SENTENCIA 11001032500020060013300(208506) de 2011

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010003719SENTENCIASEGUNDA11001032500020060013300(208506)201106/04/2011SENTENCIA__SEGUNDA__11001032500020060013300(208506)__2011_06/04/2011100037192011CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE MERITOS - Nombramiento de Notarios Primer Problema. �Excedi� el ejecutivo la facultad reglamentaria y desconoci� el art�culo 131 constitucional, al haber se�alado en la parte considerativa del Decreto 3454 de 2006 que el nombramiento de los notarios en propiedad se har�a mediante concurso p�blico y abierto de m�ritos? La respuesta a este problema jur�dico debe ser negativa, porque, acorde con el primer mandato constitucional consignado, el ingreso al empleo de carrera, como lo es el de notario, debe hacerse a trav�s de un proceso de selecci�n que necesariamente debe ser p�blico y abierto, pues no se concibe un concurso cerrado en el que los criterios objetivos y de m�rito primen ante otro criterio, como lo ser�a el subjetivo si s�lo pueden acceder a dicho concurso quienes ostenten la calidad de notarios. FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 131 NORMA DEMANDADA: DECRETO 3454 DE 2006 CONCURSO DE MERITO DE NOTARIOS - Certificaci�n de conducta y antecedentes. Presunci�n de inocencia. Facultad reglamentaria En punto a que con la exigencia de la certificaci�n de conducta y antecedentes en los que conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en los que el aspirante hubiere sido sindicado , tal y como lo afirma la demandante, se desconoce por el ejecutivo el contenido del art�culo 4� par�grafo 2� de la Ley 588 de 2000 que el Decreto 3454 de 2006 reglamenta y se vulnera el 29 constitucional que dispone que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. En efecto encuentra la Sala que el ejecutivo est� exigiendo un requisito que no se compadece con la ley que esta reglamentando y adicionalmente no se encuentra justificaci�n alguna para la solicitud de esta certificaci�n de conducta. Lo anterior, porque, en la Ley 588 de 2000, se describe como limitante y excluyente para el ingreso al concurso, �nicamente la existencia de sentencia condenatoria sea esta de �ndole penal, disciplinaria o administrativa. Y al exigirse por el ejecutivo en el Decreto reglamentario una certificaci�n de conducta o de antecedente de haber estado sindicado, le crea una carga m�s al aspirante y adem�s, desconoce el principio de presunci�n de inocencia, dado que �nicamente las sentencias condenatorias constituyen antecedente. En este orden de ideas, es evidente que el ejecutivo al consagrar y exigir esta certificaci�n, desbord� la facultad reglamentaria en cuanto est� yendo m�s all� del �mbito de aplicaci�n de la norma, creando, como ya se ha dicho, un requisito adicional al que la norma que reglamenta contempla. NORMA DEMANDADA: DECRETO 3454 DE 2006 - ARTICULO 4 PARAGRAFO 1 CONCURSO DE MERITOS DE NOTARIOS - Grabaci�n de entrevista no vulnera el libre desarrollo de la personalidad. Ejercicio de la facultad reglamentaria Acorde con este par�grafo no encuentra la Sala que al disponer el ejecutivo la grabaci�n de la entrevista, se est� abrogando una competencia que la ley le otorga al organismo administrador de la carrera notarial, puesto que, lo que le compete a �ste �ltimo es convocar y administrar el concurso en los t�rminos dispuestos en la ley y sus decretos reglamentarios. Para el caso en concreto el art�culo 4� de la Ley 588 de 2000 describe el tipo de pruebas e instrumentos de selecci�n, incluyendo dentro de estos a la entrevista, que da al aspirante un puntaje equivalente a 10 puntos producto de la evaluaci�n de la personalidad, la vocaci�n de servicio y el profesionalismo del aspirante. N�tese que la ley no estableci� la manera de realizarse la entrevista y fue por ello que el ejecutivo en ejercicio de la facultad reglamentaria determin� en el art�culo 10, no s�lo el car�cter de presencial de dicha entrevista, sino que defini� el concepto, se�al� a cargo de quienes estar�a este proceso, la manera de ponderar el puntaje obtenido por el concursante, y finalmente que deber�a grabarse y archivarse por un t�rmino no inferior a 6 meses contados a partir de la fecha de expedici�n de la lista de legibles. Esta orden de grabaci�n de la entrevista que debe surtir cada uno de los aspirantes y participantes en el concurso notarial, no puede considerarse como una vulneraci�n al derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que por el contrario, es un indicador de la objetividad y transparencia del concurso, y a su vez constituye no s�lo para el participante que desee controvertir el puntaje otorgado, sino para los entrevistadores, una herramienta probatoria que soporte las reclamaciones o las conclusiones y en general, el puntaje que se le asigne a cada uno de los entrevistados y que puede llegar a ser decisivo de la inclusi�n o no en la lista de elegibles. FUENTE FORMAL: LEY 588 DE 2000 - ARTICULO 4 NORMA DEMANDADA: DECRETO 3454 DE 2006 - ARTICULO 10 DEROGACION DE ACTO ADMINISTRATIVO - Control de legalidad Contrario a la solicitud de inhibici�n elevada por el ministerio demandado y por el Procurador Delegado al rendir concepto, la Sala resolver� de fondo este problema jur�dico a pesar de la derogatoria expresa que del art�culo demandado hace el art�culo 1� del Decreto 926 de 2007, siguiendo la tesis que ha mantenido esta Secci�n de que la derogaci�n del acto acusado no impide pronunciamiento de fondo sobre su legalidad para el mantenimiento del orden jur�dico y la consideraci�n de los efectos que pudo causar dicho acto durante el tiempo en que estuvo vigente. FUENTE FORMAL: DECRETO 926 DE 2007 - ARTICULO 1 CONCURSO DE MERITOS DE NOTARIOS - Puntaje para integrar lista de elegibles El art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, no hizo otra cosa que bajo las pautas de puntaje se�alado en la norma que reglamenta, fijar el puntaje m�nimo para que el concursante pudiera integrar la lista de elegibles. N�tese como esta limitante est� dentro del rango del puntaje m�ximo que la ley establece y que se obtiene luego de sumar los puntajes individuales obtenidos en cada una de las etapas del concurso. Este puntaje de 75 sobre 100, permite que quienes integren la lista de elegibles sean aquellos que demuestren mayor m�rito, como principio rector de acceso a la funci�n p�blica, por tanto la asignaci�n de este puntaje se torna en necesaria y para el caso, no desconoce los criterios de calificaci�n contenidos en la norma que reglamenta. NORMA DEMANDADA: DECRETO 3454 DE 2006 - ARTICULO 11 GOBIERNO NACIONAL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogot� D.C., seis (6) de abril de dos mil once (2011).

Norma demandada: �la se�ora Jenny Patricia Camelo Salcedo acude a esta sala en procura de la declaratoria de nulidad del Decreto 3454 de 2006.

Primer Problema. �Excedi� el ejecutivo la facultad reglamentaria y desconoci� el art�culo 131 constitucional, al haber se�alado en la parte considerativa del Decreto 3454 de 2006 que el nombramiento de los notarios en propiedad se har�a mediante concurso p�blico y abierto de m�ritos La respuesta a este problema jur�dico debe ser negativa, porque, acorde con el primer mandato constitucional consignado, el ingreso al empleo de carrera, como lo es el de notario, debe hacerse a trav�s de un proceso de selecci�n que necesariamente debe ser p�blico y abierto, pues no se concibe un concurso cerrado en el que los criterios objetivos y de m�rito primen ante otro criterio, como lo ser�a el subjetivo si s�lo pueden acceder a dicho concurso quienes ostenten la calidad de notarios.

CONCURSO DE MERITO DE NOTARIOS - Certificaci�n de conducta y antecedentes. Presunci�n de inocencia. Facultad reglamentaria

En punto a que con la exigencia de la certificaci�n de conducta y antecedentes en los que conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en los que el aspirante hubiere sido sindicado, tal y como lo afirma la demandante, se desconoce por el ejecutivo el contenido del art�culo 4� par�grafo 2� de la Ley 588 de 2000 que el Decreto 3454 de 2006 reglamenta y se vulnera el 29 constitucional que dispone que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. En efecto encuentra la Sala que el ejecutivo est� exigiendo un requisito que no se compadece con la ley que esta reglamentando y adicionalmente no se encuentra justificaci�n alguna para la solicitud de esta certificaci�n de conducta. Lo anterior, porque, en la Ley 588 de 2000, se describe como limitante y excluyente para el ingreso al concurso, �nicamente la existencia de sentencia condenatoria sea esta de �ndole penal, disciplinaria o administrativa. Y al exigirse por el ejecutivo en el Decreto reglamentario una certificaci�n de conducta o de antecedente de haber estado sindicado, le crea una carga m�s al aspirante y adem�s, desconoce el principio de presunci�n de inocencia, dado que �nicamente las sentencias condenatorias constituyen antecedente. En este orden de ideas, es evidente que el ejecutivo al consagrar y exigir esta certificaci�n, desbord� la facultad reglamentaria en cuanto est� yendo m�s all� del �mbito de aplicaci�n de la norma, creando, como ya se ha dicho, un requisito adicional al que la norma que reglamenta contempla.

CONCURSO DE MERITOS DE NOTARIOS - Grabaci�n de entrevista no vulnera el libre desarrollo de la personalidad. Ejercicio de la facultad reglamentaria

Acorde con este par�grafo no encuentra la Sala que al disponer el ejecutivo la grabaci�n de la entrevista, se est� abrogando una competencia que la ley le otorga al organismo administrador de la carrera notarial, puesto que, lo que le compete a �ste �ltimo es convocar y administrar el concurso en los t�rminos dispuestos en la ley y sus decretos reglamentarios. Para el caso en concreto el art�culo 4� de la Ley 588 de 2000 describe el tipo de pruebas e instrumentos de selecci�n, incluyendo dentro de estos a la entrevista, que da al aspirante un puntaje equivalente a 10 puntos producto de la evaluaci�n de la personalidad, la vocaci�n de servicio y el profesionalismo del aspirante. N�tese que la ley no estableci� la manera de realizarse la entrevista y fue por ello que el ejecutivo en ejercicio de la facultad reglamentaria determin� en el art�culo 10, no s�lo el car�cter de presencial de dicha entrevista, sino que defini� el concepto, se�al� a cargo de quienes estar�a este proceso, la manera de ponderar el puntaje obtenido por el concursante, y finalmente que deber�a grabarse y archivarse por un t�rmino no inferior a 6 meses contados a partir de la fecha de expedici�n de la lista de legibles. Esta orden de grabaci�n de la entrevista que debe surtir cada uno de los aspirantes y participantes en el concurso notarial, no puede considerarse como una vulneraci�n al derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que por el contrario, es un indicador de la objetividad y transparencia del concurso, y a su vez constituye no s�lo para el participante que desee controvertir el puntaje otorgado, sino para los entrevistadores, una herramienta probatoria que soporte las reclamaciones o las conclusiones y en general, el puntaje que se le asigne a cada uno de los entrevistados y que puede llegar a ser decisivo de la inclusi�n o no en la lista de elegibles.

Contrario a la solicitud de inhibici�n elevada por el ministerio demandado y por el Procurador Delegado al rendir concepto, la Sala resolver� de fondo este problema jur�dico a pesar de la derogatoria expresa que del art�culo demandado hace el art�culo 1� del Decreto 926 de 2007, siguiendo la tesis que ha mantenido esta Secci�n de que la derogaci�n del acto acusado no impide pronunciamiento de fondo sobre su legalidad para el mantenimiento del orden jur�dico y la consideraci�n de los efectos que pudo causar dicho acto durante el tiempo en que estuvo vigente.

El art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, no hizo otra cosa que bajo las pautas de puntaje se�alado en la norma que reglamenta, fijar el puntaje m�nimo para que el concursante pudiera integrar la lista de elegibles. N�tese como esta limitante est� dentro del rango del puntaje m�ximo que la ley establece y que se obtiene luego de sumar los puntajes individuales obtenidos en cada una de las etapas del concurso. Este puntaje de 75 sobre 100, permite que quienes integren la lista de elegibles sean aquellos que demuestren mayor m�rito, como principio rector de acceso a la funci�n p�blica, por tanto la asignaci�n de este puntaje se torna en necesaria y para el caso, no desconoce los criterios de calificaci�n contenidos en la norma que reglamenta.

Llegado el momento de decidir y no observando causal de nulidad que invalide la actuaci�n, procede la Sala a dictar sentencia en el asunto de la referencia.

La demanda. En ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 84 del C�digo Contencioso Administrativo, acude a esta jurisdicci�n la se�ora Jenny Patricia Camelo Salcedo, en procura de la declaratoria de nulidad del Decreto 3454 de 2006.

Sustentos f�cticos. Como sustentos f�cticos de la pretensi�n de nulidad del Decreto 3454 de 2006, aduce la demandante que en el inciso 1� de los considerandos, se presenta una grave imprecisi�n que altera el texto del art�culo 131 constitucional que all� se cita, como quiera que la preceptiva constitucional en su inciso 2� ordena que el "nombramiento de los notarios en propiedad se har� mediante concurso" y en la parte considerativa del texto normativo acusado al hacer referencia al art�culo 131, se afirma que tal norma dispone que "el nombramiento de los notarios en propiedad se har� mediante concurso p�blico y abierto de m�ritos".

A juicio de la actora la norma constitucional en ning�n momento determina el car�cter del concurso como lo sostiene el Decreto 3454 y en consecuencia se configura la falsa motivaci�n, al atribu�rsele a dicho concurso el car�cter de "p�blico y abierto de m�ritos".

Agrega que de igual manera el art�culo 146 del Decreto Ley 960 de 1970 consagra que para ser notario en propiedad adem�s de los requisitos legales, es necesaria la selecci�n mediante concurso, y en igual sentido se refiere la Ley 588 de 2000 en el inciso 1� del art�culo 2�.

De esta manera afirma la actora que el Gobierno Nacional incurri� en una modificaci�n literal de la norma superior excediendo la facultad reglamentaria otorgada al ejecutivo y por tanto, la norma demandada debe anularse.

Norma acusada. La Sala transcribe a continuaci�n la parte considerativa del texto demandado en raz�n a que la censura se dirige de manera principal contra uno de los sustentos que sirvieron de base al ejecutivo para expedir el decreto reglamentario de la Ley 588 de 2000 "por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial".

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales, en especial las conferidas por el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, y

Que el art�culo 131 de la Constituci�n Pol�tica, desarrollado por la Ley 588 de 2000, dispone que el nombramiento de los notarios en propiedad se har� mediante concurso p�blico y abierto de m�ritos;

Que el Decreto-ley 960 de 1970 se�ala los requisitos generales y los impedimentos para ser designado notario;

Que la Ley 588 de 2000, en el par�grafo segundo de su art�culo 40, dispuso que no podr� concursar para el cargo de notario quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o por faltas como Notario consagradas en el art�culo 198 del Decreto-ley 960 de 1970, en armon�a con lo dispuesto en la Ley 734 de 2002;

Que mediante Sentencia C-421 de 2006, la Corte Constitucional restableci� la vigencia del art�culo 164 del Decreto-ley 960 de 1970, mediante el cual se cre� el Consejo Superior de la Carrera Notarial;

Que dentro de las funciones del Consejo Superior est� la de definir los par�metros y procedimientos dentro de los cuales va a desarrollarse el concurso p�blico y abierto previsto en el art�culo 131 de la Constituci�n para determinar la lista de elegibles que deber� ponerse a consideraci�n de los respectivos nominadores para el nombramiento de notarios en propiedad, para lo cual es necesario que sus miembros cuenten con un marco regulatorio expedido por el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de su potestad reglamentaria:

Que la Ley 588 de 2000 exige a los notarios prestar la garant�a necesaria para la continuidad del servicio notarial, y faculta al organismo rector para reglamentar lo relativo a dicha garant�a.

PAR�GRAFO. Quienes deseen participar en el concurso, una vez diligenciado el formulario de inscripci�n, deber�n remitir, adem�s de los requisitos se�alados en este art�culo, los siguientes documentos: certificaci�n sobre conducta y antecedentes en donde conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado; (�)". Subraya la Sala.

ARTICULO 10. ENTREVISTA. La entrevista se realizar� en forma presencial, en los lugares y con los criterios que determine el Consejo Superior. Por entrevista se entiende el proceso mediante el cual se eval�a objetivamente la personalidad, la vocaci�n de servicio y el profesionalismo del aspirante. La entrevista ser� conducida por jurados integrados y designados por el Consejo Superior, de conformidad con el reglamento, cuyos nombres deber�n darse a conocer con m�nimo tres (3) d�as de antelaci�n a su realizaci�n. Cada uno de los miembros del jurado asignar� individualmente y en forma escrita y motivada el puntaje que corresponda al entrevistado, y la sumatoria de los resultados se dividir� por tres. La calificaci�n que resulte ser� la que, sobre una calificaci�n de diez (10) puntos, le ser� asignada al aspirante mediante decisi�n motivada.

La entrevista deber� grabarse en medio magnetof�nico u otro que ofrezca seguridad suficiente grabaci�n que se conservar� en el archivo del concurso por un t�rmino no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedici�n de la lista de elegibles.

ART�CULO 11. CONFORMACI�N Y PUBLICACI�N DELA LISTA DEELEGIBLES. El puntaje final de los aspirantes ser� el que resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas fases del concurso. Por tanto, la lista de elegibles, una por cada c�rculo notarial, estar� integrada por quienes hayan obtenido m�s de setenta y cinco (75) puntos en el proceso.

Concepto de violaci�n. La demandante le atribuye al acto demandado como causal de anulaci�n, la infracci�n de normas constitucionales y legales.

En primer t�rmino manifiesta la actora que el ejecutivo le da al art�culo 131 constitucional un alcance distinto al que tiene, porque si bien esta norma dispone que el nombramiento de los notarios deba hacerse mediante concurso, no se�ala el car�cter del mismo y al otorgarle este car�cter el gobierno en el acto acusado, se desconoce el citado mandato constitucional.

Los anteriores argumentos m�s que la infracci�n de una norma superior, se encaminan a demostrar una falsa motivaci�n del acto demandado y de esta manera ser� analizado por la Sala en el momento en que se vayan a desatar los cargos.

Censura tambi�n la demandante apartes del contenido del par�grafo del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006, porque no se establece qu� entidad debe expedir la certificaci�n sobre conducta y antecedentes en la que conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido sindicado, enjuiciado o condenado, como s� lo hace con todos los dem�s certificados que se exigen.

A su vez, considera la actora que al exigir certificaci�n sobre el estado del proceso en el que el aspirante a notario sea sindicado, se est� desconociendo el principio constitucional de la presunci�n de inocencia y vulnerando el art�culo 248 de la Constituci�n Pol�tica, que establece que �nicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva, tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales. Agrega que con esta exigencia, se desconoce por el ejecutivo lo dispuesto en el par�grafo 2� del art�culo 4� de la Ley 588 de 2000 en cuanto esta norma dispone que quien haya sido condenado penal, disciplinaria o administrativamente por conductas lesivas del patrimonio del Estado o faltas como notario consagradas en el art�culo 198 del Decreto -Ley 960 de 1970, no podr� concursar para el cargo de notario y el acto demandado extiende la prohibici�n a quienes tengan la calidad de sindicados o enjuiciados.

Se demanda tambi�n la nulidad del art�culo 10 inciso 2� del Decreto 3454 de 2006 que dispone que la entrevista que presente el concursante a notario deber� grabarse. Como causal de anulaci�n se le atribuye el desconocimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, porque la determinaci�n taxativa de grabar la entrevista resulta coercitiva para aquellos aspirantes que por no tener experiencia en esta clase de t�cnicas pueden sentirse intimidados en su expresi�n al saber que est�n siendo grabados, lo que constituye una limitante desventajosa de la personalidad frente a quienes est�n acostumbrados a este tipo de pr�cticas.

A lo anterior a�ade que esta pr�ctica le compete definirla al Consejo Superior de la Carrera Notarial y no al ejecutivo.

Finalmente encuentra la actora que el inciso 1� del art�culo 11 del Decreto 3454 demandado, desconoce la norma que est� reglamentando, en cuanto, el Presidente carece de competencia para introducir en el decreto reglamentario requisitos de acceso a la carrera notarial que no fueron previstos por el legislador cuando expidi� la Ley 588 de 2000, por lo cual al fijar un m�nimo de 75 puntos como requisito para integrar la lista de elegibles, excedi� su �mbito de competencia.

El 26 de abril de 2007 se admiti� la demanda y se neg� la suspensi�n provisional de la norma demandada. Este auto le fue notificado de manera personal a la entidad demandada el 16 de agosto de 2007 seg�n lo muestra la constancia de notificaci�n personal anexa al folio 25.

Vencido el t�rmino de fijaci�n en lista (Fol. 47) el magistrado sustanciador del proceso decidi� mediante auto del 6 de diciembre de 2007 y al tenor de lo previsto en el art�culo 209 de C.C.A., prescindir de la etapa probatoria (Fol. 48) y mediante auto del 14 de marzo de 2008 dispuso el traslado a las partes para alegar de conclusi�n y al Ministerio P�blico para que rindiera concepto de fondo (Fol. 50). De este tr�mite la Sala destaca lo siguiente:

Contestaci�n a la demanda. El Ministerio del Interior y de Justicia en escrito anexo a los folios 34 a 46, se opone a la prosperidad de las pretensiones anulatorias del Decreto Reglamentario 3454 de 2006.

Como argumentos de defensa de la legalidad del acto demandado, se�ala que la Ley 588 de 2000 en acatamiento de lo prescrito en el art�culo 131 superior, establece la regulaci�n para hacer efectiva la carrera notarial, y a su vez, el Presidente de la Rep�blica expide el Decreto 3454 de 2006 a trav�s del cual se hace una completa regulaci�n para hacer efectivos los concursos, estableciendo que �stos deben ser abiertos, la competencia para adelantarlos, la manera de desarrollarlos, las distintas etapas que lo conforman, las reglas de admisi�n y las pruebas que han de superar los concursantes.

Refiere la apoderada del ministerio, que la reglamentaci�n fue dise�ada atendiendo rigurosamente la Ley 588 de 2000 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la necesidad de preservar el principio de igualdad de oportunidades para todos los aspirantes, sin perjuicio de que se valore, como un factor esencial la experiencia notarial.

Tampoco considera que se desconozca la competencia del Consejo Superior de la Carrera Notari al, porque, lo que pretendi� el gobierno al reglamentar la Ley 588 de 2000, fue establecer unos criterios y procedimientos que facilitaran la realizaci�n del concurso p�blico, imponiendo condiciones efectivas tendientes a que su desarrollo fuera normal y transparente.

En punto al car�cter de "concurso p�blico y abierto de m�ritos" que se le otorg� al concurso, para la entidad, no vulnera normas superiores y por el contrario es un argumento que carece de sustento serio y cierto.

Tampoco encuentra el ministerio que la grabaci�n de las entrevistas se traduzca en la vulneraci�n del derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque tal directriz no anula la posibilidad que tienen las personas de construir aut�nomamente un modelo de realizaci�n personal, por el contrario, considera que la grabaci�n de la entrevista constituye una garant�a de imparcialidad y objetividad para los concursantes.

Finalmente y respecto a la exigencia del puntaje para conformar la lista de elegibles, considera la entidad que a perdido sustento toda vez que la norma ha sido modificada mediante el Decreto 926 de 2007, que establece como puntaje m�nimo para la integraci�n de las listas de legibles para cada c�rculo notarial, 60 puntos.

Concluye frente a este cargo que: "Al haber sido modificada la norma impugnada, no existe en este momento objeto de pronunciamiento, raz�n por la cual frente a lo dispuesto en el art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, la Sala deber� declararse inhibida (�) con mayor raz�n cuando la norma impugnada pese a haber estado vigente durante cinco (5) meses no tuvo aplicaci�n, si se tiene en cuenta que el concurso de notarios se encuentra apenas en proceso (�)".

Intervenci�n ciudadana. Estando el proceso en la etapa de alegatos finales, el se�or Alirio Virviescas Calvete, interviene en defensa de la legalidad de la norma acusada. Afirma que al expedir el Decreto 3454 de 2006 el Gobierno consult� la realidad y las circunstancias actuales, los antecedentes reales, constitucionales, legales y jurisprudenciales y no puede juzgarse el contenido de esta normas, por frases o expresiones aisladas o por conceptos equivocados, como si la norma no perteneciera a un todo (Fol. 87).

La entidad demandada. Al descorrer el traslado para alegar el Ministerio del Interior y de Justicia reitera los argumentos expuestos en la contestaci�n de la demanda, insistiendo en la legalidad del acto acusado (Fol. 100 a 105).

Concepto del Ministerio P�blico. La Procuradur�a Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, a folios 106 a 117, solicita a la Sala negar la nulidad respecto de los cargos 1 a 3, e inhibirse respecto de los reproches al art�culo 11 por no estar vigente y no producir efectos.

Como razones de su petici�n refiere, luego de precisar cada uno de los problemas jur�dicos a resolver, que no comparte las apreciaciones de la demandante respecto a que la ley reglamentada y el Decreto Ley 960 de 1970 no establecen que el concurso debe ser p�blico y abierto de m�ritos.

Se�ala que la misma Carta en su art�culo 125 se�ala que los concursos para acceder a las entidades del Estado ser�n p�blicos y que es el m�rito el que prima para la vinculaci�n de los servidores, garantizando as� el acceso a la funci�n p�blica en condiciones de igualdad.

De otra parte, afirma que no se configura el exceso de la facultad reglamentaria que se le atribuye al Presidente en la expedici�n del Decreto acusado, porque, al analizar su contenido se encuentra que regula aspectos relativos, a quienes pueden participar, la estructura del concurso, la convocatoria, la inscripci�n, los documentos para acreditar requisitos, an�lisis de requisitos y antecedentes, calificaci�n de la experiencia, prueba de conocimiento, etc. Sobre este punto precisa dos aspectos vitales: 1) Que una es la facultad del gobierno para reglamentar la Ley 588 y darle operatividad al concurso de notarios, lo cual pod�a hacer. 2) Que otra es la facultad de administrar el mencionado concurso, la cual le corresponde al Consejo Superior de la Carrera Notarial, acorde con la ley y el reglamento.

Respecto al cargo que se le hace al par�grafo 1� del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006, no debe prosperar, porque la ley excluye para participar en el concurso s�lo a quienes hubieren sido condenados y respecto a los sindicados no los excluye sino que solicita informaci�n de la situaci�n del aspirante con el fin de tener un control de la inhabilidad prevista en el par�grafo 2� del art�culo 4� de la Ley 588 de 2000.

Afirma el Ministerio P�blico que tampoco le asiste raz�n a la demandante respecto a los reparos de la grabaci�n de la entrevista toda vez, que la misma en lugar de intimidar a los participantes del concurso, constituye como lo sostiene la apoderada del ministerio, una plena garant�a de imparcialidad y objetividad para los concursantes.

De la misma manera considera, la agencia del Ministerio P�blico, que le asiste raz�n a la apoderada de la entidad cuando solicita a la Sala que se inhiba de pronunciamiento de legalidad frente al art�culo 11 acusado, dado que, dicho art�culo fue modificado por el Decreto 926 de 2007 con el fin de garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a la carrera notarial, equilibrando el puntaje m�nimo para integrar las listas de elegibles con relaci�n a otros concursos adelantados para ingresar a la administraci�n p�blica. Textualmente afirma: "(�) Como dicho art�culo ya no est� vigente y es obvio que no ha producido ning�n efecto, pues el concurso no ha finalizado, no procede su estudio de fondo por sustracci�n de materia (�)".

Problemas jur�dicos. Seg�n los planteamientos de la demanda, son cuatro los problemas jur�dicos que deber� desatar la Sala:

1. �Excedi� el ejecutivo la facultad reglamentaria y desconoci� el art�culo 131 constitucional, al haber se�alado en la parte considerativa del Decreto 3454 de 2006 que el nombramiento de los notarios en propiedad se har�a mediante concurso p�blico y abierto de m�ritos

2. �Se desconoce el principio fundamental de la presunci�n de inocencia al exigirse como requisito para la inscripci�n al concurso la presentaci�n de certificaci�n sobre conducta y antecedentes sobre el estado o definici�n de los procesos penales en los que el aspirante hubiere sido sindicado, y en consecuencia debe anularse este aparte contenido en el par�grafo 1� del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006

3. � El inciso 2� del art�culo 10 del Decreto 3454 de 2006 que ordena la grabaci�n de las entrevistas efectuadas a los aspirantes, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y desconoce el inciso 2� del art�culo 3� de la Ley 588 de 2000 .

4. �Era competente el Gobierno Nacional para se�alar el puntaje m�ximo a obtener por el aspirante para integrar la lista de elegibles, tal y como lo dispuso en el art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006

Marco normativo y jurisprudencial.De la manera de proveer los empleos p�blicos. La Constituci�n Pol�tica de 1991 prev� en el art�culo 125 que los empleos en los �rganos y entidades del Estado son de carrera, exceptuando los de elecci�n popular, los de libre nombramiento y remoci�n, los de trabajadores oficiales y los dem�s que determine la ley.

Dispone tambi�n la preceptiva constitucional en comento que los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constituci�n o la ley, ser�n nombrados por concurso p�blico.

Siguiendo con estos criterios, establece que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se har� previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los m�ritos y calidades de los aspirantes.

Del cargo de notario. En punto a la manera de proveer los cargos de notario, el art�culo 131 de la Carta se�ala que compete a la ley la reglamentaci�n del servicio p�blico que prestan los notarios y registradores, la definici�n del r�gimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributaci�n especial de las notar�as, con destino a la administraci�n de justicia.

"(�) Compete a la ley la reglamentaci�n del servicio p�blico que presten los notarios y registradores, la definici�n del r�gimen laboral de sus empleados y (�)

Corresponde al gobierno la creaci�n, supresi�n y fusi�n de los c�rculos de notariado y registro y la determinaci�n del n�mero de notarios y oficinas de registro (�)".

De esta manera es la Constituci�n la que establece la obligaci�n de dise�ar un concurso para seleccionar y cubrir las plazas de notarias existentes en el territorio nacional. Y este concurso, como lo se�ala el art�culo 125 que se mencion� en el p�rrafo precedente, debe ser p�blico de manera tal que se permita que todo aquel que cumpla con los requisitos y calidades exigidas, pueda participar en dicho concurso y en la selecci�n y que dicha participaci�n se efect�e con criterio de igualdad y objetividad.

De la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria es la facultad constitucional que se atribuye de manera permanente al Gobierno Nacional para la expedici�n de disposiciones jur�dicas de contenido general y abstracto para la efectiva ejecuci�n de la ley. A trav�s de esta facultad se desarrollan las reglas y principios que fija la ley que se reglamenta y, en algunos casos, la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios para su aplicaci�n, sin que pueda en ning�n caso entrar a modificarla, ampliarla, restringirla en su contenido o alcance.

Constitucionalmente esta potestad est� consagrada en el art�culo 189 numeral 11 en los siguientes t�rminos:

"Corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes.

Esta facultad reglamentaria est� sujeta a la constituci�n y a la ley que reglamenta y no puede ir m�s all� de su contenido para ampliar, modificar o restringir su alcance. El objetivo de dicha facultad es el de hacer operativa la ley, es decir, que esta tenga cumplida ejecuci�n.

Bajo los anteriores preceptos constitucionales se analizar�n los problemas jur�dicos propuestos.

La respuesta a este problema jur�dico debe ser negativa, porque, acorde con el primer mandato constitucional consignado, el ingreso al empleo de carrera, como lo es el de notario, debe hacerse a trav�s de un proceso de selecci�n que necesariamente debe ser p�blico y abierto, pues no se concibe un concurso cerrado en el que los criterios objetivos y de m�rito primen ante otro criterio, como lo ser�a el subjetivo si s�lo pueden acceder a dicho concurso quienes ostenten la calidad de notarios.

Sobre este punto la Corte Constitucional, ha fijado una l�nea jurisprudencial que fue reproducida en la sentencia C-421 de 2006 y que no desconoce la demandante, en la que dej� claro que el concurso para proveer las plazas de notario existentes, deb�a ser p�blico y abierto, reiterando que la actividad notarial es funci�n p�blica y por ende a ella pueden acceder quienes re�nan las calidades que la ley exige para su desempe�o.

(�) Declarar INEXEQUIBLE la expresi�n "164" contenida en el art�culo 11 de la Ley 588 de 2000, a partir de la fecha de promulgaci�n de �sta.

En consecuencia, ordenar que el "Consejo Superior" a que se refiere el art�culo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, proceda a la realizaci�n de los concursos abiertos para la provisi�n en propiedad por parte del Gobierno del cargo de notario, en un t�rmino m�ximo de seis (6) meses contados a partir de la notificaci�n de la presente sentencia, en cumplimiento del art�culo 131 de la Constituci�n Pol�tica y de conformidad con lo dispuesto en los art�culos pertinentes de la Ley 588 de 2000 y dem�s disposiciones legales concordantes y complementarias.

Acorde con lo hasta aqu� expuesto, para la Sala la parte considerativa demandada y que seg�n la actora vulnera el art�culo 131 constitucional, al se�alar que la provisi�n de los cargos de notario se har� mediante concurso p�blico y abierto de m�ritos, no vulnera el precepto constitucional citado, sino que por el contrario, es un desarrollo de las normas constitucionales que regulan la manera de proveer los empleos p�blicos en Colombia.

La anterior afirmaci�n es concordante con lo planteado por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 1999[2], cuando al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra los art�culos 145 (parcial), 164 (parcial), 168 (parcial), 169 (parcial), 176, 178, 179, 181 y 188 (parcial) de Decreto 960 de 1970 "Por el cual se expide el estatuto del notariado", se�al� que para el ingreso a un cargo de carrera administrativa, notarial o judicial, se exige la superaci�n de un concurso p�blico y abierto, que respete los par�metros constitucionales destinados a garantizar la plena igualdad de oportunidades.

En este orden, no cualquier concurso satisface las condiciones que la Constituci�n exige, sino aquel que en efecto otorgue plena garant�a de acceso, intervenci�n y selecci�n en par�metros de igualdad, objetividad, proporcionalidad y razonabilidad.

As� las cosas es la propia constituci�n la que impone la carrera notarial como una forma de ingreso, permanencia, ascenso y retiro de la funci�n p�blica de naturaleza eminentemente t�cnica y s�lo a trav�s de un concurso abierto de m�ritos, se logran estos cometidos. Se insiste, la voluntad del constituyente fue la de mejorar el servicio notarial y garantizar la idoneidad de quienes tienen a su cargo el cumplimiento de esta funci�n notarial.

Consecuente con lo anterior, la frase demandada no desconoce el art�culo 131 de la Constituci�n raz�n por la cual, el cargo de falsa motivaci�n que al acto demandado se le atribuye, no prospera.

Segundo problema jur�dico. �Se desconoce el principio fundamental de la presunci�n de inocencia al exigirse como requisito para la inscripci�n al concurso la presentaci�n de certificaci�n sobre conducta y antecedentes en los que conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en los que el aspirante hubiere sido sindicado, y en consecuencia debe anularse este aparte contenido en el par�grafo 1� del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006

Importante resulta precisar antes de resolver el problema jur�dico, que apartes del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006 fueron objeto de an�lisis de legalidad por esta Corporaci�n, a trav�s de la sentencia de 11 de marzo de 2010 en la cual se decidi� anular el siguiente aparte demandado "y quienes se presenten para m�s de un c�rculo notarial" contenida en el art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006 expedido por el Gobierno Nacional[3].

Pero como el estudio de legalidad efectuado en la sentencia en comento no comprendi� la frase que hoy se demanda y que aparece contenida en el par�grafo del art�culo 4� de Decreto 3454 de 2006, procede la Sala a efectuar el respectivo an�lisis:

- Frente a la afirmaci�n de que existe un vac�o normativo porque no se le indica al interesado cu�l es la autoridad que debe emitir la certificaci�n, como si se hace en trat�ndose de antecedentes disciplinarios o de la Contralor�a, dir� la Sala que no se configura tal vac�o normativo, en cuanto, dicha certificaci�n deber� expedirla la autoridad judicial que adelante el proceso penal y que debe conocer el aspirante, dada su condici�n de investigado, sindicado o enjuiciado, seg�n el estado del proceso.

- En punto a que con la exigencia de la certificaci�n de conducta y antecedentes en los que conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en los que el aspirante hubiere sido sindicado, tal y como lo afirma la demandante, se desconoce por el ejecutivo el contenido del art�culo 4� par�grafo 2� de la Ley 588 de 2000 que el Decreto 3454 de 2006 reglamenta y se vulnera el 29 constitucional que dispone que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.

En efecto encuentra la Sala que el ejecutivo est� exigiendo un requisito que no se compadece con la ley que esta reglamentando y adicionalmente no se encuentra justificaci�n alguna para la solicitud de esta certificaci�n de conducta.

Lo anterior, porque, en la Ley 588 de 2000, se describe como limitante y excluyente para el ingreso al concurso, �nicamente la existencia de sentencia condenatoria sea esta de �ndole penal, disciplinaria o administrativa. Y al exigirse por el ejecutivo en el Decreto reglamentario una certificaci�n de conducta o de antecedente de haber estado sindicado, le crea una carga m�s al aspirante y adem�s, desconoce el principio de presunci�n de inocencia, dado que �nicamente las sentencias condenatorias constituyen antecedente.

En este orden de ideas, es evidente que el ejecutivo al consagrar y exigir esta certificaci�n, desbord� la facultad reglamentaria en cuanto est� yendo m�s all� del �mbito de aplicaci�n de la norma, creando, como ya se ha dicho, un requisito adicional al que la norma que reglamenta contempla.

As� las cosas el aparte "certificaci�n sobre conducta y antecedentes en donde conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido sindicado", debe anularse y as� se dispondr� en la parte resolutiva de esta sentencia.

Tercer problema jur�dico. � El inciso 2� del art�culo 10 del Decreto 3454 de 2006 que ordena la grabaci�n de las entrevistas efectuadas a los aspirantes, atenta contra el libre desarrollo de la personalidad y desconoce el inciso 2� del art�culo 3� de la Ley 588 de 2000 .

"(�) ENTREVISTA. La entrevista se realizar� en forma presencial, en los lugares y con los criterios que determine el Consejo Superior. Por entrevista se entiende el proceso mediante el cual se eval�a objetivamente la personalidad, la vocaci�n de servicio y el profesionalismo del aspirante. La entrevista ser� conducida por jurados integrados y designados por el Consejo Superior, de conformidad con el reglamento, cuyos nombres deber�n darse a conocer con m�nimo tres (3) d�as de antelaci�n a su realizaci�n.. Cada uno de los miembros del jurado asignar� individualmente y en forma escrita y motivada el puntaje que corresponda al entrevistado, y la sumatoria de los resultados se dividir� por tres. La calificaci�n que resulte ser� la que, sobre una calificaci�n de diez (10) puntos, le ser� asignada al aspirante mediante decisi�n motivada.

La entrevista deber� grabarse en medio magnetof�nico u otro que ofrezca seguridad suficiente, grabaci�n que se conservar� en el archivo del concurso por un t�rmino no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedici�n (�)".

A juicio de la demandante el ejecutivo no pod�a reglamentar la manera de realizar la entrevista, ni mucho menos disponer su grabaci�n, porque est� es una facultad que el inciso 2� del art�culo 3� de la Ley 588 de 2000 le otorga al Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Este art�culo fue objeto de estudio por esta Corporaci�n, quien en la sentencia ya citada, del 11 de marzo de 2010 con ponencia del Dr. Alfonso Vargas Rinc�n, neg� la pretensi�n anulatoria del mismo. En aquella oportunidad el demandante argument� como causal de anulaci�n que el organismo rector de la carrera notarial solamente est� autorizado para delegar la pr�ctica de las evaluaciones acad�micas pero no para la pr�ctica de las entrevistas circunstancia que impide a realizaci�n de la misma por un jurado en quien se delegue dicha funci�n.

Al desatar el cargo la sentencia referida concluye que el citado Decreto 3454 de 2006 al establecer los aspectos relacionados con la entrevista solamente est� se�alando mecanismos para permitir y facilitar su pr�ctica, sin que pueda afirmarse que est� delegando, teniendo en cuenta adem�s, que conforme a lo dispuesto por el Acuerdo No. 72 de 2007 del Consejo Superior para la Carrera Notarial los jurados est�n integrados por miembros del mismo Consejo Superior.

Concluye la sentencia que se viene comentando que: "(�) no se configura el vicio alegado por la parte actora, manteni�ndose la presunci�n de legalidad del aparte demandado, pues no se ha presentado delegaci�n de funciones".

Hecha la anterior precisi�n, la Sala procede a estudiar el cargo que la actora le endilga al par�grafo del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006 y que se concreta en la falta de competencia dado que �sta es una funci�n, que seg�n la actora se le atribuye en el inciso 2� del art�culo 3� de la Ley 588 de 2000 al Consejo Superior de la Carrera Notarial.

ARTICULO 3. Lista de elegibles. Los notarios ser�n nombrados por el gobierno, de la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial, las cuales deber�n publicarse en uno o varios diarios de amplia circulaci�n nacional. La lista de elegibles tendr� una vigencia de dos a�os.

El organismo competente se�alado por la ley, convocar� y administrar� los concursos, as� como la carrera notarial.

Para el caso en concreto el art�culo 4� de la Ley 588 de 2000 describe el tipo de pruebas e instrumentos de selecci�n, incluyendo dentro de estos a la entrevista, que da al aspirante un puntaje equivalente a 10 puntos producto de la evaluaci�n de la personalidad, la vocaci�n de servicio y el profesionalismo del aspirante.

N�tese que la ley no estableci� la manera de realizarse la entrevista y fue por ello que el ejecutivo en ejercicio de la facultad reglamentaria determin� en el art�culo 10, no s�lo el car�cter de presencial de dicha entrevista, sino que defini� el concepto, se�al� a cargo de quienes estar�a este proceso, la manera de ponderar el puntaje obtenido por el concursante, y finalmente que deber�a grabarse y archivarse por un t�rmino no inferior a 6 meses contados a partir de la fecha de expedici�n de la lista de legibles.

Esta orden de grabaci�n de la entrevista que debe surtir cada uno de los aspirantes y participantes en el concurso notarial, no puede considerarse como una vulneraci�n al derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino que por el contrario, es un indicador de la objetividad y transparencia del concurso, y a su vez constituye no s�lo para el participante que desee controvertir el puntaje otorgado, sino para los entrevistadores, una herramienta probatoria que soporte las reclamaciones o las conclusiones y en general, el puntaje que se le asigne a cada uno de los entrevistados y que puede llegar a ser decisivo de la inclusi�n o no en la lista de elegibles.

Adicional a lo anterior debe se�alarse que, el concursante conoce de antemano que debe superar esta etapa de la entrevista, como parte del proceso de selecci�n y que la misma ser� grabada por lo cual tiene la oportunidad de prepararse sicol�gicamente para esta etapa.

As� las cosas, para la Sala no se evidencia la causal de ilegalidad que la demandante atribuye a la norma y en consecuencia se denegar�n las pretensiones anulatorias del par�grafo del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006.

Cuarto problema jur�dico. �Era competente el Gobierno Nacional para se�alar el puntaje m�ximo a obtener por el aspirante para integrar la lista de elegibles, tal y como lo dispuso en el art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006

En este orden, procede la Sala al estudio del cargo atribuido al art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, cuyo contenido es el que sigue:

"(�) Conformaci�n y publicaci�n de la lista de elegibles. El puntaje final de los aspirantes ser� el que resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas fases del concurso. Por tanto, la lista de elegibles, una por cada c�rculo notarial, estar� integrada por quienes hayan obtenido m�s de setenta y cinco (75) puntos en el proceso.

Respecto al puntaje que se le debe asignar al aspirante en cada una de las etapas del concurso, la Ley 588 de 2000, establece:

ARTICULO 3�. Lista de elegibles. Los notarios ser�n nombrados por el gobierno, de la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial, las cuales deber�n publicarse en uno o varios diarios de amplia circulaci�n nacional. La lista de elegibles tendr� una vigencia de dos a�os.

El organismo competente se�alado por la ley, convocar� y administrar� los concursos, as� como la carrera notarial.

ARTICULO 4�. Para la calificaci�n de los concursos se valorar� especialmente la experiencia de los candidatos, as� como la capacidad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antig�edad en el mismo, capacitaci�n y adiestramiento que hubieren recibido en materias propias del notariado, obras de investigaci�n y divulgaci�n, estudios de postgrado y estudios de especializaci�n o diplomados, particularmente los relacionados con el notariado, as� como el ejercicio de la c�tedra universitaria y la participaci�n y desempe�o en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos estos factores ser�n concurrentes.

a) La prueba de conocimientos, tendr� un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso. Los ex�menes versar�n sobre derecho notarial y registral.

Las experiencias valdr�n hasta treinta 35 puntos, as�: Cinco (5) puntos por cada a�o o fracci�n superior a seis meses por el desempe�o del cargo de notario, c�nsul; dos (2) puntos por cada a�o o fracci�n superior a seis (6) meses en el ejercicio de autoridad civil o pol�tica, direcci�n administrativa, funci�n judicial y legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo; un (1) punto por cada a�o o fracci�n superior a seis (6) meses de ejercicio de la profesi�n de abogado; un (1) punto por cada a�o del ejercicio de la c�tedra universitaria, un (1) punto por cada a�o o fracci�n superior a seis (6) meses de funciones notariales o registrales.

La entrevista, hasta diez (10) puntos y evaluar� la personalidad, vocaci�n de servicio y profesionalismo del aspirante.

Par�grafo 1�. Para efectos del presente art�culo, se contabilizar� la experiencia en el ejercicio de la profesi�n de Abogado desde la fecha de obtenci�n del respectivo t�tulo.

El art�culo demandado no hizo otra cosa que bajo las pautas de puntaje se�alado en la norma que reglamenta, fijar el puntaje m�nimo para que el concursante pudiera integrar la lista de elegibles. N�tese como esta limitante est� dentro del rango del puntaje m�ximo que la ley establece y que se obtiene luego de sumar los puntajes individuales obtenidos en cada una de las etapas del concurso.

Este puntaje de 75 sobre 100, permite que quienes integren la lista de elegibles sean aquellos que demuestren mayor m�rito, como principio rector de acceso a la funci�n p�blica, por tanto la asignaci�n de este puntaje se torna en necesaria y para el caso, no desconoce los criterios de calificaci�n contenidos en la norma que reglamenta.

Sobre la pretensi�n de nulidad de este art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, el Consejo de Estado se pronunci� de manera negativa, al considerar que:

"(�) la norma reglamentaria al determinar un puntaje m�nimo para integrar la lista de elegibles, atendiendo los puntajes establecidos en la ley, cumple con el fin del concurso, cual es el de seleccionar a quienes demuestren mayor m�rito para acceder a la carrera notarial, pues lo contrario, implicar�a que todos aquellos que aspiren y se presenten acreditando el cumplimiento de los requisitos deber�an integrar la lista de elegibles sin importar el puntaje obtenido en las distintas etapas del proceso, haciendo que pierda su raz�n ser (�)"[4]

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

Primero. DECL�RASE la nulidad del aparte demandado "certificaci�n sobre conducta y antecedentes en donde conste la situaci�n o definici�n de los procesos penales en que el aspirante hubiere sido sindicado" contenida en el par�grafo primero del art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006 expedido por el Gobierno Nacional.

C�PIESE, NOTIF�QUESE Y C�MPLASE. Discutida y aprobada por la Sala en sesi�n de la fecha.

[1]Corte Constitucional. M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis Sentencia C-421 del 31 de mayo de 2006. Actor. Luis Gonzalo Baena C�rdenas.Demanda de inconstitucionalidad contra el art�culo 11 (parcial) de la Ley 588 de 2000 "Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial"

[2]Corte Constitucional. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu�oz. Exp. D-2156. Sentencia del 10 de marzo de 1999. Actor. Camilo Vargas J�come.

[3]Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Segunda. C.P. Dr. Alfonso Vargas Rinc�n. Sentencia del 11 de marzo de 2010. No. Interno. 635-2007. Demandante. Fernando Alarc�n Rojas.

[4]Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Segunda. C.P. Dr. Alfonso Vargas Rinc�n. Sentencia del 11 de marzo de 2010. No Interno. 635-2007. Actor. Fernando Alarc�n Rojas.