AUTO 11001-03-24-000-2021-00162-00 de 2023

Demandado: Naci�n � Presidencia de la Rep�blica y Ministerio de Justicia y del Derecho

Corresponde al Despacho resolver las solicitudes de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, �Por el cual se modifican los art�culos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, �nico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci�n de tutela�, expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Los ciudadanos F�lix Hoyos Lemus1; David Ricardo Racero Mayorca2; Juan Camilo Monsalve Garc�a, Paula Andrea Carvajal Mej�a, Esteban Hoyos Ceballos, Carolina Moreno Vel�squez, Rodrigo Uprimny Yepes, Mauricio Albarrac�n Caballero, Maryluz Barrag�n Gonz�lez y Sergio Pulido Jim�nez3; Gustavo Gall�n Giraldo, Juli�n Gonz�lez Escall�n, David Fernando Cruz y Juan Carlos Ospina Rend�n4; Camilo Cuellar Conde y Jonat�n G�mez Fajardo5; Juan Manuel L�pez Molina6; Edier Esteban Manco Pineda7; Fabian D�az Plata8; Luvi Katherine Miranda Pe�a9; Manuel Andre Romero Valverde10; Bernardita P�rez Restrepo y Juan David Ram�rez Echeverri11; Juan Andr�s Barros, Luis Andr�s Bernal, Doris Isabel D�vila, Carlos Alfonzo Guette, Damaris Jos� Villar Navarro, Ada Luz Moncada Espinoza, Mayerly Andrea Mendoza Pati�o, Yessica Fonseca Bonfante, Lady Johana P�rez Altamar, Mar�a Celeste Montenegro, Bryan David Tovar Romo e Isaid David Orozco12; Olga Luc�a Naizir Garc�a, Diana Carolina Bernal Ib�nez, Arnobi de Jes�s Zapata Mart�nez, Leider Valencia Tumbo, Rosa Mar�a Mateus Parra, Juan David Romero Preciado, Jos� William Orozco Valencia, Juan Pablo Salazar Rivera, Luis Alberto Canas, Crist�bal Guamanga, Eduar Arturo Hoyos, Jonathan Enrique Centeno Mu�oz, Cristian Ra�l Delgado Bola�os, Euner Mu�oz Santacruz, Luis Helmer Fern�ndez Noscue, Edgardo Mu�oz Santacruz y Florentino Quiguanas Chate; y el Colectivo Sociojur�dico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB, la Corporaci�n Viso Mutop, la Red de Derechos Humanos del Pac�fico Nari�ense -REDHPANA, y el Colectivo de Abogados Jos� Alvear Restrepo -CAJAR13, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), presentaron demanda en contra del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, �Por el cual se modifican los art�culos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, �nico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci�n de tutela�, expedido por el Presidente de la Rep�blica y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Mediante providencias de 15 y 26 de julio; 20 de agosto; 29 de octubre y 3 de diciembre de 2021; 17 de agosto de 2022 y 13 de marzo de 2023, se admitieron las demandas formuladas en contra del Decreto 333 del 6 de abril de 2021.

Por medio de autos de 15 de julio de 2021, 24 de mayo de 2022 y 13 de marzo de 2023 se acumularon los procesos con radicados n�meros 2021-00194-00, 2021-00164-00, 2021-00165-00, 2021-00182-00, 2021-00193-00, 2021-00195-00, 2021-00196-00, 2021-00223-00 y 2021-00296-00, 2021-00161-00, 2021-00365-00 y 2021-00115-00 al expediente n�mero 2022-00162-00.

A trav�s de prove�do 27 de abril de 2023 se neg� la solicitud de citar a audiencia, previo a resolver la medida cautelar de suspensi�n de efectos del acto administrativo demandado, solicitada por los demandantes Camilo Cuellar Conde y Jonat�n G�mez Fajardo v.

El acto demandado y respecto del cual se solicita la suspensi�n provisional de sus efectos jur�dicos es el Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que establece los siguiente:

6 ABR 2021

"Por el cual se modifican los art�culos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, �nico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci�n de tutela"
EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, y

Que el art�culo 228 de la Constituci�n Pol�tica prev� que el funcionamiento de la administraci�n de justicia ser� desconcentrado y aut�nomo. En concordancia con ello, el art�culo 50 de la Ley 270 de 1996 consagra que "Con el objeto de desean centrar el funcionamiento de la administraci�n de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales, el territorio de la naci�n se divide en distritos judiciales o distritos judiciales administrativos y �stos en circuitos [...].

Que la Corte Constitucional en sentencia C-833 del 11 de octubre de 2006 se�al� que: "Una de las caracter�sticas sustanciales de un Estado unitario como el colombiano, sobre la base de la centralizaci�n pol�tica, es la unidad de las leyes y de la funci�n judicial en todo el territorio del mismo, cuya creaci�n y ejercicio, respectivamente, est�n a cargo de la Naci�n o poder central. El/o explica que el Art. 228 de la Constituci�n establezca que el funcionamiento de la administraci�n de justicia ser� desconcentrado, esto es, que la misma operar� mediante la atribuci�n de dicha funci�n, mediante leyes y reglamentos, a �rganos de orden nacional situados en diversos lugares del territorio del Estado, con un campo de acci�n circunscrito y en todo caso de menor amplitud que aquel."

Que el inciso primero del art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica prev� que "Toda persona tendr� acci�n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s� misma o por quien act�e a su nombre, la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que �stos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica."

Que mediante Decreto 2591 de 1991 se reglament� la acci�n de tutela, y el art�culo 10 consagra que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales est�n legitimados para ejercer la acci�n de tutela. De acuerdo con los art�culos 46 y 47 ibidem, el Defensor del Pueblo puede �[...] interponer acci�n de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que est� en situaci�n de desamparo e indefensi�n. ", y ser� considerado parte en el proceso.

Que los personeros municipales por delegaci�n expresa del Defensor del Pueblo, pueden interponer acciones de tutela o representarlo en las que interponga directamente.

Que el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que "Son competentes para conocer de la acci�n de tutela, a prevenci�n, los jueces o tribunales con jurisdicci�n en el lugar donde ocurriere la violaci�n o la amenaza que motivaren la presentaci�n de la solicitud."

Que la honorable Corte Constitucional, en Auto 044 del 28 de septiembre de 1995 interpret� que la expresi�n "a prevenci�n" se refiere a "[�] que un juez conoce de una causa con exclusi�n de otros que eran igualmente competentes, por hab�rseles anticipado en el conocimiento de ella."

Que el art�culo 1 del Decreto 1382 del 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 estableci� las reglas de reparto de la acci�n de tutela. Estos Decretos fueron compilados en el art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, �nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Que el honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha 18 de julio de 2002, decidi� una demanda de nulidad por inconstitucionalidad contra el Decreto .1382 de 2000 y argument� que "[...] el Presidente de la Rep�blica, mediante el Decreto 1382 de� 2000, ejerci� la potestad reglamentaria respecto de una norma con fuerza de ley, es decir, dentro del �mbito de la competencia que le asigna el art�culo 189-11 de la Constituci�n."

Que asimismo, el honorable Consejo de Estado en sentencia del 18 de julio de 2002 determin� que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 son necesarias para "[...] lograr la desconcentraci�n de la Administraci�n de Justicia, imperativo constitucional y legal que se extiende a la acci�n de tutela y que resultar�a imposible si llegaran a reunirse en un mismo �rgano judicial innumerables solicitudes de amparo, como ocurrir�a, por ejemplo, en un tribunal superior, ante el empe�o de los solicitantes por contar con una sentencia de segundo. grado dictada por la Corte Suprema de Justicia. En �sta situaci�n y en otras similares, se frustrar�a el principio de desconcentraci�n de la Administraci�n de Justicia a pretexto de una facultad ilimitada para escoger al Juez, que desde luego ni la Constituci�n ni las leyes establecen. En segundo t�rmino, porque el reglamento respeta la competencia �prevenci�n� al facultar a los solicitantes para ocurrir ante jueces o tribunales de cualquier especialidad. As� mismo, garantiza el derecho a reclamar la protecci�n en todo lugar, porque ning�n Juez podr� rechazar la solicitud aduciendo no ser competente, sino que tendr� que enviarla a quien lo sea."

Que en este sentido, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo adujo en la misma sentencia, que "[...] ni la Constituci�n ni la ley pueden interpretarse en el sentido de disponer que la solicitud de tutela sea resuelta por el Despacho que elija el reclamante, sin atender en absoluto al principio de desconcentraci�n proclamado en el art�culo 228 de la Carta, ni a la �proporcionalidad de cargas de trabajo� que seg�n el inciso segundo del art�culo 50 de la Ley Estatutaria resulta imprescindible para la cumplida administraci�n de justicia".

Que igualmente, la honorable Corte Constitucional mediante Auto 124 del 25 de marzo de 2009, providencia hito en asuntos de reparto y de competencia de la acci�n de tutela, enfatiz� que "[...] las �nicas normas que determinan la competencia en materia de tutela son el art�culo 86 de la Constituci�n, que se�ala que �sta se puede interponer ante cualquier juez, y el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicaci�n. Mientras que el decreto reglamentario 1382 de 2000 contiene reglas de simple reparto."

Que en la precitada providencia, la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional estableci� las siguientes reglas jurisprudenciales: (i) un error en la aplicaci�n o interpretaci�n de las reglas de competencia contenidas en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991 puede llevar al juez de tutela a declararse incompetente. La autoridad judicial debe, en estos casos, remitir el expediente al juez que considere competente con la mayor celeridad posible, (ii) la equivocaci�n en la aplicaci�n o interpretaci�n de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autoriza al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acci�n o decidir la impugnaci�n, seg�n el caso, (iii) los �nicos conflictos de competencia que existen en materia de tutela son los que se presentan por la aplicaci�n o interpretaci�n del art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991. Estos conflictos ser�n decididos, en principio, por el superior jer�rquico com�n de las autoridades judiciales involucradas o, en su ausencia, por la Corte Constitucional, (iv) ninguna discusi�n por la aplicaci�n o interpretaci�n del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente.

Que la referida providencia se�alo que, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente ser� remitido a aquella a quien se reparti� en primer lugar con el fin de que la acci�n de tutela sea decidida inmediatamente. Lo anterior, sin perjuicio de que la Corte Constitucional o el superior funcional al que sea enviado el supuesto conflicto de competencia, proceda a devolver el asunto, conforme a las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000, en aquellos supuestos en que se presente una distribuci�n caprichosa de la acci�n de tutela fruto de una manipulaci�n grosera de las reglas de reparto contenidas en el mencionado acto administrativo.

Que asuntos como: (i) las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, incluyendo las relacionadas con la seguridad nacional, (ii) las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos, (iN) las acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados que pertenezcan o pertenecieron a la rama judicial (iv) las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi�n e intervenci�n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci�n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci�n o autorizaci�n de funcionamiento, con fundamento en los art�culos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, deben ser debatidos por �rganos judiciales que refuercen la desconcentraci�n de la administraci�n de justicia, preserven la jerarqu�a funcional, y garanticen la unificaci�n jurisprudencial y el inter�s general.

Que de conformidad con lo previsto en los art�culos 188 y 189 de la Constituci�n Pol�tica, el Presidente de la Rep�blica simboliza la unidad nacional, y, en tal condici�n, act�a "como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa", cumpliendo las funciones previstas en tales mandatos.

Que en atenci�n a las funciones que le corresponde cumplir como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa (C.P. arto 189), y dadas las implicaciones que ellas tienen a nivel interno -para la sociedad y el pa�s- y tambi�n en el orden internacional, se justifica que las decisiones que adopte, en caso de que las mismas sean objeto de la acci�n de tutela, s�lo sean revisadas por los m�ximos tribunales.

Que lo anterior no solo busca proteger la seguridad jur�dica, sino garantizar la satisfacci�n del inter�s general mediante el control judicial de las decisiones que se adoptan en representaci�n y en beneficio de la colectividad, protegiendo los intereses de los accionantes y accionados.

ART�CULO 1�.Modificaci�n del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modif�quese el art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedar� as�:

"ART�CULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci�n de tutela. Para los efectos previstos en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer�n de la acci�n de tutela, a prevenci�n, los jueces con jurisdicci�n donde ocurriere la violaci�n o la amenaza que motivare la presentaci�n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p�blica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.

2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p�blica del orden nacional ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor�a.

3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep�blica, del Procurador General de la Naci�n, del Fiscal General de la Naci�n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep�blica, del Contador General de la Naci�n, del Consejo Nacional Electoral, as� como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi�n e intervenci�n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci�n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci�n o autorizaci�n de funcionamiento, con fundamento en los art�culos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser�n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos.

4. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones de los Fiscales y Procuradores ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad judicial ante quien intervienen. Para el caso de los Fiscales que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocer�n en primera instancia y a prevenci�n, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Para el caso de los Procuradores que intervienen ante Tribunales o Altas Cortes, conocer�n en primera instancia y a prevenci�n, los Tribunales Administrativos.

5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada.

6. Las acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporaci�n y se resolver� por la Sala de Decisi�n, Secci�n o Subsecci�n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art�culo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisi�n Nacional de Disciplina Judicial ser�n repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver� por la Sala de Decisi�n, Secci�n o Subsecci�n que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el art�culo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.

Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci�n ordinaria, el conocimiento corresponder� a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo, el conocimiento corresponder� a la jurisdicci�n ordinaria. En los dem�s casos de tutelas promovidas por funcionarios o empleados judiciales, las acciones de tutela ser�n conocidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

9. Las acciones de tutela dirigidas contra los Tribunales de Arbitraje ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la autoridad judicial que conoce del recurso de anulaci�n.

10. Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al art�culo 116 de la Constituci�n Pol�tica, ser�n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

11. Cuando la acci�n de tutela se promueva contra m�s de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se har� al juez de mayor jerarqu�a, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art�culo.

12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos, ser�n repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado.

PAR�GRAFO 1. Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente seg�n lo dispuesto en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, este deber� enviarla al juez que lo sea a m�s tardar al d�a siguiente de su recibo, previa comunicaci�n a los interesados.

PAR�GRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podr�n ser invocadas por ning�n juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia.

PAR�GRAFO 3. Las reglas de repartos previstas en este art�culo no restringen el acceso a la administraci�n de justicia. Las personas pueden interponer la acci�n de tutela ante cualquier juzgado, el cual tendr� la obligaci�n de remitir el caso a la corporaci�n judicial que corresponda.

Tambi�n se podr� solicitar la asistencia del Defensor del Pueblo o de los personeros municipales para interponer la acci�n de tutela.

El Defensor del Pueblo o los personeros municipales, en el marco de sus competencias, deber�n presentar la acci�n de tutela a la corporaci�n judicial que corresponda el caso, de conformidad con las reglas de reparto previstas en el presente decreto.

ART�CULO 2. Modificaci�n del art�culo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015. Modif�quese el art�culo 2.2.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara as�:

"ART�CULO 2.2.3.1.2.4. Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado podr�n determinar que los asuntos relacionados con el conocimiento de la impugnaci�n de fallos de acci�n de tutela sean resueltos por salas de decisi�n, secciones o subsecciones conformadas para tal fin. As� mismo determinar� la conformaci�n de salas de decisi�n, secciones o subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan contra actuaciones de la propia corporaci�n, a las que se refiere el numeral 7 del art�culo 2.2.3.1.2.1 del presente decreto.

PAR�GRAFO 1. Estos reglamentos internos deber�n prever los asuntos relacionados en los numerales 8 y 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015."

ART�CULO 3. Modificaci�n del art�culo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015. Modif�quese el art�culo 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedara as�:

"ART�CULO 2.2.3.1.2.5. Transitoriedad. Las reglas contenidas en el presente Decreto s�lo se aplicar�n a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 6 de abril de 2021. Las solicitudes de tutela presentadas con anterioridad a esta fecha ser�n resueltas por el juez a quien hubieren sido repartidas, as� como la impugnaci�n de sus fallos."

ART�CULO 4. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicaci�n y modifica los art�culos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015.

Como fundamento de la solicitud de suspensi�n provisional, la parte actora sostiene que el numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1 del Decreto 333 de 2021, desconoce los art�culos 86, 150-1, 152, 228 y 229 de la Constituci�n Pol�tica; 1 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 50 de la Ley 270 de 1996, as� como que el acto censurado fue expedido con falsa motivaci�n y desviaci�n de poder.

Estima que se desconoce el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica y el Decreto 2591 de 1991, que otorgan competencia para conocer de la acci�n de tutela a todos los jueces de la Rep�blica a prevenci�n, ya que el acto demandado modifica las reglas de competencia al sustraer de �sta a la mayor�a de los jueces de la Rep�blica. Afirma que, so pretexto de modificaci�n de reglas de simple reparto, se est�n adicionando aspectos nuevos en materia de competencias de la acci�n de tutela, ya que el Decreto 2591 de 1991 en ning�n momento autoriza la concentraci�n de competencias para ciertos asuntos en un solo tribunal, y por tratarse de un Decreto-Ley que regula procedimiento para la protecci�n de derechos fundamentales, la modificaci�n debe hacerse a trav�s del Congreso de la Rep�blica directamente.

Asegura que se vulnera el numeral 1 del art�culo 150 y 152 constitucional, en raz�n a que es competencia del Congreso de la Rep�blica la regulaci�n por medio de las leyes estatutarias de los derechos fundamentales y de los procedimientos y recursos para su protecci�n.

Afirma que, en sentencia de 18 de julio de 2002, se indic� que, aunque el presidente est� facultado para regular aspectos de reparto del Decreto 2591 de 1991 por ser un decreto con fuerza de ley, est� prohibida la concentraci�n de competencias sobre cualquier asunto en un solo tribunal, ya que hacerlo se vulnera el principio de desconcentraci�n previsto en el art�culo 228 constitucional. Indica que los mismos argumentos expuestos en esa providencia son aplicables al caso concreto, toda vez que se concentra en el Consejo de Estado la competencia para conocer los actos expedidos por la presidencia y cualquier otra entidad cuando se trata de asuntos relacionados con erradicaci�n de cultivos il�citos.

Considera que es contradictorio que no sea posible que el reclamante elija el despacho judicial que debe resolver su solicitud de tutela, pero que s� puedan las accionadas modificar dichas competencias y elegir a su arbitrio el juez que conozca de los asuntos promovidos en su contra sin estudios que lo soporten.

Asegura que se desconoce el art�culo 228 de la Constituci�n Pol�tica y el 50 de la Ley 270 de 1996, que establecen que el funcionamiento de la administraci�n de justicia debe ser desconcentrado, principio que no se materializa cuando en un mismo �rgano judicial se re�nen innumerables solicitudes de amparo.

Aduce que se vulnera el derecho al acceso a la administraci�n de justicia previsto en el art�culo 229 constitucional, ya que El Consejo de Estado tiene su sede en Bogot�, lo que genera una barrera para quienes est�n en el resto del pa�s, ya que no todas las personas tienen acceso a la tecnolog�a o no se les puede obligar a que accedan exclusivamente de manera virtual.

De otro lado, alega que el acto demandado se expidi� con falsa motivaci�n por error de hecho y de derecho. Aduce que incurri� en error de hecho porque se fund� en hechos que no son ciertos y verdaderos, ya que, si bien se hace referencia a la desconcentraci�n y descongesti�n, no se presenta estudios o cifras que permitan inferir que se buscan tales prop�sitos. Por su parte, incurri� en error de derecho, toda vez que se citaron los art�culos 86 y 228 de la constituci�n y 37 del Decreto 2591 y la sentencia del 18 de julio de 2002 del Consejo de Estado con una interpretaci�n equivocada, pues se mencionaron para justificar la concentraci�n de competencias, siendo que dichas disposiciones y providencias, por el contrario, se�alan que no se puede concentrar, ya que ello implica desconocer la competencia a prevenci�n de todos los jueces.

Precisa que el acto demandado incurri� en desviaci�n de poder ya que los fines perseguidos no son leg�timos, pues lo que realmente se pretende es evitar decisiones desfavorables a los intereses de la Presidencia por parte de los jueces regionales. Lo anterior, en raz�n a que, de un lado, no hay datos que justifiquen la motivaci�n del acto demandado sobre desconcentraci�n, descongesti�n, unificaci�n jurisprudencial e inter�s general, y de otro, en entrevista del 7 de abril de 2021 en la emisora W radio, el Ministro de Justicia Ruiz Orejuela afirm� que se pretende m�s garant�as para evitar atropellos e indic� que algunos jueces eran corruptos, evidenciando una desconfianza del ejecutivo con los jueces regionales, fin diferente al previsto por el legislador.

Solicita la suspensi�n del inciso 1� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 por cuanto dicha norma desconoce el art�culo 37 del Decreto ley 2591 de 1991 al suprimir la competencia a prevenci�n de los tribunales con jurisdicci�n en el lugar donde ocurriere la violaci�n o amenaza de los derechos fundamentales. Se�ala que es ileg�timo que la norma superior introduzca el factor territorial para determinar la competencia a prevenci�n de jueces y tribunales en las acciones de tutela y la norma inferior suprima tal competencia para los tribunales.

As� mismo, pretende la suspensi�n del numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 por desconocimiento del art�culo 189-11 de la Constituci�n Pol�tica, al estimar que hay un exceso de potestad reglamentaria, ya que deja sin efecto la competencia a prevenci�n de jueces y magistrados por el factor territorial prevista en el decreto ley 2591 de 1991, para legislar y crear una competencia por factor subjetivo en consideraci�n a la calidad presidencial, as� como una competencia por factor objetivo en consideraci�n de las materias precisas que �ste desarrolla en sus actuaciones.

Solicita la suspensi�n provisional del numeral 12 del art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, por vulnerar los principios y derechos consagrados en los art�culos 13, 29, 113, 152 literal a, 189 numeral 11 y 229 de la Constituci�n Pol�tica, 8� de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos.

Se�ala que la medida cautelar es i) id�nea, porque evita de manera inmediata la concentraci�n (v�a decreto reglamentario) de la administraci�n de justicia en materia de derechos fundamentales, as� como tambi�n evita una mayor congesti�n y un alt�simo volumen de trabajo a uno de los despachos judiciales m�s congestionados y con mayor movimiento de procesos dentro de la Rama Judicial; ii) necesaria, como mecanismo para la protecci�n inmediata la administraci�n de justicia, la separaci�n de poderes y la efectividad de los derechos fundamentales; iii) proporcional, como medio para garantizar de manera efectiva la separaci�n de poderes, el acceso a la administraci�n de justicia y el amparo de los derechos fundamentales, ya que el acto censurado concentra la justicia para que el propio Presidente, v�a decreto reglamentario, pueda escoger el juez constitucional que �l considera es el adecuado para que juzgue sus actuaciones.

Alega que, de no otorgarse la cautela, se causa un perjuicio irremediable, ya que i) de manera abierta se vac�an las competencias del legislador v�a decreto reglamentario cuando el Gobierno Central de manera arbitraria y abusiva amplia el sentido de la ley y escoge sus propios jueces; ii) se desnaturaliza el principio de la separaci�n de poderes y el sistema de pesos y contrapesos por cuanto funcionarios del gobierno central pretenden usurpar y desplazar las competencias que la Constituci�n le ha confiado al legislador; iii) las personas que acuden por la protecci�n de sus derechos fundamentales no pueden acudir al juez que la Constituci�n y la ley les asign� sino que deben acudir a una autoridad judicial asignada por una norma de rango infralegal; iv) se afecta el derecho fundamental de acceso a la administraci�n de justicia ya que se tramitar�n acciones de tutela ante uno de los despachos m�s congestionados del pa�s; v) �se est� creando una restricci�n irrazonable y desproporcionada al derecho fundamental a la igualdad formal y material, ya que las personas que pueden presentar acciones de tutela contra altas dignidades del Estado ante Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a ante Tribunales Administrativos son f�ctica y jur�dicamente equiparables a las personas que a partir de la restricci�n que cre� el decreto 333 de 2021 solo pueden interponer acci�n de tutela contra las actuaciones del Presidente ante el Consejo de Estado, y en este sentido pueden ser sujetos de comparaci�n en la medida en que est�n bajo condiciones y semejanzas relevantes en materia de acceso a la administraci�n de justicia.�

Solicita la suspensi�n provisional del numeral 12 del art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, al estimar que el acto demandado incurre en falsa motivaci�n ya que, aunque se expide con el fin de descongestionar el aparato judicial, lo cierto es que concentra y congestiona en una sola autoridad, Consejo de Estado, el reparto de tutelas en contra del Presidente de la Rep�blica.

Afirma que el Presidente ha tenido conflicto con los Juzgados y Tribunales de Nari�o por la pol�tica de gobierno relacionada con la erradicaci�n de cultivos il�citos, en la medida en que dichas autoridades han fallado varias acciones de tutela en contra de sus intereses, por lo que, en su criterio, al advertir tales decisiones desfavorables, el Presidente decide sustraer de dichas autoridades la competencia en tales asuntos.

Se�ala que el decreto demandado viola de manera evidente la Constituci�n Pol�tica y normas del ordenamiento jur�dico nacional, con fundamento en los hechos y las violaciones al ordenamiento jur�dico desarrollados en el escrito de demanda.

Aduce que, con el acto demandado, se permite que las competencias de los jueces de tutela sean alteradas mediante un simple decreto alegando la desconcentraci�n, para luego concentrar en el Consejo de Estado las decisiones de tutela en contra del Presidente de la Rep�blica.

Afirma que el decreto acusado afecta gravemente la divisi�n de poderes y la garant�a de derechos de las comunidades afectadas por la aspersi�n a�rea del glifosato, ya que hist�ricamente se ha frenado la fumigaci�n de cultivos de coca mediante acciones de tutela decididas por los jueces en los territorios.

Se�alan que el numeral 12 del art�culo 1 del Decreto 333 de 2021, al establecer la competencia exclusiva en el Consejo de Estado para conocer y juzgar las acciones de tutela dirigidas contra el Presidente de la Rep�blica y sus actuaciones, viola el art�culo 86 de la Constituci�n y los art�culos 1 y 37 del Decreto 2591 de 1991, ya que desconoce la competencia de los jueces de tutela de conocer a prevenci�n la violaci�n y vulneraci�n de los derechos fundamentales en el lugar donde ocurrieron los hechos.

Estiman que se trasgreden los principios a la administraci�n de justicia y desconcentraci�n judicial consagrados en los art�culos 228 y 229 de la Constituci�n y 50 de la Ley 270 de 1996, en la medida en que restringe el derecho de acceder a la justicia, por cuanto concentra la competencia en el Consejo de Estado, desconociendo la competencia de los jueces constitucionales a nivel territorial.

Resaltan que hay falta de competencia en el Presidente de la Rep�blica y el Ministerio de Justicia y del Derecho para crear normas de competencia por ser de reserva legal, exclusivas del Congreso a trav�s de leyes estatutarias que regulen la administraci�n de justicia y los derechos fundamentales.

Consideran que se incurre en desviaci�n de poder por expedir un acto que rompe con el sistema de pesos y contrapesos, al otorgarse a s� mismo la facultad de asignarse un juez para que conozca las acciones de tutela contra su actuar.

Aducen que es urgente y necesaria la suspensi�n provisional de los efectos de la disposici�n demandada, ya que, desde la Constituci�n de 1991, es la primera vez que un Presidente de la Rep�blica en ejercicio de la residual potestad reglamentaria se atreve a definir la competencia de los �rganos judiciales que deben cumplir la funci�n constitucional de controlar sus actuaciones.

Alegan que el decreto demandado contradice la norma general de competencia de los procesos de tutela fijada en el art�culo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, que establece la competencia de la tutela en cabeza de �los jueces con jurisdicci�n donde ocurriere la violaci�n o la amenaza que motivare la presentaci�n�, ya que somete determinados asuntos a conocimiento del Consejo de Estado, quien tiene �nicamente sede en la ciudad de Bogot�, centro urbano alejado de los conflictos surgidos en aplicaci�n de la pol�tica p�blica de erradicaci�n de cultivos il�citos. Aseguran que las reglas de reparto que establece el acto censurado modifican las condiciones jur�dicas y materiales para acceder a la administraci�n de justicia de una forma eficaz.

Aseveran que, a fin de que se garantice los principios de desconcentraci�n de la Administraci�n de Justicia y de evitar el desbordamiento de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica, se solicita la suspensi�n de manera provisional de los numerales 8 y 12 del art�culo 1 del Decreto No. 333 de 2021.

Aseguran que el Decreto 333 de 2021, en su totalidad, y espec�ficamente en el numeral 12 del art�culo 1, viola los art�culos 4, 86, 113, 114, 150, 152, 189 numeral 11, 228 y 257 de la Constituci�n Pol�tica, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, 50 y 85 de la Ley Estatutaria de la Administraci�n de Justicia (Ley 270 de 1996). Fundamentan la vulneraci�n en la falta de competencia del Presidente de la Rep�blica en la expedici�n del decreto acusado, excediendo los l�mites de su potestad reglamentaria al modificar sustancialmente, v�a decreto reglamentario, las normas que definen la competencia de la acci�n de tutela. Estiman que se reemplaz� el factor territorial introducido por el Decreto Ley 2591 de 1991 en su art�culo 37, por un criterio basado en la autoridad cuya acci�n es impugnada. Alegan que la falta de competencia se sustenta en los argumentos expuestos en el cargo �nico de la pretensi�n principal.

Destacan que se configura un perjuicio irremediable al poner en riesgo el derecho a acceder a la administraci�n de justicia porque: i) se aleja a los jueces de las personas destinatarias de las decisiones, lo que genera un desincentivo simb�lico para presentar las acciones; ii) genera una barrera de acceso ya que, de un lado, no todas las personas tienen acceso a la tecnolog�a para presentar las demandas, y de otro, los juzgados que reciban las demandas f�sicas deber�n realizar lo necesario para convertirlas a digital, lo que representa un desgaste administrativo, y iii) �un grupo de jueces desde un despacho o desde sus casas en Bogot� no tiene el menor acercamiento a la realidad de los accionantes en las regiones ni tiene a su alcance c�mo evidenciar el impacto material de las decisiones�. Alegan que las condiciones particulares de las comunidades, su realidad y problem�tica pueden ser observadas de mejor manera por los jueces de tutela de sus territorios. Agregan que se dilatar� la protecci�n de los derechos fundamentales por el aumento de conflictos de competencia negativa que se van a presentar con ocasi�n del acto demandado.

Aseguran que aplicar el acto censurado puede producir demoras en las decisiones judiciales, en la medida en que el n�mero de procesos que tiene cada despacho en el Consejo de Estado triplica el n�mero de procesos que hay en tribunales y juzgados.

Resaltan que el Decreto 333 no es equivalente al Decreto 1832 de 2000, ya que este �ltimo se expidi� en un verdadero contexto de congesti�n judicial, mientras que el primero designa arbitrariamente el �nico juez que deber� conocer de las acciones de tutela en contra del Presidente.

Alegan que el decreto demandado no especifica qui�n conocer� en segunda instancia las acciones de tutela que se presenten contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, lo que tambi�n puede originar conflictos de competencia negativos que ponen en riesgo la eficacia del sistema judicial, afectando el derecho a la administraci�n de justicia, situaci�n que fue reconocida en su momento por el Consejo de Estado en providencia del 8 de septiembre del 2000 frente al Decreto 1382 de 2000, que incurri� en el mismo vicio.

Solicitan suspender los efectos de los numerales 3 y 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1 del Decreto 333 de 2021, al estimar que vulneran el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, se expidieron sin competencia al desbordar la potestad reglamentaria que establece el art�culo 189-11 de la Constituci�n y adolecen de falsa motivaci�n.

Afirman que las normas demandadas alteran la competencia material de los jueces de tutela, lo que supone una importante desviaci�n de poder que transforma el sistema de protecci�n de derechos fundamentales que se estableci� en el art�culo 86 superior y evidencia una violaci�n directa de la Constituci�n.

Aseguran que la contrastaci�n formal y objetiva de la norma demandada con las normas vulneradas es evidente, lo que puede afectar el sistema de protecci�n de derechos fundamentales.

Por medio de los prove�dos de 15 y 26 de julio; 20 de agosto y 29 de octubre de 2021; 17 de agosto de 2022 y 13 de marzo de 2023, se corri� traslado a la parte demandada, t�rmino dentro del cual el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Presidencia de la Rep�blica y la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado, a trav�s de apoderado judicial, se opusieron a la prosperidad de la medida cautelar, bajo los argumentos que pasan a sintetizarse.

Se�alan que el Presidente de la Rep�blica, como jefe de Estado, jefe de Gobierno y m�xima Autoridad Administrativa, est� habilitado constitucionalmente para �ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la debida ejecuci�n de las leyes�. Alegan que en ejercicio de esa facultad reglamentaria el Gobierno Nacional, a trav�s del Ministerio de Justicia, ha expedido diferentes decretos sobre reglas para el reparto de la acci�n de tutela, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 37 del Decreto-Ley 2591 de 1991, a saber: Decretos 306 de 1992, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

Indican que el Consejo de Estado, al analizar la legalidad del Decreto 1382 de 2000, se�al� que el Presidente de la Rep�blica ejerci� la potestad reglamentaria respecto de una norma con fuerza de ley dentro de la competencia que le asigna el art�culo 189-11 constitucional, la cual es intemporal; por lo que, en el caso particular, el Presidente de la Rep�blica, as� como el Ministerio de Justicia y del Derecho, tienen competencia para reglamentar la forma en que se realiza el reparto de tutelas, ya que dicha regulaci�n corresponde al ejercicio de la potestad que le asigna la Constituci�n en el �rea de su especialidad, que es la administraci�n de justicia.

Aducen que la Constituci�n no fij� una estricta reserva legal para regular lo concerniente a las reglas de reparto de las acciones de tutela, lo cual significa que ciertos aspectos puntuales de este tr�mite s� pueden ser desarrollados por el Ejecutivo, en lo que no haya sido previsto por el Congreso.

Precisan que los preceptos demandados responden a los l�mites de la potestad reglamentaria, sin que el Gobierno se haya arrogado la facultad de �afectar la competencia de los jueces� para conocer de dichas acciones.

Aseguran que el Gobierno, en este caso conformado por la Presidencia de la Rep�blica y el Ministerio de Justicia y del Derecho, s� tiene competencia para reglamentar la forma en que se realiza el reparto de las acciones de tutela, al ser un tema referente al servicio p�blico de justicia (art�culo 2� del Decreto 1427 del 2017).

Afirman que no es cierto que el numeral 1 del art�culo 1� del Decreto 333 de 2021 pretenda limitar el factor de competencia para conocer a prevenci�n las acciones de tutela solamente en cabeza de los jueces en sentido personal, ya que el t�rmino jueces que prev� la disposici�n acusada se utiliza en concordancia con el art�culo 86 de la Carta Pol�tica, en cuanto que se refiere a la autoridad que en forma individual o colegiada soluciona los conflictos judiciales; es decir, tanto jueces en sentido personal, como jueces colegiados, entendiendo por tal a los tribunales y a las m�s altas Corporaciones Judiciales, incluido el Consejo de Estado.

Estiman que el numeral 12 del art�culo 1� del Decreto 333 de 2021 y en general el acto demandado no desconoce los art�culos 86, 150.1 y 152 de la Constituci�n Pol�tica, ni el 37 del Decreto 2591, ya que la norma acusada no prev� reglas de competencia sino de reparto dentro de criterios de racionalidad y de razonabilidad, por lo que no se est� usurpando competencias legislativas relacionadas con la acci�n de tutela.

Alegan que, teniendo en cuenta que no en todos los municipios del territorio nacional se desarrollan acciones relacionadas con los cultivos il�citos, resulta razonable prever que no se concentre en los jueces de los municipios que sufren dicha situaci�n, la carga de asumir todas las acciones de tutela sobre esa materia, y que se distribuya en el organismo superior que unificadamente tiene cobertura en todo el territorio nacional, evitando inseguridad jur�dica en cuanto a decisiones disimiles entre m�ltiples despachos judiciales frente a una materia de trascendencia nacional e internacional, adem�s de que las normas en relaci�n con dicho asunto asignan funciones al respecto a diversas autoridades nacionales.

Destacan que se trata de manejar un criterio unificado y sist�mico en relaci�n con las tutelas relacionadas con dicha materia, con cobertura en todo el territorio nacional, sin excluir la posibilidad de que las acciones de tutela contra las autoridades nacionales all� mencionadas se puedan presentar por los accionantes ante cualquier juez, en cualquier lugar del territorio colombiano.

Se�alan que, de acuerdo con el Auto 016 de 1994 de la Corte Constitucional, la expresi�n �a prevenci�n� significa que �un juez conoce de una causa con exclusi�n de otros que eran igualmente competentes, por hab�rseles anticipado en el conocimiento de ella.�

En ese sentido, concluyen que el numeral 12 acusado no hace m�s que se�alar, a manera de regla de reparto, a uno de todos aquellos jueces que son competentes en todo el pa�s para conocer de las acciones de tutela, en este caso a un juez colegiado como es el Consejo de Estado, para que conozca de las acciones de tutela contra las autoridades nacionales enunciadas en el numeral acusado, entre ellos el Presidente de la Rep�blica.

Resaltan que el numeral 12 del art�culo 1� del Decreto 333 de 2021 tampoco vulnera los art�culos 228 constitucional y 50 de la Ley 270 de 1996, ya que, con el fin de evitar que los jueces de los municipios que sufren las actividades relacionadas con los cultivos il�citos resulten desbordados por la cantidad de tutelas que les presenten, se establece en desarrollo del art�culo 37 del Decreto 2591 una regla de reparto con base en un criterio de equidad y razonabilidad, entre todos los jueces que son competentes, respecto de las tutelas contra el Presidente de la Rep�blica, el Gobierno Nacional y otras autoridades relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos, para que sean conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado, de tal manera que la competencia a prevenci�n establecida en la norma legal no resulte en la concentraci�n de tutelas en unos pocos juzgados, tribunales o altas Cortes; m�xime cuando las normas legales y reglamentarias se�alan a diversas autoridades nacionales para establecer medidas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos.

Insisten que las normas acusadas guardan plena coherencia con lo establecido en la Constituci�n y la Ley, en tanto prev�n mecanismos de reparto que preservan la jerarqu�a funcional y la desconcentraci�n, adem�s de la seguridad jur�dica y el inter�s general al procurar el control judicial de las decisiones que se adoptan en representaci�n y en beneficio de la colectividad, argumentos que se destacan en la motivaci�n del acto censurado y que impiden que se configuren los vicios de falta y falsa motivaci�n alegados por la actora.

Precisan que el acto acusado contribuye a la seguridad jur�dica y permite la unificaci�n jurisprudencial sobre las actuaciones, no solo del Presidente, sino de las actuaciones de la institucionalidad que recae en la Presidencia de la Republica. Se�alan que tener un juez especializado en lo administrativo permite decisiones coherentes y uniformes en representaci�n y beneficio de la colectividad y del inter�s general que prevalece sobre el particular.

Destacan que los art�culos 228 y 230 de la Constituci�n Pol�tica consagran el car�cter independiente y aut�nomo de la administraci�n de justicia, determinando que las decisiones judiciales son independientes y que los jueces est�n sometidos �nicamente al imperio de la ley. Aseguran que no se pretende fijar un juez �nico para evitar que sus actos sean revisados por v�a de tutela, sino que sean revisados en doble instancia ante la alta corte especializada en la materia.

Respecto a la afirmaci�n de que el Decreto 333 de 2021 ha creado a un juez exclusivo en sede de tutela para el Presidente de la Rep�blica, resaltan que la Constituci�n, en su art�culo 113, establece los pesos y contrapesos de las ramas del poder p�blico, por lo que es desafortunado afirmar que, al ser el Consejo de Estado el encargado de juzgar las actuaciones y decisiones del Presidente de la Rep�blica, se afecten la administraci�n de justicia, su imparcialidad o independencia, pues ello denota un sesgo interpretativo de los demandantes en la actuaci�n de esta Corporaci�n que, por mandato constitucional, es el juez natural de las actuaciones, acciones y omisiones de la administraci�n p�blica.

Recuerdan que los actos del Presidente ser�an revisados por el Consejo de Estado en dos instancias, pero, adicionalmente, por la Corte Constitucional en sede de revisi�n o mediante el mecanismo de insistencia.

Aseguran que tampoco se trasgrede el art�culo 229 constitucional ya que la digitalizaci�n de la acci�n de tutela se encuentra en marcha, por lo que cualquier ciudadano con acceso a internet puede interponer una acci�n de tutela por v�a electr�nica en el link https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea; y para aquellos que no tienen acceso a internet existe la posibilidad de que la solicitud de amparo se presente ante cualquier juez del pa�s, en cualquier lugar del territorio nacional, y se remita al Consejo de Estado.

Destacan que no se configura la falsa motivaci�n, dado que el Decreto 333 s� expone, con suficiencia, los fundamentos que sustentaron su expedici�n, tal como consta en su parte considerativa; y, adem�s, en los antecedentes administrativos allegados previamente al proceso.

Aducen que la regla de reparto consagrada en el aparte acusado del numeral 3� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1 del Decreto 333 de 2021, es razonable, pues se trata de acciones de tutela contra procesos de intervenci�n forzosa administrativa o liquidaci�n de las EPS e IPS, incluyendo la medida cautelar de cesaci�n provisional de las acciones que representen riesgo para la vida o integridad de los pacientes o el destino de los recursos del sistema de seguridad social, o de revocatoria del certificado de autorizaci�n del funcionamiento de dichos entes, a cargo de la Supersalud. La especializaci�n de estos procedimientos y los actos derivados de ellos evidencian la necesidad de que los tribunales sean los encargados de fallar tales acciones constitucionales.

Sobre la solicitud de suspensi�n del numeral 8� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1 del Decreto 333 de 2021, se�alan que no se explica ni se exponen fundamentos de hecho y/o de derecho por los cuales deba decretarse la suspensi�n de la disposici�n en menci�n. Por el contrario, este numeral permite establecer pautas de reparto objetivas de la acci�n de tutela cuando las mismas son presentadas por funcionarios de la Rama Judicial; garantiza el acceso a la administraci�n de justicia y permite a su vez que quien toma la decisi�n no vaya a verse afectado por impedimentos, pues se disminuye la posibilidad de que los temas que conozca por esta v�a no se encuentren relacionados con materias propias de su jurisdicci�n respecto de las cuales pueda existir una posici�n particular, lo que, adem�s, fortalece la desconcentraci�n de la administraci�n de justicia, ayuda a preservar la jerarqu�a funcional, garantiza la unificaci�n jurisprudencial y el inter�s general.

Aducen que los cargos planteados por la parte demandante para solicitar la suspensi�n provisional de las disposiciones cuya nulidad reclama no son de simple confrontaci�n con las normas invocadas ni justifican la necesidad de suspenderlas, menos a�n si se tiene que es una de varias reglas de reparto que contiene el acto demando. Indican que los fundamentos de la solicitud no demuestran que efectivamente existe una notoria vulneraci�n del ordenamiento jur�dico, ni tampoco el peligro que representar�a el hecho de no suspenderlos.

Manifiesta que la prosperidad de una medida cautelar est� supeditada a la prosperidad de los elementos de fumus boni iuris (aparencia de buen derecho) y periculum in mora (peligro por la mora). Respecto del primer elemento asegura que consiste en la probabilidad de que la demanda resulte prospera a partir de los hechos expuestos y de las pruebas arrimadas al proceso, situaci�n que en el caso bajo estudio no se da, ya que el actor no acredita que exista una contravenci�n entre el acto censurado y el ordenamiento jur�dico. Asegura que el decreto censurado fue expedido por el Presidente de la Rep�blica en el marco de la potestad reglamentaria que le otorga el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n, dado que reglament� el Decreto 2591, con fuerza de ley, al disponer pautas para una distribuci�n racional del estudio de las acciones de tutela, sin modificar las reglas de competencia previstas en los art�culos 86 de la Constituci�n y 37 de decreto reglamentado, como lo alega el actor. Resalta que las reglas de reparto se hacen imprescindibles para el correcto funcionamiento de la justicia, en la medida en que atienden a criterios racionales y pr�cticos para la divisi�n y reparto del trabajo en la administraci�n de justicia.

Con relaci�n al requisito de periculum in mora indica que corresponde a la carga de demostrar la urgencia de la medida solicitada con el fin de conjurar un perjuicio irremediable derivado de la mora en la decisi�n definitiva respecto de aquello que se reclama en el proceso, elemento que no se acredita, ya que no se explica cu�l es el eventual perjuicio que se generar�a de negar la medida cautelar, o que resulte m�s gravoso para el inter�s p�blico negarla que concederla.

Por �ltimo, alega que tampoco se demostraron los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad integradores del fomus boni iuris y del periculum in mora.

Conforme con lo establecido por el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica, la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo podr� suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnaci�n por v�a judicial, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley.

El C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo defini� un conjunto de requisitos para la procedencia de la medida de suspensi�n provisional �tanto en el medio de control de nulidad como de nulidad y restablecimiento del derecho-, indicando en el inciso primero del art�culo 231 lo siguiente:

�[�] Art�culo 231.- Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. (�).�

En este sentido, la medida de suspensi�n provisional pretende evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide su constitucionalidad y legalidad y para su procedencia resulta necesario que, del an�lisis efectuado por el juez, se concluya que existe violaci�n a las normas invocadas en la demanda o en el escrito contentivo de la solicitud. Sobre este aspecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporaci�n, en providencia de 17 de marzo de 2015, expediente n�mero 2014-0379917, ha dicho:

�[�] Efectuando una interpretaci�n integral y sistem�tica del inciso 1� del art�culo 231 de la Ley 1437 de 2011, entonces, se concluye que para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoraci�n del acto acusado, que com�nmente se ha llamado valoraci�n inicial, y que implica una confrontaci�n de legalidad de aqu�l con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este an�lisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusi�n de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensi�n sumaria, propia de una instancia en la que las partes a�n no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoraci�n inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2� del art�culo 229 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que as� lo sea, dado que su resoluci�n parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisi�n final [�]�

La parte actora alega que el Decreto 333 de 202118 en su totalidad, y espec�ficamente el inciso 1� y los numerales 3, 8 y 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, desconocen los art�culos 86, 150-1, 152, 189-11, 228 y 229 de la Constituci�n Pol�tica; 1 y 37 del Decreto 2591 de 1991, y 50 de la Ley 270 de 1996, as� como que fueron expedidos con falsa motivaci�n y desviaci�n de poder.

5.2.1.1. La parte actora asegura que el acto acusado modific� las competencias para conocer de las acciones de tutela, lo que constituye una extralimitaci�n de la facultad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica prevista en el numeral 11 del 189 constitucional, as� como un desconocimiento de la competencia del Congreso de la Rep�blica para la regulaci�n, por medio de leyes estatutarias, de los derechos fundamentales y de los procedimientos y recursos para su protecci�n prevista en los art�culos 150-1 y 152 de la Constituci�n.

Por su parte, las entidades demandadas afirman que el acto acusado se expidi� en ejerci� de la potestad reglamentaria prevista en el art�culo 189-11 constitucional respecto de una norma con fuerza de ley, y que el Presidente de la Rep�blica, as� como el Ministerio de Justicia y del Derecho, tienen competencia para reglamentar la forma en que se realiza el reparto de tutelas, ya que dicha regulaci�n corresponde al ejercicio de la potestad que le asigna la Constituci�n en el �rea de su especialidad, que es la administraci�n de justicia.

Aducen que la norma acusada no prev� reglas de competencia como lo afirma la parte actora, sino reglas reparto dentro de criterios de racionalidad y de razonabilidad, por lo que no se est� usurpando competencias legislativas relacionadas con la acci�n de tutela, ya que para las reglas de reparto no existe reserva legal.

5.2.1.2. Sobre el particular, es preciso se�alar que, de conformidad con el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, el Presidente de la Rep�blica tiene la facultad de �ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes�.

En el presente caso, con la expedici�n del acto acusado, el Presidente de la Rep�blica ejerci� dicha facultad y reglament� el Decreto 2591 de 1991, �Por el cual se reglamenta la acci�n de tutela consagrada en el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica�, norma que tiene fuerza de ley por haber sido expedida por el Presidente de la Rep�blica en uso de la facultad que de manera excepcional le confiri� el art�culo 5�, literal b) Transitorio de la Constituci�n Pol�tica para reglamentar el derecho de tutela.

Ahora bien, de una primera lectura del decreto demandado, se observa que la reglamentaci�n efectuada por las entidades demandadas no est� relacionada con normas de competencia, sino con reglas de reparto para conocer de las acciones de tutela, asunto respecto del cual esta Corporaci�n ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en sentencia de 18 de julio de 200219, al estudiar la legalidad del Decreto 1382 de 2000, �Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acci�n de tutela�, se�alando que el Presidente de la Rep�blica tiene la facultad de reglamentar el Decreto 2591 de 1991 en ejercicio del art�culo 189 � 11 constitucional, pues dicha atribuci�n se ejerce con el fin de conseguir la cumplida ejecuci�n de la ley que reglamenta, en este caso, la distribuci�n de las acciones de tutela para su conocimiento y decisi�n por parte de los jueces constitucionales.

Ahora, establecer si las reglas de reparto que realiza el Presidente de la Rep�blica a trav�s de decretos reglamentarios no se diferencian de las reglas de competencia, es asunto que debe ser dilucidado en el tr�mite de este medio de control, para decantar con ello el alcance que en esta materia corresponde al poder legislativo y al ejecutivo.

As� las cosas, para el Despacho, en esta etapa procesal no logra advertirse, prima facie, que se vulneren los art�culos 150, 151 y 189-11 de la Constituci�n.

5.2.2. Cargos contra el inciso 1� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021

5.2.2.1. La demandante afirma que el inciso 1� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, al suprimir la competencia a prevenci�n de los tribunales con jurisdicci�n en el lugar donde ocurriere la violaci�n o amenaza de los derechos fundamentales, desconoce el art�culo 37 del Decreto ley 2591 de 1991, que establece el factor territorial para determinar la competencia a prevenci�n en jueces y tribunales.

Por su parte, las entidades demandadas alegan que no es cierto que la citada norma pretenda limitar el factor de competencia para conocer a prevenci�n las acciones de tutela solamente en cabeza de los jueces en sentido personal, ya que el t�rmino jueces que prev� la disposici�n acusada se utiliza en concordancia con el art�culo 86 de la Carta Pol�tica, en cuanto que se refiere a la autoridad que en forma individual o colegiada soluciona los conflictos judiciales; es decir, tanto jueces en sentido personal, como jueces colegiados, entendiendo por tal a los tribunales y a las m�s altas Corporaciones Judiciales, incluido el Consejo de Estado.

5.2.2.2. Pues bien, para decir lo pertinente, es preciso citar la disposici�n acusada, la cual establece:

�ART�CULO 1�. Modificaci�n del art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modif�quese el art�culo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedar� as�:

"ART�CULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci�n de tutela. Para los efectos previstos en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer�n de la acci�n de tutela, a prevenci�n, los jueces con jurisdicci�n donde ocurriere la violaci�n o la amenaza que motivare la presentaci�n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: [�]�

Al respecto, estima el Despacho que, prima facie, le asiste raz�n a las entidades demandadas, ya que, si bien, de una lectura literal de la norma censurada se observa que �nicamente se hace menci�n de los �jueces�, sin incluir a los tribunales, lo cierto es que dicha expresi�n debe entenderse en su sentido amplio, esto es, tanto el juez unipersonal como el juez colegiado; interpretaci�n que recoge el concepto de jueces previsto en el art�culo 86 constitucional20, que consagra que toda persona podr� acudir a la acci�n de tutela para reclamar ante los jueces, la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.

Por lo anterior, no se acceder� a la solicitud de suspensi�n respecto de la norma acusada.

5.2.3. Cargos contra el numeral 3� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021

5.2.3.1. En un ac�pite del escrito de demanda del expediente n�mero 2022-00115-00 se solicit� la suspensi�n parcial de los efectos jur�dicos del numeral 3� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, por vulnerar el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, expedirse sin competencia al desbordar la potestad reglamentaria que establece el art�culo 189-11 de la Constituci�n y adolecer de falsa motivaci�n. As� mismo, se afirm� que la norma demandada altera la competencia material de los jueces de tutela, lo que supone una importante desviaci�n de poder que transforma el sistema de protecci�n de derechos fundamentales que se estableci� en el art�culo 86 superior y evidencia una violaci�n directa de la Constituci�n. Por �ltimo, asegur� que, de la contrastaci�n formal y objetiva de la norma demandada con las normas vulneradas, art�culos 1, 2, 86, 123, 189-11 y 209 de la Constituci�n Pol�tica, es evidente la infracci�n alegada, lo que puede afectar el sistema de protecci�n de derechos fundamentales.

Por su parte, la parte demandada aduce que la regla de reparto consagrada en el aparte acusado del numeral 3� del art�culo 2.2.3.1.2.1. es razonable, pues se trata de acciones de tutela contra procesos de intervenci�n forzosa administrativa o liquidaci�n de las EPS e IPS, incluyendo la medida cautelar de cesaci�n provisional de las acciones que representen riesgo para la vida o integridad de los pacientes o el destino de los recursos del sistema de seguridad social, o de revocatoria del certificado de autorizaci�n del funcionamiento de dichos entes, a cargo de la Supersalud. La especializaci�n de estos procedimientos y los actos derivados de ellos evidencian la necesidad de que los tribunales sean los encargados de fallar tales acciones constitucionales.

5.2.3.2. De acuerdo con lo anterior, advierte el Despacho que, frente a la solicitud de suspensi�n del numeral 3 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, la parte actora se limit� a mencionar los art�culos 1, 2, 86, 123, 189-11 y 209 de la Constituci�n como normas vulneradas, sin explicar concretamente la manera en que dichas disposiciones fueron desconocidas y, por tanto, sin desarrollar el concepto de violaci�n que respalde la petici�n.

Vale la pena resaltar que presentar de manera clara y expresa los argumentos de violaci�n de las disposiciones superiores, es una carga de quien realiza la solicitud, dado que la suspensi�n constituye una excepci�n al principio de legalidad de los actos administrativos y al car�cter ejecutorio de los mismos.

As� las cosas, el estudio de la petici�n no procede respecto de dicha normativa, dado que, desarrollar el concepto de violaci�n que respalde la medida solicitada y exponer las razones puntuales por las que se alega su procedencia, son requisitos se�alados en los art�culos 229 y 231 del CPACA para que sea procedente el decreto de la suspensi�n provisional. En este orden, al no estar sustentadas en la forma en que lo ordena la ley, se hace imposible efectuar la comparaci�n normativa para decidir la pertinencia de la cautela que nos ocupa.

Por lo tanto, no es procedente el estudio de la suspensi�n de los efectos del numeral 3 del art�culo 1� del Decreto 333 de 2021 por la supuesta vulneraci�n de los art�culos 1, 2, 86, 123, 189-11 y 209 de la Constituci�n, ya que, si bien se indic� las disposiciones que se consideran infringidas, lo cierto es que no se expresaron las razones que sustenten tal pretensi�n y que permitan al despacho realizar el correspondiente an�lisis21.

5.2.4. Cargos contra el numeral 8� del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021

5.2.4.1. En un ac�pite del escrito de la demanda del expediente bajo radicado No. 2021-00296-00, la parte actora solicit� como medida provisional la suspensi�n del numeral 8 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, con el fin de garantizar los principios de desconcentraci�n de la Administraci�n de Justicia y evitar el desbordamiento de la potestad reglamentaria del Presidente de la Rep�blica.

La parte demandada se�al� que, en la solicitud de la medida, no se explica ni se exponen los fundamentos de hecho y/o de derecho por los cuales debe decretarse la suspensi�n de la disposici�n en menci�n. En defensa de la norma acusada afirma que �sta permite establecer pautas de reparto objetivas de la acci�n de tutela cuando las mismas son presentadas por funcionarios de la Rama Judicial; garantiza el acceso a la administraci�n de justicia y permite a su vez que quien toma la decisi�n no vaya a verse afectado por impedimentos, pues se disminuye la posibilidad de que los temas que conozca por esta v�a no se encuentren relacionados con materias propias de su jurisdicci�n respecto de las cuales pueda existir una posici�n particular; lo que, adem�s, fortalece la desconcentraci�n de la administraci�n de justicia, ayuda a preservar la jerarqu�a funcional, garantiza la unificaci�n jurisprudencial y el inter�s general.

5.2.4.2. Estima el Despacho que, sobre la solicitud de suspensi�n del numeral 8 del art�culo

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, se deben reiterar los argumentos expuestos en el ac�pite anterior, en la medida en que no es procedente el estudio de la suspensi�n de los efectos de la disposici�n acusada, en raz�n a que no se indicaron las disposiciones que se consideran trasgredidas, as� como tampoco los argumentos que sustentan tal pretensi�n.

5.2.5. Cargos contra el numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021

5.2.5.1.1. Alega la parte actora que el numeral 12 del Decreto 333 de 2021 vulnera la competencia a prevenci�n de los jueces y magistrados por el factor territorial para conocer de las acciones de tutela prevista en los art�culos 86 constitucional y 37 del Decreto 2591, toda vez que, so pretexto de modificar las reglas de reparto, se crean nuevas reglas de competencia. Espec�ficamente, competencia por factor subjetivo, en consideraci�n a la calidad presidencial, y por factor objetivo, debido a las materias precisas que �ste desarrolla en sus actuaciones.

Aduce que la disposici�n acusada trasgrede los art�culos 228 constitucional y 50 de la Ley 270 de 1996, que establecen que el funcionamiento de la administraci�n de justicia debe ser desconcentrado, ya que, si bien se alega como fundamento la desconcentraci�n, lo cierto es que se concentra en el Consejo de Estado las decisiones de tutela en contra del Presidente de la Rep�blica y se sustrae la competencia a la mayor�a de los jueces de la Rep�blica.

Estima que se vulnera el art�culo 229 constitucional, ya que, al concentrar la competencia en el Consejo de Estado, se restringe el derecho de acceder a la justicia, excluyendo la competencia de los jueces constitucionales a nivel territorial. Agrega que, al tener el Consejo de Estado su sede en Bogot�, se genera una barrera para quienes est�n en el resto del pa�s, ya que no todas las personas tienen acceso a la tecnolog�a o no se les puede obligar a que accedan exclusivamente de manera virtual. Destaca que tambi�n se trasgrede el acceso a la administraci�n de justicia en cuanto que se aleja al juez de tutela de los destinatarios de sus decisiones, y se impide que las condiciones particulares de las comunidades, su realidad y problem�tica, pueden ser conocida por quienes, en su criterio, mejor conocen la realidad de las regiones, esto es, los jueces de tutela de sus territorios. Por �ltimo, considera que se dilata la protecci�n de los derechos fundamentales por el gran n�mero de procesos que tiene el Consejo de Estado y por el aumento de conflictos de competencia negativa que se van a presentar con ocasi�n del acto demandado, as� como por no especificar qui�n conocer� en segunda instancia las acciones de tutela que se presenten contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica.

Por su parte, las autoridades demandadas manifiestan que no es cierto que se desconozca el principio de desconcentraci�n de justicia, ya que, precisamente, con el fin de evitar la congesti�n de los jueces de los municipios que sufren las actividades relacionadas con los cultivos il�citos, se estableci� una regla de reparto con base en un criterio de equidad y razonabilidad, entre todos los jueces que son competentes. Resaltan que dicho reparto contribuye a la seguridad jur�dica y permite la unificaci�n jurisprudencial sobre las actuaciones del Presidente y de la institucionalidad que recae en la Presidencia de la Republica. Se�alan que tener un juez especializado en lo administrativo permite decisiones coherentes y uniformes en beneficio del inter�s general y a su vez en el fortalecimiento de la desconcentraci�n de la administraci�n de justicia.

Adicionalmente, indican que los actos del Presidente de la Rep�blica son revisados por el Consejo de Estado en doble instancia y tambi�n por el m�ximo �rgano de la jurisdicci�n constitucional, ya que este �ltimo los puede conocer en sede de revisi�n o mediante el mecanismo de insistencia.

Resalta que lo anterior no excluye la posibilidad de que las acciones de tutela contra las autoridades nacionales all� mencionadas se puedan presentar por los accionantes ante cualquier juez, en cualquier lugar del territorio colombiano.

5.2.5.1.2. Para decidir lo pertinente, es preciso citar las normas que se consideran vulneradas; espec�ficamente, los art�culos 86, 228 y 229 de la Constituci�n Pol�tica, 50 de la Ley 270 de 1996 y 37 del Decreto 2591 de 1991, los cuales establecen:

�ARTICULO 86. Toda persona tendr� acci�n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s� misma o por quien act�e a su nombre, la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que �stos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica.

La protecci�n consistir� en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, act�e o se abstenga de hacerlo. El fallo, que ser� de inmediato cumplimiento, podr� impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, �ste lo remitir� a la Corte Constitucional para su eventual revisi�n.

Esta acci�n solo proceder� cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En ning�n caso podr�n transcurrir m�s de diez d�as entre la solicitud de tutela y su resoluci�n.

La ley establecer� los casos en los que la acci�n de tutela procede contra particulares encargados de la prestaci�n de un servicio p�blico o cuya conducta afecte grave y directamente el inter�s colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinaci�n o indefensi�n.� (Subrayas fuera del texto original)

ARTICULO 228. La Administraci�n de Justicia es funci�n p�blica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones ser�n p�blicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer� el derecho sustancial. Los t�rminos procesales se observar�n con diligencia y su incumplimiento ser� sancionado. Su funcionamiento ser� desconcentrado y aut�nomo. (Subrayas fuera del texto original)

ARTICULO 229.Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administraci�n de justicia. La ley indicar� en qu� casos podr� hacerlo sin la representaci�n de abogado. (Subrayas fuera del texto original)

Por su parte, el art�culo 50 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administraci�n de Justicia, establece:

�ART�CULO 50. DESCONCENTRACI�N Y DIVISI�N DEL TERRITORIO PARA EFECTOS JUDICIALES. Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administraci�n de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales, el territorio de la naci�n se divide en distritos judiciales o distritos judiciales administrativos y �stos en circuitos. En la jurisdicci�n ordinaria, los circuitos estar�n integrados por jurisdicciones municipales.

La divisi�n judicial podr� no coincidir con la divisi�n pol�tico administrativa y se har� procurando realizar los principios de f�cil acceso, proporcionalidad de cargas de trabajo, proximidad y f�cil comunicaci�n entre los distintos despachos, cercan�a del juez con los lugares en que hubieren ocurrido los hechos, oportunidad y celeridad del control ejercido mediante la segunda instancia y suficiencia de recursos para atender la demanda de justicia�.

Por otro lado, el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acci�n de tutela consagrada en el art�culo 86 de la Constituci�n Pol�tica, prev�:

�ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acci�n de tutela, a prevenci�n, los jueces o tribunales con jurisdicci�n en el lugar donde ocurriere la violaci�n o la amenaza que motivaren la presentaci�n de la solicitud.

El que interponga la acci�n de tutela deber� manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertir� sobre las consecuencias penales del falso testimonio.

De las acciones dirigidas contra la prensa y los dem�s medios de comunicaci�n ser�n competentes los jueces de circuito del lugar.� (Subrayas fuera del texto original)

5.2.5.1.3. Pues bien, la jurisprudencia constitucional22 ha precisado que los art�culos 86 de la Constituci�n Pol�tica y 37 del Decreto 2591 de 1991 prev�n los factores de competencia para conocer la acci�n de tutela en los siguientes t�rminos:

�[�], de conformidad con los art�culos 86 y 8� transitorio (introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017) de la Constituci�n, as� como los art�culos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignaci�n de competencia en materia de tutela, a saber: (i)el factor territorial, en virtud del cual son competentes �a prevenci�n� los jueces con jurisdicci�n en el lugar donde (a) ocurre la vulneraci�n o la amenaza que motiva la presentaci�n de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos23; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicaci�n, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicci�n Especial para la Paz, cuya resoluci�n corresponde al Tribunal para la Paz24 y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnaci�n a una acci�n de tutela y que implica que �nicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condici�n de �superior jer�rquico correspondiente�25 en los t�rminos establecidos en la jurisprudencia26.� (Subrayas fuera del texto original)

Espec�ficamente respecto del art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, el m�ximo tribunal constitucional ha se�alado que, en virtud del principio pro homine27, al momento de definir la competencia por el factor territorial para conocer de las acciones de tutela, el demandante puede interponer la solicitud ante: i) el juez o tribunal con jurisdicci�n en el lugar donde ocurriere la violaci�n de los derechos invocados, ii) el juez o tribunal con jurisdicci�n en el lugar donde ocurriere la amenaza de los derechos fundamentales o, iii) el juez o tribunal con jurisdicci�n en el lugar donde se produjeren los efectos de la vulneraci�n o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales invocados28.

Adicionalmente, este alto tribunal ha indicado que el criterio de competencia �a prevenci�n� significa que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con el art�culo 86 constitucional y 37 del Decreto 2591, puede conocer y fallar la acci�n de tutela.

As� mismo, ha precisado que el criterio de competencia a prevenci�n est� determinado por la elecci�n que realice el accionante entre los jueces que cuenten con la competencia territorial para conocer el asunto, por lo que, si hay desacuerdo en este factor, se preferir� la escogencia que haya realizado el actor29. En efecto, sobre el particular se�al�30:

�[�] El criterio de competencia �a prevenci�n�, a su vez, significa que existe un inter�s del ordenamiento jur�dico por proteger la libertad del actor en relaci�n con la posibilidad de elegir al juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad que, si bien est� sometida a las reglas fijadas en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991 (factor territorial), resulta garantizada por el orden vigente al ofrecer la posibilidad de escoger la especialidad del juez de tutela competente. En consecuencia, cuando exista una divergencia entre los criterios que definen el alcance del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la escogencia hecha por el demandante [�]31. (Subrayas y negrita fuera del texto original)

Ahora bien, la disposici�n acusada, numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, reza lo siguiente:

�12. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos, ser�n repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado. [�]�

La norma trascrita establece dos reglas de reparto; la primera corresponde a las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, incluidas las de seguridad nacional; y la segunda, las relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos; en los dos casos ser�n repartidas para conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado. esta �ltima, cuando la actuaci�n no le es atribuible al Gobierno Nacional (que se integra por el Presidente de la Rep�blica, ministro o director de departamento administrativo), sino que corresponde a �(�) otras autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos�, el Despacho estima, de manera preliminar, que vulnera la regla de competencia prevista en el art�culo 37 del Decreto 2591 de 1991, en la medida en que limita la posibilidad que tiene la parte actora de escoger el juez que va a conocer y tramitar su solicitud de amparo, esto es, de presentar la tutela ante el juez con jurisdicci�n en el lugar donde ocurre la violaci�n o amenaza de los derechos fundamentales, o ante el juez con jurisdicci�n en el lugar donde se producen los efectos de dichas conductas.

En efecto, al establecer que las acciones de tutela relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos ser�n repartidas para conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado, en casos en que no interviene el Presidente de la Rep�blica, directamente o conformando el gobierno nacional, se deja de lado la competencia a �prevenci�n�, que faculta al actor de tutela, teniendo en cuenta el factor territorial, de escoger la especialidad; ya que, sin justificaci�n alguna, se reduce en una sola corporaci�n judicial la asignaci�n por reparto de las acciones de tutela relacionadas con dicho asunto.

Adicionalmente, de un examen inicial, observa el Despacho que la regla de reparto relacionada con la erradicaci�n de cultivos il�citos, cuando no se trata de actuaciones del Presidente de la Rep�blica o del Gobierno Nacional, tambi�n desconoce el art�culo 228 de la Constituci�n que prev� la desconcentraci�n de la administraci�n de justicia, en raz�n a que, independientemente del lugar donde ocurra la violaci�n o amenaza de los derechos fundamentales o donde se produzcan sus efectos, remite a un solo juez la asignaci�n de las acciones de tutela de que trata la disposici�n censurada.

Ahora bien, alega la parte demandada que la citada regla de reparto se implement� con el fin de descongestionar a los jueces territoriales donde se estaba concentrando el conocimiento de determinadas acciones de tutela relacionadas con cultivos il�citos, as� como para generar seguridad jur�dica y unificar la jurisprudencia.

Sobre el particular, este Despacho debe se�alar que, en principio, no observa c�mo se logra la desconcentraci�n que alega la demandada cuando precisamente se re�ne en una sola corporaci�n judicial el reparto de dichos asuntos.

De otra parte, estima el Despacho que eventualmente se trasgrede el art�culo 229 de la Constituci�n, ya que, si bien es posible presentar la solicitud de amparo ante cualquier juez de la Rep�blica, como lo alega la parte demandada, lo cierto es que se restringe su reparto, conocimiento y tr�mite a una autoridad judicial, restringiendo as� mismo la libertad del actor de elegir al juez de acuerdo con el factor territorial, lo que puede constituir una limitaci�n al derecho fundamental al acceso a la administraci�n de justicia.

En raz�n de lo anterior, el Despacho encuentra, prima facie, que la expresi�n �as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias de(l) (�) autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos�, distintas del Presidente de la Rep�blica o del gobierno nacional, de que trata el numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, objeto de la solicitud de medida cautelar de suspensi�n provisional, vulnera prima facie los art�culos 228 y 229 de la Constituci�n Pol�tica, 50 de la ley 270 de 1996 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

En este punto, es preciso se�alar que no le asiste raz�n a la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado � ANDJE cuando afirma que no puede prosperar la medida cautelar al no estar acreditados los elementos de fumus boni iuris(aparencia de buen derecho) y periculum in mora(peligro por la mora), ya que esta Secci�n ha se�alado que, cuando se acredita prima facie que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entienden impl�citos dichos requisitos. Al respecto, en la providencia de 13 de mayo de 202132, la Sala indic�:

�[�] cuando se trata de medidas cautelares de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo por vulnerar el ordenamiento jur�dico superior, si se acredita prima facie esa vulneraci�n, de manera impl�cita se satisfacen los requisitos del perjuicio por la mora, �periculum in mora�, y apariencia de buen derecho, �fumus boni iuris�, predicables respecto de todo tipo de medidas cautelares, pues en un Estado de Derecho estos elementos siempre concurren cuando se trata de la efectiva transgresi�n del ordenamiento jur�dico por parte de las autoridades p�blicas. [�]�

Sin embargo, el mismo an�lisis no es posible realizarlo respecto de la regla de reparto contenida en la primera parte del numeral 12, esto es, las acciones de tutela contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, y menos a�n de aquellas relacionadas con la seguridad nacional; como tampoco las actuaciones de esta autoridad relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos, directamente o en conjunto con ministros o directores de departamento administrativo que concurren en la formaci�n del gobierno nacional, pues tales medidas tienen alcance nacional y las decisiones en tutela que deben adoptarse sobre el particular no tienen simple repercusi�n territorial o regional.

En efecto, este Despacho no advierte prima facie la vulneraci�n de las normas invocadas respecto de la anterior regla de reparto, ya que debe tenerse en cuenta que los asuntos que corresponden al Presidente de la Rep�blica en el ejercicio de sus funciones tienen efectos a nivel nacional e incluso internacional; lo que, en principio, justificar�a que sus decisiones, cuando fueren objeto de una acci�n de tutela, sean del conocimiento del Consejo de Estado en sus instancias.

As� las cosas, en esta etapa procesal no es procedente suspender la regla de reparto correspondiente, ya que, se reitera, la especial condici�n del Presidente o del gobierno nacional y el estar involucrado el inter�s de todo el pa�s por la naturaleza y el alcance de sus decisiones, explica, en un primer momento, que las solicitudes de amparo en contra de las actuaciones del Presidente de la Rep�blica sean conocidas por este Alto Tribunal.

En el anterior contexto, el Despacho no encuentra, prima facie, que las expresiones �Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional�, �as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional (�) relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos�, y �ser�n repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado�, contenidas en el numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, objeto de la solicitud de medida cautelar de suspensi�n provisional, vulneren los art�culos 228 y 229 de la Constituci�n Pol�tica, 50 de la ley 270 de 1996 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

Por �ltimo, el Despacho no se referir� a los cargos de falsa motivaci�n y desviaci�n de poder, ya que un pronunciamiento como el pretendido en este caso por la parte actora, esto es, que la motivaci�n del acto es falsa o que no es leg�timo el inter�s de la administraci�n para expedir el acto censurado, debe ser definido en la sentencia donde se estudie el fondo del asunto, atendiendo los fundamentos de las pretensiones de las demandas y los argumentos de las entidades demandadas, as� como el acervo probatorio y las alegaciones de las partes, pronunciamiento que no es propio de esta etapa procesal.

Atendiendo lo dispuesto en los art�culos 75 y 76 del C�digo General del Proceso, el poder termina con la radicaci�n en la secretar�a del escrito en virtud del cual se designe otro apoderado; y como el �ndice No. 58 del expediente electr�nico33 la Presidencia de la Rep�blica constituy� nueva apoderada, se reconoce personer�a a la abogada LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR, para que represente los intereses de dicha autoridad. As� mismo, t�ngase por terminado el poder que fue otorgado al abogado Andr�s Tapias Torres, a quien se le reconoce personer�a por las actuaciones realizadas como apoderado de la Presidencia de la Rep�blica.

Reconocer personer�a al abogado MIGUEL �NGEL GONZ�LEZ CHAVES, como apoderado de la demandada Naci�n � Ministerio de Justicia y del Derecho para que represente los intereses de la entidad dentro del proceso de la referencia, de conformidad con la delegaci�n y anexos que obran en el �ndice No. 59 del expediente electr�nico34.

Reconocer personer�a al abogado C�SAR AUGUSTO M�NDEZ BECERRA, para que represente los intereses de la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado � ANDJE dentro del proceso de la referencia, de conformidad con la delegaci�n y anexos que obran en el �ndice No. 34 del expediente electr�nico35.

PRIMERO:Negar la medida cautelar de suspensi�n de la totalidad del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, por las razones expuestas en la presente providencia.

SEGUNDO:Negar la suspensi�n provisional del inciso 1� y numerales 3 y 8 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, por los motivos expuestos en la parte motiva de este prove�do.

TERCERO: Decretar la suspensi�n provisional de la expresi�n �as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias de(l) (�) autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos�, del numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Negar la suspensi�n provisional de los efectos las expresiones �Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional�, �as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional (�) relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos�, y �ser�n repartidas para su conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado�, del numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art�culo 1� del Decreto 333 de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Reconocer personer�a a la abogada LAURA ALEJANDRA CONTRERAS SALAZAR para que represente los intereses de la entidad demandada, Presidencia de la Rep�blica, de conformidad con el poder y los anexos que obran en el �ndice No. 58 del expediente electr�nico.

SEXTO: T�ngase por terminado el poder que fue otorgado al abogado Andr�s Tapias Torres, a quien se le reconoce personer�a por las actuaciones realizadas como apoderado de la Presidencia de la Rep�blica.

S�PTIMO: Reconocer personer�a al abogado MIGUEL �NGEL GONZ�LEZ CHAVES, como apoderado de la demandada Naci�n � Ministerio de Justicia y del Derecho para que represente los intereses de la entidad, de conformidad con la delegaci�n y anexos que obran en el �ndice No. 59 del expediente electr�nico.

OCTAVO: Reconocer personer�a al abogado C�SAR AUGUSTO M�NDEZ BECERRA, para que represente los intereses de la Agencia Nacional de Defensa Jur�dica del Estado � ANDJE dentro del proceso de la referencia, de conformidad con la delegaci�n y anexos que obran en el �ndice No. 34 del expediente electr�nico.

Niega Medida Cautelar��(de suspensi�n de la totalidad del )�DECRETO_333_2021_06/04/2021
Suspende provisionalmente��(la expresi�n � as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias de(l) (�) autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos �, del numeral 12 del art�culo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el )�Art�culo 1�DECRETO_333_2021_06/04/2021
Niega la suspensi�n provisional��(de los efectos las expresiones �Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep�blica, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional�, �as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias del Gobierno Nacional (�) relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos� , y �ser�n repartidas para su conocimiento en primera instancia al Consejo de Estado� , del numeral 12 del )�Art�culo 2.2.3.1.2.1.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Niega la suspensi�n provisional��(del inciso 1� y numerales 3 y 8 del )�Art�culo 2.2.3.1.2.1.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015
Suspende provisionalmente��(de la expresi�n � as� como, las actuaciones administrativas, pol�ticas, programas y/o estrategias de(l) (�) autoridades, organismos, consejos o entidades p�blicas relacionadas con la erradicaci�n de cultivos il�citos �, del numeral 12 del )�Art�culo 2.2.3.1.2.1.�DECRETO_1069_2015_26/05/2015

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electr�nicamente en la sede electr�nica para la gesti�n judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con la ley.

15 El escrito radicado el 30 de julio de 2021, por medio del cual Presidencia de la Rep�blica y Ministerio de Justicia y del Derecho descorrieron el traslado de la medida cautelar solicitada dentro de los expedientes bajo radicados 2021-00162 y 2021-00164 se radic� de forma extempor�nea, teniendo en cuenta que el plazo venci� el 29 de julio de esa misma anualidad.

17 Expediente rad. 11001 03 15 000 2014 03799 00, C.P. Sandra Lisset Ibarra V�lez.

18 �Por el cual se modifican los art�culos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, �nico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acci�n de tutela�.

19 Consejo de Estado, Secci�n Primera, Sentencia de 18 de julio de 2002, Radicaci�n n�mero: 11001-03-24-000-2000-06414-01 (Acumulados 6414-6424-6447-6452-453-6522-6523-6693-6714-7057), Actor: Franky Urrego Ortiz y otros, Demandado: Gobierno Nacional, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

20 �ART�CULO 86. Toda persona tendr� acci�n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien act�e a su nombre, la protecci�n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acci�n o la omisi�n de cualquier autoridad p�blica. [�]�

21 Sobre el requisito de sustentar la solicitud de las medidas cautelares se puede consultar el Auto de 21 octubre de 2013 proferido por el Consejo de Estado, Secci�n Primera, Rad. No. 11001 0324 000 2012 00317 00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; posici�n que se reiter� en providencia de 24 de octubre de 2022, expediente No. 11001 03 24 000 2021 00159 00, C.P. Oswaldo Giraldo L�pez.

24 Cita Original. El art�culo transitorio 8 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia de 1991 (introducido a partir del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: �Las peticiones de acci�n de tutela deber�n ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, �nico competente para conocer de ellas.� (negrillas fuera del texto original)

26 Cita original. De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017, debe entenderse que por la expresi�n �superior jer�rquico correspondiente�: �aquel que de acuerdo con la jurisdicci�n y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surti� la primera instancia, funcionalmente funge como superior jer�rquico�. (negrillas fuera del texto original)

27 Sentencia C-438 de 2013. �El principio pro persona, impone que �sin excepci�n, entre dos o m�s posibles an�lisis de una situaci�n, se prefiera [aquella] que resulte m�s garantista o que permita la aplicaci�n de forma m�s amplia del derecho fundamental�.

28 Auto 185 de 2007, posici�n reitera por la Corte Constitucional, entre otros, en los siguientes pronunciamientos: Autos 221 de 2007, 143 de 2008, 146 de 2009, 244 de 2011 y 636 de 2017

31 Cita original. V�anse, por ejemplo, los autos 146 de 2009 (MP Cristina Pardo Schlesinger), 286 de 2015 (MP Luis Guillermo Guerrero P�rez), 352 de 2016 (MP Alberto Rojas R�os), 536 de 2016 (MP Luis Guillermo Guerrero P�rez), 452 de 2017 (MP Iv�n Humberto Escrucer�a Mayolo), 636 de 2017 (MP Diana Fajardo Rivera), 719 de 2017 (MP Alejandro Linares Cantillo), 145 de 2018 (MP Alejandro Linares Cantillo), 158 de 2018 (MP Luis Guillermo Guerrero P�rez), 179 de 2018 (MP Diana Fajardo Rivera), 224 de 2018 (MP Diana Fajado Rivera).

32 Consejo de Estado, Secci�n Primera, Rad 54001-23-33-000-2018-00285-01, CP. Oswaldo Giraldo L�pez. Posici�n reiterada en las providencias de 12 de noviembre de 2021, Rad. 11001-03-24-000-2020-00533-00, C.P. Nubia Margoth Pe�a Garz�n y Auto de 14 de diciembre de 2022, Rad. 11001-0324-000-2020-00533-00, C.P. Hernando S�nchez S�nchez.