SENTENCIA 11001032700020030008601(14267) de 2006

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005597SENTENCIACUARTA11001032700020030008601(14267)200606/04/2006SENTENCIA__CUARTA__11001032700020030008601(14267)__2006_06/04/2006100055972006TERMINACION POR MUTUO ACUERDO - Improcedencia respecto de actos en firme o cuando ha vencido el t�rmino de caducidad de la acci�n / AMNISTIA TRIBUTARIA - Se producir�a al aceptar la terminaci�n por mutuo acuerdo sobre actos en firme o cuando se presenta la caducidad de la acci�n / TRANSACCION EN MATERIA TRIBUTARIA - Solo es posible transar respecto de litigios que se encuentran pendientes / ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO - Sobre el no procede la transacci�n en materia tributaria Ahora bien, en cuanto al punto de controversia de este proceso, observa la Sala que en efecto, la norma reglamentada no consagr� dentro de las condiciones para la procedencia de la transacci�n, el que los actos administrativos no se encontraran en firme, sin embargo, observa la Sala que la finalidad de este tipo de transacciones y su improcedencia en el evento de actos administrativos en firme, o cuando ha vencido el t�rmino de caducidad de la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho, ha sido constante la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado al considerar que ello se debe a que aceptar la transacci�n cuando ya la obligaci�n se encuentra en firme o no es posible discutirla ante la jurisdicci�n por el vencimiento del t�rmino de caducidad de la acci�n, es permitir que sobre tal obligaci�n consolidada opere una amnist�a tributaria (Sentencias C-511 de 8 de octubre de 1996 y C - 804 de 2001) en tanto favorece a deudores morosos del fisco, lo cual erosiona la justicia y la equidad tributaria. Por su parte el Consejo de Estado tambi�n ha sentado, en reiterada jurisprudencia, el criterio seg�n el cual, la condici�n prevista como improcedencia de la transacci�n, cuando los actos administrativos se encuentren en firme, se debe, a que s�lo es posible transar un litigio que se encuentra pendiente, no uno terminado respecto del cual ya no es posible su discusi�n en sede gubernativa o jurisdiccional. De lo anterior, nuevamente concluye la Sala que el gobierno no se excedi� en el ejercicio de la facultad reglamentaria, ni modific�, ni restringi� el alcance del texto legal contemplado en el art�culo 99 de la Ley 788 de 2002, pues el hecho de considerar que no procede la transacci�n por mutuo acuerdo cuando los actos administrativos se encuentren debidamente ejecutoriados, corresponde exactamente al esp�ritu y finalidad de la Ley, que como se vio, est� dirigida a dar por terminado un proceso a�n no definido o precaver uno eventual, lo cual s�lo puede ocurrir cuando los actos no se encuentran en firme o cuando la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho no ha caducado. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION CUARTA Consejero ponente: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE Bogot�, D.C., seis (6) de abril de dos mil seis (2006)

Norma demandada: �Decide la Sala, la acci�n p�blica de nulidad instaurada por el ciudadano ALVARO ENRIQUE VERA JAIMES quien pide declarar la nulidad del literal b) del art�culo 12 del Decreto Reglamentario 309 de 11 de febrero de 2003 expedido por el Gobierno Nacional "Por medio del cual se reglamentan los art�culos 98 y 99 de la Ley 788 de 2002".

TERMINACION POR MUTUO ACUERDO - Improcedencia respecto de actos en firme o cuando ha vencido el t�rmino de caducidad de la acci�n / AMNISTIA TRIBUTARIA - Se producir�a al aceptar la terminaci�n por mutuo acuerdo sobre actos en firme o cuando se presenta la caducidad de la acci�n / TRANSACCION EN MATERIA TRIBUTARIA - Solo es posible transar respecto de litigios que se encuentran pendientes / ACTO ADMINISTRATIVO EJECUTORIADO - Sobre el no procede la transacci�n en materia tributaria

Ahora bien, en cuanto al punto de controversia de este proceso, observa la Sala que en efecto, la norma reglamentada no consagr� dentro de las condiciones para la procedencia de la transacci�n, el que los actos administrativos no se encontraran en firme, sin embargo, observa la Sala que la finalidad de este tipo de transacciones y su improcedencia en el evento de actos administrativos en firme, o cuando ha vencido el t�rmino de caducidad de la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho, ha sido constante la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado al considerar que ello se debe a que aceptar la transacci�n cuando ya la obligaci�n se encuentra en firme o no es posible discutirla ante la jurisdicci�n por el vencimiento del t�rmino de caducidad de la acci�n, es permitir que sobre tal obligaci�n consolidada opere una amnist�a tributaria (Sentencias C-511 de 8 de octubre de 1996 y C - 804 de 2001) en tanto favorece a deudores morosos del fisco, lo cual erosiona la justicia y la equidad tributaria. Por su parte el Consejo de Estado tambi�n ha sentado, en reiterada jurisprudencia, el criterio seg�n el cual, la condici�n prevista como improcedencia de la transacci�n, cuando los actos administrativos se encuentren en firme, se debe, a que s�lo es posible transar un litigio que se encuentra pendiente, no uno terminado respecto del cual ya no es posible su discusi�n en sede gubernativa o jurisdiccional. De lo anterior, nuevamente concluye la Sala que el gobierno no se excedi� en el ejercicio de la facultad reglamentaria, ni modific�, ni restringi� el alcance del texto legal contemplado en el art�culo 99 de la Ley 788 de 2002, pues el hecho de considerar que no procede la transacci�n por mutuo acuerdo cuando los actos administrativos se encuentren debidamente ejecutoriados, corresponde exactamente al esp�ritu y finalidad de la Ley, que como se vio, est� dirigida a dar por terminado un proceso a�n no definido o precaver uno eventual, lo cual s�lo puede ocurrir cuando los actos no se encuentran en firme o cuando la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho no ha caducado.

Referencia: NULIDAD DEL LITERAL b) DEL ARTICULO 12 DEL DECRETO 309 DE 2003 TRANSACCI�N. GOBIERNO NACIONAL

Decide la Sala, la acci�n p�blica de nulidad instaurada por el ciudadano ALVARO ENRIQUE VERA JAIMES quien pide declarar la nulidad del literal b) del art�culo 12 del Decreto Reglamentario 309 de 11 de febrero de 2003 expedido por el Gobierno Nacional "Por medio del cual se reglamentan los art�culos 98 y 99 de la Ley 788 de 2002".

Se demanda el literal b) del art�culo 12 del Decreto 309 de 2003, cuyo texto es el siguiente:

"Art�culo 12 Improcedencia de la terminaci�n por mutuo acuerdo. La terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de determinaci�n de impuestos y/o de imposici�n de sanciones de que tratan los art�culos 7� a 10 de este decreto, no ser� procedente en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando habi�ndose agotado la v�a gubernativa por fallo del recurso de reconsideraci�n, o por no haberse interpuesto el recurso oportunamente, opere la caducidad del t�rmino para interponer la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho."

b. Cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado;
c...."

Considera el actor que la disposici�n acusada infringe los art�culos 189 numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica y 99 de la Ley 788 de 2002, cuyo concepto de violaci�n desarrolla as�:

Explica que la Ley 788 de 2002 en su art�culo 99 consagr� la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos contenciosos, se�alando como requisitos que la notificaci�n del pliego de cargos, del requerimiento especial, de la Liquidaci�n de Revisi�n o Resoluci�n sanci�n se hubiese efectuado antes del 27 de diciembre de 2002, que la transacci�n se efectuara antes del 31 de julio de 2003 y que para cada caso en particular se efectuaran los pagos de los impuestos o sanciones seg�n el caso, sin que se hubiera previsto de ninguna manera que los actos administrativos no hubieran adquirido firmeza, como s� lo hace el Decreto reglamentario demandado.

Se�ala que lo anterior desborda el l�mite para el ejercicio de la facultad de reglamentaci�n de que goza el ejecutivo para la cumplida ejecuci�n de las leyes.

Se refiere a los art�culos 6 a 10 del Decreto 309 que contienen los requisitos para la terminaci�n por muto acuerdo y ninguno de ellos quebranta la norma superior reglamentada, ni imponen la condici�n de que los actos no se encuentren en firme, por lo tanto el requisito o condici�n que establece la norma demandada constituye una imposici�n extralegal e invenci�n del Gobierno que limita en forma en forma indebida los derechos de los contribuyentes.

El demandante solicit� la suspensi�n provisional de la norma acusada, la cual fue negada por esta Corporaci�n mediante providencia de fecha 4 de diciembre de 2003, sin que la misma fuera recurrida.

La Naci�n a trav�s de apoderada, concurre a defender la legalidad de la disposici�n acusada, para cuyo efecto, precisa que el reglamento no contradice a la ley ni crea nuevas situaciones no previstas en ella, sino que desarrolla una serie de pormenores que permiten su cabal aplicaci�n y su finalidad no es otra que impedir que una figura excepcional como la transacci�n con la DIAN se extendiera a revivir procesos administrativos concluidos.

Sostiene que de acuerdo a la definici�n de transacci�n prevista en el art�culo 2469 del C�digo Civil como aquel contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, es necesario, para hablar de terminaci�n por mutuo acuerdo, que deba existir un litigio o la potencialidad real de evitarse un proceso contencioso, lo cual no ocurrir�a con actos administrativos en firme.

Dice que tal condici�n de procedencia no es un invento del Decreto reglamentario, pues si se analizan los literales b) y d) del art�culo 99 de la Ley 788 de 2002, son precisamente esos literales, los que dan lugar a que el Decreto contemple la posibilidad de la improcedencia de la terminaci�n del proceso cuando los actos se encuentren ejecutoriados o cuando no haya posibilidad de demanda ante la jurisdicci�n de lo contencioso.

La parte actora, al alegar de conclusi�n reitera los argumentos expuestos en la demanda y agrega que no est� de acuerdo con la tesis planteada por la apoderada de la Naci�n en cuanto acude a la definici�n de transacci�n prevista en el art�culo 2469 del C�digo Civil, pues esa norma fue concebida dentro del �mbito del derecho civil, donde las partes pueden convenir la transacci�n, mientras que en materia tributaria la ley no da libertada de contrataci�n al contribuyente, pues fija unas condiciones o unas obligaciones de estricto cumplimiento para quienes quieran obtener los beneficios de la norma.

Precisa que el prop�sito del legislador fue recaudar dineros de una manera r�pida y no hizo distinci�n sobre actos administrativos en firme o en discusi�n, pues si est�n en firme la medida de todas maneras evita que la administraci�n entre en un proceso de cobro coactivo, con todas las contingencias que se pueden presentar, como el verse demandada en un proceso contencioso con la posibilidad de perderlo.

La parte demandada reitera y ratifica lo dicho en la contestaci�n de la demanda.

Representado por la se�ora Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado solicita que se declare la nulidad de la norma demandada pues considera que no es legal la previsi�n contenida en ella de que es improcedente la terminaci�n de los procesos "cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado" pues el hecho de que un acto administrativo est� en firme en virtud de lo dispuesto en el art�culo 62 del C�digo Contencioso Administrativo no impide que puedan ser impugnados ante la jurisdicci�n contenciosa, siempre que no se haya producido la caducidad de la acci�n. Se�ala que esta actuaci�n puede evitarse si el contribuyente solicita la terminaci�n por mutuo acuerdo, finalidad tambi�n que se persigue con la transacci�n, evitar un litigio.

Indica que la norma acusada no distingue entre actos ejecutoriados que pueden ser demandados o actos ejecutoriados que no pueden serlo, distinci�n que es importante por lo que ya se dijo, por tanto considera que la norma demandada excede el alcance del art�culo 99 de la Ley 788 de 2002 y viola el art�culo 189 numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica.

En los t�rminos de la demanda de nulidad instaurada contra el literal b) del art�culo 12 del Decreto 309 de 2003, debe la Sala establecer si esa norma al haber dispuesto como causal de improcedencia de la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de revisi�n de impuestos o de imposici�n de sanciones: b) cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado, excede los t�rminos del norma que reglamenta, art�culo 99 de la Ley 788 de 2002, que consagra esta clase de transacci�n, y que dentro de sus requisitos no contempl� el supuesto de que los actos administrativos no se encontraran en firme.

Considera el demandante, adem�s, de que la disposici�n reglamentada no consagra tal condici�n, la terminaci�n debe proceder tambi�n respecto de actos en firme o ejecutoriados, pues a�n en estos eventos, y si as� lo quiere el contribuyente, la Administraci�n podr�a evitar el iniciar un proceso de cobro coactivo con la posibilidad de perderlo.

Art�culo 99.-Terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios. Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y retenci�n en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigencia de esta ley, requerimiento especial, pliego de cargos, liquidaci�n de revisi�n o resoluci�n que impone sanci�n, podr�n transar antes del 31 de julio del a�o 2003 con la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales:

a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto discutido como consecuencia de un requerimiento especial, y el valor total de las sanciones, intereses y actualizaci�n seg�n el caso, en el evento de no haberse notificado liquidaci�n oficial; siempre y cuando el contribuyente o responsable corrija su declaraci�n privada, y pague el cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto propuesto;

b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y actualizaci�n seg�n el caso, determinadas mediante liquidaci�n oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaraci�n privada pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficialmente;

c) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanci�n sin actualizaci�n, propuesta como consecuencia de un pliego de cargos, en el evento de no haberse notificado resoluci�n sancionatoria, siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento (50%) de la sanci�n propuesta;

d) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del valor de la sanci�n sin actualizaci�n, en el evento de haberse notificado resoluci�n sancionatoria, siempre y cuando se pague el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la sanci�n impuesta.

Para tales efectos dichos contribuyentes deber�n adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de la liquidaci�n privada del impuesto de renta por el a�o gravable de 2001, del pago o acuerdo de pago de la liquidaci�n privada del impuesto o retenci�n seg�n el caso correspondiente al per�odo materia de la discusi�n, y la del pago o acuerdo de pago de los valores transados seg�n el caso.

La terminaci�n por mutuo acuerdo que pone fin a la actuaci�n administrativa tributaria prestar� m�rito ejecutivo de conformidad con lo se�alado en los art�culos 828 y 829 del estatuto tributario, y con su cumplimiento se entender� extinguida la obligaci�n por la totalidad de las sumas en discusi�n.

Los t�rminos de correcci�n previstos en los art�culos 588, 709 y 713 del estatuto tributario, se extender�n temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplicaci�n de esta disposici�n, y la del par�grafo transitorio del art�culo 424 del estatuto tributario.

Las disposiciones contenidas en el presente art�culo podr�n ser aplicadas por los entes territoriales en relaci�n con las obligaciones de su competencia. Lo anterior tambi�n ser� aplicable respecto del impuesto al consumo."

Consagr� as� esta disposici�n la "terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios" cuyo prop�sito fue terminar en sede administrativa los procesos en materia tributaria iniciados y no definidos, y los futuros litigios contenciosos por impuestos y sanciones hasta la fecha l�mite del 31 de julio de 2003.

Se requer�a para ello la notificaci�n de requerimiento especial, pliego de cargos, liquidaci�n de revisi�n o resoluci�n sanci�n, con anterioridad a la vigencia de la Ley. Para la efectividad de la transacci�n en relaci�n con actos relativos a la determinaci�n de mayores valores por concepto de impuestos, se requer�a de la correcci�n de la declaraci�n privada, evento para el cual el legislador determin� la extensi�n de los t�rminos de correcci�n.

Igualmente, previ� como efectos de la terminaci�n por "mutuo acuerdo" que pone fin a la actuaci�n administrativa, la ejecutoria de los respectivos actos (Art�culo 828) y su m�rito ejecutivo (art�culo 829).

Recientemente, en sentencia C - 910 de septiembre 21 de 2004, la Corte Constitucional declar� la exequibilidad condicionada del art�culo 39 de la Ley 863 de 2003 (Terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos), en el "entendido que la transacci�n en �l prevista solo procede frente a decisiones que no se encuentren en firme."

"En cuanto hace al art�culo 39, y comoquiera que presupuesto de la norma es que exista una diferencia de criterio entre el contribuyente que ha presentado su liquidaci�n privada y la administraci�n, mientras la actuaci�n administrativa no se encuentre en firme, no cabe predicar del contribuyente destinatario de la misma la condici�n de incumplido o moroso. Y de esta manera, resulta admisible, sin que se configure una amnist�a, que el legislador permita que se transe en torno a una obligaci�n alrededor de la cual se ha expresado una diferencia de criterio entre la administraci�n y el contribuyente. Es claro, en esta hip�tesis, como lo se�ala el se�or procurador general en su concepto, que la transacci�n solo cabe frente a actuaciones que no se encuentren en firme, porque a partir del momento en el que las mismas adquieren firmeza, y siempre y cuando no fueren demandadas, el contribuyente que no cumpla con las obligaciones que de ellas se derivan se encontrar�a en situaci�n de mora no saneable con medidas que tendr�an, entonces si, el car�cter de amnist�as." Resaltado fuera de texto.

Por su parte el Consejo de Estado tambi�n ha sentado, en reiterada jurisprudencia, el criterio seg�n el cual, la condici�n prevista como improcedencia de la transacci�n, cuando los actos administrativos se encuentren en firme, se debe, a que s�lo es posible transar un litigio que se encuentra pendiente, no uno terminado respecto del cual ya no es posible su discusi�n en sede gubernativa o jurisdiccional.

As�, en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2002 dictada dentro del expediente No. 12567, con ponencia del Dr. Juan �ngel Palacio Hincapi�, que resolvi� sobre la nulidad de los literales a) y b) del art�culo 13 del Decreto 406 de 2001[1] que reglament� la Ley 633 de 2000 sobre terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, literales acusados con similares argumentos a los ahora expuestos, consider� la Sala:

"El C�digo Civil, en su art�culo 2469 define la "transacci�n" como: "Un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual. No es transacci�n el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa".

Jurisprudencialmente[2] se ha agregado como elemento esencial de la transacci�n, las concesiones o sacrificios rec�procos e indicado que la simple renuncia de derechos o el desistimiento de una acci�n o de un proceso no puede definirse como transacci�n. Igualmente, que sus elementos est�n conformados por: La existencia de un derecho dudoso o de una relaci�n jur�dica incierta, litigiosa o susceptible de crear litigio; la voluntad o intenci�n de las partes de mudar la relaci�n jur�dica dudosa por otra cierta y firme y, la eliminaci�n convencional de la incertidumbre mediante concesiones rec�procas.

Se observa que las circunstancias descritas - (se refiere a la ejecutoria y caducidad de la acci�n) -, en las que no cabe el uso de los medios de impugnaci�n gubernativa y jurisdiccional y que se consagran como impeditivas de la transacci�n, est�n referidas a dos fen�menos jur�dicos en los que se entiende definida la controversia y por ende no susceptibles de ninguna convenci�n, como lo es la transacci�n, cuya finalidad es justamente ponerle fin al proceso administrativo o evitar el jurisdiccional.

Si se tiene en cuenta que la disposici�n legal tiene como objeto autorizar la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, vale decir, poner fin a los iniciados, de suyo excluye los eventos en los cuales ya no hay "proceso" administrativo, por haber concluido el procedimiento y hallarse ejecutoriados los actos, evento en el cual solamente es posible exigir su cumplimiento, a�n forzado.

En efecto, la norma legal excluye de la transacci�n las situaciones jur�dicas consolidadas, entendi�ndose como tales aquellas respecto de las cuales han preclu�do los t�rminos procesales de discusi�n ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales."

Posteriormente, la Sala mediante sentencia de fecha 22 de abril de 2004, dictada dentro del expediente No. 13891, con ponencia de la Dra. Ligia L�pez D�az, deneg� las pretensiones de nulidad del literal a) del art�culo 12 del Decreto 309 de 2003[3], por considerar en s�ntesis que el reglamento no exced�a la norma superior, "pues cuando son fallados los recursos gubernativos interpuestos contra liquidaciones oficiales o contra las resoluciones sanci�n o en general, se agota la v�a gubernativa por la no impugnaci�n de las decisiones, la consecuencia legal es su firmeza. Adem�s al dejar vencer el plazo previsto en el art�culo 136 del C.C.A. para demandar ante la jurisdicci�n ha concluido el proceso de discusi�n y en consecuencia no existe para el Estado inter�s alguno en conciliar, siendo su objeto en tal caso, obtener el pago de la obligaci�n tributaria debida."

Y recientemente, la Sala mediante sentencia de fecha 23 de junio de 2005, dictada dentro del expediente No. 14799, con ponencia de la Dra. Mar�a In�s Ortiz Barbosa, decidi� la demanda de nulidad instaurada contra el numeral 4� parcial y Par�grafo 1� parcial del art�culo 7[4], y contra el numeral 1� del art�culo 10 del Decreto 412 de 2004 que reglament� la terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos tributarios prevista en el art�culo 39 de la ley 863 de 2003 en cuanto dispuso que la solicitud de terminaci�n por mutuo acuerdo deb�a presentarse hasta el 30 de junio de 2004 "y en todo caso antes del vencimiento del t�rmino para interponer los recursos de reconsideraci�n o de reposici�n, seg�n sea el caso; o para presentar demanda en acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci�n contencioso administrativa."

"La Sala observa que las circunstancias descritas en las que no cabe el uso de medios de impugnaci�n gubernativa, ni jurisdiccional, por el vencimiento de los t�rminos para recurrir o demandar, consagradas como impedimento para llevar a cabo la transacci�n, se refieren a fen�menos jur�dicos en los que est� definida la controversia, y por ende no son susceptibles de terminaci�n por convenci�n de las partes, lo cual guarda concordancia con la Sentencia de la Corte Constitucional[5] que proh�be "transar" frente a obligaciones establecidas en actos administrativos que se encuentren en firme.

Por ello, la Sala no comparte la apreciaci�n del Ministerio P�blico que sugiere la nulidad parcial del reglamento acusado, al considerar que la terminaci�n por mutuo acuerdo es improcedente despu�s de adquirida la firmeza y antes de que opere la caducidad de la acci�n[6], toda vez que si bien es cierto el art�culo 62 del C�digo Contencioso Administrativo indica los eventos en que los actos administrativos quedan en firme, no es menos cierto que de la expresi�n de la Corte referente a que "la transacci�n solo cabe frente a actuaciones que no se encuentren en firme, porque a partir del momento en el que las mismas adquieren firmeza, y siempre y cuando no fueren demandadas,..." se infiere que involucr� el t�rmino para impugnar en v�a judicial, con lo cual la "transacci�n" cumple la finalidad de precaver un litigio eventual.

Por tanto, el reglamento no excedi� lo preceptuado en la norma superior, pues si no se interponen los recursos gubernativos contra las liquidaciones oficiales o las resoluciones sanci�n, se produce su firmeza. Adem�s el dejar vencer el plazo previsto en el art�culo 136 del C�digo Contencioso Administrativo para demandar ante la jurisdicci�n, implica que concluya el proceso de discusi�n, se consolide la actuaci�n administrativa y en consecuencia no exista inter�s para el Estado en "transar", ya que en tal caso lo que se busca es el pago de la respectiva obligaci�n tributaria."

De lo anterior, nuevamente concluye la Sala que el gobierno no se excedi� en el ejercicio de la facultad reglamentaria, ni modific�, ni restringi� el alcance del texto legal contemplado en el art�culo 99 de la Ley 788 de 2002, pues el hecho de considerar que no procede la transacci�n por mutuo acuerdo cuando los actos administrativos se encuentren debidamente ejecutoriados, corresponde exactamente al esp�ritu y finalidad de la Ley, que como se vio, est� dirigida a dar por terminado un proceso a�n no definido o precaver uno eventual, lo cual s�lo puede ocurrir cuando los actos no se encuentran en firme o cuando la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho no ha caducado.

As� las cosas, la Sala negar� las pretensiones de la demanda, por no haberse desvirtuado la legalidad de la norma demandada.

Si bien la Consejera Mar�a In�s Ortiz Barbosa fue separada del conocimiento del presente proceso al aceptarse su impedimento por auto de fecha 21 de octubre de 2004, no se procede a sortear conjuez por no desintegrarse la mayor�a exigida para la aprobaci�n de la providencia, de conformidad con el art�culo 54 de la Ley 270 de 1996.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley.

2. RECON�CESE PERSONER�A a la doctora ESPERANZA LUQUE RUSINQUE para representar a la Naci�n - Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico.

[1] ARTICULO 13�. Improcedencia de la terminaci�n por mutuo acuerdo. La terminaci�n por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios de revisi�n de impuestos o de imposici�n de sanciones de que tratan los art�culos 11 y 12 de este decreto, no ser� procedente en cualquiera de los siguientes casos:

[2] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci�n Civil, sentencia del 6 de mayo de 1966.

[3] Este literal a) se�ala como improcedencia de la terminaci�n por mutuo acuerdo que haya operado la caducidad de la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora se demanda el literal b) de la misma disposici�n.

[4] Contra estas disposiciones se present� demanda de nulidad siendo fallada por la Sala mediante sentencia de fecha enero 23 de 2006, exp. 14823 C.P. Dr. Juan �ngel Palacio Hincapi�, que por tratarse de cosa juzgada se decidi�: "est�se a lo resuelto en la sentencia de fecha 23 de junio de 2005."

[5]Corte Constitucional. Sentencia C- 910 del 21 de septiembre de 2004. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil.

[6]De acuerdo con el art�culo 136 del C�digo Contencioso Administrativo, la acci�n de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del d�a siguiente al de la publicaci�n, notificaci�n, comunicaci�n o ejecuci�n del acto, seg�n el caso.