200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030051087CC-SENTENCIAC28null202408/02/2024CC-SENTENCIA_C_28_null_2024_08/02/2024300511182024Fuente: COMUNICADO NÚMERO 2 DEL 8 DE FEBRERO 2024, DIVULGADO POR PÁGINA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PROCESO D-15269 SENTENCIA C-028/24 M.P. JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ EXPEDIENTE: D-15269 CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL LA EXIGENCIA DE COPIA DE LA SENTENCIA DE ADOPCIÓN EJECUTORIADA COMO REQUISITO PARA LA SALIDA DEL PAÍS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ADOPTADOS
Gobierno NacionalCONSTITUCIONALIDAD08/02/2024Juan Carlos Cortés GonzálezLEY 1098 DE 2006 (noviembre 8)D-15269Identificadores20030326392true1470954original30283548Identificadores

Fecha Providencia

08/02/2024

Fecha de notificación

08/02/2024

Magistrado ponente:  Juan Carlos Cortés González

Norma demandada:  LEY 1098 DE 2006 (noviembre 8)


Fuente: COMUNICADO NÚMERO 2 DEL 8 DE FEBRERO 2024, DIVULGADO POR PÁGINA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. PROCESO D-15269

SENTENCIA C-028/24

M.P. JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

EXPEDIENTE: D-15269

CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL LA EXIGENCIA DE COPIA DE LA SENTENCIA DE ADOPCIÓN EJECUTORIADA COMO REQUISITO PARA LA SALIDA DEL PAÍS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ADOPTADOS

  1. Norma demandada

LEY 1098 DE 2006

(NOVIEMBRE 8)

POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

(…)

ARTÍCULO 128. REQUISITO PARA LA SALIDA DEL PAÍS. […] Las autoridades de emigración

exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria.”

2. Decisión

PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “Las autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria” contenida en el artículo 128 de la Ley 1098 de 2006, “[p]or medio de la cual se expide el Código de infancia y adolescencia”.

SEGUNDO. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que adopte todas las medidas necesarias en cuanto al uso de tecnologías, convenios de interoperabilidad, entre otros mecanismos, a fin de garantizar la verificación plena de la identidad de niños, niñas y adolescentes en los procesos migratorios, y asegurar así su protección reforzada y la prevalencia de sus derechos.


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3. Síntesis de los fundamentos

La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió una demanda sobre el artículo 128 (parcial) de la Ley 1098 de 2006, según la cual exigir la presentación ante las autoridades migratorias de copia de la sentencia de adopción, con la constancia de ejecutoria, como requisito para la salida del país de niños, niñas y adolescentes con filiación civil, contraría los artículos 13, 15, 42 y 44 de la Constitución por las siguientes razones: (i) impone un trato discriminatorio por razón del origen familiar entre niños, niñas y adolescentes que tienen parentesco civil y consanguíneo, de manera injustificada; (ii) vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar de los niños, niñas y adolescentes, pues no existe razón constitucional válida para que la información sensible contenida en la sentencia sea exhibida; y (iii) afecta el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y el carácter prevalente de sus derechos.

La mayoría de las intervenciones y el Ministerio Público concordaron con la demanda y solicitaron la declaratoria de inexequibilidad; una de ellas consideró que la Corte debía declarar la exequibilidad condicionada bajo el entendido que los padres de los niños, niñas y adolescentes adoptados tienen la opción de aportar solamente copia del registro civil de nacimiento, donde conste la sentencia de adopción. Por su parte, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia solicitó la exequibilidad del artículo cuestionado.

En ese orden de ideas, la Corporación debía decidir si la expresión “[l]as autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria” contenida en el artículo 128 de la Ley 1098 de 2006, “[p]or medio de la cual se expide el Código de la infancia y la adolescencia”, vulneraba los artículos 13, 15, 42 y 44 de la Constitución, al establecer un requerimiento adicional a las usuales para que los niños, niñas y adolescentes con parentesco civil pudieran salir del país, pues a los niños, niñas y adolescentes con filiación consanguínea en esa situación, no se les exige documento previo de sustento al registro civil de nacimiento.

Para resolver el problema jurídico formulado, la Sala Plena reconstruyó la normativa y jurisprudencia aplicables sobre los siguientes temas: (i) el interés superior y la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; (ii) la filiación civil a través de la adopción como medida que materializa el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en particular enfatizó en: (a) la igual protección que ordena la Constitución entre las familias unidas por filiación civil y las familias con filiación consanguínea y (b) las etapas del proceso de adopción y la expedición del registro civil de nacimiento, incluyendo algunas especificidades de la adopción internacional, las obligaciones del Estado en la materia y la normativa migratoria relevante; y (iii) el derecho a la intimidad familiar.

Con base en estos elementos, inició con el análisis de la violación del artículo 13 superior y aplicó un test integrado de igualdad de intensidad estricta, ya que el aparte acusado establece una distinción basada en el origen familiar, que es una categoría sospechosa de discriminación.

Después de constatar que el trato diferenciado se presentaba entre los niños, niñas y adolescentes unidos a sus familias por vínculo civil y por vínculo consanguíneo, y que aquel consistía en la exigencia, para los primeros, de un documento adicional a los usuales para salir del país, la Corte encontró que el aparte acusado persigue una finalidad que no es sólo legítima sino importante e imperiosa, pues pretende verificar la relación paterno o materno filial y evitar que los niños, niñas y adolescentes puedan ser sustraídos del país de manera irregular y ser afectados por distintos actos ilegales. Sin embargo, evidenció que la medida no es idónea y resulta inconducente, porque el registro civil de nacimiento es el documento indicado para lograr estos objetivos, no sólo por su naturaleza en términos registrales y de identidad personal, sino porque supone la existencia de un fallo ejecutoriado. Esta providencia no constituye documento de identificación, ni es suficiente para acreditar el vínculo filial.

La medida es además innecesaria, pues existen otros medios menos lesivos para realizar la finalidad de protección de la norma, esencialmente a través del uso del documento de identidad. Su implementación no es indispensable para lograr los propósitos buscados, ya que es posible, además, por medio de bases de datos disponibles en tiempo real y otros mecanismos a disposición de la autoridad migratoria, obtener apoyo para la verificación de los datos del registro civil de nacimiento aportado a las autoridades migratorias y asegurar a través de diversos mecanismos la protección reforzada y prevalente de los niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, la medida resulta desproporcionada porque implica un sacrificio intenso a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que no se compensa con sus beneficios, los cuales pueden ser obtenidos a través de otros mecanismos.

De otro lado, la Corte encontró que la norma resulta violatoria del derecho a la intimidad, pues genera una injerencia indebida e injustificada en la esfera íntima de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. En efecto, datos privados, que no son relevantes para la situación migratoria, deben ser exhibidos a funcionarios que no tendrían ninguna razón para conocerlos. Efectivamente, del ordenamiento jurídico existente deriva un entramado normativo e institucional que protege la reserva de esa información de manera estricta, considerando que su manejo es delicado y puede causar daños a un sujeto de especial protección constitucional que está en formación y busca construir su identidad.

En consecuencia, la Corte declaró la inexequibilidad de la expresión “Las autoridades de emigración exigirán copia de la providencia con la constancia de ejecutoria” contenida en el artículo 128 de la Ley 1098 de 2006, “[p]or medio de la cual se expide el Código de infancia y adolescencia” y ordenó a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia que adopte todas las medidas necesarias en cuanto al uso de tecnologías, convenios de interoperabilidad, entre otros mecanismos, a fin de garantizar la verificación plena de la identidad de niños, niñas y adolescentes en los procesos migratorios, y asegurar así su protección reforzada y la prevalencia de sus derechos.

4. Aclaración de voto

El magistrado JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS presentó una aclaración de voto. De acuerdo con el magistrado, este proceso de control de constitucionalidad no representaba un problema que estuviera relacionado con el derecho igualdad entre los niños, las niñas y los adolescentes que fueron adoptados y quienes no lo fueron. El verdadero problema de constitucionalidad radicaba en analizar si las medidas de protección frente a la sustracción internacional o la trata de personas eran proporcionales de conformidad con el contenido del derecho a intimidad. Finalmente, el magistrado indicó que la preocupación central debió ser la protección de los niños, las niñas y los adolescentes frente a los casos de trata, sustracción internacional o ejercicio arbitrario de la custodia. De manera que se debió exhortar a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a Migración Colombia para que establecieran un canal de comunicación idóneo que les permitiera a los funcionarios de Migración constatar la autenticidad del registro civil que se exhibe para la salida del país de los niños, las niñas y los adolescentes.

Finalmente, reservó su posibilidad de aclarar su voto el magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO.