100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010001720SENTENCIAPRIMERA11001032400020060006100201107/07/2011SENTENCIA__PRIMERA__11001032400020060006100__2011_07/07/2011100017202011ACCION DE CONSTITUCIONALIDAD - Competencia de la Corte Constitucional respecto del Decreto 2535 de 1993 / CORTE CONSTITUCIONAL - Competencia para decidir demandas de inconstitucionalidad contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno / DECRETO CON FUERZA MATERIAL DE LEY - Competencia de la Corte Constitucional en acción de constitucionalidad / FALLO INHIBITORIO El artículo 241 de la Constitución Política atribuye a la Corte Constitucional, entre otras, la función de: 5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. El artículo 150 numeral 10 de la Carta establece: ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. De conformidad con las normas anteriores, las disposiciones que expide el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias tienen fuerza de ley y por tanto la competencia para conocer de su constitucionalidad no es del Consejo de Estado sino de la Corte Constitucional. En el presente caso, la norma atacada fue expedida en virtud de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 61 de 1993 por lo cual tiene naturaleza legislativa. Consecuente con lo anterior, la Sala se declara inhibida para conocer de fondo la inconstitucionalidad planteada por el actor. NORMA DEMANDADA: DECRETO 2535 DE 1993 - ARTICULO 41 - PARAGRAFOS 1° Y 2° (FALLO INHIBITORIO) FUENTE FORMAL : CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 150.10 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 341 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 241 / LEY 61 DE 1993 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil once (2011)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMARCO ANTONIO VELILLA MORENOORLANDO PARADA DIAZparágrafos 1º y 2º del artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, "por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivosIdentificadores10010001721true2185Versión original10001721Identificadores

Fecha Providencia

07/07/2011

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Norma demandada:  parágrafos 1º y 2º del artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, "por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos

Demandante:  ORLANDO PARADA DIAZ


ACCION DE CONSTITUCIONALIDAD - Competencia de la Corte Constitucional respecto del Decreto 2535 de 1993 / CORTE CONSTITUCIONAL - Competencia para decidir demandas de inconstitucionalidad contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno / DECRETO CON FUERZA MATERIAL DE LEY - Competencia de la Corte Constitucional en acción de constitucionalidad / FALLO INHIBITORIO

El artículo 241 de la Constitución Política atribuye a la Corte Constitucional, entre otras, la función de: 5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación. El artículo 150 numeral 10 de la Carta establece: ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…) 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. De conformidad con las normas anteriores, las disposiciones que expide el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias tienen fuerza de ley y por tanto la competencia para conocer de su constitucionalidad no es del Consejo de Estado sino de la Corte Constitucional. En el presente caso, la norma atacada fue expedida en virtud de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 61 de 1993 por lo cual tiene naturaleza legislativa. Consecuente con lo anterior, la Sala se declara inhibida para conocer de fondo la inconstitucionalidad planteada por el actor.

NORMA DEMANDADA: DECRETO 2535 DE 1993 - ARTICULO 41 - PARAGRAFOS 1° Y 2° (FALLO INHIBITORIO)

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 150.10 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 341 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 241 / LEY 61 DE 1993

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil once (2011)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00061-00

Actor: ORLANDO PARADA DIAZ

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

El ciudadano ORLANDO PARADA DÍAZ, actuando en nombre propio, y en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener declaratoria de nulidad de los parágrafos 1º y 2º del artículo 41 del Decreto 2535 de 1993, "por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos".

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Para solicitar la nulidad del acto acusado, el acto adujo, en esencia el siguiente cargo de violación:

El ejecutivo al expedir la norma se extralimitó en el uso de las facultades otorgadas por el Congreso de la República a través de la Ley 61 de 1993, puesto que legisló sobre la atribución constitucional del alcalde para conservar el orden público en su municipio como primera autoridad de policía, aspecto no autorizado en la precitada ley.

Tampoco lo autorizó el legislador para limitar ni delegar en otra autoridad, en este caso la autoridad militar, el cumplimiento de sus atribuciones como primera autoridad administrativa y de policía del municipio.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL no dio respuesta a la demanda.

II.2. -ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.-

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en los alegatos de conclusión señalando en defensa de la norma demandada lo siguiente:

El artículo 223 de la Carta creó un monopolio en cabeza del estado y autorizó a la ley para reglamentar todo lo relacionado con el uso, posesión y porte de armas y municiones de guerra.

En virtud de lo anterior el Congreso mediante la LEY 61 de 1993 revistió al Presidente de la República de precisas facultades reglamentar lo relativo, entre otros, al régimen de propiedad, porte, tenencia de armas, y la devolución voluntaria de las mismas al Estado.

El Decreto 2535 de 1993, al ser expedido en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Gobierno, y por tanto es un decreto ley, de manera que la competencia para conocer de su constitucionalidad radica en cabeza de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El señor Agente del Ministerio Público, en su vista de fondo solicita a esta Corporación que se inhiba de pronunciarse sobre el mérito del asunto, por cuanto el Decreto acusado tiene fuerza de ley y la competencia para conocer de la exequibilidad de normas de esa naturaleza corresponde a la Corte Constitucional conforme al artículo 241-5 de la Constitución Política.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La norma atacada, como estaba vigente al momento de la demanda, con los apartes acusados debidamente resaltados, era del siguiente tenor:

DECRETO 2535 DE 1993

(diciembre 17)

POR EL CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por los literales a), b), c), d), e), f), g), h), i) de la Ley 61 de 1993 y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión del Congreso de que trata el artículo 2º de la misma,

D E C R E T A:

(…)

Artículo 41.: "Suspensión. Las autoridades de que trata el artículo 32 del presente Decreto, podrán suspender de manera general la vigencia de los permisos, para tenencia o para porte de armas expedidos a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales. Estas autoridades, también podrán ordenar la suspensión de los permisos de manera individual a personas naturales, personas jurídicas o inmuebles rurales, previo el concepto del Comité de Armas del Ministerio de Defensa Nacional, cuando a juicio de las mismas, las condiciones que dieron origen a la concesión original han desaparecido.

Si el titular del permiso respecto del cual se dispuso la suspensión individual, no devuelve el arma a la autoridad militar competente en un término de cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria de la disposición que la ordenó, procederá su decomiso, sin perjuicio de las disposiciones legales vigente sobre la materia.

Cuando la suspensión sea de carácter general los titulares no podrán portar las armas.

Parágrafo 1º. Los gobernadores y alcaldes, podrán solicitar a la autoridad militar competente la adopción de la suspensión general, de manera directa o por conducto del Ministerio de Defensa Nacional.

Parágrafo 2º. La autoridad militar que disponga la suspensión general de la vigencia de los permisos, podrá autorizar de manera especial e individual el porte de armas a solicitud del titular o del gobernador o alcalde respectivo.".

Tal como lo señala el Ministerio Público, el artículo 241 de la Constitución Política atribuye a la Corte Constitucional, entre otras, la función de:

5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios de procedimiento en su formación.

El artículo 150 numeral 10 de la Carta establece:

ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(…)

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.

De conformidad con las normas anteriores, las disposiciones que expide el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias tienen fuerza de ley y por tanto la competencia para conocer de su constitucionalidad no es del Consejo de Estado sino de la Corte Constitucional.

En el presente caso, la norma atacada fue expedida en virtud de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 61 de 1993 por lo cual tiene naturaleza legislativa.

Consecuente con lo anterior, la Sala se declara inhibida para conocer de fondo la inconstitucionalidad planteada por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A :

DECLÁRASE INHIBIDA para pronunciarse sobre el mérito de la acción.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de julio de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA G.

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

(Ausente con permiso)