100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010007162SENTENCIAPRIMERA6362199430/11/1994SENTENCIA__PRIMERA__6362__1994_30/11/1994100071621994CONTRATOS DE SERVICIOS TEMPORALES - Duración / TRABAJADORES DE SERVICIOS TEMPORALES - Protección Las empresas de servicios temporales pueden suministrar trabajadores a quienes lo soliciten, únicamente por los períodos señalados en la ley, es decir, 6 meses, prorrogables por otros 6. Pensó el legislador, que contratos a término superior, convertirían en permanente lo que es temporal y por eso estableció este límite. El decreto reglamentario, que tiene por finalidad procurar la cumplida ejecución de la ley, dispuso que si la necesidad del servicio en la respectiva empresa subsiste después de cumplido el plazo de 6 meses más la prórroga, no se podrá ampliar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación del servicio respectivo. EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES - Funcionamiento / USUARIOS DE SERVICIOS TEMPORALES / CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORALES La ley que reglamenta el funcionamiento de las empresas de servicios temporales, ha previsto que los contratos que celebren con los usuarios para atender un determinado servicio, tengan un límite en el tiempo, a fin de que no sean sustituidos los trabajadores permanentes por temporales, desvirtuándose así el objetivo de tales empresas. El Decreto 1707, contrariamente a lo expuesto en la demanda, tiene como finalidad proteger los derechos de los trabajadores; y no restringe los de las empresas, puesto que su reglamentación legal prevén que están destinadas a suministrar trabajadores en forma temporal y por consiguiente con un límite en el tiempo. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA Consejero ponente: CLARA FORERO DE CASTRO Santafé de Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadCLARA FORERO DE CASTROMIGUEL PÉREZ GARCÍAEn ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C.C.A. y actuando en su propio nombre, el doctor MIGUEL PEREZ GARCIA pide al Consejo de Estado anular las frases subrayadas de los artículos 2o. y 9o. del Decreto 1707 (julio 4) de 1991Identificadores10010007163true69444Versión original10007163Identificadores

Fecha Providencia

30/11/1994

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  CLARA FORERO DE CASTRO

Norma demandada:  En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C.C.A. y actuando en su propio nombre, el doctor MIGUEL PEREZ GARCIA pide al Consejo de Estado anular las frases subrayadas de los artículos 2o. y 9o. del Decreto 1707 (julio 4) de 1991

Demandante:  MIGUEL PÉREZ GARCÍA


CONTRATOS DE SERVICIOS TEMPORALES - Duración / TRABAJADORES DE SERVICIOS TEMPORALES - Protección

Las empresas de servicios temporales pueden suministrar trabajadores a quienes lo soliciten, únicamente por los períodos señalados en la ley, es decir, 6 meses, prorrogables por otros 6. Pensó el legislador, que contratos a término superior, convertirían en permanente lo que es temporal y por eso estableció este límite. El decreto reglamentario, que tiene por finalidad procurar la cumplida ejecución de la ley, dispuso que si la necesidad del servicio en la respectiva empresa subsiste después de cumplido el plazo de 6 meses más la prórroga, no se podrá ampliar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación del servicio respectivo.

EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES - Funcionamiento / USUARIOS DE SERVICIOS TEMPORALES / CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORALES

La ley que reglamenta el funcionamiento de las empresas de servicios temporales, ha previsto que los contratos que celebren con los usuarios para atender un determinado servicio, tengan un límite en el tiempo, a fin de que no sean sustituidos los trabajadores permanentes por temporales, desvirtuándose así el objetivo de tales empresas. El Decreto 1707, contrariamente a lo expuesto en la demanda, tiene como finalidad proteger los derechos de los trabajadores; y no restringe los de las empresas, puesto que su reglamentación legal prevén que están destinadas a suministrar trabajadores en forma temporal y por consiguiente con un límite en el tiempo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero ponente: CLARA FORERO DE CASTRO

Santafé de Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)

Radicación número: 6362

Actor: MIGUEL PÉREZ GARCÍA

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Referencia: DECRETOS DEL GOBIERNO

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del C.C.A. y actuando en su propio nombre, el doctor MIGUEL PEREZ GARCIA pide al Consejo de Estado anular las frases subrayadas de los artículos 2o. y 9o. del Decreto 1707 (julio 4) de 1991 en cuanto establecen:

"Artículo 2o. - Si cumplido el plazo de seis (6) meses más la prórroga a que se refiere el ordinal 3o. del artículo 77 de la Ley 50 de 1990, la necesidad del servicio en la empresa usuaria persiste, no se podrá prorrogar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación del servicio respectivo.

El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social inspeccionará y sancionará el incumplimiento de esta disposición en los términos señalados en las disposiciones legales vigentes.

Artículo 9o. - Los trabajadores en misión vinculados a una empresa de servicios temporales sancionada con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento, continuarán prestando sus servicios en las condiciones estipuladas, evento en el cual la empresa usuaria pagará directamente a dichos trabajadores los emolumentos a que hubiere lugar."

HECHOS

Señala el actor que el régimen de las Empresas de Servicios Temporales fue regulado por la Ley 50 de 1990, y las normas acusadas exceden la potestad reglamentaria y quebrantan normas de superior jerarquía.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACION

Se citan como tales las siguientes: artículos 6o., 25, 26, 27, 29, 189 num. 10o. y 11, y 333 de la C.N.; artículos 71, 73 y 77, de la Ley 50 de 1990; artículos 5, 7, 8, 11, 22 y 23 del C.S.T.

El concepto de violación con respecto al artículo 2o. acusado, se hace consistir en que al prohibirse a las empresas usuarias la suscripción de nuevos contratos para el mismo servicio, se está desconociendo el derecho al trabajo; que las ocupaciones, artes u oficios que no impliquen un riesgo social son de libre ejercicio y que la actividad económica y la iniciativa privada, dentro del bien común, son libres y el Estado no puede impedirlas o restringirlas. Dice también que la ley reglamentada no prohibe que transcurrido un término prudencial, sea factible celebrar un nuevo contrato y que realmente se adicionó una limitación no contemplada por la ley.

En cuanto al artículo 9o. parte final, señala que no existe norma que permita desplazar la responsabilidad de las empresas de servicios temporales a las usuarias. Que realmente el decreto plantea una responsabilidad solidaria, que no puede generarse en un simple decreto reglamentario.

CONTESTACION DE LA DEMANDA

Por su parte la Nación - Ministerio de Trabajo - se opone a las pretensiones de la demanda y considera que las disposiciones acusadas no rebasan la facultad reglamentaria.

Manifiesta que el artículo 2o. sólo tiende a proteger el espíritu de la ley, que busca mantener la estabilidad de los trabajadores en misión y evitar el reemplazo de los trabajadores permanentes por temporales, ya que si la empresa desea ocupar trabajadores por términos inferiores a un año, la misma Ley 50 de 1990 contempla esa posibilidad en su artículo 3o. Es decir, el artículo acusado simplemente recogió el pensamiento del legislador.

Señala que conforme a la Ley 50, los trabajadores en misión tienen derecho a la compensación monetaria por vacaciones y primas proporcionales al tiempo laborado, de forma que la empresa de servicios incluirá en el contrato las sumas necesarias para cubrir tales gastos. Así la empresa usuaria, de forma indirecta, viene también a cubrir tales erogaciones sin que pueda afirmarse que contratar directamente al personal por períodos cortos, aumenta sus pagos por salarios y prestaciones.

Afirma que el artículo 9o. acusado, sólo busca proteger los intereses del trabajador, en concordancia con el artículo 25 de la Constitución Nacional. Considera que el trabajador no puede quedar desprotegido ante el eventual cierre de la empresa de servicios temporales y que la empresa usuaria debe cancelar los emolumentos adeudados, sin perjuicio de las acciones que contra la empresa de servicios temporales pueda ejercer.

CONCEPTO FISCAL

En su concepto de fondo la Agencia Fiscal considera que el artículo 2o. demandado, no contradice la Ley 50 de 1990; sólo refleja su espíritu al evitar que los trabajadores permanentes, sean reemplazados por trabajadores temporales. Lo anterior sin perjuicio de que, sin continuidad y en ocasión posterior, pueda contratarse nuevamente con la empresa de servicios temporales.

Considera que el artículo 9o. crea una solidaridad no consagrada en la norma reglamentada, pero con ello sólo buscó proteger doblemente al trabajador.

Se decide, previas estas

CONSIDERACIONES:

La demanda tiende a obtener la nulidad parcial de los artículos 2o. y 9o. del decreto 1707 de 1991, Reglamentario de la Ley 50 de 1990.

La Sala tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las disposiciones demandadas en sentencia de 26 de octubre de 1994, Expediente No. 6038, actor JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA, y decretó la nulidad del artículo 9o. del Decreto 1707 de 1991; no así la de la frase acusada del artículo 2o.

Por eso habrá de estarse a lo resuelto con relación al artículo 9o. y estudiar la pretendida inconstitucionalidad e ilegalidad parcial del artículo 2o.

Nulidad parcial del artículo 2o. del Decreto 1707 de 1991.

Se cuestiona únicamente la frase que dice:

"... ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales..."

Se argumenta en primer término, que esta disposición desconoce el derecho al trabajo y la libertad de iniciativa privada y actividad económica, dentro del bien común.

No lo cree así la Sala. En efecto, el derecho al trabajo así como la libre iniciativa privada y la actividad económica, deben ejercerse conforme a la ley. Y en este caso la ley que reglamenta el funcionamiento de las empresas de servicios temporales ha previsto que los contratos que celebren con los usuarios para atender un determinado servicio, tengan un límite en el tiempo, a fin de que no sean sustituidos los trabajadores permanentes por temporales, desvirtuándose así el objetivo de tales empresas.

El Decreto 1707 de 1991, contrariamente a lo expuesto en la demanda, tiene como finalidad proteger los derechos de los trabajadores; y no restringe los de las empresas, puesto que su reglamentación legal prevé que están destinadas a suministrar trabajadores en forma temporal y por consiguiente con un límite en el tiempo.

El demandante estima también que la norma acusada tiene el alcance de prohibir lo que la ley no ha prohibido, o sea, celebrar después de vencido el término de un año, contrato entre las mismas partes o con cualquier empresa de servicios temporales.

El artículo 77 numeral 3 de la Ley 50 de 1990 reza:

"Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con estas en los siguientes casos:

..........................

3o. Para atender incrementos en la producción, en transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de 6 meses prorrogables hasta por 6 meses más."

Como su nombre lo indica, las empresas de servicios temporales pueden suministrar trabajadores a quienes los soliciten, únicamente por los períodos señalados en la ley, es decir, 6 meses, prorrogables por otros 6.

Pensó el legislador, que contratos a término superior, convertirían en permanente lo que es temporal y por eso estableció ese límite.

El decreto reglamentario, que tiene por finalidad procurar la cumplida ejecución de la ley, dispuso que si la necesidad del servicio en la respectiva empresa subsiste después de cumplido el plazo de 6 meses más la prórroga, no se podrá ampliar el contrato ni celebrar uno nuevo con la misma o con diferente empresa de servicios temporales para la prestación del servicio respectivo.

Como ya se dijo en la sentencia mencionada, a juicio de la Sala esta disposición se limita a preservar el espíritu de la ley, es decir, a evitar que los contratos con las empresas de servicios temporales se tomen en permanentes.

Naturalmente esta norma se refiere al "respectivo servicio". Si posteriormente vuelve a presentarse un incremento en la producción o en las ventas o viene otra cosecha, se podrán celebrar otros contratos con empresas de servicios temporales, que no sobrepasen el límite establecido en la ley. No se trata entonces de que solamente se pueda celebrar un único contrato de 6 meses prorrogables por otros 6, sino que para un mismo servicio, ese es el máximo permitido por las normas, pero es claro que si las necesidades del servicio son permanentes, deberán vincular trabajadores bajo esa modalidad.

Si se trata de un servicio diferente, el reglamento no impide utilizar nuevamente las empresas de servicios temporales.

Bajo ese entendimiento, la norma acusada no excede la disposición legal que pretende reglamentar.

En consecuencia, no hay razón para anular el artículo 2o. acusado parcialmente.

Nulidad parcial del artículo 9o.

Es del siguiente tenor:

"Los trabajadores en misión vinculados a una empresa de servicios temporales sancionada con suspensión o cancelación de la autorización de funcionamiento, continuarán prestando los servicios en las condiciones estipuladas, evento en el cual la empresa usuaria pagará directamente a dichos trabajadores los emolumentos a que hubiere lugar."

Este artículo fue anulado en su totalidad mediante la sentencia citada y por tanto ya no hay materia sobre la cual pronunciarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Estése a lo resuelto en sentencia de 26 de octubre de 1994, en la cual se declaró nulo el artículo 9o. del Decreto 1707 de 1991, en su integridad.

Niégase la nulidad de la frase acusada del artículo 2o. del Decreto 1707 de 1991.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


COPIESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE.

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de 4 de noviembre de 1994.

DOLLY PEDRAZA DE ARENAS JOAQUÍN BARRETO RUIZ

CLARA FORERO DE CASTRO ALVARO LECOMPTE LUNA

CARLOS ARTURO ORJUELA GÓNGORA DIEGO YOUNES MORENO

ENEIDA WADNIPAR RAMOS

SECRETARIA