100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030048959AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-24-000-2022-00443-00202310/08/2023AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-24-000-2022-00443-00__2023_10/08/2023300489902023
Sentencias de NulidadRoberto Augusto Serrato ValdésPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICAJOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANAfalse10/08/2023Decreto número 2422 del 9 de diciembre de 2022Identificadores10030311257true1453315original30269129Identificadores

Fecha Providencia

10/08/2023

Fecha de notificación

10/08/2023

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Consejero ponente:  Roberto Augusto Serrato Valdés

Norma demandada:  Decreto número 2422 del 9 de diciembre de 2022

Demandante:  JOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANA

Demandado:  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control: NULIDAD
Expediente: 11001-03-24-000-2022-00443-00
Demandante: JOSÉ JAIME USCÁTEGUI PASTRANA
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Tema: Decreto 2.242 de 2022 -Creación de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana -

Auto que resuelve medida cautelar


El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por el accionante, quien depreca que se decrete la suspensión provisional de los artículos 2° y 3° -numerales 2 y 3- del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022 «Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana»; acto administrativo suscrito por el Presidente de la República, el ministro de Interior, el ministro de Defensa Nacional, la viceministra de Promoción de la Justicia y del Derecho encargada de las funciones del despacho del ministro de Justicia y del Derecho, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.


I. Antecedentes


I.1. La demanda


1. El ciudadano José Jaime Uscátegui Pastrana, actuando en nombre propio y obrando en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad de que trata el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, presentó demanda en contra del Gobierno Nacional, en la que elevó las siguientes pretensiones:


[…] 3. PRETENSIONES


3.1. Primera Pretensión:


Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto número 2422 del 9 de diciembre de 2022, por desconocer los mandatos constitucionales previstos en los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 95.7., 113, 114, 116, 121, 209. Esto al desconocer los mandatos de la Carta relativos a (i) la autonomía de la Rama Judicial; (ii) la obligatoriedad de la aplicación de los principios de progresividad de los derechos de las víctimas en el sistema penal enmarcado en los fines esenciales del Estado, el principio de legalidad inmerso en el derecho fundamental al debido proceso, el principio de moralidad inmerso en los principios de la función administrativa; y (iii) la autonomía de las Corporaciones judiciales y órganos de Control.


3.2. Primera Pretensión Subsidiaria


De no proceder la anterior pretensión, que se declare la nulidad por ilegalidad del Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022 por violar el contenido de la Ley 906 de 2004, Ley 65 de 1993 y en los Decretos 2055 de 2014 y 1069 de 2015. Lo anterior, en la medida que vulnera (i) la autonomía de la Rama Judicial y de los órganos de Control; (ii) el deber de acordar medidas necesarias para la protección de los derechos de las víctimas en concordancia con el principio de progresividad; (iii) se acaparan en cabeza del Gobierno Nacional los términos de sometimiento de las estructuras criminales. (iv) la ley que da origen al Decreto atacado no cuenta con el concepto del Consejo Superior de Política Criminal.


3.3. Segunda Pretensión


Que se declare la suspensión provisional del Decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022, en el marco de la presente demanda de nulidad por inconstitucionalidad por violar y desconocer los mandatos constitucionales previstos en los artículos 1, 2, 4, 6, 29, 95.7., 113, 114, 116, 121, 209 y por violar el contenido de la Ley 906 de 2004 y en el Decreto 1069 de 2015 […]


2. La demanda fue inadmitida por auto de 16 de diciembre de 2022, por cuanto la parte actora: i) no designó las partes y sus representantes; ii) no precisó si la demanda iba dirigida en contra de la totalidad del decreto o únicamente respecto de algunas de sus disposiciones; iii) no precisó las normas violadas y el concepto de violación; iv) no indicó la dirección de notificación electrónica de las entidades demandadas, y v) no acreditó el envío de la demanda y sus anexos a las entidades demandadas.


3. Tal proveído fue notificado a la parte demandante, mediante correo electrónico el 19 de diciembre de 2022 y por estado electrónico el 12 de enero de ese mismo año. Mediante escrito radicado el 11 de enero de 2023, y estando dentro de la oportunidad legal, la parte actora aportó escrito de subsanación de la demanda, en el que corrigió las omisiones anteriormente referidas.


4. Por tal razón, este Despacho, a través de proveídos de 17 de febrero de 2023, dispuso: (i) adecuar el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad al de nulidad previsto en el artículo 137 del CPACA; (ii) admitir la demanda, y (iii) ordenar correr traslado a las entidades públicas accionadas tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada con esta.


I.2. La solicitud de medida cautelar


5. El extremo demandante solicitó la suspensión provisional del decreto demandado y, para ello, se remitió en su integridad a los argumentos expuestos en el libelo demandatorio, conforme se advierte del acápite de medida cautelar: «[…] solicitamos al Consejo de Estado (…) DECLARE LA SUSPENSIÓN del Decreto 2691 de 2014 (sic)en el marco de la presente demanda de nulidad por inconstitucionalidad[…]» (negrillas del original y subrayas del Despacho).


6. Así las cosas, y conforme lo ha considerado la Sección Primera del Consejo de Estado[1], corresponde a esta Sala Unitaria efectuar un análisis de los cargos de violación que fueron expuestos en la demanda, pero únicamente con el propósito de dilucidar si el acto acusado contraviene las normas invocadas por el libelista y, por consiguiente, si es procedente o no acceder a la cautela deprecada.


7. Precisado este aspecto, el Despacho encuentra que son dos los argumentos centrales en los que se fundamenta la solicitud de suspensión provisional, a saber: i) que el Presidente de la República se extralimitó en el ejercicio de su potestad reglamentaria, en tanto que con la expedición de los numerales 2° y 3° del artículo 3° del decreto acusado, buscó levantar de las órdenes de captura «de voceros elegidos por el Gobierno Nacional», potestad que la ley no le otorgó, y (ii) que el artículo 2° del decreto cuestionado está falsamente motivado, en razón a que con su expedición se pretende que la rama ejecutiva ejerza, exclusivamente, las funciones establecidas en el artículo 3° de aquel decreto, desconociendo la división tripartita de los poderes y la independencia judicial, atendiendo que, de un lado, la Fiscalía General de la Nación no es parte de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana; y del otro, se habría arrogado las competencias asociadas con la suspensión de órdenes de captura y medidas de aseguramiento, en especial, para «las personas detenidas que pertenecen a la autodenominada “Primera Línea».


8. Tales argumentos encuentran sustento en la presunta vulneración de los artículos 1°, 2°, 4°, 6°, 29, 95.7., 113, 114, 116, 121, y 209 de la Constitución Política, así como de los artículos 307 y 308 Ley 906 de 2004[2] y del Decreto 1069 de 2015[3] en su integridad.


9. En relación con el primer argumento de la cautela -la extralimitación de la potestad reglamentaria-, el accionante reprochó que en el Decreto No. 2422 de 2022 se haya adoptado la decisión de levantar o suspender las órdenes de captura «de quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren privados de libertad», puesto que lo cierto es que el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022[4] -objeto de reglamentación- solo habría facultado al Presidente de la República para solicitar el «levantamiento de las órdenes de captura o su excarcelación a dos tipos de voceros o representantes de: los de los grupos armados organizados al margen de la ley y los de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto».


10. En criterio del actor, las facultades entregadas a la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana contenidas en los numerales 2 y 3 del artículo 3° del Decreto No. 2.422 de 2022 «[…] relativas a recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros; y así mismo recomendar su continuidad o exclusión no las otorga la Ley y por lo tanto implica una extralimitación en la potestad reglamentaria del Presidente de la República […]». (negrillas fuera del texto)


11. Seguidamente, y luego de citar algunas sentencias en las que se define la potestad reglamentaria del primer mandatario como aquella atribución que «[…]tiene como propósito “desarrollar las reglas generales consagradas [en la ley], explicitar sus contenidos, hipótesis y supuestos, e indicar la manera de cumplir lo reglado, es decir, hacerla operativa” […]», refirió que «[…] esta facultad debe ejercerse por parte del Gobierno Nacional con estricto apego al marco que previamente se encuentra definido por la Constitución y la Ley, por lo que el Gobierno Nacional no puede de ninguna manera modificar el contenido establecido por el Constituyente y el legislador, pues ello implica asumir facultades legislativas que conllevan a la flagrante violación del principio de reserva legal y el desconocimiento del sistema democrático […]».


12. Pasando al segundo argumento de la medida cautelar -la falsa motivación del artículo 2° del decreto acusado-, expuso que con la creación de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana se pretende que: «[…] las funciones establecidas en el artículo 3° del mismo Decreto sean ejercidas solamente por la Rama Ejecutiva, desconociendo la división tripartita de poderes y la independencia de lajusticia, pues ni siquiera la Fiscalía General de la Nación integra la mencionada comisión […]».


13. Indicó que durante el trámite legislativo de la Ley 2272 de 2022 se eliminaron varios artículos que iban en el sentido de «[…] liberar a las personas detenidas que pertenecen a la autodenominada “Primera Línea” […]», por lo que entiende que la voluntad del legislativo era que «[…] no se aprobarían artículos que permitieran el indulto o la excarcelación de personas procesadas por delitos relacionados u ocurridos en el marco de la protesta social […]».


14. Por ello, estima que el Presidente de la República, al permitir que se suspendan las órdenes de captura de los integrantes del grupo denominado «Primera Línea» que se encuentran privados de la libertad, está asumiendo una decisión contraria a la plasmada por el legislador en la Ley 2272 de 2022.



15. Concluyó este argumento manifestando que: «[…] al no incluir a la Fiscalía General de la Nación en quienes integran la Comisión Intersectorial mencionada, fragmenta esa noción estática del Principio de Separación de Poderes, pues esta debe estar integrada por diferentes sectores, no solo por la Rama Ejecutiva, con el fin de tener ese esquema de mutuo control y del sistema de pesos y contra pesos que ha desarrollado la H. Corte Constitucional […]».


16. Finalmente, esta autoridad judicial pone de relieve que dentro del libelo de demanda -que sirve de sustento para la solicitud de suspensión- también existen argumentos tendientes a cuestionar el procedimiento bajo el cual se tramitó el proyecto de ley que dio lugar a la expedición de la Ley 2272 de 2022, en tanto que, en criterio del demandante, para el trámite de la referida norma se requería del concepto previo y favorable del Consejo Superior de Política Criminal, conforme con las funciones establecidas en la Ley 65 de 1993[5] y en el Decreto No. 2055 de 2014[6], todo lo cual se desconoció.


I.3. Traslados de la suspensión provisional


I.3.1. Presidente de la República


17. El apoderado judicial del Presidente de la República se opuso a la prosperidad de la medida cautelar solicitada señalando, en primer lugar, que esta no era la instancia ni el juez competente para emitir un pronunciamiento en relación con la constitucionalidad de la Ley 2272 de 2022, comoquiera que dicha competencia radica en la Corte Constitucional.


18. En tal sentido, precisó que lo debatido en el proceso de la referencia es el juicio de legalidad del Decreto No. 2422 de 9 de diciembre de 2022, razón por la cual todos los reproches efectuados por el accionante en contra de la ley que el mencionado decreto desarrolla, no deben ser objeto de pronunciamiento en este proceso.


19. Por otro lado, y refiriéndose concretamente a los cargos de violación propuestos en contra del acto demandado, argumentó que la facultad para adelantar las negociaciones y suscribir acuerdos de paz radica exclusivamente en el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, de Gobierno y de Suprema Autoridad Administrativa.


20. Como sustento de la anterior premisa, agregó que el primer mandatario tiene la competencia para «[…] mantener el orden público e iniciar diálogos de paz cuando y con quien lo considere necesario y conforme lo reconocido por la H. Corte Constitucional, en desarrollo a la conciliación y efectividad de los derechos de las víctimas, se ha reconocido que la misma pueda implicar una estrategia procesal
distinta por mecanismos administrativos, para hacer las medidas hacía la paz más eficaces […]».


21. Asimismo, indicó que tanto el artículo 8° de la Ley 418 de 1997 como el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022 -esta última modificatoria de la primera-, disponen que es competencia del presidente admitir como voceros de paz a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias o a quienes el primer mandatario considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.


22. Aclaró que no era cierto, como lo afirma el demandante, que en el acto acusado se haya dado la competencia a la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana de suspender órdenes de captura de los voceros de paz, por cuanto dicha comisión únicamente recomienda quiénes pueden ser catalogados como voceros de paz, pero resaltó que es competencia exclusiva de la Rama Judicial la adopción de la decisión de suspensión de órdenes de captura.


23. Por último, señaló que la cautela no contiene la argumentación jurídica suficiente ni el material probatorio necesario para que, en esta instancia del proceso, se pueda desvirtuar la presunción de legalidad que cobija el acto en cuestión.


I.3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho


24. El apoderado judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a la prosperidad de la suspensión provisional elevada por el demandante, en la medida en que no existe una vulneración del principio de separación de poderes y de la autonomía de la Rama Judicial y, segundo, porque el decreto demandado no desconoció los parámetros fijados en la Ley 2272 de 2022.


25. Respecto del primer argumento de defensa, manifestó que los textos cuestionados, en ningún caso, generan las consecuencias jurídicas que enuncia el accionante, puesto que el decreto en cuestión no otorga a la citada comisión la facultad de levantar órdenes de captura y menos aún está desconociendo el papel de los jueces en la decisión de las medidas de aseguramiento, ya que son estos últimos los que, bajo su autonomía judicial, los que definen si es procedente o no levantar las órdenes de captura sugeridas por el primer mandatario en el marco de las negociaciones del proceso de «Paz Total».


26. Agregó que las funciones de la referida comisión corresponden a «[…] una mera sugerencia o propuesta para que el Presidente de la República de forma autónoma y discrecional, defina si una persona postulada puede ser designada como vocero mediante el acto administrativo correspondiente. La recomendación o incluso el acto administrativo mediante el cual se designa como vocero a una persona para que aporte en el proceso de paz y en el desescalamiento de la conflictividad social, no implica, en ningún escenario que se desconocen las facultades del Juez. Pues es la autoridad judicial la única encargada de decidir sobre el levantamiento o suspensión de órdenes de captura de los voceros admitidos […]».


27. Por otro lado, expuso que el decreto enjuiciado no desconoció la Ley 2272 de 2022, comoquiera esta desarrolló una de las funciones dispuestas en el artículo 5° de dicha disposición, como es la atinente a que el Presidente de la República tiene la facultad de admitir como voceros de paz a ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias en búsqueda del desescalamiento de la conflictividad.


28. Agregó que el decreto enjuiciado encuentra un fundamento adicional en la facultad incluida en el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, que permite el Gobierno Nacional crear comisiones intersectoriales para la coordinación de funciones que por sus características están a cargo de más de dos ministerios o departamentos administrativos, como sucede en este caso.


I.3.3. Ministerio del Interior


29. En términos muy similares a los expuestos por los apoderados judiciales del presidente y del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio del Interior, a través de apoderado judicial, esgrimió que el primer mandatario de la Nación no se extralimitó en el ejercicio de su potestad reglamentaria, dado que, conforme lo establecen los artículos: 189 -numeral 11- de la Constitución Política, 8° de la Ley 1941 de 2018[7], 2° de la Ley 2272 de 2022, es de su competencia la creación de la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana.


30. Adicionalmente, señaló que no se advierte la configuración de los requisitos señalados en los artículos 231 y subsiguientes del CPACA y por la jurisprudencia contenciosa en relación con la procedencia de las medidas cautelares, toda vez que el escrito cautelar no cuenta con la carga argumentativa suficiente para desvirtuar la legalidad del decreto acusado y, por cuanto, no se acreditó el perjuicio irremediable que hiciera procedente su suspensión provisional.


I.3.3. Ministerio de Defensa Nacional


31. El apoderado judicial del Ministerio de Defensa considera que la cautela debe ser denegada, en tanto que esta carece de la carga argumentativa mínima requerida para su decreto, y en razón a que no se demostró el perjuicio eventual que se causaría de no acceder a su suspensión.

II. CONSIDERACIONES

II.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo


32. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez, siendo muestra de ello el contenido del artículo 229 de la referida codificación, norma que le confiere una amplia facultad a la autoridad judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de “proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia”.


33. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte -debidamente sustentada-, y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicción de lo ccontencioso aadministrativo.


34. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante, y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de supresión temporal de los efectos de una decisión administrativa[1].


35. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, se destaca lo dispuesto en el artículo 231 ibidem, precepto según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar “documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla”. (resaltado fuera del texto)


II.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado


36. En el marco de las diversas medidas cautelares contempladas en el nuevo proceso contencioso administrativo[2] se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231[3] y siguientes del CPACA. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a «evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».[4]


37. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, la Sección Primera de esta Corporación recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden acreditados en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas[5]. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 2021[6], precisó lo siguiente:


[…] Para el caso de la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.


En cuanto al “fumus boni iuris”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la suspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […][7](negrillas fuera del texto original).


II.3. Caso concreto


38. Analizados los argumentos expuestos tanto por el demandante como por las entidades públicas accionadas, esta autoridad judicial encuentra que son dos los argumentos jurídicos en los que se soporta la cautela deprecada:


i) El Presidente de la República se extralimitó en el ejercicio de su potestad reglamentaria, en tanto que con la expedición de los numerales 2° y 3° del artículo 3° del decreto acusado, buscó levantar de las órdenes de captura «de voceros elegidos por el Gobierno Nacional», potestad que la ley no le otorgó, y


ii) El artículo 2° del decreto cuestionado está falsamente motivado, en razón a que con su expedición se pretende que la rama ejecutiva ejerza, exclusivamente, las funciones establecidas en el artículo 3° de aquel decreto, desconociendo la división tripartita de los poderes y la independencia judicial, atendiendo que, de un lado, la Fiscalía General de la Nación no es parte de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, y del otro, se habría arrogado las competencias asociadas con la suspensión de órdenes de captura y medidas de aseguramiento, en especial, para «las personas detenidas que pertenecen a la autodenominada “Primera Línea”».


39. Para efectos de resolver el primer argumento que sustenta la cautela deprecada, cabe poner de relieve que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado[8], la potestad reglamentaria «[…] es la facultad constitucional atribuida de manera permanente a algunas autoridades para expedir un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales se desarrollan las reglas y principios en ella fijados. Su propósito es señalar aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten la debida aplicación de la ley, sin que en ningún caso pueden modificarla, ampliarla o restringirla en cuanto a su contenido material o alcance […]».

40. Dicha potestad reglamentaria, tal como lo ha precisado tanto la jurisprudencia contenciosa[9] como la doctrina especializada[10], se atribuyó de manera principal -sin desconocer que existen otras autoridades administrativas que también ejercen esta facultad- al presidente de la República, conforme lo establece el artículo 189 -numeral 11- de la Carta Política, norma según la cual le compete al primer mandatario de la Nación «[…] Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes […]».


41. Precisado este concepto, esta autoridad judicial pasa a constatar si, en esta instancia preliminar del proceso, existen elementos jurídicos y probatorios que permitan afirmar que el Presidente de la República, al crear la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, y asignarle la función de recomendar la admisión, continuidad o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros, se extralimitó o no en el ejercicio de su potestad reglamentaria.


42. Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional[11], la paz ocupa un lugar principalísimo y trascendental en la escala de valores protegidos por la Constitución Política, al punto que en el propio ordenamiento superior es concebida bajo una triple condición: (i) de valor fundante del modelo organizativo; (ii) de deber, y (iii) de derecho fundamental. Las anteriores acepciones de la paz, han sido conceptualizadas por la jurisprudencia constitucional, en los siguientes términos:


[…] En cuanto valor, la paz es fundamento y fin esencial del Estado y de los derechos humanos que irradia el ordenamiento jurídico y que, como principio, debe dirigir la acción de las autoridades públicas.


En el plano de los deberes, el de la paz se manifiesta en el establecimiento de obligaciones directas que se traducen en la existencia de (i) un deber de todos de vivir con sujeción al ordenamiento jurídico y de tramitar de manera pacífica las diferencias por los cauces en él previstos (ii) un deber estatal de diseño e implementación de acciones normativas y de política pública dirigidas al propósito de garantizar la convivencia pacífica, (iii) una acción estatal orientada al logro progresivo del pleno ejercicio de los derechos fundamentales, y (iv) una opción preferencial por la solución pacífica como mecanismo de resolución de conflictos que excedan los marcos constitucionales.


El reconocimiento, por su parte, de la paz como derecho humano, individual y colectivo, encuentra su origen en el derecho internacional. Concretamente, en normas de derecho internacional de los derechos humanos que al haber sido ratificadas por el Estado colombiano hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto.

(…)


En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la paz “como un derecho subjetivo de cada persona individualmente considerada”, derecho que se compagina con el “correlativo deber jurídico de buscar la paz social”, igualmente de índole subjetiva y jurídica, cuyo fundamento es el artículo 95 de la Constitución.[12] […] (negrillas fuera del texto).


43. En este orden de ideas, y bajo el entendido de que la paz es un valor fundante del Estado Social de derecho, acorde con el cual es deber de las autoridades públicas diseñar e implementar acciones normativas y políticas públicas dirigidas al propósito de garantizar la convivencia pacífica, debe destacarse que al Congreso de la República le corresponde fijar el marco legal con base en el cual se debe garantizar dicho derecho fundamental y la forma en que se pueden implementar las políticas públicas que se requieran para tal propósito.


44. Uno de esos marcos jurídicos se estableció en la Ley 418 de 26 de diciembre de 1997 «Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones», norma que en su artículo primero indicó que el objeto de la misma era «[…] dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia […]».


45. El artículo 2° de la referida disposición[13] también es claro al señalar que el intérprete de la norma «[…] deberá estarse al tenor literal según el sentido natural y obvio de las palabras, sin que so pretexto de desentrañar su espíritu, puedan usarse facultades no conferidas de manera expresa [...]», lo que se traduce en que las competencias y atribuciones asignadas por el legislador a las autoridades públicas para la garantía de la paz y la convivencia pacífica son expresas y de interpretación restrictiva.


46. En este contexto, cabe poner de relieve que la Ley 418 de 1997 ha sido objeto de múltiples prórrogas, derogatorias y modificaciones[14], entre las que se desataca la reciente modificación introducida por el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022 -objeto de reglamentación del acto aquí demandado-, cuyo contenido es del siguiente tenor:


[…] ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 3o de la Ley 1941 de 2018 <Art. 8 de la Ley 418 de 1997>, el cual quedará así:


Artículo 8°. Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, siguiendo los lineamientos del Presidente de la República, podrán:


- Realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de Derecho. Los términos de sometimiento a la justicia a los que se lleguen con estas estructuras serán los que a juicio del Gobierno nacional sean necesarios para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia. El cumplimiento de los términos de sometimiento a la justicia será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto se designen.


- Realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones y lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.


Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno nacional sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen las partes.


Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que lo suscribe.


Cuando así lo disponga el Gobierno nacional según lo acordado por las partes, en el marco de un proceso de desarme, una instancia internacional podrá estar encargada de funciones tales como la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento del grupo armado organizado al margen de la ley y las demás actividades necesarias para llevar a cabo el proceso.


A la respectiva instancia internacional que acuerden las partes se le otorgará todas las facilidades, privilegios, de carácter tributaria y aduanero, y protección necesarios para su establecimiento y funcionamiento en el territorio nacional.


PARÁGRAFO 1°. Se entiende por miembro-representante, la persona que el grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno nacional, o sus delegados. De igual manera, se entiende por miembro-representante, la persona que la estructura armada organizada de crimen de alto impacto designe como representante suyo para participar en los acercamientos, conversaciones, o suscripción de términos de sometimiento con el Gobierno nacional, o sus delegados.

Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia. Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.



PARÁGRAFO 2o. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban términos de sometimiento a la justicia, con el fin de hacer tránsito al Estado de Derecho.


Para tal efecto, el Gobierno nacional comunicará a las autoridades señaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos ycertificará la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.


Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos. Este mismo procedimiento podrá seguirse con relación a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.


Se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, o en los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, de que trata esta ley.


Las partes acordarán mecanismos de verificación conjunta de los acuerdos, negociaciones o diálogos y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación. Con relación a los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas. De crimen de alto impacto, podrán establecerse mecanismos de verificación con instituciones o personas de la vida nacional o internacional.


PARÁGRAFO 3°. El Gobierno nacional o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un estado avanzado del proceso de paz, y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo armado organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso.


El mismo procedimiento podrá aplicarse para el caso de los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de facilitar su sujeción a la justicia.


Adicionalmente, si así lo acordaran las partes, a solicitud del Gobierno nacional y de manera temporal se podrá suspender la ejecución de las órdenes de captura en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley o de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, por fuera de las zonas, para adelantar actividades propias del proceso que se adelante.


En esas zonas, que no podrán ubicarse en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definirá la manera como funcionarán las instituciones públicas para garantizar los derechos de la población. De conformidad con lo que acuerden las partes en el marco del proceso de paz, o lo que se defina en los acercamientos o conversaciones para el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, el Gobierno al establecer las zonas podrá:


1. Precisar la delimitación geográfica de las mismas.

2. Establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las organizaciones armadas al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

3. Establecer las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y funcionamiento de las zonas mencionadas.

4. Utilizar, además de zonas de ubicación temporal, otras modalidades de reincorporación a la vida civil, para efectos de poner fin al conflicto armado. Estas zonas no serán zonas de despeje.


PARÁGRAFO TRANSITORIO 3A. Una vez terminadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), como Zonas de Ubicación Temporal, según lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, se mantendrán suspendidas la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de dicha organización que han estado concentrados en dichas zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, previa dejación de armas, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones, o condenas existentes en su contra. En el caso de los miembros de la organización que no se encuentren ubicados físicamente en las zonas de ubicación temporal, pero se hallen en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas, la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse, operará desde el momento mismo de su desplazamiento hacia las zonas de ubicación temporal, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra.


De igual forma, se mantendrá suspendida la ejecución de las órdenes de captura que se expidan o hayan de expedirse en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado, cuya suspensión se ordenó en su momento para adelantar tareas propias del proceso de paz por fuera de las zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas. Dicha suspensión se mantendrá hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra.


Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de privación de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016.


En aquellos casos en los que no se hubiere decidido por parte de las autoridades judiciales sobre el traslado de las personas privadas de la libertad a la ZVTN o PTN, y las mismas ya hubieren finalizado, la autoridad judicial procederá a otorgar la libertad condicionada en los términos establecidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017.


PARÁGRAFO TRANSITORIO 3B. Se mantendrá la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado concentrados en las zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas ante el representante de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.


Cuando los miembros del grupo armado requieran salir temporalmente de las Zonas de Ubicación Temporal por los motivos relacionados en el inciso anterior, se suscribirá un acta con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en el que constará la razón de ausencia de la zona y la fecha en la que se retornará a la misma.


Quedarán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros de las Farc-EP, incluidos en el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se encuentren acreditados por dicho funcionario, que hayan dejado las armas y además firmado las actas de compromiso correspondientes.


PARÁGRAFO 4o. El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad.


PARÁGRAFO 5°. Cuando se trate de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos con el Gobierno nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditará mediante una lista suscrita por los voceros o miembros representantes designados por dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad. En el caso de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, esta calidad podrá acreditarse de la misma manera.


Esta lista será recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz de buena fe, de conformidad con el principio de confianza legítima, como base de cualquier acuerdo de paz o término de sometimiento a la justicia, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes, como la plena identificación de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, en ellos incluida.


PARÁGRAFO 6°. Las partes en la mesa de diálogos podrán acordar la realización de acuerdos parciales, cuando lo estimen conveniente, los que deberán ser cumplidos de buena fe.


Las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogos, que tengan por propósito proteger a la población civil de los enfrentamientos armados, así como a quienes no participan directamente de las hostilidades, hacen parte del DIH, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, en consecuencia, serán vinculantes para las partes.


PARÁGRAFO 7°. Los acuerdos, acuerdos parciales y protocolos que se pacten en el marco de los diálogos y negociaciones de paz del Gobierno nacional con grupos armados al margen de la ley, que tengan por propósito la consecución y la consolidación de la paz, constituyen una política pública de Estado, por tanto, es deber de las autoridades garantizar los mecanismos e instrumentos a su alcance tendientes a su cumplimiento.


Los acuerdos parciales tendrán que cumplir en toda circunstancia los deberes constitucionales del Estado o leyes vigentes y serán vinculantes en tanto se ajusten a estos preceptos.


PARÁGRAFO 8°. La dirección de todo tipo de acercamientos, conversaciones, negociaciones y diálogos tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley y/o a la suscripción de términos de sometimiento a la justicia con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los acercamientos, conversaciones, negociaciones o diálogos, y suscriban acuerdos o términos de sometimiento, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta.


La función de suscripción de acuerdos, tanto humanitarios parciales como finales de cualquier tipo, es exclusiva del Presidente de la República como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y no podrá ser delegada a ningún funcionario de menor jerarquía.


PARÁGRAFO 9o. Para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir, como mínimo, el desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia, y la demostración de la voluntad real de reincorporación a la vida civil.
En el caso de los miembros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se exigirá como mínimo información suficiente para el desmantelamiento de las economías ilegales […].


47. Del análisis preliminar del artículo 5° de la Ley 2272 de 2022, y únicamente en lo que respecta a la resolución del caso concreto, el Despacho considera procedente arribar a las siguientes conclusiones:


- La dirección de todo tipo de acercamientos, conversaciones, negociaciones y diálogos tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley y/o a la suscripción de términos de sometimiento a la justicia con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, corresponde exclusivamente al presidente de la República, como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación.


- Quienes a nombre del Gobierno participen en los acercamientos, conversaciones, negociaciones o diálogos, y suscriban acuerdos o términos de sometimiento, lo harán de conformidad con las instrucciones que el primer mandatario les imparta.


- Se admitirán como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.


- Las autoridades judiciales competentes suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban términos de sometimiento a la justicia, con el fin de hacer tránsito al Estado de Derecho.


- La norma prevé la suspensión de órdenes de captura de voceros pero únicamente respecto de aquellos que actúan en representación de grupos armados organizados al margen de la ley y de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.


- Para que sea procedente la suspensión de órdenes de captura referida en el punto anterior, será necesario que el Gobierno nacional comunique a las autoridades judiciales competentes, la terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos, y que certifique la participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley.


48. En ese orden de ideas, el Despacho estima conveniente citar los apartes más relevantes del reglamento acusado, con el propósito de determinar si en este se desconocieron, modificaron o ampliaron los principios, directrices o parámetros fijados por el legislador en el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022:


[…] DECRETO 2422 DE 2022

(Diciembre 09)

Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el preámbulo y el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia consagran como un fin esencial del Estado mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica, así como la vigencia de un orden justo.

Que el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia reconoce que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, e impone al Gobierno Nacional la obligación de garantizar su materialización de conformidad con los artículos 2, 22, 93 y 189 de la Constitución Política de Colombia.

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia le corresponde al Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, adoptar las medidas y disposiciones necesarias para la conservación del orden público en todo el territorio nacional, así como restablecerlo allí donde fuere turbado.

Que el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, con el objetivo de promover el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación entre los colombianos, y propiciar un ambiente proclive a la consecución de la paz, otorgó al Presidente de la República la facultad de admitir como voceros a ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad.

Que se hace necesario coordinar y articular con las entidades del Gobierno Nacional la ejecución de la facultad presidencial establecida el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. Crear la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana que tendrá como objeto la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

ARTÍCULO 2. Integración. La Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana estará integrada por los siguientes miembros:

1. El Ministro del Interior o su delegado.

2. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado, quien presidirá.

3. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado.

4. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.

ARTÍCULO 3. Funciones: La Comisión tendrá las siguientes funciones:

1. Definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

2. Recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

3. Recomendar la continuidad o exclusión como vocero en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, de conformidad con el informe de evaluación y monitoreo que del cumplimiento de las obligaciones y condiciones realice el Alto Comisionado para la Paz.

4. Expedir su propio reglamento.

5. Las demás funciones que le correspondan por su naturaleza y para dar cumplimiento al objeto con el que fue creada […] (negrillas del original y subrayas del Despacho).


49. A partir del análisis de los apartes cuestionados, este Despacho coincide con lo señalado por las entidades públicas accionadas en el sentido de considerar que dicho decreto no establece, en ninguno de sus apartes, que la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana tenga la competencia para suspender órdenes de captura de los denominados voceros de paz.

50. Por el contrario, el verbo utilizado en los numerales 2° y 3° del artículo 3° del acto acusado es «recomendar», cuyo significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se traduce en «Aconsejar algo a alguien para bien suyo»[15].

51. Esta interpretación se acompasa con lo previsto en la memoria justificativa del referido decreto reglamentario, en el que se estableció que la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana «[…] tendrá entre sus funciones la coordinación y articulación del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el objetivo de orientar y asesorar de la mejor manera la ejecución de las facultades otorgadas al Presidente de la República en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 […]».


52. En virtud de las anteriores premisas, para este Despacho es válido colegir que las funciones asignadas a la mencionada comisión se limitan a emitir un concepto o consejo dirigido al primer mandatario respecto de quiénes pueden ser admitidos o excluidos como voceros de paz, así como de quiénes pueden continuar ejerciendo o ser excluidos de dicha condición, en el marco de lo establecido en artículo 5° de la Ley 2272 de 2022.

53. A su vez, no se advierte, en esta etapa inicial del proceso, que la plurimencionada comisión asuma las competencias que constitucional y legalmente le han sido conferidas exclusivamente al presidente en la conservación del orden público y en la garantía y promoción del derecho a la paz como uno de los pilares fundamentales del Estado Social del Derecho.


54. Como sustento de la anterior premisa, se reitera que las funciones asignadas a la citada comisión de paz se circunscriben a emitir meros conceptos o recomendaciones dirigidas al primer mandatario para que este, en el marco del artículo 5° de la Ley 2272 de 2022, ejerza las funciones que le fueron encomendadas, entre las cuales se encuentran las siguientes: (i) definir quiénes pueden ser catalogados como voceros de paz, y (ii) recomendar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de órdenes de captura respecto de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, así como de los voceros que actúan en nombre o representación de los citados grupos; entre otras atribuciones.


55. Nótese que el parágrafo 2° del artículo 5° de la Ley 2272 de 2022 estableció que las órdenes de captura se suspenderían en relación con los voceros de «[…] los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos […]» y también respecto de los voceros de «[…] las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto […]», no así para aquellos voceros que actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.


56. Frente a este último punto, el Despacho debe señalar que el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022 contempló varios tipos de «voceros». En efecto, dicha disposición indicó que se entendía por vocero:

«[…] la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia. Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad. […]»


57. Es así que dentro de la categoría de «vocero» se encuentran:


i) La persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos;


ii) La persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia, y


iii) Quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad.


58. Del mismo modo, y en virtud de lo previsto por el artículo 2° de la Ley 418 de 1997 -de acuerdo con el cual las competencias en materia de la garantía de la paz y convivencia pacífica son expresas y de interpretación restrictiva-, es menester precisar que las funciones asignadas a la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana se ciñen exclusivamente a meras recomendaciones en relación con la selección de las eventuales personas que pueden ser considerados como voceros de paz, siendo que la decisión administrativa final, en dicho sentido, es competencia exclusiva del primer mandatario.


59. Así las cosas, y a partir de la confrontación preliminar del acto demandado con los artículos 1°[16], 2°[17], 4°[18], 6°[19], 29[20], artículos 95 -numeral 7-[21] y 209[22] de la Constitución Política, en los que se desarrollan los fines del Estado Social de Derecho, la supremacía de la Constitución, el principio de legalidad, el debido proceso y la función administrativa, no se advierte que ninguna de dichas normas se vea afectada, por cuanto:


(i) La implementación de políticas públicas encaminadas a la promoción y garantía de la paz y la convivencia pacífica en el territorio nacional son fines esenciales del Estado Social de Derecho, que encuentran sustento, principalmente, en el preámbulo[23], y los artículos: 2°, 22[24], 67[25], 95 -numeral 6°-[26], 189[27] -numerales 4° y 6°-, 218[28], 12[29] y 13[30] transitorios de la Constitución Política, razón por la cual el decreto reglamentario que pretende desarrollar o dar alcance a lo establecido en el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022, no contraviene, en principio, lo dispuesto en las normas superiores referidas por el demandante.


(ii) No se encuentra acreditado, en esta instancia inicial, que el Presidente de la República se haya extralimitado en el ejercicio de su potestad reglamentaria;


(iii) No se advierte, ni se alegó por el demandante, ningún vicio en la formación del acto enjuiciado que haya vulnerado las reglas del debido proceso, y


(iv) Tampoco se observa la transgresión de los principios de la función administrativa, toda vez que dicha función está al servicio de la comunidad y pretende la satisfacción de los intereses generales, entre los cuales se encuentra la implementación de políticas públicas encaminadas a la garantía de la paz y la convivencia pacífica.


60. Ahora se pasará al análisis del segundo argumento de la cautela que se depreca, consistente en que existe una falsa motivación del decreto demandado -específicamente en su artículo 2º-, en razón a que con su expedición se pretende que la rama ejecutiva ejerza, exclusivamente, las funciones establecidas en el artículo 3° de aquel decreto, desconociendo la división tripartita de los poderes y la independencia judicial, atendiendo que, de un lado, la Fiscalía General de la Nación no es parte de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, y del otro, se habría arrogado las competencias asociadas con la suspensión de órdenes de captura y medidas de aseguramiento, en especial, para «las personas detenidas que pertenecen a la autodenominada “Primera Línea”».

61. Al respecto, esta Sala Unitaria hace énfasis en que el acto en cuestión no tuvo como propósito reglamentar la forma o procedimiento en que se debían suspenderse las órdenes de captura respecto de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, así como de los voceros que actúan en nombre o representación de los citados grupos, sino únicamente establecer en una comisión intersectorial la función de asesor al primer mandatario en la selección de aquellas personas que podrían ser admitidos, continuar o ser excluidos como «voceros» en cualquiera de sus categorías.


62. Este Despacho debe destacar que el procedimiento a seguirse para la suspensión de órdenes de captura en el marco de las negociaciones que se adelanten por el Gobierno Nacional para aportar al proceso de paz y a la superación de la conflictividad social, se encuentra expresamente delimitado en la Ley 418 de 1997 y sus correspondientes modificaciones y, en tal sentido, la norma es clara en que al Presidente de la República le compete sugerir los sujetos respecto de los cuales podría ser procedente la suspensión de su orden de captura para así contribuir con un proceso de paz, en el marco de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022.

63. En ese orden de ideas, no se encuentra demostrado, en esta instancia procesal, que exista una suplantación de las funciones propias de las autoridades judiciales en relación con la suspensión de órdenes de captura o medidas de aseguramiento dictadas en el marco del proceso penal, puesto que fue el mismo legislador quien estableció que era competencia del primer mandatario sugerir, a dichas autoridades judiciales, la suspensión de órdenes de captura de voceros, en el marco de lo establecido en el plurimencionado artículo 5° de la Ley 2272.


64. De otra parte, y en lo que atañe al argumento de que el acto acá demandado tiene como propósito suspender las órdenes de captura de los privados de la libertad pertenecientes al denominado grupo «Primera Línea», debe aclararse que esta es una consecuencia eventual e incierta que no se desprende del contenido de la norma acusada.


65. En ese sentido, si lo que pretende el accionante es cuestionar la eventual suspensión de órdenes de captura o de medidas de aseguramiento de estas personas, deberá incoar las acciones y recursos procedentes en contra de las providencias adoptadas por los funcionarios judiciales a través de las cuales de adopten tales decisiones -suspensión de órdenes de captura o de medidas de aseguramiento.


66. Por otro lado, en cuanto a la facultad de creación de la mencionada comisión, es menester resaltar que, en los términos del artículo 45 de la Ley 489 de 1998[31], el Gobierno Nacional se encuentra habilitado para crear comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones, como sería en este caso las otorgadas en el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022.


67. Sobre el particular, el demandante cuestiona que en el citado comité no se haya incluido como uno de sus miembros a la Fiscalía General de la Nación -perteneciente a la rama judicial conforme al artículo 249 constitucional-; no obstante, de la revisión previa del artículo 45 de la Ley 489 de 1998, lo que se encuentra es que el objeto de estas comisiones es coordinar entre ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas el eficiente desarrollo de una función dada por el ordenamiento jurídico y, por consiguiente, no era procedente incluir en dicha comisión, además de entidades que pertenecieran a la rama ejecutiva, a autoridades integrantes de otras ramas del poder público -como la rama judicial-.


68. Esta Sala Unitaria advierte que el Presidente de la República delegó en la Comisión lntersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana el proceso de análisis y recomendación de los posibles sujetos que podrían ser considerados como voceros de paz, en el marco de lo previsto en el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022, y ello no se opone con lo reglado por dicha norma, en tanto que el presidente conserva la competencia de definir, a través de acto administrativo, qué personas deben ser catalogados tal.


69. En este punto debe hacerse hincapié en el hecho de que la competencia atribuida al presidente en el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022 no se circunscribe a la potestad de suspender las órdenes de captura de los sujetos referidos en dicho artículo, sino únicamente a solicitar o recomendar a la autoridad judicial que adopte tal determinación, según corresponda.


70. Por las anteriores consideraciones, el Despacho no observa que, en esta fase previa del proceso, exista una vulneración de los artículos 113[32], 114[33] y 116[34] de la Constitución Política, como tampoco de los artículos 307[35] y 308[36] del Código Penal, normas relativas a la estructura del Estado y las distintas funciones de las ramas del poder público, y de la medida de aseguramiento en el proceso penal, comoquiera que fue el legislador, en desarrollo de los postulados constitucionales citados en el párrafo 59 del presente proveído, el que distribuyó las competencias para la implementación de instrumentos para la búsqueda de la convivencia pacífica, la eficacia de la justicia y el logro de la paz en el territorio nacional.


71. Por último, respecto de los reproches efectuados por el libelista contra la Ley 2272 de 2022, es oportuno aclarar que el Consejo de Estado carece de competencia para efectuar un juicio de constitucionalidad de dicha norma, en tanto que tal facultad le fue asignada a la Corte Constitucional, conforme lo dispone el artículo 241 -numeral 4°- [37]de la Carta Política. En este mismo sentido, se resalta que el demandante manifestó que ya había impetrado la acción de inconstitucionalidad ante el referido tribunal para que se accediera a su pretensión de inconstitucionalidad y, por ende, este Despacho se relevará de analizar los argumentos de suspensión expuestos en este sentido.


72. Así las cosas, y en virtud de los considerados expuestos en la presente decisión, se negará la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los artículos 2° y 3° -numerales 2 y 3- del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022, por no evidenciarse el criterio de apariencia de buen derecho que, tratándose de dicha cautela,-la suspensión provisional de actos administrativos-, implica que no fue posible constatar la violación de las normas enunciadas como desconocidas una vez se confrontaron con las disposiciones cuestionados del mencionado decreto.

En mérito de lo expuesto, el Consejero de Estado de la Sección Primera de lo Contencioso Administrativo,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los artículos 2° y 3° -numerales 2 y 3- del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022«Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana»; acto administrativo suscrito por el presidente de la República, el ministro de Interior, el ministro de Defensa Nacional, la viceministra de Promoción de la Justicia y del Derecho encargada de las funciones del despacho del ministro de Justicia y del Derecho, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de conformidad con las razones expuestas en el presente proveído.

SEGUNDO: Efectúense las anotaciones de rigor en el aplicativo electrónico Samai.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. P (17).



[1] En ese sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de Sala de 3 de febrero de 2021. Expediente: 15001-23-33-000-2021-00005-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

[2] «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal».

[3] «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho»

[4] «Por medio de la cual se modifica adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones».

[5] «Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario».

[6] «Por el cual se reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, su funcionamiento y todos los asuntos relacionados con las demás instancias técnicas que se requieran para su adecuado desarrollo».

[7] «Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014».

[8] Artículo 230 del CPACA.

[9] El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

[10] «[…] Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos: 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho. 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados. 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla. 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios […]».

[11] Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[12] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Expediente: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

[13] Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Auto de 27 de mayo de 2021. Expediente: 54001- 23-33-000-2018-00285-01. CP. Oswaldo Giraldo López.

[14] Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”

[15] En ese sentido, ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020. Expediente: 11001-03-24-000-2010-00119-00. C.P. Guillermo Vargas Ayala; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 13 de marzo de 2013. Expediente: 11001-03-24-000-2008-00256-00. C.P. María Claudia Rojas Lasso; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 23 de mayo de 2013. Expediente: 11001-03- 24-000-2012-00017-00. C.P. María Elizabeth García González, entre otras.

[16] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 14 de agosto de 2008. Expediente: 11001 03 26 000 1999 00012 01 (16230) C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

[17] SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando. Compendio de Derecho Administrativo. (eds.) Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2017.p.214.

[18] Ver sentencias: C-630 de 2017, C-408 de 2017, C-379 de 2016, C-370 de 2006, T-439 de 2002, C-048 de 2001, C-238 de 1995, T-102 de 1993, T-439 de 1992, entre otras.

[19] Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-630 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Antonio José Lizarazo Ocampo.

[20] «Artículo 2°. En la aplicación de las atribuciones conferidas en la presente ley, se seguirán los criterios de proporcionalidad y necesariedad, mientras que para la determinación de su contenido y alcance, el intérprete deberá estarse al tenor literal según el sentido natural y obvio de las palabras, sin que so pretexto de desentrañar su espíritu, puedan usarse facultades no conferidas de manera expresa. En el ejercicio de las mismas facultades no podrá menoscabarse el núcleo esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribución de competencias establecidas en la Constitución y las leyes y en su aplicación se tendrá siempre en cuenta el propósito del logro de la convivencia pacífica».

[21] Entre las que se destacan: Ley 782 de 2002; Ley 1106 de 2006; Ley 1421 de 2014; Ley 1738 de 2014; Ley 1941 de 2018 y la Ley 2272 de 2022.

[22] Diccionario consultado en línea en el siguiente enlace público: https://dle.rae.es/diccionario.

[23] «Artículo 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general».

[24] «Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

[25] «Artículo 4° La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».

[26] «Artículo 6°. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones».

[27] «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».

[28]

[29] «Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley».

[30] «Preámbulo. El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente».

[31] «Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento».

[32] «Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente […]».

[33] «Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.

(…)

6.Propender al logro y mantenimiento de la paz […]».

[34] «Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

(…)

4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.

(…)

6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso […]».

[35] «Artículo 218. La ley organizará el cuerpo de Policía.

La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario».

[36] «Artículo transitorio 12. Con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos guerrilleros que se encuentren vinculados decididamente a un proceso de paz bajo la dirección del Gobierno, éste podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz para las elecciones a corporaciones públicas que tendrán lugar el 27 de octubre de 1991, o nombrar directamente por una sola vez, un número plural de Congresistas en cada Cámara en representación de los mencionados grupos en proceso de paz y desmovilizados.

El número será establecido por el Gobierno Nacional, según valoración que haga de las circunstancias y del avance del proceso. Los nombres de los Senadores y Representantes a que se refiere este artículo serán convenidos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros y su designación corresponderá al Presidente de la República.

Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno podrá no tener en cuenta determinadas inhabilidades y requisitos necesarios para ser Congresista».

[37] «Artículo transitorio 13. Dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno podrá dictar las disposiciones que fueren necesarias para facilitar la reinserción de grupos guerrilleros desmovilizados que se encuentren vinculados a un proceso de paz bajo su dirección; para mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas donde ellos estuvieran presentes; y para proveer a la organización territorial, organización y competencia municipal, servicios públicos y funcionamiento e integración de los cuerpos colegiados municipales en dichas zonas.

El Gobierno Nacional entregará informes periódicos al Congreso de la República sobre el cumplimiento y desarrollo de este artículo».

[38] «Artículo 45. Comisiones Intersectoriales. El Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersectoriales para la coordinación y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o en razón de sus características, estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos.

El Gobierno podrá establecer la sujeción de las medidas y actos concretos de los organismos y entidades competentes a la previa adopción de los programas y proyectos de acción por parte de la Comisión Intersectorial y delegarle algunas de las funciones que le corresponden.

Las comisiones intersectoriales estarán integradas por los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes y representantes legales de los organismos y entidades que tengan a su cargo las funciones y actividades en referencia».

[39] «Artículo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines».

[40] «Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.

El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes».

[41] «Artículo 116. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 3 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:>

<Inciso modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar».

[42] «Artículo 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento:

A. Privativas de la libertad

1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión.

2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento;

B. No privativas de la libertad

1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica.

2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada.

3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe.

Legislación Anterior

4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.

5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.

7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.

8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas […]».

[43] «Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos».

[44] «Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones

(…)

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación […]».