100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010003005SENTENCIAPLENA11001032500020030006301(018603)200613/07/2006SENTENCIA__PLENA__11001032500020030006301(018603)__2006_13/07/2006100030052006JUSTICIA PENAL MILITAR - Competencia del Presidente de la República para establecer planta de personal de empleados públicos. Naturaleza de los cargos / MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA - Oficiales y suboficiales: desempeño de empleo profesional sin perder condición de militar / FUERZAS MILITARES - Oficiales y suboficiales: desempeño como empleados públicos conservando su calidad de militar o policial / EMPLEO PÚBLICO - Desempeño por oficiales y suboficiales de las fuerzas militares / CORTES MARCIALES - Está conformada por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro / PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS MILITARES - Naturaleza de los cargos. Ejercicio de función pública del estado La censura de la parte actora contra el Decreto 2423 de 15 de noviembre de 2001 se fundamenta en la violación del artículo 6° Superior, por extralimitación de las funciones, por estimar que otorga categoría de empleados públicos a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, sin tener tal calidad y al quebranto del artículo 121 de la Constitución Política, 215 del Código Penal Militar, 2° del Decreto Ley 1790 de 2000 y 1° del Decreto Ley 1791 del mismo año. En primer lugar, ha de señalarse que la Constitución Política instituyó la justicia penal militar dentro de la Rama Ejecutiva del poder público y por ello se halla regulada en el Título VII "De la Rama Ejecutiva" Capítulo VII "De la Fuerza Pública". El artículo 221, modificado por el Acto Legislativo 02 de 1995 -artículo 1°-, prevé' un fuero especial para los miembros de la fuerza pública frente al conocimiento de los delitos cometidos en servicio activo y en relación con éste, cuyo conocimiento radicó en cabeza de las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar; dispuso que su conformación estaría dada por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Varios son los cargos que conforman la estructura de la Justicia Penal Militar y no podría predicarse de todos ellos la entidad de miembro de la Fuerza Pública en servicio activo o retiro, pues la Constitución solo se refirió a las cortes marciales o tribunales militares, lo que evidencia que en efecto existe personal civil desempeñándose dentro de la Justicia Penal Militar. Pero además, para la Sala no es atendible el reparo que hace la demandante en el sentido de que la locución "empleado público" incluye a todo el personal a que hizo referencia el Decreto cuestionado en la categoría de personal civil. Errada resulta tal aseveración si se consulta su génesis y desarrollo, que hunde sus raíces en la prestación de los servicios que los ciudadanos realizan al Estado bajo la connotación de subsumirse dentro de una relación legal y reglamentaria que involucra la asunción de específicos deberes señalados en normas legales. La noción de empleo público está imperiosamente ligada al ejercicio de la función pública del Estado, siendo una de ellas la de defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, así como la de seguridad y tranquilidad ciudadanas, luego no resulta errado subsumir a quienes prestan servicio público bajo las formalidades constitucionales y legales propias del mismo, dentro de tal categorización. Aún, en el supuesto de que la Sala vislumbre inexactitud en el vocablo, ello por sí solo no tiene vocación para viciar la legalidad del Decreto acusado, pues se trata de un acto que determina la planta de personal, sin aptitud ni pretensión alguna de definir el carácter de los servidores que, como quedó dicho, corresponde a la Constitución y la ley. En este orden, concluye la Sala que no prosperan las súplicas de la demanda. NOTA DE RELATORIA : Esta providencia fue proferida por la Sala Plena de esta Sección. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejero ponente: JAIME MORENO GARCIA Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil seis (2006).
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadJaime Moreno GarciaAlba Raquel Medina MezaIdentificadores10010003006true3626Versión original10003006Identificadores

Fecha Providencia

13/07/2006

Sección:  PLENA

Consejero ponente:  Jaime Moreno Garcia

Demandante:  Alba Raquel Medina Meza


JUSTICIA PENAL MILITAR - Competencia del Presidente de la República para establecer planta de personal de empleados públicos. Naturaleza de los cargos / MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA - Oficiales y suboficiales: desempeño de empleo profesional sin perder condición de militar / FUERZAS MILITARES - Oficiales y suboficiales: desempeño como empleados públicos conservando su calidad de militar o policial / EMPLEO PÚBLICO - Desempeño por oficiales y suboficiales de las fuerzas militares / CORTES MARCIALES - Está conformada por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro / PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS MILITARES - Naturaleza de los cargos. Ejercicio de función pública del estado

La censura de la parte actora contra el Decreto 2423 de 15 de noviembre de 2001 se fundamenta en la violación del artículo 6° Superior, por extralimitación de las funciones, por estimar que otorga categoría de empleados públicos a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, sin tener tal calidad y al quebranto del artículo 121 de la Constitución Política, 215 del Código Penal Militar, 2° del Decreto Ley 1790 de 2000 y 1° del Decreto Ley 1791 del mismo año. En primer lugar, ha de señalarse que la Constitución Política instituyó la justicia penal militar dentro de la Rama Ejecutiva del poder público y por ello se halla regulada en el Título VII "De la Rama Ejecutiva" Capítulo VII "De la Fuerza Pública". El artículo 221, modificado por el Acto Legislativo 02 de 1995 -artículo 1°-, prevé' un fuero especial para los miembros de la fuerza pública frente al conocimiento de los delitos cometidos en servicio activo y en relación con éste, cuyo conocimiento radicó en cabeza de las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar; dispuso que su conformación estaría dada por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro. Varios son los cargos que conforman la estructura de la Justicia Penal Militar y no podría predicarse de todos ellos la entidad de miembro de la Fuerza Pública en servicio activo o retiro, pues la Constitución solo se refirió a las cortes marciales o tribunales militares, lo que evidencia que en efecto existe personal civil desempeñándose dentro de la Justicia Penal Militar. Pero además, para la Sala no es atendible el reparo que hace la demandante en el sentido de que la locución "empleado público" incluye a todo el personal a que hizo referencia el Decreto cuestionado en la categoría de personal civil. Errada resulta tal aseveración si se consulta su génesis y desarrollo, que hunde sus raíces en la prestación de los servicios que los ciudadanos realizan al Estado bajo la connotación de subsumirse dentro de una relación legal y reglamentaria que involucra la asunción de específicos deberes señalados en normas legales. La noción de empleo público está imperiosamente ligada al ejercicio de la función pública del Estado, siendo una de ellas la de defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, así como la de seguridad y tranquilidad ciudadanas, luego no resulta errado subsumir a quienes prestan servicio público bajo las formalidades constitucionales y legales propias del mismo, dentro de tal categorización. Aún, en el supuesto de que la Sala vislumbre inexactitud en el vocablo, ello por sí solo no tiene vocación para viciar la legalidad del Decreto acusado, pues se trata de un acto que determina la planta de personal, sin aptitud ni pretensión alguna de definir el carácter de los servidores que, como quedó dicho, corresponde a la Constitución y la ley. En este orden, concluye la Sala que no prosperan las súplicas de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Esta providencia fue proferida por la Sala Plena de esta Sección.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Consejero ponente: JAIME MORENO GARCIA

Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil seis (2006).

Radicación número: 11001-03-25-000-2003-00063-01(0186-03)

Actor: ALBA RAQUEL MEDINA MEZA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., la señora ALBA RAQUEL MEDINA MEZA, solicita a esta Corporación declarar la nulidad del artículo 2° del Decreto 2423 del 15 de noviembre de 2001, expedido por el Presidente de la República, mediante el cual se establece la planta de Personal de empleados públicos de la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa Nacional.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO SOBRE SU VIOLACIÓN

Cita como normas violadas los artículos 6°, 121 y 221 de la Carta Política; 215 de la ley 522 de 1999; 2° del decreto ley 1790 de 2000 y 1° del decreto ley 1791 de 2000.

Manifiesta que la norma demandada quebranta el artículo 6° Superior por extralimitación en el ejercicio de funciones legales al darle categoría de empleados públicos a miembros de la Fuerza Pública en servicio activo que no tienen tal calidad; que el artículo 189 de la Carta Política, que faculta al Presidente para expedir el decreto demandado, en ninguna parte lo autoriza para modificar la calidad de militares o de policías de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, que se desempeñan en cargos de la justicia penal militar o en otros cargos.

Sostiene que el artículo 2° del decreto 2423 de 2001 quebranta el artículo 121 de la Constitución Nacional porque ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las atribuidas constitucional y legalmente; que el artículo 215 del Código Penal Militar dispone que ningún miembro de la Fuerza Pública podrá juzgar a un superior en grado o en antigüedad, de manera que las funciones de los jueces de primera instancia al integrar las Cortes Marciales o las de los Magistrados del Tribunal Superior Militar, al fallar en segunda instancia, sólo pueden ser desempeñadas por oficiales o miembros de la Policía en servicio activo y con título de abogado; que, por tanto, no son empleados públicos, aunque ocupen empleos públicos.

Indica que el personal civil que tiene la calidad de servidor público del Ministerio de Defensa Nacional y el personal no uniformado de la Policía Nacional está compuesto por empleados públicos y trabajadores oficiales y que el personal militar y los miembros de la Policía Nacional en servicio activo, por no ser servidores públicos civiles del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional, no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, ni se rigen por las normas que regulan a aquellos servidores públicos; que los civiles no pueden juzgar a los miembros de la fuerza pública en servicio activo que incurran en delitos relacionados con el servicio, excepto los Generales Almirantes de la Fuerza Pública que son juzgados, previa acusación del Fiscal General de la Nación, por la Corte Suprema de Justicia.

Afirma que los decretos leyes 1211 y 1212 de 1990 y 1790 de 2000 son las normas que regulan las carreras de los miembros de las Fuerzas Militares y de los miembros de la Policía Nacional.

Argumenta que el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares tiene un régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario que les es propio, acorde con la especificidad y funcionamiento de los organismos que la integran, lo que no sucede con el personal civil del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.

Advierte que el decreto demandado desconoce también el artículo 221 de la Constitución Política, porque al considerar como empleados públicos a los Jueces de primera instancia y Magistrados del Tribunal Superior Militar, no tiene en cuenta que las Cortes Marciales y los Tribunales Militares se integran por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. También quebranta el artículo 215 de la ley 522 de 1999, el cual señala que ningún miembro de la Fuerza Pública podrá juzgar a un superior en grado o antigüedad.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Del Ministerio de Defensa Nacional.

Se opone a las pretensiones de la demanda.

Alega que de conformidad con los artículos 77 del decreto 1211 de 1990 y 7° del decreto 1790 de 2000, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares pueden desempeñarse como empleados públicos y los grados a ellos otorgados por el Gobierno Nacional se consideran títulos profesionales, habilitando a quienes lo posean para el desempeño de funciones públicas en cargos que de acuerdo con las correspondientes disposiciones orgánicas o estatutarias, exijan acreditar el título, sin perder su condición de militares.

Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Pide que se nieguen las súplicas de la demanda. Expresa que según la jurisprudencia, no sería prudente impedir que empleados públicos puedan ejercer funciones en relación con el servicio que le corresponde a las Cortes Marciales o Tribunales Militares, bajo el pretexto de una especialidad, ya que el bien común se vería afectado por un fuero, el cual no tendría ningún sentido porque contra el interés general y el bien común no hay ningún título jurídico prevalerte.

Arguye que los Oficiales y Suboficiales están autorizados constitucional y legalmente para desempeñar cargos en la planta de personal de la Justicia Militar como empleados públicos, sin que se modifique su calidad de militar o policial; que cuando los militares ocupan cargos públicos o empleos públicos, en sana lógica jurídica no son empleados públicos como los demás empleados públicos de carrera, lo que ocurre es que mientras ocupen estos cargos se les considera nominalmente, sin perder su condición de militares.

Del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se opone a las pretensiones de la demanda, por considerar que carecen de fundamento legal y fáctico.

Manifiesta que la Justicia Penal Militar para los miembros militares de las Fuerzas Militares de Colombia es una jurisdicción especial adscrita al Ministerio de Defensa, por manera que no hace parte de ninguna otra rama del Poder Público y como tal es susceptible de ser modificada en su estructura por el Presidente de la República, por imperio de la ley, así como sus miembros militares declarados servidores públicos, de conformidad con lo estatuido en los numerales 3°, 11, 13 y 14 de los artículos 189, 150 numeral 7° y 208 de la Constitución Política y con criterios establecidos inicialmente en los decretos 1211 de 1990, en lo que concierne específicamente al personal militar del Ministerio de Defensa y en normas posteriores como la ley 270 de 1996, decretos 1513, 1514, 1790 y 1792 de 2000, que desarrollan aspectos relacionados con la clasificación de empleados públicos al personal militar del citado ministerio, incluyendo obviamente el personal Militar de la Jurisdicción de Justicia Penal Militar.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Del Ministerio de Defensa Nacional.

Insiste en que la Justicia Penal Militar es una jurisdicción especial adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que no hace parte de ninguna de las Ramas del Poder Público; que los miembros de las Fuerzas Militares fueron declarados servidores públicos, de acuerdo a los numerales 3°, 11, 13 inciso y 14 del artículo 189; numeral 7° del artículo 150 y 202 de la Carta Magna.

Afirma que el decreto 1512 de 2000 modificó la estructura del Ministerio de Defensa y creó la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, así pues, el Presidente de la República al expedir la norma impugnada, se ajustó a derecho y por consiguiente el acto administrativo mantiene la presunción de legalidad.

Concluye que el decreto acusado no viola norma legal ni constitucional alguna, por el contrario, se enmarca dentro de las facultades otorgadas por el artículo 150 de la Carta Política al Gobierno Nacional, dentro de los objetivos y criterios establecidos en los decretos 1211 de 1990, 1514 y 2763 de 2000.

Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Solicita que se denieguen las pretensiones de la acción de nulidad impetrada.

Indica que el artículo 221 de la Carta Política elevó a rango constitucional el fuero otorgado a los miembros de la Fuerza Pública, esto es, a los militares en servicio activo y miembros de la Policía Nacional, cuando cometan algún delito contemplado en el código Penal Militar, es decir que la Constitución Política le dio un mayor alcance al fuero de los militares, al determinar la forma de composición de las Cortes Marciales y de los Tribunales Militares, encargados de juzgar a las fuerzas militares.

Del Ministerio Público

La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado solicita a esta Corporación negar la pretensión de anulabilidad, ya que el acto acusado se fundó en las normas especiales que regulan la materia de clasificación de las plantas de personal, y por consiguiente no se violaron normas constitucionales relacionadas con la función pública.

Manifiesta que el artículo 123 de la Carta Magna determina que son "servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios; que el artículo 221 ibidem fue modificado por el acto legislativo 02 del 1° de diciembre de 1995, pero el artículo 2° del decreto 2423 de 2001 no sufrió mengua alguna, pues la clasificación que en él se hace se somete enteramente a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución, norma que estipula quiénes son servidores públicos, de la cual no puede desprenderse una diferencia en relación con los miembros de las Fuerzas Militares.

Sostiene que no hay norma constitucional que clasifique separadamente a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Fuerza Pública, como servidores públicos especiales.

Agrega que el acto acusado es una referencia legal que abarca tanto el mandato como los destinatarios, en el que se señala que son empleados públicos desde el Director Operativo, pasando por Magistrados, Fiscales, auxiliares y Auditores, hasta los 263 Secretarios y propiamente éstos no son empleados o funcionarios con jurisdicción.

Afirma que el acto legislativo 02 de 1995 que modificó el artículo 221 de la Carta enseña claramente y de manera contundente, que el juzgamiento de estos servidores públicos se someterá a especiales reglas, una de las cuales tiene que ver con el personal que tenga que desarrollar esa misión, es decir militares o exmilitares, sin que por ello dejen de ser servidores públicos y particularmente empleados públicos.

CONSIDERACIONES

La censura de la parte actora contra el Decreto 2423 de 15 de noviembre de 2001 se fundamenta en la violación del artículo 6º Superior, por extralimitación de las funciones, por estimar que otorga categoría de empleados públicos a los miembros de la fuerza pública en servicio activo, sin tener tal calidad y al quebranto del artículo 121 de la Constitución Política, 215 del Código Penal Militar, 2º del Decreto Ley 1790 de 2000 y 1º del Decreto Ley 1791 del mismo año; arguye que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas de las atribuidas constitucional y legalmente. Sustenta su reproche en la consagración constitucional y legal del conocimiento de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo a cargo de las Cortes Marciales y Tribunales Militares, cuyos miembros han de ser integrantes de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

El Decreto demandado estableció la planta de personal de "empleados públicos de la Justicia Penal Militar del Ministerio de Defensa Nacional"; en el artículo 1º suprimió "la planta de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Justicia Penal Militar" y en el artículo 2º señaló la conformación de "la planta de Empleados Públicos del Ministerio de Defensa Nacional al servicio de la Justicia Penal Militar".

En primer lugar, ha de señalarse que la Constitución Política instituyó la justicia penal militar dentro de la Rama Ejecutiva del poder público y por ello se halla regulada en el Título VII "De la Rama Ejecutiva" - Capítulo VII "De la Fuerza Pública". Ello evidencia que no forma parte de la Rama Judicial, como bien lo señaló la Corte Constitucional al declarar inexequible el artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia - literal f) que consagraba a la jurisdicción penal militar como parte integrante de la Rama Judicial. (sent. C - 07/96)

El artículo 221, modificado por el Acto Legislativo No 02 de 1995 - art. 1º -, prevé un fuero especial para los miembros de la fuerza pública frente al conocimiento de los delitos cometidos en servicio activo y en relación con éste, cuyo conocimiento radicó en cabeza de las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Dispuso que su conformación estaría dada por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.

La Corte Constitucional en sentencias C- 473/99 y C-676/01 se pronunció sobre el tema, en los siguientes términos:

"3.3. Así mismo, la Corte encuentra que el artículo 323 no viola los artículos 25 y 53 de la Carta Política, puesto que esta disposición no restringe la posibilidad de que el personal civil pueda acceder, en igualdad de oportunidades a cargos en la jurisdicción militar, ya que la limitación que establece la reforma efectuada al artículo 221 constitucional, se refiere única y exclusivamente a la conformación de los tribunales militares y las cortes marciales, los cuales obligatoriamente deben estar integrados por personal de la Fuerza Pública en servicio activo o retiro. Es decir, los civiles pueden acceder a los diferentes cargos existentes en dicha jurisdicción, con excepción de aquellos que integran dichos tribunales y cortes".

"La Justicia Penal Militar constituye una excepción a la regla general que otorga la competencia del juzgamiento de los delitos a la jurisdicción ordinaria. Este tratamiento particular, que se despliega tanto a nivel sustancial como procedimental, encuentra justificación en el hecho de que las conductas ilícitas sometidas a su consideración están estrechamente vinculadas con el manejo de la fuerza; y a que los sujetos activos que incurren en ellas están subordinados a reglas de comportamiento extrañas a las de la vida civil, todo lo cual marca una abierta incompatibilidad con el sistema punitivo a cargo de la jurisdicción ordinaria".

El Código Penal Militar en el Título Tercero - arts. 234 y siguientes "DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA", atribuye competencia a la Corte Suprema de Justicia en casación, en acción de revisión, en única para los procesos penales contra altos militares, en la segunda instancia de los procesos que falle el Tribunal Superior Militar y para la consulta; así mismo regula este ordenamiento la competencia del Tribunal Superior Militar, de la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares; de los Juzgados de Primera Instancia para cada una de las Fuerzas y la Policía Nacional; por último, se refiere a los Juzgados de Comando Unificado, Fiscales Penales Militares, Funcionarios de Instrucción y Auditores de Guerra.

Como puede observarse varios son los cargos que conforman la estructura de la Justicia Penal Militar y, como lo señaló la Corte Constitucional, no podría predicarse de todos ellos la entidad de miembro de la Fuerza Pública en servicio activo o retiro, pues la Constitución solo se refirió a las cortes marciales o tribunales militares, lo que evidencia que en efecto existe personal civil desempeñándose dentro de la Justicia Penal Militar.

Pero además, para la Sala no es atendible el reparo que hace la demandante en el sentido de que la locución "empleado público" incluye a todo el personal a que hizo referencia el Decreto cuestionado en la categoría de personal civil. Errada resulta tal aseveración si se consulta su génesis y desarrollo, que hunde sus raíces en la prestación de los servicios que los ciudadanos realizan al Estado bajo la connotación de subsumirse dentro de una relación legal y reglamentaria que involucra la asunción de específicos deberes señalados en normas legales. Por ello el artículo 122 Superior consagra el imperativo que alude a que "No habrá empleo que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente ..."

La noción de empleo público está imperiosamente ligada al ejercicio de la función pública del Estado, siendo una de ellas la de defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, así como la de seguridad y tranquilidad ciudadanas, luego no resulta errado subsumir a quienes prestar servicio público bajo las formalidades constitucionales y legales propias del mismo, dentro de tal categorización. Se trata más bien de la locución genérica, que involucra diversos tipos de servidores, sin que su utilización signifique, como lo plantea la demandante, que se esté dando connotación de personal civil a los miembros de la fuerza pública y menos aún que se les esté introduciendo dentro del régimen de administración de personal que en forma genérica consagran las normas, pues existen carreras especiales que regulan la vinculación de determinados servidores, con el aval constitucional y legal que les es propio.

Pero aún, en el supuesto de que la Sala vislumbre inexactitud en el vocablo, ello por sí solo no tiene vocación para viciar la legalidad del Decreto acusado, pues se trata de un acto que determina la planta de personal, sin aptitud ni pretensión alguna de definir el carácter de los servidores que, como quedó dicho, corresponde a la Constitución y la ley.

En este orden, concluye la Sala que no prosperan las súplicas de la demanda y así lo declarará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

DENIÉGANSE LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.-

JAIME MORENO GARCÍA ALBERTO ARANGO MANTILLA

JESÚS MARIA LEMOS BUSTAMANTE

ANA MARGARITA OLAYA FORERO ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

ENEIDA WADNIPAR RAMOS

SECRETARIA