SENTENCIA 3200 de 1995

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006429SENTENCIAPRIMERA3200199522/09/1995SENTENCIA__PRIMERA__3200__1995_22/09/1995100064291995REGISTRO DE MARCA / TASA - Fijaci�n / SOLICITUD DE REGISTRO - Costo / REGISTRO DE T�TULO - Oportunidad del Cobro / PROPIEDAD INDUSTRIAL / TASA DE REGISTRO - Cobro / TASA DE T�TULO - Cobro El cobro de la tasa de t�tulo no es procedente en la misma oportunidad en que se cobra la tasa de solicitud, pues para tal momento a�n no es posible determinar si en efecto el t�tulo se va o no a expedir al solicitante por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La tasa de t�tulo debe ser cobrada una vez le sea reconocido el derecho al mismo, pues en tal evento s� existir�a correspondencia entre la recuperaci�n de los costos por los servicios prestados o participaci�n de los beneficios proporcionados por la demandada, los cuales, se reitera, se vienen a causar solamente en el momento en que le sea reconocido el derecho, al cobrarse en la misma oportunidad tanto en la tasa de solicitud como la de t�tulo, se est� cobrando un valor frente a esta �ltima, por unos servicios cuya prestaci�n es incierta, al igual que son inciertos los beneficios que en un momento dado puedan ser proporcionados, lo cual va en contra de lo normado en el inciso 2 del art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica. Adem�s, el Decreto 2875 de 1994 no previ� que en el caso de no expedirse el t�tulo la Administraci�n devolver�a la tasa por ella cobrada por tal concepto (t�tulo), lo cual sin lugar a dudas configurar�a un enriquecimiento sin causa en favor de la Administraci�n, pues se estar�a cobrando una tasa por un servicio que efectivamente no se prest�. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: YESID ROJAS SERRANO Santa Fe de Bogot�, D.C, veintid�s (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)

Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadYESID ROJAS SERRANOJORGE E. VERA VARGAS | OTROSdeclaratoria de nulidad parcial del par�grafo segundo del art�culo primero del Decreto No. 2875 de 29 de diciembre de 1994, "Por el cual se fijan las tasas para la tramitaci�n de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial", expedido por el Gobierno Nacional.Identificadores10010006430true68536Versi�n original10006430Identificadores

Norma demandada: �declaratoria de nulidad parcial del par�grafo segundo del art�culo primero del Decreto No. 2875 de 29 de diciembre de 1994, "Por el cual se fijan las tasas para la tramitaci�n de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial", expedido por el Gobierno Nacional.

REGISTRO DE MARCA / TASA - Fijaci�n / SOLICITUD DE REGISTRO - Costo / REGISTRO DE T�TULO - Oportunidad del Cobro / PROPIEDAD INDUSTRIAL / TASA DE REGISTRO - Cobro / TASA DE T�TULO - Cobro

El cobro de la tasa de t�tulo no es procedente en la misma oportunidad en que se cobra la tasa de solicitud, pues para tal momento a�n no es posible determinar si en efecto el t�tulo se va o no a expedir al solicitante por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La tasa de t�tulo debe ser cobrada una vez le sea reconocido el derecho al mismo, pues en tal evento s� existir�a correspondencia entre la recuperaci�n de los costos por los servicios prestados o participaci�n de los beneficios proporcionados por la demandada, los cuales, se reitera, se vienen a causar solamente en el momento en que le sea reconocido el derecho, al cobrarse en la misma oportunidad tanto en la tasa de solicitud como la de t�tulo, se est� cobrando un valor frente a esta �ltima, por unos servicios cuya prestaci�n es incierta, al igual que son inciertos los beneficios que en un momento dado puedan ser proporcionados, lo cual va en contra de lo normado en el inciso 2 del art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica. Adem�s, el Decreto 2875 de 1994 no previ� que en el caso de no expedirse el t�tulo la Administraci�n devolver�a la tasa por ella cobrada por tal concepto (t�tulo), lo cual sin lugar a dudas configurar�a un enriquecimiento sin causa en favor de la Administraci�n, pues se estar�a cobrando una tasa por un servicio que efectivamente no se prest�.

Santa Fe de Bogot�, D.C, veintid�s (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)

Los ciudadanos Jorge E. Vera Vargas, Mar�a Patricia Londo�o Jadad, Sandra Milena Rodr�guez Sarmiento, Sandra Esperanza Fajardo L�pez y Diego Buitrago Fl�rez, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 237 numeral 2 de la Constituci�n Pol�tica, solicitaron de esta Corporaci�n la declaratoria de nulidad parcial del par�grafo segundo del art�culo primero del Decreto No. 2875 de 29 de diciembre de 1994, "Por el cual se fijan las tasas para la tramitaci�n de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial", expedido por el Gobierno Nacional.

Citan los actores como infringidos por el acto acusado, los art�culos 189 numeral 11 y 338 inciso 2 de la Constituci�n Pol�tica; 119 de la Ley 6a. de 1992; 87, 114, 146 y 147 de la Decisi�n 344 del Acuerdo de Cartagena; 5o. del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena; y 25 del Decreto 117 de 1994.

La norma demandada viola el art�culo 189 numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica, dado que por ser una norma reglamentaria, de inferior jerarqu�a a la norma reglamentada, esto es, el art�culo 119 de la Ley 6a. de 1992.

El abuso en el ejercicio de la potestad reglamentaria se hace evidente en la medida en que, si bien el art�culo 119 mencionado atribuye al Gobierno Nacional la facultad para fijar "tasas para la tramitaci�n de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial", el monto global de las tasas debe guardar "directa correspondencia con los gastos de operaci�n".

En la tramitaci�n de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial se distinguen dos tipos de tasas que se causan por la prestaci�n de servicios, existiendo por lo tanto dos momentos en los cuales se causan los gastos de operaci�n a que se refieren dichas tasas.

Tales momentos son: el de la tasa que causa la presentaci�n de la solicitud y el de la tasa que causa la concesi�n del registro, a las cuales se refiere, la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena, en sus art�culos 87 y 114.

Ambas normas, la primera sobre la tasa que corresponde a los gastos de operaci�n que se causan con el tr�mite de la petici�n, y la segunda sobre la tasa que corresponde a su vez a los gastos de operaci�n que se causan con la concesi�n del registro, son aplicables a las solicitudes de registro de lemas, nombres y ense�as comerciales, seg�n se desprende de los reenv�os normativos que en su orden hacen los art�culos 122 y 128 de la citada Decisi�n.

El no pago de la tasa de presentaci�n de la solicitud conlleva a que �sta se considere como no admitida a tr�mite, en tanto que el no pago de la tasa de t�tulo es causal de caducidad.

Bien puede ocurrir que realizado el examen de registrabilidad, la oficina nacional competente determine que el registro de la solicitud no es procedente, y en consecuencia decide negarlo, evento en el cual la Administraci�n no prestar� los servicios administrativos, ni sufragar� los gastos de operaci�n que se originan con la concesi�n del registro. Por lo tanto, no habr� lugar al pago de la tasa de t�tulo por tal concepto.

Entre la fecha de presentaci�n de la solicitud y la fecha del registro, transcurre un per�odo largo de tiempo, de suerte que uno es el valor de la tasa de t�tulo vigente en la fecha de presentaci�n de la solicitud y otro es el valor de la tasa de t�tulo vigente en la fecha de concesi�n del mismo.

De igual manera, el abuso de la potestad reglamentaria tambi�n se patentiza en el quebrantamiento del art�culo 25 del Decreto 117 de 1994, porque la norma acusada se�ala, sin poder hacerlo, el momento del pago de la tasa del t�tulo, cuando dicho momento s�lo lo determina el citado art�culo 25.

El Decreto 2875 de 1994 fue expedido en ejercicio de las facultades que le confiere al Presidente de la Rep�blica el numeral 11 del art�culo 189 de la Carta y el art�culo 119 de la Ley 6a. de 1992, en tanto que el Decreto 177 de 1994 fue expedido en ejercicio de las facultades constitucionales arriba citadas, conferidas al Presidente de la Rep�blica, as� como tambi�n con base en los art�culos 618 y 2035 del C�digo de Comercio, y en desarrollo de los art�culos 146 y 147 de la Decisi�n 344 de la Comisi�n del Acuerdo de Cartagena.

Se observa entonces que fueron m�s y de mayor jerarqu�a las facultades con base en las cuales se expidi� el Decreto 117 de 1994, pues adem�s fue expedido en desarrollo de los art�culos 146 y 147 de la Decisi�n 344, que reiteran el principio de aplicaci�n uniforme en los pa�ses miembros de las normas comunitarias, contenido en el art�culo 5o. del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Las anteriores normas comunitarias guardan absoluta correspondencia con el art�culo 114 de la Decisi�n 344 que se refiere a la caducidad del registro por el no pago de tasas en los t�rminos que acuerde la legislaci�n nacional de los pa�ses miembros, en nuestro caso, acordados en el art�culo 25 del Decreto 117 de 1994.

En cuanto al inciso 2 del art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica, debe tenerse en cuenta el concepto de violaci�n expuesto para el art�culo 189 numeral 11 ib�dem, agreg�ndose que con fundamento en el art�culo 338 se expidi� el art�culo 119 de la Ley 6a. de 1992, que a su vez facult� al Gobierno Nacional para fijar las tasas para los procedimientos de propiedad industrial.

La norma acusada viola el inciso 2 del art�culo 338, dado que la exigencia de pagar en forma anticipada la tasa de t�tulo, contradice el principio constitucional seg�n el cual, la funci�n de las tasas consiste en la recuperaci�n de los costos de los servicios o participaci�n de los beneficios proporcionados.

En consecuencia, la obligaci�n de cancelar en forma anticipada la tasa de titulo, no guarda directa correspondencia con los gastos de operaci�n de los servicios a que se refiere el art�culo 119 de la Ley 6a. de 1992, ni responde al principio de recuperaci�n de los costos de los servicios o participaci�n de los beneficios proporcionados, consagrado en el inciso 2 del art�culo 338.

Mediante prove�do del 24 de febrero de 1995 se admiti� la demanda y se deneg� la solicitud de suspensi�n provisional del acto demandado.

Del auto admisorio de la demanda se notific� a la Naci�n - Ministerio de Desarrollo Econ�mico, quien a trav�s de apoderado dio contestaci�n a la misma (fl. 71), expresando que con el par�grafo del art�culo demandado se busca que quien solicite un registro cancele, por una sola vez, los costos que implica el poner en funcionamiento a la Administraci�n para que analice el registro de una marca, lema, emblema o ense�a comercial.

Dicho pago sirve para sufragar gastos que se generan dentro del proceso de registro de propiedad industrial, especialmente los relacionados con la solicitud propiamente dicha, con la publicaci�n en la gaceta respectiva y con el otorgamiento del t�tulo de registro.

Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en el art�culo 119 de la Ley 6a. de 1992, seg�n el cual, el Gobierno fijar� el monto global de las tasas, entendi�ndose por �ste, el pago �nico que establece el par�grafo demandado y que debe realizarse al presentar la solicitud, sin que deban acreditarse pagos adicionales en el transcurso del tr�mite.

a. - Se le imprime celeridad y eficacia a la actuaci�n administrativa iniciada a petici�n de un particular, ya que una vez reunidos todos los requisitos establecidos en el art�culo 87 de la Decisi�n 344 del Acuerdo de Cartagena, la Administraci�n est� obligada a impulsar dicho tr�mite hasta que se resuelva la actuaci�n, lo que est� en concordancia con los principios constitucionales contenidos en el art�culo 209 que orientan la funci�n administrativa.

b. - La norma cuestionada da aplicaci�n al principio de econom�a, toda vez que es m�s econ�mico el pago de las tarifas del procedimiento al inicio de la actuaci�n, pues de ser cancelado como lo dice el demandante, esto es, pag�ndose una tasa al presentarse la solicitud y otra al momento de concederse el registro, ello conllevar�a a que los valores de una y otra tasa no sean iguales, de un lado, por el transcurso del tiempo, y de otro, porque estas tasas se incrementan de acuerdo con el �ndice de precios al consumidor y al nivel de ingresos.

c. - El par�grafo acusado no vulnera el art�culo 25 del Decreto 117 de 1994 que establece la caducidad de los t�tulos en relaci�n con concesiones, renovaciones, traspasos, pr�rrogas, licencias, cambios de nombre y de domicilio del titular cuando no se acredite el pago de los mismos, pues con aqu�l se pretende que quienes hayan obtenido un registro no lo pierdan por no acreditar el pago de las tasas respectivas, una vez se haya ejecutoriado el acto administrativo que concede el registro.

De otra parte, se tiene que la norma acusada no es violatoria de los art�culos 189 numeral 11 de la Carta Pol�tica, as� como tampoco del art�culo 119 de la Ley 6a. de 1992, ya que �sta �ltima precisamente le concedi� al Gobierno Nacional la facultad de fijar las tasas relacionadas con los procedimientos de propiedad industrial y �ste en ejercicio de la potestad reglamentaria, profiri� el Decreto 2875 de 1994.

Tampoco puede considerarse violado el inciso 2 del art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica, por cuanto las tasas que se cobran en el procedimiento de propiedad industrial y que se deben pagar en el plazo establecido en el par�grafo 2 del art�culo 1o. del Decreto 2875 de 1994, deben entenderse como costos de operaci�n o de administraci�n, es decir, aqu�llos en que incurre la Administraci�n al poner en funcionamiento el aparato estatal.

Finalmente, debe decirse que no existe quebrantamiento de las disposiciones del Acuerdo de Cartagena y del Tribunal de Justicia del mismo Acuerdo, por cuanto �stas se refieren al compromiso de cada uno de los pa�ses miembros de desarrollar las Decisiones fruto del mismo mediante la regulaci�n interna, a fin de hacerlas efectivas de acuerdo con la legislaci�n vigente en cada pa�s.

La Se�ora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporaci�n es partidaria de que se denieguen las s�plicas de la demanda por considerar que acorde con el precepto contenido en el inciso 2 del art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica, la Ley 6a. de 1992, art�culo 119, facult� al Gobierno Nacional para fijar las tasas para los procedimientos de propiedad industrial.

Con estas bases fue expedido el Decreto No. 2875 de 1991, del cual hace parte el par�grafo cuya nulidad parcial se impetra.

La inconformidad de los demandantes se concreta a la oportunidad en que se fija el cobro de la tasa (al momento de la presentaci�n de la solicitud), y se fundamenta en que la norma constitucional prev� la autorizaci�n legal para la determinaci�n por parte de las autoridades de las tasas y contribuciones como recuperaci�n de los costos de los servicios, interpretaci�n literal que no es admisible, ya que en los costos de los servicios bien puede incluirse no s�lo el uso de equipos, muebles, enseres, papel, implementos, etc., sino el mantenimiento del personal id�neo para la atenci�n y tr�mite de las solicitudes.

En la evaluaci�n de tales costos no se ve la raz�n para diferenciar la tasa de una solicitud exitosa, de la que no llega a ser favorable. Lo que se cobra en realidad al usuario es el costo ponderado del resultado de poner en movimiento el aparato administrativo, para el estudio de una solicitud que, vale observar, en muchos casos puede ser impertinente, incompleta o improcedente y no por ello se justificar�a su gratuidad.

Mediante la presente acci�n de nulidad se demanda la expresi�n "y t�tulos" contenida en el par�grafo segundo del art�culo primero del Decreto 2875 de 1994 que reza:

"Par�grafo Segundo. - Las tasas correspondientes a los tr�mites de solicitudes de registro y t�tulos referentes a marcas, lemas comerciales, nombres y ense�as comerciales, deber�n ser canceladas al momento de la presentaci�n de la solicitud de registro" (negrillas fuera del texto).

Los demandantes entre otras normas, consideran violado el art�culo 338 inciso 2 de la Constituci�n Pol�tica que prescribe:

"La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperaci�n de los costos de los servicios que les presten o participaci�n en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y m�todo para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos..." (negrillas fuera del texto ).

La parte actora centra su inconformidad en el hecho de que seg�n la norma acusada, la tasa de t�tulos debe pagarse al momento de la solicitud de registro, desconoci�ndose con ello el principio contenido en el inciso 2 del art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica, seg�n el cual debe existir correspondencia entre la tasa fijada y los costos de los servicios o participaci�n de los beneficios proporcionados. La consideraci�n anterior la hacen los demandantes, en raz�n a la oportunidad en que se cobra dicha tasa.

La Sala considera entonces necesario referirse al art�culo primero del decreto contentivo de la expresi�n "y t�tulos" demandada, toda vez que en �l se establecen los conceptos por los cuales se cobran las diferentes tasas, entre ellas la que nos ocupa (de t�tulos).

En efecto, en el art�culo primero del Decreto 2875 de 1994, se fijan las tasas para los procedimientos relacionados con la propiedad industrial, as�:

Examinado lo anterior, la Sala observa que son dos las tasas que se cobran al momento de la presentaci�n de la solicitud de registro: una por concepto de solicitudes y otra por concepto de t�tulos.

Frente a la primera tasa, es l�gico que �sta se cobre al momento de presentarse la correspondiente solicitud (cuesti�n que no discute la parte actora), pues es en dicho momento cuando efectivamente el aparato administrativo se pone en movimiento con el fin de determinar la viabilidad de la solicitud, para lo cual incurre en costos tales como el del personal que la estudia, equipos, muebles, enseres; etc.

Al mismo tiempo que se cobra la tasa por concepto de registro de solicitudes, se cobra tambi�n la tasa de titulo, que es lo que controvierten los demandantes.

Frente a lo anterior, esta Corporaci�n considera que el cobro de la tasa de t�tulo no es procedente en la misma oportunidad en que se cobra la tasa de solicitud, pues para tal momento a�n no es posible determinar si en efecto el t�tulo se va o no a expedir al solicitante por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En consecuencia, estima la Sala que le asiste raz�n a los demandantes cuando afirman que no existe correspondencia entre la tasa que se cobra por el registro del t�tulo y los costos o beneficios a que se refiere el inciso 2 del art�culo 338 de la Carta Pol�tica, por cuanto si bien es cierto que es factible que dicha solicitud prospere y por lo tanto la Administraci�n incurra en costos, los cuales son recuperables a trav�s del cobro de la tasa, no lo es menos que tambi�n puede darse el caso de que la solicitud en cuesti�n sea denegada, raz�n por la cual el cobro anticipado de dicha tasa de t�tulo, no corresponder�a a los costos en que incurri� la Administraci�n para concluir que �sta no es registrable, pues aqu�llos quedan cubiertos por la tasa de solicitud fijada en el literal A) de art�culo primero del Decreto 2875 de 1994.

En conclusi�n, se tiene que la tasa de t�tulo debe ser cobrada una vez le sea reconocido el derecho al mismo, pues en tal evento s� existir�a correspondencia entre la recuperaci�n de los costos por los servicios prestados o participaci�n de los beneficios proporcionados por la demandada, los cuales, se reitera, se vienen a causar solamente en el momento en que le sea reconocido el derecho.

En el presente caso, al cobrarse en la misma oportunidad tanto la tasa de solicitud como la de t�tulo, se est� cobrando un valor frente a esta �ltima, por unos servicios cuya prestaci�n es incierta, al igual que son inciertos loe beneficios que en un momento dado puedan ser proporcionados, lo cual va en contra de lo normado en el inciso 2 del art�culo 338 de la Constituci�n Pol�tica.

Adem�s, el Decreto 2875 de 1994 no previ� que en el caso de no expedirse el t�tulo la Administraci�n devolver�a la tasa por ella cobrada por tal concepto (t�tulo), lo cual sin lugar a dudas configurar�a un enriquecimiento sin causa en favor de la Administraci�n, pues se estar�a cobrando una tasa por un servicio que efectivamente no se prest�.

La Sala observa que se declarar� la nulidad de la expresi�n "y t�tulos" en cuanto hace a la oportunidad en que se cobra dicha tasa, sin que ello implique que la misma tasa no pueda ser cobrada en el evento en que se haya reconocido el t�tulo, pues dada tal circunstancia se tiene entonces que la Administraci�n s� tendr�a derecho a recuperar los costos en que ha incurrido o a participar en los beneficios proporcionados.

Finalmente, la Sala expresa que no comparte lo expuesto por el Ministerio P�blico cuando sostiene que en la evaluaci�n de los costos no hay necesidad de diferenciar la tasa de una solicitud exitosa de la que no es favorable por cuanto lo que se cobra es el costo ponderado de poner en movimiento el aparato administrativo, toda vez que tal y como se sostuvo anteriormente, una es la tasa por concepto de la solicitud de registro, cuya oportunidad de cobro no es aqu� discutida, y otra, la tasa de registro de t�tulo, que como ya se vio, no debe ser cobrada en la misma oportunidad que la de registro de solicitud, pues en dicho momento a�n es incierta la prestaci�n de tal servicio.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera. administrando justicia en nombre de la Rep�blica de Colombia y por autoridad de la ley,

DECL�RASE la nulidad de la expresi�n "y t�tulos" contenida en el par�grafo segundo del art�culo primero del Decreto 2875 de 1994.

DEVU�LVASE a la parte actora la suma depositada para gastos del proceso, por no haberse utilizado.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reuni�n celebrada el d�a 21 de septiembre de 1995.