100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030051026SENTENCIASala de lo Contencioso Administrativo11001-03-25-000-2018-01700-005950-2018202307/11/2023SENTENCIA_Sala de lo Contencioso Administrativo___11001-03-25-000-2018-01700-00_5950-2018_2023_07/11/2023300510572023
Sentencias de NulidadGobierno NacionalJairo Lopera LosadafalseDecretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017Identificadores10030325671true1470140original30282858Identificadores

Fecha Providencia

07/11/2023

Sala:  Sala de lo Contencioso Administrativo

Norma demandada:  Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017

Demandante:  Jairo Lopera Losada

Demandado:  Gobierno Nacional


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SALA DE CONJUECES

CONJUEZ PONENTE: GERMÁN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA

Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: 11001-03-25-000-2018-01700-00

Númerointerno: 5950-2018

Demandante: Jairo Lopera Losada

Actosdemandados: Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017

Demandados: Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Departamento Administrativo de la Función Pública y Fiscalía General de la Nación

Mediodecontrol: Simple nulidad

SENTENCIA

  1. LA DEMANDA

El señor Jairo Lopera Losada[1], en ejercicio del medio de control de nulidad simple, demandó la nulidad de las siguientes disposiciones de 25 Decretos del Gobierno Nacional[2]:

  1. Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
  2. Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
  3. Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
  4. Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
  5. Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
  6. Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
  7. Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
  8. Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
  9. Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
  10. Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
  11. Decreto 3549 de 2003 artículos 15
  12. Decreto 4180 de 2004 artículos 15
  13. Decreto 943 de 2005 artículos 15
  14. Decreto 396 de 2006 artículos 15
  15. Decreto 625 de 2007 artículos 15
  16. Decreto 665 de 2008 artículos 15
  17. Decreto 730 de 2009 artículos 16
  18. Decreto 1395 de 2010 artículos 16
  19. Decreto 1047 de 2011 artículos 15
  20. Decreto 875 de 2012 artículos 15
  21. Decreto 1035 de 2013 artículos 15
  22. Decreto 205 de 2014 artículos 15
  23. Decreto 1087 de 2015 artículos 16
  24. Decreto 219 de 2016 artículos 16
  25. Decreto 989 de 2017 artículos 17

De esos Decretos se demandan dos disposiciones en particular:

Por una parte, el artículo 6 del Decreto 53, el artículo 7 del Decreto 108, el artículo 49 del Decreto 1995, 7 del Decreto 108, 7 del Decreto 52, 7 del Decreto 50, 7 del Decreto 38 y 7 del Decreto 685, así como el artículo 8 de los Decretos 2743 y 2729, cuyo texto común es el siguiente:

«El treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial:

Fiscal Delegado ante Tribunal Nacional

Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito

Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializados

Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito

Secretario General

Directores Nacionales

Directores Regionales

Directores Seccionales

Jefes de Oficina

Jefes de División

Jefe de Unidad de Policía Judicial

Fiscal Auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia

Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos»

Por otra, las demás disposiciones referidas en precedencia, cuyo texto común es el siguiente:

«Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en consecuencia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos»

Como normas violadas se citó numerosas disposiciones de la Constitución, normas internacionales, la Ley 270 de 1996, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 4ª de 1992.

La demandante sostuvo que las normas acusadas desconocen los principios de favorabilidad, progresividad e igualdad de los trabajadores de la Fiscalía. Asimismo, violan el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en lo relativo a la prima especial de servicios, porque ella, en palabras textuales:

«[…] [E]s un componente de la remuneración o ingreso de los fiscales de la Fiscalía General de la Nación en contraprestación a su trabajo, que a pesar que la norma le quite su carácter de salario para restarle sus efectos en el cálculo de las prestaciones sociales y las indemnizaciones, por imperio del Estatuto de Trabajo y la Constitución Política de Colombia, no pierde su carácter de factor salarial.

Como también, la prima especial debe ser un aumento que debe decretarse entre el treinta al sesenta por ciento del salario básico, lo que quiere decir que el porcentaje que se señale por el Gobierno Nacional por intermedio de los decretos que expide año tras año, sea un real aumento o incremento al salario básico, y no una reducción o afectación a la integridad del mismo»

En cuanto a la cosa juzgada, pidió acoger el criterio expuesto por la Sección Segunda, del Consejo de Estado en la sentencia del 2 de abril de 2009, expediente 11001-03-25-000-2007-00098-00, M.P. Gustavo Gómez Aranguren, mediante la cual se rectificó la jurisprudencia en cuanto al concepto de primas y se concluyó que estas constituyen un incremento en los ingresos derivados de la relación laboral. En su concepto, las decisiones proferidas con anterioridad a aquella, a través de las cuales se estudió el citado emolumento, no configuran cosa juzgada, con fundamento en lo anterior, solicitó la nulidad de las normas acusadas,

  1. LAS CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

Para defender la legalidad de los actos demandados y oponerse a los razonamientos de la demanda, las diferentes entidades accionadas presentaron escritos de contestación, bajo los siguientes argumentos:

2.1. Contestación del Ministerio de Justicia y del Derecho

El Ministerio de Justicia[3] se opuso a las pretensiones de la demanda porque «no constituye precedente judicial sobre la materia la sentencia del 2 de abril de 2009» y «no constituye precedente judicial sobre la materia la sentencia del 29 de abril de 2014». Propuso las excepciones de cosa juzgada y «falta de acreditación de la vulneración de la Constitución o la Ley respecto de los demás artículos demandados en nulidad simple».

2.2. Contestación de la Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía[4] se opuso a las pretensiones de la demanda. Sobre el fondo del tema en ciernes, la Fiscalía afirmó que hay inepta demanda por la no argumentación del concepto de violación y que además a ella le es inoponible la sentencia del 29 de abril de 2014. Propuso la Fiscalía como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva y cosa juzgada.

2.3. Contestación del Departamento de la Función Pública

La Función Pública[5] también se opuso a las pretensiones de la demanda.

Sobre el fondo del debate la Función Pública sostuvo que no se ha debido escindir la demanda, por razones de economía procesal, de manera que se ha debido tramitar bajo la cuerda común de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene una caducidad de cuatro meses, los cuales ya se vencieron, y entonces habría que declarar la caducidad de las dos pretensiones. Propuso las excepciones de caducidad, de trámite inadecuado de la demanda, de cosa juzgada «material y absoluta» y la genérica.

2.4. Contestación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El Ministerio de Hacienda[6] se opuso a las pretensiones de la demanda porque, en su criterio, existe «cosa juzgada constitucional sobre frente (sic) a los pagos que no constituyen factor salarial», con estas palabras:

Frente a los pagos que no constituyen salario la Corte Constitucional en las sentencias C-521 de 1995 y C-710 de 1996 declaró exequible la expresión del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo“ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie”. De otro lado, en relación con las bonificaciones no constitutivas de salario opera la figura de la cosa juzgada constitucional, como se dilucida de las sentencias de la Corte Constitucional C-79/96 y C-052/99, entre otras…

También anotó que «la sentencia rad.2007-00098, M.P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren no se erige en precedente judicial, como tampoco es precedente la “sentencia rad. 2007-00087-00 (1686-07) M.P. Dra. María Carolina Rodríguez Ruiz», porque ambas «se apartan de la materia regulada en los decretos demandados».

Propuso el Ministerio de Hacienda la excepción de cosa juzgada.

3.APLICACIÓN DEL TRÁMITE DE LA SENTENCIA ANTICIPADA

El Despacho sustanciador advierte que, en curso de este asunto, el Consejo de Estado, Sección Segunda – Sala de Conjueces, con sentencia de 21 de septiembre de 2022 (C.P. Néstor Raúl Correa Henao)[7], se pronunció respecto de la legalidad de los actos administrativos aquí cuestionados y en tal virtud resolvió declarar su nulidad.

Con auto del 18 de octubre de 2023[8] se dispuso que el sub examine sería objeto de sentencia anticipada, por tanto se ordenó correr traslado común a las partes y al Ministerio Público, para que respectivamente, presentaran alegatos de conclusión y rindieran concepto. Lo anterior, con fundamento en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

  1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las entidades demandadas presentaron alegatos de conclusión: en los cuales en esencia reiteraron los argumentos expuestos en las respectivas contestaciones de la demanda[9].

El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio[10].

La Sala de Conjueces, al no encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede de conformidad.

  1. CONSIDERACIONES DE LA SALA[11]

  1. COMPETENCIA

De conformidad con los artículos 125, 137 y 149 del CPACA, en armonía con los artículos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019[12], proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, este Despacho es competente para dictar la sentencia de única instancia que en derecho corresponde

  1. CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA

El Consejo de Estado, Sección Segunda – Sala de Conjueces, con sentencia de 21 de septiembre de 2022 (C.P. Néstor Raúl Correa Henao)[13] se pronuncio sobre la legalidad de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017, por lo que esta magistratura dispondrá estarse a lo resuelto en dicha providencia, al configurarse la cosa juzgada formal, según se explica en las siguientes líneas:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el carácter de invariables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr la terminación definitiva de controversias que permita la realización de la seguridad jurídica[14] como principio fundante dentro de un Estado social de derecho.

En relación con los efectos de una providencia que hace tránsito a cosa juzgada, se han identificado los siguientes: la presunción de veracidad de lo resuelto; la inmutabilidad de la decisión, que significa que la materia que ya ha sido objeto de estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de fondo; la imposibilidad de revocar directamente la resolución judicial[15]; y, en los casos en que el objeto del proceso es una pretensión de nulidad, aparece además la prohibición de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene fundamento legal en el artículo 237 del CPACA.

De acuerdo con este último, la restricción busca evitar que, a través de la expedición de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jurídico disposiciones ya anuladas o suspendidas, para lo cual, más allá de la redacción, ha de tenerse en cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su fuerza ejecutoria. Ahora bien, el artículo en comento permite retomar el contenido de este último en aquellos casos en que, tras la expedición de la sentencia o el auto respectivo, desaparecen los fundamentos jurídicos de la decisión anulatoria o de suspensión[16].

Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que, previamente, el asunto en cuestión haya sido objeto de estudio por la jurisdicción y que al respecto esta haya adoptado una decisión de fondo que se encuentre debidamente motivada, pudiéndose verificar el cumplimiento de las siguientes exigencias:

  1. Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se trate de un medio de control de carácter público, como el de nulidad simple, que al propender por la protección del interés general puede ser promovido por cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal supuesto, no es necesario que se presente identidad absoluta de partes para que se configure la cosa juzgada.

  1. Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le está dado analizar los nuevos supuestos[17].

  1. Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión.

De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el artículo 189 del CPACA precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma, la decisión de la administración desaparece del ordenamiento jurídico para todo el mundo. Igual efecto produce la sentencia que niegue la nulidad «[…] pero sólo en relación con la causa petendi juzgada […]»[18]. Así pues, en este último supuesto el efecto, además de ser erga omnes, es relativo, de modo que el control judicial no obsta para que la manifestación de voluntad de la administración sea enjuiciada nuevamente por razones diferentes a las ya estudiadas.

Los requisitos arriba anotados ponen de presente que, tratándose de medios de control cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto administrativo, lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad de predicar, en uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los aspectos que son sometidos a análisis en el pronunciamiento judicial. En otras palabras, en ambos procesos debe haber similitud entre lo que se conoce como la «materia juzgada».

Para realizar tal constatación, el ordenamiento jurídico optó por privilegiar un criterio sustancial, reflejado ya en el artículo 237 del CPACA previamente estudiado, pues con independencia de la redacción o del cuerpo normativo en que se encuentre inserta la disposición, si en esencia se trata de la misma norma que está siendo controvertida por las mismas razones, habrán de predicarse los efectos propios de la cosa juzgada. Esto es así en atención a la diferencia que existe entre la norma y la disposición, entendida aquella como la regla que subyace de fondo a esta última.

Este razonamiento dio lugar a que la jurisprudencia constitucional distinguiera la cosa juzgada formal de la genuinamente material. La primera de ellas se produce cuando la disposición enjuiciada es exactamente igual. Por su parte, la cosa juzgada material opera en los eventos en que, si bien el debate versa sobre la misma norma que fue objeto de control inicial, esta se encuentra contenida en otro texto jurídico o incluso, estando dentro del mismo, fue reproducida en otro artículo de manera exacta o con otra redacción, pero conservando la esencia.

En lo que respecta a la oportunidad procesal para declarar la existencia de cosa juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la Ley 1437 de 2011 consagraba en el numeral 6 del artículo 180 una etapa de decisión de excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso, dicho medio exceptivo debía declararse probado bien porque lo propuso el demandado o bien porque, de oficio, el despacho advirtió su configuración. Sin embargo, el hecho de que no se resolviera allí no obstaba para que, de encontrar acreditada esta excepción, el juez la declárese al momento de proferir la respectiva sentencia.

Con la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisión de excepciones de la audiencia inicial quedó reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera que las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la cosa juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia[19].

Visto lo anterior, se presentan de manera esquematizada los principales elementos distintivos del atributo en cuestión:

Cosa juzgada

Requisitos de configuración

  1. Identidad de partes, salvo que se trate de un medio de control de naturaleza pública.
  2. Identidad de causa petendi.
  3. Identidad de objeto.

Efectos de la decisión

  1. Presunción de veracidad.
  2. Inmutabilidad.
  3. Irrevocabilidad directa.
  4. Prohibición de reproducción del acto administrativo anulado, cuando se trata de una pretensión de nulidad

Alcance de los efectos

(pretensión de nulidad)

  1. La declaratoria de nulidad produce efectos erga omnes.
  2. La sentencia que niega la nulidad produce efectos erga omnes únicamente respecto de la causa petendi.

Oportunidad para declararla

En la sentencia

Por su parte, las decisiones que deben proferirse en caso de determinar la existencia de cosa juzgada pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Decisión en caso de operar la cosa juzgada

Cosa juzgada formal

Cosa juzgada material

Sentencia declaró la nulidad

Estarse a lo resuelto

  1. Estarse a lo resuelto y
  2. Declarar la nulidad de la norma por desconocimiento del artículo 237 del CPACA

Sentencia negó la nulidad

Estarse a lo resuelto

Estarse a lo resuelto

Sentencia interpretativa, aditiva, integradora o sustitutiva

Estarse a lo resuelto

  1. Estarse a lo resuelto e
  2. Incorporar la misma interpretación, adición o sustitución a la lectura del texto normativo enjuiciado.

Por último, es importante señalar que la contrariedad en que incurra una sentencia respecto de otra que haya hecho tránsito a cosa juzgada se encuentra prevista como una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión, salvo que en el segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepción de cosa juzgada[20].

En elsub examine, el estudio de configuración de la cosa juzgada parte de dos premisas que resultan suficientes para señalar que, en efecto, se produjo aquel fenómeno. La primera de ellas es que entre este proceso y el definido mediante la sentencia del 21 de septiembre de 2022, en el medio de control con radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (N.I 3974-2018 ), existe identidad de objeto o materia juzgada pues en ambos casos el estudio de legalidad recae sobre los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017.

El segundo aspecto que destacar es la decisión que se adoptó en la sentencia del 21 de septiembre de 2022, que en su parte resolutiva dispuso:

[…] PRIMERO: DECLARAR como no probada la excepción de cosa juzgada frente a la solicitud de nulidad de los Decretos demandados, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia..

SEGUNDO: ANULAR las siguientes normas:

  1. Del Decreto 53 de 1993 artículos 6 y 16
  2. Del Decreto 108 de 1994 artículos 7 y 18
  3. Del Decreto 49 de 1995 artículos 7 y 17
  4. Del Decreto 108 de 1996 artículos 7 y 17
  5. Del Decreto 52 de 1997 artículos 7 y 17
  6. Del Decreto 50 de 1998 artículos 7 y 18
  7. Del Decreto 38 de 1999 artículos 7 y 17
  8. Del Decreto 2743 de 2000 artículos 8 y 17
  9. Del Decreto 2729 de 2001 artículos 8 y 17
  10. Del Decreto 685 de 2002 artículos 7 y 16
  11. Del Decreto 3549 de 2003 artículos 15
  12. Del Decreto 4180 de 2004 artículos 15
  13. Del Decreto 943 de 2005 artículos 15
  14. Del Decreto 396 de 2006 artículos 15
  15. Del Decreto 625 de 2007 artículos 15
  16. Del Decreto 665 de 2008 artículos 15
  17. Del Decreto 730 de 2009 artículos 16
  18. Del Decreto 1395 de 2010 artículos 16
  19. Del Decreto 1047 de 2011 artículos 15
  20. Del Decreto 875 de 2012 artículos 15
  21. Del Decreto 1035 de 2013 artículos 15
  22. Del Decreto 205 de 2014 artículos 15
  23. Del Decreto 1087 de 2015 artículos 16
  24. Del Decreto 219 de 2016 artículos 16
  25. Del Decreto 989 de 2017 artículos 17

[…]

La determinación de concederle efectos ex nunc o hacia el futuro a la decisión anulatoria fue justificada en los siguientes términos:

Visto lo anterior, dado que la sentencia del 21 de septiembre de 2022 declaró la nulidad, con efectos hacia el futuro, de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017, es preciso concluir que, en los términos del artículo 189 del CPACA, esa decisión hizo tránsito a cosa juzgada erga omnes, de manera que no es factible que esta Sala realice un nuevo estudio de legalidad respecto de dicho acto reglamentario, en tanto fue retirado del ordenamiento jurídico.

En conclusión, frente al problema jurídico que correspondería resolver en esta sentencia existe cosa juzgada a raíz de lo decidido por el el Consejo de Estado, Sección Segunda – Sala de Conjueces, con sentencia de 21 de septiembre de 2022 (C.P. Néstor Raúl Correa Henao)[21].

  1. DECISIÓN

Por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada, se estará a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Sala de Conjueces, con sentencia de 21 de septiembre de 2022 (C.P. Néstor Raúl Correa Henao)[22]

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de cosa juzgada, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Estarse a lo resuelto en la sentencia del 21 de septiembre de 2022, proferida por el Conjuez Néstor Raúl Correa Henao en el medio de control de simple nulidad, bajo el radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (N. I 3974-2018), mediante la cual se declaró la nulidad de los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016 y 989 de 2017.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático SAMAI de esta corporación


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Notifíquese y cúmplase

Firmado electrónicamente

GERMAN EDUARDO PALACIO ZÚÑIGA

Conjuez Ponente

Firmado electrónicamente

ALFONSO PALACIOS TORRES

Conjuez

Firmado electrónicamente

NUBIA GONZÁLEZ CERÓN

Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA


[1] presentada el 19 de noviembre de 2018.

[2] La demanda se promovió con fundamento en los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, el despacho sustanciador mediante auto del 28 de junio de 2021, resolvió: i) escindir la demanda; ii) remitir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, copia del expediente a fin de que este conociera del medio de control de nulidad y restablecimiento en contra del Oficio DS-06-12-6-SAJ-0206 de 27 de febrero de 2017 y de la Resolución 2-1346 del 12 de mayo de la misma anualidad, emitidos por la Fiscalía General de la Nación y iii) admitir la demanda nulidad simple (índice 22 de SAMAI).

[3] Folios 40 a 42.

[4] Índice 39 SAMAI.

[5] Índice 33 SAMAI.

[6] Índice 36 SAMAI.

[7] Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018): Demandante: Diego Fernando Fernández Ávila; Demandado: Gobierno Nacional.

[8] Folios 79 a 83.

[9] Las entidades intervinieron en el siguiente orden: Fiscalía General de la Nación (índice 57 de SAMAI), Departamento Administrativo de la Función Pública (índice 58 de SAMAI), Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho (índice 59 de SAMAI) y Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (índice 52 y 53 de SAMAI).

[10] Acorde con lo informado por la Secretaría de la Sección en la constancia que obra a folio 84.

[11] La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas en el libro de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción, reconstrucción y evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo, se tiene en cuenta el “Manual de Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

[12] Reglamento Interno del Consejo de Estado.

[13] Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018): Demandante: Diego Fernando Fernández Ávila; Demandado: Gobierno Nacional.

[14] En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, del 28 de febrero de 2013, radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015.

[15] Al respecto puede consultarse la sentencia C-096 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

[16] Sentencia del 1 de septiembre de 2022 dentro del proceso 11001 03 25 000 2021 00222 00 (1385-2021) M.P William Hernández Gómez.

[17] Cuando la decisión que ha hecho tránsito a cosa juzgada se profiera en el medio de control inmediato de legalidad o cualquier otro que opere de forma automática por ministerio de la ley, es claro que en estricto sentido debe excluirse el requisito de identidad de causa petendi pues no existirá el acto procesal de demanda. En esos eventos la identidad que debe predicarse de cara al análisis de la cosa juzgada opera entre aquellas normas y aspectos que hayan sido sometidos a estudio en el fallo que resolvió el control inmediato de legalidad y la causa petendi propios del proceso de nulidad simple. En ese orden de ideas, para cuestionar los mismos actos administrativos sin que se configure el fenómeno de la cosa juzgada debe aducirse la violación de normas que no hayan sido invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal.

[18] En palabras del profesor Carlos Alberto Betancur Jaramillo, la causa petendi «[…] guarda íntima relación con el numeral 4º del artículo 137 que exige en toda demanda de impugnación de un acto administrativo la indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación […]». Ver artículo Acciones y recursos ordinarios p. 228.

[19] Al respecto el inciso final del parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, regla que: «Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.».

[20] Así lo prevé el artículo 250 del CPACA, numeral 8.

[21] Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018): Demandante: Diego Fernando Fernández Ávila; Demandado: Gobierno Nacional.

[22] Radicado 11001-03-25-000-2018-01101-00 (3974-2018): Demandante: Diego Fernando Fernández Ávila; Demandado: Gobierno Nacional.