SENTENCIA 1100103240002000636901(6369) de 2001

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10010000237SENTENCIAPRIMERA1100103240002000636901(6369)200114/06/2001SENTENCIA__PRIMERA__1100103240002000636901(6369)__2001_14/06/2001100002372001ESTRUCTURA DE ENTIDADES - Su modificaci�n requiere ley ordinaria y no ley marco / ESTRUCTURA DE ENTIDADES - La facultad de modificaci�n es competencia que se ejerce en cualquier tiempo De conformidad con estas disposiciones constitucionales, s� es necesario que exista una ley previa que fije los criterios y reglas generales a las que debe someterse el Ejecutivo en su funci�n de modificar la estructura de las entidades u organismos administrativos nacionales y en la creaci�n, fusi�n o supresi�n de empleos. Y no se trata de una ley marco, como se�ala el demandante, la que se requiere para este efecto, pues las materias que son objeto de ley marco est�n contenidas en el numeral 19 del art�culo 150, entre las cuales no se encuentra precisamente la relativa a la modificaci�n de la estructura de entidades u organismos nacionales, objeto del decreto acusado. La ley que se requiere para ejercer esta facultad es una ley ordinaria en la cual se se�alan los principios y reglas generales a los que deber� sujetarse el Presidente en ejercicio de las facultades consagradas en los numerales 14 y 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica. Por ello, como no se est�n trasladando competencias del legislador, como ocurre en el caso de las facultades extraordinarias, la competencia del Ejecutivo no es pro t�mpore, de modo que no podr�a ejercerlas sino dentro del tiempo que le se�ale la ley de facultades, sino que su competencia se extiende hasta agotar la materia y siempre con sujeci�n a los "principios y reglas generales que defina la ley". I.C.B.F. - Naturaleza / I.C.B.F - Constitucionalidad y legalidad de la modificaci�n de su estructura En los t�rminos del art�culo 14 del Decreto 1137 de 1999, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un establecimiento p�blico, con personer�a jur�dica, autonom�a administrativa patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud y, por lo tanto, estar�a comprendido en el sector descentralizado por servicios, si�ndole aplicable para el caso de modificaci�n de su estructura, el numeral 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, y no el numeral 14 del mismo art�culo que hace referencia al sector central de la administraci�n. La equivocada cita como fundamento del acto acusado no entra�a por s� sola causal de nulidad del acto demandado, m�xime cuando �ste aspecto no fue objeto de cargo en la demanda. El Decreto 2206 de 1999 que se acusa, y por el cual se modifica la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suprimiendo algunos empleos, est� en consonancia con los principios y reglas generales se�alados por el legislador ordinario en los literales l) y m) del art�culo 54 de la Ley 489 de 1998, que fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional. En su expedici�n, el Presidente de la Rep�blica no hizo cosa distinta que cumplir a cabalidad con el precepto constitucional del art�culo 189, numeral 16, que lo faculta para modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dem�s entidades u organismos administrativos nacionales, entre los que se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con estricta sujeci�n a los principios y reglas generales definidos por la ley, en este caso, la 489 de 1998. De otra parte, el Decreto 2206 de 1999, es una necesaria consecuencia de la reestructuraci�n de que fue objeto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante el Decreto 1137 de 1999 y de la nueva organizaci�n interna establecida en el Decreto 1138 del mismo a�o, que hacen imprescindible la introducci�n de ajustes en la planta de personal. NOTA DE RELATORIA: Cita sentencia C-702 de 1999 de la Corte Constitucional. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejera ponente: OLGA INES NAVARRETE BARRERO Bogot�, D.C., junio catorce (14) de dos mil uno (2001)

Norma demandada: �Declaratoria de nulidad del Decreto No. 2206 del 11 de Noviembre de 1999

ESTRUCTURA DE ENTIDADES - Su modificaci�n requiere ley ordinaria y no ley marco / ESTRUCTURA DE ENTIDADES - La facultad de modificaci�n es competencia que se ejerce en cualquier tiempo

De conformidad con estas disposiciones constitucionales, s� es necesario que exista una ley previa que fije los criterios y reglas generales a las que debe someterse el Ejecutivo en su funci�n de modificar la estructura de las entidades u organismos administrativos nacionales y en la creaci�n, fusi�n o supresi�n de empleos. Y no se trata de una ley marco, como se�ala el demandante, la que se requiere para este efecto, pues las materias que son objeto de ley marco est�n contenidas en el numeral 19 del art�culo 150, entre las cuales no se encuentra precisamente la relativa a la modificaci�n de la estructura de entidades u organismos nacionales, objeto del decreto acusado. La ley que se requiere para ejercer esta facultad es una ley ordinaria en la cual se se�alan los principios y reglas generales a los que deber� sujetarse el Presidente en ejercicio de las facultades consagradas en los numerales 14 y 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica. Por ello, como no se est�n trasladando competencias del legislador, como ocurre en el caso de las facultades extraordinarias, la competencia del Ejecutivo no es pro t�mpore, de modo que no podr�a ejercerlas sino dentro del tiempo que le se�ale la ley de facultades, sino que su competencia se extiende hasta agotar la materia y siempre con sujeci�n a los "principios y reglas generales que defina la ley".

I.C.B.F. - Naturaleza / I.C.B.F - Constitucionalidad y legalidad de la modificaci�n de su estructura

En los t�rminos del art�culo 14 del Decreto 1137 de 1999, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un establecimiento p�blico, con personer�a jur�dica, autonom�a administrativa patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Salud y, por lo tanto, estar�a comprendido en el sector descentralizado por servicios, si�ndole aplicable para el caso de modificaci�n de su estructura, el numeral 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, y no el numeral 14 del mismo art�culo que hace referencia al sector central de la administraci�n. La equivocada cita como fundamento del acto acusado no entra�a por s� sola causal de nulidad del acto demandado, m�xime cuando �ste aspecto no fue objeto de cargo en la demanda. El Decreto 2206 de 1999 que se acusa, y por el cual se modifica la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suprimiendo algunos empleos, est� en consonancia con los principios y reglas generales se�alados por el legislador ordinario en los literales l) y m) del art�culo 54 de la Ley 489 de 1998, que fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional. En su expedici�n, el Presidente de la Rep�blica no hizo cosa distinta que cumplir a cabalidad con el precepto constitucional del art�culo 189, numeral 16, que lo faculta para modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dem�s entidades u organismos administrativos nacionales, entre los que se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con estricta sujeci�n a los principios y reglas generales definidos por la ley, en este caso, la 489 de 1998. De otra parte, el Decreto 2206 de 1999, es una necesaria consecuencia de la reestructuraci�n de que fue objeto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante el Decreto 1137 de 1999 y de la nueva organizaci�n interna establecida en el Decreto 1138 del mismo a�o, que hacen imprescindible la introducci�n de ajustes en la planta de personal.

Procede la Secci�n Primera a dictar sentencia de �nica instancia para resolver la demanda que ha dado origen al proceso de la referencia, instaurada por el ciudadano Campo El�as Cruz Berm�dez, en ejercicio de la acci�n consagrada en el art�culo 84 del C.C.A., con el fin de que se declare la nulidad del Decreto No. 2206 del 11 de Noviembre de 1999, expedido por el Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 14 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica.

Por el cual se modifica la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el art�culo 189 Numeral 14 de la Constituci�n Pol�tica

1. Que el Gobierno Nacional adopt� el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar y reestructur� el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante decreto 1137 de 1999.

2. Que el Gobierno Nacional estableci� la organizaci�n interna del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante decreto 1138 de 1999.

3. Que como resultado de dichas disposiciones se cambi� la denominaci�n y funciones de las dependencias, se suprimieron, fusionaron y escindieron dependencias; y se modific� sustancialmente la organizaci�n administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

4. Que previo estudio t�cnico se concluye en la necesidad de suprimir unos empleos y crear otros con el objeto de garantizar la implantaci�n de la nueva organizaci�n interna.

Art�culo 1. Supresi�n de empleos. Suprimir de la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aprobada por Decreto 1428 de julio 27 de 1998, los siguientes empleos:

Art�culo 2. Planta de Personal. Las funciones propias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ser�n cumplidas por la planta de personal que se establece a continuaci�n:

Art�culo 3. Distribuci�n de los cargos de la Planta Global. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, distribuir� los cargos de la planta global a que se refiere el art�culo 2� del presente decreto, mediante acto administrativo y ubicar� el personal teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio, los planes y programas trazados por la entidad.

Art�culo 4. Incorporaci�n de Funcionarios. La incorporaci�n de los funcionarios a la nueva planta de personal que se adopta por la presente norma, se har� conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, en un plazo no mayor a sesenta d�as contados a partir de la vigencia del presente Decreto.

Par�grafo. Los empleados p�blicos continuar�n percibiendo la remuneraci�n mensual correspondiente a los empleos que desempe�an actualmente, hasta tanto se produzca la incorporaci�n a la nueva planta de personal y tomen posesi�n del cargo

Art�culo 5. Opci�n de indemnizaci�n o incorporaci�n. Los empleados p�blicos de carrera administrativa a quienes se les suprime el cargo como consecuencia de lo dispuesto en el presente decreto, podr�n optar por la indemnizaci�n o la incorporaci�n en cargos de carrera equivalentes, conforme a lo consagrado en la Ley 443 de 1998 y dem�s normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen.

Art�culo 6. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n, deroga el Decreto 1428 de julio 27 de 1998 y dem�s disposiciones que le sean contrarias.

El actor considera que, conforme al art�culo 189, numeral 14, el Presidente de la Rep�blica puede proceder a legislar sobre creaci�n, fusi�n o supresi�n, de empleos, pero en la categor�a de Gobierno por ser un caso particular que ata�e a una instituci�n espec�fica del Estado y no en la invocaci�n del Gobierno Nacional. Adem�s esas facultades solo las puede ejercer el Gobierno, mediante ley preexistente, ya que esta facultad no es aut�noma o de aplicaci�n ipso iure, sino que surge por delegaci�n del Congreso. Para que el Gobierno pudiera acogerse al ejercicio de las facultades anotadas, debi� sujetarse a la existencia previa de una ley dictada por el Congreso de la Rep�blica, en los t�rminos de los numerales 7 y 23 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica y no sobre normas previas dictadas por el Gobierno.

No puede el Ejecutivo plantear cuestiones jur�dicas diferentes a las dadas en las normas ordinarias o extraordinarias, como las establecidas en la ley de facultades. Sustentar poder legislativo con fundamento en la orden impartida por los art�culos 43 y 54 de la Ley 489 de 1998, no es viable jur�dicamente. No puede en modo alguno el Presidente, extender esas facultades a cuestiones diferentes a las dadas en tales normas porque estar�a extralimitando el mandato constitucional. El Ejecutivo entonces se extralimit� en sus facultades al expedir el decreto acusado sin referencia a una ley marco, tal como ocurri� con los Decretos 1137 y 1138 de 1999, que de la misma manera son inconstitucionales ya que, previo a la expedici�n del Decreto 2206 del 99 no exist�a tampoco al menos una ley ordinaria que le diera facultades especiales.

El legislador extraordinario no puede, mediante el ejercicio de unas facultades precisas y determinadas, concederse otras facultades pro t�mpore. Si se permitiera legislar de esta manera, habr�a que entender que la facultades extraordinarias o especiales dadas por la Constituci�n al Presidente de la Republica, pueden seguirse ejerciendo por tiempo indefinido sobre un mismo organismo cada vez que el Ejecutivo o las conveniencias de la administraci�n p�blica lo impongan. Debe tenerse presente que, respecto de esos Decretos, el 1137 y el 1138 de 1999, al igual que sobre el Decreto 2206 de 1999, ha operado el fen�meno de la "inexequibilidad sobreviniente y por consecuencia", ante la falta de una ley marco que posibilitara la modificaci�n de la estructura de los organismos del Estado.

Los efectos de la inconstitucionalidad del Decreto 2206 de 1999, deben aplicarse en la misma forma en que oper� la del art�culo 120 de la Ley 489 de 1998, es decir, a partir de su promulgaci�n, ya que no existi� ninguna ley marco ni ordinaria para su expedici�n, El actor se apoya en las sentencias C-702 de 1999 y C-069 de 1995, expedidas por la Corte Constitucional.

Las razones que sirvieron de fundamento a la Corte Constitucional para la declaratoria de inexequibilidad de los art�culos 51, 53 y 54 de la Ley 489 de 1998, son igualmente predicables respecto del Decreto 2206 de 1999 que se acusa, pues debi� el Legislador dictar las normas generales a las que ten�a que sujetarse posteriormente el Ejecutivo para la supresi�n de los cargos.

El Ministerio de Salud, mediante apoderado, respondi� afirmando que la facultad establecida en el art�culo 189, numeral 14 de la Constituci�n Pol�tica, es una de las competencias que le corresponde al Presidente de la Rep�blica como suprema autoridad administrativa y cuya aplicaci�n no depende de una ley marco puesto que dentro de las que tienen ese car�cter no se encuentra la de crear, modificar, fusionar o suprimir plantas de personal como se desprende de la lectura del art�culo 150, numeral 19 de la Constituci�n.

De la lectura cuidadosa del numeral 14 del art�culo 189 de la Constituci�n, se desprende que la competencia para crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administraci�n central, la ejercer� el Presidente de acuerdo con la ley ordinaria, facultad que utiliz� el ejecutivo en la expedici�n del Decreto 2206 de 1999, aplicando los criterio legales establecidos por el Congreso sobre creaci�n, supresi�n o modificaci�n de plantas de personal como la Ley 443 de 1989.

En virtud de la Ley 489 de 1998, se expidieron disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, norma en virtud de la cual y dentro de las facultades establecidas por la misma en los art�culos 43 y 54, se dictaron los Decretos 1137 y 1138 de 1999, por medio de los cuales se organiz� el sistema administrativo de Bienestar Familiar, decretos que fueron objeto de sendas demandas por parte del mismo actor, procesos dentro de los cuales, el Consejo de Estado neg� las pretensiones de la demanda.

El Decreto 2206 de 1999 debe declararse constitucional, a la luz de lo dispuesto en el numeral 14 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, Ley 489 de 1998, art�culos 43, 54 y 115 y Ley 443 de 1989.

Se afirma, que el Decreto 2206 de 1999 es un decreto reglamentario, en consecuencia, la acci�n incoada es de simple nulidad y no de inconstitucionalidad como lo ha formulado el actor. El Presidente de la Rep�blica hizo uso de las facultades que le confiere el art�culo 189, numeral 14 de la Constituci�n Pol�tica, para organizar la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es l�gico se�alar que, si mediante Decreto 1137 de 1999, se organiz� el Sistema Administrativo de Bienestar Social y se reestructur� el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y mediante Decreto 1138 de 1999, se estableci� la organizaci�n interna del Instituto y se modific� la organizaci�n administrativa, debe concluirse que deb�a expedirse, como en efecto se hizo, el decreto acusado para organizar la planta de personal de acuerdo con la nueva estructura establecida.

Manifest� el Ministerio que, en parte alguna del decreto acusado se alude a que la ley a la cual se refiere el numeral 14 del art�culo 189 sea una ley de facultades extraordinarias. La mediaci�n que realiza el legislador en materia de estructura es igual a aquella que efect�a en la regulaci�n de aspectos como el comercio exterior o el r�gimen aduanero. La Ley 489 de 1998 es la norma habilitante para que el Presidente de la Rep�blica pudiera expedir el decreto acusado pues en el art�culo 54 se establecen una serie de principios y normas generales con base en los cuales el Presidente desarrolla la atribuci�n contenida en el numeral 16 del art�culo 189 . Se encuentra pues demostrada la existencia de una ley a la cual debe sujetarse el Gobierno Nacional para ejercer la citada atribuci�n.

De conformidad con las normas del C.C.A., a la demanda se le dio el tr�mite previsto para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones:

Por auto del diez ( 10) de agosto de 2000, se dispuso la admisi�n de la demanda.

En agosto 24 de 2000 se surti� la diligencia de notificaci�n personal al Procurador Delegado ante esta Corporaci�n y a la Naci�n, Ministerio de Hacienda y Cr�dito P�blico y se llevaron a cabo las notificaciones por aviso a los Ministros de Salud y al Director del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica.

Durante el traslado concedido a las partes y al Agente del Ministerio P�blico para alegar de conclusi�n, en los t�rminos del inciso segundo del art�culo 59 de la Ley 446 de 1998, hizo uso de este derecho el Ministerio de Salud y el Agente del Ministerio P�blico, conforme a los escritos que obran a folios 182 a 186 y 187 a 194, suscritos en su orden, por una de las partes demandadas y el representante del Ministerio P�blico.

El Ministerio de Salud reproduce textualmente los argumentos expuestos en el escrito de contestaci�n de la demanda inicial, en la que se solicita declarar constitucional el Decreto 2206 de 1999.

El se�or Agente del Ministerio P�blico es partidario de denegar las pretensiones del actor por considerar que no ha sido desvirtuada la presunci�n de legalidad del acto acusado; al efecto plantea los siguientes argumentos:

EL actor radica su inconformidad en el hecho de que no pod�a modificarse la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con base en el numeral 14 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica. En efecto, este numeral faculta al Presidente de la Rep�blica para que, conforme a la ley, cree, fusione y suprima los empleos que demande la

Administraci�n, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales sin personer�a jur�dica. Los establecimientos p�blicos no hacen parte del sector central sino del descentralizado y, por tal raz�n, la funci�n presidencial contenida en el numeral 14 del art�culo 189, no comprende dichos organismos.

De lo anterior se desprende que la norma invocada en el acto acusado, no puede servir de fundamento jur�dico para modificar la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por referirse al sector central de la administraci�n, facultad que s� le otorga el numeral 16 del art�culo 189 que hace referencia a modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y dem�s entidades u organismos del orden nacional, con sujeci�n a los principios y reglas generales definidos por el legislador. Estos lineamientos fueron trazados por el art�culo 54 de la Ley 489 de 1998.

La decisi�n enjuiciada respondi� a la necesidad de acomodar la planta de personal a la nueva Organizaci�n del Sistema Administrativo de Bienestar Familiar, contenida en el Decreto 1137 de 1999, y la correspondiente estructura interna fijada por el Decreto 1138 de 1999, actos expedidos por el Presidente con fundamento en el art�culo 189-16 ib�dem, y por tal raz�n se enmarca dentro de las previsiones contenidas en el art�culo 54 de la Ley 489 de 1998.

Se�ala el Agente del Ministerio P�blico. que la invocaci�n equivocada de la norma que sirve como sustento jur�dico de la decisi�n administrativa, carece de entidad suficiente para viciarla de nulidad y por tal raz�n pide se mantenga su legalidad.

Se cuestiona la legalidad del Decreto 2206 de 1999 que suprime varios cargos en el Instituto de Bienestar Familiar, por haber sido expedido sin una ley marco previa que se�alara los lineamientos generales.

Se hace necesario entrar a analizar las competencias constitucionales tanto del Congreso como del Presidente de la Rep�blica en estas materias.

El art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica, consagra en el numeral 7 que corresponde al Congreso de la Rep�blica la funci�n de determinar la estructura de la administraci�n nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos p�blicos y otras entidades del orden nacional, se�alando sus objetivos y estructura org�nica; reglamentar la creaci�n y funcionamiento de las Corporaciones Aut�nomas Regionales dentro de un r�gimen de autonom�a; as� mismo, crear o autorizar la constituci�n de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de econom�a mixta.

Por su parte, el numeral 14 de la Constituci�n Pol�tica, consagra que corresponde al Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

"14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administraci�n central, se�alar sus funciones especiales y fijar las dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podr� crear, con cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales".(Subrayado fuera de texto).

Por otra parte, el numeral 16 del art�culo 189 de la Carta Pol�tica, asigna al Presidente de la Rep�blica la facultad de modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dem�s entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeci�n a los principios y reglas generales que defina la ley.

La ley que se requiere para ejercer esta facultad es una ley ordinaria en la cual se se�alan los principios y reglas generales a los que deber� sujetarse el Presidente en ejercicio de las facultades consagradas en los numerales 14 y 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica. Por ello, como no se est�n trasladando competencias del legislador, como ocurre en el caso de las facultades extraordinarias, la competencia del Ejecutivo no es pro t�mpore, de modo que no podr�a ejercerlas sino dentro del tiempo que le se�ale la ley de facultades, sino que su competencia se extiende hasta agotar la materia y siempre con sujeci�n a los "principios y reglas generales que defina la ley".

El Decreto 2206 de 1999, "por el cual se modifica la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar" y cuya nulidad se solicita, fue expedido "en ejercicio de las atribuciones que le confiere el art�culo 189, numeral 14 de la Constituci�n Pol�tica", antes transcrito.

En los considerandos del citado Decreto se se�ala que el Gobierno Nacional, mediante Decreto 1137 de 1999 adopt� el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar y reestructur� el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que, mediante Decreto 1138 de 1999, estableci� la organizaci�n interna del Instituto. Igualmente se consign� " Que, como resultado de dichas disposiciones se cambi� la denominaci�n y funciones de las dependencias, se suprimieron, fusionaron y escindieron dependencias y se modific� sustancialmente la organizaci�n administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo cual hace necesaria la supresi�n de unos empleos y la creaci�n de otros, con el objeto de garantizar la implantaci�n de la nueva organizaci�n interna".

Ya esta Secci�n se pronunci� en relaci�n con la legalidad del Decreto 1137 de 1999 negando las pretensiones de la demanda, para lo cual se se�al� que "al no estar demostrado que las decisiones tomadas mediante el decreto acusado y que la expedici�n en s� del mismo contravienen las normas superiores que le sirven de fundamento, los cargos resultan carentes de fundamento".

"As� las cosas, es claro que no hab�a ni hay ausencia de principios y reglas que inhibieran al Gobierno Nacional para ejercer la facultad que le otorga el numeral 16 del art�culo 189 de la Constituci�n, de donde no hay lugar a que se genere vicio de inconstitucionalidad por este aspecto" (Cfr. Sentencia AI-053, 15 de junio de 2000. C.P. Juan Alberto Polo Figueroa).

Los Decretos 1137 y 1138 de 1999 a que se ha hecho referencia, fueron expedidos en virtud de las facultades conferidas por los art�culos 43 y 54 de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organizaci�n y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y se dictan otras disposiciones.

El art�culo 2 de la citada ley se�ala que ella se aplica, entre otros, a todos los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Publico y de la Administraci�n P�blica. En el art�culo 38, ib�dem, se establece la integraci�n de la Rama Ejecutiva del Poder P�blico en el orden nacional distinguiendo entre el sector central y el descentralizado por servicios. El sector central comprende:

e. Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personer�a jur�dica.

A su vez, el sector descentralizado por servicios est� integrado de la siguiente manera:

c. Las Superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer�a jur�dica.

d. Las empresas sociales el Estado y las empresas oficiales de servicios p�blicos domiciliarios.

g. Las dem�s entidades administrativas nacionales con personer�a jur�dica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder P�blico.

De otro lado, los citados art�culos 43 y 54 de la Ley 489 de 1998, que sirvieron de base para la expedici�n de los Decretos 1137 y 1138 de 1999, que antecedieron al Decreto 2206 de 1999, establecen:

"Art�culo 43. Sistemas Administrativos. EL Gobierno Nacional podr� organizar sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las actividades estatales y de los particulares. Para tal efecto prever� los �rganos o entidades a los cuales corresponde desarrollar las actividades de direcci�n, programaci�n ejecuci�n y evaluaci�n".

"Art�culo 54. Principios y reglas generales con sujeci�n a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y dem�s organismos administrativos del orden nacional. Con el objeto de modificar, esto es, variar, transformar o renovar la organizaci�n o estructura de los ministerios, departamentos administrativos y dem�s entidades u organismos administrativos nacionales, las disposiciones aplicables se dictar�n por el Presidente de la Rep�blica conforme a las previsiones del numeral 16 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y con sujeci�n a los siguientes principios y reglas generales:

j) Se podr�n fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cada entidad u organismo administrativo, y podr� otorg�rseles autonom�a administrativa y financiera sin personer�a jur�dica.

l) Deber�n suprimirse o fusionarse dependencias con el objeto de evitar duplicidad de funciones y actividades.

m) Deber�n suprimirse o fusionarse los empleos que no sean necesarios y distribuirse o suprimirse las funciones espec�ficas que ellos desarrollaban. En tal caso, se proceder� conforme a las normas laborales administrativas.

Respecto de la constitucionalidad de este art�culo, la Corte Constitucional, en sentencia C-702 de 1999 declar� la exequibilidad de los literales a), e), f), j), k), l) y m) del art�culo 54,e inexequibles los literales b), c), d), g), h) e i) del mismo art�culo.

"Ahora bien, en cuanto concierne a la modificaci�n de la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y dem�s organismos administrativos del orden nacional, es del resorte ordinario de las competencias que la Carta atribuye al legislador, trazar las directrices, principios y reglas generales que constituyen el marco que da desarrollo al numeral 7, del art�culo 150, pues es al Congreso a quien compete "determinar la estructura de la administraci�n nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos p�blicos y otras entidades del orden nacional, se�alando sus objetivos y estructura org�nica", como en efecto, lo hizo en los art�culos 52 y 54 -excepto sus numerales b), c), d), g), h) e i)- que ser�n materia de consideraci�n aparte-, raz�n esta que lleva a la Corte a estimar que, por este aspecto, est�n adecuados a los preceptos de la Carta, como quiera que se ajust� en un todo a sus mandatos.

En efecto, en el art�culo 52 previ� los principios y orientaciones generales que el ejecutivo debe seguir para la supresi�n, disoluci�n y liquidaci�n de entidades u organismos administrativos nacionales; en los numerales a), e), f), j) y m) del art�culo 54 traz� los principios y reglas generales con sujeci�n a los cuales el Gobierno puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y los dem�s organismos administrativos del orden nacional. As�, pues, en cuanto a la acusaci�n examinada, los preceptos mencionados, son exequibles".

El Decreto 2206 de 1999 que se acusa, y por el cual se modifica la Planta de Personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar suprimiendo algunos empleos, est� en consonancia con los principios y reglas generales se�alados por el legislador ordinario en los literales l) y m) del art�culo 54 de la Ley 489 de 1998, que fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional. En su expedici�n, el Presidente de la Rep�blica no hizo cosa distinta que cumplir a cabalidad con el precepto constitucional del art�culo 189, numeral 16, que lo faculta para modificar la estructura de los Ministerios, Departamentos Administrativos y dem�s entidades u organismos administrativos nacionales, entre los que se encuentra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con estricta sujeci�n a los principios y reglas generales definidos por la ley, en este caso, la 489 de 1998.

Y si bien en el Decreto 1428 de 1998 que fue derogado en la norma que se acusa, se hab�a aprobado el Acuerdo 016 del mismo a�o mediante el cual la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en uso de sus facultades legales y estatutarias establec�a la planta de personal del citado Instituto, el caso del Decreto 2206 de 1999, hoy demandado, es diferente, puesto que para su expedici�n existi� regla expresa que facultaba al Gobierno Nacional para suprimir o fusionar empleos que no fueren necesarios, regla contenida en el literal m) del art�culo 54 de la Ley 489 de 1998 que, como ya se dijo, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, adem�s de que el literal n) del mismo art�culo permiti� que se adoptara una nueva planta de personal.

De otra parte, el Decreto 2206 de 1999, es una necesaria consecuencia de la reestructuraci�n de que fue objeto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante el Decreto 1137 de 1999 y de la nueva organizaci�n interna establecida en el Decreto 1138 del mismo a�o, que hacen imprescindible la introducci�n de ajustes en la planta de personal.

En m�rito de lo expuesto, la Secci�n Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesi�n de catorce de junio del a�o dos mil uno.