es que la hipótesis de referencia sea que haya un mayor impuesto planteado o liquidado en el requerimiento o en la liquidación oficial" (fl. 86), ya que la condición referente a "que haya un mayor impuesto planteado", no está prevista en la ley, cuya única hipótesis de referencia radica en que exista un proceso de determinación oficial del impuesto materializado en un requerimiento especial.

Al respecto precisaron que el que no haya un mayor impuesto planteado o liquidado, no implica que el interesado quede sin posibilidad de acogerse al saneamiento, como lo establece la norma reglamentaria acusada, sino que, por no existir un mayor impuesto, el contribuyente o responsable no tiene que pagar ninguno de los porcentajes del mayor impuesto previsto en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995.

A su juicio, la entidad demandada equivocadamente considera que el beneficio consagrado en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, en relación con los procesos de determinación, se concreta en la "exoneración de parte del mayor impuesto" para concluir que si no hay mayor impuesto no procede el saneamiento, sin tener en cuenta que el beneficio fiscal se extiende a las sanciones, intereses, anticipos y actualizaciones de deuda, y por lo tanto, para aquellos contribuyentes a quienes no se les ha determinado mayor impuesto, el beneficio en cuestión no puede comprender la exoneración de parte de un mayor impuesto que no existe, pero sí la de las sanciones, anticipo por el año siguiente, intereses y actualización de deuda.

Finalmente indicaron, que la interpretación armónica del ordenamiento jurídico no puede llevar al desconocimiento de lo dispuesto por el legislador y permitir que el titular de la potestad reglamentaria establezca condiciones que no fueron previstas.

LaSeñora Procuradora Octava Delegadaante la Corporación solicita que no se acceda a las de súplicas de la demanda, porque a su juicio, no existe contradicción entre las normas acusadas y los preceptos superiores contenidos en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, ya que si el beneficio que consagran los citados artículos es la exoneración del pago "de parte del mayor impuesto", se justifica que la disposición demandada establezca que si no existe un "mayor impuesto" no son procedentes las objeciones o impugnaciones o la aplicación de los saneamientos.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala en anteriores ocasiones ha tenido oportunidad de referirse a la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189 Numeral 11 de la Constitución Política Nacional, entre otras en la sentencia del catorce (14) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Expediente 5393, Actor: Juan Rafael Bravo Arteaga, Consejero Ponente: Doctor Guillermo Chahín Lizcano en la cual precisó:

"«Potestad reglamentaria (alcances y límites)

»Dispone el artículo 189 de la Constitución Política:

»Corresponde al Presidente de la República como Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad administrativa...».

»...11. Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes...».

Fija así la norma básica los límites y alcances de este poder al enmarcarlo dentro de dos (2) criterios expresamente señalados: el de competencia y el de necesidad.

Criterio de competencia o atribución que si bien responde a la obligación del Gobierno de hacer cumplir la ley tiene sus propios límites en la ley reglamentada y no pude el Presidente de la República, so pretexto de reglamentarla crear una nueva norma no contenida en aquella, ni modificarla para restringir o extender su alcance ni contrariar su espíritu o finalidad.

El criterio de 'necesidad' consagrado expresamente en el artículo citado (189-11 de la Constitución Política) enmarca el poder reglamentario a aquellos casos en que por ser obscura, condicional o imprecisa lo exija. De manera que no es procedente hacer uso del poder reglamentario cuando la ley contiene ordenamientos precisos, claros e incondicionados que no requieren de regulación adicional para su ejecución, pues en tal circunstancia el reglamento no solo no es necesario, sino que desconoce el mismo criterio de necesidad previsto en la norma superior.

En consecuencia el órgano administrativo debe reglamentar los textos legales que exijan desarrollo para su cabal realización como norma de derecho. Si el texto es claro no requiere reglamentación, y si el ejecutivo la realiza, cuando menos incurre en un ejercicio inocuo del poder reglamentario. Ahora bien, si modifica su contexto, adicionando o recortando, lo dispuesto en la ley, incurre en violación no solo de la norma legal reglamentada, sino de la norma constitucional que define el poder reglamentario en los términos referidos.

Si bien el poder reglamentario está implícito en la necesidad y obligación del Gobierno de hacer cumplir las leyes, como antes se anotó, su legitimidad deriva siempre de la ley reglamentada en donde encuentra sus límites naturales sin que pueda el Presidente de la República pretender sustituir la ley, para buscar una aplicación conveniente a través del reglamento. En manera alguna la Constitución le otorga el Presidente de la República la función de 'arreglar la ley' , para modificar, limitar o extender su contenido a situaciones no previstas en ella o para hacerle producir efectos distintos a los en ella señalados; pues la atribución de dictar la ley, o de modificar la preexistente, es labor legislativa que en tiempo de paz, sólo compete al Congreso de la República como órgano legislativo, según lo indica la Constitución Política en su Artículo 150, y eventualmente puede ejercerla al Presidente en los excepcionales casos que la misma Carta contempla, sin que jamás puedan confundirse la facultad de hacer las leyes con la facultad de reglamentarlas" (se destaca).

De acuerdo con el marco conceptual transcrito, la Sala analiza la norma acusada, sobre el cual concreta el actor el cargo de nulidad, en exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del ejecutivo, y para el efecto realiza la confrontación de las normas invocadas en la demanda como violadas y el acusado Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto 0196 de 1996, así:

"Artículo 245. Saneamiento de impugnaciones.

Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre renta, consumo, ventas, timbre y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que impone sanción, y desista totalmente de las objeciones, recursos o acciones administrativas, y acepten, deber el mayor impuesto que surja de tales actos administrativos, o la correspondiente sanción, según el caso, quedarán exonerados de parte del mayor impuesto aceptado, así como del anticipo del año siguiente gravable, de las sanciones, actualización e intereses correspondientes, o de parte de la sanción, su actualización, e intereses según el caso.

(...).

Artículo 246. Saneamiento de Demandas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, consumo, ventas, retención en la fuente y un timbre nacional, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con respecto a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, y desistan totalmente su acción o demanda, quedarán exonerados del mayor impuesto a su cargo, así como del anticipo del año siguiente al gravable, de las sanciones, intereses y actualización correspondiente.

Artículo 16. Mayor impuesto. Para los fines de los saneamientos previsto en los artículos 13, 14 y 15 del presente Decreto se entenderá como mayor impuesto generado o determinado, la suma que corresponda a la diferencia entre el impuesto a cargo determinado en la liquidación privada y el propuesto por la Administración Tributaria en el respectivo requerimiento especial, o el determinado en la liquidación oficial de revisión.

Parágrafo 1º. Tratándose de actos relativos a retención en la fuente, se tomará la suma que corresponda a la diferencia entre el total de retenciones del período establecidas en las declaraciones de retención menos las sanciones liquidadas, y el propuesto en el requerimiento especial o determinado en la liquidación oficial menos las sanciones.

Parágrafo 2º. Sin perjuicio de lo previsto para el saneamiento de sanciones, no habrá lugar a la aplicación de estos saneamientos cuando del requerimiento especial o de la liquidación oficial no surja un mayor impuesto a cargo del contribuyente o responsable" (se destaca).

De la confrontación anterior surge que evidentemente a través de la norma reglamentaria acusada, efectuándose una distinción no prevista en las normas superiores contenidas en los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995, y desconociéndose el principio de legalidad, se consagró una limitación o condición adicional para la procedencia de los saneamientos de impugnaciones y de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, consistente en la existencia de un mayor impuesto, condición que no está prevista en la ley, y que no puede confundirse, como lo pretende la Administración, con el beneficio fiscal concedido mediante los saneamientos en cuestión, esto es, la exoneración de parte o del mayor impuesto, del anticipo para el año siguiente al gravable, las sanciones , actualizaciones e intereses correspondientes.

De acuerdo con lo anterior, no resultan aceptables las argumentaciones expuestas por la entidad demandada y por la Señora Procuradora Delegada ante esta Corporación, en el sentido de que como el beneficio fiscal es la exoneración de parte del mayor impuesto, para acceder al mismo debe existir un mayor impuesto a cargo, toda vez que, como ya se dijo, en relación con la procedencia de los saneamientos de impugnaciones y de demandas ante la jurisdicción contencioso administrativa, los artículos 245 y 246 de la Ley 223 de 1995 no establecieron la condición referente a la existencia de un mayor impuesto, y el beneficio fiscal consagrado en los citados artículos de la Ley 223 de 1995 tiene un carácter plural, puesto que no está constituido únicamente por la exoneración de parte o del mayor impuesto, sino que asimismo, se previó en la ley la exoneración del anticipo para el año siguiente al gravable, las sanciones, actualización e intereses correspondientes.

Con fundamento en las anteriores razones, la Sala concluye que la norma acusada contenida en el Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto 0196 de 1996, infringió las normas constitucionales y legales invocadas en la demanda, en las cuales debió fundarse, y por lo tanto, procederá a anularla, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Anúlase el Parágrafo 2º del artículo 16 del Decreto Reglamentario 0196 expedido por el Gobierno Nacional el veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y seis (1996).

2. Reconócese a la doctora Doris Pinzón Amado como apoderada de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del memorial anexo para actuar en representación de la demandada a términos del memorial de sustitución que obra a Folio 86 del expediente.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. Archívese

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la Sala de la sesión de la fecha.

Consuelo Sarria Olcos, Presidente; Germán Ayala Mantilla, Delio Gómez Leyva, Julio E. Correa Restrepo.

Carlos Alberto Flórez Rojas, Secretario.