100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010000335SENTENCIAPRIMERA1100103240002000652901(6529)200220/03/2002SENTENCIA__PRIMERA__1100103240002000652901(6529)__2002_20/03/2002100003352002CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES - Reglamentación del procedimiento para designación del Director General / CONSEJO DIRECTIVO CAR - Legalidad del Comité Evaluador de hojas de vida de aspirantes a Director / CAR - Conformación del Consejo Directivo / DIRECTOR DE LA CAR - Procedimiento para su designación por el Consejo Directivo Efectuada la comparación entre las normas transcritas (ley 99/93, artículo 27 literal j y 28) y lo dispuesto en el acto acusado (decreto 2555/97), la Sala advierte que cuando introdujo este último, en su artículo 4º, fue la creación de un Comité integrado por miembros del Consejo Directivo, encargado de evaluar las hojas de vida de los aspirantes, de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, y de elaborar un informe sobre las hojas de vida que cumplan con los citados requisitos, para que el Consejo Directivo en pleno elija al Director General de la Corporación. Este comité, si bien no fue contemplado en los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en manera alguna se opone o contradice el procedimiento establecido por esta Corporación para la elección de su Director General, como tampoco desconoce los principios de transparencia, publicidad e igualdad o el régimen de autonomía que la Constitución Política reconoce a los particulares y a las Corporaciones Autónomas Regionales. En efecto, la decisión de elegir al Director General sigue en manos del Consejo Directivo, cuya integración no ha sido modificada por el acto acusado, ya que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 dispuso expresamente que el Consejo Directivo, órgano de administración de la respectiva Corporación, estará conformado por el gobernador o gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación, o su delegado o delegados; por un representante del Presidente de la República; por un representante del Ministerio del Medio Ambiente; hasta por cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación; dos representantes del sector privado; un representante de las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación; y por dos representantes de las entidades sin ánimo de lucro domiciliados en la misma área y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Las anteriores consideraciones descartan igualmente la alegada violación de los artículos 150, ordinal 7, 154 y 209 de la Constitución Política, por cuanto mediante el acto acusado no se está modificando el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, lo que sí está reservada a la ley; no se está reformando la Ley 99 de 1993, que creó las citadas Corporaciones; ni se están desconociendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa y, por el contrario, se les da aplicación, puesto que la conformación del citado comité para elaborar el informe sobre las personas que llenan los requisitos previstos en el Decreto 1768 de 1994 para ser elegido Director General, hace más expedita la elección por el Consejo Directivo en pleno.El acto acusado no es, entonces, ilegal pues cumple con su finalidad, cual es permitir la cumplida ejecución de la Ley 99 de 1993. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil dos (2002)
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadCAMILO ARCINIEGAS ANDRADEPABLO EDGAR GALEANO CALDERÓNacción de nulidad contra el Decreto 2555 de 1997 "por el cual se establece el procedimiento para la designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen especial y se adoptan otras disposiciones".Identificadores10010000336true402Versión original10000336Identificadores

Fecha Providencia

20/03/2002

Sección:  PRIMERA

Consejero ponente:  CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Norma demandada:  acción de nulidad contra el Decreto 2555 de 1997 "por el cual se establece el procedimiento para la designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen especial y se adoptan otras disposiciones".

Demandante:  PABLO EDGAR GALEANO CALDERÓN


CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES - Reglamentación del procedimiento para designación del Director General / CONSEJO DIRECTIVO CAR - Legalidad del Comité Evaluador de hojas de vida de aspirantes a Director / CAR - Conformación del Consejo Directivo / DIRECTOR DE LA CAR - Procedimiento para su designación por el Consejo Directivo

Efectuada la comparación entre las normas transcritas (ley 99/93, artículo 27 literal j y 28) y lo dispuesto en el acto acusado (decreto 2555/97), la Sala advierte que cuando introdujo este último, en su artículo 4º, fue la creación de un Comité integrado por miembros del Consejo Directivo, encargado de evaluar las hojas de vida de los aspirantes, de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, y de elaborar un informe sobre las hojas de vida que cumplan con los citados requisitos, para que el Consejo Directivo en pleno elija al Director General de la Corporación. Este comité, si bien no fue contemplado en los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en manera alguna se opone o contradice el procedimiento establecido por esta Corporación para la elección de su Director General, como tampoco desconoce los principios de transparencia, publicidad e igualdad o el régimen de autonomía que la Constitución Política reconoce a los particulares y a las Corporaciones Autónomas Regionales. En efecto, la decisión de elegir al Director General sigue en manos del Consejo Directivo, cuya integración no ha sido modificada por el acto acusado, ya que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 dispuso expresamente que el Consejo Directivo, órgano de administración de la respectiva Corporación, estará conformado por el gobernador o gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación, o su delegado o delegados; por un representante del Presidente de la República; por un representante del Ministerio del Medio Ambiente; hasta por cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación; dos representantes del sector privado; un representante de las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación; y por dos representantes de las entidades sin ánimo de lucro domiciliados en la misma área y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Las anteriores consideraciones descartan igualmente la alegada violación de los artículos 150, ordinal 7, 154 y 209 de la Constitución Política, por cuanto mediante el acto acusado no se está modificando el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, lo que sí está reservada a la ley; no se está reformando la Ley 99 de 1993, que creó las citadas Corporaciones; ni se están desconociendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa y, por el contrario, se les da aplicación, puesto que la conformación del citado comité para elaborar el informe sobre las personas que llenan los requisitos previstos en el Decreto 1768 de 1994 para ser elegido Director General, hace más expedita la elección por el Consejo Directivo en pleno.El acto acusado no es, entonces, ilegal pues cumple con su finalidad, cual es permitir la cumplida ejecución de la Ley 99 de 1993.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil dos (2002)

Radicación número: 11001-03-24-000-2000-6529-01(6529)

Actor: PABLO EDGAR GALEANO CALDERÓN

Demandado: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Referencia: ACCION DE NULIDAD

Se decide sobre las pretensiones formuladas por PABLO EDGAR GALEANO CALDERÓN en acción de nulidad contra el Decreto 2555 de 1997 (16 de octubre), expedido por el Presidente de la República, y «por el cual se establece el procedimiento para la designación del Director General de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen especial y se adoptan otras disposiciones».

I. EL ACTO ACUSADO

El texto del Decreto 2555 de 1997 (16 de octubre) es el siguiente:

«ARTÍCULO 1o.- La designación de los Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Régimen Especial se hará consultando los principios de transparencia, publicidad e igualdad consagrados en las normas constitucionales y legales vigentes.

ARTÍCULO 2º. Para la designación de Directores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Régimen Especial, el Presidente del Consejo Directivo de cada una de ellas, realizará una convocatoria dirigida a quienes quieran optar por el cargo. Dicha convocatoria se realizará mediante un aviso que se publicará en un diario de amplia circulación regional, al menos con 10 días de anticipación a la fecha establecida para la recepción de los documentos requeridos y en ella se indicarán los requisitos para desempeñar el cargo y el lugar, día y hora límites para la recepción de la hoja de vida de los candidatos.

ARTÍCULO 3º. La designación de Director General se efectuará en sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Directivo, que se celebrará dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año anterior a la iniciación del período institucional consagrado en la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO 4º. El Consejo Directivo de cada Corporación conformará con algunos de sus miembros un comité que se encargará de estudiar y evaluar las hojas de vida de los aspirantes, de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, de elaborar un informe sobre las hojas de vida que cumplen con los requisitos y someterlas a consideración del Consejo Directivo. Dicho Comité contará con 5 días hábiles contados a partir de la fecha de cierre de recepción de los documentos, para la presentación del informe mencionado.

ARTÍCULO 5º. El Director General de una Corporación Autónoma Regional y una de Régimen Especial tiene la calidad de servidor público y tomará posesión de su cargo ante el Presidente del Consejo Directivo de la respectiva corporación previo el lleno de los requisitos legales.

ARTÍCULO. Si antes de vencerse el período institucional de tres años para el cual fue nombrado el Director General, se presentase su falta absoluta, el Consejo Directivo designará nuevo Director por el tiempo restante, conforme al procedimiento establecido en los artículos precedentes.

ARTÍCULO 7º. El período institucional de los actuales directores Generales de Corporaciones Autónomas Regionales y de Régimen Especial vence el 31 de diciembre de 1997, sin embargo continuarán en el ejercicio del cargo hasta cuando el nuevo Director tome posesión del mismo.

ARTÍCULO. El período de los miembros que representan el sector privado, organizaciones no gubernamentales, etnias, comunidades indígenas y negras y demás representantes de la comunidad u organizaciones privadas o gremiales en los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Régimen Especial, coincidirá con el período del Director General que culmina el 31 de diciembre de 1997.

"PARÁGRAFO. Si antes de vencerse el período de los miembros del Consejo Directivo de que trata el presente artículo, se presentase la falta absoluta de alguno de ellos, el miembro designado en su reemplazo ejercerá sus funciones por el tiempo restante.

"PARÁGRAFOTRANSITORIO. Los miembros del Consejo Directivo elegidos durante el año 1997, terminarán su período el 31 de diciembre del año 2000.

"ARTÍCULO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas que le sean contrarias».

II. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN.

El actor cita como violados los artículos 2º, 4º, 150-7, 154, 189-11 y 209 de la Constitución Política; 27, literal j) y 28 de la Ley 99 de 1993; 22 del Decreto 1768 de 1994; 25, numerales 12 y 13, 41, 42 y 51 de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.

Señala que las normas constitucionales que cita como violadas establecen y garantizan la participación activa de los gobernados en las decisiones que los puedan afectar en la vida política, económica, administrativa o cultural de la Nación; la prevalencia de la Constitución sobre las demás normas; las atribuciones del Congreso, del Presidente de la República, de los Gobernadores, Alcaldes y Asambleas Departamentales.

Agrega que el artículo 189-11, de la Constitución Política, confiere atribuciones al Presidente de la República para ejercer la potestad reglamentaria, pero no en forma ilimitada.

Dice el demandante que el Congreso de la República, de conformidad con el artículo 150-7 ídem, es el órgano que tiene la facultad de modificar o establecer el procedimiento para la designación de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen Especial, dentro de un régimen de autonomía.

Considera que con la expedición del decreto acusado se modificaron los artículos 27 literal j) y 28 de la Ley 99 de 1993, al desconocerse la participación activa de los gobernados en la toma de las decisiones que los afecten, directa o indirectamente, por medio de sus delegados o elegidos, pues dichas normas otorgan al Consejo Directivo de las CAR la facultad de nombrar el Director General, de acuerdo con sus respectivos estatutos.

Plantea que el acto acusado desconoce totalmente el régimen de autonomía que la Constitución Política reconoce a los particulares y a las CAR, cada una de las cuales tiene sus propias características, razón por la cual las decisiones deben tomarse en forma directa por la base, o por sus delegados o elegidos, quienes participarán en el Consejo Directivo que a su vez tiene la facultad de designar al Director General.

Sostiene que mediante la Resolución 498 de 14 de mayo de 1998 el Ministerio del Medio Ambiente aprobó los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, cuyos artículos 25, numerales 12 y 13, 42 y 51 previeron el procedimiento para designar el Director General, respetando los principios fundamentales de la actividad administrativa, principalmente los de transparencia, publicidad e igualdad.

Afirma que se vulneró el artículo 209 de la Constitución Política, por cuanto, a su juicio, el acto acusado desconoce los principios que gobiernan la función administrativa, ya que el Gobierno reglamenta lo que ya está reglamentado a nivel regional.

Finalmente, alega la violación del artículo 154, ídem, según el cual corresponde al Congreso de la República reformar, por iniciativa del Gobierno, las leyes referentes a las Corporaciones Autónomas Regionales.

III. SUSPENSIÓN PROVISIONAL

El actor solicitó en la demanda la suspensión provisional de los efectos del decreto acusado, por considerar que el Gobierno se extralimitó en la facultad que le asigna el artículo 189-11 de la Constitución Política, por cuanto con dicho decreto se niega la autonomía de los particulares y de las Corporaciones Autónomas Regionales, y se asume la función de reglamentación reservada al Congreso de la República.

Por auto de 30 de noviembre de 2000, la Sala negó la suspensión provisional, considerando que la potestad reglamentaria es una atribución constitucional propia del Presidente de la República, que debe ejercer para la cumplida ejecución de las leyes y, por tanto, su marco de referencia y delimitación material están dados por las normas legales reglamentadas, no siendo visible la violación de las normas constitucionales por simple confrontación entre ellas y el decreto acusado.

IV. LA CONTESTACIÓN.

El apoderado de la Nación - Ministerio del Medio Ambiente propone la excepción de inepta demanda, pues considera que el demandante se limitó a enunciar las normas que se dicen violadas, sin sustentar el concepto de la violación.

Para defender la legalidad del acto acusado afirma que los artículos 189-11 de la Constitución Política y 116, literal h) de la Ley 99 de 1993, facultan al Presidente de la República para expedir decretos reglamentarios que como el acusado, firmó con el Ministro del Ramo, como lo exige el artículo 115 ibídem.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

5.1. La Procuradora Primera Delegada ante esta Corporación considera que la excepción de inepta demanda no está llamada a prosperar, porque respecto de los artículos 154 y 209 de la Constitución Política, 27, literal j) y 28 de la Ley 99 de 1993 si se sustentó el concepto de violación.

Asevera que la Administración no se extralimitó en el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya que el acto acusado no excede los límites señalados en la Ley 99 de 1993, pues el período que fija al Director es el mismo que ésta prevé y su nombramiento lo deja en manos del mismo órgano.

Añade que el único elemento nuevo que introduce el decreto es un período para los representantes de la comunidad y organizaciones privadas o gremiales en los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Régimen Especial, respecto de lo cual no se hizo cuestionamiento alguno en el concepto de violación.

No encuentra que el acto demandado desconozca la autonomía y participación de la colectividad en el órgano de dirección de las CAR, dado que tales asuntos no son materia del decreto.

Afirma que el señalamiento de un procedimiento distinto del contemplado en los estatutos de tales entidades para el escogimiento del Director, tiene apoyo en la potestad reglamentaria, pues con ésta no solamente se preservan los principios de transparencia, igualdad y publicidad, sino que se unifica el procedimiento de selección en todas las Corporaciones y permite el libre acceso de los particulares que reúnan los requisitos para servir el cargo de Director.

A su juicio, tampoco se violan los artículos 154 y 209 de la Constitución Política, porque la competencia para reglamentar la Ley 99 de 1993 no corresponde al Congreso sino al Gobierno.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala considera infundada la excepción de inepta demanda propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente, pues el hecho de que el concepto de violación sea sucinto, no significa que se haya inobservado el requisito establecido en el artículo 137-4 del C.C.A. Del contenido de la demanda se infiere que el demandante cuestiona el acto acusado por extralimitación del Gobierno Nacional en el ejercicio de la potestad reglamentaria.

En efecto, el actor afirma que se violaron, entre otros, los artículos 27, literal j) y 28 de la Ley 99 de 1993, que disponen:

«ARTICULO27.- De las Funciones del Consejo Directivo. Son funciones del Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales:

"a. ...

j. Nombrar de acuerdo al artículo siguiente o remover de conformidad con los estatutos, al Director General de la Corporación".

"ARTICULO28.- Del Director General. El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva. Será designado por el Consejo Directivo para un período de tres (3) años, contados a partir del primero de enero de 1995, siendo reelegible".

Los artículos 2º y 6º del decreto acusado reiteran lo dispuesto en las normas transcritas, en cuanto a que compete al Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales nombrar al Director General para un período de tres años, lo cual evidencia que, por este aspecto, no existió extralimitación en la potestad reglamentaria.

En cuanto a la alegada violación del artículo 22 del Decreto 1768 de 1994, cabe señalar que fue expedido en desarrollo del artículo 116, literal h), de la Ley 99 de 1993, a cuyo tenor el Presidente de la República, en ejercicio de sus funciones constitucionales, dictará las medidas necesarias para el establecimiento, organización o reforma y puesta en funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las Corporaciones de Régimen Especial. De manera que el Decreto 1768 de 1994 es reglamentario de la Ley 99 de 1993 y, por lo tanto, mal podría resultar violado por otro decreto de igual categoría.

De todas maneras, la Sala advierte que el artículo 22 del Decreto 1768 de 1994 establece que el Director General tiene la calidad de empleado público, que será elegido por el Consejo Directivo para un período de tres años y que tomará posesión ante el Presidente del Consejo Directivo, aspectos que, se reitera, están contemplados en los mismos términos en el acto objeto de la presente acción de nulidad.

También establece el citado artículo que el Director General presentará el plan de acciones que adelantará durante el período para el cual fue elegido; las causales de remoción de dicho funcionario; que será aplicable el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los directores de las entidades descentralizadas del orden nacional; que contra sus actos procede solamente el recurso de reposición, con excepción de aquellos respecto de los cuales la Ley 99 de 1993 indique que procede el de apelación ante el Ministro del Medio Ambiente; y que las certificaciones sobre la representación legal de las Corporaciones y la vigencia del nombramiento de su Director serán expedidas por la Secretaría General del Consejo Directivo, aspectos acerca de los cuales nada proveyó el Decreto 2555 de 1997, objeto de acusación.

Por su parte, los artículos 25, numerales 12 y 13, 41 y 51 de los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca señalan que es función del Consejo Directivo nombrar al Director General para un período de tres años; que éste será el representante legal de la entidad; que será removido en conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1768 de 1994; que su designación se efectuará en sesión ordinaria o extraordinaria dentro de los quince (15) primeros días del mes de diciembre del año anterior a la iniciación del período legal; que para ser elegido Director General se requieren como mínimo siete (7) votos de los integrantes del Consejo Directivo; que la convocatoria para la elección se efectuará mediante Acuerdo del Consejo Directivo, con quince (15) días de anticipación, indicando los requisitos de ley, los documentos que deben presentar los candidatos, el día, hora, sitio y demás exigencias que tenga a bien señalar el Consejo Directivo; y que para todos los efectos legales las personas que prestan sus servicios a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tendrán el carácter de empleados públicos y que, excepcionalmente, serán trabajadores oficiales aquellas personas que desarrollen actividades de construcción y sostenimiento de obras públicas.

Efectuada la comparación entre las normas transcritas y lo dispuesto en el acto acusado, la Sala advierte que cuando introdujo este último, en su artículo 4º, fue la creación de un Comité integrado por miembros del Consejo Directivo, encargado de evaluar las hojas de vida de los aspirantes, de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 21 del Decreto 1768 de 1994, y de elaborar un informe sobre las hojas de vida que cumplan con los citados requisitos, para que el Consejo Directivo en pleno elija al Director General de la Corporación. Este comité, si bien no fue contemplado en los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en manera alguna se opone o contradice el procedimiento establecido por esta Corporación para la elección de su Director General, como tampoco desconoce los principios de transparencia, publicidad e igualdad o el régimen de autonomía que la Constitución Política reconoce a los particulares y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

En efecto, la decisión de elegir al Director General sigue en manos del Consejo Directivo, cuya integración no ha sido modificada por el acto acusado, ya que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 dispuso expresamente que el Consejo Directivo, órgano de administración de la respectiva Corporación, estará conformado por el gobernador o gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación, o su delegado o delegados; por un representante del Presidente de la República; por un representante del Ministerio del Medio Ambiente; hasta por cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación; dos representantes del sector privado; un representante de las comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación; y por dos representantes de las entidades sin ánimo de lucro domiciliados en la misma área y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

Las anteriores consideraciones descartan igualmente la alegada violación de los artículos 150, ordinal 7, 154 y 209 de la Constitución Política, por cuanto mediante el acto acusado no se está modificando el funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, lo que sí está reservada a la ley; no se está reformando la Ley 99 de 1993, que creó las citadas Corporaciones; ni se están desconociendo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que rigen la función administrativa y, por el contrario, se les da aplicación, puesto que la conformación del citado comité para elaborar el informe sobre las personas que llenan los requisitos previstos en el Decreto 1768 de 1994 para ser elegido Director General, hace más expedita la elección por el Consejo Directivo en pleno.

El acto acusado no es, entonces, ilegal pues cumple con su finalidad, cual es permitir la cumplida ejecución de la Ley 99 de 1993.

En fuerza de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A :

NO PROSPERA la excepción de inepta demanda.

DENIÉGANSE la súplicas de la demanda.

DEVUÉLVASE a la parte actora el depósito constituido para gastos ordinarios del proceso, por no haberse utilizado.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el 20 de marzo de 2002

GABRIEL E. MENDOZA MARTELO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE

Presidente

OLGA INES NAVARRETE BARRERO MANUEL S. URUETA AYOLA