Artículo 1°. Precisar las formas de intervención de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, y las criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales ", ejercicio que comprende dos atribuciones fundamentales: 

1. La coordinación de la Defensa Jurídica, en cuyo marco convergen las actividades administrativas que ejerce la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección General, el Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica para articular, armonizar y fortalecer la intervención procesal de la Nación a través de las diferentes entidades y organismos, oficinas jurídicas y apoderados.

Baja la órbita de esta misma potestad gravita la competencia que ejerce la Agenda. 

2. La intervención procesal, en cuyo marco convergen todas las posibles actuaciones y atribuciones procesales que la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede desarrollar ante los diferentes despachos judiciales como demandante o apoderado de las entidades, órganos u organismos de la Administración Publica Nacional , o Interviniente en las procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que aquellos/as sean parte, en defensa de los intereses litigiosos de la Nación.

El alcance de esta intervención se enmarca en las atribuciones procesales conferidas a la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el ordenamiento jurídico, en especial las previstas en el Decreto Ley 4085 de 2011 y el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. 

Artículo 2°. El criterio de intervención de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3° del artículo 6° y el literal a) del parágrafo del artículo 2|, ambos del Decreto Ley 4085 de 2011, en razón del factor subjetivo u orgánico, se contrae a las organismos y entidades públicos que integran la administración pública del orden nacional para ser parte de un proceso. 

Parágrafo.- Se entienden comprendidos dentro del factor subjetivo, al que se refiere este artículo, los procesos que se instauren contra el Estado Colombiano, Republica de Colombia, y la Nación. 

Artículo 3°. El criterio de intervención de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3° del artículo 6° y las literales b) y c) del parágrafo del artículo 2° del Decreto Ley 4085 de 2011, se contrae a aquellos procesos o mecanismos alternativos de solución de conflictos en los haya sido demandado o se controvierta un acto proferido par una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como !leyes y actos administrativos, así coma aquellos procesos en las cuales se controvierta su interpretación, y los relacionados con procesos en las cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional. 

Artículo 4°. En relación con las entidades y organismos del nivel territorial de gobierno (departamentos, municipios y distritos, así coma las entidades descentralizadas de estos ordenes), la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá ejercer la representación judicial de aquellos/as mediante la suscripc10n de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento del poder por parte del Gobernador, Alcalde municipal o distrital, o representante legal respectivo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del numeral 3° del artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011. 

De igual forma, las demás funciones referidas al ejercicio de la representación, contenidas en el parágrafo 1° del numeral 3° del artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011, deberán ser acordadas previamente mediante un convenio interadministrativo. 

Parágrafo. El Director General, previo a la suscripción del respectivo convenio, deberá informar al Consejo Directivo de la Entidad sobre su celebración y presentar las razones de los procesos judiciales Nación realizarlo. 

Artículo 6°, En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los veinticinco (25) procesos que contienen las mayores pretensiones en contra del Estado y que concentran el noventa y cuatro por ciento (94%) del valor de las pretensiones de los procesos más cuantiosos enervados en contra del Estado, registrados en el sistema Litigob Fase II, se ordena la intervención inmediata de la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el propósito de coordinar y evaluar la estrategia de la defensa jurídica del Estado, los riesgos y probabilidades de éxito de estos litigios. En esta tarea podrá solicitar la asesoría del Consejo Asesor de esta Agencia, así como de los comités de conciliación, las oficinas jurídicas y los apoderados, y el acompañamiento de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la Republica, cuando a ello haya lugar. 

Los procesos antes indicados son los siguientes: 

Artículo 7°, En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General los casos mil millones de pesos ($20.000.000.000), en las cuales el Estado ha obtenido decisiones favorables de primera instancia, se ordena la intervención de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de las argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas para las respectivos apoderados o representantes legales. 

Los procesos antes indicados son las siguientes: 

Artículo 9° En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los diecinueve procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones desfavorables de primera instancia, pretensiones indeterminadas o fallos inhibitorios, se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales. 

Los procesos antes indicados son los siguientes: 

Procesos desfavorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia. 

Artículo 10°. En relación con la intervenido litigiosa y con base en las análisis de las procesos a las que se refieren las artículos 8° y 9°, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General las casos en las cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal par parte de aquella. 

Artículo 11°, En relación con la coordinación de la defensa jurídica de las de más procesos actives a la fecha de expedición del presente Acuerdo, impetrados en contra de las entidades y organismos a las que se refieren las artículos 2° y 3° del presente Acuerdo, y que están registrados en el Sistema Litigob Fase II, preexistentes a la creación de la Agenda Nacional los veinte mil millones de pesos. 

De igual forma se procederá en relación con las procesos en contra de las entidades y organismos a las/as que se refieren las artículos 2° y 3° del presente Acuerdo informados a la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado con posterioridad a su creación. 

Artículo 12° En virtud de lo dispuesto en el subliteral i) del numeral 3Q del artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011, el criterio de intervención de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado relacionado con la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda se establece en veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000). 

Artículo 13°, En relación con la intervención litigiosa y con base en las análisis de las procesos a las que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director/a General las casos en las cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal par parte de aquella. 

Artículo 14° En relación con las procesos judiciales cuya cuantía de pretensiones no exceda las veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000) la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervendrá de manera directa, sino a través de las protocolos y directrices generales que en materia de conciliación, defensa judicial y prevención del daño antijurídico haya expedido. 

Artículo 15°. Cuando en virtud de lo dispuesto en el sub literal i) del numeral 3° del artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011 se solicite o requiera la intervención de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a: el número de procesos similares; la reiteración de las fundamentos facticos que dan origen al conflicto o de las aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso para la creación o modificación de un precedente jurisprudencial, el Director General de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado, previa valoración del Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica, autorizara las términos de la intervención de esta última dependencia, bien para efectos de coordinar la defensa judicial, bien para efectuar la respectiva intervención procesal. 

Parágrafo. La solicitud de intervención de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá ser presentada para el representante del respectivo órgano, organismo o entidad de la administración pública del nivel nacional de gobierno. 

Artículo 16° La Dirección de Defensa Jurídica de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado asistirá con voz y voto a las comités de conciliación de las entidades y organismos del orden nacional referidas/os en las artículos 2° y 3° del presente Acuerdo cuando se vayan a debatir las aspectos relacionados con la defensa judicial y/ o el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos respecto de las procesos judiciales determinados en las artículos 6° a 13° del presente Acuerdo. 

Artículo 17° En las artículos 2° y 3° del presente Acuerdo deberán informar y remitir las respectivos antecedentes a la Dirección de Defensa Jurídica para efectos de su participación, al correo electrónico conciliacion@defensajuridica.gov.co 

Artículo 18° Para el caso de la asistencia de la Dirección de Defensa Jurídica a las comités de conciliación de las entidades del nivel territorial de gobierno, la misma se sujetara a lo previsto en las artículos 4° y 5° del presente Acuerdo, sin que en ningún caso participe con voz y voto en las respectivas decisiones, en atención a la autonomía administrativa que constitucionalmente se les ha reconocido. 

Sin embargo, sus delegados deberán informar las políticas que en materia de defensa judicial, conciliación y prevención de daño antijurídico se han adoptado par parte de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a efectos de articular y armonizar la postura estatal en relación con la defensa de los intereses litigiosos. 

Artículo 19°, Cuando de conformidad con las parágrafos de las artículos 30°, 31°, 32° y 615° de la Ley 1564 de 2012 la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite el cambio de radicación de un (os) proceso (s) en el (las) que órganos, organismos o entidades de la Administración Publica Nacional sea(n) parte, la solicitud se sustanciara y aprobara par parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad. 

Parágrafo. Para las efectos antes indicados, las órganos, organismos y entidades antes indicados/as suministraran a la Dirección de Defensa Jurídica de la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado las fundamentos jurídicos, facticos y medias probatorios que sustentaran la respectiva solicitud. 

Adicionalmente, coma estrategia de defensa judicial, la solicitud de cambio de radicación deberá ser aprobada par parte del (os) Comité (es) de Conciliación respectivo (s), para lo cual se deberá invitar a la Dirección de Defensa Jurídica en las términos de que trata el artículo 17° del presente Acuerdo. 

Artículo 20°. Tratándose de las solicitudes de levantamiento del embargo y secuestro de las recursos públicos, de conformidad con las artículos 594 y 597de la Ley 1564 de 2012, y con el propósito de evitar la insostenibilidad fiscal o presupuestal en las procesos en las que órganos , organismos y entidades de la Administración Publica Nacional sean parte, las mismas serán sustanciadas y aprobadas par parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad . 

Sin perjuicio de lo anterior, la Agenda Nacional de Defensa Jurídica del Estado proferirá protocolos y directrices mediante las cuales se oriente la defensa judicial del Estado en relación con las medidas cautelares que puedan solicitar o de las que puedan ser objeto. 

Parágrafo. Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Publica Nacional suministraran los fundamentos jurídicos, facticos y medias probatorios que sustentaran la respectiva solicitud. 

De igual forma, cuando se trate de medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos que tengan por objeto la ejecución de una sentencia judicial, la Dirección de Defensa Jurídica revisara el procedimiento interno de pago de la respectiva providencia y, en caso de ser procedente, requerirá su inmediato cumplimiento o la suscripción del acuerdo de pago respectivo. 

Artículo 21°. Cuando en virtud del inciso segundo del parágrafo 3° del artículo 610 de la Ley 1564 de 2012 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite a la Corte Constitucional la revisión de que trata el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la solicitud se sustanciara y aprobara par parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad. 

Esta intervención procesal se autoriza de conformidad con los criterios de selección de que trata el sub literal i) del numeral 3 ° del artículo 6 ° del Decreto Ley 4085 de 2011 o la violación del debido proceso judicial. 

Parágrafo. Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Publica Nacional suministraran a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica las antecedentes y fundamentos jurídicos, facticos y medias probatorios que sustentaran la respectiva solicitud. 

Artículo 22°. Se anexan a título informativo las Anexos: "Los 536 procesos judiciales más costosos para la Nación" y "Listado de entidades, organismos y autoridades de nivel nacional". 

Artículo 23°. Ordenar a la Dirección de Gestión de información depurar y actualizar la información contenida en la base de procesos Litigob II en relación con los procesos que se indican en los artículos 6 °, y 9° del presente Acuerdo. 

Artículo 24°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Anexo Acuerdo 0006 de 2012.pdf