100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010006219SENTENCIAPRIMERA2510199421/01/1994SENTENCIA__PRIMERA__2510__1994_21/01/1994100062191994MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - Reestructuración / DECRETO LEGISLATIVO DE FACULTADES CONSTITUCIONALES - Temporalidad / SUPRESION DE EMPLEOS / GOBIERNO NACIONAL - Facultades / COMISION ASESORA Si la voluntad del contribuyente fue la de que dentro del término de 18 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno Nacional suprimiera, fusionara o reestructurara las entidades que allí se mencionan y para cumplir los fines allí previstos, de antemano facultó a la autoridad competente para suprimir los cargos o empleos como consecuencia de la reestructuración en la medida en que se requiera para adecuar la estructura de la entidad a las necesidades del servicio, sin perjuicio obviamente del resarcimiento del daño que se cause a su titular en aras del interés público. La Comisión Asesora del Gobierno tuvo la oportunidad de conocer y pronunciarse sobre el proyecto de decreto de reestructuración del Ministerio de Justicia, y, de otro lado, como también se expresó por la Sala en la sentencia de septiembre 9 de 1993 sobre el particular ha de entenderse que el querer del constituyente no fue otro que el de que expertos en administración pública y derecho administrativo, en razón de sus autorizados conocimientos sobre la materia, asesoraran al Gobierno en la tarea asignada, asesoría que no va más allá de aconsejar, sugerir o ilustrar". CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZURIEL QUEKAN CANASTOnulidad por inconstitucionalidad del Decreto 2157 de diciembre 30 de 1992, expedido por el señor Presidente de la República "Por el cual se reestructura el Ministerio de Justicia".Identificadores10010006220true68276Versión original10006220Identificadores

Fecha Providencia

21/01/1994

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Norma demandada:  nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 2157 de diciembre 30 de 1992, expedido por el señor Presidente de la República "Por el cual se reestructura el Ministerio de Justicia".

Demandante:  URIEL QUEKAN CANASTO


MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - Reestructuración / DECRETO LEGISLATIVO DE FACULTADES CONSTITUCIONALES - Temporalidad / SUPRESION DE EMPLEOS / GOBIERNO NACIONAL - Facultades / COMISION ASESORA

Si la voluntad del contribuyente fue la de que dentro del término de 18 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno Nacional suprimiera, fusionara o reestructurara las entidades que allí se mencionan y para cumplir los fines allí previstos, de antemano facultó a la autoridad competente para suprimir los cargos o empleos como consecuencia de la reestructuración en la medida en que se requiera para adecuar la estructura de la entidad a las necesidades del servicio, sin perjuicio obviamente del resarcimiento del daño que se cause a su titular en aras del interés público. La Comisión Asesora del Gobierno tuvo la oportunidad de conocer y pronunciarse sobre el proyecto de decreto de reestructuración del Ministerio de Justicia, y, de otro lado, como también se expresó por la Sala en la sentencia de septiembre 9 de 1993 sobre el particular ha de entenderse que el querer del constituyente no fue otro que el de que expertos en administración pública y derecho administrativo, en razón de sus autorizados conocimientos sobre la materia, asesoraran al Gobierno en la tarea asignada, asesoría que no va más allá de aconsejar, sugerir o ilustrar".

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Santafé de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

Radicación número: 2510

Actor: URIEL QUEKAN CANASTO

Demandado: Gobierno Nacional

Referencia: Acción nulidad

El ciudadano URIEL QUEKAN CANASTO, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C.C.A., solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 2157 de diciembre 30 de 1992, expedido por el señor Presidente de la República "Por el cual se reestructura el Ministerio de Justicia".

DISPOSICIONES QUE SE INVOCAN COMO VIOLADAS

Considera el accionante que con la expedición del acto acusado, se han quebrantado los siguientes preceptos constitucionales: arts. 122, 150, numerales 7, 11 y 12, 189, numerales 16 y 20, 338 al 347, 216 al 223, 1, 2, 15, 209 y 20 transitorio, según los siguientes cargos:

PRIMER CARGO. El art. 35 y siguientes del decreto "es nulo e inconstitucional (sic) porque no estructura el Ministerio de Justicia dentro del término de 18 meses y adiciona arbitrariamente en tres meses el tiempo para adoptar el personal", con lo cual resulta violado el artículo 20 transitorio de la Carta Política.

SEGUNDO CARGO. El art. 54 del Decreto 2157 de 1992 es nulo e inconstitucional, porque el artículo 20 transitorio no faculta al Gobierno Nacional, para imponer contribuciones, crear obligaciones, hacer gastos a cargo del Tesoro Público, razón por la cual se quebrantan igualmente los artículos 122, 150 - 11, 16 y 20, y 338 a 347 de la Constitución Política.

TERCER CARGO. La reestructuración del Ministerio no está en consonancia con los mandatos de la Constitución y omitió las actuaciones y recomendaciones de la Comisión Asesora del Gobierno ordenada en el artículo 20 transitorio, violándose en esta forma los artículos 1, 2, 209 a 216, 189 - 16, 150 - 7 y el 20 transitorio.

LOS ARGUMENTOS DE IMPUGNACION DE LA PARTE DEMANDADA

El señor Ministro de Justicia, en representación de la Nación, se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo, en síntesis, que la supresión de empleos o cargos, por parte de la autoridad competente para ejecutar las decisiones adoptadas, dentro del plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de publicación del decreto demandado, como lo dispone su artículo 38, no es una prolongación de las facultades de legislador extraordinario que le reconoce el artículo 20 transitorio de la Constitución, sino que se trata de una ordinaria función administrativa del Ejecutivo, y, por lo tanto, dicho término, lejos de ser una prórroga de las facultades normativas, es una limitación adicional a la función administrativa del Ejecutivo que puede ser ejercida en cualquier tiempo.

En cuanto hace relación al artículo 54 del decreto demandado, que se considera violatorio de los artículos 122, 150, 189 y 338 a 347 de la Carta Política, por imponerle gastos al Tesoro Público, observa, en primer lugar, que el actor se abstuvo de explicar las razones por las cuales considera quebrantado el art. 122 de la C. P., tal vez por cuanto el "empleo" que con mayor detalle se regula dentro de los distintos cargos estatales, es el de Presidente de la República.

El demandante se refiere, posiblemente, a lo relacionado con el presupuesto; y al respecto corresponde al Presidente anualmente formular ese presupuesto, para ser presentado ante el Congreso. Y no obstante estar inspirado nuestro sistema presupuestal, en los principios de equilibrio presupuestal y de programación integral, que lo dotan de un carácter rígido, posiblemente olvida el demandante que están autorizadas en todo caso, las modificaciones, las cuales deben estar sometidas a lo establecido en la ley orgánica del presupuesto, tal como sucede con el art. 54 de la norma acusada. En síntesis, lo que sucede en realidad es que se prevé que lo dispuesto en el decreto acusado, en cuanto a planta de personal, reestructuración orgánica, funciones, puede ameritar modificaciones presupuestales, que, en todo caso, se regularán por la Constitución y la ley, como se ha dicho.

Finalmente, en cuanto al tercer cargo, el señor Ministro de Justicia observa que el demandante también omitió dar una adecuada explicación de las razones por las cuales el decreto acusado es violatorio de dichas normas constitucionales. Por lo tanto, nos limitaremos a recordar que la modernización del Estado es una política cuyo objetivo principal es lograr un eficiente funcionamiento del aparato estatal con la única finalidad de que a través de una adecuada prestación de los servicios públicos y una correcta realización de la función pública, los principios rectores del Estado desciendan de su mera enunciación teórico - constitucional, para convertirse en una realidad.

Con relación a la hipotética desatención de las recomendaciones propuestas por la Comisión Asesora, hay que poner de presente, además de lo infundado de tal aserto, que en todo caso las consideraciones y estimaciones de tan selecto equipo de juristas, no eran obligatorios para este, aspecto que parece olvidar la actora.

Por todo lo anterior solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.

LA ACTUACION

Admitida la demanda y decretada la suspensión provisional de algunos apartes de los artículos 37 y 38 del decreto demandado, se notificó personalmente a diferentes jefes superiores de la Administración que intervinieron en su expedición, habiendo recurrido el decreto de suspensión y solicitado que se le tuviera como parte al contestar la demanda, aun cuando extemporáneamente, tan sólo el Ministerio de Justicia.

Dentro del término del traslado para alegar, presentó su escrito pertinente el señor Ministro de Justicia, expresando las razones que lo llevan a oponerse a las pretensiones de la parte actora, a las cuales anteriormente se ha hecho referencia.

La parte actora no hizo uso de dicho término, y la señora Procuradora Primera Delegada ante la Corporación, dentro de aquel, presentó sus consideraciones sobre las súplicas de la demanda, para concluir que deben despacharse desfavorablemente y levantarse la suspensión provisional decretada, en atención a los planteamientos a que ha llegado esta Sección en casos similares, entre ellos, en la sentencia de 9 de septiembre de 1993, actor: Juan Manuel Arrieta y otros, Ponente Dr. Miguel González Rodríguez.

LA DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar sentencia, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

En primer término, debe observar la Sala que, aun cuando el actor demanda la totalidad del Decreto 2157 de 1992 (arts. 1o. a 55), lo cierto es que la presente sentencia solamente hará la confrontación entre las normas superiores - las de la Constitución Política - invocadas y los precisados artículos, pero teniendo en cuenta únicamente los conceptos de quebrantación del ordenamiento constitucional expresados por el actor, no sólo por ser esta una jurisdicción rogada, sino igualmente por cuanto de esa manera se garantizan los derechos de audiencia y defensa de la parte demandada.

EL PRIMER CARGO: Va dirigido de manera global contra los artículos 35 y subsiguientes, que la Sala precisa como los distinguidos con los números 36 a 50, inclusive, del decreto demandado, integrantes del capítulo VII sobre "DISPOSICIO - NES LABORALES TRANSITORIAS", que el actor considera se expidieron con violación del artículo 20 transitorio de la Carta Política, en atención a que la competencia otorgada al Ejecutivo no se ejerció dentro de los 18 meses establecidos en la precitada disposición constitucional transitoria, "sino que según el decreto el proceso de reestructuración está por hacerse y entonces lo harán los Consejos Directivos o las respectivas juntas" (sic).

Interpretando la demanda en el sentido de que la supresión de empleos o cargos vacantes y los desempeñados por empleados públicos cuando ellos no fueren necesarios en la respectiva planta de personal como consecuencia de dicha decisión, contenida en el art. 37 del decreto, se debía hacer dentro de los 18 meses otorgados para el ejercicio de las facultades, y no, como lo dice aquél "Dentro del término en que se lleve a cabo el proceso de reestructuración del Ministerio a que se refiere este decreto", y que el programa de supresión de empleos o cargos debía efectuarse dentro del mismo plazo de los 18 meses, y no "dentro del plazo de doce (12) meses contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto", como lo regla el artículo 38 del acto acusado, sin que para nada juegue, como lo expresa el demandante, la intervención de Juntas o Consejos Directivos, ya que no se está en presencia de la reestructuración de una entidad descentralizada del orden nacional, debe decirse que el cargo no está llamado a prosperar, según las consideraciones expresadas por la Sala en su sentencia de 9 de septiembre de 1993, actor: Juan Manuel Arrieta y otros, Ponente Dr. Miguel González Rodríguez, en la cual, en síntesis, se dijo que no cabe hablar de prórroga del término señalado en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, por la sola circunstancia de que el Gobierno fije un plazo para desarrollar el programa de supresión de empleos o cargos vacantes y de los innecesarios, como consecuencia de la reestructuración, si se tiene en cuenta que dicha función o tarea ha de cumplirse por la "autoridad competente" que no es otra que el mismo Gobierno que tiene entre sus funciones, como atribución permanente, la de crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, señalar sus funciones, etc. (art. 189 - 14 de la Constitución).

En cuanto al SEGUNDO CARGO, enfocado fundamentalmente contra las disposiciones del decreto acusado relativas a las indemnizaciones, bonificaciones, etc., que se le deben reconocer y pagar a los empleados a quienes se les supriman los cargos o empleos (arts. 41 a 50 del decreto), que no identifica o precisa el actor, pero que realiza la Sala en ejercicio de su facultad de interpretar la demanda, cargo que esencialmente hace relación a los aspectos atinentes a la cuestión presupuestal, concretamente lo que atañe al gasto público, el cargo tampoco está llamado a prosperar, por cuanto como se dijo en la sentencia preindicada, y lo recuerda la distinguida colaboradora del Ministerio Público, "... si la voluntad del constituyente fue la de que dentro del término de 18 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, el Gobierno Nacional suprimiera, fusionara o reestructurara las entidades que allí se mencionan y para cumplir los fines allí previstos, de antemano facultó a la autoridad competente para suprimir los cargos o empleos como consecuencia de la reestructuración en la medida en que se requiera para adecuar la estructura de la entidad a las necesidades del servicio, sin perjuicio obviamente del resarcimiento del daño que se cause a su titular en aras del interés público".

En consecuencia, no se encuentra el quebrantamiento de los artículos 122, 150, numerales 11 y 12, 189, numerales 16 y 20, y 338 a 348 de la Constitución Nacional, por parte de los artículos que la Sala ha precisado como demandados y por el concepto de violación expresado por el actor.

Finalmente, en cuanto hace al TERCER CARGO, en razón a "que no está en consonancia con los mandatos de la Constitución Nacional" (arts. lo. 2o., 150 - 7, 189 - 16, 209, 216 al 223 de la Carta Política), la Sala se abstiene de hacer consideraciones sobre el particular, por cuanto como bien lo destacó el señor Ministro de Justicia, no se encuentra, en relación con ellos, concepto alguno sobre el por qué del quebrantamiento de dichas normas del ordenamiento superior.

Sin embargo, como en el mismo cargo, el actor considera quebrantado el artículo 20 transitorio, por no haber tenido en cuenta el Gobierno la evaluación y recomendaciones de la Comisión Asesora prevista en aquel precepto, la Sala debe referirse a dicho aspecto del cargo.

El cargo no está llamado a prosperar, por cuanto, de una parte, como consta en el documento que obra a folios 9 a 12 del expediente, la Comisión Asesora del Gobierno tuvo la oportunidad de conocer y pronunciarse sobre el proyecto de decreto de reestructuración del Ministerio de Justicia, y, de otro lado, como también se expresó por la Sala en la sentencia ya citada de septiembre 9 de 1993, sobre el particular "ha de entenderse que el querer del constituyente no fue otro que el de que expertos en administración pública y derecho administrativo, en razón de sus autorizados conocimientos sobre la materia, asesoraran al Gobierno en la tarea asignada, asesoría que no va más allá de aconsejar, sugerir o ilustrar".

En consecuencia, habrá de negarse las pretensiones de la demanda y levantarse la suspensión provisional decretada por la Sala en el auto admisorio de la demanda, de algunas de las disposiciones demandadas.

Por lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIONPRIMERA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1o. NIEGANSE las súplicas de la demanda promovida por el ciudadano URIEL QUEKAN CANASTO.

2o. LEVANTASE la suspensión provisional de los apartes de los artículos 37 y 38 del Decreto 2157 de 1992, decretada en el auto admisorio de la demanda de fecha dos (2) de julio de 1993.

COPIESE, COMUNÍQUESE CON COPIA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, NOTIFIQUESE, ARCHÍVESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de fecha 20 de enero de 1994.

Miguel González Rodríguez Ernesto Rafael Ariza Muñoz

Libardo Rodríguez Rodríguez Yesid Rojas Serrano