100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006693SENTENCIA-- Seleccione --4216199706/11/1997SENTENCIA_-- Seleccione --___4216__1997_06/11/1997100066931997EXCEPCION DE COSA JUZGADA - Declaratoria / PENSION DE INVALIDEZ Y SOBREVINIENTE EN EL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD - Financiación La Sala declarará probada al excepción de cosa juzgada, dado que mediante sentencia de 4 de septiembre de 1997, dentro del expediente núm. 4154, actor Julio Cesar Carrillo Guarín, Consejero Ponente: Dr. LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad, entre otros, de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 8 de mayo de 1996, también objeto de la presente demanda, proceso en el cual se analizaron, a más de otras normas, las que éste se estiman violadas, es decir, los artículos 60 literal i), 71, 75, 83 y 84 de la ley 100 de 1993. Como quiera que en uno y otro proceso se estiman como violadas las mismas normas de la ley 100 de 1993; en ambos expedientes el cargo central respecto de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 1996 es el hecho de que se trasladaron a los particulares (compañías aseguradoras) las cargas estatales establecidas en la citada ley en materia de pensiones de invalidez y sobrevinientes; y, habiendo sido ya objeto de análisis dicho cargo, no encontrando prosperidad en la sentencia de 4 de septiembre de 1997, la Sala considera que en esta oportunidad debe estarse a lo allí resuelto y, por los tanto, procederá a declarar probada la excepción de cosa juzgada. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLA Santa Fe de Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997). REF: Expediente núm. 4216
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadManuel S Urueta AyolaJORGE HUMBERTO BOTERO ANGULOdeclaratoria de nulidad parcial de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 1996, "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993, y en especial, sus artículos 35, 40, 48, 65, 69, 71, 75, 81, 83 y 84"Identificadores10010006694true68846Versión original10006694Identificadores

Fecha Providencia

06/11/1997

Sala:  -- Seleccione --

Consejero ponente:  Manuel S Urueta Ayola

Norma demandada:  declaratoria de nulidad parcial de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 1996, "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993, y en especial, sus artículos 35, 40, 48, 65, 69, 71, 75, 81, 83 y 84"

Demandante:  JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULO


EXCEPCION DE COSA JUZGADA - Declaratoria / PENSION DE INVALIDEZ Y SOBREVINIENTE EN EL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD - Financiación

La Sala declarará probada al excepción de cosa juzgada, dado que mediante sentencia de 4 de septiembre de 1997, dentro del expediente núm. 4154, actor Julio Cesar Carrillo Guarín, Consejero Ponente: Dr. LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad, entre otros, de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 8 de mayo de 1996, también objeto de la presente demanda, proceso en el cual se analizaron, a más de otras normas, las que éste se estiman violadas, es decir, los artículos 60 literal i), 71, 75, 83 y 84 de la ley 100 de 1993. Como quiera que en uno y otro proceso se estiman como violadas las mismas normas de la ley 100 de 1993; en ambos expedientes el cargo central respecto de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 1996 es el hecho de que se trasladaron a los particulares (compañías aseguradoras) las cargas estatales establecidas en la citada ley en materia de pensiones de invalidez y sobrevinientes; y, habiendo sido ya objeto de análisis dicho cargo, no encontrando prosperidad en la sentencia de 4 de septiembre de 1997, la Sala considera que en esta oportunidad debe estarse a lo allí resuelto y, por los tanto, procederá a declarar probada la excepción de cosa juzgada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D.C., seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

REF: Expediente núm. 4216

Acción: Nulidad

Actor: JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El ciudadano JORGE HUMBERTO BOTERO ANGULO en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicitó de esta Corporación la declaratoria de nulidad parcial de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 1996, "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993, y en especial, sus artículos 35, 40, 48, 65, 69, 71, 75, 81, 83 y 84", expedido por el Presidente de la República con la firma de los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Seguridad Social.

I. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

El actor solicita la nulidad parcial de los artículos 8o. y 11 del Decreto 832 de 1996, por considerar que violan los artículos 60 literal i), 71, 75, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, a su juicio, transfieren las cargas estatales establecidas en la citada ley, a las compañías de seguros otorgantes de los amparos que deben contratarse para soportar las contingencias de invalidez y muerte, esto es, traslada a estas últimas la provisión de los recursos que hagan falta para financiar pensiones mínimas.

Añade el demandante, que, de este modo, lo que la ley, en desarrollo de la Constitución Política, ha concebido como un deber del Estado, ha sido desplazado hacia los particulares. Es decir, que mientras la ley ha dispuesto en los artículos que se consideran violados que el Estado debe aportar las sumas de dinero que hagan falta, luego de agotadas las fuentes ordinarias de financiación de las pensiones de invalidez y sobrevivientes, el decreto reglamentario que se acusa transforma el cometido estatal en una mera tarea de supervisión, para que terceros de carácter privado, asuman la correspondiente obligación.

II. ACTUACION

Mediante proveído de 27 de febrero de 1997 se admitió la demanda y se ordenó notificarla a los señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, el último de los cuales, a través de apoderado, expuso como argumentos de su defensa, los siguientes:

El literal i) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993 no puede ser interpretado de manera aislada, pues es desarrollado de distinta manera, según los diversos tipos de pensión.

En cuanto se refiere a la pensión mínima de vejez, el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 señala que el Gobierno Nacional completará la parte que haga falta para obtener dicha pensión, y a su turno el artículo 68 ibídem establece que para sufragar la pensión de vejez se acude inicialmente a los recursos de la cuenta de ahorro pensional, a los bonos pensionales y, finalmente, si éstos no son suficientes, "al aporte de la Nación".

Respecto de las pensiones de invalidez, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley 100, éstas se financian con la cuenta de ahorro individual, el bono pensional y la suma adicional necesaria para completar el monto de la pensión, la cual, de acuerdo con la ley, debe ser suministrada por la aseguradora. No prevé la ley en este punto un aporte de la Nación.

Así las cosas y como quiera que las normas deben interpretarse teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en cada una de ellas, cuando el artículo 71 dispone que el Estado garantizará la pensión mínima de invalidez ello no significa que el mismo debe suministrar todos los recursos que sean necesarios para completar el capital, pues en principio ello compete a la aseguradora.

Lo mismo sucede con la pensión de sobrevivientes a la que se contrae el artículo 75 de la Ley 100.

Para el caso de invalidez y sobrevivientes, la solidaridad se expresa en el hecho de que existe respecto de todos los afiliados al régimen de ahorro individual. Existen seguros destinados a cubrir el riesgo de invalidez o muerte, en el evento de que el capital pagado no sea suficiente para pagar la pensión. Dicho seguro se financia con las primas que se cobran a todos los afiliados al sistema, por lo cual, a través de las mismas, se logra que exista una solidaridad entre todos ellos, ya que el riesgo cubierto por este seguro no se materializa en todos los casos, pues sólo algunos afiliados fallecen prematuramente o son declarados inválidos, lo que se traduce en que los recursos de unos cubren las pensiones de otros.

Además, el pago que hace la aseguradora no es a título gratuito sino que tiene por causa la prima que ha pagado el afiliado para efectos de que se le garantice una pensión. Así las cosas, en los casos de pensión de invalidez o de sobrevivientes, en las cuales la ley no prevé una obligación directa por parte del Estado de completar el capital requerido, por cuanto tal obligación existe a cargo de la aseguradora, la garantía de pensión estatal implica que frente al afiliado el Estado garantiza que existirán los recursos correspondientes, lo cual puede ocurrir si la aseguradora no cumple con su obligación.

El monto de la pensión, el cual debe ser sufragado con los recursos previstos en los artículos 70 y 77 de la Ley 100 de 1993, no puede ser inferior al de la pensión mínima legal.

De otra parte, del contexto de la Ley 100 se aprecia que cuando la misma regula el monto de la pensión hace referencia a las sumas que se deben pagar al pensionado y que no deben ser inferiores al salario mínimo.

Aceptar las tesis planteadas en la demanda equivaldría a reconocer que existen sistemas de interpretación que producen efectos diferentes a los consignados en los artículos 25 a 32 del Código Civil y que los artículos de la Ley 100 de 1993 se pueden interpretar en forma aislada, fraccionándolos de tal manera que en su aplicación sólo se tengan en cuenta aquellas disposiciones que de alguna forma beneficiarían a un sector determinado del universo de sujetos que intervienen en el proceso de reconocimiento y otorgamiento de una pensión, en detrimento de los principios de un sistema que en esencia es contributivo.

III - INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO

El señor Procurador Primero Delegado ante esta Corporación expresa que el actor se encuentra inconforme con lo dispuesto en los artículos demandados, en el sentido de que cuando el capital de la cuenta de ahorro del afiliado resulte insuficiente para financiar el monto de la pensión mínima, corresponde a la aseguradora proveer las sumas adicionales para cubrir el monto de ésta, pues aquél considera que es al Estado a quien corresponde completar la diferencia, razón por la cual, a su juicio, el Ejecutivo excedió la potestad reglamentaria.

La ley previó la forma en que el Estado debe intervenir en los casos del reconocimiento de pensión mínima de vejez. Cuando no se haya alcanzado a generar, previo cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 65, corresponde al Gobierno Nacional completar la parte que haga falta para obtener dicha pensión.

Frente al caso del reconocimiento de pensión mínima de invalidez o sobrevivientes, corresponde a la aseguradora asumir la suma adicional necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión, en los términos del artículo 70 de la Ley 100 de 1993.

En desarrollo del principio de solidaridad, corresponde al Gobierno Nacional completar el faltante para obtener la pensión mínima de vejez y, al Estado, de una parte, garantizar los recursos necesarios para que los afiliados al régimen de ahorro individual tengan acceso a la pensión mínima de invalidez, y, de otra, garantizar el complemento para que los beneficiarios de los afiliados a este régimen adquieran la pensión mínima de sobrevivientes.

Corresponde al Estado garantizar la solidaridad en el régimen de seguridad social, pero su participación no implica necesariamente que tenga que cubrir las sumas faltantes para completar el monto de las pensiones en el caso de que los fondos que financian el monto de la pensión no alcancen a cubrir el pago mínimo de ésta.

Lo que se pretende con el régimen de solidaridad es la participación de todos los que intervienen en la financiación del monto de la pensión, de modo que no corresponda sólo al Estado asumir las sumas faltantes, pues el sentido de amparar los riesgos a que está expuesto el trabajador, para protegerlo a él en caso de invalidez o a sus beneficiarios en caso de muerte, es que la aseguradora asuma el monto correspondiente. De todas maneras es claro que en caso de reconocimiento y pago de la pensión mínima de vejez, invalidez y sobrevivientes, el monto no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, tal y como lo entendió la Corte Constitucional en sentencia C - 387 de 1994.

Por lo anterior, es partidario de que se denieguen las súplicas de la demanda.

IV - . LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

La Sala declarará probada la excepción de cosa juzgada, dado que mediante sentencia de 4 de septiembre de 1997, dentro del expediente núm. 4154, actor Julio Cesar Carrillo Guarín, Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la legalidad, entre otros, de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 8 de mayo de 1996, también objeto de la presente demanda, proceso en el cual se analizaron, a más de otras normas, las que en éste se estiman violadas, es decir, los artículos 60 literal i), 71, 75, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993.

En efecto, en la sentencia referenciada sostuvo esta Corporación:

"... el actor considera que los artículos 8o. y 11 del decreto demandado violan los artículos 60, 70, 71, 75, 77 y 83 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, a su juicio, corresponde al Estado y no a las aseguradoras, completar el monto de la pensión mínima de invalidez y de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual con solidaridad.

"En el auto que denegó la suspensión provisional de las normas a las cuales se contrae el cargo en estudio, la Sala se pronunció respecto de la posible violación de los artículos 71 y 75 de la Ley 100 de 1993, estudiando además en dicha oportunidad, los artículos 59, 60, 70, 77, 83 y 84 ibídem.

En efecto, en el auto en cuestión sostuvo la Sala:

"Los actos cuya suspensión provisional se solicita, son del siguiente tenor:

"'ARTICULO 8o. Financiación de la Pensión Mínima de Invalidez y de Sobrevivientes en el Régimen de Ahorro Individual. En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, la Pensión Mínima de Invalidez y de Sobrevivientes se financiará con los recursos de la cuenta de ahorro individual incluidas las cotizaciones voluntarias, el valor de los bonos y / o títulos pensionales cuando a ello hubiere lugar y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la

pensión mínima. La suma adicional necesaria para obtener dicha garantía, estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez o sobrevivientes según el caso.

"'Las entidades administradoras deberán contratar los seguros que garanticen el pago de las pensiones en los términos de los artículos 40 y 48 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que en ningún caso las pensiones podrán exceder el 75% del ingreso base de liquidación ni ser inferiores al salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la causación del derecho. En consecuencia, las administradoras deberán adicionar los contratos celebrados y que se encuentran vigentes, o celebrar un nuevo contrato que ampare dichos riesgos.

"'Parágrafo. Las cotizaciones voluntarias no harán parte del capital para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes, salvo que ello se requiera para financiar la pensión mínima o que así lo disponga el afiliado o sus beneficiarios para el caso de la pensión de sobrevivientes. En el caso en que no se requiera o no se disponga de las cotizaciones voluntarias, para los efectos a que se ha hecho referencia, estas deberán quedar a disposición del afiliado o de sus beneficiarios en su cuenta de ahorro individual.

"'ARTICULO 11. Mecanismos de Pago de la Pensión Mínima de Invalidez y de Sobrevivientes en el Régimen de Ahorro Individual. La suma a pagar por la aseguradora de que trata el artículo 8o. del presente Decreto, será igual a la prima única que esa aseguradora cobraría por una póliza de Renta Vitalicia de un salario mínimo, disminuida en el saldo de la cuenta individual y el valor del bono y / o título pensional.

"'El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa consulta con la Superintendencia Bancaria, establecerá mediante resolución las fórmulas a emplear para calcular la suma que deberá pagar la aseguradora.

"'Una vez pagado el siniestro, el cual ingresará al saldo de la cuenta individual, el afiliado o sus beneficiarios podrán acogerse a cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 79 de la Ley 100 de 1993 para el pago de la pensión.

"'La Nación garantiza el pago de estas pensiones en los términos establecidos en el literal g) del artículo 60, en el inciso segundo del artículo 99, y en el artículo 109 de la Ley 100 de 1993"' (La Sala observa que los párrafos destacados de los artículos 8o. y 11 del Decreto 832 de 1996, son el objeto de la solicitud de nulidad de la presente demanda).

"Como marco de referencia para el estudio de la solicitud de suspensión provisional de dichos actos, a continuación se transcriben, junto con las disposiciones de la Ley 100 de 1993 cuya violación se aduce, aquéllas del mismo ordenamiento legal que, en lo pertinente, la Sala estima deben tenerse en cuenta para la indicada finalidad, haciendo notar desde ahora que todas ellas forman parte integrante del Título III de dicha ley, intitulado 'REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD'".

"'ARTICULO 59. Concepto. El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título.

"'Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados".

"'ARTICULO 60. Características. - El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tendrá las siguientes características:

"'a. Los afiliados al régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, así como de las indemnizaciones contenidas en este Título, cuya cuantía dependerá de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ellos hubiere lugar.

"'b. Una parte de los aportes mencionados en el literal anterior, se capitalizará en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destinará al pago de primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la asesoría para la contratación de la renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y cubrir el costo de administración del régimen.

"'Las cuentas de ahorro personal, serán administradas por las entidades que se autoricen para tal efecto, sujetas a la vigilancia y control del Estado.

- "'....

"'g. El Estado garantiza los ahorros del afiliado y el pago de las pensiones a que éste tenga derecho, cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus obligaciones, en los términos de la - presente ley, revirtiendo contra el patrimonio de las entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por incumplimiento, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional;

"'....

"'i. En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado aportará los recursos que sean necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas, cuando la capitalización de los aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren insuficientes y aquéllos cumplan las condiciones requeridas para el efecto;

"'....

"'ARTICULO 70. Financiación de la pensión de invalidez. - Las pensiones de invalidez se financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar, y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. La suma adicional estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes.

"'....

- "'....

"'ARTICULO 71. Garantía estatal de pensión mínima de invalidez. En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado garantizará los recursos necesarios para que los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tengan acceso a una pensión mínima de invalidez, cuyo monto mensual será equivalente al salario mínimo legal mensual conforme a lo establecido en el art. 35 de la presente ley.

"'La garantía estatal de pensión mínima operará de conformidad con lo previsto en los arts. 83 y 84 de esta ley.

"'ARTICULO 75. Garantía estatal de pensión mínima de sobrevivientes. En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado garantiza el complemento para que los sobrevivientes tengan acceso a una pensión mínima de sobrevivientes, cuyo monto mensual será equivalente al 100% del salario mínimo legal mensual conforme a lo establecido en el art. 35 de la presente ley.

"'ARTICULO 77. Financiación de las pensiones de sobrevivientes. La financiación de las pensiones de sobrevivientes originada por la muerte del afiliado, se financiará con los recursos de la cuenta individual de ahorro pensional generados por cotizaciones obligatorias, el bono pensional si a ello hubiere lugar, y con la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión. Dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora.

"'....

"'....

"'ARTICULO 83. Pago de la garantía. - Para las personas que tienen acceso a las garantías estatales de pensión mínima, tales garantías se pagarán a partir del momento en el cual la anualidad resultante del cálculo de retiro programado sea inferior a 12 veces la pensión mínima vigente, o cuando la renta vitalicia a contratar con el capital disponible, sea inferior a la pensión mínima vigente.

"'La administradora o la compañía de seguros que tenga a su cargo las pensiones, cualquiera sea la modalidad de pensión, será la encargada de efectuar, a nombre del pensionado, los trámites necesarios para que se hagan efectivas las garantías de pensión mínima.

"'ARTICULO 84. Excepción a la garantía de pensión mínima. - Cuando la suma de las pensiones, rentas y remuneraciones que recibe el afiliado o los beneficiarios, según el caso, sea superior a lo que le correspondería como pensión mínima, no habrá lugar a la garantía estatal de pensión mínima.

"... de la lectura comparativa de las disposiciones transcritas con los actos acusados, la Sala no encuentra que éstos incurran en la violación de las normas que le atribuye el actor, menos aún en el grado de manifiesta que exige el artículo 152 del C.C.A. para la procedencia de su suspensión provisional, toda vez que aquello que se garantiza por parte del Estado en los artículos 60 literales g) e i), 71 y 75 de la Ley 100 de 1993, es el aporte de los recursos necesarios y el complemento para que los afiliados al régimen de Ahorro Individual o con solidaridad tengan acceso a las pensiones mínimas de invalidez y sobrevivientes, y el pago de las mismas cuando la capitalización de los aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren insuficientes o cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus obligaciones, y en momento alguno la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de tales pensiones mínimas, puesto que los artículos 70 y 77 de la misma ley en forma expresa disponen que dicha suma adicional estará a cargo de la aseguradora con la cual se hayan contratado los seguros de invalidez y de sobrevivientes, que es, precisamente, aquello que pretende garantizar el artículo 8o. del Decreto 0832 de 1996, con el fin de no hacer nugatoria esa obligación de carácter legal".

"Para despachar desfavorablemente el cargo en estudio, la Sala reitera las consideraciones arriba transcritas, agregando que los artículos 70 y 77 de la Ley de Seguridad Social establecen, además, respectivamente, que las pensiones de invalidez y de sobrevivientes se financiarán con la cuenta individual de ahorro pensional del afiliado, el bono pensional si a éste hubiere lugar y la suma adicional que sea necesaria para completar el capital que financie el monto de la pensión, suma adicional que estará a cargo de la aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de invalidez y de sobrevivientes, lo cual evidencia que las normas demandadas simplemente reiteran lo dispuesto en la ley reglamentada.

De otra parte, el inciso final del artículo 11 demandado señala que la Nación garantizará el pago de las pensiones mínimas de invalidez y de sobrevivientes, en los términos de los artículos 60 literal g), 99 inciso 2 y 109 de la Ley 100 de 1993, los cuales se refieren, en su orden, a la garantía que ofrece el Estado respecto del pago de las pensiones a que los afiliados tienen derecho, cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplen sus obligaciones; a que las administradoras deberán contar con la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional; y a que la Nación garantizará el pago de las pensiones en caso de menoscabo patrimonial o suspensiones de pago de la compañía aseguradora responsable de su cancelación, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto sea expedida, lo cual significa que sólo ante el incumplimiento de las aseguradoras, quienes son las que legalmente tienen la obligación de cancelar las pensiones tantas veces citadas, aquél entra a asumir en forma supletoria o complementaria, la suma faltante para que el afiliado o sus sobrevivientes obtengan la pensión mínima legal mensual vigente, conforme a lo dispuesto por los artículos - 35, 83 y 84 de la Ley 100 de 1993.

"Finalmente, es de observar que, ... en últimas, lo que la Ley 100 de 1993 y las normas acusadas del Decreto Reglamentario pretenden garantizar, en desarrollo del principio de solidaridad que caracteriza al régimen de ahorro individual, es que todo afiliado al mismo tenga acceso a una pensión mínima, la cual, en ningún caso, como se expuso anteriormente, podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, sin que ello signifique, obviamente, que exista diferencia legal y conceptual entre el "monto" y el "valor" aducidos por el actor.

"Por lo anterior, no prospera el cargo".

Como quiera que en uno y otro proceso se estiman como violadas las mismas normas de la Ley 100 de 1993; en ambos expedientes el cargo central respecto de los artículos 8o. y 11 del Decreto Reglamentario 832 de 1996 es el hecho de que se trasladaron a los particulares (compañías aseguradoras) las cargas estatales establecidas en la citada ley en materia de pensiones de invalidez y sobrevivientes; y, habiendo sido ya objeto de análisis dicho cargo, no encontrando prosperidad en la sentencia de 4 de septiembre de 1997, la Sala considera que en esta oportunidad debe estarse a lo allí resuelto y, por lo tanto, procederá a declarar probada la excepción de cosa juzgada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DECLARASE probada la excepción de cosa juzgada.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese en los Anales del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día seis (6) de noviembre de 1997.

MANUEL S. URUETA AYOLA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ

Presidente

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Ausente