200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030044469CC-SENTENCIAC268202227/07/2022CC-SENTENCIA_C_268__2022_27/07/2022300444982022Fuente: Comunicado 24 del 27 y 28 de julio de 2022, Divulgado por página de la Corte Constitucional el 27 de julio de 2022. Proceso D-14.444 Recurso de extracto: ES CONSTITUCIONAL QUE LA DELIMITACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ SEA LA QUE SE DEFINIDA MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADOPTE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT, EN EL ENTENDIDO QUE, CUANDO ÉSTE SEA EXPEDIDO POR DECRETO, NO PUEDE INCORPORAR DICHA DELIMITACIÓN TERRITORIAL. ASÍ MISMO, ES CONSTITUCIONAL QUE EL CONFIS DISTRITAL APRUEBE LAS VIGENCIAS FUTURAS
CONSTITUCIONALIDAD27/07/2022Jorge Enrique Ibáñez NajarLey 2116 de 2021D-14.444Identificadores20030284669true1421017original30245384Identificadores

Fecha Providencia

27/07/2022

Fecha de notificación

27/07/2022

Magistrado ponente:  Jorge Enrique Ibáñez Najar

Norma demandada:  Ley 2116 de 2021


Fuente: Comunicado 24 del 27 y 28 de julio de 2022, Divulgado por página de la Corte Constitucional el 27 de julio de 2022. Proceso D-14.444

Recurso de extracto:

ES CONSTITUCIONAL QUE LA DELIMITACIÓN DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ SEA LA QUE SE DEFINIDA MEDIANTE EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ADOPTE EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT, EN EL ENTENDIDO QUE, CUANDO ÉSTE SEA EXPEDIDO POR DECRETO, NO PUEDE INCORPORAR DICHA DELIMITACIÓN TERRITORIAL. ASÍ MISMO, ES CONSTITUCIONAL QUE EL CONFIS DISTRITAL APRUEBE LAS VIGENCIAS FUTURAS

1. Norma acusada

Ley 2116 de 2021

(julio 29)[1]

Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley número 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá.

(…)

Artículo 6°. El artículo 62 del Decreto-ley número 1421 de 1993 quedará de la siguiente manera:

Artículo 62. Creación de localidades. El Concejo Distrital, a iniciativa del Alcalde Mayor, señalan a las localidades su denominación, límites y atribuciones administrativas, y dictará las demás disposiciones que fueren necesarias para su organización y funcionamiento.

Además, se podrán crear zonas rurales para la administración de localidades con características distintas a las de las zonas Urbanas. Para estos fines se deberá tener en cuenta:

1. La cobertura y calidad en la prestación de los servicios básicos, comunitarios e institucionales.

2. Las características sociales de sus habitantes y demás aspectos que identifiquen las localidades con el objeto de disponer de los recursos financieros, administrativos, logísticos y humanos que garanticen su adecuado funcionamiento.

3. La existencia de ecosistemas estratégicos para la conservación del medio ambiente.

4. La configuración del territorio que defina cada ejercicio de formulación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial:

5. Análisis de la actividad económica, industrial y comercial, además de las características de los municipios circunvecinos, cuando sea procedente.

PARÁGRAFO. En todo caso, el tamaño de las localidades deberá ser distribuido de manera similar y proporcional en cuanto a número de habitantes en cada una de ellas teniendo en cuenta criterios demográficos.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. La delimitación de las localidades será la que se definida mediante el acto administrativo que adopte el Plan de Ordenamiento Territorial.

Los efectos de esta nueva delimitación entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2028.

(…)

Artículo 14. Adicionar un artículo nuevo al Decreto-ley número 1421 de 1993, así:

Artículo 143A. Vigencias futuras ordinarias. El Confis Distrital podrá autorizar la asunción de obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras de funcionamiento o inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata esta ley;

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;

c) Se disponga del concepto favorable de la Secretaría Distrital de Hacienda y de la Secretaría Distrital de Planeación, cuando se trate de proyectos de inversión.

d) Cuando se trate de proyectos de inversión con cofinanciación de la nación, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare de importancia estratégica. El Gobierno Distrital reglamentará la materia.

La Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto incluir en los proyectos de presupuesto, las asignaciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo.”

2. Decisión

Primero. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2116 de 2021, “por medio de la cual se modifica el Decreto-ley número 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá”, en el entendido que cuando el Plan de Ordenamiento Territorial POT sea expedido por Decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.

Segundo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 14 de la Ley 2116 de 2021 por medio de la cual se modifica el Decreto-ley número 1421 de 1993, referente al Estatuto Orgánico de Bogotá”, por los cargos estudiados de conformidad con lo expresado en la parte motiva.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos

La Corte, con ponencia del Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, revisó el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2116 de 2021 que determina que la delimitación de las localidades será la que se definida mediante el acto administrativo que adopte el Plan de Ordenamiento Territorial y, que para los efectos de esta nueva delimitación entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2028.

El inciso tercero del artículo 322 de la Constitución determina que con base en las normas generales que establezca la ley, el Concejo a iniciativa del Alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.

Para los demandantes el parágrafo transitorio demandado es contrario a la Constitución porque: i) establece que la delimitación de las localidades se debe tramitar con el POT, sin importar si este se adopta mediante un Acuerdo del Concejo o un Decreto del Alcalde, cuando la Constitución dice que el Concejo es el que debe tomar la decisión de la delimitación de las localidades; ii) impone un tiempo para tomar la decisión de la delimitación de las localidades; y, (iii), no permite que la iniciativa provenga del Alcalde sino que ordena que se debe hacer una nueva delimitación de las localidades.

En consecuencia, la Corte debió resolver el siguiente problema: ¿El parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2116 de 2021 desconoce el artículo 322 de la Constitución que señala que el Concejo, a iniciativa del

Alcalde, dividirá el territorio en localidades al: i) prever que la delimitación de las localidades se podrá tramitar de manera conjunta con el POT, sin distinguir si este se adopta mediante un Acuerdo del Concejo o un Decreto del Alcalde; ii) determinar las condiciones temporales para adoptar la nueva división territorial; y, (iii) ordenar la delimitación de las localidades por autoridad de la ley y no por iniciativa del Alcalde

La señora Procuradora General de la Nación solicitó a la Corte declarar la norma constitucional. En su opinión la norma no le quita la competencia al Concejo Distrital de decidir sobre la delimitación de las localidades de Bogotá.

La Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que la norma no vulnera el artículo 322 de la Constitución. En su análisis, la Sala Plena precisó que la creación, denominación, delimitación, atribuciones administrativas y demás disposiciones que sean necesarias para la organización y funcionamiento de las localidades, corresponde a una materia propia de la organización administrativa distrital, que se desarrolla mediante un acto de organización administrativa. Aunque esto es diferente a la regulación del uso del suelo que se determina conforme a la ley en el Plan de Ordenamiento Territorial, la Corte encontró razonable que haya concordancia entre las dos decisiones. Dado que el artículo 322 de la Constitución define de forma expresa que la delimitación de las localidades y la asignación de sus atribuciones le corresponde al Concejo Distrital, la Sala Plena estimó que la norma acusada no viola la Constitución siempre y cuando el acto en el que se defina la delimitación corresponda a un acuerdo del Concejo y si el Plan de Ordenamiento Territorial es expedido por Decreto del Alcalde Mayor, ese acto no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.

Además, la Corte resolvió dos reparos contra el artículo 14 de la Ley 2116 de 2021, norma orgánica especial para el Distrito Capital, que le otorga competencia al CONFIS Distrital para autorizar el compromiso de vigencias futuras: Primero, los actores argumentaron que la norma vulnera el principio democrático (artículos 1, 2, y 3 de la Constitución), pues no garantiza que haya una deliberación democrática si la autorización de las vigencias futuras no está en cabeza del Concejo Distrital; y, Segundo, los accionantes indicaron que la norma acusada desconoce las normas constitucionales que establecen que es competencia del Concejo expedir el presupuesto anual, y que prevén el principio de legalidad del gasto público, en virtud del cual no puede haber un gasto público que no se haya decretado por el Concejo Distrital.

Sobre este asunto, la señora Procuradora General de la Nación solicitó a la Corte declarar la norma exequible, por cuanto, dijo, el Concejo mantiene la potestad de decidir sobre el gasto en la discusión del plan de desarrollo, el plan de inversiones y el presupuesto anual.

Estudiada la demanda y las intervenciones, la Corte se propuso resolver los siguientes problemas: ¿El artículo 14 de la Ley 2116 de 2021 desconoce el principio democrático, contenido en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución, al asignar al CONFIS distrital la competencia para la aprobación de las vigencias futuras en el distrito capital ¿El artículo 14 de la Ley 2116 de 2021 desconoce: a) las competencias asignadas al Concejo de Bogotá mediante los artículos 313.3, 313.5 y b) el principio de legalidad del gasto previsto en el artículo 345 de la Constitución Política al asignar a una autoridad diferente, esto es el CONFIS distrital, la competencia para autorizar vigencias futuras en el distrito de Bogotá

La Sala Plena concluyó que la norma demanda es constitucional. En relación con la presunta vulneración del principio democrático la Sala Plena encontró que el hecho de que el CONFIS distrital autorice las vigencias futuras no afecta la deliberación democrática en materia presupuestal porque: i) el CONFIS es una instancia técnica en la que participan miembros del Gobierno Distrital, designados por el Alcalde Mayor que fue elegido democráticamente para el cumplimiento de un programa de gobierno específico; ii) las vigencias futuras son herramientas de planeación presupuestal para la ejecución de programas y proyectos aprobados por el Concejo Distrital dentro del Plan de Desarrollo territorial y el plan de inversiones; y, iii) los Secretarios Distritales que integran el CONFIS son controlados políticamente por el Concejo Distrital.

Por último, la Corte concluyó que la norma no desconoce las competencias del Concejo para aprobar el presupuesto, y autorizar la contratación, ni tampoco viola el principio constitucional de legalidad del gasto. Esto, por cuanto las vigencias futuras son un instrumento de programación presupuestal que permite la ejecución de gastos aprobados por el Concejo en el presupuesto anual o en el plan de desarrollo del distrito.

La Magistrada DIANA FAJARDO RIVERA, y el Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO se reservaron la posibilidad de aclarar su voto.



[1] Diario Oficial No. 51.750 de 29 de julio de 2021