AUTO 11001032400020210042300 de 2022

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030044869AUTOSala PlenaPRIMERA1100103240002021004230011001032400020210042300202210/11/2022AUTO_Sala Plena_PRIMERA__11001032400020210042300_11001032400020210042300_2022_10/11/2022300448962022CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCI�N PRIMERA Bogot�, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintid�s (2022) Referencia: Medio de control de nulidad Expediente: 11001032400020210042300 Auto 11001032400020210042300 que resuelve solicitud de medida cautelar El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 14 de mayo de 20211, expedido por el Presidente de la Rep�blica y por el Ministerio del Deporte.

Naci�n � Gobierno nacional � Presidencia de la Rep�blica y Ministerio del DeporteFederaci�n Colombiana de Voleibolfalseart�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 14 de mayo de 20211Identificadores10030292480true1431797original30251776Identificadores

Norma demandada: �art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 14 de mayo de 20211

Demandado: �Naci�n � Gobierno nacional � Presidencia de la Rep�blica y Ministerio del Deporte

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 14 de mayo de 20211, expedido por el Presidente de la Rep�blica y por el Ministerio del Deporte.

1. La Federaci�n Colombiana de Voleibol, obrando en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo � CPACA, present� demanda de nulidad ante esta Corporaci�n judicial, en la que elev� las siguientes pretensiones:

[�] �NICA. Que se declare la NULIDAD del art�culo 2.9.2.1. del DECRETO 520 DEL 14 DE MAYO DE 2021 (�) proferido por el Ministerio del Deporte, por cuanto es contrario al ordenamiento jur�dico al haberse proferido mediante falsa motivaci�n [�]

2. Dicha demanda fue admitida por el Despacho2 como de nulidad simple, de conformidad con lo establecido en el art�culo 137 del mismo estatuto procesal.

3. Como fundamento f�ctico de la demanda, la parte actora explic� que �la World ParaVolley es una organizaci�n sin �nimo de lucro de car�cter internacional, reconocida por el Comit� Paral�mpico Internacional como la �nica Federaci�n Internacional responsable de la gobernanza, planificaci�n y gesti�n de todas las formas de voleibol para personas con discapacidad f�sica y trabaja en colaboraci�n con los Comit�s Paral�mpicos Nacionales, Federaciones Nacionales (Voleibol) y empresas privadas para promover las competencias y actividades de desarrollo de ParaVolley a nivel mundial�.

4. Agreg� que la Federaci�n Colombiana de Voleibol es un organismo de derecho privado encargado del manejo de este deporte en todas sus modalidades. Por tal raz�n, se encuentra afiliado a la Federaci�n Internacional de Voleibol, a la Confederaci�n Sudamericana y al Comit� Ol�mpico Colombiano.

5. Precis� que, en el a�o 2011, la Federaci�n Colombiana de Voleibol se afili� a la World ParaVolley en la disciplina del voleibol paral�mpico. Por ello, particip� en tres ediciones de Juegos Parapanamericanos, en una de los Juegos Paracentroamericanos, en una copa intercontinental, en torneos de intercambio con pa�ses de am�rica, en siete campeonatos nacionales interligas y en dos ediciones de los Juegos Paranacionales.

6. Se�al� que, seg�n el documento de constituci�n de la World ParaVolley, solo se podr�n afiliar a este organismo los siguientes grupos: (i) el Comit� Paral�mpico Nacional (CPN); (ii) la Federaci�n Nacional de Voleibol o ParaVolley, y (iii) la Federaci�n Nacional de Deportes para Discapacitados.

7. Respecto de la expedici�n de la Ley 1946 de 20193, indic� que �las ponencias donde se exponen los motivos por los cuales se reestructura el sistema paral�mpico parten de una supuesta exigencia que hace el Comit� Paral�mpico Internacional (IPC) al Comit� Paral�mpico Colombiano (CPC), situaci�n que ha sido interpretada por el CPC como si se debiese conformar una federaci�n de voleibol sentado, obviando y omitiendo los lineamientos de gobernanza de la World ParaVolley�.

8. Por todo lo anterior, mediante petici�n de 14 de julio de 2020 la parte demandante inform� sobre dicho cambio normativo a la World ParaVolley. Frente a lo cual la World ParaVolley respondi� el 24 de julio de 2020 que la Federaci�n Colombiana de Voleibol (FEDEVOLEI) ha sido un miembro acreditado de World ParaVolley durante muchos a�os, y que la membres�a de World ParaVolley est� abierta al Comit� Paral�mpico Nacional (NPC), a la Federaci�n Nacional de Voleibol o ParaVolley aprobada por la NPC, o a la Federaci�n Nacional de Deportes para Discapacitados aprobada por la NPC. Y, en consecuencia, �solo puede haber un organismo miembro reconocido por naci�n�.

9. Indic� que, para aclarar los errores asociados a la organizaci�n del deporte paraol�mpico, y las dudas relacionadas con su membres�a a la WPV, elev� varias peticiones ante el Ministerio del Deporte, en cuyo marco le informaron �arbitrariamente y sin motivaci�n� las razones por las que no eran procedente las observaciones efectuadas al proyecto de reglamento que finalmente fue aprobado a trav�s de la norma demandada.

10. La parte actora, en un ac�pite independiente del libelo petitorio, solicit� la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 2021, luego de considerar que ese precepto pod�a �llegar a tener consecuencias jur�dicas adversas para el voleibol paral�mpico� y �generar�a una serie de dificultades pues existir�a una dualidad de liderazgos frente al Voleibol Paral�mpico, as� como la perdida de recursos econ�micos invertidos en el desarrollo del deporte por parte de la Federaci�n Colombiana de Voleibol, as� como el desarrollo deportivo alcanzado hasta la fecha�.

11. En tal sentido, afirm� que el objeto de la medida cautelar era �salvaguardar el inter�s no solo de los deportistas del voleibol paral�mpico, sino tambi�n los intereses de las federaciones reconocidas por el World ParaVolley, quienes en su trayectoria han logrado posicionar y gestionar de la mejor manera este deporte en el pa�s�.

12. De la solicitud de medida cautelar se corri� traslado a las entidades demandadas para que se pronunciaran sobre la misma, en el t�rmino de cinco d�as (5) d�as, de conformidad con lo establecido en el art�culo 233 del CPACA4.

II.1. El apoderado judicial del Ministerio del Deporte5 solicit� negar la petici�n, tras afirmar que el escrito no cumple con los requisitos de procedibilidad previstos en el art�culo 231 del CPACA.

13. Explic� que el precepto acusado reglamenta la Ley 1946 de 2019, con miras a ajustar y alinear la estructura deportiva paral�mpica colombiana a la estructura paral�mpica internacional, para que la misma respete los lineamientos internacionales sobre las �modalidades deportivas que pasar�n a ser atendidas por el organismo nacional hom�logo�.

14. En este contexto, record� que el Comit� Paral�mpico Internacional, a trav�s del cap�tulo 2.7. del Hambook, precis� los lineamientos en cuanto a la gobernanza de los deportes para personas con discapacidad a nivel internacional. Tambi�n se�al� que los �organismos deportivos se organiza(ran) por deporte o por discapacidad� e

indic� �cu�les se constituyen por federaci�n independiente o cu�les est�n integradas al deporte convencional�.

15. Agreg� que, seg�n los preceptos del Comit� Paral�mpico Internacional, �los deportes para personas con discapacidad que no est�n integrados a las federaciones internacionales convencionales, ni a las federaciones por discapacidad, se constituyan como federaci�n internacional independiente, raz�n por la cual estas federaciones deportivas deben constituirse en el pa�s�.

16. Asegur� que la Federaci�n Colombiana de Voleibol no puede desconocer el derecho de crear federaciones independientes �con la sola manifestaci�n de que, en su deporte, la demandante se encuentra vinculando la modalidad paral�mpica, obviando la gran variedad de deportes practicados en Colombia�.

17. De la misma manera, subray� que �acceder al decreto de la medida cautelar de suspensi�n provisional, podr�a generar un atraso en los avances que ha tenido Colombia con la inclusi�n y organizaci�n del deporte paral�mpico en todas sus modalidades (�) sin que se pueda garantizar el desarrollo integral de la poblaci�n de discapacidad en el �mbito deportivo�.

II.2. Por su parte, la Presidencia de la Rep�blica guard� silencio6.

18. Para efectos de resolver la solicitud de decreto de medida cautelar y por razones metodol�gicas, la Sala Unitaria empezar� por efectuar: (i) un an�lisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) determinar si el demandante cumpli� con la carga argumentativa m�nima requerida para efectuar el juicio de legalidad en esta etapa inicial del proceso.

19. Uno de los motivos que inspiraron la expedici�n del nuevo del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, est� relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue as� como el nuevo C�digo cre� un moderno y amplio r�gimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensi�n provisional de actos administrativos, y en su art�culo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para �proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia�.

20. En esta �ltima disposici�n (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petici�n de parte -debidamente sustentada; y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo.

21. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su art�culo 230, es importante resaltar su clasificaci�n como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectaci�n a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensi�n del demandante; y iv) de suspensi�n (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privaci�n temporal de los efectos de una decisi�n administrativa7.

22. Los art�culos 231 a 233 del mencionado estatuto procesal determinan los requisitos, la cauci�n y el procedimiento para decretar las medidas cautelares; normas que son aplicables cuando se solicita la adopci�n de alguna de las cautelas enunciadas en el art�culo 230.

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del acto administrativo acusado

23. En el marco de las diversas medidas cautelares consagradas en el nuevo proceso contencioso administrativo8, se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y desarrollada en los art�culos 2319 y siguientes del CPACA.

24. Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jur�dico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide su constitucionalidad o legalidad en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad est� dirigida a evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho.

25. Respecto de los requisitos previstos en el art�culo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensi�n provisional, esta Secci�n recientemente precis� que la verificaci�n de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas10. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 202111, precis� lo siguiente:

[�] Para el caso de la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneraci�n de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jur�dico superior pueden continuar produciendo efectos jur�dicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al �fumus boni iuris�, o la apariencia de buen derecho, (�) [e]n relaci�n con la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (�) basta que, como consecuencia de la argumentaci�n jur�dica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneraci�n del ordenamiento jur�dico superior para acceder a la suspensi�n provisional de los efectos del acto acusado [�]12 (negrillas fuera del texto original

26. La parte actora, en un ac�pite independiente del libelo petitorio, solicit� la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 2021 -cuyo texto se citar� m�s adelante-, con fundamento en las siguientes razones:

[�] Con la presente medida cautelar se pretende la suspensi�n provisional de los efectos del art�culo 2.9.2.1 del Decreto 520 del 2021 hasta tanto no exista una decisi�n definitiva respecto de la legalidad o no de aquellos por parte del Honorable Consejo de Estado con fundamento en lo establecido por el numeral tercero del art�culo 230 del C.P.A.C.A.

Como bien se desarroll� en el presente escrito de demanda, la interpretaci�n hecha por el Ministerio del Deporte y que qued� plasmada en el art�culo objeto de nulidad, puede llegar a tener consecuencias jur�dicas adversas para el voleibol paral�mpico.

Lo anterior, en tanto que por medio del art�culo que hoy se demanda se busca lograr la constituci�n de Federaciones de Deporte NO CONVENCIONAL, independientes y aut�nomas y para el caso que nos ocupa, la creaci�n de una Federaci�n Colombiana de Voleibol Sentado, generar�a una serie de dificultades pues existir�a una dualidad de liderazgos frente al Voleibol Paral�mpico, as� como la perdida de recursos econ�micos invertidos en el desarrollo del deporte por parte de la Federaci�n Colombiana de Voleibol, as� como el desarrollo deportivo alcanzado hasta la fecha.

As� que con esta medida cautelar se pretende salvaguardar el inter�s no solo de los deportistas del voleibol paral�mpico, sino tambi�n los intereses de las federaciones reconocidas por el World ParaVolley, quienes en su trayectoria han logrado posicionar y gestionar de la mejor manera este deporte en el pa�s. [�]

27. Cabe poner de presente que la Federaci�n Colombiana de Voleibol, en otro ac�pite de la demanda, expl�citamente se�al� lo siguiente: �las interpretaciones err�neas de la norma realizadas por el Ministerio del Deporte podr�an tener consecuencias nefastas para el correcto funcionamiento del voleibol paral�mpico, pues lo que buscamos con la presente demanda es evitar la duplicidad de liderazgos, la perdida de recursos econ�micos invertidos en el desarrollo del deporte no convencional por parte de la Federaci�n convencional y el desarrollo deportivo alcanzado hasta la fecha�.

28. Como se puede apreciar, la parte actora argument� que la aplicaci�n del art�culo 2.9.2.1. del Decreto 520 del 2021 generar�, en el futuro, efectos adversos a la Federaci�n Colombiana de Voleibol en materia de liderazgo, inversiones econ�micas y desarrollo deportivo, porque el precepto acusado permite la creaci�n de un �organismo deportivo para personas con y/o en condici�n de discapacidad� que fomente el mismo deporte que ha sido impulsado por la entidad demandante desde el a�o 2011.

29. Es decir que, cuando ello ocurra, existir�n dos federaciones nacionales ejerciendo las mismas funciones respecto del Paravolley, lo que conducir� a que una de estas organizaciones sea excluida de la instancia internacional, teniendo en cuenta que la World ParaVolley solo acepta un organismo miembro por cada naci�n, condici�n que ya le fue otorgada a la Federaci�n Colombiana de Voleibol.

30. En este orden de ideas, para el Despacho los argumentos plasmados en el ac�pite de la medida cautelar evidencian la inconformidad de la parte actora respecto de los efectos que tendr�a la creaci�n de una nueva federaci�n nacional deportiva de Paravolley, sin que directamente se cuestione la legalidad del art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 14 de mayo de 2021.

31. La Sala unitaria tambi�n pone de relieve que la parte demandante, a trav�s del Oficio de 2 de febrero de 202213, alleg� unas pruebas como fundamento de la petici�n cautelar, en las que reconoce que todav�a no se ha constituido en Colombia una nueva �Federaci�n Colombiana de Paravolley�, y precisa que ninguna federaci�n con tal objeto ha sido autorizada por el Ministerio del Deporte.

32. En atenci�n a las anteriores premisas, el Despacho pone de presente que el estudio de legalidad de un acto administrativo requiere de un examen objetivo en el que se confronte su contenido con las normas superiores invocadas y se analicen las pruebas allegadas junto a la solicitud.

33. Por ende, el an�lisis respecto de la procedencia o no de la medida cautelar est� asociado a establecer si, con ocasi�n de la la expedici�n del acto administrativo acusado se desconoci� el ordenamiento jur�dico superior14, siendo necesario, en caso de configurarse tal eventualidad, suspender los efectos jur�dicos de la manifestaci�n de voluntad de la administraci�n.

34. En este contexto, no se advierte, previa revisi�n de la argumentaci�n plasmada en la solicitud de suspensi�n provisional, que con ocasi�n de la expedici�n del art�culo 1� del Decreto 520 de 2021 -que sustituy� el art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015-, el Presidente de la Rep�blica hubiese desconocido alguna norma jur�dica superior o vulnerado las normas que regulan sus competencias reglamentarias.

35. Por el contrario, los reproches, tal como se advirti� en ac�pites anteriores de esta providencia, se orientan y circunscriben a cuestionar los efectos futuros que generar� la eventual creaci�n de una nueva federaci�n colombiana o nacional de paravolley.

36. Sin embargo, la l�nea argumentativa que sustenta la solicitud del decreto de la medida cautelar, valga resaltarlo, se encuentra en oposici�n a la reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha sostenido que el juicio de legalidad del acto administrativo debe efectuarse teniendo en cuenta las circunstancias vigentes al momento de su expedici�n, sin que puedan considerarse aspectos posteriores o futuros que se produzcan con ocasi�n de la aplicaci�n de la manifestaci�n de la voluntad de la administraci�n. En armon�a con lo expuesto, la Secci�n Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 30 de abril de 2020, explic� lo siguiente:

[�] Debe recordarse que es reiterada y pac�fica la jurisprudencia de esta Corporaci�n que sostiene que el juicio de legalidad que le corresponde realizar a la autoridad judicial se hace a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento al acto o de las existentes al momento de su expedici�n y no respecto de los efectos de la implementaci�n de la decisi�n administrativa que se adopte. [�]15.

37. Significa lo anterior que los efectos que podr�a generar la ejecuci�n de un acto administrativo no hacen parte del juicio de validez asociado al control de legalidad que respecto de la decisi�n administrativa efect�a el juez de lo contencioso administrativo, lo que ser�a suficiente para negar la cautela.

38. Sin perjuicio de lo anterior, el Despacho adem�s resalta que los asuntos sometidos a conocimiento de esta jurisdicci�n se rigen por la �rogatio� o rogaci�n16, lo que se traduce en que la parte actora en el escenario del proceso contencioso administrativo debe cumplir con la carga de orientar el �mbito de acci�n dentro del cual considera que el juez debe pronunciarse y sustentar adecuadamente la solicitud de suspensi�n provisional17.

39. Tal principio emana de lo dispuesto en el art�culo 229 de la Ley 1437 de 2011, norma del siguiente tenor:

�[�] En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicci�n, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petici�n de parte debidamente sustentada, podr� el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias [�]� (negrillas fuera del texto)

40. En este contexto, es importante tener en cuenta que la sustentaci�n del concepto de violaci�n de la norma demandada (art. 162, num 4�, Ley 1437) no puede servir, autom�ticamente, como soporte del decreto de la medida cautelar que se depreca, pues el legislador expresamente exige desarrollar para cada uno de estos escenarios la respectiva carga argumentativa.

41. La Secci�n Primera del Consejo de Estado, en el auto del 21 de octubre de 201318, expres� las razones que justifican tal exigencia en los siguientes t�rminos:

�[�] En efecto, el requisito consistente en la sustentaci�n de la medida cautelar no se encuentra en el art�culo 231 del CPACA que trae a colaci�n el recurrente, sino en el art�culo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposici�n advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensi�n provisional, pueden ser decretadas a solicitud de parte debidamente sustentada, lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violaci�n, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de l�belos seg�n lo dispone el art�culo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado art�culo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresi�n �proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado� contenida en art�culo 231 Ib�d, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensi�n provisional puede ser presentada en el l�belo introductorio o en un escrito aparate, y no a que la sustentaci�n de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violaci�n de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jur�dicamente la pretensi�n de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es m�s, si lo deseado por la actora era que el concepto de violaci�n expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensi�n provisional as� debi� expresarlo, m�xime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedic� un cap�tulo aparte a la suspensi�n provisional dentro del cual inscribi� un subt�tulo denominado �FUNDAMENTO DE LA PETICI�N DE SUSPENSI�N PROVISIONAL�19, que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida. [�]� (negrillas fuera del texto)

42. En el caso concreto, la parte actora diferenci� en ac�pites independientes los cargos y el concepto de violaci�n de la demanda y los argumentos que sirvieron de sustento a la solicitud de medida cautelar, cuyo texto integral se transcribi� en el numeral 28 de esta providencia, y en el que �nicamente se remiti� a la demanda para reiterar las consecuencias nocivas de esa decisi�n, como puede apreciarse en el siguiente extracto:

[�] Como bien se desarroll� en el presente escrito de demanda, la interpretaci�n hecha por el Ministerio del Deporte y que qued� plasmada en el art�culo objeto de nulidad, pueden llegar a tener consecuencias jur�dicas adversas para el voleibol paral�mpico [�]

43. Lo anteriormente expuesto demuestra que la parte demandante inobserv� los requisitos se�alados en los art�culos 229 y 231 del CPACA; sin embargo, la Sala unitaria tambi�n considera pertinente resaltar que la nueva estructura del sistema paral�mpico colombiano �que cuestion� la demandante porque permite la creaci�n de una nueva federaci�n nacional para el deporte que desarrolla- tiene origen en la Ley 1946 y no en el reglamento acusado.

44. Sobre el particular, cabe recordar que la Ley 1946 de 2019 derog� la Ley 582 de 2000, especialmente su art�culo 3�20, en el sentido de determinar que el Comit� Paral�mpico Colombiano ya no solo estar�a conformado por las federaciones nacionales organizadas �por discapacidades�, sino tambi�n por las federaciones nacionales estructuradas �por deporte�.

45. En este orden de ideas, la Ley 1946 reestructur� ese sistema �de acuerdo con las normas internacionales vigentes�, precisando que el Comit� Paral�mpico Nacional ser�a el coordinador de los organismos deportivos asociados a las personas en condici�n de discapacidad y de acuerdo con los lineamientos internacionales de gobernanza de cada deporte (art�culos 1� y 3� de la Ley 1946).

46. Adem�s, el art�culo 6� ibidem estableci� las siguientes reglas de organizaci�n de los organismos deportivos para personas con y/o en condici�n de discapacidad por deporte:

[�] ART�CULO 6�. Organizaci�n de los organismos deportivos para personas con y/o en condici�n de discapacidad. Los organismos deportivos para personas con y/o en condici�n de discapacidad se organizar�n por deporte, de acuerdo a los siguientes lineamientos del Comit� Paral�mpico Internacional:

1. En aquellos deportes donde la Federaci�n Deportiva Internacional y el Comit� Paral�mpico Internacional hayan integrado el deporte para personas con y/o en condici�n de discapacidad al deporte convencional, los organismos deportivos de todos los niveles deber�n proceder de conformidad con dicha obligaci�n;

2. Los deportes en los cuales el Comit� Paral�mpico Internacional y la Federaci�n Deportiva Internacional de deporte convencional no haya integrado el deporte para personas con y/o en condici�n de discapacidad, tendr�n la gobernanza directa en el Comit� Paral�mpico Colombiano, manteni�ndose y/o conform�ndose seg�n corresponda, los organismos deportivos de niveles departamental y municipal por deporte;

3. Los deportes gobernados internacionalmente por las "Organizaciones internacionales de deporte para personas en condici�n de discapacidad" (IOSDs) seguir�n siendo manejados en el pa�s por las Federaciones Deportivas por discapacidad, y se mantendr�n y/o conformar�n seg�n corresponda, los organismos deportivos de esas discapacidades en todos los niveles.

4. En aquellos deportes exclusivos para personas con y/o en condici�n de discapacidad, se constituir�n los respectivos organismos deportivos por deporte.

PAR�GRAFO 1. En el evento en el que, con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, la Federaci�n Deportiva Internacional y el Comit� Paral�mpico Internacional seg�n el caso, determinen un cambio en la gobernanza de los deportes a nivel internacional, dicho cambio deber� ser acogido en el pa�s de la misma manera en un plazo m�ximo de dos (2) a�os.

PAR�GRAFO 2. S�lo podr� existir por deporte, una (1) Liga Deportiva y una (1) Federaci�n Deportiva de deporte convencional que integre el deporte de personas con discapacidad, y una (1) Liga Deportiva y una (1) Federaci�n Deportiva de deporte para personas con y/o en condici�n de discapacidad. [�]

47. En este contexto, la Sala unitaria, prima facie encuentra que la disposici�n acusada no hizo nada distinto a precisar y detallar la Ley 1946 para, de esta forma, lograr que la misma pueda ejecutarse adecuadamente, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

48. N�tese que los efectos perjudiciales a que alude el demandante, surgir�an del texto legal y no de la norma reglamentaria, puesto que la Ley 1946 de 2019 fue la encargada de reestructurar el Sistema Paral�mpico Colombiano en el sentido de disponer que las federaciones deportivas nacionales se organicen no solo por discapacidades, sino tambi�n por deporte, decisi�n que cobija al paravolley.

49. Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que la parte demandante no identific� ni contrast� las normas superiores violadas por el acto administrativo demandado con el fin de sustentar la solicitud de medida cautelar, y solamente argument� que los efectos futuros del acto ser�n perjudiciales para esa asociaci�n (efectos inexistentes que adem�s tienen origen legal), el Despacho negar� la medida cautelar de la referencia, como en efecto lo dispondr� en la parte resolutiva del presente prove�do.

50. Finalmente, cabe recordar a la parte actora que la decisi�n contenida en esta providencia, en los t�rminos del inciso 2� del art�culo 229 del CPACA, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que as� lo sea, dado que la presente decisi�n parte de un conocimiento sumario del litigio, y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas iniciales, no sujeta la decisi�n final, pues para ello es necesario agotar todo el debate procesal.

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 2.9.2.1 del Decreto 1085 de 2015, sustituido por el art�culo 1� del Decreto 520 de 14 de mayo de 2021.