SENTENCIA 1100103270002001036601(12805) de 2003

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010005189SENTENCIACUARTA1100103270002001036601(12805)200310/02/2003SENTENCIA__CUARTA__1100103270002001036601(12805)__2003_10/02/2003100051892003SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN ENTREGA DE INFORMACION - El valor m�ximo por cada d�a de retardo fue establecido originalmente en el art�culo 676 del Estatuto Tributario y no en el Decreto de reajuste de cifras / DELEGACION EN EL GOBIERNO PARA TIPIFICAR SANCIONES - No se presenta cuando se expide el Decreto Reglamentario que actualiza el valor de la sanci�n creada mediante una norma con fuerza de ley / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES - No se vulnera al actualizar el valor de las sanciones previamente establecidas por el legislador Est� claro entonces que el precepto demandado no est� definiendo la conducta sancionable, ni el procedimiento de tasaci�n de la sanci�n, sino que se limita a reajustar, para el a�o de 1998, el valor respecto de la sanci�n prevista en la norma superior, por lo que resulta infundado el cargo de violaci�n al principio de legalidad, que parte del supuesto errado de que la facultad de definir los elementos que tipifican la conducta sancionable, reservadas al legislativo, fue delegada por �ste al ejecutivo y que con base en tal delegaci�n se expidi� el reglamento acusado. Ahora bien, mediante el Decreto 3020 de 1997, no solo se reajust� el valor de la sanci�n prevista en el art�culo 676 del Estatuto Tributario, sino adem�s los valores que tienen relaci�n con las normas aplicables a los impuestos de renta y ventas, la definici�n de obligaciones formales, el procedimiento tributario, las devoluciones, la retenci�n en la fuente y otras sanciones; por lo que la invocaci�n de las atribuciones establecidas en los art�culos 242, 548 y 868 del Estatuto Tributario, que se hace en el citado decreto, debe entenderse en relaci�n con las normas tributarias pertinentes, seg�n sea el concepto del valor objeto de reajuste. Por ello, no es acertado pretender la ilegalidad del precepto acusado, con el argumento de que en ninguno de tales art�culos se autoriza al Gobierno Nacional para actualizar el valor de la sanci�n de que trata el art�culo 676 del Estatuto Tributario. REAJUSTE DE VALORES ABSOLUTOS DE LOS IMPUESTOS - Debe efectuarse con base en la meta de inflaci�n seg�n la Ley 242 de 1995 / REAJUSTE DE LA SANCION POR ENTREGA EXTEMPORANEA DE INFORMACI�N - Tiene su fundamento en el art�culo 676 del Estatuto Tributario y en los art�culos 1�, 3� y 4� de la Ley 242 de 1995 / GOBIERNO NACIONAL - Se encuentra facultado para reajustar anualmente el valor de la sanci�n por entrega extempor�nea de informaci�n del art�culo 676 del Estatuto Tributario / PRINCIPIO DE PREDETERMINACION DE LAS SANCIONES - No es violado por la Ley 242 de 1995 al haber sido definidos por el Legislador los elementos esenciales de las sanciones Se tiene entonces que por voluntad del legislador el reajuste de los valores absolutos expresados en las normas tributarias que tipifican las conductas sancionables, debe sujetarse a la forma de proyecci�n de la inflaci�n. Es decir que la facultad del Gobierno Nacional para expedir el Decreto 3020 de 1997, y disponer en su art�culo 1�, el reajuste del valor de la sanci�n referente a la entrega extempor�nea de los documentos recibidos por las entidades recaudadoras y de la informaci�n en medios magn�ticos, tiene respaldo legal en el art�culo 676 del Estatuto Tributario que tipifica la conducta sancionable y contiene un valor absoluto susceptible de reajuste, cuya reglamentaci�n es de su competencia, y en los art�culos 1�, 3� y 4� de la Ley 242 de 1995, que disponen la actualizaci�n de los valores predeterminados en la disposici�n legal. No prospera en consecuencia el cargo que se fundamenta en la incompetencia del Gobierno Nacional para expedir el precepto demandado. En cuanto a la excepci�n de inconstitucionalidad, se advierte en primer t�rmino que mediante sentencia C-390 de mayo 22 de 2002, Exp.D-3779, M.P. Jaime Araujo Renter�a, Actores: Ernesto Rey Cantor y Mar�a Carolina Rodr�guez, la Corte Constitucional declar� exequibles las expresiones "multas" y "en la expedici�n de normas por parte del Gobierno Nacional y las Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales", contenidas en el art�culo 1� de la Ley 242 de 1995. En conclusi�n, la norma acusada se declarar� exequible por cuanto no contradice el principio seg�n el cual los elementos esenciales de toda sanci�n deben ser determinados por el legislador con antelaci�n a la comisi�n de la conducta considerada punible o del incumplimiento del deber que genera la sanci�n. Por el contrario, desarrolla dicho principio en la medida en que el legislador establece all� el factor de actualizaci�n de valores de multas o sanciones, siendo dicho factor la meta de inflaci�n que define el Banco de la Rep�blica." EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIUDAD - Su efecto no es gen�rico sino espec�fico : no es jur�dicamente viable inaplicar un precepto legal, que ha sido declarado exequible / ACCION DE NULIDAD - Impide la aplicaci�n de la excepci�n de inconstitucionalidad de un precepto legal que ha sido declarado exequible En efecto es bien sabido que la excepci�n de inconstitucionalidad prescrita en el art�culo 4� de la Constituci�n Pol�tica consiste en la inaplicaci�n que hace un funcionario judicial o administrativo de la disposici�n aplicable al caso, por considerarla inconstitucional, para proferir en cambio su decisi�n, con fundamento en la Constituci�n. La disposici�n inaplicada subsiste, pero en el caso especifico, es reemplazada por la de car�cter constitucional. Por consiguiente, la excepci�n de inconstitucionalidad es un criterio de hermen�utica jur�dica que permite al funcionario judicial o administrativo, preferir una disposici�n constitucional sobre otra de inferior jerarqu�a, para proferir su decisi�n en un caso determinado. De donde se deduce que su efecto no es gen�rico sino espec�fico y que por lo mismo, se agota con su decisi�n. En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala no se est� frente a un caso particular, sino a una acci�n de nulidad, y la sentencia que pone fin al proceso tiene efectos erga omes. Adicionalmente no es jur�dicamente viable pretender se inaplique un precepto legal, que ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N CUARTA Consejero ponente: GERMAN AYALA MANTILLA Bogot� D.C., Diez (10) de febrero de dos mil tres (2003)

Norma demandada: �Acci�n P�blica de nulidad contra el Decreto 3020 de 1997 expedido por el Gobierno Nacional

SANCION POR EXTEMPORANEIDAD EN ENTREGA DE INFORMACION - El valor m�ximo por cada d�a de retardo fue establecido originalmente en el art�culo 676 del Estatuto Tributario y no en el Decreto de reajuste de cifras / DELEGACION EN EL GOBIERNO PARA TIPIFICAR SANCIONES - No se presenta cuando se expide el Decreto Reglamentario que actualiza el valor de la sanci�n creada mediante una norma con fuerza de ley / PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES - No se vulnera al actualizar el valor de las sanciones previamente establecidas por el legislador

Est� claro entonces que el precepto demandado no est� definiendo la conducta sancionable, ni el procedimiento de tasaci�n de la sanci�n, sino que se limita a reajustar, para el a�o de 1998, el valor respecto de la sanci�n prevista en la norma superior, por lo que resulta infundado el cargo de violaci�n al principio de legalidad, que parte del supuesto errado de que la facultad de definir los elementos que tipifican la conducta sancionable, reservadas al legislativo, fue delegada por �ste al ejecutivo y que con base en tal delegaci�n se expidi� el reglamento acusado. Ahora bien, mediante el Decreto 3020 de 1997, no solo se reajust� el valor de la sanci�n prevista en el art�culo 676 del Estatuto Tributario, sino adem�s los valores que tienen relaci�n con las normas aplicables a los impuestos de renta y ventas, la definici�n de obligaciones formales, el procedimiento tributario, las devoluciones, la retenci�n en la fuente y otras sanciones; por lo que la invocaci�n de las atribuciones establecidas en los art�culos 242, 548 y 868 del Estatuto Tributario, que se hace en el citado decreto, debe entenderse en relaci�n con las normas tributarias pertinentes, seg�n sea el concepto del valor objeto de reajuste. Por ello, no es acertado pretender la ilegalidad del precepto acusado, con el argumento de que en ninguno de tales art�culos se autoriza al Gobierno Nacional para actualizar el valor de la sanci�n de que trata el art�culo 676 del Estatuto Tributario.

REAJUSTE DE VALORES ABSOLUTOS DE LOS IMPUESTOS - Debe efectuarse con base en la meta de inflaci�n seg�n la Ley 242 de 1995 / REAJUSTE DE LA SANCION POR ENTREGA EXTEMPORANEA DE INFORMACI�N - Tiene su fundamento en el art�culo 676 del Estatuto Tributario y en los art�culos 1�, 3� y 4� de la Ley 242 de 1995 / GOBIERNO NACIONAL - Se encuentra facultado para reajustar anualmente el valor de la sanci�n por entrega extempor�nea de informaci�n del art�culo 676 del Estatuto Tributario / PRINCIPIO DE PREDETERMINACION DE LAS SANCIONES - No es violado por la Ley 242 de 1995 al haber sido definidos por el Legislador los elementos esenciales de las sanciones

Se tiene entonces que por voluntad del legislador el reajuste de los valores absolutos expresados en las normas tributarias que tipifican las conductas sancionables, debe sujetarse a la forma de proyecci�n de la inflaci�n. Es decir que la facultad del Gobierno Nacional para expedir el Decreto 3020 de 1997, y disponer en su art�culo 1�, el reajuste del valor de la sanci�n referente a la entrega extempor�nea de los documentos recibidos por las entidades recaudadoras y de la informaci�n en medios magn�ticos, tiene respaldo legal en el art�culo 676 del Estatuto Tributario que tipifica la conducta sancionable y contiene un valor absoluto susceptible de reajuste, cuya reglamentaci�n es de su competencia, y en los art�culos 1�, 3� y 4� de la Ley 242 de 1995, que disponen la actualizaci�n de los valores predeterminados en la disposici�n legal. No prospera en consecuencia el cargo que se fundamenta en la incompetencia del Gobierno Nacional para expedir el precepto demandado. En cuanto a la excepci�n de inconstitucionalidad, se advierte en primer t�rmino que mediante sentencia C-390 de mayo 22 de 2002, Exp.D-3779, M.P. Jaime Araujo Renter�a, Actores: Ernesto Rey Cantor y Mar�a Carolina Rodr�guez, la Corte Constitucional declar� exequibles las expresiones "multas" y "en la expedici�n de normas por parte del Gobierno Nacional y las Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales", contenidas en el art�culo 1� de la Ley 242 de 1995. En conclusi�n, la norma acusada se declarar� exequible por cuanto no contradice el principio seg�n el cual los elementos esenciales de toda sanci�n deben ser determinados por el legislador con antelaci�n a la comisi�n de la conducta considerada punible o del incumplimiento del deber que genera la sanci�n. Por el contrario, desarrolla dicho principio en la medida en que el legislador establece all� el factor de actualizaci�n de valores de multas o sanciones, siendo dicho factor la meta de inflaci�n que define el Banco de la Rep�blica."

EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIUDAD - Su efecto no es gen�rico sino espec�fico : no es jur�dicamente viable inaplicar un precepto legal, que ha sido declarado exequible / ACCION DE NULIDAD - Impide la aplicaci�n de la excepci�n de inconstitucionalidad de un precepto legal que ha sido declarado exequible

En efecto es bien sabido que la excepci�n de inconstitucionalidad prescrita en el art�culo 4� de la Constituci�n Pol�tica consiste en la inaplicaci�n que hace un funcionario judicial o administrativo de la disposici�n aplicable al caso, por considerarla inconstitucional, para proferir en cambio su decisi�n, con fundamento en la Constituci�n. La disposici�n inaplicada subsiste, pero en el caso especifico, es reemplazada por la de car�cter constitucional. Por consiguiente, la excepci�n de inconstitucionalidad es un criterio de hermen�utica jur�dica que permite al funcionario judicial o administrativo, preferir una disposici�n constitucional sobre otra de inferior jerarqu�a, para proferir su decisi�n en un caso determinado. De donde se deduce que su efecto no es gen�rico sino espec�fico y que por lo mismo, se agota con su decisi�n. En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala no se est� frente a un caso particular, sino a una acci�n de nulidad, y la sentencia que pone fin al proceso tiene efectos erga omes. Adicionalmente no es jur�dicamente viable pretender se inaplique un precepto legal, que ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional.

Referencia: Acci�n P�blica de nulidad contra el Decreto 3020 de 1997 expedido por el Gobierno Nacional

Los ciudadanos ERNESTO REY CANTOR y MAR�A CAROLINA RODR�GUEZ, en ejercicio de la acci�n prevista en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, solicitan la nulidad parcial del Decreto 3020 de 1997.

La demanda recae sobre los apartes que se subrayan del art�culo 1� del Decreto 3020 de 1997 expedido por el Gobierno Nacional, cuyo texto es el siguiente:

Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional, para el a�o gravable 1998 y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las establecidas en los art�culos 242, 548, 868 del Estatuto Tributario y la Ley 242 de 1995,

Que la Ley 242 del veintiocho (28) de diciembre de 1995, modific� todas aquellas normas legales que tienen en cuenta el comportamiento pasado del �ndice de precios al consumidor como factor de reajuste de sanciones, rangos y cuant�as entre otros, ordenando su reajuste en un porcentaje igual a la meta de inflaci�n fijada para cada a�o en que procede el reajuste,

Articulo 1� Los valores absolutos expresadas en moneda nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas que regir�n para el a�o gravable 1998, ser�n los siguientes:

Art�culo 676.Extemporaneidad en la entrega de la informaci�n. Cuando las entidades autorizadas para recaudar impuestos, incumplan los t�rminos fijados por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para entregar a las Administraciones de Impuestos los documentos recibidos, as� como para entregarle informaci�n en medios magn�ticos en los lugares se�alados para tal fin, incurrir�n en una sanci�n

Advierten los accionantes que los art�culos 242, 243, 548 y 868 del Estatuto Tributario que se citan en los considerandos del decreto acusado, no concedieron facultad al Gobierno para reajustar o actualizar valores de las multas; y que si bien el art�culo 1� de la Ley 242 de 1995, facult� al Gobierno Nacional para expedir normas con el objeto de "reajustar el valor de las multas", o monto econ�mico de la sanci�n, excedi� sus facultades, por ser �sta una competencia indelegable.

Se enuncia como primer cargo la violaci�n de los art�culos 1�, 2�, 3�, 6�, 28, 29, 121,122,123,133, 150 de la Constituci�n Pol�tica y previa una extensa exposici�n acerca del principio de legalidad, con referencias a los criterios expuestos por la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional, que a juicio de los accionantes permiten precisar los principios de legalidad y reserva de la ley a la luz de la Constituci�n Pol�tica Colombiana de 1991, concluyen que dos tratados internacionales de derechos humanos aprobados mediante las Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972, forman parte del orden interno y tienen prevalencia sobre la Ley 242 de 1995 y sobre el Decreto 624 de 1989.

Con fundamento en los conceptos de representaci�n democr�tica y principio de legalidad, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia, concluyen que el Congreso al expedir la Ley 242 de 1995, art�culo 1�, no ten�a competencia para delegar en el ejecutivo la potestad sancionatoria para reajustar multas, por lo que la precitada ley fue demandada ante la Corte Constitucional, y que por consiguiente tambi�n es inconstitucional el decreto reglamentario acusado, en la parte demandada.

Previa referencia y cita doctrinaria sobre el tema de los derechos fundamentales y la exclusi�n del poder ejecutivo, advierten que la definici�n de un hecho il�cito y el establecimiento de la sanci�n, deben se regulados por la ley expedida por el Congreso, conforme el art�culo 29 en concordancia con el art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, que rigen el principio de legalidad, el cual consideran violado por la disposici�n reglamentaria demandada, porque el Gobierno sin competencia "reajust� multas", ejerciendo funciones distintas a las que le atribuye la Constituci�n y la Ley.

Solicitan dar aplicaci�n a la excepci�n de inconstitucionalidad, inaplicando al caso, el art�culo 1� de la Ley 242 de 1995, por ser incompatible con los art�culos 1�,2�,3�,6�, 28,29, 121, 122, 123, 133 y 50 de la Carta Pol�tica, y que como consecuencia de ello se declare la nulidad parcial del Decreto 3020 de 1997.

En adici�n a la demanda, manifiestan los accionantes, que en caso de que no prosperar la "primera pretensi�n" se formula una segunda subsidiaria, esto que es que declare la nulidad del Decreto 3020 de 1997, en la parte que expresa" Art�culo 676. Extemporaneidaden la entrega de la informaci�n. Cuando las entidades encargadas de recaudar impuesto, incumplan los t�rminos fijados por el Misterio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para entregar a las administraciones de impuestos los documentos recibidos, as� como para entregarle informaci�n en medios magn�ticos en los lugares se�alados para tal fin, incurrir� en una sanci�n hasta de...210.000 por cada d�a de retraso"

Explican en 'hechos' que para sancionar al Banco Colpatria -Red Multibanca Colpatria S.A,., se aplic� el Decreto 3020 de 1997, al formular a la entidad el pliego de cargos 0055 de diciembre 22 de 1999, e imponer sanci�n por extemporaneidad en la entrega de la informaci�n, mediante la Resoluci�n 4285 de junio 6 de 2000, confirmada por la Resoluci�n 10697 de diciembre de 2000, que resolvi� el recurso de reposici�n, aplicando la Resoluci�n 0770 de 1995, que se encontraba derogada, y que dispon�a: "multiplicado el factor por la base monetaria ($210.000) y por el n�mero de d�as extempor�neos se obtiene el valor final de la sanci�n".

Advierten que al aplicar la Direcci�n de Impuestos Nacionales el decreto demandado, caus� graves perjuicios a la entidad financiera, por lo que los actos precitados fueron demandados ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Exp. 01-1703-Secci�n Cuarta, lo que indica que el acto acusado aun est� produciendo efectos jur�dicos.

Reiteran que aun cuando el acto acusado se expidi� invocando la Ley 242 de 1995, �sta fue demandada ante la Corte Constitucional, Exp. D-3779, lo cual a su juicio reafirma la excepci�n de inconstitucionalidad invocada en la demanda.

Se enuncia un segundo cargo sustentado en la violaci�n de los art�culos 242, 548 y 866 del Estatuto Tributario, por indebida aplicaci�n y previa referencia al contenido de cada uno de los mismos art�culos, se insiste en que ninguno de ellos concedi� facultades al Gobierno para actualizar los montos de las multas, como se hizo en el decreto acusado, respecto de la sanci�n de que trata el art�culo 676 ib.

La demanda y su adici�n fue admitida mediante autos de octubre 23 de 2001 (fl. 63) febrero 1� de 2001 (fl.145), donde se solicit� al env�o de los antecedentes del acto acusado.

Con oficio 104615 de diciembre 3 de 20001 se remitieron por parte de la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales los antecedentes administrativos del decreto demandado. (f.85)

Por auto de abril 11 de 2002 (fl.156) se decretaron las pruebas solicitadas por los demandantes, las que fueron oportunamente recaudadas.

La apoderada de la Naci�n present� escrito de oposici�n a la demanda y su adici�n y en defensa de la legalidad de la disposici�n acusada, expuso:

El decreto demandado tiene fundamento legal en el art�culo 868 del Estatuto Tributario, que contempla el reajuste anual de los valores absolutos expresados en moneda nacional, por lo que el reajuste de la sanci�n establecida para la entrega extempor�nea de la informaci�n por parte de las entidades recaudadoras, se encuentra dentro de los valores que deben ser reajustados conforme al �ndice de inflaci�n. Adicionalmente, est�n las facultades previstas en la Ley 242 de 1995, art�culos 1� y 4� y la sanci�n est� tipificada en los t�rminos del art�culo 676 del Estatuto Tributario.

La excepci�n de inconstitucionalidad no es viable frente al control de legalidad del decreto demandado, m�s aun cuando la Ley 242 de 1995 se ajusta a la Constituci�n, a dejar al ejecutivo la facultad de actualizar el monto de las sanciones, previamente definidas en la ley.

En relaci�n con las situaciones particulares y concretas que se aluden por parte de los demandantes, se advierte que la acci�n interpuesta es la de simple nulidad y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que no es posible que se extienda a los actos particulares

La parte actora en relaci�n con el principio de legalidad alude a la sentencia C-133/99 de la Corte Constitucional, para insistir en que el decreto acusado, en la expresi�n que se demanda, desconoci� el principio de legalidad; as� como los art�culos 242, 548 y 868 del Estatuto Tributario.

La parte opositora reitera los fundamentos expuestos en la contestaci�n de la demanda.

Considera que no existe m�rito para que se declare la nulidad del precepto acusado, y al efecto expone:

De lo dispuesto en los art�culos 242, 548 y 868 del Estatuto Tributario se desprende que ninguna de tales normas hace relaci�n a la sanci�n por extemporaneidad de que trata el art�culo 676 ib., ni faculta al Gobierno Nacional para reajustar los valores correspondientes a las sanciones.

Sin embargo, los art�culos 1� y 3� de la Ley 242 de 1995 facultan al Gobierno Nacional para reajustar valores absolutos en todos los casos y para expedir normas que dispongan la actualizaci�n.

El precepto demandado se limita a reajustar para el a�o 1998 el valor absoluto respecto de la sanci�n por entrega extempor�nea de informaciones, por lo tanto no viola el principio de legalidad, al reajustar valores absolutos para determinar las multas a pagar, de acuerdo con las normas encargadas de definir el hecho generador o hecho sancionado.

Si bien el principio de legalidad debe ser observado en todas las actuaciones, en el caso concreto no se evidencia transgredido, puesto que no se cre� la sanci�n comentada, y adem�s porque el legislativo le confiri� al ejecutivo facultades para reajustarla, facultades que se encuentran justificadas en la Constituci�n y la ley.

La Ley 242 de 1995 se presume ajustada a la Constituci�n y es obligatoria mientras no sea derogada o declarada inexequible. Adem�s la prerrogativa establecida en el art�culo 4� de la Constituci�n solo es viable en el caso de leyes que sean ostensiblemente inconstitucionales, situaci�n que no se advierte en relaci�n con la citada ley.

Corresponde decidir sobre la legalidad del Decreto 3020 de diciembre 19 de 1997, mediante el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional, que regir�n para el a�o gravable 1998, en cuanto dispone en su art�culo 1� Numeral II, que la sanci�n de que trata el art�culo 676 del Estatuto Tributario, ser� "hasta de 210.000 por cada d�a deretardo."

Sea lo primero advertir que s� bien el precepto reglamentario acusado, ha perdido su vigencia, no solo por estar concebido para ser aplicado con referencia al a�o 1998, sino porque anualmente y mediante la expedici�n de decretos posteriores, el valor absoluto all� estipulado es reajustado, ello no impide un pronunciamiento acerca de su legalidad; puesto que como lo ha reiterado la Corporaci�n, el acto administrativo general derogado sigue amparado por la presunci�n de legalidad que lo protege, la cual se extiende tambi�n a los actos de contenido particular que hayan sido expedidos en desarrollo del mismo durante su vigencia. De donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisi�n del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho.1

1. Sentencias de Sala Plena de enero 14 de 1991 Exp.S-157 C. P. Carlos Gustavo Arrieta y de marzo 6 de 1991 Exp.148- C.P. Jaime Abella Zarate.

Sobre los cargos en que se sustenta la pretensi�n de nulidad del precepto reglamentario acusado, que se concretan en la supuesta violaci�n al principio de legalidad, en el entendido de que est� reservada al legislativo la funci�n de tipificar las conductas sancionables, y que tal funci�n no puede ser delegada a la autoridad administrativa; la incompetencia del Gobierno Nacional para reajustar los valores absolutos en relaci�n con las sanciones tributarias; la inconstitucionalidad de la Ley 242 de 1995, art�culos 1� y 4�, en cuanto facultan al Gobierno Nacional para efectuar tales reajustes; y la solicitud de dar aplicaci�n a la excepci�n de inconstitucionalidad respecto del precepto demandado, proceden las siguientes consideraciones:

"ART.676. Extemporaneidad en la entrega de la informaci�n. Cuando las entidades autorizadas para recaudar impuestos, incumplan los t�rminos fijados por el Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico, para entregar a las administraciones de impuestos los documentos recibidos; as� como para entregarle informaci�n en medios magn�ticos en los lugares se�alados para tal fin, incurrir�n en una sanci�n hasta de veinte mil pesos ($20.0000) (hoy $290.000), por cada d�a de retardo."

El valor actualizado corresponde al a�o 2001, seg�n lo se�alado en el art�culo 1� del Decreto 2661 de 2000.

Como se observa, seg�n la norma tributaria, son conductas sancionables, la entrega extempor�nea de los documentos recibidos por parte de las entidades recaudadoras a la Administraci�n de Impuestos Nacionales, as� como la entrega extempor�nea de la informaci�n en medios magn�ticos; para las cuales est� prevista una sanci�n hasta un valor l�mite, por cada d�a de retardo, que anualmente es determinado por el Gobierno Nacional, mediante decreto.

El Decreto 3020 de diciembre 19 de 1997 por el cual se reajustan los valores absolutos en moneda nacional para el a�o gravable 1998, objeto de la demanda, reproduce en los mismos t�rminos la norma superior transcrita, y fija el valor l�mite de la sanci�n por cada d�a de retardo en la suma de $210.000.

Ahora bien, mediante el Decreto 3020 de 1997, no solo se reajust� el valor de la sanci�n prevista en el art�culo 676 del Estatuto Tributario, sino adem�s los valores que tienen relaci�n con las normas aplicables a los impuestos de renta y ventas, la definici�n de obligaciones formales, el procedimiento tributario, las devoluciones, la retenci�n en la fuente y otras sanciones; por lo que la invocaci�n de las atribuciones establecidas en los art�culos 242, 548 y 868 del Estatuto Tributario, que se hace en el citado decreto, debe entenderse en relaci�n con las normas tributarias pertinentes, seg�n sea el concepto del valor objeto de reajuste. Por ello, no es acertado pretender la ilegalidad del precepto acusado, con el argumento de que en ninguno de tales art�culos se autoriza al Gobierno Nacional para actualizar el valor de la sanci�n de que trata el art�culo 676 del Estatuto Tributario.

En efecto, el art�culo 242 dispone la forma de actualizaci�n de las tarifas aplicables al impuesto de renta, tarifas que son actualizadas por el Decreto 3020 de 1997; el art�culo 548, antes de ser derogado por el art�culo 86 de la Ley 488 de 1998, trataba del reajuste anual de los valores absolutos en el impuesto de timbre, asunto al que no se refiere el decreto acusado; y el art�culo 868, se refiere al ajuste de los valores absolutos expresados en las normas relativas a los impuestos de renta y sobre las ventas, normas sobre las cuales versan los reajustes expresados en el referido decreto.

Por el contrario, observa la Sala que la Ley 242 de 1995 "por la cualse modifican algunas normas que consagran el crecimiento del �ndice de precios al consumidor del a�o anterior como factor de reajuste de valores y se dictan otras disposiciones", igualmente invocada como fundamento de la expedici�n del Decreto 3020 de 1997, si tiene relaci�n con el precepto que se demanda, en cuanto ella dispone que el Gobierno Nacional, al expedir las normas que sean de su competencia, deber� tomar como referencia para la actualizaci�n de valores de multas o sanciones a la meta de inflaci�n, tal como se deduce de lo dispuesto en los art�culos 1� , 3� y 4� que rezan:

"Art�culo 1�.-Objeto. Esta ley modifica las normas legales que tienen en cuenta el comportamiento pasado, del �ndice de Precios al Consumidor como factor de reajuste de multas, valores catastrales, rangos, cuant�as y c�nones, y en su lugar establecer criterios que hacen referencia a la meta de inflaci�n con el objeto de ajustar la legislaci�n de manera que sirva de instrumento para la desindizaci�n de la econom�a, de conformidad con el Pacto Social de Productividad, Precios y Salarios. Adem�s, determina la forma como deber� tenerse en cuenta la meta de inflaci�n en la expedici�n de normas por parte del Gobierno Nacional y las Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales".

Art�culo 3�.- Disposiciones aplicables a la expedici�n de normas que tomen en cuenta la inflaci�n.El Gobierno Nacional as� como las Administraciones Departamentales, Distritales y Municipales, al expedir normas que dispongan la actualizaci�n de valores sujetos a su determinaci�n por disposici�n legal, tendr�n en cuenta la meta de inflaci�n como estimativo del comportamiento de los precios del a�o en que se aplican dichos valores...

Art�culo 4�.- Modificaci�n de las normas que usan la inflaci�n del a�o anterior como factor para el reajuste anual de multas. A partir de la vigencia de la presente Ley, modific�ndose todas aquellas que consagran la variaci�n del �ndice de precios al consumidor del a�o anterior como factor de actualizaci�n de valores de multas o sanciones, en el sentido de que reajustar�n anualmente en un porcentaje igual a la meta de inflaci�n fijada para el a�o en que proceda el reajuste.

No prospera en consecuencia el cargo que se fundamenta en la incompetencia del Gobierno Nacional para expedir el precepto demandado.

En cuanto a la excepci�n de inconstitucionalidad, se advierte en primer t�rmino que mediante sentencia C-390 de mayo 22 de 2002, Exp.D-3779, M.P. Jaime Araujo Renter�a, Actores: Ernesto Rey Cantor y Mar�a Carolina Rodr�guez, la Corte Constitucional declar� exequibles las expresiones "multas" y "en la expedici�n de normas por parte delGobierno Nacional y las Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales", contenidas en el art�culo 1� de la Ley 242 de 1995.

Frente al cargo seg�n el cual el legislador otorg� facultades permanentes al Gobierno Nacional para declarar y reajustar multas, advirti� la Corte sobre su no correspondencia con el supuesto normativo contenido en la norma acusada, en cuanto de la simple lectura de la norma se concluye que �sta no reviste de facultades al Gobierno para decretar multas.

"Sin embargo, la Corte encuentra dicha norma respetuosa del principio de legalidad y, por tanto, ajustada a la Constituci�n, pues si bien la cuant�a de la multa se fija sobre un hecho futuro, como es la meta de inflaci�n, de todas maneras dicho criterio se establece con antelaci�n a la imposici�n de la multa y, en consecuencia, la persona sabe a qu� atenerse con anticipaci�n a la comisi�n de la conducta que sirve como fuente de la sanci�n.

"En conclusi�n, la norma acusada se declarar� exequible por cuanto no contradice el principio seg�n el cual los elementos esenciales de toda sanci�n deben ser determinados por el legislador con antelaci�n a la comisi�n de la conducta considerada punible o del incumplimiento del deber que genera la sanci�n. Por el contrario, desarrolla dicho principio en la medida en que el legislador establece all� el factor de actualizaci�n de valores de multas o sanciones, siendo dicho factor la meta de inflaci�n que define el Banco de la Rep�blica."

Lo anterior resulta suficiente para desestimar el cargo que se fundamenta en la supuesta inconstitucionalidad de la Ley 242 de 1995, as� como la pretensi�n de dar aplicaci�n a la excepci�n de inconstitucionalidad respecto del precepto reglamentario demandado, no sin antes advertir que esta �ltima pretensi�n es manifiestamente improcedente trat�ndose de definir la legalidad del acto acusado.

La disposici�n inaplicada subsiste, pero en el caso especifico, es reemplazada por la de car�cter constitucional. Por consiguiente, la excepci�n de inconstitucionalidad es un criterio de hermen�utica jur�dica que permite al funcionario judicial o administrativo, preferir una disposici�n constitucional sobre otra de inferior jerarqu�a, para proferir su decisi�n en un caso determinado. De donde se deduce que su efecto no es gen�rico sino espec�fico y que por lo mismo, se agota con su decisi�n.

En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala no se est� frente a un caso particular, sino a una acci�n de nulidad, y la sentencia que pone fin al proceso tiene efectos erga omes. Adicionalmente no es jur�dicamente viable pretender se inaplique un precepto legal, que ha sido declarado exequible por la Corte Constitucional.

Finalmente, respecto de las razones de ilegalidad que se exponen sobre los actos sancionatorios proferidos por la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales contra el Banco Colpatria, a que aluden los accionantes en la adici�n a la demanda, no procede consideraci�n alguna por parte de la Sala, no solo porque sobre tales actos no recae la demanda, sino por haber sido sometidos a control de legalidad ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Exp. 01-1703, donde se admiti� la demanda por auto de 28 de septiembre de 2001, tal como consta en la certificaci�n que obra a folio 160.

No encontr�ndose configurados los cargos en que se sustenta la pretensi�n de nulidad del precepto acusado, debe reconocerse su legalidad, negando en consecuencia las s�plicas de la demanda.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Cuarta, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley.

Se deja constancia de que �sta providencia se estudi� y aprob� en la sesi�n de la fecha.