Artículo 1°. Precisar las formas de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales, ejercicio que comprende dos atribuciones fundamentales: 

a) La coordinación de la Defensa Jurídica, en cuyo marco convergen las actividades administrativas que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección General, el Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica para articular, armonizar y fortalecer la intervención procesal de la Nación a través de las diferentes entidades y organismos, oficinas jurídicas y apoderados. 

Bajo la órbita de esta misma potestad gravita la competencia que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección de Defensa Jurídica, de asistir a los comités de conciliación de las entidades y organismos del Nivel Nacional, al ser estas las instancias administrativas donde se proponen, analizan, debaten, adoptan y evalúan las políticas de conciliación, de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico que preservarán los intereses litigiosos de la Nación; 

b) La intervención procesal, en cuyo marco convergen todas las posibles actuaciones y atribuciones procesales que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede desarrollar ante los diferentes despachos judiciales como demandante o apoderado de las entidades, órganos u organismos de la Administración Pública Nacional, o Interviniente en los procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que aquellos/as sean parte, en defensa de los intereses litigiosos de la Nación. 

El alcance de esta intervención se enmarca en las atribuciones procesales conferidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el ordenamiento jurídico, en especial las previstas en el Decreto-ley 4085 de 2011 y el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012. 

Artículo 2°. El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3 del artículo 6° y el literal a) del parágrafo del artículo 2°, ambos del Decreto-ley 4085 de 2011, en razón del factor subjetivo u orgánico, se contrae a los organismos y entidades públicos que integran la administración pública del orden nacional por ser parte de un proceso. 

Parágrafo. Se entienden comprendidos dentro del factor subjetivo, al que se refiere este artículo, los procesos que se instauren contra el Estado colombiano, República de Colombia, y la Nación. 

Artículo 3°. El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3 del artículo 6° y los literales b) y c) del parágrafo del artículo 2° del Decreto-ley 4085 de 2011, se contrae a aquellos procesos o mecanismos alternativos de solución de conflictos en los haya sido demandado o se controvierta un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación, y los relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional. 

Artículo 4°. En relación con las entidades y organismos del nivel territorial de gobierno (departamentos, municipios y distritos, así como las entidades descentralizadas de estos órdenes), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá ejercer la representación judicial de aquellos/as mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento del poder por parte del Gobernador, Alcalde municipal o distrital, o representante legal respectivo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1° del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011. 

De igual forma, las demás funciones referidas al ejercicio de la representación, contenidas en el parágrafo 1° del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011, deberán ser acordadas previamente mediante un convenio interadministrativo. 

Parágrafo. El Director General, previo a la suscripción del respectivo convenio, deberá informar al Consejo Directivo de la Entidad sobre su celebración y presentar las razones de conveniencia para los intereses judiciales de la Nación de realizarlo. 

Artículo 5°. La asesoría de los procesos de defensa de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría a la que se refiere el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012, se realizará en los términos del reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

Artículo 6°. En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los veinticinco (25) procesos que contienen las mayores pretensiones en contra del Estado y que concentran el noventa y cuatro por ciento (94%) del valor de las pretensiones de los procesos más cuantiosos enervados en contra del Estado, registrados en el sistema Litigob Fase II, se ordena la intervención inmediata de la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el propósito de coordinar y evaluar la estrategia de la defensa jurídica del Estado, los riesgos y probabilidades de éxito de estos litigios. En esta tarea podrá solicitar la asesoría del Consejo Asesor de esta Agencia, así como de los comités de conciliación, las oficinas jurídicas y los apoderados, y el acompañamiento de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, cuando a ello haya lugar. 

Los procesos antes indicados son los siguientes: 

Artículo 7°. En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella. 

Artículo 8°. En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los cuarenta y un procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones favorables de primera instancia, se ordena la intervención de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales. 

Los procesos antes indicados son los siguientes: 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con los procesos antes referidos no excluye lo ordenado en el artículo 6°, en relación con los mismos, cuando los procesos estén igualmente clasificados en el listado incorporado en dicho artículo. 

Artículo 9°. En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los diecinueve procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones desfavorables de primera instancia, pretensiones indeterminadas o fallos inhibitorios, se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales. 

Los procesos antes indicados son los siguientes: 

Procesos desfavorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia. 

Procesos con fallo inhibitorio en primer instancia sin fallo en segunda instancia. 

Procesos con piezas procesales cuya pretensión se catalogó como indeterminada. 

Artículo 10. En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refieren los artículos 8° y 9°, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella. 

Artículo 11. En relación con la coordinación de la defensa jurídica de los demás procesos activos a la fecha de expedición del presente acuerdo, impetrados en contra de las entidades y organismos a los que se refieren los artículos 2° y 3° del presente acuerdo, y que están registrados en el Sistema Litigob Fase II, preexistentes a la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y cuya cuantía supere los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000,00), se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la estrategia judicial empleada para la defensa de los intereses litigiosos de la Nación, la probabilidad de éxito y la fortaleza y debilidades de las pretensiones y excepciones presentadas, así como los medios probatorios en los que se fundamentan. 

De igual forma se procederá en relación con los procesos en contra de las entidades y organismos a las/os que se refieren los artículos 2° y 3° del presente Acuerdo informados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con posterioridad a su creación. 

Artículo 12. En virtud de lo dispuesto en el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011, el criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado relacionado con la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda se establece en veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000). 

Artículo 13. En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director/a General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella. 

Artículo 14. En relación con los procesos judiciales cuya cuantía de pretensiones no exceda los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervendrá de manera directa, sino a través de los protocolos y directrices generales que en materia de conciliación, defensa judicial y prevención del daño antijurídico haya expedido. 

Artículo 15. Cuando en virtud de lo dispuesto en el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011 se solicite o requiera la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a: el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial, el Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, previa valoración del Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica, autorizará los términos de la intervención de esta última dependencia, bien para efectos de coordinar la defensa judicial, bien para efectuar la respectiva intervención procesal. 

Parágrafo. La solicitud de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá ser presentada por el representante del respectivo órgano, organismo o entidad de la administración pública del nivel nacional de gobierno. 

Artículo 16. La Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asistirá con voz y voto a los comités de conciliación de las entidades y organismos del orden nacional referidas/os en los artículos 2° y 3° del presente Acuerdo cuando se vayan a debatir los aspectos relacionados con la defensa judicial y/o el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos respecto de los procesos judiciales determinados en los artículos 6° a 13 del presente acuerdo. 

De igual forma, la Dirección de Defensa Jurídica asistirá con voz y voto a los comités de conciliación de las entidades cabeza de sector administrativo, con el propósito de adelantar sesiones sectoriales de defensa judicial, conciliación y prevención del daño antijurídico. 

Artículo 17. El Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señalará mediante Directiva los plazos y condiciones en los que las entidades y organismos señaladas/os en los artículos 2° y 3° del presente Acuerdo deberán informar y remitir los respectivos antecedentes a la Dirección de Defensa Jurídica para efectos de su participación, al correo electrónico conciliacion@defensajuridica.gov.co 

Artículo 18. Para el caso de la asistencia de la Dirección de Defensa Jurídica a los comités de conciliación de las entidades del nivel territorial de gobierno, la misma se sujetará a lo previsto en los artículos 4° y 5° del presente Acuerdo, sin que en ningún caso participe con voz y voto en las respectivas decisiones, en atención a la autonomía administrativa que constitucionalmente se les ha reconocido. 

Sin embargo, sus delegados deberán informar las políticas que en materia de defensa judicial, conciliación y prevención de daño antijurídico se han adoptado por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a efectos de articular y armonizar la postura estatal en relación con la defensa de los intereses litigiosos. 

Artículo 19. Cuando de conformidad con los parágrafos de los artículos 30, 31, 32 y 615 de la Ley 1564 de 2012 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite el cambio de radicación de un (os) proceso (s) en el (los) que órganos, organismos o entidades de la Administración Pública Nacional sea(n) parte, la solicitud se sustanciará y aprobará por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad. 

Parágrafo. Para los efectos antes indicados, los órganos, organismos y entidades antes indicados/as suministrarán a la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado los fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud. 

Adicionalmente, como estrategia de defensa judicial, la solicitud de cambio de radicación deberá ser aprobada por parte del(os) Comité(es) de Conciliación respectivo(s), para lo cual se deberá invitar a la Dirección de Defensa Jurídica en los términos de que trata el artículo 17 del presente Acuerdo. 

Artículo 20. Tratándose de las solicitudes de levantamiento del embargo y secuestro de los recursos públicos, de conformidad con los artículos 594 y 597 de la Ley 1564 de 2012, y con el propósito de evitar la insostenibilidad fiscal o presupuestal en los procesos en los que órganos, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional sean parte, las mismas serán sustanciadas y aprobadas por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado proferirá protocolos y directrices mediante los cuales se oriente la defensa judicial del Estado en relación con las medidas cautelares que puedan solicitar o de las que puedan ser objeto. 

Parágrafo. Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Pública Nacional suministrarán los fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud. 

De otra parte y por tratarse de una estrategia de defensa judicial del Estado, la(s) solicitud(es) de levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que se presenten a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, deberán ser aprobadas por parte del(os) Comité(es) de Conciliación respectivo (s), para lo cual se deberá invitar a la Dirección de Defensa Jurídica en los términos de que trata el artículo 17 del presente acuerdo. 

De igual forma, cuando se trate de medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos que tengan por objeto la ejecución de una sentencia judicial, la Dirección de Defensa Jurídica revisará el procedimiento interno de pago de la respectiva providencia y, en caso de ser procedente, requerirá su inmediato cumplimiento o la suscripción del acuerdo de pago respectivo. 

Artículo 21. Cuando en virtud del inciso 2° del parágrafo 3° del artículo 610 de la Ley 1564 de 2012 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite a la Corte Constitucional la revisión de que trata el artículo 33 del Decreto número 2591 de 1991, la solicitud se sustanciará y aprobará por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del Director General de la Entidad. 

Esta intervención procesal se autoriza de conformidad con los criterios de selección de que trata el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011 o la violación del debido proceso judicial. 

Parágrafo. Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Pública Nacional suministrarán a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica los antecedentes y fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud. 

Artículo 22. Se anexan a título informativo los Anexos: "Los 536 procesos judiciales más costosos para la Nación" y "Listado de entidades, organismos y autoridades de nivel nacional". 

Artículo 23. Ordenar a la Dirección de Gestión de Información depurar y actualizar la información contenida en la base de procesos Litigob II en relación con los procesos que se indican en los artículos 6°, 8° y 9° del presente acuerdo. 

Artículo 24. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

ANEXO 

Contenido 

Presentación del ejercicio 

1. La distribución de la pretensión en los 536 procesos más costosos en Litigob 

2. La distribución de la pretensión de los 536 procesos según el envío de piezas procesales 

3. La distribución de los 279 procesos con piezas procesales según instancia 

4. Los 279 procesos con piezas procesales según estado de la pretensión (determinada o indeterminada) 

5. Criterios de priorización de los 279 procesos para la toma de decisiones en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado 

6. Estado de entrega de la información a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado 

Presentación del ejercicio 

La Dirección de Gestión de la Información en cumplimiento de sus funciones consagradas en el artículo 20 del Decreto número 4085 de 2011, inició la revisión de la información de los procesos judiciales registrados en el sistema de información Litigob II con corte a 6 de junio de 2012, e identificó aquellos cuya pretensión registró un valor indexado superior a veinte mil millones de pesos. De esta forma encontró seiscientos (630) procesos judiciales que cumplieron esta condición y procedió a solicitar a las entidades demandadas el envío en medio físico o electrónico de las principales piezas procesales para hacer la validación de la pretensión registrada en el sistema Litigob II y obtener información estadística relevante para la toma de decisiones en las demás dependencias de la Agencia. Las piezas procesales solicitadas a las entidades fueron las siguientes: 

a) Memorial de la demanda; 

b) Auto admisorio de la demanda; 

c) Memorial de contestación de la demanda; 

d) Memorial de alegatos de conclusión; 

e) Providencias de fallos judiciales; 

f) Memoriales de sustentación de recursos. 

Entre el 15 de julio y el 9 de septiembre de 2012 algunas entidades enviaron las principales piezas procesales de los procesos judiciales registrados en Litigob con pretensiones superiores a veinte mil millones de pesos. Otras enviaron piezas procesales de procesos judiciales que tienen pretensión superior a veinte mil millones de pesos y que no aparecieron en el reporte inicial de los 630 procesos judiciales que se extrajo de Litigob con corte 6 de junio de 2012[1]. 

A continuación se presentan las evidencias resultantes del proceso de verificación de la información recibida de las demandas judiciales más costosas y el método de depuración del universo de procesos con pretensión superior a 20 mil millones de pesos: 

1. No se ha recibido la información de todos los procesos judiciales solicitados. 

2. Al verificar la información se encontró que algunas entidades enviaron nuevos procesos judiciales. 

3. Al verificar la información se encontró que algunos procesos ya se habían terminado. 

4. Al verificar la información se encontró que algunos de esos nuevos procesos judiciales no cumplen con la condición de tener una pretensión mayor a veinte mil millones de pesos. 

5. Al verificar la información se encontró que varias entidades enviaron el mismo proceso judicial y que el mismo aparece duplicado en el sistema. 

6. Al validar la información de las piezas procesales con los campos del Sistema Litigob II, se encontró que los apoderados han actualizado la información desde la fecha de la solicitud de las piezas procesales. Estas actualizaciones obligan al equipo de la DGI a hacer nuevos cruces de información para validar la condición de ser procesos superiores a veinte mil millones de pesos, así como identificar el estado activo o terminado del proceso judicial. 

TABLA 1 

Método de depuración del universo de los procesos con pretensión superior a 20 mil millones de pesos 

Con el universo de procesos depurados conforme lo enunciado anteriormente, se elaboró el informe que se presenta a continuación: 

1. La distribución de la pretensión en los 36 procesos más costosos en Litigob 

Existen 25 procesos cada uno con pretensiones superiores a un (1) billón de pesos, que son a la fecha los más costosos para el Estado. Las pretensiones de estos 25 procesos suman 965 billones de pesos correspondientes al 94% de los 1.030 billones que suman las pretensiones de los 536 procesos más costosos en Litigob. A continuación se presenta la lista de los 25 procesos más costosos identificados por número de proceso, entidad demandada, valor de la pretensión indexada a 2012 y estado de entrega a la Dirección de Defensa Jurídica. 

TABLA 2 

Lista de los 25 procesos más costosos 

GRÁFICO 1 

La distribución de la pretensión de los 536 procesos más costosos 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información. 

2. La distribución de la pretensión de los 536 procesos según el envío de piezas procesales 

De los 536 procesos más costosos, las entidades enviaron las principales piezas procesales de 279 procesos. El valor total de pretensión de estos 279 procesos asciende a 1,006 billones de pesos, correspondientes al 97,6% de los 1,030 millones de pesos que suman los 536 procesos más costosos en Litigob. Esto quiere decir que se ha verificado con piezas procesales el 97,6% de las pretensiones de los 536 procesos más costosos en Litigob. Solo quedan por verificar 24 billones de pesos repartidos en los 257 procesos restantes. 

GRÁFICO 2 

Distribución de la pretensión de los 536 procesos según entrega de piezas procesales 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información. 

3. La distribución de los 279 procesos con piezas procesales según instancia 

A continuación se presenta la estadística de los 279 procesos en los que las entidades entregaron piezas procesales, según los fallos de primera y de segunda instancia entregados. 

DIAGRAMA 1 

Estadística de procesos según piezas de fallos judiciales entregados 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información. Corte 6 de septiembre de 2012. 

Según este diagrama se tiene que de los 279 procesos activos 66 procesos ya tuvieron fallo de primera instancia y 213 al parecer continúan en la primera instancia. De los 66 procesos con fallo de primera instancia se obtuvo fallo favorable a la Nación en 46 procesos lo que equivale a una tasa de éxito en primera instancia del 70%. De esos 46 procesos hubo fallo de segunda instancia en 5 procesos de los cuales 3 fallos revocaron la decisión que fue favorable para la entidad en primera instancia. En los otros 41 procesos con fallo favorable en primera instancia no ha habido fallo de segunda instancia. 

TABLA 3 

Procesos favorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información. 

De los 66 procesos con fallo de primera instancia se obtuvo fallo desfavorable a la entidad en 12 procesos lo que equivale a una tasa de pérdida del 18%. De estos 12 procesos en 1 hubo fallo de segunda instancia que revocó la decisión desfavorable. En los restantes 11 procesos con fallo desfavorable en primera instancia no se ha proferido fallo en segunda instancia, o por lo menos la entidad no remitió las piezas que permitieran concluir lo contrario, 

TABLA 4 

Procesos desfavorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información. 

De los 66 procesos con fallo en primera instancia se tienen 8 procesos con fallo inhibitorio sin que las entidades hayan reportado fallo de segunda instancia. Esto equivale a un 12% de fallos inhibitorios. Los procesos en los que se presentó esta situación son los siguientes: 

TABLA 5 

Procesos con fallo inhibitorio en primera instancia sin fallo en segunda instancia 

Fuente: Dirección de Gestión de la Información. 

4. Los 279 procesos con piezas procesales según estado de la pretensión (determinada o indeterminada) 

En el ejercicio de verificación de los 279 procesos con sus respectivas piezas procesales se encontró que en 59 procesos no se pudo verificar en la demanda el valor de la pretensión por lo cual se catalogó su pretensión como indeterminada. A continuación se presenta la lista de estos procesos cuyas piezas procesales también fueron entregadas a la Dirección de Defensa Jurídica para que las pueda revisar y tomar las decisiones que considere pertinentes. En los restantes 220 procesos sí se pudo verificar la pretensión. 

TABLA 6 

Los 59 procesos con piezas procesales cuya pretensión se catalogó como indeterminada 

5. Criterios de priorización de los 279 procesos para la toma de decisiones en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado 

Para facilitarle a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el análisis y la priorización de riesgos tanto procesales como de valor de la pretensión de los 279 procesos de más de 20 mil millones verificados con piezas procesales, se proponen las siguientes categorías, siendo (A) la categoría con mayor riesgo y (G) la categoría con menor riesgo: 

GRÁFICO 3 

Sugerencia de priorización de intervención / vigilancia de procesos 

CUADRO 5 

Cuadro de categorías según riesgo procesal 

TABLA 7 

Procesos pertenecientes a la categoría A 

TABLA 8 

Procesos pertenecientes a la categoría B 

TABLA 9 

Procesos pertenecientes a la categoría C 

TABLA 10 

Procesos pertenecientes a la categoría D 

TABLA 11 

Procesos pertenecientes a la categoría E 

TABLA 12 

Procesos pertenecientes a la categoría F 

TABLA 13 

Procesos pertenecientes a la categoría G 

6. Estado de entrega de la información a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado 

Hasta la fecha han sido entregados a la Dirección de Defensa Jurídica 249 procesos con piezas procesales, de los cuales 49 procesos contienen pretensiones indeterminadas. Con este informe se hará entrega de 85 procesos con piezas procesales y se procederá a eliminar de los archivos ya entregados a la DDJ 55 procesos que luego de cruces de información con la base de Litigob su pretensión se redujo a menos de 20 mil millones de pesos. De esta forma la DDJ recibirá un total de 279 procesos con piezas procesales enviadas por las entidades. Igualmente se entregará con el informe un archivo en Excel con la relación de los 279 procesos señalados. 

Una vez se reciban las piezas procesales de los 257 procesos judiciales restantes, se hará la correspondiente validación con la información contenida en Litigob y se procederá a su entrega a la Dirección de Defensa Jurídica con el respectivo informe. 

ANEXO NÚMERO 2 

LISTADO DE ENTIDADES, ORGANISMOS Y AUTORIDADES DEL ORDEN NACIONAL 

A. Entidades y Organismos de la Administración Pública Nacional 

Para efectos de lo establecido en el literal a) del parágrafo del artículo 2° y del numeral 4 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011, entiéndase por entidades y organismos que pertenecen a la Administración Pública Nacional y que integran los diferentes sectores administrativos los que a continuación se indican, los cuales están presididos por los respectivos Ministerios y Departamentos Administrativos a saber: 

1. Sector Presidencia de la República 

2. Sector del Interior 

3. Sector de Relaciones Exteriores 

4. Sector de Justicia y del Derecho 

5. Sector Hacienda y Crédito Público 

6. Sector de Defensa Nacional 

7. Sector de Agricultura y Desarrollo Rural 

8. Sector de Trabajo y Seguridad Social 

9. Sector de Salud y Protección Social 

10. Sector de Comercio, Industria y Turismo 

11. Sector de Minas y Energía 

12. Sector de Educación Nacional 

13. Sector de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

14. Sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

15. Sector del Transporte 

16. Sector Cultura 

17. Sector de Planeación 

18. Sector Seguridad 

19. Sector Función Pública 

20. Sector de Estadística 

21. Sector de Inclusión Social y Reconciliación 

22. Sector Ciencia, Tecnología e Innovación 

23. Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 

24. Sector de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia 

25. Los demás que se creen o se incluyan de conformidad con su naturaleza jurídica y la administración de recursos públicos que representen de manera armónica con sus modificaciones o adiciones. 

B. Corporaciones, Órganos, Organismos y Comisiones que tienen el Carácter de Autoridades del Orden Nacional 

De conformidad con lo establecido en el literal b) del parágrafo del artículo 2° y numeral 4 del artículo 6° del Decreto-ley 4085 de 2011, las Corporaciones, entidades, órganos y organismos que pertenecen a las ramas del poder público, órganos autónomos y comisiones y que tienen el carácter de autoridades del orden nacional son: 

1. Congreso 

2. Rama Judicial 

3. Órganos de Control 

4. Organización Electoral 

5. Organismos autónomos 

C. La Nación como persona jurídica 

De conformidad con el literal c) del parágrafo del artículo 2° del Decreto-ley 4085 de 2011, a la Nación cuando la misma haya sido demandada en procesos de orden regional o nacional. 

(C.F.).