100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010000603SENTENCIAPRIMERA1100103240002001022401(7232)200205/12/2002SENTENCIA__PRIMERA__1100103240002001022401(7232)__2002_05/12/2002100006032002PRESIDENTE DE LA REPUBLICA - Decretos expedidos en ejercicio de facultades transitorias de la Carta: control a cargo de la jurisdicción contenciosa / CONSEJO DE ESTADO - Competencia para conocer de decreto del Presidente en ejercicio de facultades transitorias constitucionales / FACULTADES TRANSITORIAS CONSTITUCIONALES - Control constitucional de los decretos del Presidente Al efecto se tiene que el Decreto 1050 de 1968 es un decreto ley, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias que el Congreso de la República le confirió al Presidente de la República mediante la Ley 65 de 1967, en tanto que los decretos 2126 de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio de Relaciones Exteriores y se determinan las funciones de sus dependencias, y 2120 de 1992, por el cual se reestructura el Departamento Administrativo de Seguridad, fueron expedidos en ejercicio de las atribuciones que el artículo 20 transitorio le confirió de manera expresa al Presidente de la República, lo cual los ubica en un rango jerárquico similar al de las leyes, sometidos al control de esta jurisdicción, en virtud de la cláusula general de competencia que sobre los decretos del Presidente de la República le asigna el artículo 237, numeral 2, de la Constitución Política, pues los expedidos con fundamento en esa facultad no fueron asignados a la Corte Constitucional para dicho control. DOCUMENTOS RESERVADOS - Lo conforman los archivos del Minexteriores: documentos de solicitud de visas / PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD - Reserva de la información del Minexteriores / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Su archivo está cobijado por la reserva documental: visas / VISAS - Documentos reservados Se observa que el pretranscrito artículo 51 del Decreto 2126/92 establece una reserva sobre el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de suyo se entiende que tal archivo está conformado por los documentos e información a cargo de dicho Ministerio relativos a sus funciones, entre las cuales se encuentran, justamente, las relacionadas con el otorgamiento de visas, luego, los documentos que se presenten para la solicitud de las mismas son parte de ese archivo y quedan cobijados por la reserva de éste establecida mediante norma con fuerza de ley, lo cual, incluso, ha sido elevado a la categoría de principio rector de la carrera diplomática mediante el artículo 4, numeral 9, del Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior y la carrera diplomática y consular. "9. Confidencialidad.- Especial grado de reserva frente a los asuntos que, por la naturaleza de la actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, así lo requieran, incluyendo la información contenida en sus archivos". De modo que el artículo 21 acusado no está consagrando ninguna reserva o limitación arbitraria al derecho de acceso a los documentos en mención, sino que ello lo consagra la ley, de manera que ese artículo no hace sino precisar lo atinente a tales documentos en lo que a la reserva del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores concierne. DAS - Documentos reservados o secretos: registro de extranjeros e información del movimiento migratorio / DOCUMENTOS RESERVADOS - Lo son los de registro de extranjeros: razones de seguridad interna / EXTRANJEROS - Reserva de documentos en el DAS Respecto del artículo 169 del decreto 2371/96 enjuiciado, cabe decir otro tanto frente al artículo 85 del Decreto 2110 de 1992, puesto que el registro de extranjeros, la información de inteligencia, la judicial y la información del movimiento migratorio que reposa en los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en relación con los extranjeros, de que trata aquél, se encuentran comprendidos en el segundo, como objeto del "secreto o reserva" que éste consagra, debido a que, además de que algunos de esos aspectos se hallan expresamente señalados en él, hacen parte de las funciones del DAS, cuya naturaleza es el criterio determinante de la misma norma para prescribir tal secreto o reserva, al decir que "Por la naturaleza de las funciones que cumple el Departamento Administrativo de Seguridad..." los asuntos que menciona tienen carácter secreto o reservado. Es sabido que, descontada la información de inteligencia y la judicial, por estar taxativamente señaladas en la norma superior, el registro de extranjeros y la información del movimiento migratorio que reposa en los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en relación con los extranjeros, obedece a razones de control y de seguridad interna, lo cual justamente es el objeto de las funciones del DAS, y de allí su nombre Departamento Administrativo de Seguridad, objeto que también se encuentra previsto en el artículo 12 de la Ley 57 de 1985 como motivo para tal reserva, al sustraer del conocimiento público aquellos documentos relacionados con la seguridad nacional que reposen en las oficinas públicas. De suerte que el artículo 169 del Decreto 2371 de 1996 no va más allá de desarrollar el artículo 85 del Decreto 2110 de 1992, en lo que a la reserva de la información de los extranjeros que le compete manejar al DAS se refiere, por cuanto esa reserva está consagrada en este último y no en aquél. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre del dos mil dos (2002)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMANUEL SANTIAGO URUETA AYOLAGUILLERMO PUYANA RAMOSDeclare la nulidad parcial de los artículos 21 y 169 del Decreto núm. 2371 de 27 de diciembre de 1996Identificadores10010000604true755Versión original10000604Identificadores

Fecha Providencia

05/12/2002

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Norma demandada:  Declare la nulidad parcial de los artículos 21 y 169 del Decreto núm. 2371 de 27 de diciembre de 1996

Demandante:  GUILLERMO PUYANA RAMOS


PRESIDENTEDE LA REPUBLICA - Decretos expedidos en ejercicio de facultades transitorias de la Carta: control a cargo de la jurisdicción contenciosa / CONSEJO DE ESTADO - Competencia para conocer de decreto del Presidente en ejercicio de facultades transitorias constitucionales / FACULTADES TRANSITORIAS CONSTITUCIONALES - Control constitucional de los decretos del Presidente

Al efecto se tiene que el Decreto 1050 de 1968 es un decreto ley, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias que el Congreso de la República le confirió al Presidente de la República mediante la Ley 65 de 1967, en tanto que los decretos 2126 de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio de Relaciones Exteriores y se determinan las funciones de sus dependencias, y 2120 de 1992, por el cual se reestructura el Departamento Administrativo de Seguridad, fueron expedidos en ejercicio de las atribuciones que el artículo 20 transitorio le confirió de manera expresa al Presidente de la República, lo cual los ubica en un rango jerárquico similar al de las leyes, sometidos al control de esta jurisdicción, en virtud de la cláusula general de competencia que sobre los decretos del Presidente de la República le asigna el artículo 237, numeral 2, de la Constitución Política, pues los expedidos con fundamento en esa facultad no fueron asignados a la Corte Constitucional para dicho control.

DOCUMENTOS RESERVADOS - Lo conforman los archivos del Minexteriores: documentos de solicitud de visas / PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD - Reserva de la información del Minexteriores / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - Su archivo está cobijado por la reserva documental: visas / VISAS - Documentos reservados

Se observa que el pretranscrito artículo 51 del Decreto 2126/92 establece una reserva sobre el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de suyo se entiende que tal archivo está conformado por los documentos e información a cargo de dicho Ministerio relativos a sus funciones, entre las cuales se encuentran, justamente, las relacionadas con el otorgamiento de visas, luego, los documentos que se presenten para la solicitud de las mismas son parte de ese archivo y quedan cobijados por la reserva de éste establecida mediante norma con fuerza de ley, lo cual, incluso, ha sido elevado a la categoría de principio rector de la carrera diplomática mediante el artículo 4, numeral 9, del Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior y la carrera diplomática y consular. "9. Confidencialidad.- Especial grado de reserva frente a los asuntos que, por la naturaleza de la actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, así lo requieran, incluyendo la información contenida en sus archivos". De modo que el artículo 21 acusado no está consagrando ninguna reserva o limitación arbitraria al derecho de acceso a los documentos en mención, sino que ello lo consagra la ley, de manera que ese artículo no hace sino precisar lo atinente a tales documentos en lo que a la reserva del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores concierne.

DAS - Documentos reservados o secretos: registro de extranjeros e información del movimiento migratorio / DOCUMENTOS RESERVADOS - Lo son los de registro de extranjeros: razones de seguridad interna / EXTRANJEROS - Reserva de documentos en el DAS

Respecto del artículo 169 del decreto 2371/96 enjuiciado, cabe decir otro tanto frente al artículo 85 del Decreto 2110 de 1992, puesto que el registro de extranjeros, la información de inteligencia, la judicial y la información del movimiento migratorio que reposa en los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en relación con los extranjeros, de que trata aquél, se encuentran comprendidos en el segundo, como objeto del "secreto o reserva" que éste consagra, debido a que, además de que algunos de esos aspectos se hallan expresamente señalados en él, hacen parte de las funciones del DAS, cuya naturaleza es el criterio determinante de la misma norma para prescribir tal secreto o reserva, al decir que "Por la naturaleza de las funciones que cumple el Departamento Administrativo de Seguridad..." los asuntos que menciona tienen carácter secreto o reservado. Es sabido que, descontada la información de inteligencia y la judicial, por estar taxativamente señaladas en la norma superior, el registro de extranjeros y la información del movimiento migratorio que reposa en los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en relación con los extranjeros, obedece a razones de control y de seguridad interna, lo cual justamente es el objeto de las funciones del DAS, y de allí su nombre Departamento Administrativo de Seguridad, objeto que también se encuentra previsto en el artículo 12 de la Ley 57 de 1985 como motivo para tal reserva, al sustraer del conocimiento público aquellos documentos relacionados con la seguridad nacional que reposen en las oficinas públicas. De suerte que el artículo 169 del Decreto 2371 de 1996 no va más allá de desarrollar el artículo 85 del Decreto 2110 de 1992, en lo que a la reserva de la información de los extranjeros que le compete manejar al DAS se refiere, por cuanto esa reserva está consagrada en este último y no en aquél.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre del dos mil dos (2002)

Radicación número: 11001-03-24-000-2001-0224-01(7232)

Actor: GUILLERMO PUYANA RAMOS

Demandado: GOBIERNO NACIONAL

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción instituida en el artículo 84 del C.C.A. interpuso el ciudadano Guillermo Puyana Ramos, para que se declare la nulidad parcial de los artículos 21 y 169 del Decreto núm. 2371 de 27 de diciembre de 1996, expedido por el Gobierno Nacional.

I. LA DEMANDA

I. 1.Las pretensiones

El demandante pide que se declare la nulidad de los artículos 21 y 169 del Decreto núm. 2371 de 27 de diciembre de 1996, expedido por el Gobierno Nacional, "Por el cual se dictan disposiciones sobre expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración", que a continuación se transcriben:

"ARTICULO 21. Los documentos presentados para la solicitud de una visa tienen carácter reservado. El interesado o un tercero debidamente autorizado por éste, y la autoridad competente, podrán solicitar fotocopia o desglose de éstos; en este último caso se dejará copia auténtica en el expediente correspondiente, de todos los documentos entregados al peticionario".

"ARTICULO 169. El registro de extranjeros, la información de inteligencia, la judicial y la información del movimiento migratorio que reposa en los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en relación con los extranjeros, tendrá el carácter de reservado, salvo las siguientes excepciones:

"A. Al extranjero peticionario de su respectivo registro o del de sus parientes en cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

"B. A los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigaciones respecto del extranjero registrado.

"C. A las autoridades y entidades que cumplan funciones administrativas y que necesiten conocer los antecedentes del extranjero para efectos oficiales".

I. 2. Las normas violadas y el concepto de la violación

Señala como normas violadas los artículos 20, 74 y 93 de la Constitución Política; 29, numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ley 74 de 1968); 13, numerales 1 y 2, del Pacto de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972) y 12 de la Ley 57 de 1985, por razones que se resumen en que los artículos 21 y 169, acusados, establecen una reserva que, según el segundo de los preceptos constitucionales invocados, sólo puede ser impuesta por la ley, desconocen el derecho a recibir información consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política, estableciendo así límites a derechos humanos que sólo pueden ser fijados por la ley, amén de que ninguno de los tipos de visas que regula el decreto acusado se relaciona con la intimidad de las personas. Por lo tanto, los artículos 21 y 169 de dicho decreto carecen de jerarquía normativa.

II. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue contestada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación de la Nación, mediante apoderado, quien señala que los cargos se contraen al argumento central y único de falta de jerarquía normativa del decreto que contiene las normas acusadas.

Al respecto, manifiesta que el Decreto 2126 de 1992 fue expedido con fundamento en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, por lo cual es de estirpe jerárquica especial, en cuanto su fundamento es la propia norma superior, por lo tanto su categoría es por lo menos igual a la de la ley, y como quiera que su artículo 51 le da carácter reservado al Archivo General del Ministerio de Relaciones Exteriores, se da aquí una taxativa provisión normativa con fuerza de ley sobre reserva de los documentos que reposan en dicho archivo, para cuyo acceso se requiere autorización escrita del Ministro, Viceministro o Secretario General de ese organismo.

Tal reserva legal fue ratificada por el artículo 4, numeral 9, del Decreto 274 de 22 de febrero de 2000, expedido con fundamento en las facultades conferidas al Presidente de la República mediante el artículo 1º, numeral 6, de la Ley 573 de 2000, por el cual se regula el Servicio Exterior de la República y la Carrera Diplomática y Consular.

Así las cosas, el artículo 21 enjuiciado guarda correspondencia con el artículo 51 del Decreto Especial 2126 de 1992, mientras que el artículo 169, idem, tiene correlación con el artículo 85 del Decreto, también especial, 2110 de 1992, que establece la reserva de los documentos y demás informaciones del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS.

Por último, advierte que, contrario a lo alegado por el actor, las normas atacadas no violan derechos fundamentales, sino que los protege de las ingerencias ilícitas de las autoridades o de los particulares en aquellos documentos que por ser propios de la vida privada y familiar de la persona, deben permanecer bajo reserva o secreto, pues tocan con el principio de la dignidad (artículo 15 de la Constitución Política). En consecuencia, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda.

III. ALEGATOS DE CONCLUSION

En esta oportunidad se hizo presente sólo el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante memorial en el cual retoma lo expuesto en la contestación de la demanda.

IV. CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

El Ministerio Público considera que se deben negar las pretensiones de la demanda, por encontrar que las limitaciones a la publicidad de los documentos que se adjuntan con la solicitud de visa previstas en las normas enjuiciadas se encuentran establecidas en la ley, según las normas citadas por la entidad demandada, por cuanto se necesita amparar la intimidad de las personas y la información que se adjunta corresponde a la esfera privada del interesado. Al respecto cita la sentencia T-331 de 1994, de la Corte Constitu cional, Magistrado Ponente doctor Carlos Gaviria Díaz.

V. DECISIÓN

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

V. 1ª. Las disposiciones demandadas

El objeto de la demanda son los artículos 21 y 169 del Decreto núm. 2371 de 27 de diciembre de 1996, expedido por el Gobierno Nacional, "Por el cual se dictan disposiciones sobre expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras disposiciones en materia de inmigración", de cuyo contenido se ha dado cuenta en el capítulo de pretensiones de la demanda.

Ese decreto reglamentario fue expedido en desarrollo de los artículos 1º del Decreto 1050 de 1968; 1º, numeral 16, del Decreto 2126 de 1992 y 6º, numerales 7 y 8, del Decreto 2110 de 1992, entendiéndose también que desarrolla las normas pertinentes y directamente relacionadas con la materia a que atañen aquéllos, dentro del bloque de legalidad que se da en relación con cada materia objeto de regulación jurídica.

V. 2ª. Examen de los cargos

Examinadas las razones de impugnación de los artículos acusados, la Sala observa que la violación de las normas superiores que se invocan en los cargos pasa en principio por el estudio de dichos artículos frente a las normas que desarrollan o reglamentan, toda vez que tales normas tienen rango o jerarquía legal, tal como lo exponen la entidad demandada y el Ministerio Público, de suerte que si ellas prevén la reserva que cuestiona el actor, entonces se estaría cumpliendo el requisito que reclama la demanda, esto es, la jerarquía de las normas que establecen dicha reserva.

Al efecto se tiene que el Decreto 1050 de 1968 es un decreto ley, expedido con fundamento en las facultades extraordinarias que el Congreso de la República le confirió al Presidente de la República mediante la Ley 65 de 1967, en tanto que los decretos 2126 de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio de Relaciones Exteriores y se determinan las funciones de sus dependencias, y 2120 de 1992, por el cual se reestructura el Departamento Administrativo de Seguridad, fueron expedidos en ejercicio de las atribuciones que el artículo 20 transitorio le confirió de manera expresa al Presidente de la República, lo cual los ubica en un rango jerárquico similar al de las leyes, sometidos al control de esta jurisdicción, en virtud de la cláusula general de competencia que sobre los decretos del Presidente de la República le asigna el artículo 237, numeral 2, de la Constitución Política, pues los expedidos con fundamento en esa facultad no fueron asignados a la Corte Constitucional para dicho control.

Dentro de los dos últimos decretos se encuentran normas relacionadas con la materia controvertida, como los artículos 51, inciso 1º, del Decreto 2126 de 1992 y 85 del Decreto 2120 de 1992, cuyos textos señalan:

"Art. 51 (Decreto 2126 de 1992 ).Archivo General.- El archivo general del Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene carácter público y su consulta deberá ser autorizada en forma escrita por el Ministro, el Viceministro de Relaciones Exteriores, o el Secretario General, teniendo en cuenta la materia consultada y el objeto de la consulta".

"Art. 85 (Decreto 2110 de 1992).-Secreto o reserva.- Por la naturaleza de las funciones que cumple el Departamento Administrativo de Seguridad, los documentos, mensajes, grabaciones, fotografía y material clasificado de la Dirección General de Inteligencia, de las Divisiones que de ella dependen, de las Unidades Regionales y Grupos de Inteligencia, tienen carácter secreto o reservado. Igual carácter tienen las informaciones originadas en las dependencias de la Institución y el material correspondiente, cuando se relacionen con asuntos de competencia de las Unidades de Inteligencia ...".

Se observa que el pretranscrito artículo 51 establece una reserva sobre el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de suyo se entiende que tal archivo está conformado por los documentos e información a cargo de dicho Ministerio relativos a sus funciones, entre las cuales se encuentran, justamente, las relacionadas con el otorgamiento de visas, luego, los documentos que se presenten para la solicitud de las mismas son parte de ese archivo y quedan cobijados por la reserva de éste establecida mediante norma con fuerza de ley, lo cual, incluso, ha sido elevado a la categoría de principio rector de la carrera diplomática mediante el artículo 4, numeral 9, del Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior y la carrera diplomática y consular, al señalar:

"ARTICULO 4º.-Principios Rectores.- Además de los principios consagrados en la Constitución Política y en concordancia con éstos, son principios orientadores de la Función Pública en el servicio exterior y de la Carrera Diplomática y Consular, los siguientes:

"(...)

"9.Confidencialidad.- Especial grado de reserva frente a los asuntos que, por la naturaleza de la actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, así lo requieran, incluyendo la información contenida en sus archivos".

De modo que el artículo 21 acusado no está consagrando ninguna reserva o limitación arbitraria al derecho de acceso a los documentos en mención, sino que ello lo consagra la ley, de manera que ese artículo no hace sino precisar lo atinente a tales documentos en lo que a la reserva del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores concierne.

Respecto del artículo 169 enjuiciado, cabe decir otro tanto frente al artículo 85 del Decreto 2110 de 1992, puesto que el registro de extranjeros, la información de inteligencia, la judicial y la información del movimiento migratorio que reposa en los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en relación con los extranjeros, de que trata aquél, se encuentran comprendidos en el segundo, como objeto del "secreto o reserva" que éste consagra, debido a que, además de que algunos de esos aspectos se hallan expresamente señalados en él, hacen parte de las funciones del DAS, cuya naturaleza es el criterio determinante de la misma norma para prescribir tal secreto o reserva, al decir que "Por la naturaleza de las funciones que cumple el Departamento Administrativo de Seguridad..." los asuntos que menciona tienen carácter secreto o reservado.

Es sabido que, descontada la información de inteligencia y la judicial, por estar taxativamente señaladas en la norma superior, el registro de extranjeros y la información del movimiento migratorio que reposa en los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en relación con los extranjeros, obedece a razones de control y de seguridad interna, lo cual justamente es el objeto de las funciones del DAS, y de allí su nombre Departamento Administrativo de Seguridad, objeto que también se encuentra previsto en el artículo 12 de la Ley 57 de 1985 como motivo para tal reserva, al sustraer del conocimiento público aquellos documentos relacionados con la seguridad nacional que reposen en las oficinas públicas.

De suerte que el artículo 169 del Decreto 2371 de 1996 no va más allá de desarrollar el artículo 85 del Decreto 2110 de 1992, en lo que a la reserva de la información de los extranjeros que le compete manejar al DAS se refiere, por cuanto esa reserva está consagrada en este último y no en aquél[1].

Siendo, entonces, que las reservas cuestionadas por el actor vienen dadas por normas de jerarquía legal, y que las normas acusadas simplemente las desarrollan, se ha de concluir que éstas cumplen el supuesto previsto en los artículos 74 de la Constitución Política y 12 de la Ley 57 de 1985[2], en el sentido de que el acceso a los documentos e informaciones a cargo de las autoridades es restringido en la medida en que lo establezca la Constitución o la ley, razón por la cual no hay violación de los derechos consagrados en esos artículos, de donde se excluye también la violación de las normas invocadas en la demanda como violadas, toda vez que el concepto de violación se sustenta en el mismo argumento, el cual la entidad demandada resume en una supuesta carencia de jerarquía normativa en el establecimiento de las reservas en cuestión.

Síguese de las anteriores consideraciones que las disposiciones acusadas en el sub lite no exceden las normas que reglamentan, luego no se configura la violación de las disposiciones superiores invocadas, toda vez que el argumento central del concepto de violación de ellas carece de asidero. En consecuencia, los cargos no tienen vocación de prosperar, por lo cual se han de negar las pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Segundo.- Por secretaría, devuélvase la suma depositada para gastos del proceso.

Tercero.- En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 5 de diciembre del 2002.

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA


[1]El comentado artículo dice: "Artículo 12 (Ley 57 de 1985) - correspondiente al 19 del C. C. A.-. Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o la Ley, o no hagan relación a la defensa o seguridad nacional".

[2]El artículo 74 de la Constitución Política, en lo pertinente, dice: "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los documentos que establezca la ley".