100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010000715SENTENCIAPRIMERA11001032400020020036901200622/06/2006SENTENCIA__PRIMERA__11001032400020020036901__2006_22/06/2006100007152006INTERVENCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA - Empresa de prestación de servicios de salud: carácter de sanción / SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Intervención de la gestión administrativa de EPS e IPS como sanción / MINSALUD Y DIRECCIONES TERRITORIALES - Sanción de intervención administrativa o técnica en salud A tal enunciado el actor le endilga la violación del literal b) del artículo 49 de la Ley 10 de 1990, porque a su juicio el Gobierno Nacional desbordó las atribuciones que tiene para reglamentar dicho literal en relación con las sanciones, toda vez que en él se establece: "b) Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que prestan servicios de salud, por un término hasta de seis meses", en tanto que en el artículo acusado se dispone que la intervención puede ser hasta por un año, prorrogable por otro tanto. Se observa fácilmente que la intervención prevista en dicho literal b) está señalada a título de sanción, esto es, imponible por causa de una falta administrativa en que incurran las instituciones de seguridad, previsión social y subsidio familiar, en la medida en que infrinjan las normas contenidas en la citada Ley 10 de 1990, lo cual supone un procedimiento sancionatorio, de suerte que la intervención anotada se daría como consecuencia de la verificación de la falta o infracción administrativa y atendiendo su naturaleza y gravedad. De otra parte, el decreto parcialmente enjuiciado indica como normas reglamentadas mediante el mismo las del Decreto Ley 056 de 1975 y la Ley 60 de 1993, en concordancia con el Decreto 1298 de 1994, y no hace alusión alguna a la ley 10 de 1990 y menos a su artículo 49 como objeto de la reglamentación que aquél contiene, lo cual significa, en principio, que no está subordinado a esta disposición sino a las que en él se invocan como objeto de la reglamentación que contiene. INTERVENCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA EN SALUD - Carácter de sanción; finalidad; regulación legal / INTERVENCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA EN SALUD - Carácter preventivo o correctivo y no sancionatorio; regulación legal; legalidad del Decreto 1922 de 1994 A lo anterior se agrega que la intervención de que se ocupa dicha reglamentación es la que obedece a razones de orden público, esto es, con carácter preventivo y correctivo en cuanto hace a las actividades propias de servicios públicos que tienen especial protección en la Constitución Política, la cual de modo general está en cabeza del Estado y, de manera específica, del Presidente de la República, y cuya finalidad es asegurar la continuidad y calidad en la prestación de dichos servicios y racionalidad en su desarrollo, recogida de esa forma en el artículo 1º del Decreto 1922 de 1994, en cuanto define la intervención administrativa y/o técnica como un procedimiento mediante el cual el Ministerio de Salud o las Direcciones Territoriales de inspección, vigilancia y control, por motivos de orden de público, administrativo y/o técnico, que afecten o puedan afectar en forma grave la adecuada prestación de los servicios de salud, asume en forma transitoria, total o parcial, la gestión administrativa y/o técnica de las entidades a que se refiere ese decreto; y en el artículo 2º del mismo, en tanto establece que ella tendrá como finalidad garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esa intervención aparece prevista para los servicios de seguridad social y salud en el artículo 4º del Decreto Ley 1298 de 1994, por el cual se expide el Estatuto Orgánico en Salud y que sirve de fundamento al decreto aquí impugnado, así: "Artículo 4º. INTERVENCION DEL ESTADO. El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata el presente Estatuto, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines: "..." Así las cosas, es claro que se trata de dos clases de intervenciones administrativa y/o técnica, en el sentido de que una es de carácter sancionatorio y por ende obedece a razones subjetivas, en la medida en que implica conductas que infrinjan normas del régimen de salud, y otra de carácter preventivo o correctivo, y por ello por razones objetivas en los campos administrativos, técnico o financiero que afecten o amenacen de manera grave la continuidad de la prestación del servicio; de modo que la establecida en el artículo 49, literal b, de la Ley 10 de 1990 es intervención administrativa y/o técnica como sanción administrativa, mientras que la reglamentada en el artículo 38 objeto de la demanda es preventiva o correctiva por razones de orden público o circunstancias que pongan en peligro la adecuada prestación del servicio de salud, lo cual significa que este articulo reglamentario no se opone al literal b) del primeramente citado, toda vez que no hay relación entre uno y otro, esto es, el precepto acusado no está subordinado a dicho literal. En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, se ha de concluir que el cargo no tiene vocación de prosperar, de allí que se deba negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de la providencia. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil seis (2006)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadRAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETAJUAN JORGE ALMONACID SIERRAdeclare la nulidad del artículo 38 del Decreto 1922 de 5 de agosto de 1994 del Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamenta la intervención del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud.Identificadores10010000716true893Versión original10000716Identificadores

Fecha Providencia

22/06/2006

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Norma demandada:  declare la nulidad del artículo 38 del Decreto 1922 de 5 de agosto de 1994 del Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamenta la intervención del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Demandante:  JUAN JORGE ALMONACID SIERRA


INTERVENCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA - Empresa de prestación de servicios de salud: carácter de sanción / SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - Intervención de la gestión administrativa de EPS e IPS como sanción / MINSALUD Y DIRECCIONES TERRITORIALES - Sanción de intervención administrativa o técnica en salud

A tal enunciado el actor le endilga la violación del literal b) del artículo 49 de la Ley 10 de 1990, porque a su juicio el Gobierno Nacional desbordó las atribuciones que tiene para reglamentar dicho literal en relación con las sanciones, toda vez que en él se establece: "b) Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que prestan servicios de salud, por un término hasta de seis meses", en tanto que en el artículo acusado se dispone que la intervención puede ser hasta por un año, prorrogable por otro tanto. Se observa fácilmente que la intervención prevista en dicho literal b) está señalada a título de sanción, esto es, imponible por causa de una falta administrativa en que incurran las instituciones de seguridad, previsión social y subsidio familiar, en la medida en que infrinjan las normas contenidas en la citada Ley 10 de 1990, lo cual supone un procedimiento sancionatorio, de suerte que la intervención anotada se daría como consecuencia de la verificación de la falta o infracción administrativa y atendiendo su naturaleza y gravedad. De otra parte, el decreto parcialmente enjuiciado indica como normas reglamentadas mediante el mismo las del Decreto Ley 056 de 1975 y la Ley 60 de 1993, en concordancia con el Decreto 1298 de 1994, y no hace alusión alguna a la ley 10 de 1990 y menos a su artículo 49 como objeto de la reglamentación que aquél contiene, lo cual significa, en principio, que no está subordinado a esta disposición sino a las que en él se invocan como objeto de la reglamentación que contiene.

INTERVENCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA EN SALUD - Carácter de sanción; finalidad; regulación legal / INTERVENCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y/O TECNICA EN SALUD - Carácter preventivo o correctivo y no sancionatorio; regulación legal; legalidad del Decreto 1922 de 1994

A lo anterior se agrega que la intervención de que se ocupa dicha reglamentación es la que obedece a razones de orden público, esto es, con carácter preventivo y correctivo en cuanto hace a las actividades propias de servicios públicos que tienen especial protección en la Constitución Política, la cual de modo general está en cabeza del Estado y, de manera específica, del Presidente de la República, y cuya finalidad es asegurar la continuidad y calidad en la prestación de dichos servicios y racionalidad en su desarrollo, recogida de esa forma en el artículo 1º del Decreto 1922 de 1994, en cuanto define la intervención administrativa y/o técnica como un procedimiento mediante el cual el Ministerio de Salud o las Direcciones Territoriales de inspección, vigilancia y control, por motivos de orden de público, administrativo y/o técnico, que afecten o puedan afectar en forma grave la adecuada prestación de los servicios de salud, asume en forma transitoria, total o parcial, la gestión administrativa y/o técnica de las entidades a que se refiere ese decreto; y en el artículo 2º del mismo, en tanto establece que ella tendrá como finalidad garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esa intervención aparece prevista para los servicios de seguridad social y salud en el artículo 4º del Decreto Ley 1298 de 1994, por el cual se expide el Estatuto Orgánico en Salud y que sirve de fundamento al decreto aquí impugnado, así: "Artículo 4º. INTERVENCION DEL ESTADO. El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata el presente Estatuto, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines: "..." Así las cosas, es claro que se trata de dos clases de intervenciones administrativa y/o técnica, en el sentido de que una es de carácter sancionatorio y por ende obedece a razones subjetivas, en la medida en que implica conductas que infrinjan normas del régimen de salud, y otra de carácter preventivo o correctivo, y por ello por razones objetivas en los campos administrativos, técnico o financiero que afecten o amenacen de manera grave la continuidad de la prestación del servicio; de modo que la establecida en el artículo 49, literal b, de la Ley 10 de 1990 es intervención administrativa y/o técnica como sanción administrativa, mientras que la reglamentada en el artículo 38 objeto de la demanda es preventiva o correctiva por razones de orden público o circunstancias que pongan en peligro la adecuada prestación del servicio de salud, lo cual significa que este articulo reglamentario no se opone al literal b) del primeramente citado, toda vez que no hay relación entre uno y otro, esto es, el precepto acusado no está subordinado a dicho literal. En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, se ha de concluir que el cargo no tiene vocación de prosperar, de allí que se deba negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de la providencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil seis (2006)

Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00369-01

Actor: JUAN JORGE ALMONACID SIERRA

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo ha interpuesto el ciudadano JUAN JORGE ALMONACID SIERRA, para que se declare la nulidad del artículo 38 del Decreto 1922 de 5 de agosto de 1994 del Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamenta la intervención del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud.

I.- LA DEMANDA

1. Pretensión

El ciudadano Juan Jorge Almonacid Sierra, en su propio nombre, presentó demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 84 del C.C.A. para que la Sala declare la nulidad del artículo 38 del Decreto 1922 de 5 de agosto de 1994 del Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamenta la intervención del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud, que a la letra dice:

"Artículo 38.Del término de la intervención. El término de toda intervención no podrá ser superior a un año, prorrogable por una sola vez hasta por un periodo igual"

2. Normas violadas y concepto de la violación

El memorialista sostiene que el canon demandado viola el literal b) del artículo 49 de la Ley 10 de 1990, toda vez que al realizar una confrontación directa entre la norma violada y la norma acusada se puede concluir que el Gobierno Nacional desbordó las atribuciones que tiene para reglamentar dicho literal en relación con las sanciones, el cual expresa: "b) Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que prestan servicios de salud,por un término hasta de seis meses"; es decir, que el término de duración de la medida sólo puede ser hasta 6 meses, mientras que la norma demandada señala: "Artículo 38.Del término de la intervención.El término de toda intervención no podrá ser superior a un año, prorrogable por una sola vez hasta por un período igual" (subrayas son del actor).

Concluye, entonces, que el artículo censurado vulnera abiertamente la legalidad y contraviene el ordenamiento jurídico, ya que pone en evidencia que el Ministerio excedió sus facultades al reglamentar el término señalado por el legislador en el literal b) del artículo 49 de la Ley 10 de 1990.

3. Coadyuvancia de la demanda

El ciudadano RAFAEL ANTONIO CUTA DUQUE coadyuva la anterior demanda, trayendo al efecto lo expuesto en los cargos de la misma.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.- El Ministerio de la Protección Social fue vinculado al proceso en representación de la Nación, y mediante apoderado contestó la demanda asumiendo la defensa del acto acusado, exponiendo al efecto que se opone a las pretensiones de la misma y sostiene que no se rebasó el marco legal del decreto acusado por cuanto con el Decreto 1922 de 1922 se estableció por primera vez la facultad de inspección, vigilancia y control por ese Ministerio o las direcciones territoriales de salud, cuando por razones de orden público, administrativo y/o técnico, se vea afectada en forma grave la adecuada prestación de los servicios de salud; de modo que no existe antecedente ni reglamentación que haya desarrollado dicha potestad que permita inferir tal desbordamiento en esa materia, toda vez que lo señalado en el artículo 49 de la Ley 10 de 1990 corresponde a una sanción cuando se cometa una infracción a las disposiciones de esa ley, y no a la referida intervención que garantice adecuadamente la prestación de los servicios de salud. Por tanto, el Gobierno no hizo más que reglamentar una materia de su competencia y dar cumplimiento a la Constitución Política y las normas pertinentes a la materia.

III.- ALEGATOS PARA FALLO

El actor manifiesta que para el efecto reitera los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en el memorial de coadyuvancia.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Agente del Ministerio Público concluye, en resumen, que la vulneración de la ley que se aduce en la demanda no ha tenido lugar por cuanto las disposiciones enfrentadas son portadoras de sistemas de intervención absolutamente diferentes en su origen y con efectos y consecuencias y alcances disímiles, pues al punto la Ley 10 de 1990 se refiere a las sanciones administrativas y disciplinarias respecto de las entidades prestadoras de salud y sus empleados, y por tanto el término aludido se refiere a la duración de la intervención en cuanto sanción a la entidad responsable; mientras que el Decreto 1922 de 1994 trata de la intervención administrativa y/o técnica, entendida como medida preventiva y correctiva, tendiente a contrarrestar hechos y circunstancias que pongan en peligro el orden sanitario o la adecuada prestación de los servicios de salud en forma grave.

Por consiguiente estima que los cargos no están llamados a prosperar y solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

V.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado

El citado Decreto núm. 1922 de 1994 fue expedido para reglamentar la intervención del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme lo dispuesto en el Decreto Ley 056 de 1975, la Ley 60 de 1993 y el Decreto 1298 de 1994.

De acuerdo con las facultades que sirvieron de fundamento para su expedición y lo invocado en su parte motiva, se trata, sin lugar a dudas, de un decreto reglamentario, y como tal constituye un acto administrativo de carácter general y de orden nacional, por lo cual su control corresponde a esta jurisdicción en acción de simple nulidad en proceso de única instancia.

De él se pide la nulidad de su artículo 38 que a la letra dice:

"Artículo 38.Del término de la intervención. El término de toda intervención no podrá ser superior a un año, prorrogable por una sola vez hasta por un periodo igual"

2. Examen de los cargos

2.1. Las acusaciones que se formulan en la demanda

A tal enunciado el actor le endilga la violación del literal b) del artículo 49 de la Ley 10 de 1990, porque a su juicio el Gobierno Nacional desbordó las atribuciones que tiene para reglamentar dicho literal en relación con las sanciones, toda vez que en él se establece: "b) Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que prestan servicios de salud,por un término hasta de seis meses", en tanto que en el artículo acusado se dispone que la intervención puede ser hasta por un año, prorrogable por otro tanto.

Al respecto se tiene que el citado literal, visto en el contexto del respectivo artículo, dice:

"Artículo 49. Sanciones. En desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia, las autoridades competentes, según el caso, podrán imponer, según la naturaleza y gravedad de la infracción de cualquiera de las normas previstas en la presente Ley, las siguientes sanciones:
a) Multas en cuantías hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales.
b) Intervención de la gestión administrativa y/o técnica de las entidades que prestan servicios de salud, por un término hasta de seis meses;
c) Suspensión o pérdida definitiva de la personería jurídica de las personas privadas que presten servicios de salud;
d) Suspensión o pérdida de la autorización para prestar servicios de salud.
Parágrafo. Las instituciones de seguridad, previsión social y subsidio familiar, conservarán el régimen de inspección y vigilancia que poseen en la actualidad."

Se observa fácilmente que la intervención prevista en dicho literal b) está señalada a título de sanción, esto es, imponible por causa de una falta administrativa en que incurran las instituciones de seguridad, previsión social y subsidio familiar, en la medida en que infrinjan las normas contenidas en la citada Ley 10 de 1990, lo cual supone un procedimiento sancionatorio, de suerte que la intervención anotada se daría como consecuencia de la verificación de la falta o infracción administrativa y atendiendo su naturaleza y gravedad.

De otra parte, el decreto parcialmente enjuiciado indica como normas reglamentadas mediante el mismo las del Decreto Ley 056 de 1975 y la Ley 60 de 1993, en concordancia con el Decreto 1298 de 1994, y no hace alusión alguna a la ley 10 de 1990 y menos a su artículo 49 como objeto de la reglamentación que aquél contiene, lo cual significa, en principio, que no está subordinado a esta disposición sino a las que en él se invocan como objeto de la reglamentación que contiene.

A lo anterior se agrega que la intervención de que se ocupa dicha reglamentación es la que obedece a razones de orden público, esto es, con carácter preventivo y correctivo en cuanto hace a las actividades propias de servicios públicos que tienen especial protección en la Constitución Política, la cual de modo general está en cabeza del Estado y, de manera específica, del Presidente de la República, y cuya finalidad es asegurar la continuidad y calidad en la prestación de dichos servicios y racionalidad en su desarrollo, recogida de esa forma en el artículo 1º del Decreto parcialmente enjuiciado, en cuanto define la intervención administrativa y/o técnica como un procedimiento mediante el cual el Ministerio de Salud o las Direcciones Territoriales de inspección, vigilancia y control, por motivos de orden de público, administrativo y/o técnico, que afecten o puedan afectar en forma grave la adecuada prestación de los servicios de salud, asume en forma transitoria, total o parcial, la gestión administrativa y/o técnica de las entidades a que se refiere ese decreto; y en el artículo 2º del mismo, en tanto establece que ella tendrá como finalidad garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, en los términos y con la debida observancia de las normas que rigen para el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esa intervención aparece prevista para los servicios de seguridad social y salud en el artículo 4º del Decreto Ley 1298 de 1994, por el cual se expide el Estatuto Orgánico en Salud y que sirve de fundamento al decreto aquí impugnado, así:

"Artículo 4º. INTERVENCION DEL ESTADO. El Estado intervendrá en el servicio público de Seguridad Social en Salud, conforme a las reglas de competencia de que trata el presente Estatuto, en el marco de lo dispuesto en los artículos 48, 49, 334 y 365 a 370 de la Constitución Política. Dicha intervención buscará principalmente el logro de los siguientes fines:

1. Garantizar la observancia de los principios consagrados en la Constitución; en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 3º del presente Estatuto;

2. Asegurar el carácter obligatorio de la Seguridad Social en Salud y su naturaleza de derecho social para todos los habitantes de Colombia;

3. Determinar los derechos y deberes de los habitantes del territorio Nacional, en relación con el servicio público de salud y, en particular, con las entidades y personas que conforman el Sistema de Seguridad Social en Salud, conforme a los principios señalados en este Estatuto;

4. Desarrollar las responsabilidades de dirección, coordinación, vigilancia y control de la Seguridad Social en Salud y de la reglamentación de la prestación de los servicios de salud;

5. Establecer la atención básica en salud que se ofrecerá en forma gratuita y obligatoria;
6. Lograr la ampliación progresiva de la cobertura de la Seguridad Social en Salud permitiendo progresivamente el acceso a los servicios de educación, información y fomento de la salud y a los de protección y recuperación de la salud a los habitantes del país;

7. Organizar los servicios de salud en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad;

8. Organizar y establecer el régimen de referencia y contrarreferencia de pacientes, de los niveles de atención inferiores a los superiores y el régimen de apoyo tecnológico y de recursos humanos especializados que los niveles superiores deben prestar a los inferiores;

9. Evitar que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes;

10. Garantizar la asignación prioritaria del gasto público para el servicio público de Seguridad Social en Salud, como parte fundamental del gasto público social;

11. Organizar y establecer las modalidades y formas de participación social en la prestación de servicios de salud, en especial, lo relativo a la composición de las juntas directivas de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público;

12. Establecer un sistema de fijación de normas de calidad de los servicios de salud y los mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento;

13. Adoptar el régimen, conforme al cual se debe llevar un registro especial de las personas que presten servicios de salud, y efectuar su control, inspección y vigilancia;

14. Regular los procedimientos y requisitos para autorizar a las entidades privadas la prestación de servicios de salud en los diferentes niveles y grados de complejidad;

15. Dictar normas sobre la organización y funcionamiento de la medicina prepagada, cualquiera sea su modalidad, especialmente sobre su régimen tarifario y las normas de calidad de los servicios, así como en relación con el otorgamiento del mismo tipo de servicios por las instituciones de seguridad y previsión social, cuya inspección, vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud;

16. Expedir el régimen de organización y funciones para la fijación y control de tarifas;

Parágrafo. Todas las competencias atribuidas por el presente Estatuto al Presidente de la República y al gobierno nacional, se entenderán asignadas en desarrollo del mandato de intervención estatal de que trata este artículo.

Así las cosas, es claro que se trata de dos clases de intervenciones administrativa y/o técnica, en el sentido de que una es de carácter sancionatorio y por ende obedece a razones subjetivas, en la medida en que implica conductas que infrinjan normas del régimen de salud, y otra de carácter preventivo o correctivo, y por ello por razones objetivas en los campos administrativos, técnico o financiero que afecten o amenacen de manera grave la continuidad de la prestación del servicio; de modo que la establecida en el artículo 49, literal b, de la Ley 10 de 1990 es intervención administrativa y/o técnica como sanción administrativa, mientras que la reglamentada en el artículo 38 objeto de la demanda es preventiva o correctiva por razones de orden público o circunstancias que pongan en peligro la adecuada prestación del servicio de salud, lo cual significa que este articulo reglamentario no se opone al literal b) del primeramente citado, toda vez que no hay relación entre uno y otro, esto es, el precepto acusado no está subordinado a dicho literal.

En consecuencia, sin necesidad de mayores consideraciones, se ha de concluir que el cargo no tiene vocación de prosperar, de allí que se deba negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de la providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

NIÉGASE la pretensión de la demanda presentada por el ciudadano JUAN JORGE ALMONACID SIERRA para que se declare la nulidad del artículo 38 del Decreto 1922 de 5 de agosto de 1994 del Gobierno Nacional, mediante el cual se reglamenta la intervención del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud


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Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 22 de junio de 2006.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARTHA SOFIA SANZ TOBON