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100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030045232AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001-03-24-000-2020-00406-00202313/02/2023AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001-03-24-000-2020-00406-00__2023_13/02/2023300452632023

Sentencias de NulidadNubia Margoth Pe�a Garz�nWILLIAM ALFONSO VALENCIA RODR�GUEZ falseDecreto 632 de 12 de abril de 2019, Art�culos 7�, 28 y 31 del Decreto 173 de 5 de febrero 2001, Art�culo 4� del Decreto 1120 de 26 de junio de 2019 Identificadores10030296772true1437182original30255588Identificadores

Norma demandada: �Decreto 632 de 12 de abril de 2019, Art�culos 7�, 28 y 31 del Decreto 173 de 5 de febrero 2001, Art�culo 4� del Decreto 1120 de 26 de junio de 2019

El Despacho procede a resolver la solicitud de la medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos cuestionados a trav�s del medio de control de la referencia.

El ciudadano WILLIAM ALFONSO VALENCIA RODR�GUEZ, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA1 , present� demanda ante esta Corporaci�n tendiente a obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensi�n provisional, de los efectos de los siguientes actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional:

Decreto 632 de 12 de abril de 2019, expedido por el Ministerio de Transporte, �Por el cual se modifica, adiciona y deroga algunas disposiciones de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte�.

Art�culos 7�, 28 y 31 del Decreto 173 de 5 de febrero 2001, �Por el cual se reglamenta el Servicio P�blico de Transporte Terrestre Automotor de Carga�.

Art�culo 4� del Decreto 1120 de 26 de junio de 2019, �Por el cual se modifican unos art�culos de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte�.

A juicio del demandante, las disposiciones cuestionadas desconocen el principio de separaci�n de poderes, el principio de presunci�n de legalidad de los actos de registro inicial y los derechos de defensa y contradicci�n de los afectados.

Sostiene que las restricciones que son aplicadas como consecuencia de la identificaci�n de veh�culos con omisiones en sus registros iniciales han generado da�os econ�micos, por la imposibilidad de prestar el servicio.

Explica los cargos de violaci�n de las disposiciones acusadas, de la siguiente manera:

�De la inexistencia de las facultades del GN para dictar reglamentaci�n de omisiones en el registro inicial de un veh�culo automotor�

Asegura que mediante el decreto acusado el Gobierno Nacional expidi� la reglamentaci�n para resolver la situaci�n administrativa de los veh�culos que presentan omisiones en su registro inicial, sin que existiera norma habilitante que le otorgue competencia para tal efecto.

�De la inconstitucionalidad e ilegalidad de la anotaci�n realizada en el RUNT-RNDC de aquellos veh�culos que presentan las omisiones en su registro inicial�

Argumenta que el art�culo 5� del Decreto 632 de 2019, acusado, prev� que el proceso de identificaci�n de veh�culos de transporte de carga que presenten omisiones en su registro inicial concluye con la anotaci�n en el Registro �nico de Tr�nsito -RUNT2 y en el Registro Nacional de Despachos de Carga -RNDC3 , sin que tal procedimiento atienda a lo previsto en los art�culos 34 a 43 del CPACA.

Precisa que el procedimiento creado transgrede el derecho de defensa y contradicci�n del afectado, porque no da la oportunidad para su ejercicio.

�De la inconstitucionalidad e ilegalidad por la violaci�n del principio de presunci�n de legalidad del acto de matr�cula - registro inicial�

Manifiesta que el registro inicial de un veh�culo es un acto administrativo que tiene presunci�n de legalidad, por lo que su cuestionamiento debe ce�irse a los mecanismos previstos en el ordenamiento.

�De la inconstitucionalidad e ilegalidad de las prohibiciones � restricciones de operaci�n�

Alega que, sin tener competencia, el Decreto 632 de 2019 en sus art�culos 10� y 11 estableci� la prohibici�n para el generador de la carga o la empresa de transporte de contratar la prestaci�n del servicio con veh�culos que tengan omisiones en su registro de tr�nsito, aspecto que por corresponder al servicio p�blico de transporte es del resorte del Congreso, de acuerdo con el numeral 23 del art�culo 150 de la Constituci�n Pol�tica.

�De la ilicitud del establecimiento del manifiesto de carga como documento para la operaci�n del servicio p�blico de transporte terrestre�

Expone que las disposiciones demandadas prev�n el manifiesto de carga en el sistema de transporte de mercanc�a, sin que dicho documento est� identificado en una norma de rango legal.

Pone de presente que el Ministerio de Transporte4 en otra reglamentaci�n hab�a creado un documento denominado �Planilla de Despacho�, que soportaba la operaci�n de los equipos de transporte p�blico de pasajeros; no obstante, dicha exigencia fue declarada nula por el Consejo de Estado5 porque no era un documento previsto en norma de orden legal.

�De la inconstitucionalidad e ilegalidad por inexistencia de norma que autorizara al Gobierno Nacional para establecer el documento de certificado de cumplimiento de requisitos como requisito para otorgar el acto administrativo de � registro inicial�

Indica que en el art�culo 4� del Decreto 1120 de 2019 est� previsto que para obtener el registro inicial de un veh�culo se debe aportar el certificado de cumplimiento de requisitos que reglamente el Ministerio.

Arguye que el art�culo 2� de la Ley 769 de 6 de julio de 20026 autoriz� a los organismos de tr�nsito para adelantar el proceso de registro inicial de los veh�culos, raz�n por la cual no hay fundamento legal para que el Ministerio se atribuya la competencia para verificar el cumplimiento de requisitos en el desarrollo de dicho tr�mite.

III.1.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP�BLICA se opone a la prosperidad de la solicitud de la medida cautelar elevada por el actor.

Para tal efecto, afirma que si bien la solicitud se sustenta en la presunta vulneraci�n de varias disposiciones, lo cierto es que los disensos del actor se concretan en la presunta falta de competencia del Gobierno Nacional para expedir las normas cuestionadas.

Sostiene que el Gobierno Nacional s� ten�a facultades y competencias para la expedici�n de los actos acusados, de acuerdo con el literal b) del art�culo 2� de la Ley 105 de 30 de diciembre 19937 , los numerales 1 y 2 del art�culo 3� de la misma norma y lo dispuesto en la Ley 336 de 20 de diciembre 19968 .

Anota que la medida solicitada por el demandante incumple con la carga argumentativa exigida por el art�culo 229 del CPACA, dado que tan solo se limit� a afirmar que el Gobierno Nacional no ten�a competencia para expedir los mismos, sin explicar la raz�n o fundamentos de la presunta afectaci�n.

III.2.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE se�ala que conforme con los numerales 1 y 2 del art�culo 3� de la Ley 105 de 1993, la operaci�n del transporte p�blico en Colombia es un servicio p�blico bajo la regulaci�n del Estado, el cual ejerce el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestaci�n, en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

Manifiesta que de acuerdo con el art�culo 37 de la Ley 769 de 2002, el registro inicial de un veh�culo puede hacerse en cualquier organismo de tr�nsito y sus caracter�sticas t�cnicas y de capacidad deber�n estar homologadas por la m�xima autoridad de tr�nsito para su operaci�n en las v�as del territorio nacional.

Asevera que mediante sentencia de 29 de septiembre de 2011, proferida dentro de la acci�n popular identificada con el n�mero �nico de radicaci�n 11001-3331-019-2007-00735-00, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le orden� ejercer control de las gestiones tendientes a depurar la informaci�n a nivel nacional sobre los registros de veh�culos automotores de carga con obligaci�n de cumplir las disposiciones previstas para el sector.

Indica que, en cumplimiento de la decisi�n aludida, suscribi� el �Acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera�, con el cual se comprometi� a reglamentar la pol�tica de saneamiento referente a veh�culos con inconsistencias en el proceso de matr�cula inicial.

Manifiesta que, en ese orden de ideas, a trav�s del Decreto 1514 de 2016 adicion� el Decreto 1079 de 2015, �nico reglamentario del sector transporte, en el que se adoptaron medidas especiales para sanear el registro inicial de los transportes de carga.

Expone que, de igual forma, mediante el Decreto 632 de 2019, modific� algunas disposiciones del citado Decreto 1079, con el objeto de adoptar medidas especiales y transitorias para resolver la situaci�n administrativa de los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matriculados entre el 2 de mayo de 2005 y la fecha de expedici�n de la reglamentaci�n que se expida para tal efecto.

Arguye que la anotaci�n que se realiza en el RUNT para los veh�culos irregulares no se puede entender como una sanci�n o una pena, sino que se trata de una actuaci�n cautelar y provisional derivada de no encontrar en las bases de datos oficiales las p�lizas o los certificados de cumplimiento que permitan la matr�cula del rodante.

Aduce que la prohibici�n de expedir manifiestos de carga y enrutamiento en puerto para el veh�culo deriva justamente de la ausencia absoluta de matr�cula inicial o irregular, lo que imposibilita la prestaci�n del servicio p�blico de transporte conforme a la normativa general existente.

Explica que el manifiesto de carga que el actor cuestiona no es un nuevo requisito que se haya creado, dado que este ya exist�a desde el Decreto 1554 de 4 de agosto 19989 que, en su art�culo 31, lo defini� como �[�] el documento que ampara el transporte de mercanc�as ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del veh�culo durante todo el recorrido [�]�.

Destaca que los decretos cuestionados garantizan el debido proceso, por cuanto la autoridad no act�a en silencio o a espaldas del propietario del veh�culo afectado, dado que toda situaci�n que es encontrada le es comunicada con la posibilidad de acogerse o no al procedimiento establecido.

Agrega que lejos de incorporar una pol�tica represora o prohibicionista, como erradamente lo pretende hacer ver el demandante, los decretos enjuiciados procuraron facilitar la legalizaci�n de los veh�culos y conceder plazos para sanear las matr�culas irregulares.

Resalta que, adem�s, del texto de la solicitud de medida cautelar y del an�lisis de las pruebas, no se desprende una hip�tesis que permita conceder la medida solicitada, toda vez que se hace necesario un estudio adecuado y sistem�tico propio de la sentencia.

La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA10 se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica.

Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida. Su finalidad, pues, es la de �evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho�. 11

Esta Corporaci�n12 ha se�alado que en el examen de procedencia de la medida cautelar de suspensi�n provisional, el juez efect�a el estudio de la presunta vulneraci�n a trav�s de la confrontaci�n de las normas superiores invocadas, partiendo de las referencias conceptuales y argumentativas que se esgrimen en la solicitud de suspensi�n, las cuales constituyen el marco sobre el que debe resolverse dicho asunto. Asimismo, ha indicado que este examen es, en todo caso, un an�lisis inicial que no implica prejuzgamiento, como se explic� en la providencia de la Sala Plena de 17 de marzo de 2015, en los siguientes t�rminos13:

�[�] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoraci�n del acto acusado que com�nmente se ha llamado valoraci�n inicial, y que implica una confrontaci�n de legalidad de aqu�l con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este an�lisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusi�n de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensi�n sumaria, propia de una instancia en la que las partes a�n no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoraci�n inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2� del art�culo 229 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que as� lo sea, dado que su resoluci�n parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones

Requisitos de procedencia de la suspensi�n de los efectos del acto acusado.

A voces del art�culo 231 del CPACA, la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, �cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud�. Entonces, su procedencia est� determinada por la violaci�n del ordenamiento jur�dico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisi�n definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice as� el citado art�culo:

�Art�culo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios.� (Negrillas fuera del texto original).

Del texto normativo transcrito se desprenden los siguientes requisitos para la procedencia de la medida cautelar,: i) que se invoque a petici�n de parte, ii) que exista una violaci�n que surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

Cabe resaltar que, sobre el art�culo en menci�n, la Secci�n Primera ha indicado que los requisitos establecidos para el decreto de toda medida cautelar consistentes en la verificaci�n de los criterios (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden impl�citos cuando quiera que se demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas. Al respecto, en la providencia de 13 de mayo de 2021, la Sala indic�:

�[�] Para el caso de la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneraci�n de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jur�dico superior pueden continuar produciendo efectos jur�dicos mientras transcurre el proceso judicial. En cuanto al �fumus boni iuris�, o la apariencia de buen derecho, (�) [e]n relaci�n con la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (�) basta que, como consecuencia de la argumentaci�n jur�dica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneraci�n del ordenamiento jur�dico superior para acceder a la suspensi�n provisional de los efectos del acto acusado [�]�. (Negrillas fuera del texto original).

Tambi�n, en providencia de 26 de junio de 202015, la Sala se refiri� a este asunto de la siguiente manera:

�[�] La Sala considera que cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que est� impl�cita per se la verificaci�n de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora [�]�

Precisado lo anterior, el Despacho procede a verificar si en el caso sub judice se cumplen los requisitos para la procedencia de la medida cautelar deprecada por la parte actora.

En el caso bajo examen el actor pretende la suspensi�n provisional de los efectos de: (i) el Decreto 632 de 2019; (ii) los art�culos 7�, 28 y 31 del Decreto 173 de 2001; y (iii) el art�culo 4� del Decreto 1120 de 2019.

Por el cual se modifica, adiciona y deroga algunas disposiciones de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los art�culos 189 numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica y 3� de la Ley 105 de 1993, y

Art�culo 1. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.1 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.1. Objeto. La presente Subsecci�n tiene por objeto adoptar medidas especiales y transitorias para resolver la situaci�n administrativa de los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matriculados entre el 2 de mayo de 2005, fecha de expedici�n del Decreto n�mero 1347 de 2005, y la fecha de expedici�n de la reglamentaci�n que expida el Ministerio de Transporte.

Par�grafo. El Ministerio de transporte deber� expedir la reglamentaci�n a la que se refiere el presente art�culo, en un plazo no superior a cuatro (4) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificaci�n�.

Art�culo 2�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.2 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.2. �mbito de aplicaci�n. Las disposiciones previstas en la presente Subsecci�n se aplicar�n a los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga que presentan omisiones en el cumplimiento de las condiciones y los procedimientos establecidos en la normativa vigente al momento de su registro inicial entre el 2 de mayo de 2005 y la expedici�n de la reglamentaci�n correspondiente por parte del Ministerio de Transporte.

Par�grafo. El Ministerio de transporte deber� expedir la reglamentaci�n a la que se refiere el presente art�culo, en un plazo no superior a cuatro (4) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificaci�n�.

Art�culo 3�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.3 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.3. Plazo. Los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe de los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga que presenten omisiones en el tr�mite de registro inicial, podr�n adelantar el proceso de normalizaci�n, de acuerdo con lo establecido en la presente Subsecci�n, dentro del t�rmino de dos (2) a�os contados a partir de que el Ministerio de Transporte expida la reglamentaci�n correspondiente, la cual se dar� en un plazo no superior a cuatro (4) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificaci�n�.

Art�culo 4�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.4 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.4. Omisiones en el registro inicial de un veh�culo de transporte de carga. Los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe, que presenten las siguientes omisiones en el registro inicial de un veh�culo de servicio particular y p�blico de transporte de carga, y que tengan conocimiento de esta circunstancia, podr�n postular voluntariamente su veh�culo para la normalizaci�n de su registro inicial a trav�s del Registro �nico Nacional de Tr�nsito (RUNT):

1. Veh�culos cuyo registro inicial se realiz� sin la certificaci�n de cumplimiento de requisitos o sin la certificaci�n de aprobaci�n de la cauci�n expedida por el Ministerio de Transporte de acuerdo con las normas vigentes para ese momento, y respecto de los cuales nunca fue expedido el respectivo certificado.

2. Veh�culos matriculados con la certificaci�n de cumplimiento de requisitos o la certificaci�n de aprobaci�n de la cauci�n expedida por el Ministerio de Transporte de acuerdo con las normas vigentes para ese momento, y que estaba destinada al registro de otro veh�culo, a�n si el mismo fue utilizado o no.

3. Veh�culos matriculados con la certificaci�n de cumplimiento de requisitos o la certificaci�n de aprobaci�n de la cauci�n, no expedidos por el Ministerio de Transporte.

Par�grafo. Para el caso de los veh�culos cuyo registro inicial se realiz� sin la certificaci�n de cumplimiento de requisitos o sin la certificaci�n de aprobaci�n de la cauci�n expedida por el Ministerio de Transporte de acuerdo con las normas vigentes para ese momento, y respecto de los cuales, con posterioridad a la fecha de su registro inicial, fue expedido el respectivo certificado, el Ministerio de Transporte normalizar� autom�ticamente su registro inicial, si aplica, y eliminar� la anotaci�n que se haya efectuado en virtud del par�grafo 4� del art�culo 2� del Decreto n�mero 153 de 2017, en caso de que haya lugar�.

Art�culo 5�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.5 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.5. Identificaci�n de veh�culos de transporte de carga que presuntamente presentan omisiones en su registro inicial. Para efectuar el proceso de identificaci�n de veh�culos que presuntamente presentan omisiones en su registro inicial, se deber� efectuar el siguiente procedimiento:

a) El Ministerio de Transporte registrar� en el Registro �nico Nacional de Tr�nsito (RUNT) la informaci�n de los certificados de cumplimiento de requisitos o el documento que haga sus veces y las aprobaciones de cauci�n para los que aplique, que se expidieron para el registro inicial de veh�culos de carga entre el 2 de mayo de 2005 y la expedici�n de la reglamentaci�n correspondiente por parte del Ministerio de Transporte, asoci�ndolos a los veh�culos que corresponda que se encuentren migrados y matriculados en el sistema RUNT y que no hubieran sido registrados con anterioridad;

b) En el evento que se evidencie falta de informaci�n o se requiera confirmaci�n de la informaci�n contenida en los certificados de cumplimiento de requisitos y las aprobaciones de cauci�n, el Ministerio de Transporte enviar� copia a los Organismos de Tr�nsito a los que se les hubiere remitido inicialmente los referidos certificados o el documento que haga sus veces, o las aprobaciones, para que validen, complementen y certifiquen la informaci�n faltante, as� como la identificaci�n plena de los veh�culos que presentan omisiones en su registro inicial con el objetivo de finalizar el registro;

c) Los organismos de tr�nsito deber�n remitir certificaci�n firmada por el director o quien haga sus veces, donde se presente la relaci�n entre veh�culo, certificado de cumplimiento de requisitos o aprobaci�n de cauci�n y los dem�s datos que determine el Ministerio de Transporte, en el formato que se indique, dentro de los plazos y t�rminos que este reglamente;

d) El Ministerio de Transporte registrar� en el Registro �nico Nacional de Tr�nsito (RUNT) la informaci�n certificada por parte de los Organismos de Tr�nsito, asoci�ndola a los veh�culos registrados en el RUNT.

De los procesos de identificaci�n y asociaci�n de documentos que el Ministerio de Transporte adelante peri�dicamente, los veh�culos matriculados entre el 2 de mayo de 2005 y la expedici�n de la reglamentaci�n correspondiente por parte del Ministerio de Transporte, que no tengan registrado en el sistema RUNT certificado de cumplimiento de requisitos o el documento que haga sus veces, o aprobaci�n de cauci�n y en consecuencia, que se determine que presentan las omisiones descritas en el art�culo 2.2.1.7.7.1.4 de este decreto, se incluir�n en listados de veh�culos que presentan omisiones en su registro inicial y se realizar� la anotaci�n en el RUNT y en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).

Los citados listados ser�n publicados por el Ministerio de Transporte en sus canales oficiales para que los interesados puedan revisar o contradecir la situaci�n de los veh�culos, previo a la anotaci�n descrita anteriormente, la cual deber� ser consultada para efectos de las obligaciones establecidas en los art�culos 2.2.1.7.7.1.13 y 2.2.1.7.7.1.14 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte. El primer listado de veh�culos que presentan omisiones en su registro inicial ser� publicado dentro de los ocho (8) d�as siguientes a la expedici�n de la reglamentaci�n correspondiente.

Los veh�culos que hayan sido previamente identificados con omisiones en su registro inicial, aquellos que se identifiquen como resultado del proceso anteriormente descrito y cualquier otro sobre el cual se tenga conocimiento que presenta omisiones en su registro inicial, deber�n iniciar el tr�mite de normalizaci�n de su registro inicial, conforme al procedimiento que reglamente el Ministerio de Transporte.

Par�grafo 1�. El Ministerio de Transporte pondr� en conocimiento de los entes de control respectivos la omisi�n de los organismos de tr�nsito en el cumplimiento del procedimiento antes establecido, con el fin que se inicien las acciones a que hubiere lugar.

Par�grafo 2�. El cumplimiento de las obligaciones por parte de los organismos de tr�nsito descritas en el presente art�culo ser� requisito para la asignaci�n de especies venales asociadas a la matr�cula de veh�culos automotores y no automotores�.

Art�culo 6�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.7 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.7. Normalizaci�n del tr�mite para los veh�culos descritos en el art�culo 2.2.1.7.7.1.4 del presente decreto. Para subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de un veh�culo de transporte de carga, descritas en el art�culo 2.2.1.7.7.1.4 del presente decreto, el propietario, poseedor o tenedor de buena fe del veh�culo podr� utilizar alguno de los siguientes mecanismos:

a) Desintegrar otro veh�culo de carga que cumpla con las equivalencias establecidas en el art�culo 2.2.1.7.7.3 de este decreto o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan;

b) Cancelar el valor de la cauci�n que debi� constituir para el momento de la matr�cula inicial del veh�culo, debidamente indexada seg�n corresponda, valores que igualmente se aplicar�n para los periodos en los cuales no era exigible la cauci�n. Los recursos recibidos por este concepto se destinar�n al programa de reposici�n y renovaci�n del parque automotor de carga o el que haga sus veces;

c) Utilizar los certificados de cumplimiento de requisitos que no hayan sido utilizados con anterioridad para la reposici�n de un veh�culo de carga.

Par�grafo 1�. El Ministerio de Transporte reglamentar� los mecanismos dispuestos en los literales a), b) y c) del presente art�culo en un plazo no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificaci�n.

Par�grafo 2�. Los organismos de tr�nsito deber�n conservar los expedientes de los veh�culos que presenten omisiones en el registro inicial, as� como los documentos soportes del proceso de normalizaci�n del registro inicial, con el fin de tener a disposici�n de las autoridades competentes copia de estos y facilitar as� las investigaciones se�aladas en el art�culo 2.2.1.7.7.1.11 del presente decreto�.

Art�culo 7�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.8 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.8. Tr�mite para la normalizaci�n de los veh�culos descritos en el art�culo 2.2.1.7.7.1.4 del presente decreto. El Ministerio de Transporte reglamentar� el tr�mite general para la normalizaci�n de los veh�culos descritos en el art�culo 2.2.1.7.7.1.4 del presente decreto, en un plazo no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificaci�n.

En todo caso, en el procedimiento que se reglamente se deber� tener en cuenta que una vez verificada y validada la informaci�n, el Grupo de Reposici�n Vehicular del Ministerio de Transporte, o quien haga sus veces, proceder� a emitir a trav�s del RUNT la autorizaci�n de normalizaci�n del veh�culo que presente omisiones en el registro inicial.

Surtido el proceso de verificaci�n y validaci�n, se emitir� a trav�s del RUNT el comprobante �nico de pago que indique el valor correspondiente a la inscripci�n de la autorizaci�n de normalizaci�n del registro inicial�.

Art�culo 8�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.9 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.9. Registro de Normalizaci�n. El certificado de desintegraci�n f�sica total por normalizaci�n, as� como la autorizaci�n de normalizaci�n, deber�n inscribirse por el Ministerio de Transporte en el Registro Nacional Automotor y tendr�n que estar contenidas en el Certificado de Libertad y Tradici�n del Veh�culo que expida el Organismo de Tr�nsito competente�.

Art�culo 9�. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.10 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.10. Veh�culos no normalizados. En los casos en que no sea posible efectuar la normalizaci�n del registro de los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga, entre otras circunstancias porque el propietario actual no postul� el veh�culo que presenta omisiones en su registro inicial y no adelant� los procedimientos establecidos en la presente Subsecci�n, los Organismos de Tr�nsito deber�n iniciar las acciones legales tendientes a obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos por ellos mismos, a trav�s de los cuales se efectu� el registro inicial del veh�culo de transporte de carga que presenta omisiones en dicho registro�.

Art�culo 10. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.13 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.13. Condici�n para la contrataci�n. Para efectos de la contrataci�n y expedici�n del manifiesto de carga, los generadores de carga o las empresas de transporte habilitadas para la prestaci�n del servicio en la modalidad de carga deber�n consultar el Registro �nico Nacional de Tr�nsito (RUNT) y el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) y verificar que los veh�culos a contratar no presentan omisiones en su registro inicial.

En el evento que el generador de carga o la empresa de transporte habilitada para la prestaci�n del servicio en la modalidad de carga contrate veh�culos que se encuentren con anotaci�n como veh�culo con omisiones en su registro inicial en el RUNT y en el RNDC ser�n sujetos de las investigaciones que realice la Superintendencia de Transporte a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996.

Par�grafo. En caso de no requerirse manifiesto de carga, tampoco ser� posible usar para el transporte de carga bajo ninguna modalidad contractual, los veh�culos que se identifiquen con omisiones en su registro inicial�.

Art�culo 11. Modif�quese el art�culo 2.2.1.7.7.1.14 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.14. Condiciones para el enturnamiento en puertos. Para efectos de enturnamiento en los puertos, las sociedades portuarias deber�n consultar el Registro �nico Nacional de Tr�nsito (RUNT) y el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) y verificar que los veh�culos a enturnar no presentan omisiones en su registro.

En el evento que las sociedades portuarias entumen veh�culos que se encuentren con anotaci�n de omisi�n en su registro inicial en el RUNT y en el RNDC ser�n sujetos de las investigaciones que realice la Superintendencia de Transporte a que haya lugar de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 9� de la Ley 105 de 1993 y art�culos 44 y siguientes de la Ley 336 de 1996.

Par�grafo. En caso de no requerirse manifiesto de carga, tampoco ser� posible usar para el transporte de carga bajo ninguna modalidad contractual, los veh�culos que se identifiquen con omisiones en su registro inicial�.

Art�culo 12. Adici�nese un art�culo a la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.1.17. Transici�n. Los propietarios, poseedores o tenedores de buena fe de los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga que presenten omisiones en el registro inicial y que hubieren radicado de manera escrita ante el Ministerio de Transporte, su intenci�n de normalizar entre el 3 y el 20 de febrero de 2018, podr�n subsanar las omisiones presentadas en el registro inicial de los veh�culos de transporte de carga, descritas en los numerales 1, 2 y 3 del art�culo 2.2.1.7.7.1.4 del presente decreto, siempre y cuando hayan acreditado el cumplimiento de cualquiera de los siguientes requisitos:

a) Desintegraci�n de otro veh�culo de carga que cumpla con las equivalencias establecidas en el art�culo 2.2.1.7.7.3 del presente decreto o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, o la desintegraci�n de un cami�n sencillo;

b) Cancelaci�n del valor de la cauci�n que debi� constituir para el momento de la matr�cula inicial del veh�culo al momento de la manifestaci�n de inter�s;

c) Utilizaci�n de certificados de cumplimiento de requisitos que no hayan sido utilizados con anterioridad para la reposici�n de un veh�culo de carga.

Par�grafo. El Ministerio de Transporte reglamentar� el respectivo tr�mite en un plazo no mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente modificaci�n�.

Art�culo 13. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci�n, modifica los art�culos 2.2.1.7.7.1.1, 2.2.1.7.7.1.2, 2.2.1.7.7.1.3, 2.2.1.7.7.1.4, 2.2.1.7.7.1.5, 2.2.1.7.7.1.7, 2.2.1.7.7.1.8, 2.2.1.7.7.1.9 , 2.2.1.7.7.1.10, 2.2.1.7.7.1.13 y el art�culo 2.2.1.7.7.1.14, adiciona el art�culo 2.2.1.7.7.1.17 y deroga el art�culo 2.2.1.7.7.1.6 de la Subsecci�n 1 de la Secci�n 7 del Cap�tulo 7 del T�tulo 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto n�mero 1079 de 2015 �nico Reglamentario del Sector Transporte.

La norma en cita, expedida por el Presidente de la Rep�blica y la Ministra de Transporte, tiene como objeto la adopci�n de medidas especiales y transitorias para resolver la situaci�n administrativa de los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial, matriculados desde el 2 de mayo de 2005, hasta la fecha en que se expidiera la reglamentaci�n espec�fica por parte del Ministerio.

En s�ntesis, el demandante sostiene que (i) el Gobierno Nacional no ten�a competencia para la expedici�n de la normativa aludida; ii) que las anotaciones que se efect�an en el RUNT y el RNDC sobre el incumplimiento de los requisitos iniciales de registro de los automotores desconocen el tr�mite para la expedici�n de actos administrativos; (iii) que las actuaciones reguladas en el decreto desconocen la presunci�n de legalidad del acto de matr�cula inicial; y (iv) que no pod�an establecerse prohibiciones a la operaci�n del servicio de transporte, porque es competencia exclusiva del legislador.

Para resolver, es pertinente mencionar el marco normativo sobre la reglamentaci�n del servicio p�blico de transporte.

Al respecto esta Sala unitaria se�ala que conforme con el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, corresponde al Presidente de la Rep�blica �[�] Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici�n de los decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes [�]�.

Por su parte, el literal �b� del art�culo 2� de la Ley 105 de 1993 indica que �[�] Corresponde al Estado la planeaci�n, el control, la regulaci�n y la vigilancia del transporte y de las actividades a �l vinculadas [�]�.

De igual forma el numeral 2 del art�culo 3� de la norma referida, prev� que la �[�] operaci�n del transporte p�blico en Colombia es un servicio p�blico bajo la regulaci�n del Estado, quien ejercer� el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestaci�n en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad [�]�.

Y el art�culo 5� de la Ley 336 de 1996, establece que el �[�] car�cter de servicio p�blico esencial bajo la regulaci�n del Estado que la ley le otorga a la operaci�n de las empresas de transporte p�blico, implicar� la prelaci�n del inter�s general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garant�a de la prestaci�n del servicio y a la protecci�n de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que se�ale el Reglamento para cada Modo [�]�.

En ese orden de ideas, bajo la �ptica del estudio preliminar propio de esta etapa procesal, esta Sala Unitaria advierte que existe un marco legal que no solo faculta al Gobierno Nacional, sino que le impone el deber de regular de forma espec�fica y t�cnica el sector transporte, as� como las actividades que se le vinculen, bajo la premisa de la prevalencia del inter�s general con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios.

Dicha potestad implica prima facie la posibilidad de que el Gobierno Nacional adopte medidas especiales y transitorias para resolver la situaci�n administrativa de los veh�culos de servicio particular y p�blico de transporte de carga que presentan omisiones en su registro inicial y, en particular, para que dicha autoridad pueda establecer prohibiciones para la prestaci�n del servicio a los veh�culos que no cumplan con la normatividad prevista para tal efecto. Lo anterior, por cuanto ambos aspectos hacen parte intr�nseca del sector transporte y con una incidencia en la seguridad de los actores que en �l interact�an.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se advierte que el acto administrativo cuestionado tiene como fundamento, entre otros, la sentencia de 29 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de la acci�n popular identificada con el n�mero �nico de radicaci�n 11001- 33-31-019- 2007-00735-00 y el �Acuerdo para la reforma estructural del transporte de carga por carretera�, suscrito el 22 de julio de 2016, con ocasi�n del �paro nacional camionero� suscitado en esa anualidad, en el que el Gobierno Nacional se comprometi� a reglamentar la pol�tica de saneamiento referente a veh�culos con inconsistencias en el proceso de matr�cula inicial, aspectos estos que ser�n analizados en la decisi�n que dirima la controversia dado que se hace necesario evacuar la etapa probatoria respectiva.

Ahora, conforme con el art�culo 5� del Decreto 632 de 2019, el MINISTERIO debe identificar los veh�culos que presentan omisiones en su registro inicial, elaborar un listado de estos, que ser� publicado en sus canales oficiales para que los interesados puedan revisar o contradecir la situaci�n de los veh�culos, adem�s de efectuarse la respectiva anotaci�n en el RUNT y el RNDC.

En criterio del actor, las anotaciones que se efect�an en el RUNT y en el RNDC sobre los veh�culos que presentan omisiones en sus registros iniciales son actos administrativos definitivos, por lo cual, a su juicio, para su expedici�n deber�an observarse los art�culos 34 a 44 del CPACA.

Al respecto, la Sala encuentra que las anotaciones en el RUNT y el RNDC, en la forma que est�n establecidas en la norma acusada no concluyen la actuaci�n administrativa, en la medida en que es a partir de ese momento que los interesados pueden contradecir ante la misma Administraci�n dichos hallazgos.

El actor tambi�n estima que a trav�s del decreto cuestionado no se puede �[�] enervar o suspender [�]� la presunci�n de legalidad del acto de registro inicial de los veh�culos, dado que para tal efecto debe seguirse el procedimiento judicial correspondiente.

Sobre este aspecto, la Sala advierte que a trav�s del decreto acusado se dispone de forma general un procedimiento voluntario de saneamiento al que pueden acogerse los propietarios de los veh�culos con omisiones en sus registros iniciales.

Dicha actuaci�n no implica la suspensi�n del registro inicial, dado que, en efecto, conforme con el art�culo 9� del decreto cuestionado, en los casos en que no sea posible efectuar la normalizaci�n, entre otras circunstancias, porque el propietario no postul� el veh�culo y no adelant� los procedimientos establecidos para el saneamiento, �[�] los Organismos de Tr�nsito deber�n iniciar las acciones legales tendientes a obtener la nulidad de los actos administrativos expedidos por ellos mismos, a trav�s de los cuales se efectu� el registro inicial [�]�.

Corolario de lo anterior, con base en el estudio preliminar propio de esta etapa procesal y a partir de los argumentos propuestos en la solicitud de medida cautelar, esta Sala Unitaria no encuentra que haya lugar a decretar la suspensi�n provisional de los efectos del Decreto 632 de 2019.

por el cual se reglamenta el Servicio P�blico de Transporte Terrestre Automotor de Carga.

Art�culo 7�. Definiciones. Para la interpretaci�n y aplicaci�n del presente decreto, se tendr�n en cuenta las siguientes definiciones: �

Manifiesto de carga. Es el documento que ampara el transporte de mercanc�as ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el conductor del veh�culo durante todo el recorrido. Se utilizar� para llevar las estad�sticas del transporte p�blico de carga por carretera dentro del territorio nacional.

� Registro Nacional de Transporte de Carga. Es el conjunto de datos relacionados con la identificaci�n, propiedad y especificaciones t�cnicas de los veh�culos de transporte terrestre de carga que circulan en el territorio nacional.

� Usuario del servicio de transporte terrestre automotor de carga. Es la persona natural o jur�dica que celebra contratos de transporte terrestre de carga directamente con el operador o empresa de transporte debidamente constituida y habilitada.

� Veh�culo de carga. Veh�culo autopropulsado o no, destinado al transporte de mercanc�as por carretera. Puede contar con equipos adicionales para la prestaci�n de servicios especializados.

Art�culo 28. Adopci�n de formato. El Ministerio de Transporte dise�ar� el "Formato �nico de Manifiesto de Carga" y establecer� la ficha t�cnica para su elaboraci�n y los mecanismos de control correspondientes.

El manifiesto de carga se expedir� en original y tres (3) copias, firmados por la empresa de transporte habilitada y por el propietario o conductor del veh�culo. El original deber� ser portado por el conductor durante todo el recorrido; la primera copia ser� conservada por la empresa de transporte, la segunda copia deber� ser enviada por la empresa a la Direcci�n de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y la tercera copia deber� ser conservada por el propietario y/o conductor del veh�culo.

Art�culo 31. Otros documentos. Adem�s del manifiesto de carga, debe portar durante la conducci�n, los dem�s documentos que los reglamentos establezcan para el transporte de mercanc�as de car�cter peligroso, restringido o especial [�]�.

Conforme con el art�culo 1� del Decreto en cita, su objeto es el de �[�] reglamentar la habilitaci�n de las empresas de Transporte P�blico Terrestre Automotor de Carga y la prestaci�n por parte de estas [�]�.

El disenso del actor radica en que el legislador no previ� la creaci�n del manifiesto de carga, raz�n por la cual el Gobierno Nacional no pod�a regular dicho aspecto, como lo hizo en los apartes cuestionados.

Ahora, como se se�al� en precedencia conforme con el literal b) del art�culo 2� de la Ley 105 de 1993, corresponde al �[�]Estado entre otros aspectos, la regulaci�n del transporte y de las actividades que se le vinculan [�]�.

De igual forma, de acuerdo con el numeral 2 del art�culo 3� de la norma referida, la operaci�n del transporte p�blico en Colombia es un servicio p�blico que se presta bajo la regulaci�n del Estado.

Por su parte, el art�culo 6� de la Ley 336, prev� que la actividad transportadora se entiende como �[�] un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas [�]� conforme con �[�] las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes basadas en los Reglamentos del Gobierno Nacional [�]�.

En este contexto, se advierte que existe un marco legal a partir del cual el Gobierno Nacional, en ejercicio de la potestad reglamentaria, tiene competencia para regular de forma espec�fica y t�cnica los requisitos para la prestaci�n del servicio de transporte de carga.

Por lo anterior, el hecho de que en la disposici�n acusada prevea el manifiesto de carga como un documento para amparar el transporte de mercanc�as, prima facie, no implica una extralimitaci�n de la potestad reglamentaria.

Al respecto, cabe destacar que la Secci�n Primera se ha ocupado de analizar la facultad reglamentaria del Ejecutivo en materia del servicio p�blico de transporte y ha sostenido que es un servicio esencial que se encuentra sometido al control y vigilancia del Estado, raz�n por la que no resulta contrario al ordenamiento superior que el Ejecutivo, en ejercicio de las facultades de reglamentaci�n que le son propias, incorpore contenidos m�nimos para la correcta ejecuci�n de las leyes que regulan dicho servicio. As�, en auto de 5 de abril de 201916, la Secci�n indic�:

�[�] En un asunto similar, la Secci�n, al examinar la legalidad del Decreto 171 de 5 de febrero de 2001, por el cual se reglamenta el Servicio P�blico de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera, se�al�:

En el caso que ocupa la atenci�n de la Sala, no es dable se�alar que el ejecutivo no estuviese facultado para adoptar las decisiones que aqu� son objeto de cuestionamiento, pues, en efecto, estamos en presencia de un servicio p�blico esencial que se encuentra sometido al control y vigilancia del Estado. En ese sentido, no resulta contrario a la normativa comentada, que el ejecutivo, en ejercicio de las facultades de reglamentaci�n que le son propias, haya incorporado en el Decreto acusado los preceptos que tratan del contenido m�nimo de los contratos de vinculaci�n; de la desvinculaci�n administrativa de los veh�culos de las empresas operadoras del servicio p�blico de transporte de pasajeros por carretera; y del procedimiento a aplicar en tales casos, pues al fin y al cabo las facultades reglamentarias invocadas por el Presidente de la Rep�blica no solo tienen arraigo constitucional, sino que en el caso bajo examen, fueron ejercidas sin desbordar lo dispuesto en las leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 (�).

Si bien en un Estado Unitario como el nuestro corresponde al legislador regular la prestaci�n del servicio p�blico de transporte en sus distintas modalidades, no cabe la menor duda que, conforme a lo preceptuado por el art�culo 189, numeral 11 de la Constituci�n Nacional y sin perjuicio de respetar las facultades constitucionalmente asignadas al Congreso de la Rep�blica, el Gobierno Nacional pueda ejercer la potestad reglamentaria que le es propia, en aras de garantizar la cumplida ejecuci�n de la ley[17]. [�]�. (Resaltado fuera del texto original).

En el presente cargo, el demandante asever� tambi�n que el Consejo de Estado decidi� anular un documento similar al que aqu� se controvierte, con el que el Ministerio pretend�a soportar la operaci�n de los equipos de transporte p�blico de pasajeros. Frente a ello, es menester indicar que en relaci�n con otras decisiones judiciales que pueda haber sobre documentos que se hayan implementado como requisitos para la prestaci�n del servicio de transporte, como la aludida por el actor, se advierte que el an�lisis respectivo debe efectuarse en la sentencia en la medida en que no se evidencia que corresponda al mismo manifiesto de carga del que trata la disposici�n acusada, y, en todo caso, se requiere el desarrollo de la etapa probatoria respectiva.

En ese orden de ideas, no se acceder� a la suspensi�n de los efectos de los art�culos 7�, 28 y 31 del Decreto 173 de 2001, sin perjuicio del estudio propio del fondo del asunto que deber� hacerse en la sentencia.

�[�] ART�CULO 4�. MODIF�QUESE EL ART�CULO 2.2.1.7.7.4 DE LA SECCI�N 7 DEL CAP�TULO 7 DEL T�TULO 1 DE LA PARTE 2 DEL LIBRO 2 DEL DECRETO 1079 DE 2015 �NICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRANSPORTE, el cual queda as�:

�Art�culo 2.2.1.7.7.4. Registro inicial ante los organismos de tr�nsito. Los organismos de tr�nsito solamente deber�n efectuar el registro inicial de veh�culos de transporte terrestre automotor de carga, de servicio particular o p�blico, hasta tanto el solicitante en la matr�cula d� cumplimiento a los requisitos para el tr�mite de registro inicial y acredite el pago del porcentaje indicado en el art�culo 2.2.1.7.7.2. del presente Decreto, o cuenten con el certificado de cumplimiento de requisitos o aquel que reglamente el Ministerio de Transporte y haga sus veces� [�]�.

La disposici�n en cita prev� que los organismos de tr�nsito solo pueden proceder al registro inicial de los veh�culos de transporte terrestre automotor de carga, hasta tanto el solicitante cumpla con los requisitos previstos para tal efecto, pague el porcentaje previsto en el mismo decreto (15% del valor comercial del veh�culo sin incluir el IVA, destinado a la financiaci�n del programa de modernizaci�n del parque automotor de carga), o cuente con el certificado de cumplimiento de requisitos o aquel que reglamente el Ministerio de Transporte y haga sus veces.

En criterio del actor, el MINISTERIO no tiene atribuci�n legal para expedir certificaciones de cumplimiento de requisitos en el tr�mite de registro inicial de veh�culos de carga.

Al respecto, esta Sala Unitaria destaca que conforme con el art�culo 37 de la Ley 769 el �[�] registro inicial de un veh�culo se podr� hacer en cualquier organismo de tr�nsito y sus caracter�sticas t�cnicas y de capacidad deben estar homologadas por el Ministerio de Transporte para su operaci�n en las v�as del territorio nacional [�].

Dicha norma pone de presente que el Ministerio de Transporte interviene en el proceso de homologaci�n de las caracter�sticas t�cnicas y de capacidad de los veh�culos de carga, de forma que, en principio, s� tiene competencia para revisar el cumplimiento de dichos requisitos y, por ende, de certificar tal situaci�n con la finalidad de que se efect�e el registro inicial de los automotores.

No resulta razonable que mientras el Ministerio sea la m�xima autoridad administrativa del sector, se estime que no tiene competencia para verificar y certificar el cumplimiento de los requisitos de registro inicial de los veh�culos de carga, m�xime si se tiene en cuenta que de forma espec�fica el legislador le atribuy� la competencia de intervenci�n en el proceso de homologaci�n aludido.

Cabe precisar que las presuntas repercusiones econ�micas de las normas cuestionadas a las que alude el actor no son, en principio, razones suficientes para la procedencia de la medida cautelar solicitada, dado que, como se indic�, la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos implica la confrontaci�n de estos con las normas superiores invocadas como violadas o el estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, que demuestren la ilegalidad alegada, sin que haya lugar a un an�lisis subjetivo de conveniencia o no de la actuaci�n cuestionada.

En este orden de ideas, para la Sala Unitaria, un primer examen del caso permite concluir que no se re�nen los requisitos se�alados por la ley y la jurisprudencia para el decreto de la medida cautelar solicitadas, lo que impone su denegaci�n, como en efecto se dispondr� en la parte resolutiva de la presente providencia.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, en Sala Unitaria,

Deniega la suspensi�n provisional��Art�culo 7�DECRETO_173_2001_05/02/2001
Deniega la suspensi�n provisional��Art�culo 28�DECRETO_173_2001_05/02/2001
Deniega la suspensi�n provisional��Art�culo 31�DECRETO_173_2001_05/02/2001
Deniega la suspensi�n provisional��DECRETO_632_2019_12/04/2019
Deniega la suspensi�n provisional��Art�culo 4�DECRETO_1120_2019_26/06/2019

5 Sentencia de 24 de septiembre de 2009, n�mero �nico de radicaci�n 110010324000 2004 00186 01.

6 �Por la cual se expide el C�digo Nacional de Tr�nsito Terrestre y se dictan otras disposiciones�.

7 "Por la cual se dictan disposiciones b�sicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Naci�n y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeaci�n en el sector transporte y se dictan otras disposiciones."

9 Por el cual se reglamenta el Servicio P�blico de Transporte Terrestre Automotor de Carga".

10 El art�culo 230 del CPACA se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, �una o varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o que se realice una obra o una demolici�n de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopci�n de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopci�n seg�n la Ley (par�grafo).

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 13 de mayo de 2015, C.p. doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-26-000-2015-00022-00.

12 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 12 de febrero de 2016, Cp. Carlos Alberto Zambrano Barrera, n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-26-000-2014-00101-00.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia de 17 de marzo de 2015, Cp. Sandra Lisset Ibarra V�lez, n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-15-000- 2014-03799-00. normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisi�n final [�]�. (Resaltado fuera del texto original).

14 Ver tambi�n, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, providencia de 11 de marzo de 2014, C.p. Guillermo Vargas Ayala

15 N�mero �nico de radicaci�n 11001032400020160029500, Cp: Hernando S�nchez S�nchez.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, auto de5 de abril de 2019, n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2012-00286-00, C.p. Nubia Margoth Pe�a Garz�n.

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 22 de septiembre de 2011, C.p. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, n�mero �nico de radicaci�n 11001 03 24 000 2008 00199 00.