100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010001744SENTENCIAPRIMERA11001032400020060011200201321/11/2013SENTENCIA__PRIMERA__11001032400020060011200__2013_21/11/2013100017442013REGLAMENTACION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TECNOLOGOS EN ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRONICA Y AFINES - Competencia De acuerdo con las consideraciones precedentes, el Presidente de la República estaba facultado para expedir el Decreto núm. 3861 de 2005 acusado, por el cual se reglamentó el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, con fundamento en la atribución constitucional contenida en el artículo 189, numeral 11 y con sujeción a los artículos 13 y 14 del Título IV de la Ley 392 de 1997, relacionados con la creación y asignación de funciones de dicho Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, que fueron declarados exequibles mediante la citada sentencia C-570 de 2004 de la Corte Constitucional. Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento del acto administrativo acusado, pues así lo deja traslucir en su encabezamiento, cuando además de invocar la atribución del precitado artículo 189 constitucional, alude a su concordancia con la Ley 392 de 1997. En efecto, el Decreto acusado, al suprimir la participación del Ministerio de Educación o de su representante o delegado en la integración del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, no limita, ni restringe, ni deja sin competencia al Ejecutivo para reglamentar la materia, objeto de dicho acto administrativo demandado, pues conforme se indicó en precedencia, el Gobierno Nacional tenía competencia, por virtud de la potestad reglamentaria, que le confiere el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política. FUENTE FORMAL : CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 11 / LEY 392 DE 1997 / LEY 842 DE 2003 - ARTICULO 78 / LEY 962 DE 2005. NOTA DE RELATORIA: Alcance de la potestad reglamentaria, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de 2013, Rad. 2006-00284, MP. María Claudia Rojas Lasso. NORMA DEMANDADA: DECRETO 3861 DE 2005 (28 de octubre) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (No anulado) / RESOLUCION 189 DE 2006 (24 de enero) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (No anulado) / RESOLUCION 1076 DE 2006 (15 de marzo) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (No anulado). CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZECCEHOMO PEÑA VALENCIADecreto 3861 de 2005Identificadores10010001745true2211Versión original10001745Identificadores

Fecha Providencia

21/11/2013

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Norma demandada:  Decreto 3861 de 2005

Demandante:  ECCEHOMO PEÑA VALENCIA


REGLAMENTACION DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TECNOLOGOS EN ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRONICA Y AFINES - Competencia

De acuerdo con las consideraciones precedentes, el Presidente de la República estaba facultado para expedir el Decreto núm. 3861 de 2005 acusado, por el cual se reglamentó el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, con fundamento en la atribución constitucional contenida en el artículo 189, numeral 11 y con sujeción a los artículos 13 y 14 del Título IV de la Ley 392 de 1997, relacionados con la creación y asignación de funciones de dicho Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, que fueron declarados exequibles mediante la citada sentencia C-570 de 2004 de la Corte Constitucional. Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento del acto administrativo acusado, pues así lo deja traslucir en su encabezamiento, cuando además de invocar la atribución del precitado artículo 189 constitucional, alude a su concordancia con la Ley 392 de 1997. En efecto, el Decreto acusado, al suprimir la participación del Ministerio de Educación o de su representante o delegado en la integración del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, no limita, ni restringe, ni deja sin competencia al Ejecutivo para reglamentar la materia, objeto de dicho acto administrativo demandado, pues conforme se indicó en precedencia, el Gobierno Nacional tenía competencia, por virtud de la potestad reglamentaria, que le confiere el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 189 NUMERAL 11 / LEY 392 DE 1997 / LEY 842 DE 2003 - ARTICULO 78 / LEY 962 DE 2005.

NOTA DE RELATORIA: Alcance de la potestad reglamentaria, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de junio de 2013, Rad. 2006-00284, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 3861 DE 2005 (28 de octubre) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (No anulado) / RESOLUCION 189 DE 2006 (24 de enero) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (No anulado) / RESOLUCION 1076 DE 2006 (15 de marzo) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (No anulado).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00112-00

Actor: ECCEHOMO PEÑA VALENCIA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano ECCEHOMO PEÑA VALENCIA, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acción pública de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad del Decreto núm. 3861 de 28 de octubre de 2005, "Por el cual se reglamenta el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines", expedido por el Presidente de la República, y de las Resoluciones núms. 189 de 24 de enero de 2006, "Por la cual se fija el procedimiento para la Integración del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en electricidad, electromecánica, electrónica y afines", expedida por la Ministra de Educación Nacional y 1076 de 15 de marzo de 2006, "Por la cual se da por concluido el procedimiento dispuesto en la Resolución No. 189 de 2006 y se dictan otras disposiciones", expedida por el Viceministro de Educación Superior Encargado de las Funciones del Despacho de la Ministra de Educación Nacional.

I.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violación de los artículos 1º, 2º, 4º, 6º, 13, 29, 38, 58, 103, incisos 2º y 3º, 115 y 189, numeral 11, de la Constitución Política; 66, numerales 2 y 5, del C.C. A., la Ley 392 de 23 de julio de 1997 y la sentencia C- 570 de 8 de junio de 2004, proferida por la Corte Constitucional.

Explicó el alcance del concepto de la violación, aduciendo, en síntesis, lo siguiente:

. Con relación al Decreto núm. 3861 de 28 de octubre de 2005.

Manifestó que dicho Decreto al no ser firmado por la Ministra de Educación Nacional, sino por la Ministra de "Ecuación Nacional", cargo éste inexistente dentro de la estructura del Estado, fue expedido, en consecuencia, sin que estuviera conformado el Gobierno Nacional, de acuerdo con el artículo 115, incisos 2º y 3º, de la Constitución Política, en el sentido de que el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los Ministros y los Directores de Departamentos Administrativos y que ningún acto del Presidente tendrá valor, ni fuerza alguna, mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo.

Adujo falta de competencia del Ejecutivo para reglamentar el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, debido a que la Ley 392 de 1997, en sus artículos 13 y 14, no fijó pautas que puedan ser objeto de reglamentación y que pudieran justificar al Ejecutivo la expedición de aquél.

Explicó que el Gobierno Nacional sólo tenía competencia para reglamentar el artículo 11 de la citada Ley, referido a la obtención de la matrícula profesional de Tecnólogos, sin embargo la citada norma fue derogada por la Ley 842 de 9 de octubre de 2003.

Que en la comunicación de 6 de marzo de 2003, la Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional reconoció que la facultad del Presidente de la República únicamente radica en el artículo 11 de la Ley 392 de 1997 y que no puede entrar a reglamentar otros temas por falta de competencia.

El Decreto acusado contrarió el artículo 64 de la Ley 962 de 2005, que ordenó la supresión de la participación del Ministerio de Educación Nacional o de su representante o delegado, en el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, con fundamento en el principio de la racionalización, razón por la cual no podía el Ejecutivo modificar o reglamentar.

El Decreto demandado se encuentra falsamente motivado, en atención a que el Gobierno Nacional no señaló con exactitud los artículos que le permitían reglamentar la Ley 392 de 1997.

El citado Decreto ordenó la creación e instalación ilegal de un nuevo Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, desconociendo la existencia del Consejo Profesional anterior, que se encontraba adscrito al Ministerio del Educación Nacional.

.Con respecto a las Resoluciones núms. 189 de 24 de enero de 2006 y 1076 de 15 de marzo de 2006.

Expresó que se violaron las normas indicadas, al realizar las convocatorias para integrar el primer Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, ordenadas en dichos actos administrativos acusados, sin que los mismos fueran publicados en el Diario Oficial, razón por la cual los requisitos establecidos en las referidas convocatorias no obligaban.

Señaló, además, que los referidos actos demandados introducen el concepto de conformar, del que no se hizo referencia en el Decreto acusado, ni en la Ley 392 de 1997, pues estas normas aluden al concepto de integrar.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Nación- Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado, contestó la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de sus pretensiones, arguyendo, en esencia, lo siguiente:

Que el error de escritura al finalizar el Decreto núm. 3861 de 28 de octubre de 2005, al señalar "Ministra de Ecuación Nacional" no afecta la legalidad del acto expedido, ni constituye vicio que lo afecte.

Los Decretos son firmados por el Presidente de la República sin que anteceda el rótulo de dicho cargo y acto seguido, lo suscriben los Ministros del ramo, es decir, la Ministra de Educación Nacional.

Adujo que las Resoluciones acusadas fueron expedidas por el Ministerio de Educación Nacional con el propósito de integrar el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, con el cumplimiento de todos los presupuestos legales y fácticos, que exigían la Ley 392 de 1997 y el Decreto núm. 3861 de 2005.

Señaló que los antecedentes de la actuación surtida se remiten al artículo 78 de la Ley 842 de 2004, que derogó expresamente la Ley 392 de 1997 y que, posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia C-570 de 2004 declaró la exequibilidad del citado artículo 78, bajo el entendido de que la derogación de las normas que allí se ordenan no comprenden las relacionadas con la creación y asignación de funciones a los Consejos Profesionales existentes para especialidades de la Ingeniería y las profesiones afines y auxiliares de esa disciplina.

Que fue así como el Gobierno Nacional, mediante el Decreto acusado, reglamentó el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, en cuyos considerandos se justifican las razones de su expedición.

Con respecto al último considerando, que hace referencia al artículo 64 de la Ley 962 de 2005, que revocó la participación del Ministerio de Educación en el referido Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, expresó que ello no significa que por no ser dicho Ministerio parte del Consejo, no pueda reglamentar en este campo, con fundamento en la Ley 392 de 1997 y los Decretos que la reglamentan, atendiendo las normas que quedaron vigentes, conforme al condicionamiento que se hizo en la sentencia C-570 de 2004.

Que por tal razón, el Ministerio de Educación Nacional debidamente facultado expidió las Resoluciones núms. 189 de 24 de enero de 2006 y 1076 de 15 de marzo de 2006 acusadas, que fueron publicadas en los Diarios Oficiales núms. 46171 de 3 de febrero de 2006 y 46224 de 28 de marzo de 2006.

Sostuvo que con fundamento en la competencia otorgada por el artículo 13 del Decreto núm. 3861 de 2005, se convocó públicamente, a través del diario El Tiempo del 29 de enero de 2006, de los boletines de prensa y por la web del referido Ministerio, a las personas jurídicas que debían elegir a sus representantes.

Mencionó, así mismo, que con base en lo previsto en las referidas Resoluciones se convocó en forma participativa y democrática a las instituciones y personas, que de acuerdo con la Ley 392 de 1997 y el Decreto núm. 3861 de 2005 debían conocer el tema.

Relató que en el presente caso, la facultad del Gobierno Nacional para reglamentar, no solamente las profesiones, sino las agremiaciones que las coordinen y rijan, no puede ser objeto de discusión, por cuanto estaba haciendo uso de la potestad reglamentaria otorgada por la Constitución Política.

Agregó que al actor le asistía un interés particular en solicitar la declaratoria de la nulidad de los actos acusados, lo cual va en contravía de la naturaleza de la acción pública de nulidad, por lo cual allegó documentos recibidos por conducto del Presidente del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, en los que se informa sobre las acciones emprendidas por ese organismo para denunciar ante la Fiscalía General de la Nación a los señores David Alfonso Paéz y Antonio Alfonso Quiñones, quienes, al parecer, venían integrando dicho Consejo Profesional en la ciudad de Cúcuta, con fines netamente particulares.

Concluyó que el Decreto y las Resoluciones acusadas corresponden con las exigencias que demandan las normas superiores y, en tal sentido, no le asiste fundamento alguno al actor, razón por la cual la acción interpuesta no está llamada a prosperar.

IV-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia, lo siguiente:

Con respecto al primer cargo, señaló que la existencia de un error tipográfico en nada afecta la debida conformación del Gobierno Nacional en el asunto bajo examen, pues evidentemente debe entenderse que se hace referencia a la Ministra de Educación Nacional, que para esa época era la doctora Cecilia María Vélez White y que las Resoluciones acusadas dan cuenta que ella fue la que desempeñó el referido cargo, razón por la cual dicha censura no estaba llamada a prosperar.

Con relación al cargo de falta de competencia del Gobierno Nacional para reglamentar la Ley 392 de 1997, trajo a colación la sentencia de 24 de marzo de 2011 de la Sección Tercera (Expediente con radicación núm. 1100103260002009000035-00, referencia núm. 36601, Magistrado ponente doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), acerca de la naturaleza y los límites de la potestad reglamentaria del Gobierno, para señalar que el Gobierno Nacional sí tiene facultad para reglamentar la Ley 392 de 1997, específicamente, en virtud de la sentencia C-570 de 2004 que dejó vigente en el ordenamiento los artículos del Título IV de dicha Ley, relacionados con la creación y asignación de funciones del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, y, de manera general, por virtud del artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, norma de la cual se deriva dicha facultad.

Frente a la violación de la Ley 962 de 2005, que modificó la Ley 392 de 1997, anotó que no existe un cargo preciso relacionado con este hecho y que ante la vaguedad del mismo, no se podía pronunciar al respecto.

Sobre el cargo relacionado con la convocatoria de un nuevo Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, que desconoció la existencia de uno anterior, manifestó que dentro del expediente reposan documentos que dan cuenta de la existencia de dicho Consejo, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 392 de 1997, pero que ese hecho no tiene relación alguna con la posibilidad que tiene el Ejecutivo de ejercer su poder reglamentario, indispensable para la debida ejecución de la ley, ni sobre la forma en que se ejerció el mismo, por lo que desestimó dicho cargo.

En relación con la censura hecha a las Resoluciones acusadas, anotó que frente a las irregularidades que puedan presentarse en la publicación (actos generales) y en la notificación (actos particulares) de los actos administrativos, la Sección Segunda, Subsección "A", del Consejo de Estado, en sentencia de 14 de abril de 2002 (Radicación núm. 76001-23-31-000-2000-02589-01 (1879-04), Consejera ponente doctora Ana Margarita Olaya Forero), expresó que dichas irregularidades conducen "a la ineficacia del acto y no a su nulidad, por la obvia razón de que sus efectos sólo podrían considerarse una vez se de a conocer a los particulares. Sin embargo, por ese hecho el acto no es nulo, aunque sí inoponible".

Que en reciente pronunciamiento, la Sección Primera en sentencia de 18 de noviembre de 2010 (Radicación núm. 44001-23-31-000-2001-00341-01, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso) consideró que "la publicación de los actos administrativos, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional, es presupuesto para la eficacia del acto y no presupuesto de su existencia o validez; la falta de publicación impide su oponibilidad frente a los administrados. El acto administrativo existe, es válido, goza de presunción de legalidad y obliga a la administración desde cuando se suscribe, aún si no se publica."

Con fundamento en los citados antecedentes jurisprudenciales, también desestimó este cargo.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Corresponde a la Sala analizar si el Decreto núm. 3861 de 28 de octubre de 2005 y las Resoluciones núms. 189 de 24 de enero de 2006 y 1076 de 15 de marzo de 2006 violan las normas superiores que la parte actora considera transgredidas.

El primero de los mencionados actos administrativos acusados, es del siguiente tenor:

"DECRETO 3861 DE 2005

(28 octubre)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Por el cual se reglamenta el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En ejercicio de las facultades previstas en el ordinal 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en concordancia con la Ley 392 de 1997, y

CONSIDERANDO:


Que la Ley 392 de 1997 creó el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines.

Que el artículo 78 de la Ley 842 de 2004 derogó expresamente la Ley 392 de 1997, pero la Corte Constitucional en Sentencia C-570 del año 2004, declaró la exequibilidad del artículo 78 citado "en el entendido de que la derogación de normas que allí se ordena no comprende las relacionadas con la creación y asignación de funciones a los Consejos Profesionales existentes para especialidades de la ingeniería y las profesiones afines y auxiliares de esa disciplina".

Que como consecuencia de lo anterior, el Título IV de la Ley 392 de 1997, el cual dispuso la creación y funciones del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, no fue objeto de derogatoria por el artículo 78 de la Ley 842 de 2004.

Que el artículo 12 de la Ley 392 de 1997, el cual hace parte del Título IV de dicha ley, señaló que "La inspección y vigilancia de estas profesiones, estará a cargo del Consejo Profesional Nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional".

Que el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines no ha sido objeto de reglamentación por lo que se hace necesario hacerlo para dar eficacia a la ley de su creación.

Que la Ley 962 de 2005, artículo 64, modificó el artículo 13 del Título IV de la Ley 392 de 1997, que señala la integración del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, suprimiendo la participación del Ministro de Educación Nacional, o de su representante o delegado en dicho Consejo.

DECRETA:


ARTÍCULO 1o. El Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 392 de 1997 y el artículo 64 de la Ley 962 de 2005 estará integrado por:

1. Un representante de las universidades e instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e institutos tecnológicos privados u oficiales que tengan programas en tecnología de las áreas señaladas en la Ley 392 de 1997.

2. Un representante de la Asociación de Ingenieros Electrónicos, Eléctricos y Afines, ACIEM.

3. Dos representantes de las asociaciones de tecnólogos de las áreas de que trata la Ley 392 de 1997.

ARTÍCULO 2o. La elección de los miembros del Consejo determinados en el artículo anterior se realizará de la siguiente forma:

a) Para la elección del representante de las universidades e instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e institutos tecnológicos privados u oficiales que tengan programas en tecnología en las áreas señaladas en la Ley 392 de 1997, podrán postularse todas aquellas personas que sean tituladas de alguno de dichos programas, que cuenten con el aval de por lo menos cinco (5) rectores de las instituciones de educación superior señaladas aquí. Recibidas las postulaciones, los rectores de dichas instituciones de educación superior elegirán al representante por mayoría simple, en votación que podrá realizarse por medios electrónicos.

b) Para la elección del representante de las asociaciones de tecnólogos de estas áreas, se podrán postular todas las personas que pertenezcan a alguna de dichas asociaciones y cuenten con el aval de por lo menos tres (3) de ellas. Efectuadas las postulaciones, los representantes legales de todas las asociaciones elegirán al representante por mayoría simple, en votación que podrá realizarse por medios electrónicos.

c) La Asociación de Ingenieros Electrónicos, Eléctricos y Afines, ACIEM, designará directamente a su representante conforme a sus estatutos, comunicando tal decisión por escrito al Presidente del Consejo.

PARÁGRAFO PRIMERO: El señalamiento de los requisitos y forma en que deben hacerse las postulaciones, los plazos, fechas y demás aspectos atinentes a las elecciones de los representantes de que tratan los literales a) y b) de este artículo serán determinados en el reglamento interno del Consejo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las postulaciones para representantes de los literales a) y b) deberán hacerse con principal y suplente. El suplente reemplazará al principal en caso de falta absoluta o temporal. En el primer caso el reemplazo será efectivo hasta la culminación del respectivo período.

ARTÍCULO 3o. Los miembros del Consejo tendrán un período de dos (2) años con posibilidad de reelección por una sola vez y elegirán dentro de su seno a un Presidente y a un Secretario quienes ejercerán las funciones que se determinarán más adelante.

ARTÍCULO 4o. El domicilio del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines es la ciudad de Bogotá, D.C., Existirán Consejos Seccionales de conformidad con lo que más adelante se establece en este decreto.

ARTÍCULO 5o. El Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines se reunirá ordinariamente cada trimestre del año para el desarrollo de sus funciones. Se reunirá de manera extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente o por mínimo dos (2) de sus miembros. En estas reuniones se trataran exclusivamente los temas indicados en la convocatoria.

El reglamento interno del Consejo determinará su quórum deliberatorio y decisorio y demás aspectos relacionados con sus reuniones y operación.

ARTÍCULO 6o. El Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en electricidad, electromecánica, electrónica y Afines, para su funcionamiento interno tendrá un Presidente y un Secretario con sus respectivos suplentes los cuales serán elegidos en la forma como se determine en el reglamento interno.

ARTÍCULO 7o. Son funciones del Presidente del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, además de las que se fijen en el reglamento interno, las siguientes:

1. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo.

2. Autorizar con su firma todos los acuerdos y documentos del Consejo.

3. Realizar la convocatoria a elecciones de los miembros de acuerdo con el reglamento interno.

4. Presentar los informes que haya lugar.

5. Proponer al Consejo los proyectos que estime convenientes para el mejor funcionamiento, el logro de los objetivos y el cumplimiento de la ley.

6. Mantener comunicación con los demás miembros del Consejo, con entidades similares y en general con aquellas instituciones con las cuales se tengan intereses comunes.

ARTÍCULO 8o. Son funciones del Secretario, además de las que establezca el reglamento interno, las siguientes:

1. Coordinar la realización de las sesiones del Consejo y levantar las actas de cada sesión.

2. Elaborar conjuntamente con el Presidente, el orden del día para cada sesión y hacerlo conocer de los demás miembros con una anticipación de por lo menos ocho (8) días hábiles.

3. Notificar las decisiones del Consejo, en especial las relativas al otorgamiento o negación de la matrícula profesional y cualquier otra que defina una situación jurídica particular y concreta.

4. Llevar debidamente el registro de matrícula profesional de tecnólogos en las áreas correspondientes.

5. Refrendar con su firma todos los acuerdos, actas e informes del Consejo.

6. Expedir los certificados de vigencia de la matrícula profesional que se le soliciten.

ARTÍCULO 9o. El Consejo Profesional Nacional y los consejos seccionales autorizados de acuerdo con este decreto, otorgarán, por medio de acuerdo, la matrícula profesional a los tecnólogos que cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener título de Tecnólogo en las áreas de que trata la Ley 392 de 1997, expedido por una institución de educación superior que estuviere debidamente autorizada por la autoridad estatal competente para el ofrecimiento de los programas respectivos de acuerdo con la normatividad legal vigente al tiempo del otorgamiento del título;

b) Tener título de Tecnólogo o de una denominación equivalente en las áreas señaladas en la Ley 392 de 1997, expedido por instituciones de educación superior extranjeras y que se encuentre debidamente convalidado por el Ministerio de Educación Nacional o quien haga sus veces.

PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento y trámite para la obtención de la matrícula profesional será determinado en el reglamento interno del Consejo. Una vez en firme el acuerdo que otorgue la matrícula profesional se procederá a inscribir al titular en el Registro Nacional de Tecnólogos.

PARÁGRAFO SEGUNDO:No habrá lugar a la expedición de Tarjeta Profesional. El Consejo expedirá el certificado de vigencia de la matrícula a los interesados.

ARTÍCULO 10. El Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines podrá autorizar la apertura de Consejos Seccionales en caso de solicitud expresa de los departamentos. Para el efecto, el departamento respectivo deberá demostrar que en su jurisdicción existen instituciones de educación superior con programas con registro calificado en las áreas señaladas en la Ley 392 de 1997. El reglamento interno del Consejo Profesional Nacional determinará el procedimiento y trámite de las solicitudes de apertura de los Consejos Seccionales, requisitos, y demás aspectos de su creación.

ARTÍCULO 11. Los Consejos Seccionales autorizados según el artículo anterior, tendrán las mismas funciones que el Consejo Profesional Nacional señaladas en la Ley 392 de 1997, salvo la primera, pero los acuerdos que otorguen la matrícula profesional deberán ser confirmados por el Consejo Profesional Nacional de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 16 de la Ley 392 de 1997. Una vez en firme el acuerdo que otorgue la matrícula profesional, el Consejo Seccional remitirá lo pertinente al Consejo Profesional Nacional para que este proceda a inscribir al titular en el Registro Nacional de Tecnólogos. Los Consejos Seccionales no pueden expedir tarjetas profesionales. Se aplicará lo previsto en el parágrafo 2o del artículo 9o de este decreto. El reglamento interno del Consejo Profesional Nacional reglamentará los procedimientos y procesos que deban llevarse a cabo en el otorgamiento de las matrículas profesionales de los Consejos Seccionales.

ARTÍCULO 12. El ejercicio de las responsabilidades asignadas a los miembros del Consejo Profesional Nacional y de los miembros de los Consejos Seccionales será ad honórem.

ARTÍCULO 13.DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Para efectos de la integración por primera vez del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, de conformidad con lo establecido en los artículos 1o y 2o de este decreto, el Ministerio de Educación Nacional recibirá las postulaciones, verificará los requisitos correspondientes, establecerá las fechas, plazos, y demás aspectos concernientes al trámite de la elección de los dignatarios que representarán las instituciones de educación superior y las asociaciones de tecnólogos en estas áreas.

El Ministerio de Educación Nacional deberá comenzar el respectivo proceso de integración en un plazo no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto y concluirlo dentro de los dos (2) meses siguientes.

El Ministerio de Educación Nacional podrá otorgar las matrículas de carácter provisional, a través de la dependencia que para el efecto determine, hasta la fecha en que se instale el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines.

ARTÍCULO 14. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial los Decretos 4235 y 3755 de 2004.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 28 de octubre de 2005.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

La Ministra de Ecuación Nacional,

CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE."

Debe la Sala señalar, de manera preliminar, que el análisis que habrá de realizar se circunscribirá a los cargos de violación formulados en la demanda, mas no si el Decreto acusado es violatorio de la sentencia C-570 de 8 de junio de 2004 proferida por la Corte Constitucional, dado que por mandato constitucional y legal al Consejo de Estado le corresponde el control de legalidad de los actos administrativos y el de constitucionalidad de los Decretos del Gobierno Nacional, en este caso en los eventos excepcionales previstos en la cláusula general y residual de competencia consagrada en el artículo 237, numeral 2, de la Constitución Política.

Al efecto, resulta pertinente para la Sala traer a colación la sentencia de 19 de agosto de 2010, (Expediente núm. 11001-03-24-000-2004-00115-01, actor: Yesid Hernando Camacho Jiménez y Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social- Subdirectiva SINDESS Manizales, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont), en la cual se dijo:

"… De acuerdo con lo que se establece en el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, los fallos definitivos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares respecto de lo que allí se decida. No obstante, la jurisprudencia de dicha Corporación constituye apenas un criterio auxiliar de interpretación para los jueces y demás operadores jurídicos que tengan a su cargo la función de aplicar el derecho, en lo que tiene que ver con el significado, sentido y alcance de los preceptos de carácter superior a los cuales se refieren tales decisiones.

Así las cosas, ha de entenderse que en los contenciosos de simple nulidad o en los de nulidad y restablecimiento del derecho, el examen de legalidad de las normas acusadas deberá realizarse frente a una norma de carácter superior mas no frente a una providencia proferida por la Corte Constitucional.Alfin y al cabo, el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia es claro al disponer que "Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley", a lo cual añade que "La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial."

En ese orden de ideas, la Sala considera oportuno reiterar el criterio que aparece consignado en su sentencia del 8 de noviembre de 2002, Exp. 25000-23-24-000-1998-1089-01(5618), Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, en la cual expresó que "[…] las sentencias pueden ser objeto de desacato más no de violación". Como consecuencia de lo anterior, la ratio decidendi de la sentencia C-094 de 2003 proferida por la H. Corte Constitucional, apenas podrá ser tenida en cuenta como criterio auxiliar de interpretación de lo dispuesto en las normas constitucionales en ella mencionadas, siempre que sean las mismas que a juicio del actor resultaron trasgredidas con la expedición del Decreto 536 de 24 de febrero de 2004, pero por las razones expuestas, no podrá la Sala enjuiciar el acto demandado a partir de las contradicciones reales o aparentes que puedan existir entre los artículos 1°, 2°, y 4° del Decreto y los fundamentos consignados en dicha decisión judicial..." (Las negrillas y subrayas fuera de texto)

Hecha la precisión anterior, procede la Sala a analizar las censuras de la siguiente manera:

El primer cargo, está referido a que el Decreto núm. 3861 de 28 de octubre de 2005 fue expedido sin que estuviera conformado el Gobierno Nacional, de acuerdo con el artículo 115, incisos 2º y 3º de la Constitución Política, pues dicho Decreto no fue firmado por la Ministra de Educación Nacional, sino por la Ministra de Ecuación Nacional, cargo inexistente dentro de la estructura del Estado, conforme al citado precepto superior.

Para la Sala, esta censura es totalmente infundada y debe rechazarse prima facie, pues el Decreto Reglamentario acusado, como todos los actos que expide el Presidente de la República relacionadas con el Gobierno Nacional, en su encabezamiento identifica como autoridad que lo expide al Presidente de la República de Colombia en la tríptica condición que le asigna el artículo 115 de la Constitución Política de Jefe del Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, y al final del mismo, después de la formalidad de "PUBLÍCASE Y CÚMPLASE" aparece la firma de éste y seguidamente la del Ministro o Ministros, que conforman el Gobierno Nacional, por guardar relación con las funciones públicas que tiene o tienen asignadas.

En el caso sub examine, se incurrió en un evidente e incuestionable error de escritura, pues se identificó como Ministra de "Ecuación" Nacional a Cecilia Vélez White, quien para la fecha de la suscripción del Decreto demandado, el 28 de octubre de 2005, era la Ministra de Educación Nacional, mas no de "Ecuación" Nacional, como tendenciosa y maliciosamente lo pretende interpretar el actor, so pretexto de establecer una amañada violación del artículo 115 de la Constitución Política.

Atribuirle a un error de escritura la connotación de inexistencia del cargo en el Estado y la violación del citado precepto constitucional, invocada por el actor, sólo puede entenderse como un abuso del derecho constitucional fundamental de acceso a la Administración de Justicia, conforme a los artículos 95, ordinal 1º, y 229 de la Constitución Política.

El segundo cargo, es el relativo a la falta de competencia del Ejecutivo para reglamentar el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, debido a que Ley 392 de 1997, en sus artículos 13 y 14, no fijó pautas que puedan ser objeto de reglamentación y que pudieran dar origen al Ejecutivo de hacerlo.

Este cargo no está llamado a prosperar, por las siguientes razones:

En primer lugar, del texto del Decreto acusado se deprende que éste fue expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar la Ley 392 de 1997, en ejercicio de la atribución que le ha conferido el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política, en orden a garantizar el cumplimiento y ejecución de dicha Ley.

Sobre el alcance de la potestad reglamentaria, esta Sección en sentencia de 6 de junio de 2013 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2006-00284-00, actor: Luis Jaime Salgar Vegalara, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), dijo lo siguiente:

"…Constitucionalmente la potestad reglamentaria pertenece al Presidente de la República (Artículo 189 (11) Superior), quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante la expedición de decretos, resoluciones y órdenes; actos que de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 Superior, revisten una forma especial, en la medida en que deben contar con la firma del Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo, quienes por ese hecho se hacen responsables.

El ejercicio de la potestad reglamentaria tiene por objeto dictar las normas complementarias necesarias para la cumplida ejecución de una regulación. Por ello, el acto reglamentario es un acto complementario de la regulación y no una creación originaria como ésta.

Así, en sentencia de febrero 8 de 2000[1], la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre esta temática, puntualizó:

"El poder reglamentario lo otorga directamente la Constitución al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, con la finalidad de que expida normas de carácter general para la correcta ejecución de la ley. Por ser una atribución propia que le confiere la Carta Política, no requiere de una norma legal que expresamente la conceda y se caracteriza además por ser atribución inalienable, intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se halla limitado por la Constitución y la ley, ya que al ejercerla el Presidente de la República no puede alterar o modificar la ley que reglamenta.

Los límites de la potestad reglamentaria están señalados en cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su cumplimiento, nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta aplicación habrá lugar a proveer a la regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros términos, tanta será la materia reglamentable cuanta determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley..." Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Y, en Sentencia de octubre 26 de 1999[2], la Sala Plena del H. Consejo de Estado, acerca del alcance de la potestad reglamentaria, dijo:

"(…) Los límites de la potestad reglamentaria están señalados en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su ejecución nada habrá de agregársele y, por consiguiente, no habrá oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesarios para su correcta aplicación hay lugar a proveer a la regulación de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otros términos, tanta será la materia reglamentable cuanta determine la necesidad de dar cumplimiento a la ley. El reglamento desarrolla y complementa la ley reglamentada, con el objeto de asegurar su ejecución. La potestad reglamentaria de las leyes está referida a cualesquiera leyes, sin distinciones, que no las establece la norma constitucional". Ahora bien, la potestad de reglamentar la ley no puede confundirse con la facultad de expedir actos administrativos de carácter general. Es así que, según lo expuesto, en ejercicio de la potestad reglamentaria se expiden decretos, resoluciones y órdenes necesarios para que la ley pueda ser ejecutada, en tanto que mediante los actos que se expidan en ejercicio de la facultad de dictar actos de carácter general se ejecuta la ley. Además, la potestad de reglamentar la ley es atribución del Presidente de la República, según lo establecido en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución, en tanto que de la facultad de expedir actos administrativos de carácter general están investidas muchas autoridades..." (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

De tal manera que, al hacerse uso de tales potestades, el Ejecutivo debe inspirarse en el propósito de desarrollar, aclarar, complementar y hacer mucho más explícita la norma de carácter legislativo que le sirve de sustento, en orden a facilitar y asegurar su ejecución y correcto cumplimiento.

En desarrollo de tales funciones, el Presidente de la República dictó el Decreto núm. 3861 de 28 de octubre de 2005 acusado, con el objeto de desarrollar reglamentariamente el Consejo Profesional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, que fue creado a través de la Ley 392 de 23 de julio de 1997.

La Ley 392 de 23 de julio de 1997, en su título IV, prevé:

"LEY 392 DE 1997

(julio 23)

Diario Oficial No. 43.093, de 28 de julio de 1997

Por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Tecnólogo en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

(…)

TITULO IV.

DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TECNOLOGOS

EN ELECTRICIDAD, ELECTROMECANICA, ELECTRONICA Y AFINES

ARTICULO 12. La inspección y vigilancia de estas profesiones, estará a cargo del Consejo Profesional Nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

ARTICULO 13. El Consejo Profesional Nacional estará integrado así:

a) Un (1) representante del Ministerio de Educación;

b) Un (1) representante de las universidades e instituciones universitarias o escuelas tecnológicas e institutos tecnológicos privados;

c) Un (1) representante de Aciem (Asociación de Ingenieros Electrónicos, Eléctricos y Afines);

d) Dos (2) representantes de las Asociaciones de Tecnólogos de esta área.

PARAGRAFO. El representante de la universidad, institución universitaria, escuela tecnológica o instituto tecnológico sea oficial o privado, deberá ser egresado de una institución que contenga programas en tecnología a la cual se refiere la presente ley.

ARTICULO 14. El Consejo Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, tendrá las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de la presente ley y de las normas reglamentarias posteriores;

b) Llevar el Registro Nacional de los Tecnólogos con matrícula profesional;

c) Expedir permisos provisionales para el ejercicio de la profesión a la que se refiere esta ley, a personal extranjero que por algún motivo requiera desarrollar labores en nuestro país;

d) Promover la expedición de normas sobre ética de las profesiones referidas en esta ley, dentro de los noventa (90) días después de sancionada la ley;

e) Promover y patrocinar los congresos y seminarios con la finalidad de elevar el nivel científico;

f) Otorgar las matrículas profesionales a los tecnólogos que trata esta ley;

g) Expedir su propio reglamento interno de funcionamiento..."

La citada Ley fue derogada por el artículo 78 de la Ley 842 de 9 de octubre de 2003, "Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Etica Profesional y se dictan otras disposiciones", que es del siguiente tenor:

"ARTÍCULO 78. VIGENCIA.La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Ley 20 de 1971, la Ley 14 de 1975, la Ley 64 de 1978, la Ley 28 de 1989, la Ley 33 de 1989, la Ley 211 de 1995, Ley392de 1997 y sus normas reglamentariasnone y la Ley 435 de 1998 en cuanto al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería se refiera." (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Mediante la sentencia C-570 de 8 de junio de 2004 (Magistrado ponente doctor Manuel José Cepeda Espinosa), la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 78 de la Ley 842 de 2003 "...en el entendido de que la derogación de normas que allí se ordena no comprende las relacionadas con la creación y asignación de funciones a los Consejos Profesionales existentes para especialidades de la ingeniería y las profesiones afines y auxiliares de esa disciplina". (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Como consecuencia del citado precedente jurisprudencial, los artículos 13 y 14 del Título IV de la Ley 392 de 1997, que dispusieron acerca de la creación y las funciones del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, no fueron objeto de derogatoria por el artículo 78 de la Ley 842 de 2004.

Posteriormente, la Ley 962 de 8 de julio de 2005, publicada en el Diario Oficial No. 46.023 de 6 de septiembre de 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos",en su artículo 64, modificó el Título IV de la Ley 392 de 1997, así:

"ARTÍCULO 64. RACIONALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN O SU REPRESENTANTE O DELEGADO, EN JUNTAS Y CONSEJOS. A partir de la vigencia de la presente ley, suprímase la participación del Ministro de Educación Nacional, o de su representante o delegado, en las siguientes juntas y consejos:

Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas.

Comisión Profesional Colombiana Diseño Industrial.

Consejo Profesional de Biología.

Consejo Asesor Profesional del Artista.

Consejo de Ingeniería Naval y Afines.

Consejo Nacional de Técnicos Electricistas.

Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines.

Consejo Nacional de Bibliotecología.

Consejo Nacional Profesional de Economía.

Consejo Profesional de Administración de Empresas Nacional de Trabajo Social.

Consejo Profesional de Ingeniería de Transporte y Vías de Colombia…"

De acuerdo con las consideraciones precedentes, el Presidente de la República estaba facultado para expedir el Decreto núm. 3861 de 2005 acusado, por el cual se reglamentó el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, con fundamento en la atribución constitucional contenida en el artículo 189, numeral 11 y con sujeción a los artículos 13 y 14 del Título IV de la Ley 392 de 1997, relacionados con la creación y asignación de funciones de dicho Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, que fueron declarados exequibles mediante la citada sentencia C-570 de 2004 de la Corte Constitucional. Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento del acto administrativo acusado, pues así lo deja traslucir en su encabezamiento, cuando además de invocar la atribución del precitado artículo 189 constitucional, alude a su concordancia con la Ley 392 de 1997.

De ahí que no le asista razón al actor cuando sostiene que el Gobierno Nacional sólo tenía competencia para reglamentar el artículo 11 de la citada Ley 392 de 1997, referente a la obtención de la matrícula profesional de los Tecnólogos, que, posteriormente, fue derogado por la Ley 842 de 9 de octubre de 2003.

En lo concerniente al argumento del recurrente, en el sentido de que a través de la comunicación con radicado núm. 122-774 de 6 de marzo de 2003, la doctora María Teresa Pardo Plata, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional reconoció que la facultad del Presidente de la República únicamente radica en el señalado artículo 11 de la Ley 392 de 1997 y que no puede entrar a reglamentar otros temas por falta de competencia, la Sala debe precisar que dicha comunicación constituye la respuesta al derecho de petición, en la modalidad de formulación de consulta, presentada por el señor David Alfonso Páez Ortíz, Presidente del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, y como tal, no es de obligatorio cumplimiento, conforme a lo preceptuado en el último inciso del artículo 25 del C.C.A. En consecuencia, por tener dicha característica no tiene la calidad de acto administrativo.

El tercer cargo, se refiere a la violación del artículo 64 de la Ley 962 de 2005, que ordenó la supresión de la participación del Ministerio de Educación Nacional o de su representante o delegado, en el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, con fundamento en el principio de la racionalización, razón por la cual, a su juicio, no le atribuye al Ejecutivo competencia para modificar o reglamentar.

Estima la Sala que el cargo en estudio tampoco tiene vocación de prosperidad.

En efecto, el Decreto acusado, al suprimir la participación del Ministerio de Educación o de su representante o delegado en la integración del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, no limita, ni restringe, ni deja sin competencia al Ejecutivo para reglamentar la materia, objeto de dicho acto administrativo demandado, pues conforme se indicó en precedencia, el Gobierno Nacional tenía competencia, por virtud de la potestad reglamentaria, que le confiere el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política.

Por el contrario, el referido acto administrativo, lejos de contrariar el artículo 64 de la Ley 962 de 2005, lo ratifica y lo aclara, en orden a permitir la cumplida ejecución del mismo, al precisar la forma como debe estar integrado el mencionado Consejo Profesional, después de la modificación que se hizo a través de dicha disposición, vale decir, la de suprimir la participación del Ministerio de Educación.

El cuarto cargo es el concerniente a la falsa motivación del Decreto demandado, en atención a que el Gobierno Nacional no señaló con exactitud las disposiciones que permitían reglamentar la Ley 392 de 1997.

La Sala estima que este cargo no está llamado a prosperar, habida cuenta de que, como se puso de presente en las consideraciones antes expuestas, el Decreto demandado fue expedido para reglamentar el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, con fundamento en la atribución constitucional contenida en el artículo 189, numeral 11 y con sujeción a los artículos 13 y 14 del Título IV de la Ley 392 de 1997, relacionados con la creación y asignación de funciones de dicho Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, que fueron declarados exequibles mediante la citada sentencia C-570 de 2004 de la Corte Constitucional, es decir, con claro respaldo constitucional y legal, razón por la cual se descarta la falsa motivación del citado acto administrativo.

El quinto cargo, relacionado con la creación e instalación ilegal de un nuevo Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, desconociendo así la existencia del Consejo Profesional anterior, que se encontraba adscrito al Ministerio del Educación Nacional, debe despacharse desfavorablemente.

Sobre el particular, advierte la Sala, como se ha puntualizado precedentemente, que si la sentencia C- 570 de 8 de junio de 2004 de la Corte Constitucional declaró condicionadamente exequible el artículo 78 de la Ley 842 de 2003 "... en el entendido de que la derogación de normas que allí se ordena no comprende las relacionadas con la creación y asignación de funciones a los Consejos Profesionales existentes para especialidades de la ingeniería y las profesiones afines y auxiliares de esa disciplina", es evidente que se requería la expedición de una norma reglamentaria, como es el Decreto acusado, que aclarara e hiciera explícita la forma como debía estar integrado el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines, en orden a garantizar la cumplida ejecución del artículo 13 de la Ley 392 de 1997.

Ahora bien, el demandante solicita también la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 189 de 24 de enero de 2006 y 1076 de 15 de marzo de 2006, por considerar que a través de las mismas se realizaron convocatorias para integrar el primer Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos, sin que aquellas fueran publicadas en el Diario Oficial, razón por la cual los requisitos establecidos en las referidas convocatorias no obligaban.

Observa la Sala que, aún cuando en el expediente no obran los diarios oficiales en que se publicaron las citadas Resoluciones, se procedió a revisar las publicaciones del Diario Oficial y se estableció que la Resolución núm. 189 de 24 de enero de 2006 se efectuó en el Diario Oficial núm. 46.171 de 3 de febrero de 2006 y la de la Resolución núm. 1076 de 15 de marzo de 2006 en el Diario Oficial núm. 46.224 de 28 de marzo de 2006.

Además, conforme al artículo primero de la Resolución núm. 189 de 2006, la convocatoria para la conformación del Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines, se realizó el 29 de enero de 2006, en un periódico del amplia circulación nacional, vale decir, El Tiempo (folios 21-24) y de acuerdo con el artículo segundo de la Resolución núm. 1076 de 15 de marzo de 2006, la referida convocatoria se efectuó el 21 de marzo de 2006 en la página Web del Ministerio de Educación Nacional.

A este respecto conviene precisar que si bien es cierto que las Resoluciones acusadas se publicaron con posterioridad a las convocatorias, ordenadas mediante dichos actos, el requisito de la publicación de los actos administrativos de carácter general no es causal de nulidad, sino un requisito para su eficacia y oponibilidad, conforme lo ha señalado reiteradamente la Jurisprudencia de la Corporación.

En un asunto similar, la Sección Primera, en sentencia de 8 de agosto de 2011 (Expediente núm. 11001-03-24-000-2004-00344-01, Actor: José Cipriano León Castañeda, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), expresó:

"… Para el actor, el acto acusado es nulo toda vez que éste no fue publicado en el Diario Oficial y por lo tanto, no genera obligaciones frente a terceros.

La Sala encuentra que de acuerdo con lo expuesto en el Oficio 11707 (fl. 54 cuaderno principal) de la Oficina de Atención al Usuario Quejas y Reclamos del ICETEX, es cierto que la Resolución 600 de 4 de septiembre de 1998, por la cual el Director General del ICETEX reglamenta el servicio de crédito educativo, no fue publicada en el Diario Oficial.

Debe esta Corporación reiterar que la falta de publicación de un acto no lo torna en ilegal, pues dicha omisión tiene que ver con su eficiencia, es decir, con su oponibilidad frente a terceros, razón por la cual, aún en el evento de que el acto analizado no hubiese sido publicado en el Diario Oficial, no sería procedente declarar su nulidad por este solo aspecto.

Este tema fue examinado por esta Sala en sentencia de 27 de mayo de 2010[3], donde se sostuvo que la falta de publicación del acto demandado no impide el enjuiciamiento de su legalidad porque, como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional en forma reiterada y uniforme, la publicidad es un requisito externo al acto administrativo que impide su oponibilidad frente a los particulares y, por tanto, su eficacia, pero en ningún caso afecta su existencia y validez pues el acto existe y es válido desde cuando se expide, esto es, desde cuando lo suscribe la autoridad administrativa correspondiente.

Dijo la Sala en esa oportunidad lo siguiente:

"La Sala advierte que la resolución acusada, que sin duda es un acto administrativo de carácter general que regula las condiciones en que el ICETEX debe cobrar los intereses por concepto de los créditos educativos que otorga dicha entidad, debió ser publicada como lo ordena el artículo 43 del C. C. A., pero no lo fue. Así consta en el oficio 10195 de 25 de junio de 2004 que obra a folio 61 del expediente, mediante el cual el ICETEX, en respuesta a una petición del demandante, le entrega copia auténtica de la Resolución No. 1195 de 30 de julio de 1992 demandada y le informa que no fue publicada porque no constituye un acto de carácter general cuya publicidad sea necesaria para su vigencia y oponibilidad puesto que el reglamento de crédito que contiene sólo es exigible cuando se incorpora en un contrato de mutuo suscrito entre el ICETEX y el mutuario.

La falta de publicación del acto demandado no impide el enjuiciamiento de su legalidad porque, como lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional en forma reiterada y uniforme, la publicidad es un requisito externo al acto administrativo que impide su oponibilidad frente a los particulares y, por tanto, su eficacia, pero en ningún caso afecta su existencia y validez pues el acto existe y es válido desde cuando se expide, esto es, desde cuando lo suscribe la autoridad administrativa correspondiente. En el presente caso se probó la expedición del acto acusado, puesto que se allegó el expediente su copia autenticada por la autoridad que lo profirió, y como el demandante cuestiona su legalidad la Sala habrá de enjuiciarla."

La falta de publicación de los actos administrativos no es causal de nulidad, porque no constituye un elemento intrínseco sino extrínseco de los mismos. De tal manera que dicha irregularidad solo afecta su eficacia más no su validez…" (Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

La Sala prohíja el criterio expuesto en la providencia transcrita y, en tal sentido, estima que la tardía publicación de dichas Resoluciones, no da lugar a que se declare la nulidad por este aspecto, por no incidir en su validez o legitimidad.

En lo atinente a que las Resoluciones demandadas introducen el concepto de "conformar", del que no se hizo referencia en el Decreto acusado, ni en la Ley 392 de 1997, pues en estas dos últimas normas se alude es al concepto de "integrar", considera la Sala que si bien ello es cierto, también lo es que resulta irrelevante y no tiene la virtualidad de afectar el sentido de las citadas Resoluciones y mucho menos su legalidad, dado que resulta claro que la voluntad expresada tanto en el Decreto, como en la Ley y en las Resoluciones, fue la de entender en su sentido natural y obvio que la utilización de las palabras "conformar" e "integrar" se hizo en un mismo sentido, de señalar quiénes forman parte del todo, que es el Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y afines.

Al respecto conviene acudir a la regla de hermenéutica consagrada en el artículo 28 del C.C., según la cual: "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras…". Regla que, de manera unánime, la Jurisprudencia y la Doctrina ha considerado también aplicable respecto de los Decretos, las Resoluciones y, en general, de todos los actos administrativos.

De manera que fueron empleadas dichas palabras o locuciones con un sentido idéntico, lo cual deja desprovisto de fundamento lo expresado por el actor y justifica que se desatienda por intrascendente e inane esta censura.

En conclusión, ninguno de los cargos planteados por el demandante tiene la entidad necesaria para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados, razón potísima para que no se acceda a las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de 21 de noviembre de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA


[1] M.P. Dr. Javier Díaz Bueno, Radicación C-761.

[2] M.P. Dr. Reinaldo Chavarro Buriticá. Radicación IJ-007

[3] Expediente: 2003-0085. Actor: Armando Arciniegas Niño. M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.