200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030044767CC-SENTENCIAC366202219/10/2022CC-SENTENCIA_C_366__2022_19/10/2022300447942022Fuente: Comunicado número 34 del 19 y 20 de octubre de 2022, Divulgado por página de la Corte Constitucional. Proceso D-14.743 y D-14.755 (acumulados) Recurso de extracto: LA CORTE SE INHIBIÓ DE PRONUNCIARSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 337 Y 337A DE LA LEY 599 DE 2000, QUE ESTABLECEN LOS DELITOS DE APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN Y DE FINANCIACIÓN DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE LOS BALDÍOS DE LA NACIÓN, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LAS DEMANDAS.
CONSTITUCIONALIDAD19/10/2022Ley 599 de 2000, artículos 337 y 337AD-14.743 y D-14.755 (acumulados)Identificadores20030291358true1430195original30250857Identificadores

Fecha Providencia

19/10/2022

Fecha de notificación

19/10/2022

Norma demandada:  Ley 599 de 2000, artículos 337 y 337A


Fuente: Comunicado número 34 del 19 y 20 de octubre de 2022, Divulgado por página de la Corte Constitucional. Proceso D-14.743 y D-14.755 (acumulados)

Recurso de extracto:

LA CORTE SE INHIBIÓ DE PRONUNCIARSE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 337 Y 337A DE LA LEY 599 DE 2000, QUE ESTABLECEN LOS DELITOS DE APROPIACIÓN ILEGAL DE BALDÍOS DE LA NACIÓN Y DE FINANCIACIÓN DE LA APROPIACIÓN ILEGAL DE LOS BALDÍOS DE LA NACIÓN, POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LAS DEMANDAS.

1. Norma objeto de control constitucional

LEY 599 DE 2000

(julio 24)

"Por la cual se expide el Código Penal."

Artículo 337. Apropiación ilegal de baldíos de la Nación. El que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la Nación, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá en prisión de sesenta (60) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento cuarenta (140) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos y despojo de tierras.

PARÁGRAFO 1°. La conducta descrita en este artículo no será considerada delito si la misma se ajusta a los condicionamientos y requisitos señalados en la Ley 160 de 1994, así como en el Decreto Ley número 902 de 2017 para la adjudicación de bienes baldíos.

PARÁGRAFO 2°. Cuando la conducta descrita en el artículo anterior sea cometida por personas campesinas, indígenas o afrodescendientes, que dependa su subsistencia de la habitación, trabajo o aprovechamiento de los baldíos de la nación no habrá lugar a responsabilidad penal.

Artículo 337A. Financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descrito en el artículo anterior, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de trescientos (300) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los bienes muebles, inmuebles o semovientes encontrados en los baldíos ilegalmente apropiados.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se ajuste a lo descrito en el artículo 323 de lavado de activos.

2. Decisión

Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 337 y 337A de la Ley 599 de 2000, “[p]or la cual se expide el Código Penal”.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos

La Corte Constitucional debía examinar si las normas acusadas vulneraban el principio de unidad de materia y el derecho de acceso progresivo a la tierra, así como también tenía que establecer si el legislador desbordó los límites de su potestad de configuración en materia penal. No obstante, al verificar la aptitud de los cargos presentados en las dos demandas acumuladas, la Sala Plena encontró que estas no cumplen con las exigencias de rigor y, por ende, concluyó que se debía emitir un fallo inhibitorio.

En lo que respecta a los tres cargos dirigidos en contra del artículo 337A, la Corporación encontró que los demandantes no plantearon argumentos autónomos que permitieran ejercer el control de constitucionalidad. Esto, debido a que los accionantes, en términos generales, se limitaron a señalar que la inconstitucionalidad del artículo 337 tenía como consecuencia la inexequibilidad del artículo 337A, dada la relación entre uno y otro, pero no elevaron cargos concretos en contra de esta última disposición normativa.

Por otro lado, frente al primer cargo en contra del artículo 337, la Sala Plena constató que la demanda carece de certeza. Esto, porque la parte actora supone, sin fundamento y de manera equivoca, que el delito de apropiación ilegal de baldíos únicamente protege la propiedad estatal, con lo que, además, pasa por alto la existencia de tipos penales pluriofensivos.

En lo que atañe al segundo cargo contra del artículo 337, la Corte Constitucional consideró que la demanda carece de certeza y suficiencia. En términos generales, se tuvo en cuenta que los accionantes omitieron valorar los ingredientes normativos que limitan los efectos y aplicación de la norma acusada, particularmente, los eventos de atipicidad y de exclusión de responsabilidad. En este punto, el Tribunal tomó en consideración que la parte actora no presentó argumentos concretos y autónomos para explicar por qué la norma acusada violaba el artículo 65 de la Constitución Política.

Finalmente, sobre el tercer cargo dirigido en contra del artículo 337, la Corporación señaló que la demanda carece de certeza, especificidad y pertinencia. En términos generales, se dijo que el reproche de los actores no toma en consideración que es viable crear tipos penales en blanco. Además, la Sala Plena concluyó que los actores no proponen una verdadera contradicción entre el contenido normativo acusado y el contenido de las normas superiores supuestamente transgredidas, en el entendido de que estos se fundamentan en las consecuencias prácticas que, a su juicio, traería la aplicación de la norma objeto de las demandas.

4. Salvamentos y aclaraciones de voto

Las magistradas NATALIA ÁNGEL CABO y CRISTINA PARDO SCHLESINGER y el magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO salvaron parcialmente su voto.

La magistrada Natalia Ángel Cabo salvó parcialmente su voto frente a la decisión de la Corte de inhibirse sobre todos los cargos de las demandas. A su juicio, era procedente estudiar de fondo el cargo de unidad de materia, por cuanto los actores cumplieron con los requisitos que exige la jurisprudencia en este tipo de cuestionamientos (Sentencia C-063 de 2021 y C-277 de 2011). En efecto, para dicha magistrada en las demandas se entiende con claridad que los actores consideran que el delito de apropiación de baldíos de la Nación, insertado al Código Penal por el Artículo 1º de la Ley 2111 de 2021, no guarda conexidad objetiva y razonable con el tema que este último estatuto desarrolló. Observa la magistrada Ángel Cabo que, para desarrollar el cargo, los demandantes: (i) indicaron que el contenido temático de la Ley 2111 de 2021 era la protección ambiental; (ii) señalaron que el delito referenciado no tenía relación con esa materia; y (iii) expusieron las razones por las que la protección de los baldíos, en principio, carecía de nexo y coherencia con la salvaguarda de los ecosistemas. Así pues, para la magistrada Ángel Cabo la decisión de la mayoría de la Sala Plena fue demasiado rigurosa a la hora de evaluar la aptitud sustantiva de la demanda.

En su salvamento parcial, la magistrada Ángel Cabo, reiteró, como lo ha hecho en otras oportunidades, su preocupación por el excesivo incremento en la intensidad con la cual se analiza la aptitud de las demandas de inconstitucionalidad. Según ella es revelador comprobar que, a veces, ni siquiera expertos en derecho constitucional o en el campo de las normas demandadas logran un fallo de mérito sobre sus acusaciones, pese a formular reproches comprensibles de inconstitucionalidad de la legislación. Resultados como este se originan en un proceso muy profundo y ahora extendido de reforzamiento de los aspectos más técnicos del control constitucional, en detrimento de su parte más pública y accesible a la ciudadanía.

Por su parte, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger decidió salvar parcialmente el voto, puesto que, respecto de los cargos por los cuales hubo inhibición, estimó que eran aptos.

Finalmente, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo salvó parcialmente el voto por considerar que los tres cargos formulados contra el artículo 337 del Código Penal, referente a la ocupación ilegal de baldíos, contrario a lo sostenido por la mayoría, cumplen con los requisitos del Decreto 2067 de 1991 para su procedencia. Igualmente, en relación con el artículo 337A sobre la financiación de la ocupación ilegal de baldíos, al menos respecto del cargo por unidad de materia.

En relación con el primer cargo, referente a la violación del principio constitucional de unidad de materia, la demanda esgrime argumentos claros y pertinentes: (i) los artículos demandados no guardarían relación con el título ni con el bien jurídico protegido por la Ley 2111 de 2021, dado que “se trata de delitos que protegen un bien jurídico distinto [al medio ambiente], esto es, la tutela de la propiedad del Estado”; y, en consecuencia (ii) carecerían de conexidad causal, temática, sistemática y teleológica con la protección del ambiente y los recursos naturales, que constituye la materia dominante de la Ley 2111 de 2021. El segundo cargo, que se refiere al desconocimiento del mandato constitucional al acceso progresivo a la tierra, consagrado en el artículo 64 de la constitución, también es un cargo claro que genera dudas sobre la constitucionalidad del artículo 337 penal, pues plantea la pregunta de si el legislador está penalizando una conducta la ocupación de baldíos- que está protegida constitucionalmente y ha sido promovida a través de diversas leyes y políticas públicas. En particular, se refiere a la política regularización de la ocupación irregular o indebida, la cual estaría en el centro del mandato incluido en el Decreto Ley 902 de 2017, que desarrolla el Acuerdo Final de paz, y que sería irreconciliable con el artículo 337 del Código Penal, que tipifica las ocupaciones “sin el lleno de los requisitos de ley”. Por último, el tercer cargo plantea la vulneración por parte del artículo 337 de los límites a la libertad de configuración del legislador, especialmente porque incluye dos remisiones normativas y dos nociones indeterminadas (“baldíos” y “campesinos”) que, según la demanda, vulnerarían el principio de legalidad por hacer incierta la conducta típica.

La pregunta que cabe es, entonces, ¿qué más debieron decir o argumentar los demandantes ¿Está la Corte creando exigencias argumentativas tales que van en contravía del mandato constitucional que considera la acción de inconstitucionalidad una acción ciudadana ¿Cómo será posible entonces estudiar de fondo la constitucionalidad de estos artículos, con cinco demandas actualmente en contra, si todas ellas han sido formuladas en análogos y muy similares términos, y con cargos idénticos

Para el magistrado, el estudio de fondo de los cargos era necesario, además, por al menos tres razones: (i) correspondía mostrar que el legislador, antes que distanciarse del propósito de proteger el medio ambiente, apuntó a la complejidad del fenómeno criminal que relaciona estrechamente apropiación masiva de baldíos y deforestación y, frente a conductas pluriofensivas, decidió dar prelación al medio ambiente sobre la propiedad; (ii) era imperativo observar que el delito demandado es contrario a los supuestos de regularización de la ocupación irregular de baldíos y derivar por tanto un condicionamiento a la exequibilidad del artículo 337 penal; (iii) era necesario profundizar en los requisitos de los tipos penales en blanco y abiertos en materia penal para concluir que los reenvíos normativos y las nociones abiertas que contiene el artículo son determinables y garantizan el principio de legalidad.