100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006677SENTENCIAPRIMERA4135199723/10/1997SENTENCIA__PRIMERA__4135__1997_23/10/1997100066771997JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Improcedencia de pronunciamiento sobre derogatoria de norma / DECLARATORIA DE DEROGATORIA DE NORMA - Improcedencia De ser cierto que los decretos 2130 de 1992 y 2614 de 1993, al igual que los artículos 72 y 82 del Decreto 1909 derogaron las disposiciones acusadas del último decreto citado, sólo ante un caso concreto podría esta jurisdicción pronunciarse en cuanto a la norma a aplicar al mismo, pero, de todas maneras, sin que sea de su resorte declarar la derogatoria de la normas, pues ello es competencia del legislador, bien sea en forma expresa o tácita, dado que la jurisdicción contencioso administrativa está instituida para declarar, si es el caso, la nulidad de los actos administrativos que violen una disposición de carácter superior, pero no así para pronunciarse sobre la derogatoria de una norma por parte de otra posteriormente expedida. LEGALIZACION DE MERCANCIAS - Alcances El inciso 4 del artículo 57 del Decreto 1909 / 92 en cuestión se limita a señalar que la declaración de legalización no constituye, por sí misma, título de propiedad sobre la mercancía, ni legaliza los ilícitos que se hayan cometido en su adquisición, precisamente porque dichas situaciones se rigen por la legislación civil y la penal, respectivamente. Es decir, que la autoridad aduanera deja a salvo la competencia delas demás autoridades y la normatividad a las que éstas se sujetan. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLA Santa Fe de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997). REF: Expediente núm. 4135
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadDOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLAFANNY JARAMILLO TOVAR., solicitó de esta Corporación la declaratoria de nulidad de los artículos 27 literal a) y 57 incisos 2, 3 y 4 del Decreto 1909 de 27 de noviembre de 1992, "por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera"Identificadores10010006678true68826Versión original10006678Identificadores

Fecha Providencia

23/10/1997

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  DOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLA

Norma demandada:  ., solicitó de esta Corporación la declaratoria de nulidad de los artículos 27 literal a) y 57 incisos 2, 3 y 4 del Decreto 1909 de 27 de noviembre de 1992, "por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera"

Demandante:  FANNY JARAMILLO TOVAR


JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Improcedencia de pronunciamiento sobre derogatoria de norma / DECLARATORIA DE DEROGATORIA DE NORMA - Improcedencia

De ser cierto que los decretos 2130 de 1992 y 2614 de 1993, al igual que los artículos 72 y 82 del Decreto 1909 derogaron las disposiciones acusadas del último decreto citado, sólo ante un caso concreto podría esta jurisdicción pronunciarse en cuanto a la norma a aplicar al mismo, pero, de todas maneras, sin que sea de su resorte declarar la derogatoria de la normas, pues ello es competencia del legislador, bien sea en forma expresa o tácita, dado que la jurisdicción contencioso administrativa está instituida para declarar, si es el caso, la nulidad de los actos administrativos que violen una disposición de carácter superior, pero no así para pronunciarse sobre la derogatoria de una norma por parte de otra posteriormente expedida.

LEGALIZACION DE MERCANCIAS - Alcances

El inciso 4 del artículo 57 del Decreto 1909 / 92 en cuestión se limita a señalar que la declaración de legalización no constituye, por sí misma, título de propiedad sobre la mercancía, ni legaliza los ilícitos que se hayan cometido en su adquisición, precisamente porque dichas situaciones se rigen por la legislación civil y la penal, respectivamente. Es decir, que la autoridad aduanera deja a salvo la competencia delas demás autoridades y la normatividad a las que éstas se sujetan.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: DOCTOR MANUEL S. URUETA AYOLA

Santa Fe de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y siete (1997).

REF: Expediente núm. 4135

Acción: Nulidad

Actor: FANNY JARAMILLO TOVAR

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La ciudadana FANNY JARAMILLO TOVAR, en su propio nombre y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicitó de esta Corporación la declaratoria de nulidad de los artículos 27 literal a) y 57 incisos 2, 3 y 4 del Decreto 1909 de 27 de noviembre de 1992, "por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera", expedido por el Gobierno Nacional.

I. DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION

Los cargos esgrimidos en contra de las normas acusadas son los siguientes:

Primer cargo: A partir de la vigencia del Decreto 2614 de 1993, quedó fuera de la vida jurídica el contenido ambiguo del literal a) del artículo 27 y el inciso 2 del artículo 57 del Decreto 1909 de 1992, pues la nueva norma creó tres presunciones legales que dejan sin efecto la exigencia del levante para las mercancías legalizadas por el mecanismo voluntario del rescate.

Segundo cargo: Es un absurdo desconocer el pago del rescate contemplado en los artículos 72 y 82 del decreto acusado y en el Decreto 2614 de 1993, normas posteriores y especiales que deben primar sobre los artículos 27 literal a) y 57 del Decreto 1909 de 1992, según las reglas de hermenéutica jurídica y el principio de la interpretación útil de la ley, en concordancia con los artículos 4o. y 5o. de la Ley 57 de 1887.

Tercer cargo: Resulta incompetente y por tanto generativa de nulidad, la modificación de la legislación civil y de la Carta Política por parte del artículo 27 acusado al referirse a la inocuidad de la declaración de importación, descalificando anticipadamente cada acto singular, por no constar en la declaración de legalización el número de levante. Lo anterior se opone a lo previsto en los artículos 1o. numerales 4, 5, 6, 7 y 8 del Decreto 2130 de 1992; 3o. del Decreto 2614 de 1993; 6o., 25, 27 inciso 2, 30, 31, 66, 71, 72, 1518, 1524, 1527, 1530, 1532, 1542 y 1620 del C.C.; 174, 175, 251 y ss. del C. de P.C.; y 246 del C. de P.P.

Cuarto cargo: Las normas demandadas imponen la ausencia de un debido proceso administrativo "sui géneris", creando una presunción ilegal modificatoria del ordenamiento jurídico general (artículo 3o. del Decreto 2614 de 1993), al disponerse que es inocuo el documento de la declaración de legalización en la que no conste el levante físico de la mercancía.

Quinto cargo: Como según el artículo 27 acusado la ausencia de constancia del levante en la declaración de legalización no produce efecto alguno, se tiene entonces "que no puede servir de prueba de la denuncia del bien, ni para contabilizar hacia adelante el tiempo de la prescripción, ni para acreditar que se pagó una sanción para evitar una acción administrativa sancionatoria", lo cual es una ofensa a la razón y al orden jurídico, ya que dicha declaración se efectúa bajo juramento. El Gobierno Nacional con el precepto demandado se atribuye funciones de legislador, modificando la legislación general y especial sobre los medios probatorios, la necesidad de la prueba (Códigos de Procedimiento Penal y Civil) y el debido proceso aduanero (artículo 65 del Decreto 1909 de 1992).

Sexto cargo: Cuando el inciso 4 del artículo 57 del acto acusado dispone que "La legalización de mercancías no determina la propiedad o titularidad de las mismas...", modifica, sin tener competencia para ello, los artículos 669, 673, 685, 754 y 762 inciso 2 del C.C., y, por lo tanto, viola los artículos 2o., 58, 228 y 230 de la Carta Política, pues el poseedor de una cosa corporal es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo, presunción legal de propiedad o dominio que requiere prueba en contrario de quien alega un mejor derecho propio o de un tercero (artículo 762 inciso 2). Esta posesión que se presume propiedad (artículo 669 ibídem), puede adquirirse consensualmente cuando se trata de bienes muebles, que son los susceptibles de operaciones aduaneras, por ocupación, prescripción, accesión (artículo 673 ibídem), modos diferentes a la tradición por compraventa o permuta.

Las cosas muebles corporales se transfieren por aprehensión material, mostrándolas, por venta consensual (artículo 754 ibídem). Necesariamente, quien legaliza a nombre propio o por mandato del tenedor o poseedor del bien legalizable se reputa dueño por mandato de la ley civil, no pudiendo el Ejecutivo entrar a modificar esta institución, invadiendo el campo del Legislativo.

Al apartarse del derecho sustancial la norma en cuestión viola los artículos 228 inciso 1 y 230 de la Carta Política, haciéndose impropia la exigencia de factura y título de propiedad para mercancías que se entienden presentadas, declaradas y rescatadas bajo la presunción de que con dicho rescate subsanan los requisitos que se exigen para la presentación, declaración y levante formal ante la autoridad aduanera, entre ellos: factura de compra en el exterior (título de propiedad), certificado de origen, registro y licencia de importación y documento de transporte, que exige, entre otros, el artículo 57 inciso 3.

II. ACTUACION

Mediante proveído de 5 de diciembre de 1996 se admitió la demanda y se ordenó notificarla a los señores Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio Exterior, el primero de los cuales, a través de apoderado, manifiestó:

1. En la demanda se omite el cumplimiento del requisito formal previsto en el numeral 4 del artículo 137 del C.C.A., en la medida de que no se mencionan en forma expresa las disposiciones legales de carácter superior que se consideran violadas, ni el concepto de violación, que constituye un presupuesto básico de la acción.

2. De todas maneras, en caso de que el Consejo de Estado considere que sí se cumplió con el requisito en cuestión, se procede a desvirtuar los "cargos" formulados por la parte actora, así:

A. El artículo 3o. del Decreto 2614 de 1993 no derogó ni expresa ni tácitamente los artículos acusados del Decreto 1909 de 1992, pues se trata de disposiciones que regulan aspectos sustancialmente diferentes que no se contraponen entre sí. El artículo 27 se refiere a los eventos en los cuales la declaración de importación no produce efectos, en tanto que el artículo 3o. se refiere al valor de rescate de la mercancía, cuando se presente la declaración de legalización, y a sus efectos.

Cabe recordar que para que una disposición posterior derogue una norma anterior sobre la misma materia, es necesario que exista contradicción entre una y otra, lo cual, como ya se dijo, no se da en el presente caso.

Aunque se admitiera que una norma derogó a la otra, de todas maneras tal hecho no se podría establecer por la vía de la acción de nulidad, pues ésta se encuentra consagrada para determinar o no la violación de normas superiores, y no para determinar, por la vía jurisprudencial, si un precepto ha sido o no derogado por otro.

B. De otro lado, la actora señala que es "ilegal", "arbitrario", "injusto" y "malintencionado" el artículo 27 demandado, porque, en su criterio, basta que sean cancelados los tributos y el rescate, para que la declaración de legalización produzca todos sus efectos, sin que se requiera la autorización de levante de la mercancía, lo cual es absurdo, ya que ello implicaría la desaparición absoluta del control aduanero sobre mercancías que se pretenden introducir al territorio nacional mediante el mecanismo de la legalización. Es decir, que aceptando la tesis de la demandante, bastaría que se pagaran los tributos aduaneros y el valor del rescate, para que automáticamente se entendiera nacionalizada una mercancía, sin restricción alguna.

En contraste, debe considerarse que la exigencia de la licencia de importación, en el caso de algunas mercancías, constituye un necesario mecanismo de control a la importación de determinadas mercancías sobre las cuales el Estado, por razones de índole económica, social o de orden público, ha querido que se ejerza control (mercancía usada, armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, etc.).

Este mecanismo de control está en cabeza del Incómex, entidad que determina qué mercancía se puede importar legalmente en un momento determinado.

En materia aduanera, el sólo pago de los derechos aduaneros y el rescate no conlleva la nacionalización para la libre disposición de la mercancía, porque el levante está sujeto a que sobre la misma no existan restricciones de carácter legal o administrativo, siendo necesario, en consecuencia, obtener la licencia de importación en los casos que lo ordene la ley, para que, posteriormente, si se cumplen los demás requisitos legales, la autoridad aduanera autorice su levante.

C. Finalmente, debe decirse que no es cierto que el inciso 4 del artículo 57 del Decreto 1909 de 1992 viole los artículos 2o., 58, 228 y 230 de la Constitución Política y 669, 673, 685, 754 y 762 del Código Civil, ya que aquélla se limita a señalar que la declaración de legalización no constituye, por sí misma, título de propiedad sobre la mercancía, ni legaliza los ilícitos que se hayan cometido en su adquisición, precisamente porque dichas situaciones se rigen por la legislación civil y la penal, respectivamente. Es decir, que la autoridad aduanera sólo llega hasta determinar la situación objetiva legal de la mercancía desde el punto de vista de la normatividad aduanera, dejando a salvo la competencia de las demás autoridades y, obviamente, la normatividad a la que éstas se sujetan.

III. - INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO

La señora Procuradora Novena Delegada ante esta Corporación es partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

Se comparte lo expresado por el apoderado de la entidad demandada, en el sentido de que en la demanda se omitió dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 137 numeral 4 del C.C.A., esto es, señalar las disposiciones legales que se consideran violadas y expresar el concepto de su violación.

Afirma la demandante que las disposiciones demandadas son incompatibles y están en contraposición con normas posteriores del mismo Decreto 1909 de 1992, afirmación que, de ser cierta, que no lo es en concepto de la Delegada, no sería causal de nulidad, pues se aplicarían las normas posteriores tal y como lo dispone la Ley 157 de 1887.

De igual manera, si se trata de normas posteriores de igual jerarquía, contrarias a las disposiciones demandadas, éstas se consideran tácitamente derogadas por aquéllas, sin que ello signifique que procede la declaratoria de nulidad.

Si no se indican las normas violadas ni el concepto de la violación, los poderes de interpretación de la demanda no pueden subsanar este vicio, ya que la jurisdicción contencioso administrativa es rogada.

No obstante lo anterior, y en aras de mantener la prevalencia del derecho sustancial, la Procuraduría encuentra que el único punto respecto del cual podría llegar a considerarse que se señalan las normas que se consideran violadas y el concepto de violación, es el señalado en el numeral 60 de la demanda, donde se dice que el inciso 4 del artículo 57 del Decreto 1909 viola los artículos 669, 673, 685, 754 y 762 inciso 2 del C.C. y 2o., 58, 228 y 230 de la Carta Política.

Sobre el particular, debe decirse que el inciso 4 del artículo 57 en cuestión se limita a señalar que "La legalización de mercancías no determina la propiedad o titularidad de las mismas..." precisamente porque dichas situaciones se rigen por la legislación civil y penal. La autoridad aduanera sólo tiene competencia para determinar si una mercancía se encuentra o no legalmente dentro del territorio nacional, sin que pueda establecer en manera alguna, quien es su propietario o titular, tal como lo dispone el artículo acusado.

IV. LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver la controversia, previas las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

En primer término, esta Corporación advierte que pese al extenso contenido de la demanda, el acápite de normas violadas y el concepto de su violación es algo confuso, no obstante lo cual, la Sala haciendo uso del poder interpretativo que le asiste y en aras de la prevalencia del derecho sustancial, se permite extractar los cargos que la demandante endilga a las normas acusadas.

El texto de los artículos demandados del Decreto 1909 de 1992, "Por el cual se modifica la legislación aduanera", es el siguiente:

"Artículo 27. - Declaraciones que no producen efecto. No producirá efecto alguno, la declaración que presente una de las siguientes características:

a) Cuando no se haga constar en ella la autorización de levante de mercancía.

"Artículo 57. - ...

"No procederá la declaración de legalización, respecto de la mercancía sobre la cual existan restricciones legales o administrativas para su importación.

"A esta declaración se aplicarán las disposiciones y el procedimiento previsto en los artículos... 27 literal a); igualmente se aplicarán, en lo pertinente, los artículos 28, 29, ... y 31.

"La legalización de mercancías no determina la propiedad o titularidad de las mismas".

Respecto de la violación de normas contenidas en los Decretos 2130 de 1992 (29 de diciembre) y 2614 de 1993, al igual que de los artículos 72 y 82 del decreto acusado, la Sala observa que los artículos demandados se refieren a las declaraciones que no producen efectos y a los eventos en los cuales no procede la declaración de legalización de la mercancía, en tanto que el artículo 3o. del Decreto 2614 de 1993 se refiere al valor de rescate cuando la declaración de legalización se presenta sin intervención de la autoridad aduanera, al igual que a los valores de rescate de la mercancía aprehendida o abandonada, es decir, que unos y otro regulan aspectos diferentes.

Por su parte, mediante el Decreto 2130 de 1992 se atribuyen funciones a los Ministros, Directores de Departamentos Administrativos y demás directores, gerentes o jefes de entidades administrativas del orden nacional, lo cual a simple vista denota que el decreto que se acusa y el que se dice vulnerado no regulan materias similares.

Además, en acuerdo con lo expresado tanto por el apoderado de la DIAN como por la representante del Ministerio Público, esta Corporación considera que de ser cierto que las normas demandadas contrarían lo dispuesto en las normas que se citan como violadas, ello no es causal de nulidad, pues en este caso operaría el fenómeno de la derogatoria tácita, si se tiene en cuenta que las normas que se dicen infringidas fueron expedidas con posterioridad al decreto acusado, razón por la cual y en virtud del principio general de la irretroactividad de la ley, principio general también aplicable a los actos administrativos, según el cual las leyes rigen hacia el futuro, mal podría una norma expedida con anterioridad violar una disposición posterior.

En efecto, los artículos 1o. 2o. y 3o. de la Ley 153 de 1887 preceptúan:

"Artículo 1o. Siempre que se advierta incongruencia en las leyes, u ocurra oposición entre ley anterior y ley posterior, o trate de establecerse el tránsito legal de derecho antiguo a derecho nuevo, las autoridades de la república, y especialmente las judiciales, observarán las reglas contenidas en los artículos siguientes".

"Artículo 2o. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. En caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior".

"Artículo 3o. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería".

En armonía con los anteriores preceptos, el artículo 5o. de la Ley 57 de 1887, dispone:

"Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla.

"Si en los códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

"1a. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general.

"2a. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en artículo posterior;...".

A su turno, los artículos 71 y 72 del C.C.

prescriben:

"Artículo 71. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita.

"Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua.

"Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.

"La derogación de una ley puede ser total o parcial".

"Artículo 72. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley".

Con base en las disposiciones anteriores concluye la Sala que de ser cierto que los Decretos 2130 de 1992 y 2614 de 1993, al igual que los artículos 72 y 82 del Decreto 1909 de 1992 derogaron las disposiciones acusadas del último decreto citado, sólo ante un caso concreto podría esta jurisdicción pronunciarse en cuanto a la norma a aplicar al mismo, pero, de todas maneras, sin que sea de su resorte declarar la derogatoria de la norma, pues ello es competencia del legislador, bien sea en forma expresa o tácita, dado que la jurisdicción contencioso administrativa está instituida para declarar, si es el caso, la nulidad de los actos administrativos que violen una disposición de carácter superior, pero no así para pronunciarse sobre la derogatoria de una norma por parte de otra posteriormente expedida.

En consecuencia, no prosperan los cargos primero y segundo.

En cuanto al tercer cargo, se reitera lo expuesto en los cargos anteriores para despacharlo desfavorablemente respecto de la violación de los preceptos de los Decretos 2130 de 1992 y 2614 de 1993, y, respecto de los artículos 6o., 25, 27 inciso 2, 30, 31, 66, 71, 72, 1518, 1524, 1527, 1530, 1532, 1542 y 1620 del C.C.; 174, 175, 251 y ss. del C. de P.C.; y 246 del C. de P.P., los cuales se refieren, respectivamente, a que la sanción legal no es sólo la pena sino la recompensa; a que sólo corresponde al legislador la interpretación de una ley oscura; a que se puede, para interpretar una expresión oscura, recurrir a su espíritu; a que el contexto de la ley sirve para ilustrar el sentido de cada una de sus partes de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía; a que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación; a las presunciones legales y de derecho; a la derogación expresa y tácita de las leyes; a que no sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; a que no puede haber obligación sin una causa real y lícita; a que las obligaciones son civiles o naturales; a la obligación condicional; a que la condición positiva debe ser física y moralmente posible; a que no puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente; a que el sentido en que una cláusula puede producir un efecto, deberá preferirse a aquél en que no sea capaz de producir efecto alguno; a la necesidad de la prueba; a los medios de prueba; y a las clases de documentos, cuyo concepto de violación lo hace consistir la demandante en el hecho de que al prescribir el artículo 27 que no producirá efecto alguno la declaración en la que no se haga constar la autorización de levante de mercancía, a su juicio, descalifica cada acto singular, la Sala estima que dicho cargo carece de vocación de prosperidad, dado que, precisamente, la transgresión de las normas citadas podría darse eventualmente frente a un acto de contenido particular, más no así frente a la disposición acusada que es de carácter general, pues sólo al acto administrativo de carácter particular que ordene el rechazo del levante de la mercancía podría endilgársele el desconocimiento de los medios probatorios, acto que sería enjuiciable ante la jurisdicción contencioso administrativa, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, el cargo es desestimado.

En el cuarto cargo, la actora aduce que existe ausencia de un debido proceso administrativo, puesto que se crea una presunción ilegal modificatoria del ordenamiento jurídico general (Artículo 3o. del Decreto 2614 de 1993), al disponerse que es inocuo el documento de la declaración de legalización en la que no conste el levante físico de la mercancía (artículo 27 demandado).

Para desestimar el cargo en estudio, basta a la Sala reiterar que el Decreto 2614 de 1993 fue expedido con posterioridad al Decreto 1909 de 1992, contentivo de las normas acusadas, razón por la cual no puede hablarse de la violación de aquél por parte de éste, a más de que al estudiar el tercer cargo, se concluyó que la materia contenida en los artículos de uno y otro que se consideran contrarios, es diferente.

Frente al quinto cargo, en el cual la demandante insiste en que el artículo 27 acusado modificó la legislación general y especial sobre los medios probatorios y la necesidad de la prueba a los cuales se refieren los Códigos de Procedimiento Penal y Civil, y el debido proceso aduanero (contenido en el artículo 65 del Decreto 1909 de 1992), observa nuevamente la Sala que dicho cargo de violación solamente puede predicarse de un acto de contenido particular que desconozca los medios probatorios y el procedimiento administrativo especial para la imposición de sanciones en materia aduanera, como por ejemplo, un acto de contenido particular que sea proferido omitiendo el procedimiento previsto en el artículo 65 del Decreto 1909 de 1992 (citado por la parte actora), cuyo texto dispone que la imposición de sanciones debe fundarse en los principios de eficiencia y de justicia y en los hechos que aparezcan probados en el respectivo proceso; que corresponde al investigado presentar los documentos que acrediten que la importación de la mercancía se realizó conforme a las normas correspondientes; y que la Dirección de Aduanas Nacionales podrá en las investigaciones utilizar los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil y el Estatuto Tributario, así como los instrumentos consagrados por las normas del Código de Procedimiento Penal y el Código Nacional de Policía.

Por lo anterior, no prospera el cargo.

Finalmente, la Sala considera que tampoco le asiste razón a la actora cuando afirma que el inciso 4 del artículo 57 del decreto 1909 de 1992, modifica, sin tener competencia para ello, los artículos 669, 673, 685, 754 y 762 inciso 2 del C.C., y, por lo tanto, viola los artículos 2o., 58, 228 y 230 de la Carta Política, los cuales se refieren, en su orden, al derecho de dominio; a los modos de adquirirlo; a la ocupación; a la tradición de las cosas muebles corporales; a que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo; a los fines esenciales del Estado; a que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles; a que en las actuaciones judiciales prevalecerá el derecho sustancial; y a que los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, dado que, respecto de los dos últimos, debe decirse que se refieren concretamente a las autoridades judiciales y no así a las administrativas, y, respecto de los restantes, que, como bien lo afirman el apoderado de la entidad demandada y la Procuradora Delegada ante esta Corporación, el precepto en cuestión se limita a señalar que la declaración de legalización no constituye, por sí misma, título de propiedad sobre la mercancía, ni legaliza los ilícitos que se hayan cometido en su adquisición, precisamente porque dichas situaciones se rigen por la legislación civil y la penal, respectivamente. Es decir, que la autoridad aduanera deja a salvo la competencia de las demás autoridades y la normatividad a la que éstas se sujetan.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, cúmplase y publíquese en los Anales del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día veintitrés (23) de octubre de 1997.

MANUEL S. URUETA AYOLA ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZPresidente

JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Ausente