SENTENCIA 11001032500020070005900(123607) de 2007

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010003791SENTENCIASEGUNDAA11001032500020070005900(123607)200716/08/2007SENTENCIA__SEGUNDA_A_11001032500020070005900(123607)__2007_16/08/2007100037912007DESCUENTO DE DIAS NO LABORADOS - Niega suspensi�n provisional por inexistencia de infracci�n a norma superior / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE CESE DE ACTIVIDADES - Consecuencias De conformidad con el art�culo 152 del C.C.A., para que proceda la suspensi�n provisional, trat�ndose de la acci�n de simple nulidad, basta que haya manifiesta infracci�n de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontaci�n directa o mediante documentos p�blicos aducidos con la solicitud. En el presente caso, la Sala observa que los argumentos expuestos por el actor al solicitar la medida, no contienen un planteamiento suficiente que permita concluir a prima facie la violaci�n de disposiciones superiores, por cuanto s�lo hace referencia a que la autoridad competente para decidir sobre la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades laborales es el Ministerio de la Protecci�n Social y no el Ministerio de Educaci�n Nacional. Ahora bien, si el decreto demandado parte de que se entiende ilegal el cese de actividades no amparado en justa causa, ello no se refiere a la calificaci�n de ilegalidad de una suspensi�n o paro colectivo del trabajo consagrado en el art�culo 451 del C.S.T., por cuanto el objetivo de la norma controvertida es descontar de la remuneraci�n de los docentes los d�as no laborados, de conformidad con el decreto 1647 de 1967 y, el de la normativa superior presuntamente vulnerada, es permitirle al empleador, una vez hecha la declaratoria por parte del Ministerio de la Protecci�n Social, reanudar inmediatamente las actividades laborales, solicitar la suspensi�n o cancelaci�n de la personer�a jur�dica al sindicato, demandar a los responsables del cese y despedir a los trabajadores que intervinieron, sean o no sindicalizados. Otro hecho que evidencia que las anteriores figuras jur�dicas son distintas, es su tr�mite administrativo, porque el establecido en el decreto acusado 1844, opera de pleno derecho y de manera inmediata, atendiendo el principio de "a trabajo igual, salario igual", mientras que el del 451 del C.S.T requiere de la solicitud del empleador, de la constataci�n del cese de actividades por parte del Ministerio de la Protecci�n Social y, por �ltimo, del pronunciamiento de legalidad o ilegalidad del paro colectivo, decisi�n que puede ser recurrida ante el Consejo de Estado. En conclusi�n, como las finalidades y tr�mite de estas dos figuras son distintas, no se evidencia a prima facie, como lo exige el art�culo 152 del C.C.A., que la prevista en la norma de rango inferior vulnere la superior, por lo que habr� de denegarse la solicitud de suspensi�n provisional y, habida consideraci�n de que la demanda re�ne los requisitos legales, se dispondr� su admisi�n. NOTA DE RELATORIA: Esta providencia fue proferida por la sala plena de esta secci�n. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA-SUBSECCION �A� Consejero ponente: JAIME MORENO GARCIA Bogot� D.C., diecis�is (16) de agosto de dos mil siete (2007) Radicaci�n n�mero: 11001-03-25-000-2007-00059-00(1236-07) Actor: JORGE HUMBERTO VALERO RODRIGUEZ Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Norma demandada: �Acci�n de nulidad contra el art�culo 1 del Decreto 1844 de 2007.

DESCUENTO DE DIAS NO LABORADOS - Niega suspensi�n provisional por inexistencia de infracci�n a norma superior / DECLARATORIA DE ILEGALIDAD DE CESE DE ACTIVIDADES - Consecuencias

De conformidad con el art�culo 152 del C.C.A., para que proceda la suspensi�n provisional, trat�ndose de la acci�n de simple nulidad, basta que haya manifiesta infracci�n de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontaci�n directa o mediante documentos p�blicos aducidos con la solicitud. En el presente caso, la Sala observa que los argumentos expuestos por el actor al solicitar la medida, no contienen un planteamiento suficiente que permita concluir a prima facie la violaci�n de disposiciones superiores, por cuanto s�lo hace referencia a que la autoridad competente para decidir sobre la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades laborales es el Ministerio de la Protecci�n Social y no el Ministerio de Educaci�n Nacional. Ahora bien, si el decreto demandado parte de que se entiende ilegal el cese de actividades no amparado en justa causa, ello no se refiere a la calificaci�n de ilegalidad de una suspensi�n o paro colectivo del trabajo consagrado en el art�culo 451 del C.S.T., por cuanto el objetivo de la norma controvertida es descontar de la remuneraci�n de los docentes los d�as no laborados, de conformidad con el decreto 1647 de 1967 y, el de la normativa superior presuntamente vulnerada, es permitirle al empleador, una vez hecha la declaratoria por parte del Ministerio de la Protecci�n Social, reanudar inmediatamente las actividades laborales, solicitar la suspensi�n o cancelaci�n de la personer�a jur�dica al sindicato, demandar a los responsables del cese y despedir a los trabajadores que intervinieron, sean o no sindicalizados. Otro hecho que evidencia que las anteriores figuras jur�dicas son distintas, es su tr�mite administrativo, porque el establecido en el decreto acusado 1844, opera de pleno derecho y de manera inmediata, atendiendo el principio de "a trabajo igual, salario igual", mientras que el del 451 del C.S.T requiere de la solicitud del empleador, de la constataci�n del cese de actividades por parte del Ministerio de la Protecci�n Social y, por �ltimo, del pronunciamiento de legalidad o ilegalidad del paro colectivo, decisi�n que puede ser recurrida ante el Consejo de Estado. En conclusi�n, como las finalidades y tr�mite de estas dos figuras son distintas, no se evidencia a prima facie, como lo exige el art�culo 152 del C.C.A., que la prevista en la norma de rango inferior vulnere la superior, por lo que habr� de denegarse la solicitud de suspensi�n provisional y, habida consideraci�n de que la demanda re�ne los requisitos legales, se dispondr� su admisi�n. NOTA DE RELATORIA: Esta providencia fue proferida por la sala plena de esta secci�n.

El ciudadano JORGE HUMBERTO VALERO RODR�GUEZ, obrando en nombre propio, demanda la nulidad parcial del art�culo 1� del decreto 1844 del 25 de mayo de 2007, proferido por el Gobierno Nacional que precept�a:

�ART�CULO PRIMERO: La no prestaci�n oportuna del servicio para el cual est�n vinculados por el Estado, o el cese de actividades laborales, realizado por servidores p�blicos, no amparados en justa causa previamente definida en la ley, se entiende ilegal y generar� para quienes participen en �l, la no causaci�n de la remuneraci�n correspondiente en los t�rminos previstos en el decreto 1647 de 1967� (Subrayas fuera del texto).

El actor solicita la suspensi�n provisional del decreto 1844 del 25 de mayo de 2007, porque si se hace una comparaci�n de esta norma con el art�culo 451 del C.S.T., es manifiestamente contrario a las disposiciones de la norma superior y del referido c�digo, por cuanto a trav�s de los apartes demandados del citado decreto 1844, se declara como ilegal el cese de actividades laborales de los servidores p�blicos, cuando la disposici�n del r�gimen laboral �art�culo 451- en desarrollo del derecho fundamental consagrado en el art�culo 29 de la Carta Pol�tica, establece que la autoridad competente para adelantar el correspondiente procedimiento que lleva a declarar la ilegalidad o no de la suspensi�n del trabajo radica de manera privativa en el Ministerio de la Protecci�n Social.

Agrega que el cap�tulo XI del decreto 1469 de 1978 que trata de la suspensi�n colectiva de trabajo, establece que el proceso tendiente a declarar la ilegalidad de un cese de labores inicia con la solicitud ante el Ministerio de la Protecci�n Social y que la circular 019 de 1991 de este ministerio da cuenta de las diligencias y del acta de constataci�n del cese de labores que se debe hacer, en la que se indica que es la autoridad administrativa del trabajo la encargada de adelantar todo el procedimiento all� establecido.

Concluye que ninguna de las disposiciones anteriores se�ala que la actuaci�n administrativa para declarar como ilegal el cese de actividades pueda hacerla el Ministerio de Educaci�n Nacional, por el contrario, de manera expresa se�alan que dicha competencia est� asignada al Ministerio de la Protecci�n Social.

Las disposiciones invocadas como violadas y las acusadas, en su parte pertinente, precept�an:

De acuerdo con esta norma, s�lo son susceptibles de tal medida los actos administrativos que incurran en una manifiesta, ostensible y directa violaci�n de la norma o normas superiores que le sirven de fundamento, apreciable por confrontaci�n directa o mediante documentos p�blicos aducidos con la solicitud.

El numeral 1� de dicho art�culo se�ala como presupuesto esencial que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado antes de que sea admitida. Se ha dicho adem�s en reiteradas ocasiones que es imperativo para el demandante demostrar, mediante la confrontaci�n directa, la infracci�n que acusa.

En el presente caso, la Sala observa que los argumentos expuestos por el actor al solicitar la medida, no contienen un planteamiento suficiente que permita concluir a prima facie la violaci�n de disposiciones superiores, por cuanto s�lo hace referencia a que la autoridad competente para decidir sobre la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades laborales es el Ministerio de la Protecci�n Social y no el Ministerio de Educaci�n Nacional.

Ahora bien, si el decreto demandado parte de que se entiende ilegal el cese de actividades no amparado en justa causa, ello no se refiere a la calificaci�n de ilegalidad de una suspensi�n o paro colectivo del trabajo consagrado en el art�culo 451 del C.S.T., por cuanto el objetivo de la norma controvertida es descontar de la remuneraci�n de los docentes los d�as no laborados, de conformidad con el decreto 1647 de 1967 y, el de la normativa superior presuntamente vulnerada, es permitirle al empleador, una vez hecha la declaratoria por parte del Ministerio de la Protecci�n Social, reanudar inmediatamente las actividades laborales, solicitar la suspensi�n o cancelaci�n de la personer�a jur�dica al sindicato, demandar a los responsables del cese y despedir a los trabajadores que intervinieron, sean o no sindicalizados.

Otro hecho que evidencia que las anteriores figuras jur�dicas son distintas, es su tr�mite administrativo, porque el establecido en el decreto acusado 1844, opera de pleno derecho y de manera inmediata, atendiendo el principio de "a trabajo igual, salario igual", mientras que el del 451 del C.S.T requiere de la solicitud del empleador, de la constataci�n del cese de actividades por parte del Ministerio de la Protecci�n Social y, por �ltimo, del pronunciamiento de legalidad o ilegalidad del paro colectivo, decisi�n que puede ser recurrida ante el Consejo de Estado.

En conclusi�n, como las finalidades y tr�mite de estas dos figuras son distintas, no se evidencia a prima facie, como lo exige el art�culo 152 del C.C.A., que la prevista en la norma de rango inferior vulnere la superior, por lo que habr� de denegarse la solicitud de suspensi�n provisional y, habida consideraci�n de que la demanda re�ne los requisitos legales, se dispondr� su admisi�n.

1�. ADMITESE LA DEMANDA presentada, en ejercicio de la acci�n p�blica de nulidad, por JORGE HUMBERTO VALERO RODR�GUEZ, contra la Naci�n, Ministerio de Educaci�n Nacional.

2�. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE al Ministro de Educaci�n Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el art�culo 150 del C.C.A.

4�. FIJESE EL NEGOCIO EN LISTA por el t�rmino de diez (10) d�as, para los efectos previstos en el numeral 5� del art�culo 207 del C.C.A., modificado por el art�culo 58 de la ley 446 de 1998.

5�. FIJESE A COSTA DEL DEMANDANTE la suma de diez mil pesos ($ 10.000) para los gastos de notificaci�n. T�rmino diez (10) d�as.

6�. SOLICITESE a la entidad demandada el env�o de los antecedentes administrativos de la norma acusada, advirti�ndole que el desacato a �sta solicitud constituye falta disciplinaria. T�rmino diez (10) d�as.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesi�n celebrada en la fecha.