100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010000361SENTENCIAPRIMERA1100103240002000668501(6685)200106/12/2001SENTENCIA__PRIMERA__1100103240002000668501(6685)__2001_06/12/2001100003612001SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Reglamentación por el D. 1794 de 1991 / SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Excepción de cosa juzgada respecto del artículo 2 del D.R. 1794 de 1991 / SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Los que la norma comprende son enunciativos y se diferencian de los básicos / COSA JUZGADA - Evidencia respecto del artículo 2 del D.R. 1794 de 1991 En relación con este cargo (violación por el art. 2 del D.R. 1794/91 del art. 31 del D.L. 199/90) se propone la excepción de cosa juzgada, la cual es avalada por el Ministerio Público, con fundamento en la sentencia de esta Sala, de 3 de mayo de 1993, Expediente núm. 2216, de la cual fue ponente el Consejero doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Sobre el particular, la Sala dijo: "De lo anterior fluye con meridiana claridad que no se presenta la violación del artículo 31 del Decreto Ley 1900 de 1990, como quiera que los aspectos relevantes que en dicha norma se destacan, son tenidos en cuenta en los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 1794 de 1991, al limitar el soporte de los servicios de valor agregado a los servicios básicos, telemáticos, de difusión, o la combinación de éstos, que es lo que propende el citado artículo 31; además, cuando dicha norma emplea la expresión entre otros' al referirse a los servicios que forman parte de los servicios de valor agregado, está dejando abierta la posibilidad al reglamento para que tenga en cuenta otros diferentes a los indicados en la ley, lógicamente sin perder de vista la naturaleza de los servicios, como acontece con la regulación que se hace en el artículo 4º transcrito, y finalmente, si una de las exigencias que se advierten en el aludido artículo 31 consiste en la diferencia que debe prevalecer entre los servicios básicos y los de valor agregado para efectos de considerar a estos como tales, el hecho de especificar o de ahondar en las características diferenciadas entre uno u otro servicio desde el punto de vista de la transmisión y de la información, justifica que la preceptiva acusada haya consagrado que sólo se considerarán servicios de valor agregado los que se puedan diferenciar de los servicios básicos, de acuerdo con el Decreto Ley 1900 de 1990, Y DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DECRETO", sin que ello constituya extralimitación de la potestad reglamentaria, pues precisamente la función del reglamento está dada para hacer más expedita la ley, la cual por su carácter general no puede prever todas las particularidades que se puedan presentar en el momento de su aplicación" . Por tales razones el cargo fue desestimado. RED DE VALOR AGREGADO - El inciso 1 del D.R. 1794 de 1991 no comporta exceso en la potestad reglamentaria / RED DE VALOR AGREGADO - El inciso 2 del D.R. 1794 de 1991 es de significado indicativo Al efecto, en lo concerniente al inciso primero del D.R. 1794/91, la remisión que se hace al artículo 4º del mismo decreto no comporta exceso en la potestad reglamentaria, por cuanto siendo este precepto el que precisa las características diferenciables del servicio de valor agregado, en desarrollo de la definición legal dada en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, lo lógico es que al tratarse de determinar una red de valor agregado, se deban atender las características ya señaladas, que justamente lo están en dicho artículo, el cual, por lo demás, no es objeto de la presente demanda de nulidad, además de que su legalidad frente al citado artículo 31 fue examinada en la sentencia a que se ha venido haciendo referencia, habiéndose encontrado conforme con el mismo. En lo que se refiere al inciso 2º acusado, se ha de advertir que la alusión que él hace a "usuarios o grupos de usuarios determinados" está referida a la Red de Valor Agregado, de modo que si se asumiera como una restricción, tal como lo aduce el actor, ella sólo sería aplicable a dicha red y no al servicio de valor agregado en sí. No obstante, para la Sala no tiene el significado imperativo que le atribuye el accionante, sino meramente indicativo, atendiendo la realidad práctica del uso de las redes de ese tipo, toda vez que están encaminadas a atender necesidades especiales que comparten grupos de personas o determinados sectores de la población. Con relación a la remisión que se hace en el mismo inciso a "las reglas de acceso, interconexión y participaciones consagradas en los Reglamentos", se observa que ella está dirigida también a las redes de Valor Agregado que se establezcan, en cuanto quieran interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicaciones del Estado y no al servicio de Valor Agregado, considerado en sí mismo, amén de que el artículo 31 invocado como violado no se ocupa de la definición de la Red de Valor Agregado. Por tales razones, se deduce que los incisos impugnados no contravienen el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, luego el cargo no prospera. SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Autorización al establecimiento de nuevos servicios de valor agregado o telemáticos / NUEVOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Irrelevancia de la palabra "tipificante" por no se oponerse al artículo 31 del D.L. 199 de 1990 En relación al numeral primero del art. 10 del D.R. 17945/91, la Sala considera que en la medida en que el reglamento es el desarrollo de la ley, tratándose de definiciones que en él se señalen, han de asumirse como acordes con o que tienen fundamento en la ley, sea cual fuere la materia reglamentada, de suerte que en lo relativo al servicio de valor agregado, resulta válida la remisión a las características que del mismo defina el reglamento, que para el caso están dadas en el artículo 4º del Decreto 1794 de 1991, el cual, encuentra respaldo en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, sin que tenga relevancia alguna el uso de la palabra tipificante, a manera de adjetivo de tales características, ya que nada les agrega ni les modifica en su significado, toda vez que toda característica cumple el papel de tipificar o diferenciar una cosa o concepto de otros. Por consiguiente, no se aprecia oposición entre la expresión censurada y el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990. NORMAS REGLAMENTARIAS - Carácter obligatorio o efecto vinculante sin el cual devendrían en inocuos / TERMINACION DE LA CONCESION POR VIOLACION A REGLAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES - Efecto vinculante de las normas reglamentarias La acusación a la frase del inciso segundo del artículo 29 del D.R. 1794/91, el cual se ocupa de las causales de terminación de la concesión, y cuya ubicación se da en el segundo inciso de dicho artículo así "Terminará también por incumplimiento de las obligaciones del título de concesión o por infracción a las leyes y Reglamentos de Telecomunicaciones, cuando a juicio de la entidad concedente ...", es a todas luces infundada, puesto que, de una parte, no se señala una norma específica del decreto ley reglamentado a la cual se oponga dicha frase y, de otra, porque siendo los reglamentos el desarrollo de las normas de orden legal y teniendo ellos efecto vinculante o carácter obligatorio sobre el asunto propio de la ley reglamentada, en cuanto se entienden parte de la regulación pertinente, de por sí su violación es también violación del ordenamiento jurídico y como tal puede generar consecuencias adversas a quien los infrinja. De lo contrario, devendrían en inocuos, con lo cual dejarían de tener el carácter de normas jurídicas. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA Bogotá, D. C., seis (6) de diciembre del dos mil uno (2001)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadMANUEL SANTIAGO URUETA AYOLAOSCAR FRANCO CHARRYDeclaratoria de nulidad de apartes del Decreto núm. 1794 de 15 de julio de 1991, "Por el cual se expiden normas sobre los Servicios de Valor Agregado y Telemáticos y se reglamenta el Decreto 1900 de 1990".Identificadores10010000362true447Versión original10000362Identificadores

Fecha Providencia

06/12/2001

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Norma demandada:  Declaratoria de nulidad de apartes del Decreto núm. 1794 de 15 de julio de 1991, "Por el cual se expiden normas sobre los Servicios de Valor Agregado y Telemáticos y se reglamenta el Decreto 1900 de 1990".

Demandante:  OSCAR FRANCO CHARRY


SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Reglamentación por el D. 1794 de 1991 / SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Excepción de cosa juzgada respecto del artículo 2 del D.R. 1794 de 1991 / SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Los que la norma comprende son enunciativos y se diferencian de los básicos / COSA JUZGADA - Evidencia respecto del artículo 2 del D.R. 1794 de 1991

En relación con este cargo (violación por el art. 2 del D.R. 1794/91 del art. 31 del D.L. 199/90) se propone la excepción de cosa juzgada, la cual es avalada por el Ministerio Público, con fundamento en la sentencia de esta Sala, de 3 de mayo de 1993, Expediente núm. 2216, de la cual fue ponente el Consejero doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz. Sobre el particular, la Sala dijo: "De lo anterior fluye con meridiana claridad que no se presenta la violación del artículo 31 del Decreto Ley 1900 de 1990, como quiera que los aspectos relevantes que en dicha norma se destacan, son tenidos en cuenta en los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 1794 de 1991, al limitar el soporte de los servicios de valor agregado a los servicios básicos, telemáticos, de difusión, o la combinación de éstos, que es lo que propende el citado artículo 31; además, cuando dicha norma emplea la expresión entre otros' al referirse a los servicios que forman parte de los servicios de valor agregado, está dejando abierta la posibilidad al reglamento para que tenga en cuenta otros diferentes a los indicados en la ley, lógicamente sin perder de vista la naturaleza de los servicios, como acontece con la regulación que se hace en el artículo 4º transcrito, y finalmente, si una de las exigencias que se advierten en el aludido artículo 31 consiste en la diferencia que debe prevalecer entre los servicios básicos y los de valor agregado para efectos de considerar a estos como tales, el hecho de especificar o de ahondar en las características diferenciadas entre uno u otro servicio desde el punto de vista de la transmisión y de la información, justifica que la preceptiva acusada haya consagrado que sólo se considerarán servicios de valor agregado los que se puedan diferenciar de los servicios básicos, de acuerdo con el Decreto Ley 1900 de 1990, Y DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DECRETO", sin que ello constituya extralimitación de la potestad reglamentaria, pues precisamente la función del reglamento está dada para hacer más expedita la ley, la cual por su carácter general no puede prever todas las particularidades que se puedan presentar en el momento de su aplicación" . Por tales razones el cargo fue desestimado.

RED DE VALOR AGREGADO - El inciso 1 del D.R. 1794 de 1991 no comporta exceso en la potestad reglamentaria / RED DE VALOR AGREGADO - El inciso 2 del D.R. 1794 de 1991 es de significado indicativo

Al efecto, en lo concerniente al inciso primero del D.R. 1794/91, la remisión que se hace al artículo 4º del mismo decreto no comporta exceso en la potestad reglamentaria, por cuanto siendo este precepto el que precisa las características diferenciables del servicio de valor agregado, en desarrollo de la definición legal dada en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, lo lógico es que al tratarse de determinar una red de valor agregado, se deban atender las características ya señaladas, que justamente lo están en dicho artículo, el cual, por lo demás, no es objeto de la presente demanda de nulidad, además de que su legalidad frente al citado artículo 31 fue examinada en la sentencia a que se ha venido haciendo referencia, habiéndose encontrado conforme con el mismo. En lo que se refiere al inciso 2º acusado, se ha de advertir que la alusión que él hace a "usuarios o grupos de usuarios determinados" está referida a la Red de Valor Agregado, de modo que si se asumiera como una restricción, tal como lo aduce el actor, ella sólo sería aplicable a dicha red y no al servicio de valor agregado en sí. No obstante, para la Sala no tiene el significado imperativo que le atribuye el accionante, sino meramente indicativo, atendiendo la realidad práctica del uso de las redes de ese tipo, toda vez que están encaminadas a atender necesidades especiales que comparten grupos de personas o determinados sectores de la población. Con relación a la remisión que se hace en el mismo inciso a "las reglas de acceso, interconexión y participaciones consagradas en los Reglamentos", se observa que ella está dirigida también a las redes de Valor Agregado que se establezcan, en cuanto quieran interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicaciones del Estado y no al servicio de Valor Agregado, considerado en sí mismo, amén de que el artículo 31 invocado como violado no se ocupa de la definición de la Red de Valor Agregado. Por tales razones, se deduce que los incisos impugnados no contravienen el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, luego el cargo no prospera.

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Autorización al establecimiento de nuevos servicios de valor agregado o telemáticos / NUEVOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO - Irrelevancia de la palabra "tipificante" por no se oponerse al artículo 31 del D.L. 199 de 1990

En relación al numeral primero del art. 10 del D.R. 17945/91, la Sala considera que en la medida en que el reglamento es el desarrollo de la ley, tratándose de definiciones que en él se señalen, han de asumirse como acordes con o que tienen fundamento en la ley, sea cual fuere la materia reglamentada, de suerte que en lo relativo al servicio de valor agregado, resulta válida la remisión a las características que del mismo defina el reglamento, que para el caso están dadas en el artículo 4º del Decreto 1794 de 1991, el cual, encuentra respaldo en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, sin que tenga relevancia alguna el uso de la palabra tipificante, a manera de adjetivo de tales características, ya que nada les agrega ni les modifica en su significado, toda vez que toda característica cumple el papel de tipificar o diferenciar una cosa o concepto de otros. Por consiguiente, no se aprecia oposición entre la expresión censurada y el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990.

NORMAS REGLAMENTARIAS - Carácter obligatorio o efecto vinculante sin el cual devendrían en inocuos / TERMINACION DE LA CONCESION POR VIOLACION A REGLAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES - Efecto vinculante de las normas reglamentarias

La acusación a la frase del inciso segundo del artículo 29 del D.R. 1794/91, el cual se ocupa de las causales de terminación de la concesión, y cuya ubicación se da en el segundo inciso de dicho artículo así "Terminará también por incumplimiento de las obligaciones del título de concesión o por infracción a las leyes y Reglamentos de Telecomunicaciones, cuando a juicio de la entidad concedente ...", es a todas luces infundada, puesto que, de una parte, no se señala una norma específica del decreto ley reglamentado a la cual se oponga dicha frase y, de otra, porque siendo los reglamentos el desarrollo de las normas de orden legal y teniendo ellos efecto vinculante o carácter obligatorio sobre el asunto propio de la ley reglamentada, en cuanto se entienden parte de la regulación pertinente, de por sí su violación es también violación del ordenamiento jurídico y como tal puede generar consecuencias adversas a quien los infrinja. De lo contrario, devendrían en inocuos, con lo cual dejarían de tener el carácter de normas jurídicas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., seis (6) de diciembre del dos mil uno (2001)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6685-01(6685)

Actor: OSCAR FRANCO CHARRY

Referencia: ACCION DE NULIDAD

La Sala decide, en única instancia, la demanda instaurada por el ciudadanoOscar Franco Charry, para que se declare la nulidad de apartes del Decreto núm. 1794 de 15 de julio de 1991, "Por el cual se expiden normas sobre los Servicios de Valor Agregado y Telemáticos y se reglamenta el Decreto 1900 de 1990", expedido por el Presidente de la República y el Ministro de Comunicaciones.

I.- LA DEMANDA

En ejercicio de la acción de simple nulidad que consagra el artículo 84 del C.C.A. y mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes

I. 1.Pretensiones

Que se declare la nulidad del artículo 2º, en la frase "... y de conformidad con el presente Decreto".

- Del inciso 1º del artículo 5º, en la oración "... Para que una red sea considerada de valor agregado debe ofrecer características técnicas para la transmisión de la información que las hagan diferenciales de la red telefónica pública conmutada de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 4º de este Decreto".

- Del inciso segundo del mismo artículo 5º, que dice:

"Las redes de valor agregado están destinadas a satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones de usuarios o grupos de usuarios determinados, pero podrán interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicaciones del estado, de conformidad con las reglas de acceso, interconexión y participaciones consagradas en los reglamentos".

- El numeral 1º del artículo 10, que señala:

"1. Que el servicio propuesto reúna las características tipificantes que lo permitan considerar como servicios de valor agregado o telemáticos, según las definiciones consagradas en este Decreto."

- La frase del inciso segundo del artículo 29, que señala:

"... y Reglamentos de Telecomunicaciones ...".

I. 2. Los hechos

El actor presenta como hechos de la demanda, el de la expedición del acto acusado y la titulación de sus respectivos capítulos.

I. 3.Las normas violadas y el concepto de la violación

Señala como normas violadas los artículos 1, 6, 29 inciso 2º, 121, 150, 189 numeral 11, 333 y 365 de la Constitución Política; 31 del Decreto Ley 1900 de 1990 y 1º de la Ley 170 de 1994, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Creación de la Organización Mundial de Comercio OMC, por razones que, después de hacer algunas consideraciones generales sobre las clases y formas de los servicios del valor agregado, agrupa en los siguientes cargos:

1.3.1. La expresión "y de conformidad con el presente Decreto" del artículo 2º del Decreto núm. 1794 de 1991, es nula por cuanto la alusión a la diferenciación que debe existir entre los servicios de Valor Agregado y los servicios básicos que les sirven de soporte para su prestación, debe ceñirse exclusiva e indefectiblemente a la definición legal que para la época de expedición del citado decreto se aplicaba en virtud del Decreto Ley 1900 de 1990 y las diferencias entre valor agregado y servicios básicos deben ceñirse a las claras definiciones previstas en este decreto (artículos 28 y 31) y no a una definición que pueda desprenderse del mismo reglamento y rebase sus propios límites, ya que, en todo, éste debe permanecer circunscrito al sentido literal de la ley. Los límites y alcances de la potestad reglamentaria del Presidente de la República se basan en los criterios de competencia y de necesidad.

La competencia implica que no puede, so pretexto de reglamentar, crear una nueva norma no contenida en la ley, ni modificarla, restringirla o extender su alcance, ni contrariar su espíritu o finalidad, según se desprende del artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, mientras que la necesidad se relaciona con el ejercicio del poder reglamentario cuando la ley es oscura, condicional o imprecisa.

La referencia al propio reglamento expone al intérprete a la posibilidad de buscar en sus normas definiciones que sólo deben encontrarse en la ley.

1.3.2. El inciso 1º del artículo 5º del Decreto 1794 de 1991 significa que el Presidente de la República ha pretendido condicionar la calificación de una red de valor agregado al cumplimiento de características técnicas de transmisión de información que la haga diferente de la red de telefonía pública conmutada, partiendo de lo establecido en el artículo 4º del mismo decreto reglamentario, en el cual la autoridad administrativa crea el concepto de las "características diferenciales" de un servicio de Valor Agregado y a cuyo tenor las mismas "se pueden referir" a la transmisión de la información y/o la información transmitida, proponiendo en forma enunciativa para cada una de ellas, ciertas modalidades de servicio, vistas en los incisos 2º y 3º, que coinciden parcialmente sólo con las descritas en el Decreto 1900 de 1990 y en la lista de compromisos del GATTS (OMC), respectivamente, de modo que adicionó respecto de éstas las siguientes modalidades de Valor Agregado:

- La conversión de formatos;

- La conversión de velocidades;

- La protección de errores;

- El encriptamiento;

- La codificación;

- El enrutamiento de la información, y

- La adaptación a requerimientos de calidad.

De otra parte, el citado artículo 4º del Decreto 1794 dejó de incluir algunas de las modalidades fijadas por el legislador en las normas superiores indicadas, a saber:

- El videotexto;

- El teletexto;

- El correo vocal;

- La extracción de información en línea y de base de datos;

- El intercambio electrónico de datos;

- El almacenamiento y retransmisión de servicios de facsímil, y

- El procesamiento de datos e información en línea.

De suerte que hay un significativo desfase entre las definiciones dadas por la norma reglamentaria y las establecidas en las normas superiores citadas y aunque efectivamente el reglamento puede enunciar otras modalidades, lo que no es posible es que el citado artículo 4º sea la única referencia para diferenciar una red de valor agregado, de la red de telefonía pública conmutada. Para esos efectos, se debe permitir que el intérprete recurra, en primer lugar, a las modalidades de servicios de Valor Agregado que se enuncian en el Decreto Ley 1900 de 1990 y en las listas de compromisos del GATTS, para luego complementar las posibilidades con las normas reglamentarias que se haya considerado necesario expedir sobre la materia. Por lo tanto, el Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria (art. 89 de la C.P.), al superar sus propios límites naturales e invadir la órbita del Legislador (artículo 150 de la C.P.), desconociendo así la condición de Estado Social de Derecho del Estado colombiano (art. 1º ibídem) y el deber que como autoridad tiene el Presidente de la República de cumplir estrictamente las funciones que le asignan la Constitución y la ley ( art. 121 ib.).

1.3.3. Mediante el inciso 2º del artículo 5º del Decreto 1794 de 1991, se rebasa también la competencia otorgada al Presidente de la República por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en primer lugar, porque en la definición legal de los servicios de Valor Agregado no se incluye ningún tipo de restricción relativa a "usuarios o grupos de usuarios determinados", como sí lo pretende hacer dicha norma reglamentaria y, en segundo lugar, debido a la intención de someter a los prestatarios de ese servicio a "las reglas de acceso, interconexión y participaciones consagradas en los Reglamentos" para interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicaciones del Estado, ya que este condicionamiento no hace parte de la definición del mismo prevista en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, la cual prevé como esencia de este tipo de servicios de telecomunicaciones, la utilización de otros servicios en calidad de soporte para su prestación, entre los que se encuentran los servicios básicos, que a su vez incorporan los llamados Teleservicios, entre ellos los de telefonía. Además, se debe tener en cuenta que la relación entre un prestador de servicios de Valor Agregado y un prestador de servicios de telefonía, constituye un vínculo contractual entre un usuario y un operador que, a la postre, hoy se encuentra normado por la Ley 142 de 1994, de Servicios Públicos Domiciliarios.

1.3.4. El numeral 1 del artículo 10 del Decreto 1794 de 1991 es nulo porque el concepto de "características tipificantes", creado por el artículo cuarto del decreto demandado, sólo puede corresponder a las modalidades del servicio de Valor Agregado que enuncia la definición legal, originalmente en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990 y luego en la lista de compromisos del GATTS (OMC), por tanto hay una mínima coincidencia del reglamento con la definición contenida en estas normas.

A cambio de fijar unas "características tipificantes", como exclusiva referencia para el intérprete, el reglamento debió permitir recurrir a las definiciones con fuerza de ley, para establecer elementos que verdaderamente califican a un determinado servicio de telecomunicaciones como de "Valor Agregado", lo que puede hacer respondiendo a "cuatro parámetros" extraídos de las citadas normas superiores:

- ¿El servicio utiliza como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión, o cualquier combinación de éstos ;

- ¿El servicio proporciona la capacidad completa para el envío o intercambio de información ;

- ¿El servicio agrega otras facilidades al servicio soporte o satisface nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones ;

- ¿El servicio se puede diferenciar de los servicios básicos (teniendo en cuenta la definición de Servicios Básicos contenida en el artículo 28 del Decreto Ley 1900 de 1991);

1.3.5. Es nula la frase "y Reglamentos de Telecomunicaciones" del artículo 29 del Decreto 1794 de 1991, que trata de las causales de terminación de la concesión, en cuanto prevé que dicha terminación también se decretará por infracción de tales reglamentos, además de la ley, puesto que los supuestos de una infracción y la pena a imponer, deben derivar expresa e indefectiblemente de la ley y no de la autoría del Presidente de la República.

A título de consideraciones finales, manifiesta, en síntesis, que las normas acusadas no cuentan con sustento en leyes colombianas y que, más que un desfase entre la ley y la tecnología, lo que hay es un abismo entre la ley y las políticas gubernamentales, con perjuicio del interés general y del desarrollo de un servicio de telecomunicaciones como el de valor agregado, en contravía de las progresistas definiciones del legislador y de los artículos 333 y 334 de la Constitución Política, así como de la libertad de empresa acogida en la Ley 142 de 1994. Por ser nulas, mantienen en vilo muchas de las modalidades relativas al mencionado servicio y afectan el cometido dado al estado en relación con la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional.

II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda no fue contestada en término por la entidad demandada, el Ministerio de Comunicaciones, en representación de la Nación.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION

III. 1. Alegato de la parte demandante

El actor empieza por indicar que los cargos se relacionan principalmente con la extralimitación percibida en el ejercicio de la potestad reglamentaria asignada al Presidente de la República, sin que respecto de las normas demandadas se haya producido la cosa juzgada, puesto que en la demanda que dio lugar a la sentencia referenciada por la entidad demandada, se persiguió restringir el potencial de los servicios de valor agregado regulados en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, en oposición a lo que se persigue en este proceso, que es salvaguardar los derechos de los prestatarios de esos servicios, por tanto los cargos son distintos, los cuales expone en detalle a fin de poner en evidencia las diferencias entre ambas demandas. Señala que en este caso se proponen elementos de juicio que no han sido incorporados en la jurisprudencia, lo cual posibilita que se pueda pedir la nulidad de los preceptos a pesar de haber sido examinados por la jurisdicción contencioso administrativa.

III. 2. Alegato de la parte demandada

El apoderado de la entidad demandada dice reiterar los argumentos presentados hasta el momento, los cuales le permiten afirmar la evidente carencia de fundamento de la presente acción y su imposibilidad de prosperar.

Tales argumentos aluden a la excepción de cosa juzgada en relación con los artículos 2º a 5º, 11 a 13, numeral 3º, y el parágrafo del artículo 17 del Decreto Reglamentario núm. 1794 de 15 de julio de 1991, los cuales fueron demandados sin éxito ante el Consejo de Estado; excepción que sustenta en los pronunciamientos que hizo la Sala en relación con cada precepto en la sentencia de 3 de mayo de 1993, Expediente núm. 2216.

A que en el concepto de violación de la demanda se cita de manera totalmente equivocada el Acuerdo OMC, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, el cual entró en vigor para Colombia el 30 de abril de 1995, puesto que en parte alguna de este acuerdo se mencionan siquiera los servicios de Valor Agregado, sino que cuando el mismo incluye el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS, cuya sigla en inglés es GATS y no GATTS como alega el actor) no se refiere a todos los servicios posibles en forma indiscriminada sino solamente a los sectores en los cuales los gobiernos contraigan compromisos específicos (ver el "ANEXO 1B: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios"). Los compromisos adquiridos se refieren a telecomunicaciones básicas, según se puede apreciar en la "Decisión relativa a las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas" del aparte "DECISIONES Y DECLARACIONES MINISTERIALES" de que trata la Ley 170 de 1994 y en el AGCS se incluyó precisamente un "Anexo relativo a las Negociaciones sobre Telecomunicaciones Básicas".

A que la Ley 170 de 1994, no es una ley de telecomunicaciones sino sobre liberalización de servicios, que no derogó ni afectó las normas internas sobre servicios de valor agregado, los cuales no fueron materia de negociación, por mandato expreso de la Decisión Ministerial adoptada en Marrakech el 15 de abril de 1994, y la definición que de este concepto se hizo para efectos de la lista de compromisos específicos, sin que existiera la intención de modificar la legislación interna al respecto, de modo que mal puede por vía de interpretación hacerse más extenso el tratado que lo que le corresponde. Lo que la Ley 170 de 1993 incorpora al derecho interno es el acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio y las Declaraciones y Decisiones Ministeriales. Nada más.

A que el cargo relativo al artículo 10 del Decreto 1794 de 1991, que, advierte, coincide de bulto con lo previsto en el artículo 31 del Decreto Ley 1900 de 1990, y la referencia al mismo decreto quedaron cobijadas por la citada sentencia al declarar perfectamente ajustado a la legalidad la "autoreferencia" y otros puntos relacionados con este tópico, y que el actor está citando en forma aislada, inconexa y parcial el Decreto 1794 de 1991, cuando de la integridad de la norma resulta evidente su coincidencia con el Decreto 1900 en comento.

Y a que con relación al artículo 29 del decreto acusado, si el actor hubiera hecho una lectura desapasionada del Decreto Ley 1900 de 1990, especialmente de sus artículos 51, 52 y 53, hubiera encontrado los fundamentos legales de esa estipulación, ya que los mismos explican la redacción de aquél artículo impugnado.

Agrega que ha sido expedida la Ley 671 de 2001, "por medio de la cual se aprueba el 'Cuarto Protocolo anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la Lista de Compromisos Específicos de Colombia Anexa', hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997", a fin de reiterar que toda la argumentación del actor se basa en normas que todavía no han sido incorporadas a nuestra legislación, ya que como es una ley aprobatoria de un tratado, se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional, trámite sin el cual no adquirirá plena vigencia. Por lo tanto, los acuerdos sobre telecomunicaciones en el marco de la OMC están hasta ahora en vías de incorporación por virtud del trámite de esa ley.

IV.- CONCEPTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

Para el Ministerio Público el problema que se plantea es si el Presidente de la República excedió la potestad reglamentaria al contemplar en el reglamento aspectos no previstos en la ley. Sobre el particular, luego de transcribir los apartes pertinentes de la ya citada sentencia de esta Sala, considera que en este caso cabe dar aplicación a la excepción de cosa juzgada frente a los cargos formulados contra los artículos 2º y 5º del Decreto 1794 de 1991 y que los cargos relativos a los artículos 10 y 29 ibídem no están llamados a prosperar, en resumen, porque las características tipificantes aludidas en el primero, encuentran respaldo en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, por cuanto en éste se establece cuáles son los servicios de valor agregado y sus características, que vienen a ser precisadas por el decreto en cuestión; mientras que el segundo tiene respaldo en los artículos 51, 52 y 53 del precitado decreto, en la medida de que en ellos se establecen las infracciones y sanciones en materia de comunicaciones.

Aclara que de conformidad con el artículo 65 del Decreto 1900 de 1990, las concesiones habrán de sujetarse a éste y a las reglamentaciones que expida el Ministerio de Comunicaciones y que, por consiguiente, el Presidente no excedió la potestad reglamentaria, de donde, en su sentir, las pretensiones no están llamadas a prosperar.

V.- CONSIDERACIONES

1ª. El acto parcialmente demandado es el Decreto núm. 1794 de 15 de julio de 1991, "Por el cual se expiden normas sobre los Servicios de Valor Agregado y Telemáticos y se reglamenta el Decreto 1900 de 1990".

2ª. A fin de determinar la pertinencia o aplicación al caso de las disposiciones invocadas como violadas, basta con recordar la reiterada jurisprudencia de la Corporación en el sentido de que el juzgamiento de los actos administrativos debe hacerse a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho dadas al momento de su expedición, de modo que en lo concerniente a las normas que se aducen como violadas, sólo cabe atender las que estuvieren vigentes al momento de su expedición, a excepción de las de rango constitucional, cuando adquieren vigencia con posterioridad al nacimiento del mismo, cuya eventual violación puede generar la inconstitucionalidad sobreviniente, que la Sala ha acogido como causal de nulidad[1].

Las normas superiores que se invocan como violadas son los artículos 1, 6, 29 inciso 2º, 121, 150, 189 numeral 11, 333 y 365 de la Constitución Política de 1991; 31 del Decreto Ley 1900 de 1990 y 1º de la Ley 170 de 1994.

De tales disposiciones, el artículo 1º de la Ley 170 de 1994 no es aplicable al caso a fin de examinar la legalidad del decreto acusado, puesto que se trata de una norma posterior a la expedición del mismo, según se desprende de la fecha de dicha ley, razón por la cual la Sala se abstendrá de estudiar el cargo atinente al citado artículo.

3ª. En cuanto a los restantes preceptos, se debe tener en cuenta, de otra parte, que el acto acusado es el decreto reglamentario de un decreto con fuerza de ley, el Decreto Ley núm. 1900 de 1990, por lo cual el marco normativo inmediatamente superior está dado, en primer orden, por la norma o las normas objeto de reglamentación, de suerte que la eventual violación de normas distintas, en especial, de carácter constitucional, depende, por lo general, de la infracción de la ley reglamentada, en cuanto la exceda, la contraríe o la restrinja.

3.1. En primer término, se debe dilucidar si hay violación del artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, que de los artículos enunciados corresponde a la normatividad reglamentada, cuyo texto es el siguiente:

"Servicios de valor agregado. Son aquellos que utilizan como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión, o cualquier combinación de éstos, y con ellos proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades al servicio soporte o satisfaciendo nuevas necesidades específicas de telecomunicaciones.

"Forman parte de estos servicios, entre otros, el acceso, envío, tratamiento, depósito y recuperación de información almacenada, la transferencia electrónica de fondos, el videotexto, el teletexto y el correo electrónico.

"Sólo se considerarán servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos".

Su violación la predica el actor respecto de casi todos los apartes demandados, por lo cual habrá de hacerse la confrontación del mismo con cada uno de éstos, así:

3.1.1. Del artículo 2º, la frase "... y de conformidad con el presente Decreto", cuyo contexto es el siguiente:

"Servicios de Valor Agregado. Servicios de Valor Agregado son aquellos que proporcionan la capacidad completa para el envío o intercambio de información, agregando otras facilidades específicas de telecomunicaciones. Sólo se considerarán servicios de valor agregado aquellos que se puedan diferenciar de los servicios básicos, en los términos del Decreto 1900 de 1990, y de conformidad con el presente Decreto".

En relación con este cargo se propone la excepción de cosa juzgada, la cual es avalada por el Ministerio Público, con fundamento en la sentencia de esta Sala, de 3 de mayo de 1993, Expediente núm. 2216, de la cual fue ponente el Consejero doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Al respecto, se tiene que en dicha sentencia se decidió una demanda de nulidad contra los artículos 2º a 5º, 7º, 11 a 13 en su numeral 3º y el parágrafo del artículo 17 del acto aquí también demandado, esto es, del Decreto Reglamentario núm. 1794 de 15 de julio de 1991, "Por el cual se expiden normas sobre los Servicios de Valor Agregado y Telemáticos y se reglamenta el Decreto 1900 de 1990".

En cuanto hace al artículo 2º, incluyendo la expresión ahora enjuiciada, también se le acusa de violar el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, por razones similares a las expuestas en la presente demanda, al decirse en el concepto de violación que "... en la nueva definición dada en el texto reglamentario desaparece el inciso 2º del artículo 31 del Decreto Ley 1900 de 1990 y en el inciso 3º se da un alcance que no tiene el de la Ley cuando establece que 'sólo se considerarán servicios de valor agregado aquéllos que se puedan diferenciar de los servicios básicos, en los términos del Decreto 1900 de 1990, y de conformidad con el presente Decreto', facultad ésta última que crea el reglamento sin autorización alguna".

Sobre el particular, la Sala dijo:

"Observa la Sala que primordialmente la finalidad del artículo 31 del Decreto Ley 1900 de 1990 consiste en precisar que dentro de los servicios de telecomunicaciones, los de valor agregado sólo pueden utilizar como soporte servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier combinación de éstos, en haceruna enumeración no taxativa - pues emplea la expresión 'entre otros' - , de los servicios que forman parte de aquellos, y en enfatizar sobre la diferencia que debe existir entre los servicios básicos y los de valor agregado para que éstos puedan ser considerados como tales (Negrillas no son del texto).

"El inciso 1° del artículo 3º del Decreto 1794 de 1991 preceptúa:

" '... Los servicios de valor agregado hacen uso de servicios básicos, telemáticos, de difusión o cualquier combinación de éstos, bien sea a través de una red operada por otro o de una red propia de telecomunicaciones'. Señala el artículo 4º ibídem:

" 'Características diferenciables. Sólo se consideran servicios de valor agregado aquéllos que se puedan diferenciar de los servicios básicos. Las características que hacen diferenciable un servicio de valor agregado se pueden referir a la transmisión de información de cualquier naturaleza o a la información transmitida o a una combinación de ambas posibilidades.

" 'Hacen parte de las características diferenciables referidas a la transmisión, entre otras, la conversión de protocolos, la conversión de códigos, la conversión de formatos, la conversión de velocidades. Hacen parte de las características diferenciables referidas al tratamiento de la información, entre otros, el acceso, almacenamiento, envío, tratamiento, depósito y recuperación a distancia de información ......'.

"De lo anterior fluye con meridiana claridad que no se presenta la violación del artículo 31 del Decreto Ley 1900 de 1990, como quiera que los aspectos relevantes que en dicha norma se destacan, son tenidos en cuenta en los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto 1794 de 1991, al limitar el soporte de los servicios de valor agregado a los servicios básicos, telemáticos, de difusión, o la combinación de éstos, que es lo que propende el citado artículo 31; además, cuando dicha norma emplea la expresión entre otros' al referirse a los servicios que forman parte de los servicios de valor agregado,está dejando abierta la posibilidad al reglamento para que tenga en cuenta otros diferentes a los indicados en la ley, lógicamente sin perder de vista la naturaleza de los servicios, como acontece con la regulación que se hace en el artículo 4º transcrito, y finalmente, si una de las exigencias que se advierten en el aludido artículo 31 consiste en la diferencia que debe prevalecer entre los servicios básicos y los de valor agregado para efectos de considerar a estos como tales, el hecho de especificar o de ahondar en las características diferenciadas entre uno u otro servicio desde el punto de vista de la transmisión y de la información, justifica que la preceptiva acusada haya consagrado que sólo se considerarán servicios de valor agregado los que se puedan diferenciar de los servicios básicos, de acuerdo con el Decreto Ley 1900 de 1990, Y DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE DECRETO", sin que ello constituya extralimitación de la potestad reglamentaria, pues precisamente la función del reglamento está dada para hacer más expedita la ley, la cual por su carácter general no puede prever todas las particularidades que se puedan presentar en el momento de su aplicación" (Negrillas no son del texto).

Por tales razones el cargo fue desestimado.

Si se tiene en cuenta que en este proceso el cargo es igual al despachado en la sentencia citada, toda vez que a la expresión atacada se le endilga la violación del mismo artículo por extralimitación en el ejercicio de la potestad reglamentaria, porque, a juicio del actor, la diferenciación entre los servicios de valor agregado y los servicios básicos que le sirven de soporte para su prestación, debe ceñirse exclusivamente a la definición legal, es evidente que se configura la cosa juzgada en lo que concierne a dicho cargo, de donde la misma se declarará probada.

3.1.2. De los incisos 1º y 2º del artículo 5º, se pide la nulidad de los apartes que a continuación se destacan:

"Red de Valor Agregado. La red de valor agregado es una red especializada de telecomunicaciones a través de la cual se prestan al público, principalmente, servicios telemáticos y de valor agregado. Para que una red sea considerada de valor agregado debe ofrecer características técnicas para la transmisión de la información que las hagan diferenciales de la red telefónica pública conmutada de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 4º de este Decreto.

"Las redes de valor agregado están destinadas a satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones de usuarios o grupos de usuarios determinados, pero podrán interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicaciones del Estado, de conformidad con las reglas de acceso, interconexión y participaciones consagradas en los reglamentos."

"Las redes de valor agregado podrán ser nacionales o internacionales".

El exceso en la potestad reglamentaria respecto del artículo 31 del Decreto 1900 de 1990 que se les endilga, se hace consistir, en síntesis, en que el inciso 1º del artículo 5º del Decreto 1794 de 1991, ha condicionado la calificación de una red de valor agregado al cumplimiento de características técnicas establecidas por el mismo, en el artículo 4º del decreto reglamentario, que coinciden parcialmente con las descritas en el Decreto 1900 de 1990, de modo que adicionó varias modalidades de Valor Agregado, al tiempo que este artículo 4º dejó de incluir algunas de las modalidades fijadas por el legislador; de suerte que hay un significativo desfase entre las definiciones dadas por la norma reglamentaria y las establecidas en la norma superior citada y aunque efectivamente el reglamento puede enunciar otras modalidades, lo que no es posible es que el citado artículo 4º sea la única referencia para diferenciar una red de valor agregado, de la red de telefonía pública conmutada.

Y en cuanto al inciso 2º del artículo 5º del Decreto 1794 de 1991, que la definición legal de los servicios de Valor Agregado no incluye ningún tipo de restricción relativa a "usuarios o grupos de usuarios determinados", como sí lo hace aquél y se somete a los prestatarios de ese servicio a "las reglas de acceso, interconexión y participaciones consagradas en los Reglamentos" para interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicaciones del Estado, sin que este condicionamiento haga parte de la definición del mismo prevista en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990.

En relación con el artículo acusado también se propone la excepción de cosa juzgada, tal como atrás se expuso. Sin embargo, en este caso la misma no se configura, puesto que si bien entre las normas que se invocan como violadas está el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, el concepto de violación difiere, toda vez que en la demanda ya fallada se hizo consistir en que no es lógico ni concebible que exista red de valor agregado, lo cual no se ha planteado en la que ahora se examina, por lo cual el cargo habrá de ser analizado.

Al efecto, en lo concerniente al inciso primero, la remisión que se hace al artículo 4º del Decreto 1794 de 1991 no comporta exceso en la potestad reglamentaria, por cuanto siendo este precepto el que precisa las características diferenciables del servicio de valor agregado, en desarrollo de la definición legal dada en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, lo lógico es que al tratarse de determinar una red de valor agregado, se deban atender las características ya señaladas, que justamente lo están en dicho artículo, el cual, por lo demás, no es objeto de la presente demanda de nulidad, además de que su legalidad frente al citado artículo 31 fue examinada en la sentencia a que se ha venido haciendo referencia, habiéndose encontrado conforme con el mismo.

En lo que se refiere al inciso 2º acusado, se ha de advertir que la alusión que él hace a "usuarios o grupos de usuarios determinados" está referida a la Red de Valor Agregado, de modo que si se asumiera como una restricción, tal como lo aduce el actor, ella sólo sería aplicable a dicha red y no al servicio de valor agregado en sí. No obstante, para la Sala no tiene el significado imperativo que le atribuye el accionante, sino meramente indicativo, atendiendo la realidad práctica del uso de las redes de ese tipo, toda vez que están encaminadas a atender necesidades especiales que comparten grupos de personas o determinados sectores de la población.

Con relación a la remisión que se hace en el mismo inciso a "las reglas de acceso, interconexión y participaciones consagradas en los Reglamentos", se observa que ella está dirigida también a las redes de Valor Agregado que se establezcan, en cuanto quieran interconectarse a la red pública telefónica conmutada o a cualquier otra red de telecomunicaciones del Estado y no al servicio de Valor Agregado, considerado en sí mismo, amén de que el artículo 31 invocado como violado no se ocupa de la definición de la Red de Valor Agregado.

Por tales razones, se deduce que los incisos impugnados no contravienen el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, luego el cargo no prospera.

3.1.3. El numeral 1º del artículo 10, señala:

"Procedimiento para la autorización relativa al establecimiento de nuevos servicios de valor agregado o telemáticos. La autorización para el establecimiento de nuevos servicios de valor agregado o telemáticos se dará a petición de parte interesada.

"El Ministerio de Comunicaciones, en un plazo no mayor de un mes contado a partir de la recepción de la solicitud, con base en la información suministrada por el solicitante, dictará resolución motivada, previo el examen de los siguientes aspectos:

"1.Que el servicio propuesto reúna las características tipificantes que lo permitan considerar como servicios de valor agregado o telemáticos, según las definiciones consagradas en este Decreto".

Su anulabilidad la funda el actor en que el concepto de "características tipificantes", creado por el artículo 4 del decreto demandado, sólo puede corresponder a las modalidades del servicio de Valor Agregado que enuncia originalmente el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, por tanto hay una mínima coincidencia del reglamento con la definición contenida en esta norma. El reglamento debió permitir recurrir a las definiciones con fuerza de ley, para establecer elementos que verdaderamente califican a un determinado servicio de telecomunicaciones.

Al punto, la Sala considera que en la medida en que el reglamento es el desarrollo de la ley, tratándose de definiciones que en él se señalen, han de asumirse como acordes con o que tienen fundamento en la ley, sea cual fuere la materia reglamentada, de suerte que en lo relativo al servicio de valor agregado, resulta válida la remisión a las características que del mismo defina el reglamento, que para el caso están dadas en el artículo 4º del Decreto 1794 de 1991, el cual, como lo anota el Ministerio Público y lo dejó explicado esta Sala en su sentencia ya comentada, encuentra respaldo en el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990, sin que tenga relevancia alguna el uso de la palabra tipificante, a manera de adjetivo de tales características, ya que nada les agrega ni les modifica en su significado, toda vez que toda característica cumple el papel de tipificar o diferenciar una cosa o concepto de otros. Por consiguiente, no se aprecia oposición entre la expresión censurada y el artículo 31 del Decreto 1900 de 1990.

3.1.4. Por último, la acusación a la frase del inciso segundo del artículo 29, el cual se ocupa de las causales de terminación de la concesión, y cuya ubicación se da en el segundo inciso de dicho artículo así "Terminará también por incumplimiento de las obligaciones del título de concesión o por infracción a las leyesy Reglamentos de Telecomunicaciones, cuando a juicio de la entidad concedente ...", es a todas luces infundada, puesto que, de una parte, no se señala una norma específica del decreto ley reglamentado a la cual se oponga dicha frase y, de otra, porque siendo los reglamentos el desarrollo de las normas de orden legal y teniendo ellos efecto vinculante o carácter obligatorio sobre el asunto propio de la ley reglamentada, en cuanto se entienden parte de la regulación pertinente, de por sí su violación es también violación del ordenamiento jurídico y como tal puede generar consecuencias adversas a quien los infrinja. De lo contrario, devendrían en inocuos, con lo cual dejarían de tener el carácter de normas jurídicas.

Además, como lo advierte el Ministerio Público, lo así dispuesto encuentra respaldo en los artículos 51, 52 y 53 del Decreto 1900 de 1990, los cuales establecen las infracciones y sanciones en materia de comunicaciones.

Los anteriores argumentos permiten concluir que no se evidencia violación de la norma superior objeto de la reglamentación adoptada mediante el Decreto 1794 de 1991 y que, por ende, no se estructura el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, lo cual permite descartar la usurpación de las atribuciones del legislador, esto es, la violación del artículo 150 ibídem y demás normas del mismo estatuto superior invocadas como violadas. En consecuencia, los cargos no tienen vocación de prosperar, de donde, además de declarar probada la excepción de cosa juzgada ya precisada, han de negarse las demás pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- DECLARASE probada la excepción de cosa juzgada respecto del artículo 2º del Decreto 1794 de 1991, según se estableció en las consideraciones de esta sentencia.

Segundo.- DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

Tercero.- Por secretaría, devuélvase la suma depositada para gastos del proceso.

Cuarto.- En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 6 de diciembre del 2001.

OLGA INES NAVARRETE BARRERO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidenta

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO MANUEL S. URUETA AYOLA


[1]Ver, entre otras, la sentencia de 10 de febrero de 1995, Expediente núm. 2943, Consejero Ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz.