100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010004566SENTENCIATERCERA11001032600020050007600(32293)200707/02/2007SENTENCIA__TERCERA__11001032600020050007600(32293)__2007_07/02/2007100045662007REFORMA DE LA DEMANDA - Generalidades. Oportunidad / CORRECCION DE LA DEMANDA - Generalidades. Límites temporales y formales / ACLARACION DE LA DEMANDA - Generalidades. Límites temporales y formales La parte demandante en un proceso administrativo ordinario puede sustituir, aclarar o corregir el escrito de demanda, en el sentido de modificar o suplir alguno o algunos de los elementos constitutivos de aquélla. Así las cosas, la figura procesal de la corrección, aclaración o reforma de la demanda, permite, en el término de fijación en lista, que la parte actora la modifique integral o parcialmente, a efecto de incluir hechos nuevos, cambiar o sustituir las pretensiones, o el objeto planteado de manera previa con la demanda inicial, salvo que se pretenda alterar la acción inicialmente escogida, puesto que ello no es procesalmente viable. En efecto, la reforma de la demanda permite al demandante corregir, los yerros materiales en los que pudo haber incurrido en la formulación de sus pretensiones, con miras a que se trabe la relación jurídica procesal de la manera más idónea posible. Es pertinente señalar, adicionalmente, que la corrección o aclaración de la demanda contiene límites temporales y formales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del C.C.A., como quiera que sólo puede hacerse uso del instrumento dentro del término de fijación en lista de la demanda y, además, sólo es posible realizar la reforma por una sola vez. Adicionalmente, con miras a garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la parte demandada, el artículo 208 ibídem consagra la obligación del funcionario judicial de ordenar la notificación del nuevo escrito de demanda a la entidad o personas que integran el extremo demandado, así como al representante del ministerio público, en los términos del artículo 207 de esa misma codificación. SUSPENSION PROVISIONAL - Generalidades / MEDIDA CAUTELAR - Suspensión provisional La suspensión provisional no es nada distinto a una medida cautelar, en tanto que, con el decreto de aquélla se suspenden los atributos de fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva del acto administrativo, en procura de la protección de derechos subjetivos o colectivos que se pueden ver conculcados con la aplicación del acto administrativo cuya constitucionalidad o legalidad se cuestiona. Para su procedencia deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros de índole formal y sustancial: a. La medida cautelar debe ser solicitada y sustentada en la demanda o en escrito separado a ella de modo expreso: No vale su simple enunciación genérica, sino que, como requisito de procedibilidad, debe ser sustentada su formulación; siempre de manera previa a la admisión de la misma. b. Si la acción es la de simple nulidad (art. 84 C.C.A.), basta con que se acredite la infracción manifiesta del acto o actos acusados de preceptos normativos de rango superior. Dicha discrepancia, a efectos de que proceda efectivamente la medida, debe ser directa y apreciable de bulto, es decir, perceptible por el juez sin necesidad de recurrir a instrumentos hermenéuticos o análisis probatorios. Queda a salvo, eso si, la posibilidad de que la infracción manifiesta de normas superiores pueda deducirse de documentos públicos aportados con la demanda. c. Si la acción es distinta a la de nulidad, además de señalar o indicar la violación de la ley en sentido material, debe probarse, al menos sumariamente, el posible perjuicio o detrimento que generaría la aplicación del acto o actos demandados, y cuya suspensión se pretende. d. Los efectos del acto no han debido materializarse de manera total, pues, de lo contrario, la procedencia de la medida cautelar queda obstaculizada, puesto que el acto se ha cumplido y ha generado la totalidad de sus efectos, por lo que carecería de objeto y sentido la medida cautelar. Similar circunstancia acontece cuando la medida se formula frente a una norma derogada, puesto que ésta, al no encontrarse produciendo los efectos respectivos, la medida cautelar administrativa se torna improcedente por sustracción de materia. Nota de Relatoría: Ver auto de 18 de julio de 2002, exp. 22477, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; Auto de 21 de enero de 1999, exp. 15111, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Ver sentencia de 18 de julio de 2002, exp. 22477, C.P. Alier E. Hernández Enríquez. SUSPENSION PROVISIONAL - Oportunidad. Reforma de la demanda / REFORMA DE LA DEMANDA - Suspensión provisional Ahora bien, respecto de la solicitud de suspensión provisional del artículo 1º del decreto 4643 de 2005, advierte la Sala que habrá lugar a rechazarla por improcedente de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corporación, como quiera que la oportunidad para solicitar la medida cautelar precluye en el momento en que se expide el respectivo auto admisorio de la demanda – para el caso concreto, dicho momento venció el 30 de marzo de 2006-. En efecto, sólo resultaba posible solicitar la medida de suspensión provisional con la demanda inicialmente formulada, por consiguiente la adición o reforma de la demanda no permite levantar la preclusividad del término para solicitar la citada medida. En efecto, la figura procesal de la adición de la demanda, dado su contenido y alcance, no tolera que se reformule una nueva solicitud de suspensión provisional. Como corolario de lo anterior, la Sala reitera que es improcedente toda reforma a la solicitud de suspensión provisional, en tanto que esa petición debe ser formulada antes de que se surta la admisión de la demanda (término preclusivo), razón por la cual rechazará de plano la solicitud de suspensión provisional en contra del artículo 1º del decreto 4643 de 2005, por ser extemporánea e improcedente a la luz de las normas procesales vigentes. Nota de Relatoria: Ver Sección Tercera, Auto de 5 de diciembre de 2003, exp. 25141, M.P. Alier E. Hernández Enríquez; Sección Quinta, providencia del 9 de marzo de 1995, exp. 1253. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil siete (2007) Radicación número: 11001-03-26-000-2005-00076-00(32293) Actor: SILVIO SAUL SUAREZ SANDOVAL Y OTROS Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: ACCION DE NULIDAD
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadAlier Eduardo Hernández EnríquezSilvio Saul Suarez Sandoval | OtrosDemanda de nulidad contra el artículo 1º del decreto 4643 de 2005.Identificadores10010004567true5468Versión original10004567Identificadores

Fecha Providencia

07/02/2007

Sección:  TERCERA

Consejero ponente:  Alier Eduardo Hernández Enríquez

Norma demandada:  Demanda de nulidad contra el artículo 1º del decreto 4643 de 2005.

Demandante:  Silvio Saul Suarez Sandoval | Otros


REFORMA DE LA DEMANDA - Generalidades. Oportunidad / CORRECCION DE LA DEMANDA - Generalidades. Límites temporales y formales / ACLARACION DE LA DEMANDA - Generalidades. Límites temporales y formales


La parte demandante en un proceso administrativo ordinario puede sustituir, aclarar o corregir el escrito de demanda, en el sentido de modificar o suplir alguno o algunos de los elementos constitutivos de aquélla. Así las cosas, la figura procesal de la corrección, aclaración o reforma de la demanda, permite, en el término de fijación en lista, que la parte actora la modifique integral o parcialmente, a efecto de incluir hechos nuevos, cambiar o sustituir las pretensiones, o el objeto planteado de manera previa con la demanda inicial, salvo que se pretenda alterar la acción inicialmente escogida, puesto que ello no es procesalmente viable. En efecto, la reforma de la demanda permite al demandante corregir, los yerros materiales en los que pudo haber incurrido en la formulación de sus pretensiones, con miras a que se trabe la relación jurídica procesal de la manera más idónea posible. Es pertinente señalar, adicionalmente, que la corrección o aclaración de la demanda contiene límites temporales y formales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del C.C.A., como quiera que sólo puede hacerse uso del instrumento dentro del término de fijación en lista de la demanda y, además, sólo es posible realizar la reforma por una sola vez. Adicionalmente, con miras a garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la parte demandada, el artículo 208 ibídem consagra la obligación del funcionario judicial de ordenar la notificación del nuevo escrito de demanda a la entidad o personas que integran el extremo demandado, así como al representante del ministerio público, en los términos del artículo 207 de esa misma codificación.


SUSPENSION PROVISIONAL - Generalidades / MEDIDA CAUTELAR - Suspensión provisional


La suspensión provisional no es nada distinto a una medida cautelar, en tanto que, con el decreto de aquélla se suspenden los atributos de fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva del acto administrativo, en procura de la protección de derechos subjetivos o colectivos que se pueden ver conculcados con la aplicación del acto administrativo cuya constitucionalidad o legalidad se cuestiona. Para su procedencia deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros de índole formal y sustancial: a. La medida cautelar debe ser solicitada y sustentada en la demanda o en escrito separado a ella de modo expreso: No vale su simple enunciación genérica, sino que, como requisito de procedibilidad, debe ser sustentada su formulación; siempre de manera previa a la admisión de la misma. b. Si la acción es la de simple nulidad (art. 84 C.C.A.), basta con que se acredite la infracción manifiesta del acto o actos acusados de preceptos normativos de rango superior. Dicha discrepancia, a efectos de que proceda efectivamente la medida, debe ser directa y apreciable de bulto, es decir, perceptible por el juez sin necesidad de recurrir a instrumentos hermenéuticos o análisis probatorios. Queda a salvo, eso si, la posibilidad de que la infracción manifiesta de normas superiores pueda deducirse de documentos públicos aportados con la demanda. c. Si la acción es distinta a la de nulidad, además de señalar o indicar la violación de la ley en sentido material, debe probarse, al menos sumariamente, el posible perjuicio o detrimento que generaría la aplicación del acto o actos demandados, y cuya suspensión se pretende. d. Los efectos del acto no han debido materializarse de manera total, pues, de lo contrario, la procedencia de la medida cautelar queda obstaculizada, puesto que el acto se ha cumplido y ha generado la totalidad de sus efectos, por lo que carecería de objeto y sentido la medida cautelar. Similar circunstancia acontece cuando la medida se formula frente a una norma derogada, puesto que ésta, al no encontrarse produciendo los efectos respectivos, la medida cautelar administrativa se torna improcedente por sustracción de materia. Nota de Relatoría: Ver auto de 18 de julio de 2002, exp. 22477, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; Auto de 21 de enero de 1999, exp. 15111, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Ver sentencia de 18 de julio de 2002, exp. 22477, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.


SUSPENSION PROVISIONAL - Oportunidad. Reforma de la demanda / REFORMA DE LA DEMANDA - Suspensión provisional


Ahora bien, respecto de la solicitud de suspensión provisional del artículo 1º del decreto 4643 de 2005, advierte la Sala que habrá lugar a rechazarla por improcedente de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corporación, como quiera que la oportunidad para solicitar la medida cautelar precluye en el momento en que se expide el respectivo auto admisorio de la demanda – para el caso concreto, dicho momento venció el 30 de marzo de 2006-. En efecto, sólo resultaba posible solicitar la medida de suspensión provisional con la demanda inicialmente formulada, por consiguiente la adición o reforma de la demanda no permite levantar la preclusividad del término para solicitar la citada medida. En efecto, la figura procesal de la adición de la demanda, dado su contenido y alcance, no tolera que se reformule una nueva solicitud de suspensión provisional. Como corolario de lo anterior, la Sala reitera que es improcedente toda reforma a la solicitud de suspensión provisional, en tanto que esa petición debe ser formulada antes de que se surta la admisión de la demanda (término preclusivo), razón por la cual rechazará de plano la solicitud de suspensión provisional en contra del artículo 1º del decreto 4643 de 2005, por ser extemporánea e improcedente a la luz de las normas procesales vigentes. Nota de Relatoria: Ver Sección Tercera, Auto de 5 de diciembre de 2003, exp. 25141, M.P. Alier E. Hernández Enríquez; Sección Quinta, providencia del 9 de marzo de 1995, exp. 1253.


CONSEJO DE ESTADO



SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



SECCION TERCERA



Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ


Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil siete (2007)


Radicación número: 11001-03-26-000-2005-00076-00(32293)


Actor: SILVIO SAUL SUAREZ SANDOVAL Y OTROS


Demandado: GOBIERNO NACIONAL


Referencia: ACCION DE NULIDAD


Procede la Sala a decidir sobre la admisión de la reforma de la demanda y la solicitud de suspensión provisional, presentada por la Cooperativa de Vendedores de Apuestas “COOPECHANCE” y el señor Silvio Saúl Suárez Sandoval contra el artículo 1º del decreto 4643 de 2005.


I. ANTECEDENTES


1. La demanda inicialmente presentada


El 21 de noviembre de 2005, el señor Silvio Saúl Suárez Sandoval en nombre propio y en representación de la Cooperativa de Vendedores de Apuestas COOPECHANCE, presentaron acción de nulidad contra el decreto 3535 de 2005, expedido por el gobierno nacional.


Como fundamentos de la demanda, expuso, en síntesis, los siguientes:


- La ley 643 de 2001 “por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar”, definió, en su artículo 21, los juegos de apuestas permanentes o chance como “una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario oficial,en forma manual o sistematizada,indica el valor de su apuesta y escoge un número de no más de cuatro (4) cifras, de manera que si el número coincide, según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la lotería o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero”.


- El artículo 26 de la misma disposición señala que los empresarios de apuestas permanentes deberán llevar un registro diariomanual o magnético,debidamente foliado para el asiento contable de las apuestas, cuyos valores estarán en concordancia con los anotados en los formularios o registros del sistema.


- Por su parte, el artículo primero del decreto 3535 de 2005 reglamentario de la ley 643 de 2001, establece lo siguiente:


Operaciones en línea y tiempo real.Los contratos de concesión para la operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance que se suscriban a partir de la vigencia del presente decreto, deben establecer como una de las obligaciones a cargo del concesionario, a partir del segundo año de su ejecución la de efectuar el ciento por ciento (100%) de las operaciones de colocación de apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicción territoriala través del mecanismo de explotación sistematizadoen línea y en tiempo real”.


Sostuvo la parte actora que el decreto 3535 de 2005 vulneró las siguientes disposiciones:


- Artículos 21 y 26 de la ley 643 de 2001 que permiten la operación manual del chance.


- Numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, por cuanto el gobierno nacional al expedir el decreto 3535 de 2005 derogó los artículos 21 y 26 de la ley 643 de 2001, es decir que ejerció una facultad que constitucionalmente corresponde al Congreso de la República.


- Artículo 13 de la Constitución Política que establece el derecho fundamental a la igualdad, por cuanto el decreto demandado, hace imposible que los colocadores manuales del chance logren acceder a ser concesionarios para la operación de esta modalidad de juego.


- Artículos 25 y 53 de la Constitución Política, porque niega la especial protección que se debe dar al derecho al trabajo y vulnera la igualdad de oportunidades para los trabajadores manuales del chance.


Sostuvo que, con el artículo primero del decreto 3535 de 2001, COOPECHANCE pierde la posibilidad de participar en licitaciones para mantenerse como concesionaria de la operación del chance, situación que genera un grave perjuicio para la cooperativa, para sus asociados y para más de 1200 familias que derivan sus ingresos de este trabajo.


Al respecto señaló, lo siguiente:


“Los administradores de COOPECHANCE tenemos planeado el procesamiento electrónico de nuestras operaciones, porque somos conscientes de su utilidad. Mas, el cuidado por la conservación de los puestos de trabajo de asociados y colaboradores hace del nuestro un proyecto que no se alcanza a ejecutar antes de la próxima licitación en el Cauca, ni en el primer año de vigencia del contrato de concesión. Así las cosas, nos acogemos a la operación manual que autoriza la ley 643 de 2001 en sus artículos 21 y 26, reiteradamente invocados aquí”.


2. Trámite procesal


Mediante auto de 30 de marzo de 2006, la Corporación resolvió admitir la demanda de la referencia y, a su vez, denegó la solicitud de suspensión provisional formulada contra el artículo 1º del decreto 3535 de 2005, por sustracción de materia, en tanto que la disposición reglamentaría había sido derogada expresamente por el artículo 1º del decreto 4643 de 2005 (fls. 21 a 24 cdno. ppal.).


3. La reforma de la demanda


El 2 de junio de 2006, los demandantes modificaron la demanda, en el sentido de sustituir la disposición normativa censurada, dirigiendo el reproche de legalidad, esta vez, en contra del artículo 1º del decreto 4643 de 2005, disposición reglamentaria, actualmente vigente, que regula los porcentajes mínimos de operaciones en línea y en tiempo real de las apuestas permanentes (chance) (fls. 25 a 32 cdno. ppal.).


Es decir, la reforma de la demanda se circunscribe, única y exclusivamente, al objeto de la demanda, esto es, al cambio de la norma atacada, razón por la que es pertinente señalar que tanto los hechos, como el concepto de la violación esgrimidos con la reforma de la demanda corresponden, en un todo, a los formulados en el libelo petitorio presentado inicialmente.


Así mismo, los actores deprecaron que se decrete la suspensión provisional del artículo primero del decreto 4643 de 2005 por considerar que éste es violatorio de los artículos 21 y 26 de la ley 643 de 2001 que autorizan la operación del juego de apuestas permanentes o chance, incluyendo la realización y el registro de apuestas, en forma manual o sistematizada, mientras la norma acusada solo autoriza la operación sistematizada.



II. CONSIDERACIONES


1. La reforma de la demanda


La parte demandante en un proceso administrativo ordinario puede sustituir, aclarar o corregir el escrito de demanda, en el sentido de modificar o suplir alguno o algunos de los elementos constitutivos de aquélla.


En ese sentido, el artículo 208 del C.C.A., expresamente dispone lo siguiente:


“Hasta el último día de fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso por una sola vez.


Sin embargo, si las personas llamadas al proceso como partes, por tener interés directo en el resultado del mismo, están representadas por curador ad litem, la nueva notificación se surtirá directamente con éste.”


Así las cosas, la figura procesal de la corrección, aclaración o reforma de la demanda, permite, en el término de fijación en lista, que la parte actora la modifique integral o parcialmente, a efecto de incluir hechos nuevos, cambiar o sustituir las pretensiones, o el objeto planteado de manera previa con la demanda inicial, salvo que se pretenda alterar la acción inicialmente escogida, puesto que ello no es procesalmente viable.


En efecto, la reforma de la demanda permite al demandante corregir, los yerros materiales en los que pudo haber incurrido en la formulación de sus pretensiones, con miras a que se trabe la relación jurídica procesal de la manera más idónea posible.


Es pertinente señalar, adicionalmente, que la corrección o aclaración de la demanda contiene límites temporales y formales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 del C.C.A., como quiera que sólo puede hacerse uso del instrumento dentro del término de fijación en lista de la demanda y, además, sólo es posible realizar la reforma por una sola vez.


Adicionalmente, con miras a garantizar los derechos al debido proceso y de defensa de la parte demandada, el artículo 208 ibídem consagra la obligación del funcionario judicial de ordenar la notificación del nuevo escrito de demanda a la entidad o personas que integran el extremo demandado, así como al representante del ministerio público, en los términos del artículo 207 de esa misma codificación.


De lo dicho, en este caso, es pertinente aceptar la corrección de la demanda.


2. La suspensión provisional de los actos administrativos como medida cautelar en el proceso contencioso



El artículo 152 del C.C.A establece como requisitos para que proceda la suspensión provisional de los actos administrativos los siguientes:



“1º) Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida;



2º) Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud;



3º) Si la acción es distinta de la de nulidad, además se deberá demostrar, aunque sea sumariamente, el perjuicio que la ejecución del acto demandado causa o podría causar al actor”.


La suspensión provisional no es nada distinto a una medida cautelar, en tanto que, con el decreto de aquélla se suspenden los atributos de fuerza ejecutoria y fuerza ejecutiva del acto administrativo, en procura de la protección de derechos subjetivos o colectivos que se pueden ver conculcados con la aplicación del acto administrativo cuya constitucionalidad o legalidad se cuestiona.



Para su procedencia deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros de índole formal y sustancial:



a. La medida cautelar debe ser solicitada y sustentada en la demanda o en escrito separado a ella de modo expreso: No vale su simple enunciación genérica, sino que, como requisito de procedibilidad, debe ser sustentada su formulación; siempre de manera previa a la admisión de la misma.


b. Si la acción es la de simple nulidad (art. 84 C.C.A.), basta con que se acredite la infracción manifiesta del acto o actos acusados de preceptos normativos de rango superior. Dicha discrepancia, a efectos de que proceda efectivamente la medida, debe ser directa y apreciable de bulto, es decir, perceptible por el juez sin necesidad de recurrir a instrumentos hermenéuticos o análisis probatorios. Queda a salvo, eso si, la posibilidad de que la infracción manifiesta de normas superiores pueda deducirse de documentos públicos aportados con la demanda.



c. Si la acción es distinta a la de nulidad, además de señalar o indicar la violación de la ley en sentido material, debe probarse, al menos sumariamente, el posible perjuicio o detrimento que generaría la aplicación del acto o actos demandados, y cuya suspensión se pretende.



En relación con este requisito, la Sala ha puntualizado:



“El legislador ha establecido ciertos requisitos para la prosperidad de la medida cautelar de la suspensión provisional por cuanto ante todo se presume la legalidad de los actos administrativos y por ello es indispensable quequien pretenda desvirtuarla asuma su carga de prueba (art. 177 C. de P. C.) y demuestre en forma sumaria el perjuicio grave que la ejecución de los actos demandados le causa o le pudiera causar en el futuro, exigencia contenida en el ordinal 3º. del artículo 152 del C.C.A. y sobre la cual no es suficiente la simple conjetura de un perjuicio o que éste pueda suponerse en forma más o menos razonada por el juzgador, omisión que sería suficiente para denegar la suspensión provisional solicitada{(negrillas fuera de texto).




d. Los efectos del acto no han debido materializarse de manera total, pues, de lo contrario, la procedencia de la medida cautelar queda obstaculizada, puesto que el acto se ha cumplido y ha generado la totalidad de sus efectos, por lo que carecería de objeto y sentido la medida cautelar.



Similar circunstancia acontece cuando la medida se formula frente a una norma derogada, puesto que ésta, al no encontrarse produciendo los efectos respectivos, la medida cautelar administrativa se torna improcedente por sustracción de materia.



3. Caso concreto


Hechas las anteriores precisiones de índole general, la Sala admitirá la adición de la demanda presentada en el asunto de la referencia y, a su vez, analizará la procedencia de la solicitud de suspensión provisional elevada de manera conjunta con la modificación a la demanda.


a. En relación con la corrección de la demanda, en el asuntosub examinese cumplen todos y cada uno de los requisitos predeterminados legalmente en el artículo 208 del C.C.A., en tanto que la adición del libelo petitorio no alteró la acción ejercida (acción de nulidad simple), y se realizó dentro del término y oportunidad fijada legalmente, esto es, dentro del de fijación en lista de la litis.


b. En ese orden, la Sala entiende que se adiciona el objeto de la demanda presentada inicialmente, circunstancia por la cual, las disposiciones objeto del reproche de legalidad son las contenidas en los artículos 1º de los decretos 3535 y 4643 de 2005, respectivamente. Lo anterior, como quiera que de conformidad con el artículo 208 ibídem, no es posible sustituir completamente la demanda – concretamente, lacausa petendi- dado que sólo es viable su adición o reforma; como quiera que en el asuntosub exáminese pretende la sustitución absoluta del objeto de la demanda inicial, en aplicación del principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal (art. 228 C.P.), se admitirá la adición de la demanda, bajo el entendido que la parte actora pretende controvertir no sólo la legalidad de la resolución 3535 de 2005 sino, igualmente, la de la resolución 4643 de ese mismo año.


c. Ahora bien, respecto de la solicitud de suspensión provisional del artículo 1º del decreto 4643 de 2005, advierte la Sala que habrá lugar a rechazarla por improcedente de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corporación


, como quiera que la oportunidad para solicitar la medida cautelar precluye en el momento en que se expide el respectivo auto admisorio de la demanda – para el caso concreto, dicho momento venció el 30 de marzo de 2006-.


d. En efecto, sólo resultaba posible solicitar la medida de suspensión provisional con la demanda inicialmente formulada, por consiguiente la adición o reforma de la demanda no permite levantar la preclusividad del término para solicitar la citada medida. En efecto, la figura procesal de la adición de la demanda, dado su contenido y alcance, no tolera que se reformule una nueva solicitud de suspensión provisional.


Como corolario de lo anterior, la Sala reitera que es improcedente toda reforma a la solicitud de suspensión provisional, en tanto que esa petición debe ser formulada antes de que se surta la admisión de la demanda (término preclusivo), razón por la cual rechazará de plano la solicitud de suspensión provisional en contra del artículo 1º del decreto 4643 de 2005, por ser extemporánea e improcedente a la luz de las normas procesales vigentes.


En mérito de lo expuesto,EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA,


RESUELVE:


Primero.Por reunir los requisitos legalesadmítesela reforma de la demanda presentada por la parte demandante, en el asunto de la referencia. Por consiguiente, la censura de legalidad, de conformidad con el escrito de adición de demanda, se dirige también en contra el artículo 1º del decreto 4643 de 2005.


Segundo.Notifíquesepersonalmente esta providencia al Señor Ministro de la Protección Social o a quien haga sus veces y al Agente del Ministerio Público.


Tercero.Fíjeseen lista por el término legal.


Cuarto.Solicítenseal Ministerio de la Protección Social los antecedentes administrativos que dieron lugar a la expedición del decreto 4643 de 2005.


Quinto.Recházasepor improcedente la solicitud de suspensión provisional formulada en contra del artículo 1º del decreto 4643 de 19 de diciembre de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.



Afectaciones realizadas: [Mostrar]


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


MAURICIO FAJARDO GÓMEZ RUTH STELLA CORREA PALACIO


Presidente de la Sala


ALIER E. HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ RAMIRO SAAVEDRA BECERRA



ENRIQUE GIL BOTERO



e“[L]a aclaración o corrección de la demanda puede ser total o parcial, es decir, que se pueden simplemente incluir nuevos demandados o excluir alguno, adicional los hechos o hacer nuevas peticiones o sustituirlas por otras o introducir nuevas disposiciones como violadas o nuevos conceptos de la violación de esas normas superiores; o, por el contrario, sustituir la demanda primitiva en su totalidad por una nueva que venga a reemplazarla totalmente. Lo que, en cambio, no es factible procesalmente hacer, es variar la naturaleza de la acción inicialmente escogida y propuesta...” GONZÁLEZ Rodríguez, Miguel “Derecho Procesal Administrativo”, Décima Segunda Edición, Ed. Gustavo Ibáñez, 2006, Pág. 341.


eSi la acción es la contractual, debe precisarse que no es posible solicitar la suspensión provisional del contrato estatal objeto de la controversia, mas si la de los actos administrativos proferidos por la entidad contratante que se produzcan con ocasión de aquél. En ese sentido ver auto de 18 de julio de 2002, exp. 22477, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.


}Consejo de Estado, auto de 21 de enero de 1999, exp. 15111, C.P. Ricardo Hoyos Duque.


rEn ese sentido, ver sentencia de 18 de julio de 2002, exp. 22477, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.


nAl respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 5 de diciembre de 2003, exp. 25141, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.“Como ya lo ha dicho la Sala en anteriores oportunidades, la suspensión provisional es una medida opcional, adicional a las peticiones demandatorias, que se solicita en el mismo libelo en un acápite especial o en escrito separado, presentado antes de que sea admitido aquel. (Art. 152 del C.C.A, tal como fue subrogado por el Art. 31 del Decreto 2304 de 1989). En consecuencia, dictado el mencionado auto admisorio, precluye la oportunidad para solicitar la medida.” Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 9 de marzo de 1995, exp. 1253.