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3004413920030044167Corte Constitucional200Corte ConstitucionalCC-SENTENCIAC164202211/05/2022CC-SENTENCIA_C_164__2022_11/05/20222022Fuente: Comunicado 14 del 05 de mayo de 2022, Divulgado por página de la Corte Constitucional 05 de mayo de 2022. Proceso D-14522 (AC) Recurso de extracto: CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL PENALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA AL SUICIDIO CUANDO EL PACIENTE QUE PADEZCA INTENSOS SUFRIMIENTOS DERIVADOS DE LESIÓN CORPORAL O ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE ASÍ LO SOLICITE DE FORMA LIBRE E INFORMADA
CONSTITUCIONALIDAD11/05/2022Antonio José Lizarazo OcampoLEY 599 DE 2000 Por la cual se expide el Código PenalD-14.389Identificadores20030238251Identificadores1410276true30276313original

Fecha Providencia

11/05/2022

Fecha de notificación

11/05/2022

Magistrado ponente:  Antonio José Lizarazo Ocampo

Norma demandada:  LEY 599 DE 2000 Por la cual se expide el Código Penal


Fuente: Comunicado 14 del 05 de mayo de 2022, Divulgado por página de la Corte Constitucional 05 de mayo de 2022. Proceso D-14522 (AC)

Recurso de extracto:

CORTE DECLARA INCONSTITUCIONAL PENALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA AL SUICIDIO CUANDO EL PACIENTE QUE PADEZCA INTENSOS SUFRIMIENTOS DERIVADOS DE LESIÓN CORPORAL O ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE ASÍ LO SOLICITE DE FORMA LIBRE E INFORMADA

1. Norma acusada

“LEY 599 DE 2000

Por la cual se expide el Código Penal

(…) Artículo 107. Inducción o ayuda al suicidio. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses.

Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.

2. Decisión

Primero. Declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del inciso segundo del artículo 107 de la Ley 599 de 2000, “[p]or la cual se expide el Código Penal”, por los cargos analizados, en el entendido de que no se incurre en el delito de ayuda al suicidio, cuando la conducta: (i) se realice por un médico, (ii) con el consentimiento libre, consciente e informado, previo o posterior al diagnóstico, del sujeto pasivo del acto, y siempre que (iii) el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.

Segundo. Reiterar el EXHORTO al Congreso de la República efectuado por esta Corte, entre otras, en las sentencias C-239 de 1997, T-970 de 2014, T-423 de 2017, T-544 de 2017, T-721 de 2017, T-060 de 2020 y C-233 de 2021, para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, avance en la protección del derecho a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia

La Corte resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 599 de 2000, “[p]or la cual se expide el Código Penal” que tipifica el delito de ayuda al suicidio, en la cual se planteó que dicha tipificación desconoce (i) los límites constitucionales a la competencia del legislador para configurar la ley penal; (ii) la dignidad humana y los derechos fundamentales a la vida digna, la muerte digna, y el libre desarrollo de la personalidad, de quienes padecen un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable; y (iii) el principio de solidaridad.

La Corte precisó, en primer lugar, que en el presente caso sólo se decide sobre el verbo rector “ayudar” y no el de “inducir”, porque, aunque en la demanda se objetó todo el inciso, no se presentaron cargos contra la inducción al suicidio y, por tanto, el examen de constitucionalidad se limitó a los cargos presentados en contra de la “ayuda” al mismo. Advirtió igualmente que el análisis abstracto de constitucionalidad recae sobre la tipificación de la asistencia médica al suicidio (AMS) -y no sobre el suicidio médico asistido (SMA)-, en cuanto constituye una de las formas posibles de materialización de la muerte digna. La evaluación de la conformidad con la Constitución, en consecuencia, sólo se refiere a la persecución penal del médico que presta ayuda (AMS).

La Corte concluyó que el legislador desconoció los límites constitucionales al poder punitivo. En particular, encontró que se vulneran los principios de exclusiva protección de bienes jurídicos y de lesividad, dado que el médico que ayuda a quien padece intensos sufrimientos o grave enfermedad y decide libremente disponer de su propia vida, actúa dentro del marco constitucional sin que pueda predicarse una lesividad que justifique la persecución penal. Por tal razón se desconocieron los principios de necesidad y de mínima intervención penal, así como de proporcionalidad, puesto que si bien, en virtud del mandato constitucional de protección de la vida, el Estado puede acudir al derecho penal para reprimir interferencias de terceros que la lesionan, en la situación que un médico ayuda a quien decide libremente ponerle fin a su vida, la criminalización de la conducta del médico que ayuda a quien padece enfermedad y sufrimientos de tal intensidad que le impiden una vida digna, es desproporcionada y excede el límite de mínima intervención penal.

La Corte concluyó, en segundo lugar, que el legislador desconoció la dignidad humana y los derechos a la vida digna, la muerte digna y el libre desarrollo de la personalidad. En efecto, tales derechos se materializan cuando un paciente que sufre intensamente a causa de una lesión grave e incurable decide libremente dar por terminada su vida y solicita para ello la asistencia de un médico que pueda minimizar los riesgos de sufrimiento y daños del suicidio. El suicidio médicamente asistido es, en tales circunstancias, un medio para llevar a cabo una muerte digna y su persecución penal afecta, por tanto, los derechos a la vida digna y a la autonomía personal. Aún más, dado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad encuentra sus límites en la necesidad de protección de los derechos de los demás, es claro que la ayuda a diferencia de la inducción al suicidio no constituye una interferencia sino por el contrario una garantía para quien acude a la ayuda médica de manera libre con conocimiento de su diagnóstico y del procedimiento, en ejercicio de tal autonomía.

El derecho a morir dignamente implica permitir que una persona que padezca una enfermedad o lesión intensamente dolorosa e incompatible con su idea de dignidad pueda dar por terminada su vida con pleno consentimiento y libre de presiones de terceros, sin que el Estado pueda afirmar un deber de preservación de la vida a toda costa.

Por último, la Corte concluyó que el legislador desconoció el principio y deber de solidaridad social consagrado en los artículos 1 y 95 constitucionales, al impedir que un médico preste una ayuda que le es pedida por una persona que en ejercicio de su autonomía personal escoge materializar su derecho a morir dignamente a través de un suicidio asistido. Si bien este es un deber de todos los colombianos, es predicable en estas circunstancias respecto del médico, pues es quien cuenta con las mejores herramientas técnicas, científicas y éticas para procurar garantizar la salvaguarda de la dignidad humana en el procedimiento. El avance del conocimiento científico debe emplearse de forma altruista en solidaridad con quienes se encuentran en una condición extrema de salud y desean un buen morir.

4. Salvamento y aclaraciones de voto

Los magistrados CRISTINA PARDO SCHLESINGER, PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA y JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR salvaron el voto, mientras que el magistrado JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS aclaró su voto. Finalmente, los magistrados NATALIA ÁNGEL CABO, DIANA FAJARDO RIVERA, GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO y ALEJANDRO LINARES CANTILLO se reservaron la posibilidad de aclarar su voto.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar disiente de la decisión tomada por la mayoría en la sentencia C-164 de 2022.

En primer lugar, su disenso se basa en que, a su juicio, la demanda estudiada por la Corte no tenía aptitud sustancial y, en consecuencia, no brindaba los elementos de juicio necesarios para que la Sala pudiera pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 107 de la Constitución.

En efecto, la argumentación de la demanda, más que fundarse en las normas constitucionales que se consideran incompatibles con la norma legal demandada, se centra en retomar las consideraciones hechas por esta Corporación al estudiar un tipo penal diferente del que era objeto de análisis, esto es el homicidio por piedad. Pese a la diferencia de los tipos penales, la demanda no hace un esfuerzo por distinguirlos, ni por dar cuenta de las particularidades de los elementos del tipo penal que en este proceso fue objeto de demanda, con lo cual no se logra dar cuenta de las razones por las cuales la conducta de una persona que induzca o preste ayuda a otra, que padece intensos sufrimientos, producto de una lesión o enfermedad grave e incurable acabe con su vida, no debe ser objeto de persecución penal.

El que la mayoría haya circunscrito su análisis al verbo rector prestar (ayuda), descartando el verbo rector (inducir), no es suficiente para remediar los problemas de aptitud sustancial de la demanda. En efecto, la argumentación del líbelo, que parte de la base de las Sentencias C-239 de 1997 y C-233 de 2021, sostiene que, al estar despenalizado el homicidio por piedad en ciertos eventos y bajo determinadas condiciones, es suficiente para que las mismas razones, en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones de dicha despenalización funden la decisión de despenalizar el tipo penal de prestar ayuda para el suicidio.

Al estructurarse así, la demanda incurrió en el mismo error que la Sala advirtió en la Sentencia C-045 de 2003, en la cual la Corte se inhibió de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de la norma demandada, dado que el prestar ayuda para el suicidio es una conducta diferente a la del homicidio por piedad y, en esa medida, requiere de un análisis y una argumentación adecuada y autónoma respecto de la del otro tipo penal.

En segundo lugar, incluso si la demanda hubiere tenido aptitud sustancial, disiente del análisis de fondo que hizo la mayoría de la Sala. En la sentencia se asume como punto de partida del análisis la existencia de un derecho fundamental a la muerte digna. Frente a esto, como ya tuvo la oportunidad de decirlo en la Sentencia C-233 de 2021, no comparte el juicio de que exista dicho derecho. Por el contrario, el derecho que sí existe es el derecho fundamental de la vida. Este derecho, en armonía con el principio de la dignidad humana, se cualifica como un derecho a vivir en condiciones dignas, esto es, en condiciones en las que se evite cualquier forma de trato inhumano, cruel y degradante. De ahí la importancia de reconocer el derecho que tiene su titular de decidir hasta cuando su vida es deseable y compatible con su propia dignidad. Esto, sin embargo, no equivale a reconocer la existencia del derecho a una muerte digna como derecho fundamental. No se trata, entonces de un derecho a la muerte, sino de la posibilidad de decidir sobre el derecho a la vida, de manera armónica con la autonomía personal, la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad.

La decisión de despenalizar el prestar ayuda para el suicidio, bajo las condiciones fijadas en la sentencia de la cual se aparta, corresponde, en sentido lato, a permitir otra forma de eutanasia, denominada “activa indirecta”. A diferencia del homicidio por piedad, en el cual el médico mata al paciente, en la conducta de prestar ayuda para el suicidio, el médico ayuda al paciente a que él, por su propia mano, ponga fin a su vida.

Además de señalar la diferencia entre una y otra conducta, puso de presente que esta modalidad de la eutanasia es la que se regula en países como Estados Unidos, Suiza y Austria. En ninguno de estos países la institución se funda en un pretendido derecho a la muerte, sino que se considera ajustada a la ley fundamental en la medida que se estima que el derecho a la vida debe ceder en esos casos, para dar primacía a otros derechos como el “privacy”, la libertad individual y la libre autodeterminación.

En síntesis, dado que la demanda no tiene aptitud sustancial, debe salvar su voto respecto de la decisión de la mayoría de la Sala de pronunciarse de fondo sobre la norma demandada. Y, si la demanda hubiere sido apta, en todo caso no comparte la fundamentación de la sentencia, pues no existe un derecho fundamental a la muerte digna. Este fundamento es inaceptable e innecesario, para sostener la decisión de despenalizar la conducta de prestar ayuda al suicidio, en las condiciones y bajo los términos fijados en la sentencia.

El pretendido derecho a una muerte digna no está previsto en la Constitución, ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ni es inherente a la persona humana. Para sostener lo contrario, sería indispensable que la propia Carta lo reconociera, merced a una reforma constitucional y, como es obvio, que su ejercicio se regulase por medio de una ley estatutaria, que se dicte en ejercicio del principio democrático, con el consenso y el amplio debate político que este tipo de normas requieren.

La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera salvó el voto en la sentencia C-164 de 2022. En su criterio, la Corte debió declarar exequible el inciso 2º del artículo 107 del Código Penal –Ley 599 de 2000–.

Argumentó que el delito de ayuda al suicidio es un tipo penal distinto al de homicidio por piedad (eutanasia), no son equiparables y no existe una interdependencia que exija un tratamiento homologado de los tipos penales, de sus causas, condiciones de aplicación o circunstancias de agravación, atenuación y eximentes de la responsabilidad penal, como en cierta forma se pretende en la decisión adoptada por el máximo tribunal.

Mientras el delito de ayuda al suicidio tiene un sujeto activo indeterminado y el verbo rector es “ayudar”, el segundo, a partir del contenido normativo incorporado por la Corte Constitucional a través del condicionamiento establecido en la sentencia C-233 de 2021, excluye de la tipicidad a un sujeto activo calificado –el médico– y el verbo rector es “causar la muerte”.

Dada esta diferencia, para la magistrada, en el contexto actual en el que por vía jurisprudencial se permitió la práctica de la eutanasia, no es desproporcionado mantener la sanción penal por la ayuda efectiva que se presta para que una persona cometa suicidio. Esto, especialmente, si se tiene en cuenta que, de un lado, el Legislador cuenta con un amplio margen de libertad de configuración tratándose de la protección de valores constitucionales a través del derecho penal y, de otro lado, que este no ha previsto la ayuda al suicidio como una prestación para hacer efectivo el derecho a morir dignamente.

La magistrada Meneses Mosquera resaltó que el tipo penal de ayuda al suicidio persigue un fin constitucional imperioso que es proteger el derecho a la vida. Su finalidad no es someter a un trato indigno a la persona que padece intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Segundo, que la amenaza penal a quien facilita los medios para que otro acabe con su propia vida es un medio conducente para proteger el fin constitucionalmente imperioso. Tercero, que no existe otro mecanismo menos lesivo para prevenir o evitar que un tercero contribuya a que otro afecte su derecho a la vida. Cuarto, que, en el escenario actual, en el que el derecho a morir dignamente es posible materializarlo a través de la eutanasia, no es desproporcionada la sanción penal de la ayuda efectiva al suicidio.

A juicio de la Magistrada, el órgano de representación democrática es el encargado de determinar la política criminal del Estado y el contenido del derecho a morir dignamente. De un lado, ese es el lugar propicio para determinar, tras un amplio debate y a partir de lo que una mayoría determine como más o menos lesivo, qué valores constitucionales deben protegerse por conducto del derecho penal, así como el reproche que merecen las conductas que se estiman penalmente prohibidas. Es decir que, se trata del ente que determina, en gran medida, la política criminal del Estado. De allí que, la Corte no deba incidir en dicha tarea, salvo que se establezca que se trata de una medida desproporcionada, lo cual no ocurre con la tipificación de la conducta de ayuda al suicidio.

Precisamente la concepción normativa del tipo penal de ayuda al suicidio que hoy se plasma en el Código Penal, era indispensable haberla preservado para tutelar efectivamente el derecho a la vida de quien actúa contra su propia existencia. Se desconoce en el fallo las máximas de tutela y salvaguarda de la vida del practicante del suicidio, bien jurídico que prevalecía en la legislación actual, y que se anteponía frente a esos espacios facilitadores de la muerte. El que perpetra un acto contra su propia vida es víctima de maniobras inductivas de personas que so pretexto en algunos supuestos de aliviar el dolor ajeno, conducen a la víctima a la muerte.

No existe razón alguna que legitima servir como facilitador, llevando a la víctima (quien se suicida) a gestionar su muerte. El que con inducción o ayuda efectiva se suicida, no actúa bajo parámetros de autonomía o autodeterminación que les permite hacerse responsables exclusivos de su muerte. La voluntad del ejecutor esta diezmada por la maniobra inductiva o colaborativa, actuando de manera enceguecida y conducida por quien de manera consciente facilita lo suficiente para garantizar la muerte.

En verdad, no existe consentimiento del suicida en la medida en que no es autónomo en la decisión y ejecución para consumar su muerte. Es el sujeto activo del delito de ayuda al suicidio quien teniendo plenas facultades termina imponiendo su voluntad, si se quiere menesterosa o solidaria algunas de las veces, llevando de la mano a su víctima al precipicio de la muerte.

Estas circunstancias justificaban la preservación del juicio de reproche penal, y de ninguna manera la condición asociada a una actividad como la medicina convalida y hacen acorde a los principios y valores que defiende la Constitución Política, la inducción, ayuda o apoyo efectivo para incentivar, materializar o promover la muerte, efecto que termina por derivarse del sentido del fallo adoptado.

Lo manifestado por la Corte en relación con las circunstancias de exclusión de la responsabilidad penal en el homicidio por piedad no podían ser extrapoladas al tipo penal de ayuda al suicidio por la razón esencial de que en el primero existe consentimiento mientras que, en el segundo, no existe consentimiento libre al estar afecto a la distorsión que causa sobre la voluntad de las víctimas las maniobras inductivas o de ayuda efectiva.

Sin la ayuda efectiva el acto del suicida no se llevaría a cabo; esa determinación de la voluntad motivaba por sí sola la preservación del tipo penal en su redacción original incluyendo la circunstancia de atenuación punitiva y sin que desparezca el delito, independientemente de quien lo cometa- profesional en la salud o no-. Que sea o no profesional en la salud no justifica, ni explica el trato desigual que se propone al excluirlos de responsabilidad penal, máxime cuando en materia penal rige un modelo de responsabilidad por el acto y no por la condición personal del perpetrador del delito (artículo 29 de la Constitución Política de 1991).

De otro lado, en el Congreso concurren delegados de múltiples sectores, con diferentes concepciones e ideologías acerca de los derechos a la dignidad humana y a la vida, en relación con el derecho a morir dignamente. En consecuencia, es allí donde se puede discutir acerca de cómo conciliar el ejercicio de estos derechos. Por último, es el escenario en donde es posible llevar a cabo el arduo debate acerca de la forma en que puede ejercerse el derecho a morir dignamente. Sobre el particular, la magistrada enfatizó en que la Corte no está en posición de determinar, entre otros aspectos, quién, por qué y de qué manera se valida el consentimiento del suicida cuando se trata prestar una ayuda efectiva, en lugar de practicar directamente el procedimiento que conduce a la muerte.

De esta manera, para la magistrada Meneses Mosquera el tipo penal de ayuda al suicidio no es desproporcionado en el contexto actual y cualquier debate en relación con este, como forma de realizar el derecho a morir dignamente, debe surtirse a instancias del Congreso de la República. La magistrada Cristina Pardo Schlesinger salvó su voto por razones de fondo, con base en las siguientes consideraciones, que ya había expresado en su salvamento de voto a la Sentencia C-233 de 2021:

En primer lugar, estimó que la autonomía, como manifestación de la dignidad humana, es el eje de la argumentación jurídica para defender la existencia del derecho a morir dignamente mediante la práctica del homicidio por piedad o eutanasia, o mediante la ayuda al suicidio. Sin embargo, la aceptación de la propia eutanasia o de la ayuda al suicidio no es consistente con la defensa de la autonomía, porque el consentimiento al acto eutanásico o la voluntad para acabar con la propia vida usualmente se dan en circunstancias que, por definición, dificultan la libertad del consentimiento. Paradójicamente, basta un consentimiento débil y cuestionable para la más extrema e irreversible de las decisiones posibles.

Para la magistrada disidente, ciertamente la dignidad implica el derecho efectivo a reestablecer la salud, mitigar el dolor e incluso la renuncia al procedimiento médico, que se manifiesta, por una parte, en el derecho al tratamiento curativo y paliativo y, por otra, en el derecho a no ser sometido a tratamientos no consentidos. Pero estimó que ese derecho no puede entenderse extensivo al acto de eutanasia ni a la solicitud de ayuda al suicidio, cuyo objeto inmediato es la terminación de la vida, así sea para evitar el dolor. La razón por la que no es posible entender que la acción eutanásica o la solicitud de ayuda para el suicidio y la subsiguiente ayuda médica puedan ser consideradas lícitas consiste fundamentalmente en que tales acciones están naturalmente e inmediatamente dirigida a la terminación de la vida. La orientación directa a acabar la vida no es distinguible de la orientación a eliminar a la persona que vive, es una acción que intenta suprimir a un sujeto digno, es decir, un atentado a la dignidad.

Dicho de otro modo, la defensa de la dignidad no es posible sin la existencia del sujeto digno.

Por su parte, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas aclaró el voto acerca de la relevancia del derecho penal constitucional, entendiendo que el legislador no es omnímodo en su capacidad regulativa de las materias penales, y que está sometido a claros diques que resumen un mandato de interdicción de todo exceso punitivo, entre otras consideraciones sobre la libertad de configuración legislativa en materia penal, la competencia del tribunal constitucional sobre ello, y la necesidad de que la capacidad regulatoria en derecho penal No esté sometida a estrictos límites.