100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010007341SENTENCIASEGUNDA13253199809/07/1998SENTENCIA__SEGUNDA__13253__1998_09/07/1998100073411998PENSION DE VEJEZ Y JUBILACION - Régimen de Transición / REGIMEN DE TRANSICION - Aplicación Pensión de Jubilación / PENSION DE JUBILACION - Régimen de Transición / SERVIDORES DEL ISS - Régimen Pensional Aplicable Considera la Sala que no hubo exceso de la potestad reglamentaria al incluirse en la norma demandada las pensiones de jubilación. El Decreto Reglamentario 813 en su artículo 1o. incisos 1 y 2, lo único que hizo fue dejar aún más claro que la situación transitoria prevista en la Ley resultaba aplicable no solo a quienes tenían la posibilidad de adquirir la pensión de vejez, sino también a aquellos que la tenían frente a la pensión de jubilación, lo cual resulta concordante con la Ley; y, respecto de quienes ya habían adquirido el derecho fue la ley la que previó su aplicación a las pensiones tanto de jubilación como de vejez. Pero aún más, del texto del artículo 273 de la Ley se concluye que el artículo 36 resultaba aplicable a las pensiones de jubilación reguladas para los servidores públicos, al determinar que a ellos resultaría aplicable "en particular lo previsto en los artículos 11 y 36". Realmente la norma demandada no excedió la ley, solo concretó, utilizando términos más precisos, que también se entenderían beneficiados por los efectos de la transitoriedad los empleados del sector público que se encontraban en iguales condiciones que los empleados del sector privado, y excluyó de él los casos exceptuados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, para estar en total consonancia con sus disposiciones. En cuanto al segundo aspecto, es decir, la no aplicabilidad de la Ley 100 de 1993 a los servidores del Instituto de Seguros Sociales, basta remitirse al artículo 11 en concordancia con el artículo 279 de la ley, pues la primera de las normas es clara al determinar que se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 279, y leídas las consignadas en esta segunda norma no se referencia a los servidores antes mencionados. No es cierto, como lo afirman los demandantes, que su régimen especial hubiera sido preservado al tenor de los artículos 235 parágrafo y 275. Conforme a lo expuesto las frases demandadas del artículo 1o. del Decreto 813 de 1994, no excedieron la potestad reglamentaria ni desconocieron derechos de los servidores del ISS; simplemente se encaminaron al cabal cumplimiento de la norma legal cuya finalidad exacta fue la de permitir que los servidores tanto públicos como privados que llevaran cierto tiempo de trabajo, hubieran alcanzado cierta edad, o hubieran consolidado su derecho pensional continuaran rigiéndose por el régimen anterior, en cuanto a edad, tiempo de servicios y monto de la pensión. NOTA DE RELATORIA: Menciona la sentencia de la Corte Constitucional C-579 de octubre 30 de 1996, mediante la cual se declaró inexequible el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA MAGISTRADA PONENTE : DOCTORA CLARA FORERO DE CASTRO Santa Fe de Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).-
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadCLARA FORERO DE CASTROORLANDO JOSE RETAMOZOPOR LA CUAL SE REFIEREN A LA PENSION DE JUBILACIÓNIdentificadores10010007342true69635Versión original10007342Identificadores

Fecha Providencia

09/07/1998

Sección:  SEGUNDA

Consejero ponente:  CLARA FORERO DE CASTRO

Norma demandada:  POR LA CUAL SE REFIEREN A LA PENSION DE JUBILACIÓN

Demandante:  ORLANDO JOSE RETAMOZO


PENSION DE VEJEZ Y JUBILACION - Régimen de Transición / REGIMEN DE TRANSICION - Aplicación Pensión de Jubilación / PENSION DE JUBILACION - Régimen de Transición / SERVIDORES DEL ISS - Régimen Pensional Aplicable

Considera la Sala que no hubo exceso de la potestad reglamentaria al incluirse en la norma demandada las pensiones de jubilación. El Decreto Reglamentario 813 en su artículo 1o. incisos 1 y 2, lo único que hizo fue dejar aún más claro que la situación transitoria prevista en la Ley resultaba aplicable no solo a quienes tenían la posibilidad de adquirir la pensión de vejez, sino también a aquellos que la tenían frente a la pensión de jubilación, lo cual resulta concordante con la Ley; y, respecto de quienes ya habían adquirido el derecho fue la ley la que previó su aplicación a las pensiones tanto de jubilación como de vejez. Pero aún más, del texto del artículo 273 de la Ley se concluye que el artículo 36 resultaba aplicable a las pensiones de jubilación reguladas para los servidores públicos, al determinar que a ellos resultaría aplicable "en particular lo previsto en los artículos 11 y 36". Realmente la norma demandada no excedió la ley, solo concretó, utilizando términos más precisos, que también se entenderían beneficiados por los efectos de la transitoriedad los empleados del sector público que se encontraban en iguales condiciones que los empleados del sector privado, y excluyó de él los casos exceptuados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, para estar en total consonancia con sus disposiciones. En cuanto al segundo aspecto, es decir, la no aplicabilidad de la Ley 100 de 1993 a los servidores del Instituto de Seguros Sociales, basta remitirse al artículo 11 en concordancia con el artículo 279 de la ley, pues la primera de las normas es clara al determinar que se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 279, y leídas las consignadas en esta segunda norma no se referencia a los servidores antes mencionados. No es cierto, como lo afirman los demandantes, que su régimen especial hubiera sido preservado al tenor de los artículos 235 parágrafo y 275. Conforme a lo expuesto las frases demandadas del artículo 1o. del Decreto 813 de 1994, no excedieron la potestad reglamentaria ni desconocieron derechos de los servidores del ISS; simplemente se encaminaron al cabal cumplimiento de la norma legal cuya finalidad exacta fue la de permitir que los servidores tanto públicos como privados que llevaran cierto tiempo de trabajo, hubieran alcanzado cierta edad, o hubieran consolidado su derecho pensional continuaran rigiéndose por el régimen anterior, en cuanto a edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

NOTA DE RELATORIA: Menciona la sentencia de la Corte Constitucional C-579 de octubre 30 de 1996, mediante la cual se declaró inexequible el parágrafo del artículo 235 de la Ley 100 de 1993.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

MAGISTRADA PONENTE : DOCTORA CLARA FORERO DE CASTRO

Santa Fe de Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998).-

Ref. : Expediente No. 13253

Decretos del Gobierno

Actor:ORLANDO JOSE RETAMOZO

RODRIGUEZ y LUIS RICARDO

GARCIA JARAMILLO

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C.C.A., los señores Orlando José Retamozo Rodríguez y Luis Ricardo García Jaramillo piden al Consejo de Estado la nulidad parcial de los incisos 1º y 2º del artículo 1º del Decreto 813 de 1994, reglamentario del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, expedido por el Presidente la República, en cuanto se refieren a la pensión de jubilación; es decir, que lo demandado es la frase subrayada del siguiente texto:

"Artículo 1º. Campo de Aplicación del Régimen de Transición: El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, será aplicable a las pensiones de vejez yjubilación de todos los trabajadores vinculados con empleadores o empresas del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, de los servidores públicos con vinculación contractual, legal o reglamentaria, de los trabajadores independientes y de los afiliados, obligatorios o facultativos del Instituto de Seguros Sociales.

Dicho régimen no será aplicable a las pensiones de vejezojubilación de los trabajadores de las entidades o empresas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, están exceptuados de la aplicación del Sistema de Seguridad Social Integral."

Consideran los accionantes que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no eliminó las normas relativas al derecho jubilatorio, cuando este deba ser asumido por la persona o entidad patronal; que el Decreto 1653 de 1977 artículo 19 se halla en plena vigencia y, en consecuencia, el ISS, y nó el sistema de seguridad social, está obligado al pago de la pensión de jubilación en favor de los funcionarios de la Seguridad Social que estando a su servicio cumplan los requisitos de edad y tiempo de servicios, pensión compatible con la de jubilación y vejez por aportes; que los apartes demandados exceden la potestad reglamentaria pues el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no indica que el régimen de transición sea aplicable a las pensiones de jubilación.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se cita como tal el artículo 48 de la Constitución Política.

Afirman que esta norma convierte la Seguridad Social en un servicio público dejando de ser derecho exclusivo de la clase trabajadora lo cual implica que el derecho jubilatorio no emana únicamente de una relación laboral, como venía ocurriendo con la reglamentación aplicable al ISS.

Que en el caso de los trabajadores del ISS el legislador estableció en 1977 la posibilidad de acceder simultáneamente a la jubilación teniendo en cuenta la edad y el tiempo de servicios a la Institución, y a la de vejez o pensión por aportes a la cual se accede como hoy teniendo en cuenta la edad y el número de semanas cotizadas a la Institución o al Sistema, otorgando el derecho a la opción más favorable según sus intereses.

Que la prestación a cargo del ISS, nó del Sistema, corresponde al 100% del último salario devengado más los factores salariales, régimen que resulta más favorable que el previsto en la Ley 100 de 1993; y que ese régimen no fue derogado por la Ley sino, por el contrario, confirmado en los artículos 235 parágrafo y 275, al determinar que estos trabajadores conservan el status previsto en los Decretos 1651 y 1653 de 1977.

Concluyen los accionantes que la norma acusada excede la potestad reglamentaria pues mientras la Ley 100 de 1993 en su artículo 36 se refiere únicamente a las pensiones por aportes o de vejez, el reglamentario involucra las pensiones de jubilación con lo cual deroga todo un sistema prestacional patronal de jubilación.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

Notificada la demanda a la Nación-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no la contestó.

ALEGATOS DE LAS PARTES

Corrido el traslado solo presentó alegatos el Ministerio Público.

En su concepto de fondo el Señor Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado opina que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar.

Afirma que no hubo exceso en la potestad reglamentaria, pues el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 regula tanto el régimen de la pensión de jubilación del sector público como el de la pensión de vejez del sector privado como se desprende de los artículos 35 y 36 inciso 6º; que el régimen de transición debe entenderse referido tanto a la pensión de vejez como a la de jubilación ya que tanto en el sector público como en el privado se encontraban situaciones en curso, con mayor razón cuando la Ley unificaría estas situaciones al determinar su aplicabilidad a todos los habitantes del territorio nacional; que los apartes de la norma acusada, al involucrar la pensión de jubilación solo están previendo el tránsito legislativo aplicable a las dos modalidades contempladas en legislaciones anteriores, y argumentar un desbordamiento de la facultad reglamentaria por el hecho de haber mencionado la pensión de jubilación es pretender que todas estas situaciones en camino de consolidación quedaran fuera de toda regulación; y que el Decreto 813 de 1994 no regula el derecho pensional solo como consecuencia de una relación laboral, sino que incluye a los afiliados forzosos y facultativos, y a los trabajadores independientes.

En cuanto a la violación del Decreto 1653 de 1977 afirma que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 determinó expresamente quiénes quedarían excluidos de su aplicación y allí nó se mencionan los funcionarios del Instituto de Seguros Sociales; que los artículos 235 y 279 a los cuales hace referencia el libelo solo previeron que los empleados del ISS continuarían siendo considerados funcionarios de la Seguridad Social, lo cual se justifica en la medida en que esa Institución cambió su naturaleza; que si bien el Decreto 1653 de 1977 previó un régimen favorable para los empleados del ISS, tal circunstancia varió a raíz de la expedición de la Ley 100 de 1993, sin perjuicio de los derechos adquiridos por quienes a la fecha de su expedición hubieran cumplido los requisitos o se encontraran pensionados.

Se decide, previas estas

CONSIDERACIONES

En este caso se demanda la nulidad parcial del Artículo 1º incisos 1º y 2º del Decreto Reglamentario 813 de 21 de abril de 1994 que reglamentó el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. La norma dice:

"Artículo 1º. Campo de Aplicación del Régimen de Transición: El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, será aplicable a las pensiones de vejezy jubilación de todos los trabajadores vinculados con empleadores o empresas del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, de los servidores públicos con vinculación contractual, legal o reglamentaria, de los trabajadores independientes y de los afiliados, obligatorios o facultativos del Instituto de Seguros Sociales.

Dicho régimen no será aplicable a las pensiones de vejezojubilación de los trabajadores de las entidades o empresas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, están exceptuados de la aplicación del Sistema de Seguridad Social Integral."

Lo demandado son las expresiones subrayadas.

Son dos los aspectos por los cuales los accionantes demandan la nulidad, primero por exceso en la potestad reglamentaria al considerar que la ley 100 de 1993 en su artículo 36 no involucró las pensiones de jubilación, como sí lo hace el Decreto reglamentario; y segundo porque los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales tienen un régimen especial de pensión de jubilación, el cual no fue derogado por la Ley 100 de 1993.

La norma reglamentaria tiene como finalidad hacer viable el cumplimiento y ejecución de las leyes, sin que sea posible modificar, ampliar o restringir la norma reglamentada.

En este caso considera la Sala que no hubo exceso de la potestad reglamentaria al incluirse en la norma demandada las pensiones de jubilación, por las siguientes razones:

1.- El artículo 11 de la Ley 100 de 1993 determinó que el Sistema General de Pensionesse aplicaría a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos adquiridos conforme a legislaciones anteriores a su expedición, las cuales se respetarían y mantendrían vigencia ya fueran por jubilación o vejez, entre otras.

2º. Al determinar los tipos de pensiones la Ley se refirió a la pensión de vejez (arts. 33 y 64), invalidez por riesgo común (arts. 38 y 69), de sobrevivientes (arts. 46 y 73) tanto para el régimen de prima media como de ahorro individual con solidaridad.

3º. El régimen de prima media al tenor del artículo 33 regula el derecho a la pensión de vejez con fundamento en los factores de edad y tiempo de servicio, es decir, los mismos que conforme a las normas vigentes hasta entonces otorgaban el derecho a la pensión de jubilación para el sector público y de vejez para el sector privado.

4º. En concordancia con lo anterior, y en aras de preservar los derechos de los empleados, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 reguló situaciones transitorias en favor de las personasque al momento de entrar en vigencia el Sistema estuviesen en ciertas condiciones de edad y tiempo de servicios sin cumplir totalmente los exigidos, hasta entonces, para pensionarse; y de quienes a la fecha de vigencia de la Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a las normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiere efectuado el reconocimiento.

Son entonces dos las situaciones transitorias que prevé la Ley:

a) La de quienes no alcanzaban a cumplir los requisitos de edad y tiempo, pero ya contaban con buena parte de ellos.

b) La de quienes ya habían cumplido totalmente los requisitos pero no se les había reconocido la prestación.

El artículo 36 de la Ley dispuso que la edad,el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión para quienes tuvieran 35 años si eran mujeres o 40 si eran hombres, o 15 años o más de servicios, se siguiera rigiendo por el régimen anterior.

Antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 la pensión que se adquiría en razón del cumplimiento de edad ytiempo de servicios se denominaba "pensión de jubilación" para el caso de los empleados del sector público, y la que se adquiría en razón de la edad y el número de semanas cotizadas se denominaba "pensión de vejez" para los empleados del sector privado.

De esta manera el Decreto Reglamentario 813 en su artículo 1º incisos 1º y 2º, lo único que hizo fue dejar aún más claro que la situación transitoria prevista en la Ley resultaba aplicable no solo a quienes tenían la posibilidad de adquirir la pensión de vejez, sino también a aquellos que la tenían frente a la pensión de jubilación, lo cual resulta concordante con la Ley; y, respecto de quienes ya habían adquirido el derecho fue la Ley la que previó su aplicación a las pensiones tanto de jubilación como de vejez (inc. 6º art. 36) . Pero aún más, del texto del artículo 273 de la Ley se concluye que el artículo 36 resultaba aplicable a las pensiones de jubilación reguladas para los servidores públicos, al determinar que a ellos resultaría aplicable "en particular lo previsto en los artículos 11 y 36".

Realmente la norma demandada no excedió la ley, solo concretó, utilizando términos más precisos, que también se entenderían beneficiados por los efectos de la transitoriedad los empleados del sector público que se encontraban en iguales condiciones que los empleados del sector privado, y excluyó de él los casos exceptuados en el artículo 279 de la ley 100 de 1993, para estar en total consonancia con sus disposiciones.

En cuanto al segundo aspecto, es decir, la no aplicabilidad de la Ley 100 de 1993 a los servidores del Instituto de Seguros Sociales, basta remitirse al artículo 11 en concordancia con el artículo 279 de la ley, pues la primera de las normas es clara al determinar que se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 279, y leídas las consignadas en esta segunda norma no se hace referencia a los servidores antes mencionados.

No es cierto, como lo afirman los demandantes, que su régimen especial hubiera sido preservado al tenor de los artículos 235 parágrafo y 275. El parágrafo del artículo 235 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-579 de 30 de octubre de 1996 y las normas solo se referían a la naturaleza jurídica del ISS, y a la clasificación de las personas vinculadas a él. Pero en ningún momento se les excluyó de la aplicación de la Ley, circunstancia que fue prevista de manera taxativa en el artículo 279 cuya aplicación, por principio de derecho, es restrictiva.

Conforme a lo expuesto las frases demandadas del artículo 1º. del Decreto 813 de 1994, no excedieron la potestad reglamentaria ni desconocieron derechos de los servidores del ISS; simplemente se encaminaron al cabal cumplimiento de la norma legal cuya finalidad exacta fue la de permitir que los servidores tanto públicos como privados que llevaran cierto tiempo de trabajo, hubieran alcanzado cierta edad, o hubieran consolidado su derecho pensional continuaran rigiéndose por el régimen anterior, en cuanto a edad, tiempo de servicios y monto de la pensión.

En este orden de ideas la Sala concluye que, el artículo 1º incisos 1º y 2º del Decreto 813 de 1994, en las frases acusadas, se ajustó a la disposición que reglamentaba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

Niéganse las pretensiones de la demanda.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese el expediente.

Publíquese en los Anales del Consejo de Estado.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JAVIER DIAZ BUENO SILVIO ESCUDERO CASTRO

CLARA FORERO DE CASTRO CARLOS ORJUELA GONGORA

NICOLAS PAJARO PEÑARANDA DOLLY PEDRAZA DE ARENAS

ENEIDA WADNIPAR RAMOS

Secretaria

Ref.: Expediente No.13253

Actor:ORLANDO JOSE RETAMOZO RODRIGUEZ y

LUIS RICARDO GARCIA JARAMILLO.-