SENTENCIA 11001 03 24 000 2020 00031 00 de 2022

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030044765SENTENCIASala de lo Contenciosos Administrativonull11001 03 24 000 2020 00031 00202212/10/2022SENTENCIA_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001 03 24 000 2020 00031 00__2022_12/10/2022300447922022

Sentencias de NulidadOswaldo Giraldo L�pezMinisterio de Agricultura y Desarrollo Sostenibles Andr�s Le�n Perilla y otrosfalseResoluci�n nro. 350 del 25 de octubre de 2019,Identificadores10030291322true1430112original30250836Identificadores

Expediente: 11001 03 24 000 2020 00031 00 y 11001 03 24 000 2020 00110 00 (Acumulado)

Demandantes: Alejandro Pacheco Silva, Andr�s Le�n Perilla, Alison P�ez Jim�nez, �lvaro Cubillos Ru�z y Ludwing Mantilla Castro

Teniendo en cuenta que, mediante prove�do del 20 de enero de 20221 , se dispuso la acumulaci�n de los procesos con radicados n�mero 2020 00031 00 promovido por los se�ores Andr�s Le�n Perilla, Alejandro Pacheco, �lvaro Cubillos Ruiz y la se�ora Alison P�ez Jim�nez, y el expediente nro. 2020 00110 00 promovido por el se�or Ludwing Mantilla Castro, quienes, en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentaron demanda con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resoluci�n nro. 350 del 25 de octubre de 2019, �Por la cual se establecen las cuotas globales de pesca de las diferentes especies bajo aprovechamiento para el a�o 2020�, proferida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se proceder� a resolver sobre la medida cautelar en cada caso solicitada.

�Por la cual se establecen las cuotas globales de pesca de las diferentes especies bajo aprovechamiento para el a�o 2020�

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el art�culo 2.16.1.2.5 del Decreto 1071 de 2015, y

Que el art�culo 2.16.1.2.5. del Decreto 1071 de 2015, establece que con base en las propuestas del Comit� Ejecutivo para la Pesca, que constar�n en actas suscritas por los participantes producto de las reuniones descritas en el art�culo 2.16.1.2.2. del decreto mencionado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, expedir� la resoluci�n donde se establecer�n las cuotas globales de pesca de las diferentes especies que regir�n durante el a�o siguiente.

Que el art�culo 2.16.1.2.1., del decreto ya se�alado dispuso que el Comit� Ejecutivo para la Pesca � CEP, integrado por el Director de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acu�colas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial o su delegado, quien lo preside; el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosist�micos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado y el Director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca � AUNAP o su delegado, con el fin de definir las especies y los vol�menes susceptibles de ser aprovechados.

Que el Decreto 3570 de 2011, por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispuso en su art�culo 17, numeral 14, como funci�n de la Direcci�n de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acu�ticos , entre otras, �Fijar de com�n acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con base en la mejor evidencia cient�fica e informaci�n estad�stica disponible las especies y los vol�menes de pesca susceptibles de ser aprovechados en las aguas continentales y en los mares adyacentes, con base en los cuales la autoridad competente expedir� los correspondientes permisos de aprovechamiento�, raz�n por la cual se modific� la composici�n del Comit� Ejecutivo para la Pesca.

Que en reuni�n del 28 de agosto de 2019 se propuso al Comit� Ejecutivo para la Pesca las cuotas globales de pesca para los recursos marinos y continentales de uso ornamental para la vigencia 2020, con base en la informaci�n t�cnica presentada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca � AUNAP, Secretar�a de Agricultura y Pesca del Departamento Archipi�lago de San Andr�s Providencia y Santa Catalina y el Instituto de Investigaciones marinas y costeras INVEMAR.

Que seg�n el acta No. 1 de 2009 del Comit� Ejecutivo para la Pesca, se defini� las cuotas globales de pesca para la vigencia 2020.

Que de conformidad con lo anterior, se hace necesario expedir la presente resoluci�n con las cuotas globales de pesca definidas por el Comit� Ejecutivo para la Pesca, respecto de los recursos pesqueros marinos y los continentales de uso ornamental.

Art�culo 1. Establ�zcanse las cuotas globales de pesca de las diferentes especies para la vigencia 2020, en el Mar Caribe, as�:

*Solo para pesca artesanal y aplica para individuos con aletas adheridas al cuerpo. Este grupo est� conformado por las siguientes especies: Carcharhinus falciformis, C limbatus, C leucas, Alopias supercilius Galeocerdo cuvier y Sphyrna spp.

** Las 5.2 ton de aleta hacen parte de las 125 ton de cuota asignadas al recurso tibur�n

*** La cuota de jaiba ser� discriminada as�: 729 ton jaiba azul (C. sapidus) y 600 ton jaiba roja (C. bocourti) y su aprovechamiento al Caribe continental.

**** Consolidado del grupo Demersales y Pel�gicos. Incluir� los recursos pesqueros asociados a los permisos de �pesca blanca� autorizados por la AUNAP, exceptuando el valor asignado para el recurso at�n.

Art�culo 2. Establ�zcanse las cuotas globales de pesca de las diferentes especies para la vigencia 2020 en el Oc�ano Pac�fico, as�:

** Los valores asignados como cuotas de aleta para Alopias pelagicus, Alopias superciliosus y Sphyma corona, hacen parte de las 350 ton de cuota del recurso tibur�n.

*** Agrupa los recursos pesqueros asociados a los permisos de pesca blanca autorizados por la AUNAP, exceptuando el valor asignado para el recurso at�n.

Art�culo 3. Establ�zcanse las cuotas globales de pesca para la vigencia 2020 para los recursos pesqueros del Departamento Archipi�lago de San Andr�s, Providencia y Santa Catalina, as�:

*** Cuota con margen de captura de una (1) tonelada por encima del valor aprobado a efectos de facilitar el control de la misma.

Par�grafo 1. La cuota para el recurso de peces de escama incluye el porcentaje que se asigna al Tratado V�squez Saccio.

Par�grafo 2. La cuota de caracol pala corresponde al producto en estado de presentaci�n limpio y su captura se circunscribe �nicamente al banco Serrana.

Par�grafo 3. La cuota establecida para caracol pala ser� asignada exclusivamente a pescadores artesanales de la isla y su comercializaci�n se limita al mercado local.

Art�culo 4. Establ�zcanse las cuotas globales de pesca para la vigencia 2020 de las diferentes especies de uso ornamental para las cuencas continentales del pa�s de la siguiente manera:

*C�digo de cada una de las especies seg�n la resoluci�n 1924 de 2015. **Excluye las especies con asignaci�n individual relacionadas anteriormente. Las especies que conforman este grupo se encuentran relacionadas en la resoluci�n 1924 de 2015.

Art�culo 5. La presente resoluci�n rige a partir de la fecha de su publicaci�n.

Se ordene la suspensi�n provisional de la Resoluci�n 350 de 2019, mientras el Honorable Consejo decide sobre la Nulidad de la Resoluci�n, para evitar un perjuicio irremediable en el deterioro ambiental y la conservaci�n de las especies de tiburones que est�n en amenaza y/o peligro de extinci�n�3 .

�PRIMERO: Se ordene la suspensi�n inmediata de la RESOLUCI�N N.� 350 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019 �MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS CUOTAS GLOBALES DE PESCA DE LAS DIFERENTES ESPECIES BAJOAPROVECHAMIENTO PARA EL A�O 2020� proferida por el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, emitida por el ministerio de agricultura y desarrollo rural(sic), con el fin de evitar un da�o grave e irreversible en el ecosistema, ya que con la autorizaci�n de realizar la caza de tiburones lo que genera de manera directa la afectaci�n a la normativa vigente. As� mismo basado en el principio de precauci�n que establece cuando existe peligro de da�o grave e irreversible, la falta de certeza cient�fica absoluta no deber� utilizarse como raz�n para postergar la adopci�n de medidas eficaces para impedir la degradaci�n del medio ambiente.� (Subrayas dentro del texto)

2.1.1. Por medio de auto calendado el 18 de marzo de 20214 , se corri� traslado a la parte demandada para que se pronunciara sobre la solicitud de suspensi�n provisional, ante lo cual fueron allegadas las siguientes comunicaciones:

2.1.2. Mediante correo electr�nico enviado a la Secretar�a de la Secci�n Primera de esta Corporaci�n el 15 de abril de 2021, el se�or Leysmer Sadid Guti�rrez Hern�ndez, abogado inscrito a la firma Litigar Punto Com SA., persona jur�dica que ostenta la representaci�n judicial MADR5 , alleg� escrito de oposici�n a la solicitud de medida cautelar de suspensi�n provisional del acto demandado6 . Como argumentos de defensa indic� los que se sintetizan a continuaci�n:

Asegur� que, a trav�s de la Resoluci�n No. 350 de 2019, no se viola el ordenamiento jur�dico, y resalt� que, por el contrario, las cuotas de tiburones tienen un sustento t�cnico, que corresponde a las valoraciones y estudios hechos por entes especializados, los cuales, seg�n su experticia, consideraron que su fijaci�n era necesaria para evitar la sobreexplotaci�n del recurso pesquero, garantizando as� su aprovechamiento.

Manifest� que no basta hacer simples conjeturas e imputaciones de presuntas violaciones a preceptos constitucionales y legales que regulan la protecci�n de los recursos naturales, sino que es indispensable probarlas. De lo anterior, infiri� que el demandante no cumpli� su carga argumentativa y probatoria y que, por tanto, no se dan los requisitos ni las condiciones para que proceda la medida cautelar de suspensi�n provisional.

2.1.3. Ahora bien, el 16 de abril de 2021, mediante correo electr�nico enviado a la Secretar�a de la Secci�n Primera de esta Corporaci�n, fue allegado escrito de oposici�n a la solicitud de medida cautelar de suspensi�n provisional del acto demandado suscrito por Miguel �ngel Aguiar Delgadillo, en calidad de Jefe de la Oficina Jur�dica del MADR7 . Teniendo en cuenta que, como se relat� con anterioridad, el apoderado judicial del MADR ya hab�a realizado pronunciamiento al respecto y que, en virtud de lo dispuesto en los incisos 3 y 4 del art�culo 74 del C�digo General del Proceso (en adelante CGP), aplicable a este asunto por remisi�n expresa del art�culo 306 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en ning�n caso podr� actuar simult�neamente m�s de un apoderado judicial de una misma persona y el poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte, esta �ltima manifestaci�n no ser� tenida en cuenta.

2.2.1. Por auto del 13 de agosto de 2020, el Despacho de la Consejera Nubia Margoth Pe�a corri� traslado de la solicitud de medida cautelar a la contra parte, a lo que la cartera ministerial dio respuesta, bajo los siguientes argumentos:

2.2.2. Asever� que la Resoluci�n nro. 350 de 2019 no ha violado la denominada Constituci�n Ecol�gica, pues la misma cumpli� con los estudios t�cnicos realizados por las autoridades ambientales correspondientes, obedeciendo as� los lineamientos que impone la norma sobre la materia.

Afirm� que, con relaci�n a la especie de tiburones, que menciona el demandante, se expidi� la Resoluci�n nro. 434 de diciembre de 2019, que modific� el acto demandado y elimin� lo concerniente a las cuotas de aletas y ajust� los porcentajes del caracol pala.

As� mismo, indic� que la Resoluci�n nro. 350 de 2019 fue expedida para que rigiera durante el a�o 2020, la cual perdi� vigencia a partir del 31 de diciembre de la citada anualidad; es por estas razones que considera que no es posible que proceda la suspensi�n solicitada, en raz�n a que recaer�a sobre un acto que no se encuentra vigente y que ya no produce efectos jur�dicos.

3.1. Para dilucidar el presente asunto, resulta necesario traer a colaci�n lo dispuesto en el art�culo 229 del CPACA, que desarrolla lo concerniente a las medidas cautelares de la siguiente manera:

�Art�culo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicci�n, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petici�n de parte debidamente sustentada, podr� el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente cap�tulo. La decisi�n sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Par�grafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protecci�n de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo se regir�n por lo dispuesto en este cap�tulo y podr�n ser decretadas de oficio.�

De la anterior definici�n se puede concluir que el Juez puede adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia; en ese sentido, podr� ordenarlas una vez presentada la demanda, en cualquier estado del proceso, siempre que est�n debidamente sustentadas por la parte y tengan relaci�n directa y necesaria con las pretensiones de la demanda.

3.2. Bajo tal perspectiva, esta Secci�n ha sostenido, en cuanto a los requisitos para decretar la medida cautelar, lo siguiente:

�A voces del art�culo 231 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos procede por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la respectiva solicitud, �cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud�. Entonces, su procedencia est� determinada por la violaci�n del ordenamiento jur�dico y la necesidad de proteger provisionalmente la legalidad, mientras se profiere la decisi�n definitiva respecto del acto administrativo demandado. Dice as� el citado art�culo:

�Art�culo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios.

Del texto normativo transcrito se desprenden, para la procedencia de la medida cautelar, los siguientes requisitos: i) que se invoque a petici�n de parte, ii) que exista una violaci�n que surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados�.

Del texto normativo transcrito se desprende que, para el decreto de esta medida cautelar, se deben encontrar acreditados los siguientes presupuestos: i) que exista solicitud de parte; ii) que de la confrontaci�n del acto demandando con el marco normativo que se invoca como infringido o del an�lisis de las pruebas allegadas con la solicitud se concluya la violaci�n del ordenamiento jur�dico, y iii) si se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se acredite, de manera sumaria, los perjuicios que se alegan como causados.

3.3. En ese sentido, es preciso acotar que ha sido criterio reiterado de esta Corporaci�n se�alar que, para la prosperidad de la suspensi�n provisional, deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violaci�n, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida sin realizar el ejercicio de confrontaci�n normativa que exige la misma. Resulta altamente �til traer a colaci�n el an�lisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre de 2013, expedido en el proceso n�mero 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abord� el tema en un asunto semejante:

�En efecto, el requisito consistente en la sustentaci�n de la medida cautelar no se encuentra en el art�culo 231 del CPACA que trae a colaci�n el recurrente, sino en el art�culo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposici�n advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensi�n provisional, pueden ser decretadas a solicitud de parte debidamente sustentada, lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violaci�n, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de l�belos seg�n lo dispone el art�culo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado art�culo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresi�n �proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado� contenida en art�culo 231 Ib�d, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensi�n provisional puede ser presentada en el l�belo introductorio o en un escrito aparate, y no a que la sustentaci�n de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violaci�n de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jur�dicamente la pretensi�n de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente.

Lo anterior no quiere decir que los argumentos para cada uno de los fines procesales mencionados puedan coincidir, es m�s, si lo deseado por la actora era que el concepto de violaci�n expuesto en la demanda sirviera de fundamento de la solicitud de suspensi�n provisional as� debi� expresarlo, m�xime si se tiene en cuenta que en el escrito de la demanda dedic� un cap�tulo aparte a la suspensi�n provisional dentro del cual inscribi� un subt�tulo denominado �FUNDAMENTO DE LA PETICI�N DE SUSPENSI�N PROVISIONAL�, que fue al que se atuvo este Despacho para resolver la medida.

En otras palabras, la actora en su demanda dedic� un cap�tulo para sustentar la medida cautelar, a esa sustentaci�n se remitieron la entidad demandada y el Despacho para descorrer el traslado y resolver la medida, sin embargo, ahora, viendo que esa sustentaci�n en varios de sus apartes fue insuficiente, pretende que se tengan como tales los argumentos que utiliz� para otros fines procesales.

Finalmente sobre este punto, debe ponerse de relieve que la sustentaci�n de la solicitud de suspensi�n provisional no constituye un exceso ritual, se trata de la observancia de una carga procesal en cabeza de la actora cuyo cumplimiento es el deber constitucional de colaboraci�n para el buen funcionamiento de la administraci�n de justicia y a su vez la carga que exige la ley para que, entre otras, se garantice el derecho de defensa de la entidad que expidi� el acto.

A prop�sito del derecho de defensa de la entidad demandada, no se puede perder de vista que la nueva codificaci�n trajo consigo la obligaci�n de correr traslado a la parte demandada de la solicitud de suspensi�n, en ese orden, la carga impuesta para que se sustente la medida tambi�n se encuentra dirigida a que la entidad que profiri� el acto conozca a ciencia cierta las razones esgrimidas por el actor para poder ejercer eficientemente su derecho de defensa. En ese contexto, no puede tenerse como sustentaci�n de la medida cautelar la sola afirmaci�n de que el acto administrativo desconoce normas de rango superior.

Por todo lo dicho, el Despacho confirmar� la decisi�n recurrida toda vez que se ha podido constar que en esos precisos aspectos la actora omiti� realizar la fundamentaci�n de la medida cautelar seg�n lo dispuesto en el art�culo 229 de la Ley 1437 de 2011.�.

3.4. Aplicado lo dicho al expediente 11001 03 24 000 2020 00031 00, lo que se advierte es que, aun cuando se invoca la existencia de un perjuicio irremediable con la expedici�n de la Resoluci�n 350 de 2019, respecto de sus efectos en el ambiente y la conservaci�n de las especies de tiburones que est�n en amenaza y/o peligro de extinci�n, no se encuentra el fundamento normativo que evidencie tal conclusi�n ni las pruebas que respalden una afirmaci�n en ese sentido, de modo que se impone negar la suspensi�n provisional as� solicitada por ausencia de carga argumentativa.

Lo propio se predica de la petici�n cautelativa contenida en el expediente 11001 03 24 000 2020 00110 00, como quiera que, aun cuando el demandante aduce que el acto acusado viola el principio de precauci�n al poner en peligro el ecosistema con la pesca de Tiburones, lo cierto es que esa afirmaci�n no va acompa�ada de una sustentaci�n que le permita entender a esta Corporaci�n los motivos por los cuales considera que existe la anotada trasgresi�n.

3.5. De igual forma, este Despacho considera oportuno analizar lo expuesto por la parte demandada para oponerse al decreto de la suspensi�n provisional bajo la consideraci�n de que la Resoluci�n nro. 350 del 25 de octubre de 2019 perdi� vigencia a partir del 31 de diciembre de 2020, puesto que fue expedida con la finalidad de establecer las cuotas globales de pesca de las especies bajo aprovechamiento para ese a�o, tal y como lo se�ala su art�culo primero; veamos:

�Art�culo 1. Establ�zcanse las cuotas globales de pesca de las diferentes especies para la vigencia 2020, en el Mar Caribe�

As� las cosas, y habida cuenta de que se trata de un argumento que no est� siendo controvertido, tambi�n por esa raz�n resulta improcedente la medida aqu� invocada por los accionantes en los dos procesos acumulados, en tanto que la finalidad de esa herramienta procesal no es otra que impedir, de manera transitoria, que el acto contin�e con su car�cter ejecutorio mientras se emite la decisi�n judicial de fondo, cuesti�n que se produjo por el mero efecto de una de las disposiciones del acto que se controvierte.

En ese orden de ideas, es preciso se�alar que no resulta necesario decretar la suspensi�n provisional de los efectos de un acto administrativo cuando ha perdido su vigencia. Lo anterior con base en lo dispuesto en el numeral 5 del art�culo 91 del CPACA que se�ala:

�Art�culo 91. P�rdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme ser�n obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicci�n de lo Contencioso Administrativo. Perder�n obligatoriedad y, por lo tanto, no podr�n ser ejecutados en los siguientes casos:

En suma, se denegar� la solicitud de suspensi�n provisional, pues, como se vio, el acto enjuiciado qued� incurso en la causal de perdida de fuerza ejecutoria del acto prevista en el numeral 5 del art�culo 91 del CPACA, luego de que la Resoluci�n nro. 350 del 25 de octubre de 2019 perdiera vigencia a partir del 31 de diciembre de 2020.

3.6. Por �ltimo, advierte el Despacho que, al ser varias las personas que conforman el extremo activo de la litis, la informaci�n del demandante que reporta la b�squeda del proceso en la Sede Electr�nica para la Gesti�n Judicial � SAMAI, no es coincidente con la de las car�tulas del expediente; por tanto, se ordena que, por Secretar�a, se modifiquen estas �ltimas de acuerdo con lo que indica el sistema, as�:

Lo anterior, con el fin de unificar los criterios de identificaci�n del proceso y evitar confusiones en su b�squeda y reporte. En m�rito de lo expuesto, este Despacho

PRIMERO: NEGAR la suspensi�n provisional de Resoluci�n n�mero 350 de 25 de octubre de 2019, �Por la cual se establecen las cuotas globales de pesca de las diferentes especies bajo aprovechamiento para el a�o 2020�, proferida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo a lo enunciado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR que, por Secretar�a, se modifiquen las car�tulas del expediente de acuerdo con lo que reporta la b�squeda del proceso en la Sede Electr�nica para la Gesti�n Judicial � SAMAI.

El presente auto fue firmado electr�nicamente por el Consejero en la sede electr�nica para la gesti�n judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con la ley.