100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006365SENTENCIAPRIMERA3156199504/08/1995SENTENCIA__PRIMERA__3156__1995_04/08/1995100063651995EMISORAS DE RADIODIFUSIÓN SONORA / LICENCIA DE CONCESIÓN / DERECHO DE FUNDAR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN El acto acusado en manera alguna impide el ejercicio del derecho constitucional de fundar medios masivos de comunicación para prestar el servicio de radiodifusión sonora. Tampoco comparte la Sala la opinión del demandante en el sentido de que la prohibición establecida en el acto cuya declaratoria de nulidad se pretende implica el desconocimiento del artículo 84 del Estatuto Fundamental, pues de las disposiciones legales atrás indicadas resulta que para operar cualquier estación de radiodifusión sonora en el territorio nacional se requiere de la correspondiente licencia o concesión del Ministerio de Comunicaciones, so pena de hacerse acreedor a las sanciones allí establecidas. NOTA DE RELATORÍA: Reitera la jurisprudencia de junio 1 / 95; Exp. 3102; actor: César A. Sánchez Martínez; Ponente: Yesid Rojas Serrano. SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA / COMUNIDADES ORGANIZADAS - Derechos / LICENCIA O CONCESIÓN / DECRETO REGLAMENTARIO / PERMISO PREVIO - Inexistencia / AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO - Inexistencia La violación del artículo 58 de la Carta Política con el argumento de que el acto cuya declaratoria de nulidad se impetra desconoce el derecho que en virtud de los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año adquirieron las personas y comunidades organizadas que prestaban el servicio de radiodifusión sonora sin sujeción a las disposiciones legales, a continuar funcionando durante el término en ellas previsto, es decir, sin contar con la correspondiente licencia o concesión, la Sala considera que aún si se estimara que dichas normas hubieran concedido tal derecho, ello sería frontalmente ilegal por cuanto va en contravía de los claros y terminantes mandatos de los artículos 10 de la Ley 72 de 1989 y 50 del Decreto Ley 1900 de 1990, hasta tal punto que esta misma Sección, mediante providencia de 20 de enero de 1995 (Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, actor: Jorge Enrique Gutiérrez Avila, Expediente No. 3177), decretó la suspensión provisional del citado artículo 131 del Decreto 1480 de 1994, con argumentos que son igualmente aplicables al artículo 40 del Decreto 1695 del mismo año por cuanto su contenido es similar. La Sala considera que al ser el acto demandado del mismo rango normativo que los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año, es decir, de naturaleza reglamentaria, debe entenderse que dicho acto acusado reformó o aclaró las indicadas normas y que, en cualquiera de los dos casos, su contenido es el que más se aviene con las disposiciones reglamentadas, pues el que no es acorde con ellas es el consignado en los citados artículos 131 y 140 a que atrás se hizo referencia. A los términos señalados en los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año no puede atribuírsele la virtualidad del permiso previo a que se refiere la norma que se reputa quebrantada para poder hacer uso de las frecuencias radioeléctricas requeridas para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, pues tal utilización está supeditada a la previa autorización del Gobierno, como se infiere inequívocamente de los artículos 10 de la Ley 72 de 1989 y 50 del Decreto - Ley 1900 de 1990, en cuanto disponen que cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opera sin dicha autorización previa, son considerados como clandestinos. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente : LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santa Fe de Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadLIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZROMÁN ABAD GUTIÉRREZ MORALESdeclaratoria de nulidad del artículo 1o. del Decreto 2158 de 19 de septiembre de 1994, "por el cual se dictan normas sobre el servicio de radiodifusión sonora", expedido por el Gobierno Nacional.Identificadores10010006366true68436Versión original10006366Identificadores

Fecha Providencia

04/08/1995

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Norma demandada:  declaratoria de nulidad del artículo 1o. del Decreto 2158 de 19 de septiembre de 1994, "por el cual se dictan normas sobre el servicio de radiodifusión sonora", expedido por el Gobierno Nacional.

Demandante:  ROMÁN ABAD GUTIÉRREZ MORALES


EMISORAS DE RADIODIFUSIÓN SONORA / LICENCIA DE CONCESIÓN / DERECHO DE FUNDAR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

El acto acusado en manera alguna impide el ejercicio del derecho constitucional de fundar medios masivos de comunicación para prestar el servicio de radiodifusión sonora. Tampoco comparte la Sala la opinión del demandante en el sentido de que la prohibición establecida en el acto cuya declaratoria de nulidad se pretende implica el desconocimiento del artículo 84 del Estatuto Fundamental, pues de las disposiciones legales atrás indicadas resulta que para operar cualquier estación de radiodifusión sonora en el territorio nacional se requiere de la correspondiente licencia o concesión del Ministerio de Comunicaciones, so pena de hacerse acreedor a las sanciones allí establecidas.

NOTA DE RELATORÍA: Reitera la jurisprudencia de junio 1 / 95; Exp. 3102; actor: César A. Sánchez Martínez; Ponente: Yesid Rojas Serrano.

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA / COMUNIDADES ORGANIZADAS - Derechos / LICENCIA O CONCESIÓN / DECRETO REGLAMENTARIO / PERMISO PREVIO - Inexistencia / AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO - Inexistencia

La violación del artículo 58 de la Carta Política con el argumento de que el acto cuya declaratoria de nulidad se impetra desconoce el derecho que en virtud de los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año adquirieron las personas y comunidades organizadas que prestaban el servicio de radiodifusión sonora sin sujeción a las disposiciones legales, a continuar funcionando durante el término en ellas previsto, es decir, sin contar con la correspondiente licencia o concesión, la Sala considera que aún si se estimara que dichas normas hubieran concedido tal derecho, ello sería frontalmente ilegal por cuanto va en contravía de los claros y terminantes mandatos de los artículos 10 de la Ley 72 de 1989 y 50 del Decreto Ley 1900 de 1990, hasta tal punto que esta misma Sección, mediante providencia de 20 de enero de 1995 (Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, actor: Jorge Enrique Gutiérrez Avila, Expediente No. 3177), decretó la suspensión provisional del citado artículo 131 del Decreto 1480 de 1994, con argumentos que son igualmente aplicables al artículo 40 del Decreto 1695 del mismo año por cuanto su contenido es similar. La Sala considera que al ser el acto demandado del mismo rango normativo que los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año, es decir, de naturaleza reglamentaria, debe entenderse que dicho acto acusado reformó o aclaró las indicadas normas y que, en cualquiera de los dos casos, su contenido es el que más se aviene con las disposiciones reglamentadas, pues el que no es acorde con ellas es el consignado en los citados artículos 131 y 140 a que atrás se hizo referencia. A los términos señalados en los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año no puede atribuírsele la virtualidad del permiso previo a que se refiere la norma que se reputa quebrantada para poder hacer uso de las frecuencias radioeléctricas requeridas para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, pues tal utilización está supeditada a la previa autorización del Gobierno, como se infiere inequívocamente de los artículos 10 de la Ley 72 de 1989 y 50 del Decreto - Ley 1900 de 1990, en cuanto disponen que cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opera sin dicha autorización previa, son considerados como clandestinos.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Santa Fe de Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995)

Radicación número: 3156

Actor: ROMÁN ABAD GUTIÉRREZ MORALES

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por el ciudadano Román Abad Gutiérrez Morales en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., con la finalidad de obtener la declaratoria de nulidad del artículo 1o. del Decreto 2158 de 19 de septiembre de 1994, "por el cual se dictan normas sobre el servicio de radiodifusión sonora", expedido por el Gobierno Nacional.

I . - ANTECEDENTES

a. -El acto acusado

Es del siguiente tenor:

"Artículo 1o. - Mientras se cumplen los términos establecidos en los artículos 131 del Decreto 1480 de julio 13 de 1994 y 40 del Decreto 1695 de agosto 3 de 1994, y se realicen las licitaciones públicas o se expidan las licencias que con base en ellos sean pertinentes, las emisoras de radiodifusión sonora que vienen operando en el país sin concesión otorgada por el Ministerio de Comunicaciones, no podrán prestar ese servicio al público hasta tanto obtengan la correspondiente licencia".

b. -Los hechos de la demanda

En el correspondiente acápite del libelo demandatorio el actor se limita a transcribir el tenor del acto acusado.

c. -Las normas presuntamente violadas y el concepto de violación

El actor considera que con la expedición del acto acusado se violaron las siguientes normas, por las razones que, expresadas en la demanda, se sintetizan a continuación (fls. 78 a 83):

Primer cargo. - Violación del artículo 20 de la Carta Política, pues al haberse reglamentado de manera general por los Decretos 1480 y 1695 de 1994 el ejercicio del derecho que consagra la norma constitucional, ello implica, a la luz del artículo 84 ibídem, la prohibición de establecer o exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para dicho ejercicio, lo cual desconoce el acto acusado al "... establecer condiciones restrictivas al disfrute del derecho fundamental de fundar medios masivos de comunicación en este caso EMISORAS, al impedir continúen prestando el servicio al público...".

Segundo cargo. - Violación de los artículos 4o. y 5o. de la Carta Política, pues "siendo tan flagrante la violación de la Constitución no se requiere análisis profundo para comprobarlo...".

Tercer cargo. - Violación del artículo 58 de la Constitución Nacional, por cuanto los derechos adquiridos con base en los artículos 131 del Decreto 1480 y 40 del Decreto 1695, ambos de 1994, que "...reconocen el derecho de funcionamiento a las emisoras en operación antes de la expedición de los citados decretos, así sea durante el tiempo en ellos contemplados...", resultan desconocidos y vulnerados por mandato posterior, como es el acto acusado, pues de la simple comparación de las normas en contraposición se evidencia el quebranto de los derechos adquiridos por las personas afectadas con la expedición de dicho acto.

Cuarto cargo. - Violación de los artículos 131 del Decreto 1480 y 40 del Decreto 1695 de 1994, que al autorizar de manera genérica el funcionamiento de las emisoras en operación antes de la publicación de estos, no hacen otra cosa que tutelar el disfrute de la creación de medios masivos de comunicación, derecho inalienable e irrenunciable que no puede estar sujeto a condiciones por cualquier norma que pretenda reglamentarlo pues se tendría como inexistente, como sucede con el artículo 1o. del Decreto 2158 de 1994.

Quinto cargo. - Violación del artículo 20 del Decreto - Ley 1900 de 1990, ya que las emisoras que venían funcionando, con la expedición de los Decretos 1480 y 1695 de 1994, obtuvieron del Ministerio de Comunicaciones permiso previo con un término de duración de 180 días hábiles contados desde la fecha de la publicación de los decretos citados. Por eso, "cualquier norma que pretenda desconocer el mencionado permiso, para declararlo derogado requiere de justificación y motivación, que en el caso que nos ocupa no lo hubo, por cuanto el decreto no sustenta la decisión de cortar el disfrute del derecho fundamental contemplado en el artículo 20 de la Carta Política...".

Sexto cargo. - Violación del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto el acto acusado no cumplió con las formalidades que requiere su expedición. En efecto, desconoció el derecho de audiencia y de defensa, "...al imponerle a las emisoras autorizadas por el artículo 40 del Decreto 1695 / 94 y 131 del Decreto 1480 / 94 la sanción de no prestar el servicio de radiodifusión sonora, sin darles la oportunidad de ser oídas y de hacer uso del derecho de defensa...". Igualmente, no existe motivación para prohibir la prestación del servicio de radiodifusión sonora al público.

d. -Las razones de la defensa

En los escritos de contestación de demanda y alegato de conclusión, la parte demandada se opone a las pretensiones del actor con fundamento en las razones que a continuación se sintetizan (fls. 104 a 109 y 121 a 126):

1. - El Decreto 2158 de 1994 se ajusta a las previsiones normativas jerárquicamente superiores en cuanto que prohíbe la operación de emisoras en forma clandestina. En efecto, tanto la Ley 72 de 1989 en su artículo 10, como los Decretos 1900, artículo 50, y 1901, artículo 3o. numeral 8o., ambos de 1990, establecen que los servicios y redes de telecomunicaciones que operen sin previa autorización del gobierno son considerados clandestinos y por lo tanto el Ministerio de Comunicaciones y las autoridades militares y de policía procederán a suspender y a decomisar los equipos, por lo que quien no esté autorizado no puede prestar el servicio de radiodifusión sonora.

2. - Para el ejercicio efectivo del derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Carta Política es necesario el acceso y uso del espectro electromagnético, que por ser un bien público está sujeto a la gestión y control del Estado, de acuerdo con el artículo 75 de la misma codificación. En consecuencia, y según este último mandato constitucional, el Estado está obligado a colocar en igualdad de condiciones a los usuarios del espectro electromagnético, que en el presente caso se traduce en que todas las emisoras de radiodifusión sonora deben obtener del Ministerio de Comunicaciones, previa solicitud, la correspondiente licencia conforme a las normas que regulan dicha actividad.

3. - El artículo 4o. de la Constitución Política no se quebranta, pues con la expedición del Decreto 2158 de 1994 el Gobierno Nacional está garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso y uso del espectro electromagnético en los términos fijados por la ley.

4. - No hay violación alguna contra el artículo 5o. de la Constitución Política, por cuanto con la expedición del acto no se atenta contra ningún derecho inalienable, es decir, aquél cuyo titular es un individuo y que no se puede enajenar.

5. - En relación con el derecho de propiedad consagrado en el artículo 58 de la Carta Política, el acto acusado en ningún momento lo desconoce por cuanto el objeto de la reglamentación es el espectro electromagnético, que como ya se señaló, es un bien público inalienable e imprescriptible que por su solo uso no convierte en propietario al cesionario del servicio.

6. - Los artículos 131 del Decreto 1480 y 40 del Decreto 1695 de 1994, han de entenderse no como la legalización de estaciones de radiodifusión sonora que venían operando clandestinamente, sino como el otorgamiento de un término para que las personas que venían operando sin la correspondiente licencia, participaran en una licitación pública y así posiblemente obtener la concesión, conforme a lo establecido en la Ley 72 de 1989 y los Decretos Reglamentarios Nos. 1900 y 1901 de 1990.

7. - No se ha violado el artículo 20 del decreto Ley 1900 de 1990, pues es la base legal de las normas mencionadas en el numeral anterior.

8. - El artículo 84 del C.C.A. no se viola con la expedición del Decreto 2158 de 1994, por cuanto corresponde precisamente a la acción de la que está haciendo uso el actor.

9. - El Consejo de Estado con ponencia del doctor Yesid Rojas Serrano, en sentencia de fecha 1o. de junio de 1995, ya se pronunció en el sentido de denegar las súplicas de la demanda instaurada contra el mismo artículo 1o. del Decreto 2158 de 1994, entre otras normas.

e. -La actuación surtida

De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto de 19 de diciembre de 1994, se admitió la demanda y se denegó la solicitud de decretar la suspensión provisional del acto acusado (fls. 91 a 95).

Mediante proveído de 18 de abril de 1995 se denegaron las pruebas solicitadas por el actor (fls. 117 y 118).

Dentro del término de traslado a las partes para alegar de conclusión y al Agente del Ministerio Público para emitir su concepto, procedieron a ello la parte demandada y el funcionario mencionado (fls. 121 a 126 y 127 a 132).

II. - EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

En el escrito que lo contiene, la señora Procuradora Segunda Delegada ante esta Corporación considera que no están llamadas a prosperar las súplicas de la demanda, conforme a las razones que emitió en concepto de 22 de marzo de 1995, en el proceso 3102 promovido por el ciudadano César Augusto Sánchez Martínez, entre las cuales se destaca:

"Este somero recorrido por las normas que rigen la materia objeto de estudio deja claro que el acto administrativo cuya anulación se impetra tiene amplio respaldo legal; que, ante todo, se trata del uso del espectro electromagnético, que es un bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado; Que la radiodifusión sonora es un servicio público a cargo del Estado; Que en atención a ello para la prestación del servicio comunitario de radiodifusión sonora se requiere de licencia especial; Que el poder de gestión y control del Estado sobre el espectro electromagnético y el servicio público de radiodifusión sonora se ejerce a través del Ministerio de Comunicaciones; Que el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio está sujeto al cumplimiento de claros requerimientos legales, etc. y, finalmente, que frente a estas realidades normativas se desvanecen los frágiles argumentos de la demanda".

III. - CONSIDERACIONES DE LA SALA

En relación con el primer cargo. - Luego del estudio de sus fundamentos, para la Sala es claro que adolece de vocación de prosperidad, pues el acto acusado en manera alguna impide el ejercicio del derecho constitucional de fundar medios masivos de comunicación para prestar el servicio de radiodifusión sonora, sino precisamente, como lo concluyó esta misma Sección en sentencia de 1o. de junio de 1995 al resolver similar acusación a la que se formula en este proceso, está "...reglamentando la actividad de las emisoras de radiodifusión sonora en los términos de los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año, para que sea ejercida conforme a la ley, previa la obtención de la respectiva licencia, de que tratan los artículos 10o. de la Ley 72 de 1989; 50 del Decreto 1900 de 1990 y 3o. numeral 8 del Decreto 1901 del mismo año, y en ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 189 - 11 de la Carta Política" (Consejero Ponente doctor Yesid Rojas Serrano, Actor: César Augusto Sánchez Martínez, Exp. No. 3102).

De otra parte, tampoco comparte la Sala la opinión del demandante en el sentido de que la prohibición establecida en el acto cuya declaratoria de nulidad se pretende implica el desconocimiento del artículo 84 del Estatuto Fundamental, pues de las disposiciones legales atrás indicadas resulta que para operar cualquier estación de radiodifusión sonora en el territorio nacional se requiere de la correspondiente licencia o concesión del Ministerio de Comunicaciones, so pena de hacerse acreedor a las sanciones allí establecidas.

Por lo anterior, el cargo no prospera.

En relación con el segundo cargo. - La Sala se abstiene de pronunciarse sobre la violación de los artículos 4o. y 5o. de la Carta Política pues al ser la jurisdicción de lo contencioso administrativo rogada y no oficiosa, es imperativo que el actor indique de manera precisa no sólo las normas de superior jerarquía que estime infringidas por el acto o actos acusados, sino que explique el concepto de su quebrantamiento, requisito que no se cumple en este caso como quedó precisado al enunciar los cargos de la demanda.

En relación con el tercer cargo, en el cual se alega la violación del artículo 58 de la Carta Política con el argumento de que el acto cuya declaratoria de nulidad se impetra desconoce el derecho que en virtud de los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año adquirieron las personas y comunidades organizadas que prestaban el servicio de radiodifusión sonora sin sujeción a las disposiciones legales, a continuar funcionando durante el término en ellas previsto, es decir, sin contar con la correspondiente licencia o concesión, la Sala considera que aún si se estimara que dichas normas hubieran concedido tal derecho, ello sería frontalmente ilegal por cuanto va en contravía de los claros y terminantes mandatos de los artículos 10o. de la Ley 72 de 1989 y 50 del Decreto Ley 1900 de 1990, hasta tal punto que esta misma Sección, mediante providencia de 20 de enero de 1995 (Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Actor: Jorge Enrique Gutiérrez Ávila, Expediente No. 3177), decretó la suspensión provisional del citado artículo 131 del Decreto 1480 de 1994, con argumentos que son igualmente aplicables al artículo 40 del Decreto 1695 del mismo año por cuanto su contenido es similar. En efecto, en la mencionada providencia la Sala expresó lo siguiente:

"Al hacer la comparación entre las dos normas legales citadas por el peticionario y la disposición reglamentaria acusada, la Sala encuentra que efectivamente, la última contraría en forma manifiesta la primera, pues es evidente que en cumplimiento de las citadas normas legales la administración tiene la obligación de proceder a la suspensión del servicio considerado clandestino y a decomisar los equipos, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar y sin posibilidad de legalización, mientras que el sentido de la norma acusada es la de permitir la continuación del funcionamiento de esos servicios que han venido prestándose sin sujeción a las disposiciones legales, lo cual va en contravía de las leyes reglamentadas".

De otra parte, la Sala considera que al ser el acto demandado del mismo rango normativo que los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año, es decir, de naturaleza reglamentaria, debe entenderse que dicho acto acusado reformó o aclaró las indicadas normas y que, en cualquiera de los dos casos, su contenido es el que más se aviene con las disposiciones reglamentadas, pues el que no es acorde con ellas es el consignado en los citados artículos 131 y 140 a que atrás se hizo referencia y que se transcriben a continuación, a manera ilustrativa:

- Decreto 1480 de 1994:

"ARTÍCULO 131. - Las personas que han venido prestando el servicio de radiodifusión sonora sin sujeción a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, podrán solicitar al Ministerio de Comunicaciones, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto, la iniciación del procedimiento de selección objetiva para prestar el servicio en el municipio o distrito donde han venido operando.

"Para el efecto, el Ministerio de Comunicaciones tendrá en cuenta el estudio de disponibilidad de frecuencias, los criterios previstos en el Plan General de Radiodifusión Sonora y demás requisitos establecidos en el presente Decreto".

- Decreto 1695 de 1994:

"ARTÍCULO 40. - Las Comunidades organizadas que han venido prestando el servicio comunitario de radiodifusión sonora sin sujeción a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, podrán solicitar al Ministerio de Comunicaciones, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto, la concesión para prestar el servicio en el municipio o distrito donde han venido operando.

"Para tal efecto, el Ministerio de Comunicaciones tendrá en cuenta el estudio de disponibilidad de frecuencias, los criterios y demás requisitos establecidos en el presente Decreto".

Por lo tanto, no prospera el cargo.

En relación con el cuarto cargo, sobre violación de los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año, ya transcritos, y como fundamento para denegar su prosperidad, la Sala se remite a los análisis consignados en el estudio de los cargos primero y tercero.

En relación con el quinto cargo, en el cual se plantea la violación del artículo 20 del Decreto - ley 1900 de 1990, la Sala considera que también adolece de vocación de prosperidad, pues los términos señalados en los artículos 131 del Decreto 1480 de 1994 y 40 del Decreto 1695 del mismo año no puede atribuírseles la virtualidad del permiso previo a que se refiere la norma que se reputa quebrantada para poder hacer uso de las frecuencias radioeléctricas requeridas para la prestación del servicio de radiodifusión sonora, pues tal utilización está supeditada a la previa autorización del Gobierno, como se infiere inequívocamente de los tantas veces citados artículos 10o. de la Ley 72 de 1989 y 50 del Decreto - Ley 1900 de 1990, en cuanto disponen que cualquier red o servicio de telecomunicaciones que opere sin dicha autorización previa, son considerados como clandestinos.

De acuerdo con lo anterior, el cargo no prospera.

En relación con el sexto cargo. - Para la Sala es incuestionable que tampoco ha de prosperar la acusación de desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa que se atribuye al acto acusado, con el argumento de que se "sancionó" a las personas y comunidades organizadas que venían prestando el servicio de radiodifusión sonora sin sujeción a la ley a no continuar haciéndolo hasta tanto obtuvieren la correspondiente autorización o licencia, "...sin darles la oportunidad de ser oídos y de hacer uso del derecho de defensa", pues, de una parte, dicha causal de nulidad no opera respecto del proceso de formación de actos administrativos de contenido general, como el acusado, y, de la otra, los mandatos de éste último son una simple y natural consecuencia de las normas reglamentadas, vale decir, de "...la Ley 74 de 1966, los Decretos - ley 1900 y 1901 de 1990", como reza el epígrafe del decreto parcialmente enjuiciado, y específicamente de los artículos 10o. de la Ley 72 de 1989 y 50 del Decreto Ley 1900 de 1990, los cuales, como quedó visto, exigen la previa autorización del Gobierno, vale decir, la correspondiente licencia a que se refiere el acto acusado.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la presunción de legalidad del artículo 1o. del Decreto 2158 de 19 de septiembre de 1994, se procederá a denegar las pretensiones formuladas en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, oído el concepto del Ministerio Público y de acuerdo con él, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. - DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Segundo. - Devuélvase la suma depositada para gastos ordinarios del proceso o su remanente.

Tercero. - En firme esta sentencia, previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ NUBIA GONZÁLEZ CERÓN

PRESIDENTE

ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ YESID ROJAS SERRANO