100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010003326SENTENCIAPRIMERA11001032500020040020401201313/03/2013SENTENCIA__PRIMERA__11001032500020040020401__2013_13/03/2013100033262013COSA JUZGADA / INHABILIDAD PARA DESEMPEÑARSE COMO LIQUIDADORA DE TELECOM Al respecto es importante precisar que la cosa juzgada emerge como una figura procesal que propende la invulnerabilidad del principio de seguridad jurídica y la fuerza imperativa de las decisiones judiciales. Su aplicación se proyecta sobre los efectos que se otorgan a una decisión proferida por el juez de conocimiento dependiendo de la firmeza que esta tenga, se dice entonces que una decisión ha hecho tránsito a cosa juzgada cuando contra la misma no proceda ningún recurso y al mismo tiempo, el asunto tratado en ella no pueda ser objeto de un nuevo pronunciamiento judicial. Del mismo modo, a folio 237 del cuaderno principal obra certificación expedida por la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se verifica que contra la empresa denominada “Telecom” cursan diferentes procesos contenciosos administrativos cuyo demandante es la persona jurídica “La Previsora”, sin que se logre colegir que se refiera a la “Fiduciaria la Previsora”. Por consiguiente, se puede sostener que no se probó la calidad de acreedor de la “Fiduciaria La Previsora” como supuesto de hecho necesario para predicar de esta una inhabilidad legal que impidiera su designación como liquidadora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom según lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 1615 de 2003. FUENTE FORMAL : CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 332 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 138 / LEY 222 DE 2005 - ARTICULO 164 / DECRETO LEY 254 DE 2000 NORMA DEMANDADA: DECRETO 1615 DE 2003 (12 de junio) - ARTICULO 10 - GOBIERNO NACIONAL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03 - 25-000-2004-00204-01 Actor: DORA PRIETO ROJAS Demandado: GOBIERNO NACIONAL Referencia: ACCION DE NULIDAD
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadGUILLERMO VARGAS AYALADORA PRIETO ROJASAcción de nulidad contra un aparte del artículo 10 del Decreto 1615 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y se ordena su liquidación"Identificadores10010003327true3970Versión original10003327Identificadores

Fecha Providencia

13/03/2013

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  GUILLERMO VARGAS AYALA

Norma demandada:  Acción de nulidad contra un aparte del artículo 10 del Decreto 1615 de 12 de junio de 2003 "Por el cual se suprime la empresa Nacional de Telecomunicaciones - Telecom y se ordena su liquidación"

Demandante:  DORA PRIETO ROJAS


COSA JUZGADA / INHABILIDAD PARA DESEMPEÑARSE COMO LIQUIDADORA DE TELECOM


Al respecto es importante precisar que la cosa juzgada emerge como una figura procesal que propende la invulnerabilidad del principio de seguridad jurídica y la fuerza imperativa de las decisiones judiciales. Su aplicación se proyecta sobre los efectos que se otorgan a una decisión proferida por el juez de conocimiento dependiendo de la firmeza que esta tenga, se dice entonces que una decisión ha hecho tránsito a cosa juzgada cuando contra la misma no proceda ningún recurso y al mismo tiempo, el asunto tratado en ella no pueda ser objeto de un nuevo pronunciamiento judicial. Del mismo modo, a folio 237 del cuaderno principal obra certificación expedida por la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se verifica que contra la empresa denominada “Telecom” cursan diferentes procesos contenciosos administrativos cuyo demandante es la persona jurídica “La Previsora”, sin que se logre colegir que se refiera a la “Fiduciaria la Previsora”. Por consiguiente, se puede sostener que no se probó la calidad de acreedor de la “Fiduciaria La Previsora” como supuesto de hecho necesario para predicar de esta una inhabilidad legal que impidiera su designación como liquidadora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom según lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 1615 de 2003.


FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 332 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 138 / LEY 222 DE 2005 - ARTICULO 164 / DECRETO LEY 254 DE 2000


NORMA DEMANDADA:DECRETO 1615 DE 2003 (12 de junio) - ARTICULO 10 - GOBIERNO NACIONAL



CONSEJO DE ESTADO



SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO



SECCION PRIMERA



Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA


Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil trece (2013)


Radicación número: 11001-03-25-000-2004-00204-01


Actor: DORA PRIETO ROJAS


Demandado: GOBIERNO NACIONAL


Referencia: ACCION DE NULIDAD


Procede la Sala a decidir en única instancia la demanda de simple nulidad interpuesta por la ciudadana DORA PRIETO ROJAS contra la expresión “El liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom en liquidación – será la Fiduciaria La Previsora S. A.”,contenida en el artículo 10 del Decreto 1615 de 12 de junio de 2003“Por el cual se suprime la empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y se ordena su liquidación”,proferido por el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales.


I. LA DEMANDA



En ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., la ciudadana DORA PRIETO ROJAS solicita a la Corporación que acceda a las siguientes:



1. Pretensiones


Declarar la nulidad de la expresión“El liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom en liquidación – será la Fiduciaria La Previsora S. A.”,contenida en el artículo 10 del Decreto 1615 de 12 de junio de 2003“Por el cual se suprime la empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y se ordena su liquidación”,proferido por el Presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales.


2.- Hechos de la demanda


Se mencionan como tales la expedición del Decreto 1615 de 12 de junio de 2003, y se citan los artículos 2, 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993, 5 del Decreto 254 de 2000 y 164 de la ley 222 de 1995.


Que la Previsora S. A. Compañía de Seguros ha interpuesto distintas demandas contenciosas administrativas contra Telecom y esto la convierte en acreedora de esta, quedando inhabilitada para ser designada como su liquidadora.


3. Normas violadas y concepto de la violación


Estima como violados los artículos 2 y 5 de la Constitución Política; 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 164 de la ley 222 de 1995, por las razones que se resumen en los siguientes cargos:


Cargo único:


Para la demandante, el hecho de que la Empresa de Telecomunicaciones – Telecom y la Previsora S. A. Compañía de Seguros celebraran distintos contratos de los cuales surgieron controversias que han sido llevadas a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, imposibilita a que cualquiera de ellas sea designada como liquidadora de la otra.


Que la Previsora S. A. Compañía de Seguros sea acreedora de Telecom indica que la sociedad Fiduciaria La previsora no podía ser designada como su liquidadora dada la prohibición expresa contenida en el artículo 164 de la ley 222 de 1995. Dicha norma prescribe que no podrá ser designado liquidador de una entidad quien ostente la calidad de acreedor de esta, de manera que, si la persona jurídica Fiduciaria La Previsora tiene el carácter de acreedora de Telecom, no podía ser encomendada para liquidarla.


II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



Las partes demandadas contestaron la demanda así:



1.- Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P.



En la oportunidad procesal correspondiente y en calidad de parte impugnadora, la sociedad Colombia Telecomunicaciones S. A. E. S. P. adujo que la norma que sirve como fundamento de la liquidación de Telecom es el Decreto Ley 254 de 2000, de manera que la facultad para designar una fiduciaria como liquidadora de la empresa se encuentra legalmente establecida en el artículo 2 de la mencionada disposición.



Asegura que la Fiduciaria La Previsora es una sociedad de economía mixta con más del 90% de capital del Estado, siendo una entidad pública en los términos del artículo 2º de la ley 80 de 1993 y del artículo 38 de la ley 489 de 1998, de manera que se cumple con lo regulado por el mismo artículo 2ibídem, que permite que la liquidación de una entidad estatal se lleve a cabo por otra de la misma naturaleza jurídica.



Frente el señalamiento que hace la actora respecto algunas normas del régimen de contratación estatal, argumenta que la acción de simple nulidad no es procedente para dirimir controversias contractuales y que no obstante ello, el proceso para contratar una entidad estatal como lo es Fiduciaria La Previsora no es el de licitación o concurso, sino de contratación directa, tal y como lo dispone el literal c) del artículo 24 de la ley 80 de 1993.


2.- El Departamento Administrativo de la Función Pública.


Contestó la demanda precisando que la Fiduciaria La Previsora S. A. no ejecuta actividades sujetas a la ley 80 de 1993, agregó que la demandante confunde y asimila dos personas jurídicas diferentes cuales son Fiduciaria La Previsora S. A., y La Previsora S. A. Compañía de Seguros, siendo esta última quien ha interpuesto demandas contenciosas contra Telecom.


Por lo anterior, considera que no existe inhabilidad o incompatibilidad alguna y que la relación que tenga o haya tenido Telecom con La Previsora S. A. Compañía de Seguros es irrelevante para el proceso en tanto que no fue esa la persona designada para adelantar la liquidación.


3.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público


Expuso que la ley 80 de 1993 no le es aplicable a la Fiduciaria La Previsora en consideración a que el parágrafo 1º del artículo 32 de la misma contempla que el régimen de la contratación estatal no es aplicable a entidades financieras estatales respecto de las actividades propias del giro ordinario de sus negocios.


Sumado a ello expresa que de conformidad con la ley 489 de 1998, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se encuentran sometidas a las normas del derecho privado. En cuanto la violación del artículo 164 del Código de Comercio arguye que no se dan los presupuestos exigidos por la norma ya que la persona jurídica que en el decir de la demandante es acreedora de Telecom, es diferente a la persona jurídica que fue designada como liquidadora.


Finalmente presenta la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda fundada en que no se individualizaron con precisión los actos administrativos demandados, en su sentir la actora debió demandar también el Decreto 3269 de 2004, modificatorio del Decreto acusado. Aunado a lo anterior, señala que la excepción debe prosperar dado que en la demanda no se establecieron de manera cierta, clara y suficiente las razones para solicitar la nulidad del acto.


4.- El Ministerio de Comunicaciones.


La contestación se centró en reafirmar que las normas aplicables a las actividades de una sociedad como Fiduciaria La Previsora son las del derecho privado tal y como se dispone en los artículos 85 y 93 de la ley 489 de 1998, así mismo que el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 excluye a las entidades como las fiduciarias de la aplicación de ese estatuto.


En cuanto la presunta inhabilidad contemplada en el artículo 164 de la ley 222 de 1995, precisa que la demandante confunde a la Fiduciaria La Previsora S. A. con la sociedad Previsora S. A. Compañía de Seguros, siendo esta última la que ha ejercido acciones contenciosas administrativas contra Telecom, de manera que no se presenta la vulneración alegada por la accionante.


5.- El Ministerio de la Protección Social


Solicita se declare probada la excepción de cosa juzgada y estarse a lo resuelto por la Sala en sentencia de 25 de agosto de 2005 proferida dentro del proceso 2003-00033.


III.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN



1.- Colombia Telecomunicaciones S. A. E.S.P.


Alega que el artículo 10 del Decreto 1615 de 2003 tiene fundamento en el artículo 2 del Decreto Ley 254 de 2000, que habilita a la Administración para que se designe como liquidador a una entidad fiduciaria contratada para tal fin, por lo demás, reitera los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda.


2.- El Departamento Administrativo de la Función Pública.


Reitera lo expuesto en el escrito de contestación de la demanda y agrega que la Sala ha declarado en diferentes pronunciamientosque el Decreto 1615 de 2003 se ajusta a las normas constitucionales y legales en que debió fundarse.


3.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público


Presentó alegatos de conclusión estando fuera del tiempo estipulado para ello, según constancia secretarial vista a folio 286 del cuaderno principal.


4.- El Ministerio de Comunicaciones.


Reafirma lo manifestado en la contestación de la demanda.


5.- El Ministerio de la Protección Social


Insiste en lo consignado en el escrito de contestación de la demanda, agregando los antecedentes que precedieron la decisión de la Presidencia de la República de liquidar Telecom así como el término señalado por el Decreto 1615 de 2003 para cumplir dicho cometido.



IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO



El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado presentó concepto en los siguientes términos:


La excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no tiene vocación de prosperidad, si bien la demanda no fue formulada de manera clara y precisa, de la lectura de la misma se derivan argumentos jurídicos que plantean un cargo contra el acto administrativo demandado.


En cuanto la excepción de cosa juzgada alegada por el Ministerio de la Protección Social, para la Vista Fiscal no debe ser atendida en razón a que los cargos imputados en la demanda que decidió esta Sala mediante fallo de 25 de agosto de 2005 dentro del radicado 2003-00333, son distintos a los que originan la solicitud de nulidad en el presente asunto.


Encuentra que de conformidad con la información que reposa en los “web sities” tanto de la Previsora Compañía de Seguros como en el de Fiduciaria La Previsora, estas son personas jurídicas distintas.


Conceptuó que el artículo 5 del Decreto Ley 254 de 2000 dispuso que en lo concerniente al liquidador se aplicarían las normas relativas al representante legal de la entidad, de manera que es inadecuado aplicar el artículo 164 de la ley 222 de 1995.


V.- DECISION


No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asuntosub lite, previas las siguientes


CONSIDERACIONES



1.- El acto demandado.



El actor reclama la nulidad de la expresión“El liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom en liquidación – será la Fiduciaria La Previsora S. A.”contenida en el artículo 10 del Decreto 1615 de 12 de junio de 2003,“Por el cual se suprime la empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y se ordena su liquidación”,proferido por el Presidente de la República.


2.- Problemas jurídicos a resolver


En atención a los cargos aducidos en la demanda y las excepciones propuestas, le corresponde a la Sala establecer:


¿Existe cosa juzgada respecto de la solicitud de nulidad elevada por la demandante, en atención a que esta Sala mediante sentencia de 25 de agosto de 2005 se pronunció sobre la legalidad del decreto 1615 de 2003



¿Se encuentra probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda propuesta por el Ministerio de la Protección Social, consistente en que el actor no demandó el acto administrativo que modificó el Decreto 1615 de 2003 y no precisó el concepto de la violación



¿Es nula la expresión“El liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom en liquidación – será la Fiduciaria La Previsora S. A.”, contenida en el artículo 10 del Decreto 1615 de 12 de junio de 2003, por desconocer la inhabilidad dispuesta en el artículo 164 de la ley 222 de 1995



3.- Análisis del cargo y de las excepciones de mérito.


3.1- La excepción de cosa juzgada.


La excepción propuesta se fundamenta en que el asunto materia de este proceso ya se encuentra definido mediante sentencia de 25 de agosto de 2005 radicado No 2003-00333, C. P. Camilo Arciniegas Andrade, y en consecuencia debe darse aplicación de la figura de cosa juzgada y declarar estarse a lo resuelto en dicha decisión.


Al respecto es importante precisar que la cosa juzgada emerge como una figura procesal que propende la invulnerabilidad del principio de seguridad jurídica y la fuerza imperativa de las decisiones judiciales. Su aplicación se proyecta sobre los efectos que se otorgan a una decisión proferida por el juez de conocimiento dependiendo de la firmeza que esta tenga, se dice entonces que una decisión ha hecho tránsito a cosa juzgada cuando contra la misma no proceda ningún recurso y al mismo tiempo, el asunto tratado en ella no pueda ser objeto de un nuevo pronunciamiento judicial.


Asimismo se dice que una decisión judicial tiene fuerza de cosa juzgada para confirmar que la decisión en ella incorporada es de obligatorio cumplimiento para las partes afectadas con la misma.


El legislador ha regulado dicha figura en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil así:


“ARTÍCULO 332. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.



Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.



La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes.



Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias.



En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.



La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión. “




Según la norma, para que se predique la cosa juzgada respecto de una sentencia se deben reunir concurrentemente la identidad de objeto, de causa, e identidad jurídica de partes.


No obstante, frente a la acción de nulidad pura y simple el requisito de identidad de parte no se hace necesario, encuentra la Sala que siendo la acción de nulidad una acción pública


donde el espectro de la legitimación activa no se ve reducido, este requisito resulta inocuo.


En cuanto la identidad de objeto se presenta cuando la solicitud o pretensión procesal es la misma, por otra parte, la identidad de causa consiste en la coincidencia entre lacausa petendi, es decir, cuando son idénticos los motivos de la acción en tanto que obedecen a la misma razón del por qué se reclama.


Así las cosas la excepción de cosa juzgada propuesta por el Ministerio de Protección no se encuentra llamada a prosperar en la medida que no se observan los elementos concurrentes y necesarios para que dicha figura se aplique.


En efecto, el proceso con radicación No 03-24-000-2003-00333 decidido mediante sentencia de 25 de agosto de 2005 por esta misma Sala, tenía como objeto la declaración de nulidad de la totalidad de los Decreto 1615 y 1616 de 2003 y comocausa petendique el mismo había sido expedido por el Presidente de la República sin tener competencia para ello, el mencionado fallo en su aparte correspondiente dispuso:


“Se transcriben únicamente los considerandos y los artículos principales de los Decretos 1615 y 1616 de 2003 dado que los cargos no recaen sobre su contenido normativo, pues en lo esencial se cuestionan por falta de competencia del Presidente de la República para expedirlos.{



Observa la Sala que la diferencia de causa y objeto entre uno y otro caso es ostensible, en la demanda que dio origen al precitado fallo de 25 de agosto de 2005 se tiene que la inconformidad (causa) contra el Decreto 1615 de 2003 radicaba en la presunta incompetencia del Presidente de la República para proferir el acto administrativo, mientras que la pretensión (objeto) era la nulidad del decreto en su totalidad.


De lo anterior se colige que uno y otro proceso presentan causas y objetos distintos, por lo que se puede afirmar que en este asunto no ha operado el fenómeno de cosa juzgada pudiendo la Sala pronunciarse de fondo.


3.2- La excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.


Plantea el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que la demanda que dio origen al proceso es inepta por dos razones: a) No se demandó el Decreto 3269 de 2004 que modificó el Decreto 1516 de 2003, omitiendo con ello individualizar con toda precisión los actos administrativos que se demandan. b) No determinó de manera cierta, clara y suficiente las razones por las cuales se demanda el acto.


En cuanto la primera razón expuesta por la entidad demandada para sustentar la excepción se observa que la individualización del acto fue hecha por la demandante, en su escrito petitorio se encuentra claramente identificado el acto administrativo que demanda, de manera que sin esfuerzo la Sala entiende que es el Decreto 1516 de 2003 el que se somete a examen de legalidad ante esta Corporación. Del mismo modo, en el auto admisorio de la demandase precisó que la misma consistía en el ejercicio de la acción de nulidad presentada por Dora Prieto Rojas contra el artículo 10 del Decreto 1615 de 2003,“Por el cual se suprime la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y se ordena su liquidación”,de manera que se dio estricto cumplimiento a lo requerido por el primer inciso del artículo 138 del C. C. A.sin que pueda prosperar la excepción planteada.


En lo pertinente a señalar que el líbelo introductorio omitió demandar el Decreto 3269 de 2004, modificatorio del Decreto 1516 de 2003, se reitera lo dicho por la Sala para confirmar que cuando un acto administrativo es derogado o modificado ello no impide que sea objeto de estudio por parte de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sin que sea necesario que se demande conjuntamente con el acto que lo modificó o derogó. Lo dicho encuentra sustento en que el acto produjo efectos antes de ser modificado o derogado. En ese sentido esta Corporación ha sentenciado:


“Como atrás está anotado, el decreto objeto del sub lite, 2248 de 1995, fue derogado en su totalidad por el artículo32http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/2008/decreto_3770_2008.htmldel Decreto 3770 de 2008, de modo que dejó de regir a partir de la vigencia de este último. No obstante, es susceptible de control por esta jurisdicción en razón de que si bien dejó de pertenecer al ordenamiento jurídico, preserva su presunción de legalidad por el tiempo que tuvo existencia en el mundo jurídico y pudo haber tenido aplicación y producir efectos jurídicos, según el derrotero jurisprudencial sentado por la Corporación en la sentencia S-157 de 14 de enero de 1991, con ponencia del consejero doctor Carlos Gustavo Arrieta, en la cual se cambió la tesis de la sustracción de materia en casos de derogación de actos administrativos generales, para en su lugar considerar que la derogación de esos actos administrativos no enerva la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para su control de legalidad, bajo la justificación justamente de los efectos jurídicos que pudo haber producido o las situaciones jurídicas que se hubieren podido crear por su aplicación durante la vigencia del acto administrativo de que se trate. Por lo tanto, la presente acción de nulidad es procedente contra el acto acusado, pese a su derogación atrás indicada.{



En el caso que nos ocupa se tiene que el acto administrativo demandado parcialmente fue modificado posteriormente mediante el Decreto 3269 de 2004, lo que no obsta para que esta jurisdicción se pronuncie tal y como se ha sostenido reiteradamente en el entendido que el artículo 10 del Decreto 1615 de 2010 (norma demandada) surtió efectos amparados bajo la presunción de legalidad que abriga la actuación y que sólo ahora, y por los cargos de esta acción, se viene a discutir en sede judicial.


Sumado a lo anterior resulta importante advertir que tampoco era necesario que la demandante acusara el decreto modificatorio dado que, conforme con lo dicho en líneas superiores, el acto demandado surtió efectos por sí mismo y es su legalidad la que se discute más no la del acto que lo modificó.


Finalmente en este punto cabe resaltar que si bien el actor señaló como violados los artículos 2 y 5 de la Constitución Política; 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la 80 de 1993, frente a ellos no esgrimió de manera precisa el concepto de la violación, no obstante, tal y como se sostuvo anteriormente, la demanda si precisa un concepto de violación referido a la vulneración del artículo 164 de la ley 222 de 1995 que debe ser estudiado y decidido por la Sala.


3.3- El cargo imputado.


Consiste en señalar que la persona jurídica denominada Fiduciaria La Previsora S. A. se encuentra incursa en inhabilidad para desempeñar la función de liquidar la Empresa Nacional de Telecomunicación – Telecom conforme el artículo 164 de la ley 222 de 1995.


La norma presuntamente infringida es del siguiente tenor:


“ARTICULO 164. INHABILIDADES. No podrá ser designado liquidador:



1.Quien sea asociado de la entidad en liquidación, o de alguna de sus matrices, filiales o subordinadas, o tenga el carácter de acreedor o deudor a cualquier título, de la entidad en liquidación.


2. Quien ejerza el cargo de revisor fiscal.”


En primer término la Sala entrará a establecer si la inhabilidad consagrada en el artículo 164 de la ley 222 de 2005 (hoy derogado por el artículo 126 de la ley 1116 de 2006) le era aplicable a la liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom, dispuesta por el Decreto 1615 de 2003.


Para ello se advierte que el Decreto Ley 254 de 2000,“Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional”,constituía el derrotero a seguir para adelantar las liquidaciones de aquellas entidades de orden nacional que fueran sometidas a procesos de ese tipo, dicha norma establecía en su artículo 1:


“ARTÍCULO 1. El presente decreto se aplica a las entidades públicas del orden nacional, respecto de las cuales se haya ordenado su supresión o disolución.


En lo no previsto en el presente decreto deberán aplicarse, en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la entidad.


PARAGRAFO. Aquellas entidades del Estado que por su naturaleza tengan un régimen propio de liquidación, contenido en normas especiales, incluyendo las sociedades, continuarán rigiéndose por ellas.”



Así mismo, el artículo 5 de la misma norma regula lo concerniente al liquidador en los siguientes términos:


“ARTÍCULO 5. El Presidente de la República designará el Liquidador, quien devengará la remuneración correspondiente al representante legal de la entidad pública en liquidación y estará sujeto al régimen de requisitos para el desempeño del cargo e inhabilidades, incompatibilidades, responsabilidades y demás disposiciones previstas para éstos.”



De la lectura de las precitadas disposiciones se desprende que sólo en los aspectos no previstos por el Decreto Ley 254 de 2000 se debe acudir al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y al Código de Comercio. Por otra parte el prenotado artículo 5 estipula que en lo pertinente al régimen al que debe someterse el liquidador, se aplicará lo dispuesto en la Ley para éstos.


La Sala encuentra que una interpretación sistemática de los artículos 1 y 5 del referido Decreto Ley lleva inequívocamente a deducir que las normas concernientes a las inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio de la función como liquidador al momento de expedirse el Decreto 1615 de 2003, eran aquellas que expresamente consagraba el otrora régimen para la liquidación de entidades del orden nacional y en su defecto, las que regulaban lo pertinente en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en el Código de Comercio.


Así, visto que dicho régimen general no contemplaba expresamente ningún régimen de inhabilidades aplicables a los liquidadores, que la ley 222 de 1995 modificó el libro II del Código de Comercio que regulaba los procesos concursales y que el artículo 164 de dicha Ley trataba específicamente de las inhabilidades de los liquidadores,ésta resulta ser la norma jurídica llamada a tener en cuenta como fundamento normativo para aplicar al caso concreto.


Ahora bien, la actora sostiene que una persona jurídica denominada “La Previsora S. A. Compañía de Seguros” celebró diferentes contratos con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom y que de las controversias surgidas en la ejecución de estos se interpusieron sendas solicitudes judiciales que demuestran la calidad de acreedora de la persona designada para realizar la liquidación, incurriendo en la prohibición contenida en el artículo 164 de la Ley 222 de 1995.


Por otra parte se aprecian los diferentes escritos de contestación de la demanda coinciden en señalar que una es la persona jurídica a la que se refiere el actor como supuesto acreedor de Telecom, y otra es aquella dispuesta por el artículo 10 del Decreto 1615 de 2003 para adelantar la liquidación de esa empresa estatal, de manera que la inhabilidad enrostrada no se predica de quien fue designado liquidador sino de otra persona diferente.


Se encuentra probado en el proceso que para la época de expedición del acto administrativo acusado de nulidad, quien fuera designado liquidador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom se denominaba “Fiduciaria La Previsora S. A.{, siendo una persona distinta a la que según la demandante fungía como acreedora de la empresa liquidada.


Del mismo modo, a folio 237 del cuaderno principal obra certificación expedida por la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se verifica que contra la empresa denominada “Telecom” cursan diferentes procesos contenciosos administrativos cuyo demandante es la persona jurídica “La Previsora”, sin que se logre colegir que se refiera a la “Fiduciaria la Previsora”. Por consiguiente, se puede sostener que no se probó la calidad de acreedor de la “Fiduciaria La Previsora” como supuesto de hecho necesario para predicar de esta una inhabilidad legal que impidiera su designación como liquidadora de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom según lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto 1516 de 2003.


En otras palabras, la actora no probó la calidad de acreedora de la liquidadora y por tanto, no acreditó el cargo de nulidad en el que fundamentó su solicitud de nulidad.


En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


FALLA:


PRIMERO: DECLARAR NO PROBADASlas excepciones de cosa juzgada e ineptitud de sustancial de la demanda de conformidad con las consideraciones consignadas en la perta resolutiva de esta providencia.


SEGUNDO: DENEGARlas pretensiones de la demanda.


TERCERO:En firme esta providencia archívese el expediente.



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Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.


La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 13 de marzo de 2013.





MARCON ANTONIO VELILLA MORENO MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ


Presidente


MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA



sRefiere los fallos de 5 de agosto de 2005, Exp. 2003-00333 C. P. Camilo Arciniegas Andrade; Sentencia de 14 de mayo de 2009 Exp. 2003-00424 C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Piantea; Sentencia de 11 de noviembre de 2010 Exp. 2005-00147 C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta


aSobre las características de esta acción puede verse la sentencia del Consejo de Estado Sección Primera de 5 de agosto de 2010, Radicación No: 11001-03-24-000-2005-00276-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.


}Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 25 de agosto de 2005. Radicación No 11001-03-24-000-2003-00333-01. C. P. Camilo Arciniegas Andrade.


aVisible a folios 23 y 24 del cuaderno principal.


.C. C. A. Artículo 138. Individualización de las Pretensiones. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. (…)


}Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 5 de agosto de 2010. Radicación No 11001-03-24-000-2007-00039-00. C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.


}Vista a folios 238 y 239 del cuaderno principal.