SENTENCIA 11001032400020060027700 de 2023

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Sentencias de NulidadInstituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPECFrancisco Restrepo Holgu�n y otrosfalse14/09/2023art�culo 10 de la Resoluci�n 7302 de 2005Identificadores10030313276true1455873original30271057Identificadores

Tema: No es nula, por infracci�n de norma superior, la disposici�n que establece que, para la implementaci�n y el desarrollo de las pol�ticas, planes y programas de Atenci�n Integral y Tratamiento Penitenciario, en cada establecimiento de reclusi�n se integrar� un grupo interdisciplinario conformado por personal de planta y/o de contrato, de acuerdo con el talento humano existente y las condiciones particulares del establecimiento penitenciario.

Son nulas las expresiones: �[�] o del 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada.� del numeral 2.1.; y �de un setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada� del numeral 3.1. del art�culo 10 de la Resoluci�n 7302 de 2005, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC, por constituir requisitos que no est�n previstos en la ley que desconocen el principio de legalidad en materia penal y las normas que regulan el tratamiento penitenciario.

La Sala procede a dictar sentencia de �nica instancia en el proceso de la referencia, promovido por FRANCISCO RESTREPO HOLGU�N y otros, con el fin de que se declare la nulidad de la Resoluci�n n�mero 7302 de 23 de noviembre de 2005, �Por medio de la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y n�mero 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atenci�n integral y el Tratamiento Penitenciario�, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC.

Francisco Caraballo[1]; Wilson Alberto Londo�o Rend�n[2]; Francisco Restrepo Holguin[3]; John Jairo Giraldo[4]; �lvaro Garc�a Caviedes[5]; Rub�n Eusebio Acosta Barahona[6]; Willington �lvarez Moreno[7]; Isay Medina Vera[8]; Jos� Ofrandio Ram�rez Pe�a9; Antonio Acosta[9]; Ever Luis Hern�ndez Soler; Javier Orlando Alfonso Vanegas; Jonson Arleny Garc�a Beltr�n; Jos� Antonio Jim�nez P�rez; Duberney Navarrete; C�sar Augusto Rinc�n y Duber Ocho Morales[10], en nombre propio, demandaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC, con el objeto de que se accediera a las siguientes:

�1.1. Que son nulas las expresiones, <o del 70% de la pena impuesta en elcaso de justicia especializadas> y <y de un setenta por ciento (70%) de la penaimpuesta, en caso de justicia especializada> del art�culo 10 �Fases de Tratamiento�, de la resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005, por medio de la cual, entre otras cosas, se expiden pautas para la atenci�n integral y el Tratamiento Penitenciario, expedida por el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

1.2. Que se condene en costas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC�13.

�1.1. Que son nulas las expresiones, <o del 70% de la pena impuesta en elcaso de justicia especializadas> contenida en el art�culo 10 Numeral 2.1.4. �Permanencia en Fase de Alta Seguridad� y <y de un setenta por ciento (70%)de la pena impuesta, en caso de justicia especializada> contenida, tambi�n, en el art�culo 10 numeral 3.1. �Se clasificar�n en Mediana Seguridad� de la Resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005.

1.2. Que se condene en costas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC�[13].

�1.1. Que son NULAS las expresiones, �o del 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializadas� y �y de un setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada� contenida tambi�n en el art�culo 10 numeral 3.1. �Se clasificar�n en mediana Seguridad� de la Resoluci�n 7302 del Veintitr�s de Noviembre de 2005.

1.2. Que se condene en costas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC [�]�[15].

Numeral tercero inciso primero del art�culo 10, FASES DEL TRATAMIENTO, de la Resoluci�n No. 7302 de fecha 23 de noviembre de 2.005, proferida por el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, mediante la cual se revocan las resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1.997 y No. 5964 del 09 de diciembre de 1.998 y se expiden pautas para la atenci�n integral y el tratamiento penitenciario. En esta fase se clasifican los internos (as) que: 1- en el tiempo efectivo hayan superado una tercera parte (1/3) de la pena impuesta en caso de encontrarse condenado por justicia ordinaria y de un setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada�.[17]

�[�] demanda de nulidad de la resoluci�n administrativa 7302 del 23 de noviembre de 2005, emanada de la direcci�n General del INPEC [�]�[19].

�De conformidad con los par�metros de ley solicito se declare la nulidad de la Resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005, la cual fue expedida por el se�or Director general del Inpec, causando una flagrante violaci�n al principio de legalidad ante la ley y la Constituci�n Pol�tica, [�]�.23

�De conformidad con los par�metros de ley, solicito se declare la Nulidad de la Resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005, la cual fue expedida por el se�or Director General del INPEC, causando una flagrante violaci�n al principio de Legalidad ante la ley y la Constituci�n Pol�tica, [�]�[22].

�De conformidad con los par�metros de ley, solicito se declare la Nulidad de la Resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005, la cual fue expedida por el se�or Director General del INPEC; causando una flagrante violaci�n al principio de Legalidad ante la ley y la Constituci�n Pol�tica, [�]�[24].

�De conformidad con los par�metros de ley, solicito se declare la Nulidad de la Resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005, la cual fue expedida por el se�or Director General del INPEC; causando una flagrante violaci�n al principio de Legalidad ante la ley y la Constituci�n Pol�tica, [�]�[26].

�De conformidad con los par�metros de ley, solicito se declare la Nulidad de la Resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005, la cual fue expedida por el se�or Director General del INPEC; causando una flagrante violaci�n al principio de Legalidad ante la ley y la Constituci�n Pol�tica, [�]�[28].

�[..] derogar la Resoluci�n #7302 de 2005 en su art. 10 y en su defecto ordenar al Director General del INPEC y al Director de la EPAMS Dorada-Caldas y a su Consejo de Evaluaci�n y Tratamiento C.E.T. que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci�n de la presente sentencia, ordenar los tr�mites pertinentes de levantar nueva acta donde se anule la Resoluci�n 7302, donde se (sic) fueron clasificado los internos ya referidos, anteriormente en fase de alta seguridad, para que sea levantada nueva acta, donde se les clasifique en fase de mediana seguridad�[30].

En este proceso se pretende la nulidad de la Resoluci�n n�mero 7302 de 23 de noviembre de 2005, expedida por el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, �Por medio de la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y n�mero 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atenci�n integral y el Tratamiento Penitenciario�.

Sin embargo, de la lectura y alcance de los escritos de demanda se advierte que los cargos est�n dirigidos �nicamente a obtener la nulidad del art�culo 6 y de algunos apartes del art�culo 10 del acto demandado, cuyo texto es el siguiente:

�Art�culo 6�. GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ATENCI�N INTEGRAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO. Para la implementaci�n y el desarrollo de las pol�ticas, planes y programas de Atenci�n Integral y Tratamiento Penitenciario, en cada Establecimiento de Reclusi�n se integrar� un grupo interdisciplinario conformado por personal de planta y/o de contrato, de acuerdo con el talento humano existente y las condiciones particulares del Establecimiento. Este grupo ser� liderado por un responsable de tratamiento y desarrollo asignado por el Director del Establecimiento mediante acto administrativo, de acuerdo con el perfil determinado por la Subdirecci�n de Tratamiento y Desarrollo.

Es la primera etapa que vive el interno(a) en su proceso de tratamiento, en la cual el equipo interdisciplinario caracteriza el desarrollo biopsicosocial del condenado (a), a trav�s de una revisi�n documental y una exploraci�n de su comportamiento, su pensamiento y su actitud frente a su estilo de vida.

En esta fase se describen las manifestaciones relevantes del interno(a) en sus actividades cotidianas y su participaci�n en la Inducci�n al Tratamiento Penitenciario.

La inducci�n al Tratamiento Penitenciario se desarrollar� en un per�odo m�nimo de un mes y m�ximo de tres meses, permitiendo la implementaci�n de esta, a partir de los siguientes momentos:

Adaptaci�n: El objetivo de este momento es lograr que el interno(a) se ubique en el nuevo espacio intramural y asuma su situaci�n de condenado, mediante su participaci�n en talleres te�rico-pr�cticos de tipo informativo.

Sensibilizaci�n: En este momento se deben realizar talleres y actividades que le permitan al interno(a) adquirir nuevos conocimientos sobre normas, h�bitos y caracter�sticas de su entorno, orientados a prevenir factores de riesgo, entre otros, como los asociados al consumo de sustancias psicoactivas y a mejorar su calidad de vida en el Establecimiento durante el tiempo de su internamiento, que le permitan tomar conciencia de las ventajas del Tratamiento Penitenciario.

Motivaci�n: En este momento se da a conocer al interno(a) el Sistema de Oportunidades con el que cuenta el Establecimiento de Reclusi�n, para orientar la elecci�n de actividades que favorezcan el desarrollo del proyecto de vida propuesto por el interno (a), a trav�s del aprovechamiento de sus habilidades, potencialidades, aptitudes y actitudes.

Proyecci�n: En este momento, el interno(a) de acuerdo con el Sistema de Oportunidades que le ofrece el Establecimiento, elabora la propuesta de su proyecto de vida a desarrollar durante su tiempo de reclusi�n, con miras hacia la libertad, estableciendo objetivos y metas a lograr en cada una de las fases de tratamiento.

Es el an�lisis que se realiza a partir de la informaci�n obtenida en la revisi�n documental, la propuesta de proyecto de vida presentada por el interno(a) y la aplicaci�n de formatos, instrumentos y gu�as cient�ficas previamente dise�adas, que permiten definir su perfil a nivel jur�dico y biopsicosocial, a fin de establecer sus necesidades, expectativas y fortalezas para determinar si el interno requiere o no tratamiento penitenciario, y si lo requiere recomendar su vinculaci�n al Sistema de Oportunidades existente en el Establecimiento.

Es la ubicaci�n del interno(a) en fase de alta seguridad, en la que el CET, establece un plan de tratamiento como propuesta de intervenci�n, con unos objetivos a cumplir por el interno(a) durante cada fase de tratamiento, de acuerdo con los factores subjetivos y objetivos identificados en el Diagn�stico.

PAR�GRAFO PRIMERO. Con base en el diagn�stico, el equipo interdisciplinario analiza y caracteriza la situaci�n de cada interno, proyectando un Plan de Tratamiento Penitenciario que acoja las observaciones y sugerencias de cada miembro del CET, contemplando los factores objetivo y subjetivo, de acuerdo con su pertinencia y estableciendo con claridad los objetivos a cumplir durante cada fase de tratamiento. El CET debe controlar que todos los internos que requieren tratamiento inicien su clasificaci�n en la fase de alta seguridad, y as� garantizar la progresividad que establece la Ley 65 de 1993.

PAR�GRAFO SEGUNDO. Se entiende como Factor Subjetivo, las caracter�sticas de personalidad del interno(a), perfil delictivo; los avances en su proceso de tratamiento integral, el comportamiento individual, social y la proyecci�n para la vida en libertad y perfil de seguridad que requiere frente a las medidas restrictivas.

PAR�GRAFO TERCERO. Se entiende como factor objetivo, los elementos a nivel jur�dico que permiten determinar la situaci�n del interno(a) frente a la autoridad competente, delito, condena impuesta, tiempo efectivo, tiempo para libertad condicional, tiempo, legal entre fases de tratamiento y tiempo para libertad por pena cumplida, antecedentes penales, disciplinarios y requerimientos.

PAR�GRAFO CUARTO. En caso de que en la fase de Observaci�n, Diagn�stico y Clasificaci�n el Consejo de Evaluaci�n y Tratamiento determine que el interno(a) no requiere Tratamiento Penitenciario, el evaluado(a), en los casos permitidos por la ley, descontar� su condena cumpliendo las condiciones de seguridad acordes con la cuant�a de su pena y su comportamiento dentro del establecimiento, adem�s tendr� derecho a beneficiarse de los programas correspondientes a la Atenci�n Integral, de acuerdo con el Sistema de Oportunidades.

Es la segunda fase del proceso de Tratamiento Penitenciario a partir del cual el interno(a) accede al Sistema de Oportunidades en programas educativos y laborales, en per�odo cerrado, que permite el cumplimiento del plan de tratamiento, que implica mayores medidas restrictivas y se orienta a la reflexi�n y fortalecimiento de sus habilidades, capacidades y destrezas, identificadas en la fase de observaci�n, diagn�stico y clasificaci�n, a fin de prepararse para su desempe�o en espacios semiabiertos.

Se inicia una vez ha culminado la fase de observaci�n, diagn�stico y clasificaci�n, sustentada mediante el concepto integral del �CET�, y termina cuando el interno(a) es promovido por el CET, mediante seguimiento a los factores objetivo y subjetivo, que evidencie la capacidad para desenvolverse con medidas menos restrictivas, cumpliendo satisfactoriamente con las exigencias de seguridad, tratamiento sugerido y cumplimiento de una tercera parte de la pena impuesta.

Los programas ofrecidos en esta fase orientan la intervenci�n individual y grupal, a trav�s de educaci�n formal, no formal e informal, en el desarrollo de habilidades y destrezas art�sticas, artesanales y de servicios; la participaci�n en grupos culturales, deportivos, recreativos, literarios, espirituales y atenci�n psicosocial.

Permanecer�n en fase de Alta seguridad, recibir�n mayor intervenci�n en su tratamiento y no podr�n ser promovidos por el CET a fase de mediana seguridad aquellos internos(as) que presenten algunas de las siguientes situaciones:

Es la tercera fase del proceso de Tratamiento Penitenciario en la que el interno(a) accede a programas educativos y laborales en un espacio semiabierto, que implica medidas de seguridad menos restrictivas; se orienta a fortalecer al interno(a) en su �mbito personal con el fin de adquirir, afianzar y desarrollar h�bitos y competencias sociolaborales.

Esta fase se inicia una vez el interno(a) mediante concepto integral favorable del cumplimiento de los factores objetivo y subjetivo, emitido por el CET alcanza el cumplimiento de una tercera parte de la pena impuesta y finaliza cuando cumpla las cuatro quintas (4/5) partes del tiempo requerido para la libertad condicional y se evidencie la capacidad del interno(a) para asumir de manera responsable espacios de tratamiento que implican menores restricciones de seguridad.

Los programas educativos y laborales que se ofrecen en esta fase se basan en la intervenci�n individual y grupal, permiten el fortalecimiento de competencias psicosociales y ocupacionales a trav�s de la educaci�n formal, no formal e informal; vinculaci�n a actividades industriales, artesanales, agr�colas, pecuarias y de servicios, los cuales se complementan con los Programas de Cultura, Recreaci�n, Deporte, Asistencia Espiritual, Ambiental, Atenci�n Psicosocial, Promoci�n y Prevenci�n en Salud.

Permanecer�n en fase de mediana seguridad los internos(as) que requieran mayor intervenci�n en su tratamiento y no podr�n ser promovidos(as) por el CET, a fase de m�nima seguridad, aquellos que:

Es la cuarta fase del proceso de Tratamiento Penitenciario en la que accede el interno(a), en programas educativos y laborales, en un espacio que implica medidas de restricci�n m�nima y se orienta al fortalecimiento de su �mbito personal de reestructuraci�n de la din�mica familiar y laboral, como estrategias para afrontar la integraci�n social positiva y la consolidaci�n de su proyecto de vida en libertad.

Esta fase se inicia una vez el interno(a) ha sido promovido de fase de Mediana Seguridad, mediante concepto integral favorable emitido por el CET, previo cumplimiento de los factores objetivo y subjetivo (avances del plan de tratamiento).

Es la �ltima fase del Tratamiento Penitenciario y se accede a ella al ser promovido de la fase de m�nima previo cumplimiento del Factor Subjetivo y con el tiempo requerido para la Libertad Condicional como factor objetivo y termina al cumplimiento de la pena. Procede cuando la libertad condicional ha sido negada por la autoridad judicial.

En esta fase el proceso se orienta al desarrollo de actividades que permitan evidenciar el impacto del tratamiento realizado en las fases. En esta fase se clasificar�n aquellos internos(as) que:

De la lectura de las demandas acumuladas, se observa que la parte actora estima que el acto acusado infringe los art�culos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos; 5 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos; 11, 12, 13, 29, 113 y 150 (numerales 1 y 2) de la Constituci�n Pol�tica; 9, 10, 142, 143, 144 y 147 de la Ley 65 de 1993; 6 del C�digo Penal; 5 de la Ley 890 de 2004 y 29 de la Ley 504 de 1999.

El concepto de violaci�n en los procesos acumulados, se puede sintetizar en dos grupos de demandas con los siguientes argumentos:

Indic� que el acto demandado en los art�culos 6 y 8 imponen un condicionamiento al tratamiento penitenciario cuando establece que su implementaci�n depende de la creaci�n de un grupo interdisciplinario en cada centro carcelario o establecimiento de reclusi�n, ya que, en criterio de la parte actora, algunos centros carcelarios podr�an optar por no crear el grupo interdisciplinario o crearlo de manera deficiente, lo cual desconoce el derecho fundamental de los penados a la resocializaci�n, garant�a reconocida en los art�culos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y 5 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, y que prevalecen en nuestro ordenamiento en atenci�n al bloque de constitucionalidad de que trata el art�culo 93 constitucional.

Resalt� que imponer cargas que s�lo constituyen castigo, sin que se permita la resocializaci�n, vulnera el art�culo 12 de la Constituci�n, pues constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Agreg� que tambi�n se desconocen los art�culos 9, 10 y 142 de la Ley 65 de 1993, C�digo Nacional Penitenciario, que establecen que la finalidad de la pena y del tratamiento penitenciario es la resocializaci�n del infractor.

Se�al� que condicionar la resocializaci�n a la creaci�n de un grupo interdisciplinario desconoce el principio de favorabilidad previsto en el art�culo 6 del C�digo Penal; sin embargo, no sustent� dicho cargo.

Expedientes 2006-00190, 2006-00227, 2006-00277, 2008-00239, 2008-00091 y 2007-00371.

Aleg� que los apartes demandados que establecen que i) permanecer�n en fase de alta seguridad quienes no hayan cumplido el 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada; y ii) que se clasificar�n en fase de mediana seguridad quienes hayan superado el 70 % de la pena impuesta en caso de justicia especializada, impiden que el tratamiento penitenciario cumpla su funci�n de resocializaci�n en las personas que han sido condenados por la justicia especializada, ya que pasar�n la mayor parte de su condena (70%) en fase de alta seguridad, que es la que comprende el periodo cerrado e implica mayores medidas restrictivas.

Se�al� que los apartes acusados desconocen el art�culo 142 de la Ley 65 de 1993 que prev� que el objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado mediante la resocializaci�n para su vida en libertad, sin hacer diferencia entre los condenados por la justicia ordinaria y la especializada. As� mismo, apunt� que privar a las personas condenadas por este tipo de justicia a avanzar en el tratamiento penitenciario, trasgrede el art�culo 143 de la citada normativa, en tanto que se deja de lado que los internos en condici�n de condenados deben agotar la totalidad de las fases del tratamiento, teniendo en cuenta la dignidad humana y las necesidades particulares de cada sujeto.

Asegur� que el acto censurado interpreta equivocadamente el art�culo 144 de la Ley 65 de 1993 al exigirle a los internos condenados por justicia especializada cumplir un 70 % de la pena impuesta para ser clasificados en fase de mediana seguridad, requisito que no se exige a las personas condenadas por la justicia ordinaria quienes para acceder a la fase de mediana seguridad solamente deben cumplir una tercera parte de la condena, lo que, en criterio de la parte actora, vulnera el derecho a la igualdad.

Enfatiz� que los apartes demandados niegan beneficios administrativos para aquellas personas condenas por la justicia especializada, al alargar de manera desproporcionada su permanencia en la fase de alta seguridad, lo que hace nugatorio el tratamiento penitenciario y deslegitima el sistema penitenciario.

Asever� que, para las personas que han sido condenadas por la justicia especializada, hay menos oportunidad de acceder a los beneficios administrativos como permiso de 72 horas, libertad y franquicia preparatorias, trabajo extramuros y penitenciaria abierta, entre otros, en la medida en que el funcionario competente para proponer dichos beneficios no tiene la oportunidad de observar al interno durante un tiempo suficiente que le permita inferir que va a cumplir con los compromisos y que regresar� al establecimiento, ya que la mayor�a del tiempo que est� en prisi�n, permanece en periodo cerrado y, por tanto, no es posible constatar su comportamiento en un periodo semiabierto o abierto.

Destac� que, en el sistema penitenciario progresivo, los condenados podr�n trabajar en la fase de mediana seguridad, por lo que una persona condenada por la justicia especializada tendr� menos oportunidad de acceder al trabajo penitenciario, teniendo en cuenta que la mayor parte de su permanencia en prisi�n se encuentra en el sistema en fase de alta seguridad, por lo que, insiste, en que el condenado por la justicia especializada no recibir�a un tratamiento penitenciario, entendido �ste como el sistema progresivo que busca la resocializaci�n del penado, ya que ingresa y termina en fase de alta seguridad.

Se�al� que se vulnera el principio del non bis in �dem, ya que, una persona que realiza una conducta delictiva que compete investigar y juzgar a la justicia especializada, sufre, respecto de los otros procesados, diferenciaciones en cuanto al juez natural, el proceso y la sanci�n, que se traduce en agravantes como un juez especializado, un proceso m�s largo y sanciones mayores; situaci�n que se vuelve a juzgar en el momento de la ejecuci�n de la sanci�n, al clasificarlo dependiendo de la justicia que lo conden�, agravando su situaci�n por una circunstancia que ya fue valorada y sancionada en la etapa de juicio.

Aleg� que el acto acusado se extralimit� al reglamentar la permanencia en la fase de alta seguridad, espec�ficamente en el factor objetivo al establecer que se debe cumplir con el 70% de la pena impuesta para acceder al tratamiento en fase de mediana seguridad.[31]

Mencion� que la facultad del director del INPEC de reglamentar no es discrecional, debe basarse en criterios racionales, proporcionales y objetivos y teniendo en cuenta que las medidas adoptadas con miras a restringir los derechos de interno deben estar condicionadas a la consecuci�n del fin para el cual fueron creados los establecimientos penitenciarios.[32]

Precis� que el principio de legalidad en materia penal comprende los tr�mites administrativos internos de los penales al ser la pena privativa de la libertad el resultado de un proceso judicial realizado de acuerdo con las normas vigentes. Agreg� que la ejecuci�n de la sanci�n penal debe acatar estrictamente los lineamientos que el legislador ha dise�ado para tal efecto y que los actos que adopten las autoridades administrativas deben respetar las normas vigentes y el principio de legalidad.[33]

Asever� que se vulnera el art�culo 150 numerales 1 y 2 de la Constituci�n, en raz�n a que el director del INPEC se abroga una facultad que le corresponde al legislador, al transformar el r�gimen de clasificaci�n de fase de mediana seguridad previsto en el art�culo 147 de la Ley 65 de 1993, lo que constituye una extralimitaci�n de funciones y un desconocimiento a la divisi�n tripartita del poder p�blico prevista en el art�culo 113 constitucional.37

Asegur� que el acto acusado se basa en el art�culo 29 de la Ley 504 de 1999, que establece que para acceder al beneficio de permiso de 72 horas los condenados por la justicia especializada deben haber descontado el 70% de la pena impuesta, beneficio que es diferente al tratamiento penitenciario que debe darse de manera progresiva para todos los condenados.

Resalt� que la �prohibici�n contenida en la Ley 504 de 1999, modificada por la Ley 733 de 2002, en relaci�n con el disfrute del permiso de las 72 horas, que coincide con la fase de mediana seguridad, que comprende el periodo semiabierto, para los delitos de competencia de los jueces de circuito especializado cuando se hubiere descontado el 70% de la pena impuesta, ha quedado sin efecto, por cuanto su aplicaci�n deviene imposible, por sustracci�n de materia, pues cuando el condenado con el requisito para

obtener su permiso de 72 horas, por haber descontado el 70% de la pena, ya ha cumplido los requisitos para disfrutar la libertad condicional [�]�[34].

Insisti� que el acto demandado es arbitrario ya que para ser clasificado en fase de mediana seguridad debe cumplir el 70% de la pena impuesta mientras que para recobrar la libertad condicional debe cumplir solamente el 60%39.

Se�al� que se vulnera el derecho al debido proceso al desconocer el art�culo 5 de la Ley 890 de 2004, el cual establece que para acceder a la libertad condicional es suficiente con que se cumplan las dos terceras parte de la pena impuesta, sin hacer distinci�n de la justicia que profiri� la condena, disposici�n que, en atenci�n al principio de favorabilidad, se debe aplicar para acceder al beneficio administrativo de ser clasificado en fase de mediana seguridad, as� como para disfrutar del permiso de 72 horas.

1.2.1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC contest� la demanda en todos los procesos acumulados, oponi�ndose a las pretensiones, con fundamento, en los siguientes argumentos:

Asegura que, el acto demandado no vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que, dicha garant�a debe predicarse entre iguales, situaci�n que no se advierte en el presente caso, ya que los delitos comunes los estudia un juez de la justicia ordinaria, mientras que los delitos de mayor da�o e impacto social son de competencia de la justicia especializada, raz�n por la que, estos �ltimos, deben ser juzgados de manera especial y requieren para su resocializaci�n de un tratamiento especial. Agrega que el mismo trato para quienes han sido condenados por una justicia diferente, s� constituir�a una violaci�n al derecho de igualdad.

Afirma que, para el acceso de beneficios, la ley exige un mayor tiempo para quienes son condenados por justicia especializada, que para quienes son condenados por justicia ordinaria. Destaca que el inciso 2� del art�culo 3 de la Ley 65 de 1993 al desarrollar el principio de igualdad establece que se pueden hacer distinciones razonables por motivos de seguridad, de resocializaci�n y para el cumplimiento de la sentencia y de la pol�tica penitenciaria y carcelaria, lo que es respaldado por la Corte Constitucional en sentencia C-394 de 7 de septiembre de 1997.

Indica que, el acto demandado no niega los beneficios administrativos ni judiciales ya que el numeral 5 del art�culo 147 de la Ley 65 de 1993, establece como uno de los requisitos para acceder al permiso de hasta 72

horas haber descontado el 70% de la pena impuesta, trat�ndose de condenados por los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados; y que, precisamente, es al cumplir el 70% de la pena que el condenado por la justicia especializada puede acceder a fase de mediana seguridad. Es decir, que el momento de cambio de fase de alta a mediana seguridad es consecuente con el momento de acceso a los beneficios administrativos y judiciales. Es la ley la que determina el requisito del 70% de la pena.

Se�ala que el art�culo 5 de la Ley 890 de 2004 derog� t�citamente la prohibici�n de beneficios prevista en el art�culo 11 de la Ley 733 de 2002, lo que significa que es posible acceder a �stos cumpliendo con el requisito previsto en el art�culo 29 de la Ley 504 de 1999 y el de mediana seguridad del acto demandado, esto es, cumpliendo el 70 % de la pena impuesta para delitos de conocimiento de la justicia especializada. Sin embargo, agrega que la Ley 1121 de 2006 en su art�culo 26 revivi� la prohibici�n de los beneficios contenida en la Ley 733 de 2002, por lo que no es el INPEC a trav�s del acto acusado quien impide u obstaculiza el otorgamiento de beneficios para los internos.

Resalta que, el Director del Inpec en uso de sus atribuciones legales puede expedir resoluciones que reglamenten el sistema progresivo en el tratamiento penitenciario con observancia de las facultades que le otorgan los art�culos 14 y 15 del C�digo Penitenciario y Carcelario, como ocurre en el presente caso, en donde no se priva a los internos de ning�n beneficio.

Estima que no es acertado se�alar que se vulnera el derecho al trabajo, ya que la Resoluci�n 2392 de 2 de mayo de 2006 del INPEC, determina las actividades v�lidas para la redenci�n de pena en los establecimientos carcelarios y penitenciarios del orden nacional, en donde se establecen las actividades laborales y educativas que pueden desarrollar los internos teniendo en cuenta la fase de tratamiento en la que se encuentren, incluida la fase de alta seguridad.

Precisa que el acto demandado no alarga de manera desproporcionada la permanencia de las personas en la fase de alta seguridad, sino que dicha circunstancia es producto de un estudio para garantizar la resocializaci�n de un grupo especial dentro de la poblaci�n de internos, sin que ello obedezca a discriminaci�n alguna, pues la connotaci�n de especial est� prevista en la legislaci�n penal. Resalta que no hay vulneraci�n de derechos humanos, ya que los internos que est�n en la fase alta de seguridad tambi�n participan en las diferentes actividades que se llevan a cabo en los centros de reclusi�n, pero con las medidas de seguridad y restricci�n que ello implica.

Destaca que tampoco hay una trasgresi�n al principio de non bis in idem, en tanto que en los centros de reclusi�n no se juzga la responsabilidad sobre la comisi�n de un hecho delictivo, sino que con base en un estudio integral realizado por profesionales de diferentes �reas se establecen los factores objetivos y subjetivos del individuo, para determinar el tratamiento que debe brindarse y lograr su resocializaci�n dentro de un sistema progresivo. De tal forma que no se juzga 2 veces, sino que se clasifica para dar un tratamiento adecuado, lo cual traer� como resultado una reinserci�n social positiva del individuo una vez obtenga la libertad.

En los expedientes 2008-00207-00, 2008-00222-00, 2008-00223-00, 200800238-00 y 2008-00239-00 se formularon las excepciones denominadas �examen de legalidad legitimidad del sujeto que profiri� la resoluci�n 7302 del 25 de noviembre de 2005� y �examen de legalidad sobre el contenido de la resoluci�n 7302 del 25 de noviembre de 2005�.

En el expediente 2008-00221-00, alega que los art�culos 144 y 145 de la Ley 65 de 1993 establecen que la ejecuci�n del sistema progresivo se har� gradualmente seg�n la disponibilidad del personal y de la infraestructura de los centros carcelarios, y que el tratamiento ser� realizado por medio de grupos interdisciplinarios integrados por personas de diferentes profesiones.

As� mismo, indica que el Acuerdo 011 de 1995, por medio del cual se expide el reglamento general al cual se sujetaran los reglamentos internos de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, en los art�culo 74 y siguientes se�ala los �rganos colegiados que deben existir en todos los centros de reclusi�n, entre los cuales se encuentra el Consejo de Evaluaci�n y Tratamiento, el cual est� encargado de realizar el tratamiento progresivo de los condenados, de acuerdo a la disponibilidad de personal. Indica que los establecimientos carcelarios conforme la Ley 65 de 1993 y el C�digo Penitenciario y Carcelario est�n clasificados, teniendo en cuenta las caracter�sticas de los internos, la seguridad, entre otros factores.

Agrega que, tanto en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana seguridad de Gir�n, como en el de Mediana Seguridad y Carcelario de C�cuta, donde ha estado recluido el demandante, existe un �rgano colegiado integrado de manera interdisciplinaria como lo exige la ley, por lo que al actor no se le ha vulnerado su derecho a un tratamiento penitenciario, y que incluso para la fecha de la contestaci�n de la demanda se encuentra en fase de mediana seguridad.

En el expediente 2007-00371-00, adem�s de lo atr�s expuesto, propuso como excepci�n la falta de legitimaci�n del accionante para interponer la acci�n, al estimar que el demandante en el momento de interponer la acci�n p�blica de nulidad se encontraba inhabilitado, en raz�n a que para la fecha de la presentaci�n de la demanda se encontraba condenado con una pena principal de prisi�n de 9 a�os y 6 meses, por el delito de tr�fico de estupefacientes, sanci�n impuesta mediante sentencia ejecutoriada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que conlleva a una pena accesoria de interdicci�n de derechos y funciones p�blicas, por el mismo tiempo de la pena principal. As� mismo, formul� la excepci�n de cosa juzgada constitucional respecto de las sentencias C-392 de 2000 y C-426 de 2008.

Por su parte, en el expediente 2008-00091-00 indica que la Direcci�n General del INPEC, mediante Resoluci�n No. 4558 de 14 de mayo de 2009 dispuso inaplicar los apartes demandados que se refieren al cumplimiento del 70% de la pena para acceder a fase de mediana seguridad para los condenados por justicia especializada. Manifiesta que, incluso, el demandante de este proceso ya est� clasificado en fase de mediana seguridad, raz�n por la cual no existe vulneraci�n de sus derechos como condenado.

1.2.2. El Ministerio del Interior y de Justicia contest� la demanda y se opuso a las pretensiones en los procesos acumulados 2006-00190-00[35], 2006-00227-00[36] y 2006-00277[37], reiterando los argumentos expuestos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

1.3.1. La Fundaci�n Comit� de Solidaridad con los Presos Pol�ticos43aleg� que el acto acusado introduce de manera ilegal el cumplimiento de un 70% de la pena para que las personas condenadas por la justicia especializada sean clasificadas en fase de mediana seguridad, en contraposici�n con las normas superiores que exigen como requisito para acceder a dicha clasificaci�n el cumplimiento de 1/3 parte de la pena sin hacer ning�n tipo de excepci�n (Decreto 1542 de 1997 art. 5). Asegur� que las limitaciones que el INPEC ha introducido en el acto demandado para acceder a los beneficios administrativos elevan los �ndices de hacinamiento y desnaturaliza el tratamiento penitenciario progresivo, circunstancia que ha motivado que en varios establecimientos carcelarios y penitenciarios se realicen huelgas de hambre y la presentaci�n masiva de acciones de tutela.

1.3.2. La Defensor�a del Pueblo sustenta la coadyuvancia exponiendo el concepto de vulneraci�n en tres cargos, a saber:

Indica que el legislador no estableci� diferencia adicional al quantum punitivo, entre los delitos de competencia de la justicia penal ordinaria y la penal especializada, por lo que el Inpec no puede requerir un mayor descuento de pena para obtener el cambio de fase para aquellos condenados por la justicia especializada, pues es el legislador es el �nico encargado de determinar el bien jur�dico a proteger y la sanci�n a imponer y no la autoridad administrativa encargada del cumplimiento de la pena y medida de seguridad, funci�n meramente ejecutora.

Afirma que al imponer una pena privativa de la libertad se adquiere el deber de velar por el cumplimiento efectivo de la pena, esto es, que el infractor a trav�s del tratamiento penitenciario logre la resocializaci�n. Asegura que el cumplimiento de la pena se rige por los principios del sistema progresivo, el cual consiste en un tratamiento integrado por 5 fases que toda persona condenada a privaci�n de la libertad debe cumplir independientemente del juez que imponga la condena. Asevera que el fin resocializador de la pena se cumple cuando la persona agota todas las fases del tratamiento penitenciario, y que, cuando no se agotan, el proceso de resocializaci�n es incompleto y, por tanto, no se cumple con el fin de la pena. Se�ala que dicha situaci�n se presenta cuando un condenado por la justicia especializada obtiene la libertad condicional como mecanismo sustitutivo de la pena privativa, ya que el art. 64 del C�digo Penal modificado por el art. 5 de la Ley 890 de 2004 establece que el juez puede conceder libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad siempre que haya cumplido 2/3 partes de la pena, sin hacer distinci�n de qui�n impuso la pena, por lo que se tendr� derecho a la libertad condicional sin que sea oponible que no ha agotado el tratamiento penitenciario, por lo que el tratamiento no fue progresivo pues el infractor no supero la fase de alta seguridad.

Mediante autos de 26 de abril (2006-00277), 1 de junio (2006-00190) y 14 de junio de 2007 (2006-00227); 4 de abril (2007-00371), 18 de noviembre (2008-00207 y 2008-00223) y 15 de diciembre de 2008 (2008-00222, 2008-

00238 y 2008-00239); y 10 de diciembre de 2009 (2008-00091 y 2008000221), se admitieron las demandas formuladas en ejercicio de la acci�n de nulidad en contra de la Resoluci�n 7302 de 2005 expedida por el Director del INPEC.

En las providencias de 26 de abril y 14 de junio de 2007, adicionalmente, se neg� la suspensi�n provisional del acto acusado solicitada por la parte actora.

El 3 de septiembre de 2007[38] se dispuso por auto tener como coadyuvante de la parte actora a la Defensor�a del Pueblo.

Mediante prove�do de 20 de octubre de 2008 se decret� la acumulaci�n de los procesos 2006-00190 y 2006-00227-00 al expediente con radicado 200600277-00[39].

En providencia de 30 de noviembre de 2012[40] se dispuso tener como coadyuvante de la parte actora a la Fundaci�n Comit� de Solidaridad con los Presos Pol�ticos.

Por auto de 27 de julio de 2012 se decret� la acumulaci�n de los procesos radicados 2006-00190, 2006-00227, 2007-00371, 2008-00091 al radicado No. 2006-00277[41].

A trav�s de auto de 19 de noviembre de 2013 se decret� la acumulaci�n del proceso 2008-00221 al expediente con radicado No. 2006-00277-00[42].

Por medio de las providencias de 27 de noviembre de 200949; 24 de marzo de 2010[43]; 18 de marzo[44], 18 de mayo[45] y 7 de junio de 2011[46]; 20 de marzo[47] y 22 de abril de 201455; y 13 agosto de 2015[48] se abri� a pruebas en los procesos acumulados, en los que se decret� las pruebas documentales aportadas con la demanda y contestaci�n y la pr�ctica de los oficios requeridos por las partes.

Mediante prove�do de 9 de febrero de 2015[49] se orden� la acumulaci�n de los expedientes 2008-00223, 2008-00207, 2008-00222 y 2008-00238 al proceso con radicado No. 2006-00277.

En auto de 7 de abril de 2015[50] se decret� la acumulaci�n del proceso radicado con No. 2008-00239 al radicado No. 2006-00277-00.

Mediante providencias de 9 de julio de 2010[51], 12 de septiembre de 2011[52], 21 de noviembre de 2013[53] y 28 de septiembre de 2015[54] se corri� traslado para alegatos de conclusi�n.

El 13 de agosto de 2020 el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Vald�s manifest� su impedimento para conocer del asunto de la referencia, el cual se declar� fundado mediante auto de 11 de noviembre de 202063.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario present� escrito en el que insisti� en que el acto demandado no vulnera los derechos a la resocializaci�n, igualdad y debido proceso de los condenados; y que, en todo caso, la Direcci�n General del INPEC, mediante la Resoluci�n No. 4558 de 14 de mayo de 2009 dispuso inaplicar las expresiones demandadas, hasta tanto se profiera un fallo definitivo por el Consejo de Estado, apartes que, afirma, no fueron revocados, en raz�n a lo previsto en el art�culo 71 del CCA.

Agreg� que la Ley 504 de 1999 ya no est� vigente, dado que en su art�culo 49 estableci� una vigencia de m�ximo 8 a�os, t�rmino que empez� a contar el 1 de julio de 1999, por lo que a partir del 1 de julio de 2007 dej� de estar vigente la justicia especializada.

En escrito allegado en el expediente 2008-00221-00 afirm� que el Director del INPEC era competente para expedir el acto demandado ya que la Ley 65 de 1993 �nicamente determin� las fases de tratamiento, las cuales se deb�an

reglamentar. Aleg� que, aunque se pretende la nulidad de toda la resoluci�n, en los fundamentos de la demanda �nicamente se solicita la nulidad de los art�culos 6 y 8, exponiendo argumentos de nulidad s�lo para el primero de los preceptos citados. Indic� que, no es acertado se�alar que algunos centros penitenciarios pueden no crear el grupo interdisciplinario, ya que el esp�ritu de la norma no es que se podr� crear, sino que se integrar� y, posteriormente, establece las condiciones m�nimas en que se deber� hacer.

Reiter� los argumentos esgrimidos en la contestaci�n de la demanda, en el sentido de indicar que no se vulnera el derecho a la igualdad y el fin resocializador de la pena, ya que la diferenciaci�n se fundamenta en la diversidad del r�gimen de juzgamiento y tratamiento penitenciario previsto por el legislador, el cual ha sido avalado constitucionalmente por la gravedad de las conductas cometidas que ameritan un mayor tiempo de encierro, sin que ello represente limitaci�n de acceso a diferentes actividades acad�micas, laborales y de recreaci�n previstas dentro del tratamiento penitenciario[55].

Indic� que no hay vulneraci�n del derecho a la igualdad, al considerar que la aplicaci�n normativa es diferente en la justicia ordinaria y la justicia especializada, en atenci�n al impacto social, el da�o y la consecuencia del delito, lo cual es determinante para la resocializaci�n y el tratamiento penitenciario progresivo. Afirm� que no se puede dar el mismo trato a personas con antecedentes, conductas y situaciones jur�dicas distintas.

Resalt� que tampoco se trasgrede el principio de favorabilidad, el cual tiene relaci�n con la colisi�n de leyes y no con la diferenciaci�n que la misma ley ha otorgado a los centros de reclusi�n para facilitar el tratamiento progresivo de los condenados dependiendo de la justicia que le ha sido aplicada que es indispensable para hacer la distinci�n razonable por motivos de seguridad, resocializaci�n y cumplimiento de su sentencia.

Precis� que el acto acusado no viola el principio de legalidad ya que el Inpec dentro de sus facultades desarrollo el sistema progresivo en el tratamiento penitenciario con fundamento en lo previsto por el legislador. Destac� que no se niegan los beneficios administrativos ni judiciales previstos en la ley y que el acceder a la fase de mediana seguridad es consecuente con el acceso al beneficio de permiso de 72 horas.

En el expediente 2008-00221-0066, despu�s de realizar un recuento de los art�culos 142 a 145 de la Ley 65 de 1993 afirm� que las normas demandadas

no vulneran el derecho a la igualdad, ya que lo que se pretenden es hacer efectivo un beneficio, previo estudio de la personalidad del interno y una vez agotadas las fases de su resocializaci�n, adem�s de que se limitan a reiterar los contenidos normativos se�alados en los art�culos citados y a ejercer la competencia que para el efecto le asigna el inciso segundo del art�culo 145 de dicha normativa.

Adujo que tampoco se vulnera el principio de favorabilidad y legalidad, ya que la resocializaci�n de las personas condenadas debe realizarse a trav�s de varios mecanismos que incluye el examen de personalidad a trav�s de grupos interdisciplinarios, para que el interno pueda construir su propio proyecto de vida en libertad; por lo que el legislador, adem�s de considerar que dicho tratamiento debe ser progresivo, programado e individualizado, estableci� que debe realizarse a trav�s de grupos interdisciplinarios, los cuales ser�n creados de acuerdo con las condiciones de los centros penitenciarios.

En el expediente 2007-00371-00[57] el agente del Ministerio P�blico solicit� se declare la excepci�n de inepta demanda por falta de legitimaci�n en la causa por activa, al estimar que el actor est� inhabilitado para promover la acci�n p�blica de nulidad por encontrarse condenado mediante sentencia ejecutoriada a una pena de prisi�n y una pena accesoria de inhabilitaci�n para el ejercicio de derechos y funciones p�blicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede, lo que incluye una limitaci�n en el ejercicio del derecho pol�tico de promover acciones p�blicas, como lo es la de nulidad, prevista en el art�culo 84 del CCA. Para el efecto cit� la sentencia C-592 de 1998.

Pol�tica; 11, 34 y 36 de la Ley 270 de 1996, y numeral 1� art�culo 128 del C�digo Contencioso Administrativo y del art�culo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporaci�n, esta Secci�n es competente para conocer de la presente demanda.

En el expediente 2007-00371-00, la entidad demandada propone la excepci�n de falta de legitimaci�n por activa, al estimar que el demandante est� inhabilitado para interponer la acci�n p�blica de nulidad, en raz�n a que para la fecha de la presentaci�n de la demanda ten�a una condena con

una pena principal de prisi�n y pena accesoria de interdicci�n de derechos y funciones p�blicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede.

Al respecto, es preciso se�alar que, revisado el contenido y alcance de la excepci�n formulada por el INPEC y respaldada por el Ministerio P�blico, la Sala negar� su prosperidad, en raz�n a que comparte la posici�n que ha adoptado la Corporaci�n de aceptar que las personas condenas penalmente a pena privativa de su libertad, gozan de legitimaci�n en la causa por activa para interponer acciones p�blicas en defensa de la Constituci�n y la ley, en el caso espec�fico, de ejercer la acci�n de nulidad prevista en el art�culo 84 del CCA, por el s�lo hecho de ser persona y como una manifestaci�n del derecho fundamental de acceso a la administraci�n de justicia, es decir, si bien el hecho de ser una persona condenada lo que conlleva la limitaci�n de algunos derechos de naturaleza pol�tica, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han establecido que en los casos cuando se refiere a acciones p�blicas como lo son las de constitucionalidad ante la segunda y las de nulidad y nulidad por inconstitucionalidad ante esta corporaci�n, adem�s del derecho pol�tico a presentar demandas, est� de por medio el derecho fundamental al acceso a la administraci�n de justicia que no puede ser limitado.

Cabe recordar, que si bien el Consejo de Estado en el a�o 2012[58], en una demanda interpuesta por una persona privada de la libertad, declar� probada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por activa, con fundamento en la sentencia C-536 de 1998[59], dicha postura se rectific� por la Secci�n Segunda en providencia del 4 de febrero de 2016[60], que acogi� un cambio de jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional en Auto A241 del 10 de junio de 2015[61], y que ha sido reiterada por la Secci�n Cuarta en sentencia de 3 de julio de 2020[62].

Alega la entidad demandada que oper� el fen�meno de cosa juzgada constitucional respecto las sentencias C-392 de 2000 y C-426 de 2008, ya que, aunque los procesos pretenden salvaguardar derechos diferentes para las personas condenadas, de un lado, el permiso excepcional de 72 horas y, de otro, las fases de tratamiento; lo cierto es que en ambos procesos la inconformidad radica en el tratamiento desigual para los condenados por la justicia especializada.

Sobre este punto, se pone de presente que el concepto de cosa juzgada que se predica de las sentencias judiciales se refiere a los atributos de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de que est�n revestidas las sentencias ejecutoriadas. De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 332 del C�digo de Proceso Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisi�n normativa del art�culo 267 del CCA, para que opere el fen�meno de la cosa juzgada es preciso que se re�nan los siguientes elementos: (i) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; (ii) que se funde en la misma causa jur�dica y f�ctica que el anterior, y (iii) que en los procesos haya identidad jur�dica de parte. El �ltimo requisito, identidad jur�dica de las partes, no es aplicable en procesos de nulidad, por los efectos erga omnes que le otorga el art�culo 175 del CCA a las sentencias que la declaran; y trat�ndose de los efectos erga omnes en cuanto a la causa petendi en las que la niegan, implica que son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial.

En el caso particular, las condiciones para que opere el fen�meno de cosa juzgada no est�n acreditadas con respecto a las sentencias de constitucionalidad alegadas por la parte demandada, puesto que no versan sobre el mismo objeto, as� como tampoco hay identidad jur�dica ni f�ctica.

En efecto, en la sentencia C-392 de 2000 la Corte examin� la constitucionalidad de la Ley 504 de 1999[63], proceso en el que se demand� integralmente el art�culo 29[64] que fue declarado exequible; y en la sentencia C-426 de 2008 se estudi� la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 5 (parcial) del art�culo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el art�culo 29 de la Ley 504 de 1999, en la cual orden� estarse a lo resuelto en la sentencia C-392 de 2000.

Por el contrario, en el presente proceso se estudia la pretensi�n de nulidad de la Resoluci�n n�mero 7302 de 23 de noviembre de 2005, �Por medio de la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y n�mero 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atenci�n integral y el Tratamiento Penitenciario�, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC.

Por lo anterior, la Sala negar� la excepci�n de cosa juzgada formulada por la entidad demandada, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC.

La Defensor�a del Pueblo expuso en su escrito de intervenci�n varios cargos de nulidad del acto que se censura, a saber:

i) se�ala que la disposici�n que establece que permanecer�n en fase de alta seguridad aquellas personas que presentan requerimientos por autoridad judicial viola la presunci�n de inocencia del art�culo 29 constitucional; ii) asegura que supeditar el paso de fase alta a mediana seguridad al cumplimiento del 70% en el caso de la justicia especializada vulnera el derecho a la igualdad, as� como el deber de brindar un tratamiento penitenciario progresivo que busque la resocializaci�n del infractor y el consecuente derecho de recibir ese tratamiento; y iii) aduce que la norma que prev� que permanecer�n en fase de alta seguridad las personas que registren acta de seguridad que restrinja su movilidad para evitar atentados contra la vida e integridad de otras personas o de sus bienes, es lesiva de los derechos de los condenados que se encuentren en dicha situaci�n.

En este punto, cabe recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporaci�n[65] la figura de la coadyuvancia en las acciones de simple nulidad bajo la vigencia del C�digo Contencioso Administrativo � CCA est� limitada a la actividad del actor y supeditada a los argumentos que �ste exprese en su demanda, por lo que no es posible ampliar o modificar el objeto del litigio, para adicionar pretensiones, proponer nuevas causales, ni aumentar el espectro del estudio sobre el acto acusado.

Mencionado lo anterior, la Sala advierte que, en relaci�n con el segundo cargo del escrito de coadyuvancia existe una relaci�n directa con las pretensiones y con los fundamentos f�cticos y jur�dicos de las demandas acumuladas en el presente proceso, toda vez que se refiere al requisito de cumplir el 70% de la pena impuesta para pasar de fase de alta a mediana seguridad, para los condenados por la justicia especializada.

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de los cargos primero y tercero, en los cuales se cuestiona que permanecer�n en fase de alta seguridad quienes presenten requerimientos por autoridad judicial y quienes registren acta de seguridad que restrinja su movilidad para evitar atentados contra la vida e integridad de otras personas o de sus bienes, circunstancias que no fueron censuradas en las demandas iniciales del caso bajo estudio.

Ahora bien, es preciso se�alar que, si bien en algunas de las demandas acumuladas se pretende la totalidad de la Resoluci�n 7302 de 2005, lo cierto es que los argumentos en que se fundamentan sus pretensiones �nicamente est�n dirigidos a cuestionar i) el que se exija a los condenados por justicia

especializada cumplir el 70% de la pena impuesta para pasar de fase de alta a mediana seguridad, as� como permanecer en fase de alta seguridad por no superar dicho porcentaje; y ii) la creaci�n de un grupo interdisciplinario para llevar a cabo el tratamiento penitenciario.

Por lo anterior, no es procedente realizar estudio alguno respecto de los cargos primero y tercero que propone la Defensor�a del Pueblo en su calidad de coadyuvante, en raz�n a que exceden el l�mite de los cargos de las demandas iniciales.

En los procesos bajo radicados n�meros 2008-00091-00, 2008-00207-00, 2008-00221-00, 2008-00222-00, 2008-00223-00 y 2008-00238-00 los demandantes plantearon como pretensi�n la nulidad de la totalidad de la Resoluci�n n�mero 7302 de 23 de noviembre de 2005, �Por medio de la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y n�mero 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atenci�n integral y el Tratamiento Penitenciario�, expedida por el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC.

Sin embargo, de la lectura y contenido de los escritos de demanda obrantes en dichos procesos, se advierte que la causa petendi, est� dirigida �nicamente a cuestionar la legalidad de los art�culos 6 y 10 (parcial) del acto demandado.

As� las cosas, ante la falta del concepto de violaci�n respecto de los art�culos 1 a 5, 7 a 9 y 11 a 19 de la Resoluci�n n�mero 7302 de 23 de noviembre de 2005, que impide formular un problema jur�dico, la Sala se abstendr� de referirse sobre la nulidad de dichas disposiciones.

3.3.2. Aclarado lo anterior, para el estudio de las demandas acumuladas, la Sala abordar� los cargos en el siguiente orden:

En primer lugar, se deber� determinar si el art�culo 6 de la Resoluci�n 7302 de 2005 que establece que para la implementaci�n y el desarrollo del tratamiento penitenciario, en cada establecimiento de reclusi�n se integrar� un grupo interdisciplinario, vulnera el derecho a la resocializaci�n de los condenados previsto en los art�culos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y 5 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos; 12 constitucional y 9, 10 y 142 de la Ley 665 de 1993.

En segundo lugar, se deber� determinar si los apartes demandados que establecen que i) permanecer�n en fase de alta seguridad quienes no hayan cumplido el 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada; y ii) que se clasificar�n en fase de mediana seguridad quienes hayan superado el 70% de la pena impuesta en caso de justicia especializada, vulneran las normas en las que se fundament� el Inpec para expedir dicha normativa por exceder sus facultades; por sustentarse en una disposici�n que, en criterio de la actora, no es aplicable (art�culo 29 de la Ley 504 de 1999) y, por desconocer las facultades del legislador previstas en los art�culos 150 numerales 1 y 2 de la Constituci�n.

En tercer lugar, se deber� establecer si los apartes acusados vulneran los art�culos 11 y 13 de la Constituci�n y 142, 143 y 144 de la Ley 65 de 1993, ya que, en criterio de la parte actora, se desconoce el derecho a la igualdad entre los condenados por la justicia ordinaria y los jueces especializados, as� como el derecho a la resocializaci�n mediante el agotamiento de un tratamiento penitenciario en condiciones de dignidad, atendiendo las necesidades particulares del condenado y con la posibilidad de acceder a beneficios administrativos.

Posteriormente, se deber� determinar si los apartes demandados vulneran el art�culo 29 constitucional que prev� el principio de non bis in �dem, ya que, a juicio del demandante, se agrava la situaci�n del condenado por una circunstancia que ya fue valorada y sancionada en la etapa de juicio.

As� mismo, se deber� establecer si las expresiones acusadas desconocen el art�culo 5 de la Ley 890 de 2004, que establece la libertad condicional, pues, en criterio de la actora, dicha norma es m�s favorable para quienes son condenados por la justicia especializada.

Por �ltimo, respecto de la pretensi�n del proceso 2008-00239 de �ordenar los tr�mites pertinentes de levantar nueva acta donde se anule la Resoluci�n 7302, donde se (sic) fueron clasificado los internos ya referidos, anteriormente en fase de alta seguridad, para que sea levantada nueva acta, donde se les clasifique en fase de mediana seguridad�, es necesario indicar que la Sala se abstendr� de realizar cualquier pronunciamiento respecto de la situaci�n particular de quienes act�an como accionantes dentro de los expedientes acumulados, teniendo en cuenta la naturaleza del presente proceso, el cual se admiti� y tramit� como de nulidad simple en defensa del inter�s general y con el fin de salvaguardar el ordenamiento jur�dico en abstracto.

3.4.1. El 26 de junio de 2008 la Corte Constitucional profiri� la sentencia T635 en la que al revisar un fallo de tutela revoc� las providencias que negaron el amparo de los derechos invocados, orden� conceder el amparo del derecho al debido proceso del interno y dispuso que en el estudio correspondiente a establecer si el interno puede ser clasificado en la fase de mediana seguridad se excluya del an�lisis el requisito de haber cumplido el 70% de la pena por haber sido condenado por un juez especializado.

3.4.2. Con fundamento en la anterior sentencia, la Directora General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC expidi� la Resoluci�n No. 4558 del 14 de mayo de 2009, �Por medio de la cual se inaplica parcialmente la Resoluci�n 7302 del 23 de noviembre de 2005 que expide pautas para la atenci�n integral y el tratamiento penitenciario�, en la cual, dispuso lo siguiente:

�ART�CULO PRIMERO: INAPLICAR las expresiones, �en el caso de justicia ordinaria del 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada� contenida en el art�culo 10 No. 2.1 desde el factor objetivo numeral 4� de la Resoluci�n 7302 de 2005� y �en caso de encontrarse condenado por justicia ordinario y de un setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada� incluido en el numeral 3.1 del art�culo 10 y las dem�s que se refieran a este art�culo, en lo que hace relaci�n sobre la aplicaci�n del 70% de la pena cumplida para acceder a fase de mediana seguridad para los condenados por justicia especializada, por ser contrarias a la Constituci�n Pol�tica, hasta tanto se emita fallo definitivo del Consejo de Estado como juez natural de la legalidad de los actos administrativos. [�]�.

En este punto debe definirse si es nulo, por infracci�n de norma superior, la disposici�n que establece que, para la implementaci�n y el desarrollo de las pol�ticas, planes y programas de Atenci�n Integral y Tratamiento Penitenciario, en cada establecimiento de reclusi�n se integrar� un grupo interdisciplinario conformado por personal de planta y/o de contrato, de acuerdo con el talento humano existente y las condiciones particulares del Establecimiento.

Como normas vulneradas la parte actora alega los art�culos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y 5 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos; 12 constitucional y 9, 10 y 142 de la Ley 665 de 1993, pues, en su criterio, la creaci�n de un grupo interdisciplinario en cada centro carcelario o establecimiento de reclusi�n, desconoce el derecho de resocializaci�n del condenado, en la medida en que algunos centros carcelarios podr�an optar por no crear el grupo interdisciplinario o crearlo de manera deficiente, lo que constituye un castigo adicional, que conlleva un trato cruel, inhumano y degradante, que desconoce la finalidad de la pena y del tratamiento penitenciario.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, que forma parte del bloque de constitucionalidad incorporado a nuestro ordenamiento interno mediante la ley 74 de 1968, establece en su art�culo 10.3 que �El r�gimen penitenciario consistir� en un tratamiento cuya finalidad esencial ser� la reforma y readaptaci�n social de los penados".

La Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos aprobada mediante la ley 16 de 192, en su art�culo 5.6 se�ala: �Las personas privativas de la libertad tendr�n como finalidad esencial, la reforma y la readaptaci�n social de los condenados�.

El art�culo 12 constitucional prev� que �nadie ser� sometido a desaparici�n forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.�

Por su parte, la Ley 65 de 1993 �Por la cual se expide el C�digo Penitenciario y Carcelario�, establece los principios para interpretar y aplicar dicha normatividad, entre los cuales se encuentra el art�culo 9, sobre la funci�n protectora y preventiva de la pena cuyo fin fundamental es la resocializaci�n, y el art�culo 10, que prev� que el tratamiento penitenciario tendr� una finalidad resocializadora del infractor de la ley penal, mediante el examen de la personalidad y a trav�s de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formaci�n espiritual, la cultura, el deporte y la recreaci�n, bajo un esp�ritu humano y solidario. Esta finalidad, es reiterada en el art�culo 142 ibidem, que establece que el objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocializaci�n para la vida en libertad.

Para la Sala, este cargo no est� llamado a prosperar, en raz�n a que la creaci�n de un grupo interdisciplinario que tenga la obligaci�n de la implementaci�n del tratamiento penitenciario en cada establecimiento de reclusi�n reitera lo dispuesto en los art�culos 144 y 145 de la Ley 65 de 1993, adem�s de estar en armon�a con la resocializaci�n como fin de la pena.

En efecto, el art�culo 144 establece las fases que integran el sistema de tratamiento penitenciario progresivo a saber: (i) Observaci�n, diagn�stico y clasificaci�n del interno; (ii) Alta seguridad que comprende el per�odo cerrado; (iii) Mediana seguridad que comprende el per�odo semiabierto; (iv) M�nima seguridad o per�odo abierto; y (v) De confianza, que coincidir� con la libertad condicional; y se�ala que su ejecuci�n se har� gradualmente, seg�n las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusi�n.

Por su parte, el art�culo 145 prev� que el tratamiento ser� realizado por medio de grupos interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, psic�logos, pedagogos, trabajadores sociales, m�dicos, terapistas, antrop�logos, soci�logos, crimin�logos, penitenciaristas y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia. As� mismo, menciona que este consejo de evaluaci�n y tratamiento determinar� los condenados que requieran tratamiento penitenciario despu�s de la primera fase, el cual se regir� por las gu�as cient�ficas expedidas por el INPEC y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluaci�n.

En ese orden, es el legislador quien determin� que la ejecuci�n del sistema progresivo se llevara a cabo de manera gradual, de acuerdo con la disponibilidad de personal y la infraestructura de cada centro de reclusi�n; as� como que el tratamiento penitenciario debe realizarse por un grupo de profesionales de diferentes �reas que permitan evaluar de manera integral al infractor teniendo en cuenta sus necesidades particulares.

Ahora bien, el que la norma demandada se�ale que la implementaci�n del tratamiento penitenciario estar� a cargo de grupos interdisciplinarios, en los que se tendr� en cuenta el talento humano existente y las condiciones de cada establecimiento, responde a la gradualidad de la implementaci�n del sistema progresivo que prev� la ley, m�s no a que se cree una potestad o facultad en los centros penitenciarios para crear o no dichos grupos, los cuales resultan ser necesarios para el cumplimiento del objetivo del tratamiento penitenciario.

Adicionalmente, la creaci�n de los grupos en cada centro de reclusi�n constituye un instrumento que materializa los principios previstos en los art�culos 9 y 10 de la Ley 65 de 1993, esto es, la resocializaci�n del infractor de la ley penal como fin fundamental de la pena y como finalidad del tratamiento penitenciario, ya que permite que dicho tratamiento se realice por un equipo de expertos de diferentes �reas que atienda las necesidades propias de cada establecimiento penitenciario dependiendo de su clasificaci�n y, a su vez, que trabaje de manera oportuna y cercana a los requerimientos particulares de los internos durante el tiempo que dure el tratamiento.

As� las cosas, contrario a lo afirmado por la parte demandante, el que cada centro penitenciario tenga su propio grupo interdisciplinario responde a los principios de la ejecuci�n de la pena, en tanto que busca que el tratamiento de los internos sea los m�s personalizado e individualizado posible y evita una generalizaci�n, en perjuicio de la valoraci�n y seguimiento individual de cada uno de los condenados que se procura realizar desde el momento de su ingreso hasta lograr de manera progresiva obtener su resocializaci�n.

Por las razones anteriores, no prospera el cargo formulado en contra del art�culo 6 de la Resoluci�n 7302 de 2005.

En este cargo, se deber� determinar si los apartes acusados que establecen que i) permanecer�n en fase de alta seguridad quienes no hayan cumplido el 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada; y ii) que se clasificar�n en fase de mediana seguridad quienes hayan superado el 70% de la pena impuesta en caso de justicia especializada, vulneran las normas en las que se fundament� el Inpec para expedir dicha normativa por exceder sus facultades; por sustentarse en una disposici�n que, en criterio de la actora, no es aplicable (art�culo 29 de la Ley 504 de 1999) y, por desconocer las facultades del legislador previstas en los art�culos 150 numerales 1 y 2 de la Constituci�n.

Para decidir lo pertinente, resulta necesario citar lo manifestado por la Corte Constitucional en sentencia T - 635 de 2008, quien respecto del requisito de haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat�ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados para incluir a un recluso en fase alta o mediana seguridad, indic� que tal exigencia se establece en la Ley 65 de 1993 para obtener el permiso de salida por 72 horas y no para determinar si un recluso debe permanecer en fase de alta o mediana seguridad, por lo que su inclusi�n en la Resoluci�n 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC excede la norma que pretende reglamentar. Espec�ficamente, indic�:

� [�] el requisito de haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat�ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados, no se establece en la Ley 65 de 1993 para incluir a un recluso en una fase de alta o mediana seguridad sino para obtener el permiso de salida por 72 horas, por lo cual la inclusi�n de esa exigencia en la Resoluci�n 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC invocada como fundamento de la decisi�n de no clasificar al demandante en fase de mediana seguridad, excede la norma que pretende reglamentar, y restringe en forma no autorizada por el legislador las posibilidades de resocializaci�n al establecer un factor no contemplado en la ley y ajeno al estudio cient�fico de la personalidad del interno y al comportamiento de este.

3.2.3 As� las cosas, para la Corte es claro que el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario carece de competencia para introducir requisitos no considerados en la Ley 65 de 1993, como los que efectivamente introdujo el art�culo 10 de la Resoluci�n 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC, pues ello corresponde al Congreso de la Rep�blica mediante ley, conforme a lo preceptuado en los numerales 1 y 2 del art�culo 150 de la Carta Pol�tica.

Adicionalmente, mientras los art�culos 143, 144 y 145 de la ley 65 de 1993 hacen referencia a las fases progresivas del tratamiento penitenciario referidas a la personalidad y conducta del interno y a los medios para lograr su resocializaci�n, el art�culo 10 de la Resoluci�n 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC introduce en ese tratamiento una limitaci�n relacionada con la naturaleza del delito que se deriva del hecho de haber sido condenado por un juez especializado, lo que significa que ya no depende tanto de la voluntad del recluso como de la pena impuesta la posibilidad de ser clasificado en una fase que le proporcione mejores medios para su futura inserci�n en la sociedad.

Por otra parte no solo la ley 65 de 1993 no contempla la gravedad del il�cito y por tanto el cumplimiento del 70% de la pena para acceder a la fase de mediana seguridad en el tratamiento penitenciario sino que ella no podr�a impedir el acceso a los beneficios de la misma a aquellos internos que hayan demostrado con su conducta merece tales beneficios, pues ello ir�a en contra de los fines resocializadores de la pena y vulnerar�a la dignidad del recluso.

No puede olvidarse que en cuanto se relaciona con asuntos que tienen que ver con la libertad de las personas la regulaci�n de los mismos es competencia del legislador y no puede el Director del INPEC modificar la Ley 65 de 1993 so pretexto de reglamentarla.

3.2.4. Siendo ello as�, surge de bulto que el art�culo 10 de la Resoluci�n 7302 de 23 de noviembre de 2005 expedida por el Director del INPEC usurpa facultades que corresponden al Congreso de la Rep�blica al introducir, sin atribuci�n para ello, requisitos no contemplados por la ley, por lo cual tal disposici�n debe ser inaplicada por ser contraria a la Constituci�n Pol�tica como se ordenar� en la parte resolutiva de esta providencia. [�]�

Pues bien, la Sala comparte lo manifestado por el Alto Tribunal constitucional al estimar que la entidad demandada se excede en sus facultades al crear en la Resoluci�n 7302 de 2005 un requisito que no est� previsto en la ley para determinar qui�n debe permanecer o no en alguna de las fases del tratamiento penitenciario.

Como lo ha se�alado la jurisprudencia constitucional y se reiter� en la sentencia atr�s descrita, en materia penal, el principio de legalidad comprende los tr�mites administrativos internos de los penales, por lo que, tanto el tr�mite como las resoluciones que adopten las autoridades administrativas de las prisiones debe responder a la normatividad vigente sobre la materia y, sujetarse a los fines y presupuestos para los cuales fue instituido el sistema penitenciario colombiano. As� mismo, se resalt� que no se puede hablar de discrecionalidad reglada, pues las autoridades carcelarias no pueden agregar, modificar, ni suplir lo dispuesto en la sentencia judicial condenatoria, as� como tampoco interpretar con amplitud las facultades que el orden legal les asigna. Y, se destac� �que el desarrolloy definici�n de los par�metros normativos que regulan eltratamiento penitenciario y en general lo relativo a la ejecuci�n dela sanci�n penal,son aspectos que corresponden exclusivamente allegislador y que, por su taxatividad, exigen una interpretaci�nrestrictiva. Por lo anterior, al establecerse por parte de las autoridades carcelarias condiciones adicionales a las previstas previamente por la ley para el otorgamiento de cualquiera de los beneficios administrativos, se invade la �rbita de competencia exclusiva del legislador. En este sentido, laadici�n de requisitos en materia de ejecuci�n de la sanci�n penalpor parte de autoridades administrativas viola el principio delegalidad.�[66]

El acto demandado, Resoluci�n 7302 de 2005, �Por medio de la cual se revocan las Resoluciones 4105 del 25 de septiembre de 1997 y n�mero 5964 del 9 de diciembre de 1998 y se expiden pautas para la atenci�n integral y el Tratamiento Penitenciario�, fue expedido por el Director del Inpec en uso de las facultades otorgadas por el Decreto 1890 de 1999 y en desarrollo de los art�culos 10, 12, 62, 142, 143 y 145 de la Ley 65 de 1993.

Como ya se mencion�, el art�culo 10 de la Ley 65 de 1993 establece como principio orientador de dicha normativa, la finalidad resocializadora del infractor de la ley penal que tiene el tratamiento penitenciario, mediante el examen de la personalidad y a trav�s de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formaci�n espiritual, la cultura, el deporte y la recreaci�n, bajo un esp�ritu humano y solidario, objetivo que es reiterado en el art�culo 142 ibidem.

Por su parte, los art�culos 143 y 145 prev�n que el tratamiento penitenciario progresivo debe realizarse conforme a la dignidad humana, las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto, y mediante grupos interdisciplinarios. As� mismo, indican que se regir� por las gu�as cient�ficas expedidas por el INPEC y por las determinaciones adoptadas por el consejo de evaluaci�n.

El tratamiento penitenciario est� regulado en los art�culos 142 a 150 de la Ley 65 de 1993; sin embargo, de la lectura y alcance de dichas disposiciones, se advierte que el requisito de cumplir el 70% de la pena impuesta para un condenado por delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados est� previsto �nicamente en el art�culo 147[67] de la Ley 65 de 1993, modificado por el art�culo 29 de la Ley 504 de 1999, para obtener el beneficio administrativo de permiso hasta por 72 horas para salir del establecimiento penitenciario.

En ese sentido, el legislador no fij� para el cambio o permanencia en las fases del tratamiento penitenciario el cumplimiento del 70% de la pena, as� como tampoco tener en cuenta el juez que impone la condena o la naturaleza del delito, sino que se�al� que dicho tratamiento obedece a las necesidades particulares de cada sujeto, las cuales ser�n el resultado de un estudio cient�fico de la personalidad del interno, que ser� progresivo e individualizado hasta donde sea posible.

Por lo anterior, en cumplimiento del principio de legalidad, la autoridad administrativa no pod�a trasladar exigencias de beneficios administrativos para la permanencia en las fases del tratamiento, as� como tampoco crear requisitos que el legislador no previ�, ya que la ejecuci�n de la sanci�n penal y, en particular, el tratamiento penitenciario es del resorte exclusivo del legislador.

En ese orden, si bien, el INPEC tiene como funci�n la ejecuci�n de la pena, la cual tiene como fin la resocializaci�n del infractor a trav�s de un tratamiento penitenciario, y, por tanto, puede fijar pautas u orientaciones que desarrollen dicho tratamiento, no puede incluir exigencias no previstas por el legislador que afecten la situaci�n del interno y que desconozcan la naturaleza del tratamiento penitenciario.

En consecuencia, la entidad demandada con los apartes acusados desconoci� el principio de legalidad en materia penal, as� como los art�culos que regulan el tratamiento penitenciario y que sirvieron de fundamento para expedir el acto demandado.

Por lo anterior, se declarar� la nulidad de las siguientes expresiones: �[�] o del 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada.� del numeral 2.1.; y �de un setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada� del numeral 3.1. del art�culo 10 de la Resoluci�n 7302 de 2005, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC.

Las razones que anteceden son suficientes para anular las expresiones demandadas; raz�n por la cual, la Sala no se pronunciar� sobre los dem�s cargos propuestos.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones falta de legitimaci�n en la causa por activa y cosa juzgada propuestas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ABSTENERSE de conocer los cargos primero y tercero propuestos por la Defensor�a del Pueblo, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto del art�culo 6 de la Resoluci�n 7302 de 2005.

CUARTO:DECLARAR la nulidad de las siguientes expresiones: �[�] o del 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada.� del numeral 2.1.; y �de un setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada� del numeral 3.1. del art�culo 10 de la Resoluci�n 7302 de 2005, expedida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario � INPEC.

En firme esta providencia, arch�vese el expediente, previas las anotaciones de rigor.

Decreta la nulidad��(�[�] o del 70% de la pena impuesta en el caso de justicia especializada.� del numeral 2.1.; y �de un setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, en caso de justicia especializada� del numeral 3.1 )�Art�culo 10�RESOLUCION_7302_2005_23/11/2005

La anterior providencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala en su sesi�n de la fecha.

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electr�nicamente por los integrantes de la Secci�n Primera en la sede electr�nica para la gesti�n judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con la ley.

[20] Demandante: Rub�n Eusebio Acosta Barahona. 23 Folio 1 del Expediente 2008-00207-00.

[29] Demandantes: Ever Luis Hern�ndez Soler; Javier Orlando Alfonso Vanegas; Jonson Arleny Garc�a Beltr�n; Jos� Antonio Jim�nez P�rez; Duberney Navarrete; C�sar Augusto Rinc�n y Duber Ocho Morales.

[37] Expediente 2006-00227-00, folios 158 a 168. 43 Expediente 2006-00190, folios 175 a 237.

[42] Expediente 2006-00277, folios 549 a 551. 49 Expediente 2007-00371, folio 229.

[47] Expediente 2006-00277, folios 554 y 555. 55 Expediente 2008-00223, folio 147.

[54] Expediente 2006-00277, folios 586 a 587. 63 Expediente 2006-00277, folio 605.

[56] Expediente 2006-00277-00, folios 626 a 640. 66 Expediente 2008-00221-00, folios 172 a 184.

[58] Consejo de estado, Secci�n Quinta, Sentencia de 23 de febrero de 2012, Rad. No. 11001-03-28-

[62] Consejo de Estado, Secci�n Cuarta, sentencia de 3 de julio de 2020, Rad. No. 47001-23-31-0002011-00500-01 (24821), C.P. Julio Roberto Piza Rodr�guez (E)

[63] �Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991, y de los Decretos-leyes 2790 de 1990, 2271 de 1991, 2376 de 1991, Ley 65 de 1993, Ley 333 de 1996 y Ley 282 de 1996 y se dictan otras disposiciones�.

[64] "Art�culo 29. El numeral 5� del art�culo 147 de la Ley 65 de 1993 quedar� as�:

"5�. Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat�ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados".

[65] Consejo de Estado, i) Secci�n Segunda, sentencia del 27 de abril de 2017, Rad. 11001-03-25-0002012-00348-00(1346-12), C.P. C�sar Palomino Cort�s; ii) Secci�n Cuarta, sentencia del 24 de octubre de 2013, radicado 23001-23-31-000-2008-00201-01(18462), C.P. Hugo Fernando Bastidas B�rcenas; iii) Secci�n Primera, auto de 26 de mayo de 2011, rad. 08001-23-31-000-2003-02042-02, C.P. Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez; iv) Secci�n Primera, auto de 28 de octubre de 2010, rad. 25000-2324-000-2005-00521-01, C.P. Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez.

[67]�ART�CULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. La Direcci�n del Instituto Penitenciario y Carcelario podr� conceder permisos con la regularidad que se establecer� al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que re�nan los siguientes requisitos: 1. Estar en la fase de mediana seguridad. 2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta. 3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial. 4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecuci�n de la sentencia condenatoria. 5. <Numeral modificado por el art�culo 29 de la Ley 504 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat�ndose decondenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados. 6. Haber trabajado, estudiado o ense�ado durante la reclusi�n y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina. || Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentaci�n al establecimiento sin justificaci�n, se har� acreedor a la suspensi�n de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravenci�n especial de polic�a, se le cancelar�n definitivamente los permisos de este g�nero.�

Fecha Providencia	14/09/2023
Fecha de notificaci�n	14/09/2023