SENTENCIA 11001032500020210038500 de 2022

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030044779SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull110010325000202100385001905-2021202213/10/2022SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032500020210038500_1905-2021_2022_13/10/2022300448062022

Control inmediato de legalidadWilliam Hern�ndez G�mezDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCI�N P�BLICA Y OTROSINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA HACIENDA P�BLICA, SINTRADIAN HACIENDA P�BLICAfalseDecreto 1754 del 22 de diciembre de 2020Identificadores10030291443true1430289original30250940Identificadores

Demandante: �SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA HACIENDA P�BLICA, SINTRADIAN HACIENDA P�BLICA

Demandante: SINDICATO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DE LA HACIENDA P�BLICA, SINTRADIAN HACIENDA P�BLICA

Decisi�n: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a trav�s de su Sala Especial de Decisi�n n.� 17, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001031500020210466400.

La Sala de Subsecci�n dicta la sentencia que en derecho corresponda, en el proceso judicial de la referencia tramitado en virtud del medio de control de nulidad simple consagrado en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

En ejercicio del medio de control de nulidad, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Hacienda P�blica, Sintradian Hacienda P�blica, present� demanda en contra del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica. No obstante, el auto admisorio del 15 de octubre de 2021 se abstuvo de vincular al presente proceso a la �ltima de estas entidades3.

Como pretensi�n principal, solicit� se declare la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, �Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivaci�n de las etapas de reclutamiento, aplicaci�n de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selecci�n para proveer los empleos de carrera del r�gimen general, especial y espec�fico, en el marco de la Emergencia Sanitaria�.

De manera subsidiaria, pidi� que se anulen los art�culos 2 y 3 de dicho cuerpo normativo.

En la demanda se alega que el acto acusado desconoce los art�culos 1, 2, 13, 25, 40 (numeral 7), 83, 189 (numeral 11) y 209 de la Constituci�n Pol�tica, al igual que el art�culo 14 del Decreto Legislativo 491 de 20204. En criterio del sindicato demandante dicha transgresi�n se concreta en los siguientes vicios de nulidad:

(i) Infracci�n de las normas superiores en que deb�a fundarse el acto. La demanda se�al� que, estando vigente la situaci�n de emergencia sanitaria, el Decreto 1754 de 2020 dispuso la reactivaci�n de los procesos de selecci�n para proveer empleos de carrera a pesar de que el Decreto Legislativo 491, en su art�culo 14, precis� que dichos tr�mites solo podr�an reanudarse una vez superada la crisis sanitaria. Adujo que esta situaci�n pone de presente que el Gobierno Nacional se extralimit� en el ejercicio de la potestad reglamentaria, la que no puede servir de excusa para modificar o cambiar el sentido de una ley, introduciendo normas que no se desprenden natural y l�gicamente de las disposiciones desarrolladas ni ampliando o restringiendo su alcance. De acuerdo con ello, indic� que el acto enjuiciado se tradujo en la derogatoria del art�culo 14 del Decreto 491 de 2020, a pesar de que la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020 sostuvo que la medida de aplazamiento de los procesos de selecci�n en etapas de reclutamiento y aplicaci�n de pruebas superaba los juicios de necesidad, finalidad y proporcionalidad.

(ii) Falsa motivaci�n. Afirm� que las razones que se ofrecieron en el acto administrativo demandado para justificar la reactivaci�n de los procesos de selecci�n apuntaron a la disminuci�n progresiva en la velocidad de transmisi�n del virus de la Covid-19. Este hecho se utiliz� como excusa para reanudar los concursos de m�rito pese a que la realidad de la salubridad p�blica era que la situaci�n de emergencia sanitaria continuaba vigente. Bajo ese contexto, consider� que el acto no se funda en hechos ciertos, verdaderos y existentes al momento de ser proferido, que distorsion� la realidad y desatendi� abiertamente las pol�ticas y directrices dictadas por el mismo Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud y Protecci�n Social en aras de garantizar la salud de todos los ciudadanos.

(iii) Expedici�n irregular. Explic� que las consideraciones en que dice fundarse el acto, tales como la reducci�n del contagio y las necesidades de reactivaci�n econ�mica y de flexibilizaci�n de las medidas de bioseguridad, son insuficientes para dar raz�n plena de la decisi�n adoptada, de lo que concluye que se present� un supuesto de falta total de motivaci�n.

Esta cartera ministerial solicit� que se deniegue la pretensi�n de la demanda y, en consecuencia, se declare ajustado a derecho el Decreto 1754 de 2020. Con tal fin, adujo que el acto demandado se expidi� en ejercicio de la potestad reglamentaria que le asiste al Gobierno Nacional, en particular con fundamento en el numeral 11 del art�culo 189 Superior y el art�culo 14 del Decreto Legislativo 491 de 2020.

Seguidamente, sostuvo que el contenido del Decreto 1754 responde al car�cter transitorio del aplazamiento de los concursos de m�rito y se ajusta al levantamiento del confinamiento general, al esquema de aislamiento selectivo y al distanciamiento individual responsable, adem�s de obedecer a la necesidad de reactivaci�n productiva y gradual, acompa�ada del cumplimiento de las medidas de bioseguridad respectivas.

En ese contexto, explic� que la expedici�n del decreto estudiado atiende a las nuevas realidades que surgieron en materia epidemiol�gica y a las recomendaciones de las autoridades nacionales de salud, a partir de las cuales pudieron plantearse nuevamente escenarios de reclutamiento de aspirantes en los procesos de selecci�n y la aplicaci�n de las pruebas propias de estos concursos.

En armon�a con lo anterior, destac� que la transitoriedad de la suspensi�n de los procesos de selecci�n hab�a sido avalada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-242 de 2020. Adem�s, el ministerio demandado hizo �nfasis en que el ingreso a la funci�n p�blica a trav�s de los concursos de m�rito no puede suspenderse en forma indefinida.

Bajo esos argumentos, consider� que los cargos que formul� la parte demandante no fueron individualizados correctamente pues todos comparten la misma justificaci�n; adem�s, en relaci�n con el de infracci�n de las normas superiores en que deb�a fundarse el acto, expuso que no cumple con los requisitos exigidos para su configuraci�n pues el argumento en el que se sustent� alude a un fen�meno diferente, relativo a un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria por una supuesta derogatoria t�cita.

La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En primer lugar, consider� que, trat�ndose de los medios de control de nulidad simple, la legitimaci�n en la causa por pasiva se determina con la autor�a del acto administrativo enjuiciado. Al respecto, aludi� a una sentencia del Consejo de Estado en la que se estableci� que el DAFP carec�a de legitimaci�n porque no suscribi� el acto demandado.

Sobre el tema de fondo, se�al� que el Decreto Legislativo 491 de 2020 fue la respuesta que se requer�a con inmediatez en materia de regulaci�n para dar manejo a la pandemia y preservar la salud p�blica. Adujo que entre las medidas que se adoptaron en �l, se encontraban aquellas tendentes a promover la protecci�n de los trabajadores, siendo una de ellas la suspensi�n de los concursos de m�ritos, avalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-242 de 2020.

Afirm� que, aunque la salud p�blica es un bien jur�dico de especial protecci�n, no puede tenerse como una camisa de fuerza pues lo cierto es que las din�micas que emerg�an a partir de las realidades cambiantes de la pandemia ten�an que irse regulando, fruto de lo cual se expidi� el Decreto 1754 de 2020, que en criterio del DAFP tiene respaldo en los art�culos 189-11 Superior y 14 del Decreto Legislativo.

Precis� que la parte considerativa del decreto acusado document� ampliamente las razones que justificaban la necesidad de reanudar las etapas suspendidas de los procesos de selecci�n, exponiendo motivos como la evoluci�n del aislamiento preventivo obligatorio hacia el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable; cambios en las tasas de contagio y mortalidad; reducci�n de la velocidad de propagaci�n y otras variables epidemiol�gicas; ello sumado a la necesidad de reactivaci�n econ�mica, productiva y social. De esta forma, defendi� la legalidad de la reglamentaci�n objeto de estudio por considerar que ten�a sustento suficiente en los motivos que condujeron a su expedici�n y en el ejercicio de la potestad reglamentaria que le asiste al Gobierno Nacional.

Frente al cargo de falsa motivaci�n, neg� que se configure pues estima que el Decreto 1754 de 2020 responde a la ponderaci�n del bien general, reiterando que se fundament� en recomendaciones y conceptos de viabilidad emitidos por autoridades nacionales e internacionales en el campo de la salud.

Mediante auto del 15 de octubre de 20217, se corri� traslado de la solicitud de medida cautelar que elev� la organizaci�n demandante por un t�rmino de cinco d�as, dentro del cual las entidades demandadas se pronunciaron oponi�ndose a su decreto8.

En curso el presente proceso, el magistrado sustanciador tuvo conocimiento del fallo del 3 de junio de 2022, proferido por la Sala Especial de Decisi�n n.� 17 de esta Corporaci�n en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001-03-15-000-2021-04664-009. Dicha sentencia declar� la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 con efectos ex nunc.

Con base en ello, mediante auto del 25 de julio de 202210 y con fundamento en el numeral 3 del art�culo 182A del CPACA, se orden� darle a esta litis el tr�mite propio de la sentencia anticipada al considerar que, prima facie, se configur� el fen�meno de la cosa juzgada en virtud del referido fallo. Como consecuencia de lo anterior, el mismo auto dispuso correr traslado a las partes para la presentaci�n de alegatos de conclusi�n y al Ministerio P�blico, para emitir concepto.

La entidad hizo uso de esta oportunidad procesal para solicitar que el fallo que se emita en este proceso decida estarse a lo resuelto en la sentencia del 3 de junio de 2022, que dict� la Sala Especial de Decisi�n n.� 17 en el control inmediato de legalidad 11001031500020210466400, mediante el cual se declar� la nulidad del Decreto 1754 de 2020.

Esta entidad reiter� los argumentos que expuso en la contestaci�n de la demanda, en defensa de la legalidad del acto acusado.

La Procuradur�a Tercera Delegada ante el Consejo de Estado rindi� el Concepto 311-2022 del 29 de agosto de 2022, en el que solicit� que el fallo que se dicte en el presente proceso decida estarse a lo resuelto en la mencionada sentencia del 3 de junio de 2022, que emiti� la Sala Especial de Decisi�n n.� 17.

De conformidad con los art�culos 125, 137 y 149 del CPACA, en armon�a con los art�culos 13 y 15 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201914, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Subsecci�n es competente para dictar la sentencia de �nica instancia que en derecho corresponde.

El pasado 3 de junio, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001-03-15-000-2021-04664-0015, la Sala Especial de Decisi�n n.� 17 del Consejo de Estado profiri� sentencia en la que se pronunci� de fondo sobre la legalidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, declarando su nulidad con efectos hacia el futuro o ex nunc.

La Sala dispondr� estarse a lo resuelto en dicha providencia, al configurarse la cosa juzgada formal, seg�n se explica en las siguientes l�neas:

La cosa juzgada es una instituci�n jur�dico procesal en virtud de la cual las decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el car�cter de invariables, vinculantes y concluyentes, ello con la finalidad de lograr la terminaci�n definitiva de controversias que permita la realizaci�n de la seguridad jur�dica16 como principio fundante dentro de un Estado social de derecho.

En relaci�n con los efectos de una providencia que hace tr�nsito a cosa juzgada, se han identificado los siguientes: la presunci�n de veracidad de lo resuelto; la inmutabilidad de la decisi�n, que significa que la materia que ya ha sido objeto de estudio no puede, en principio, ser sometida a un nuevo pronunciamiento de fondo; la imposibilidad de revocar directamente la resoluci�n judicial17; y, en los casos en que el objeto del proceso es una pretensi�n de nulidad, aparece adem�s la prohibici�n de reproducir el acto administrativo suspendido o anulado, la cual tiene fundamento legal en el art�culo 237 del CPACA.

De acuerdo con este �ltimo, la restricci�n busca evitar que, a trav�s de la expedici�n de nuevas normas, se reintroduzcan al ordenamiento jur�dico disposiciones ya anuladas o suspendidas, para lo cual, m�s all� de la redacci�n, ha de tenerse en cuenta la esencia del acto administrativo que ha perdido su fuerza ejecutoria. Ahora bien, el art�culo en comento permite retomar el contenido de este �ltimo en aquellos casos en que, tras la expedici�n de la sentencia o el auto respectivo, desaparecen los fundamentos jur�dicos de la decisi�n anulatoria o de suspensi�n.

Para que se configure el fen�meno de la cosa juzgada es imprescindible que, previamente, el asunto en cuesti�n haya sido objeto de estudio por la jurisdicci�n y que al respecto esta haya adoptado una decisi�n de fondo que se encuentre debidamente motivada, pudi�ndose verificar el cumplimiento de las siguientes exigencias:

(i) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculados y obligados, salvo que se trate de un medio de control de car�cter p�blico, como el de nulidad simple, que al propender por la protecci�n del inter�s general puede ser promovido por cualquier persona. De acuerdo con ello, en tal supuesto, no es necesario que se presente identidad absoluta de partes para que se configure la cosa juzgada.

(ii) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisi�n que hizo tr�nsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le est� dado analizar los nuevos supuestos18.

De manera particular, en materia de lo contencioso administrativo, el art�culo 189 del CPACA precisa que la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene efectos de cosa juzgada erga omnes, dicho de otra forma, la decisi�n de la administraci�n desaparece del ordenamiento jur�dico para todo el mundo. Igual efecto produce la sentencia que niegue la nulidad �[�] pero s�lo en relaci�n con la causa petendi juzgada [�]�19. As� pues, en este �ltimo supuesto el efecto, adem�s de ser erga omnes, es relativo, de modo que el control judicial no obsta para que la manifestaci�n de voluntad de la administraci�n sea enjuiciada nuevamente por razones diferentes a las ya estudiadas.

Los requisitos arriba anotados ponen de presente que, trat�ndose de medios de control cuya naturaleza involucra el estudio de la legalidad de un acto administrativo, lo que determina la existencia de la cosa juzgada es la posibilidad de predicar, en uno y otro caso, una coincidencia entre los actos enjuiciados y los aspectos que son sometidos a an�lisis en el pronunciamiento judicial. En otras palabras, en ambos procesos debe haber similitud entre lo que se conoce como la �materia juzgada�.

Para realizar tal constataci�n, el ordenamiento jur�dico opt� por privilegiar un criterio sustancial, reflejado ya en el art�culo 237 del CPACA previamente estudiado, pues con independencia de la redacci�n o del cuerpo normativo en que se encuentre inserta la disposici�n, si en esencia se trata de la misma norma que est� siendo controvertida por las mismas razones, habr�n de predicarse los efectos propios de la cosa juzgada. Esto es as� en atenci�n a la diferencia que existe entre la norma y la disposici�n, entendida aquella como la regla que subyace de fondo a esta �ltima.

Este razonamiento dio lugar a que la jurisprudencia constitucional distinguiera la cosa juzgada formal de la genuinamente material. La primera de ellas se produce cuando la disposici�n enjuiciada es exactamente igual. Por su parte, la cosa juzgada material opera en los eventos en que, si bien el debate versa sobre la misma norma que fue objeto de control inicial, esta se encuentra contenida en otro texto jur�dico o incluso, estando dentro del mismo, fue reproducida en otro art�culo de manera exacta o con otra redacci�n, pero conservando la esencia.

En lo que respecta a la oportunidad procesal para declarar la existencia de cosa juzgada es preciso anotar que, antes de la vigencia de la Ley 2080 de 2021, la Ley 1437 de 2011 consagraba en el numeral 6 del art�culo 180 una etapa de decisi�n de excepciones propia de la audiencia inicial en la que, de ser el caso, dicho medio exceptivo deb�a declararse probado bien porque lo propuso el demandado o bien porque, de oficio, el despacho advirti� su configuraci�n. Sin embargo, el hecho de que no se resolviera all� no obstaba para que, de encontrar acreditada esta excepci�n, el juez la decl�rese al momento de proferir la respectiva sentencia.

Al entrar en rigor la Ley 2080 de 2021, la etapa de decisi�n de excepciones de la audiencia inicial qued� reservada para aquellas de naturaleza previa, de manera que las ahora llamadas excepciones perentorias, entre las que se encuentra la cosa juzgada, deben resolverse siempre en la sentencia20.

Visto lo anterior, a continuaci�n, se presentan de manera esquematizada los principales elementos distintivos del atributo en cuesti�n:

Por su parte, las decisiones que deben proferirse en caso de determinar la existencia de cosa juzgada pueden sintetizarse de la siguiente manera:

Por �ltimo, es importante se�alar que la contrariedad en que incurra una sentencia respecto de otra que haya hecho tr�nsito a cosa juzgada se encuentra prevista como una causal de procedencia del recurso extraordinario de revisi�n, salvo que en el segundo proceso se haya resuelto negativamente la excepci�n de cosa juzgada21.

En el asunto sub examine, el estudio de configuraci�n de la cosa juzgada parte de dos premisas que resultan suficientes para se�alar que, en efecto, se produjo aquel fen�meno. La primera de ellas es que entre este proceso y el definido mediante sentencia del 3 de junio de 2022 en el medio de control con radicado 11001-03-15-000-2021-04664-00 existe identidad de objeto o materia juzgada pues en ambos casos el estudio de legalidad recae sobre el Decreto 1754 del 22 de diciembre de 202022.

El segundo aspecto a destacar es la decisi�n que se adopt� en la sentencia del 3 de junio de 2022, que en su parte resolutiva dispuso:

[�] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020 �Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivaci�n de las etapas de reclutamiento, aplicaci�n de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selecci�n para proveer los empleos de carrera del r�gimen general, especial y espec�fico, en el marco de la Emergencia Sanitaria�, dictado por el presidente de la Rep�blica con la firma del ministro de Justicia y del Derecho y el Director del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica, por las razones se�aladas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR que los efectos de la nulidad del Decreto 1754 del 22 de diciembre de 2020, operan �nicamente desde el momento de emisi�n de esta sentencia y hacia el futuro o ex nunc, de acuerdo con los motivos anteriormente expuestos [�]

La determinaci�n de concederle efectos ex nunc o hacia el futuro a la decisi�n anulatoria fue justificada en los siguientes t�rminos:

[�] durante su vigencia, el acto que se declara ilegal surti� efectos y, por ende, las situaciones jur�dicas que se consolidaron bajo su amparo no pueden verse afectadas con la presente decisi�n. As� las cosas, es necesario se�alar, con respecto a la reactivaci�n de los procesos de selecci�n para proveer los empleos de carrera del r�gimen general, especial y espec�fico, as� como los periodos de prueba en vigencia de la emergencia sanitaria, que estos no pueden verse afectados, en cuanto, las entidades o instancias responsables de adelantar los procesos de selecci�n amparadas en la confianza leg�tima, tuvieron la convicci�n de que dichos tr�mites pod�an reanudarse desde el momento en que el Decreto 1754 de 2020 as� lo dispuso. En ese orden, los efectos de la declaratoria de nulidad del acto enjuiciado operan hacia el futuro o ex nunc [�] (negrilla fuera del texto original)

Visto lo anterior, dado que la sentencia del 3 de junio de 2022 declar� la nulidad, con efectos hacia el futuro, del Decreto 1754 de 2020, es preciso concluir que, en los t�rminos del art�culo 189 del CPACA, esa decisi�n hizo tr�nsito a cosa juzgada erga omnes, de manera que no es factible que esta Sala realice un nuevo estudio de legalidad respecto de dicho acto reglamentario, en tanto fue retirado del ordenamiento jur�dico.

En conclusi�n, frente al problema jur�dico que corresponder�a resolver en esta sentencia existe cosa juzgada a ra�z de lo decidido en el fallo del 3 de junio de 2022 que dict� la Sala Especial de Decisi�n n.� 17 del Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-04664-00.

Por configurarse el fen�meno de la cosa juzgada, se estar� a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por esta Corporaci�n, a trav�s de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisi�n n.� 17, dentro del control inmediato de legalidad radicado bajo el n�mero 11001-03-15- 000-2021-04664-00. En m�rito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, Subsecci�n A, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

Primero: Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a trav�s de su Sala Especial de Decisi�n n.� 17, mediante la cual se declar� la nulidad del Decreto 1754 de 2020 con efectos hacia el futuro o ex nunc, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001031500020210466400.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, arch�vese el expediente y h�ganse las anotaciones pertinentes en el programa inform�tico Samai de esta Corporaci�n.

Estarse a lo resuelto��(En la sentencia proferida el 3 de junio de 2022 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a trav�s de su Sala Especial de Decisi�n n.� 17, mediante la cual se declar� la nulidad del Decreto 1754 de 2020 con efectos hacia el futuro o ex nunc, en el medio de control inmediato de legalidad con radicado 11001031500020210466400. )�DECRETO_1754_2020_22/12/2020

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesi�n.

4 �Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atenci�n y la prestaci�n de los servicios por parte de las autoridades p�blicas y los particulares que cumplan funciones p�blicas y se toman medidas para la protecci�n laboral y de los contratistas de prestaci�n de servicios de las entidades p�blicas, en el marco del Estado de Emergencia Econ�mica, Social y Ecol�gica�.

8 Los escritos de oposici�n obran en el expediente electr�nico as�: en el �ndice 43 (reiterado en el �ndice 44), el del Ministerio de Justicia y del Derecho y, en el �ndice 46, el del Departamento Administrativo de la Funci�n P�blica. 9 La referida sentencia pude consultarse en SAMAI, en el �ndice 21 del expediente electr�nico 11001031500020210466400.

15 La referida sentencia pude consultarse en SAMAI, en el �ndice 21 del expediente electr�nico 11001031500020210466400.

16 En este sentido ver entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, Secci�n Segunda, del 28 de febrero de 2013, radicaci�n: 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07) Actor: Luz Beatriz Pedraza Bernal, y de la Corte Constitucional C-259 de 2015.

17 Al respecto puede consultarse la sentencia C-096 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

18 Cuando la decisi�n que ha hecho tr�nsito a cosa juzgada se profiera en el medio de control inmediato de legalidad o cualquier otro que opere de forma autom�tica por ministerio de la ley, es claro que en estricto sentido debe excluirse el requisito de identidad de causa petendi pues no existir� el acto procesal de demanda. En esos eventos la identidad que debe predicarse de cara al an�lisis de la cosa juzgada opera entre aquellas normas y aspectos que hayan sido sometidos a estudio en el fallo que resolvi� el control inmediato de legalidad y la causa petendi propios del proceso de nulidad simple. En ese orden de ideas, para cuestionar los mismos actos administrativos sin que se configure el fen�meno de la cosa juzgada debe aducirse la violaci�n de normas que no hayan sido invocadas expresamente en la sentencia con la que culmina el procedimiento especial de control de legalidad o frente a las cuales no se haya realizado el contraste normativo como tal.

19 En palabras del profesor Carlos Alberto Betancur Jaramillo, la causa petendi �[�] guarda �ntima relaci�n con el numeral 4� del art�culo 137 que exige en toda demanda de impugnaci�n de un acto administrativo la indicaci�n de las normas violadas y la explicaci�n del concepto de violaci�n [�]�. Ver art�culo Acciones y recursos ordinarios p. 228.

20 Al respecto el inciso final del par�grafo 2 del art�culo 175 del CPACA, modificado por el art�culo 38 de la Ley 2080 de 2021, regla que: �Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacci�n, conciliaci�n, falta manifiesta de legitimaci�n en la causa y prescripci�n extintiva, se declarar�n fundadas mediante sentencia anticipada, en los t�rminos previstos en el numeral tercero del art�culo 182A.�.

22 �Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en lo relacionado con la reactivaci�n de las etapas de reclutamiento, aplicaci�n de pruebas y periodo de prueba en los procesos de selecci�n para proveer los empleos de carrera del r�gimen general, especial y espec�fico, en el marco de la Emergencia Sanitaria.�