SENTENCIA 11001-03-24-000-2011-00209-00 de 2022

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Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadNubia Margoth Pe�a Garz�nMILTON JOS� ALGAR�N ARC�Nfalse10/03/2022art�culos 24 del Decreto 1139 de 30 de junio de 1995, �[�] por el cual se reglamenta la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del INCORA [�]�, expedido por el Presidente de la Rep�blica, y 5� de la Resoluci�n n�m. 02965 de 12 de septiembre de 1995, �[�] por la cual se establece el procedimiento para la pr�ctica, elaboraci�n y rendici�n de los aval�os comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones [�]�, emanada del Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria , -INCORAIdentificadores10030276220true1410073original30238197Identificadores

Norma demandada: �art�culos 24 del Decreto 1139 de 30 de junio de 1995, �[�] por el cual se reglamenta la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del INCORA [�]�, expedido por el Presidente de la Rep�blica, y 5� de la Resoluci�n n�m. 02965 de 12 de septiembre de 1995, �[�] por la cual se establece el procedimiento para la pr�ctica, elaboraci�n y rendici�n de los aval�os comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones [�]�, emanada del Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria , -INCORA

TESIS:SEDENIEGANLASPRETENSIONESDELA DEMANDA. A TRAV�S DE LOS ART�CULOS 24 DEL DECRETO 1139 DE 1995 Y 5� DE LA RESOLUCI�N N�M. 02965 DE 1995, ACUSADOS, EL PRESIDENTE DE LA REP�BLICA Y EL GERENTE GENERAL DEL INCORA POD�AN ESTABLECER UN CONTROL DE CALIDAD A LOS AVAL�OS COMERCIALES, QUE DEBEN RENDIR LOS PERITOS, PARA LA ADQUISICI�N DE LOS PREDIOS POR EL MENCIONADO INSTITUTO, CON FUNDAMENTO EN LA POTESTAD REGLAMENTARIA, EN LA LEY 160, Y LA FACULTAD DE REGLAMENTACI�N DE SEGUNDO GRADO O DERIVADA.

El ciudadano MILTON JOS� ALGAR�N ARC�N, obrando en su propio nombre y en ejercicio de la acci�n de nulidad, prevista en el art�culo 84 del CCA, present� demanda ante esta Corporaci�n, tendiente a obtener la nulidad de los art�culos 24 del Decreto 1139 de 30 de junio de 1995, �[�] por el cual se reglamenta la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que seadquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del INCORA [�]�, expedido por el Presidente de la Rep�blica, y 5� de la Resoluci�n n�m. 02965 de 12 de septiembre de 1995, �[�] por la cual se establece el procedimiento para la pr�ctica, elaboraci�n y rendici�n de los aval�os comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones [�]�, emanada del Gerente General del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria[1], -INCORA-.

En apoyo de sus pretensiones, la parte actora adujo la violaci�n de los art�culos 83 y 84 de la Constituci�n Pol�tica.

Explic� el alcance del concepto de la violaci�n, aduciendo, en s�ntesis, lo siguiente:

Que la Ley 160 de 3 de agosto de 1994[2], en su art�culo 32, numeral 2, dispone:

�[�] El precio m�ximo de negociaci�n, ser� fijado en el aval�o comercial que para tal fin se contrate con personas naturales o jur�dicas, legalmente habilitadas para ellos de acuerdo con el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional [�]�.

Aleg� que de dicha norma se colige que el legislador prev�, sin que ello fuese necesario, que el Ejecutivo puede dictar un reglamento que permita, posibilite o afine la normativa contenida en ella, pero que no por ello qued� el Gobierno Nacional facultado para que mediante el Decreto 1139 de 30 de junio de 1995, demandado, en su art�culo 24, creara el �control de calidad�, y para que la Gerencia General del INCORA desarrollara esta disposici�n, a trav�s de la Resoluci�n n�m. 2965 de 12 de septiembre de 1995, acusada, en su art�culo 5�, haci�ndole exigible a los operadores de los procesos administrativos de adquisici�n de tierras con fines de reforma agraria, un control de calidad, sobre los aval�os comerciales practicados y rendidos por los peritos contratados, ya que ello constituye una violaci�n directa de los art�culos 83 y 84 de la Constituci�n Pol�tica, en los t�rminos en que la doctrina y la jurisprudencia lo consideran.

Para el efecto, indic� que los art�culos 83 y 84 de la Constituci�n Pol�tica de manera contundente precisan y enfatizan la presunci�n de buena fe y la supresi�n de requisitos administrativos adicionales a los de ley, en los eventos en que los particulares promueven el inicio de actuaciones administrativas o act�an como colaboradores de la administraci�n p�blica, para el caso los contratistas.

Afirm� que en nuestro pa�s ello se ubica dentro del concepto doctrinario de �la reserva legal� y que la Corte Constitucional ha fijado una l�nea jurisprudencial, con relaci�n a las citadas normas constitucionales, que hacen alusi�n concreta a la presunci�n de buena fe, que reconoce la facultad que tiene el legislador formal, dentro de su competencia, para que mediante ley dicte disposiciones, a trav�s de las cuales exija requisitos dentro de un procedimiento administrativo, por razones de inter�s general.

Trajo a colaci�n la sentencia C-340 de 1996 de la Corte Constitucional, que se�al� que las autoridades, distintas del legislador, tienen expresamente prohibido el establecimiento de cualquier tr�mite, formalidad o requisito no se�alado en la ley.

Que, en consonancia con lo anterior, la sentencia C-412 de 2001, proferida por la misma Corporaci�n, sostuvo que con apoyo en el art�culo 83 de la Constituci�n Pol�tica se presume la buena fe de las personas en todas las actuaciones que adelanten ante las autoridades, ya sea para el cumplimiento de sus deberes o para el ejercicio de sus obligaciones.

Que, en concordancia con esa regla, el art�culo 84 de la Constituci�n Pol�tica dispone que cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades no podr�n establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

Que de todo ello se deduce que mientras en los mandatos superiores de los art�culos 83 y 84 de la Constituci�n Pol�tica se introduce un claro l�mite a las autoridades administrativas judiciales y de control para agregar requisitos no previstos en la ley, �sta goza de expresa autorizaci�n constitucional para preverlos, cuando reglamente de manera general derechos o actividades.

Anot� que el legislador al establecer requisitos no viola el principio de buena fe, pues no presume nada en contra de ella, no parte del supuesto de la mala fe del gobernado; simplemente se limita a cumplir su funci�n de salvaguarda del inter�s general y de ordenamiento m�nimo, en lo que respecta al servidor p�blico y al funcionamiento de los entes estatales.

Adujo que la exigencia que tienen las normas acusadas de un control de calidad a los aval�os no viola el principio de buena fe, pues todos los actos administrativos est�n revestidos de la presunci�n de ese principio, por lo que la carga de probar la mala fe est� en cabeza del actor, quien no arrim� argumento alguno para desvirtuar dicha presunci�n.

Argument� que el art�culo 32 de la Ley 160 habilita el desarrollo de las funciones reglamentarias del Ejecutivo, toda vez que la ley no puede regular en su totalidad el procedimiento administrativo, por lo que para el efecto le otorga facultades al Ejecutivo para reglamentarlo.

Expres� que la reglamentaci�n que se realiz� en los cuerpos contentivos de las normas acusadas desarrollan esa voluntad del legislador, de que las personas naturales o jur�dicas que realicen los aval�os comerciales los dicten conforme a derecho.

Insisti� en que no existe relaci�n entre la sustentaci�n del cargo con las normas demandadas, raz�n por la cual por falta de t�cnica deber� ser despachado desfavorablemente.

Se�al� que la finalidad perseguida por las normas demandadas es que los aval�os gocen de claridad, transparencia y profesionalismo en la materia, de tal manera que el Instituto cuente con las herramientas adecuadas para facilitar la toma de una decisi�n econ�mica, m�xime cuando se trata de adquisici�n de tierras.

Aleg� que las normas acusadas no deben verse de manera aislada, sino que deben estar acordes con lo establecido en el art�culo 23 de la Ley 80 de 28 de octubre de 1993[7], que contiene los principios de la contrataci�n estatal, desarrollados por los art�culos 24, 26 y 29 ibidem, los cuales se refieren a la transparencia de la actuaci�n y al principio de responsabilidad, con el cual debe proceder todo servidor p�blico que participe en el proceso de contrataci�n p�blica y la ecuaci�n contractual.

Anot� que los aval�os son una herramienta fundamental en el proceso de toma de decisiones, respecto de los bienes inmuebles de los cuales disponen los particulares, el sector productivo y el sector p�blico.

Explic� que con base en los aval�os se realizan m�ltiples y diversas operaciones, que se ubican de manera transversal dentro de la cadena de valor de los diferentes sectores de la econom�a nacional y mundial.

Manifest� que el papel del avaluador es neur�lgico y, por lo tanto, el usuario del servicio de aval�os necesita de personas id�neas, que brinden conceptos ajustados a los m�s altos est�ndares t�cnicos y metodol�gicos; y que, adem�s, que ejerzan la actividad a la luz de los m�s elevados valores �ticos y morales, raz�n por la cual es fundamental que se efect�e el control de calidad sobre los mismos, cuando se trata del manejo de los bienes p�blicos.

Sostuvo que las disposiciones acusadas no violan los art�culos 83 y 84 de la Constituci�n Pol�tica, ya que el control de calidad de los aval�os, contrario a lo alegado por el actor, no se cre� porque se asumiera la mala fe o la falta de idoneidad de los peritos, sino para que se garantice que la actuaci�n administrativa se desarrollar� de forma transparente.

Por �ltimo, advirti� que la mala fe debe ser probada y el actor no indic� en qu� consist�a la violaci�n al principio de buena fe.

A la demanda se le imprimi� el tr�mite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisi�n, fijaci�n en lista, probatoria y alegaciones.

A trav�s de escrito de 6 de mayo de 2020[8], el Consejero de Estado doctor OSWALDO GIRALDO L�PEZ manifest� impedimento para conocer del presente asunto, el cual le fue aceptado por la Sala mediante auto de 10 de noviembre de 2020[9], por lo que, en consecuencia, se orden� separarlo del conocimiento del mismo.

Por su parte, mediante escrito de 2 de noviembre de 2021[10], el Consejero de Estado doctor ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALD�S tambi�n manifest� impedimento para conocer del presente asunto, el cual le fue aceptado por la Sala a trav�s de auto de la misma fecha[11], raz�n por la cual se orden� separarlo del conocimiento del mismo.

IV.1.- Vencido el plazo, dentro del lapso concedido para alegar en esta instancia, el actor, a trav�s de escrito visible a folios 206 a 209, insisti�

en los argumentos expuestos en la demanda, en el sentido de que las disposiciones acusadas violan los art�culos 83 y 84 de la Constituci�n Pol�tica y que se debe declarar su nulidad.

se denieguen las pretensiones de la demanda, arguyendo, en esencia, lo siguiente:

Expres� que le asiste raz�n al INCODER en cuanto a la falta de legitimaci�n en la causa por pasiva, toda vez que no es la persona de derecho p�blico que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, pues no es sujeto pasivo de la relaci�n jur�dica sustancial debatida, objeto de la decisi�n del juez.

Precis� que es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el que debe continuar atendiendo los procesos judiciales en los cuales es parte el referido Instituto, de conformidad con lo se�alado en los art�culos 26 del Decreto 1292 y 2� del Decreto 4915.

Indic� que si bien el concepto de violaci�n formulado por el demandante es bastante confuso, es posible colegir de la demanda que el argumento esencial para cuestionar las disposiciones acusadas radica en que �stas establecen un requisito no previsto en la Ley 160, consistente en un control de calidad sobre los aval�os comerciales practicados y rendidos por los peritos contratados al interior de los procesos administrativos de adquisici�n de tierras con fines de reforma agraria.

Manifest� que la norma demandada del Decreto 1139 de 2005 dispone un control de calidad de aval�os comerciales, que practiquen y rindan los peritos, ejercido por los interventores de los contratos u �rdenes de servicios, el cual est� relacionado con el cumplimento de los criterios, m�todos y operaciones establecidas en el decreto y en el procedimiento que expida el Gerente General del INCORA.

Aclar� que los mencionados interventores deben solicitar las aclaraciones, complementaciones o correcciones cuando establezcan errores, omisiones o desviaciones en la elaboraci�n del aval�o, siempre que no constituyan error grave.

Sostuvo que el art�culo 24 del Decreto 1139 acusado establece un tr�mite que surte internamente el INCORA, con el fin de garantizar que el aval�o comercial, previsto en los numerales 2 y 4 del art�culo 32 de la Ley 160, sea emitido cumpliendo con est�ndares t�cnicos y metodol�gicos, m�xime si se tiene en cuenta, como lo indic� el apoderado del INCODER, que la adquisici�n de estos inmuebles se realiza con dineros p�blicos, lo cual se encuentra en consonancia con el principio de responsabilidad, se�alado en la Ley 80.

Adujo que no se evidencia que el control de calidad de los aval�os, dispuesto en la norma demandada, haya introducido una modificaci�n en el procedimiento para la adquisici�n, mediante negociaci�n directa, de tierras o mejoras, regulado en la Ley 160 y, en consecuencia, no es cierto que el art�culo 24 del Decreto 1139 acusado establezca un requisito no previsto en la Ley 160, pues se trata de un mecanismo de control interno que realiza la administraci�n.

Puntualiz� que los mismos razonamientos justifican la legalidad de la Resoluci�n demandada, puesto que dicho acto administrativo regula el procedimiento, elaboraci�n y rendici�n de aval�os comerciales de predios y mejoras rurales y, precept�a, en su art�culo 5�, el control de calidad, siguiendo el art�culo 24 del Decreto 1139 de 2005.

Resalt� que el control de calidad de los aval�os comerciales, dispuesto en la anterior Resoluci�n, al igual que en el art�culo 24 del Decreto 1139 de 2005, establece un tr�mite interno dentro del INCORA, lo cual puede ser acreditado por el mismo texto del citado art�culo.

De manera preliminar, la Sala debe pronunciarse sobre la excepci�n de �FaltadeLegitimaci�nen la causa por pasiva e improcedencia de la acci�n en contra del INCODER�, propuesta por el mencionado Instituto, para lo cual adujo que no est� legitimada para intervenir en el presente proceso, debido a que el ente id�neo es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que, de conformidad con el art�culo 26 del Decreto 1292 y el art�culo 2o del Decreto 4915[13], en concordancia con lo previsto en el par�grafo del art�culo 25 del Decreto Ley 254 de 2000, asumir�a, una vez culminada la liquidaci�n del INCORA en Liquidaci�n, la totalidad de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicho Instituto, al igual que las obligaciones derivadas de �stos.

Para resolver lo anterior, se tiene que la legitimaci�n en la causa por pasiva alude a la aptitud que debe reunir la persona -natural o jur�dica- contra quien se dirige la demanda para oponerse jur�dicamente a las pretensiones que el demandante esgrime en su contra. Por lo anterior, no basta con ser objeto de demanda para concurrir leg�timamente a un juicio, sino que es imperioso estar debidamente legitimado para ello[14].

En el caso sub examine, se observa que la Resoluci�n n�m. 02965 de 12 de septiembre de 1995, acusada, fue expedida por el Gerente General del INCORA; y que esta entidad entr� en proceso de liquidaci�n y quedar�a adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir de la vigencia del Decreto 1292 de 21 de mayo de 2003, conforme lo se�ala su art�culo 1�, que es del siguiente tenor:

�[�] Art�culo 1�. Supresi�n y liquidaci�n del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora. Supr�mese el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, establecimiento p�blico del orden nacional, creado por la Ley 135 de 1961 y reformado por la Ley 160 de 1994, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Enconsecuencia,a partir de la vigencia del presentedecreto, dicho establecimiento entrar� en proceso deliquidaci�n, el cual deber� concluir a m�s tardar en unplazo de tres (3) a�os y utilizar� para todos los efectosla denominaci�n Instituto Colombiano de la ReformaAgraria, Incora en Liquidaci�n y estar� adscrito alMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural.

La liquidaci�n se realizar� conforme lo dispuesto en el Decreto- ley 254 de 2000, mediante el cual se expide el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional y las dem�s normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten. [�]� (Destacado fuera de texto).

Asimismo, se tiene que los art�culos 26 del citado Decreto 1292 y 2� del Decreto 4915 de 2007 dispusieron lo siguiente:

�[�] Art�culo 26. Procesos judiciales. El Gerente Liquidador deber� continuar atendiendo dentro del proceso de liquidaci�n los procesos judiciales y dem�s reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho t�rmino, hasta tanto se efect�e la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. As� mismo deber� presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, Direcci�n de Defensa Judicial de la Naci�n, un inventario de todos los procesos judiciales y dem�s reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, como tambi�n, cuando ello sea procedente, deber� archivar los procesos y reclamaciones con sus respectivos soportes y en los t�rminos se�alados por las disposiciones legales vigentes.

ElMinisteriodeAgriculturay Desarrollo asumir�, unavezculminadalaliquidaci�ndelInstitutoColombianodelaReformaAgraria,Incora en Liquidaci�n, la totalidaddelosprocesosjudicialesy reclamaciones en que fuerepartedichaentidad,aligualquelasobligacionesderivadas deestos.[�]� (Destacado fuera de texto).

Art�culo2�.Modificarel art�culo 26 del Decreto 1292 de 2003, el cual quedar� as�:

Art�culo26.ProcesosJudiciales.El Gerente liquidador deber� continuar atendiendo dentro del proceso de liquidaci�n los procesos judiciales y dem�s reclamaciones en curso o los que llegaren a iniciarse dentro de dicho t�rmino, hasta tanto se efect�e la entrega de inventarios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y/o Instituto que asuma la ejecuci�n de la pol�tica agropecuaria y de desarrollo rural. As� mismo, deber� presentar al Ministerio del Interior y de Justicia, Direcci�n de Defensa Judicial de la Naci�n, un inventario de todos los procesos judiciales y dem�s reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, como tambi�n, cuando ello sea procedente, deber� archivar los procesos y reclamaciones, con sus respectivos soportes y en los t�rminos se�alados por las disposiciones legales vigentes.

ElMinisteriodeAgriculturay Desarrollo Rural asumir�,una vez culminada la liquidaci�n del InstitutoColombianodelaReformaAgraria,Incora,enLiquidaci�n,losprocesosjudicialesy reclamaciones enquefuerepartedichaentidad,a excepci�n de losprocesosy reclamaciones que se relacionen con losbienesinmueblesquehacenpartedelFondoNacionalAgrarioqueser�nasumidosporlaentidadquetengaasu cargo la ejecuci�n de la pol�tica agropecuaria y deDesarrolloRuraly cada entidad que recibe asumir� lasobligacionesderivadasdeestosprocesosyreclamaciones.[�]� (Destacado fuera de texto).

De manera, que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, entidad que fue vinculada a este proceso, era la encargada, una vez culminada la liquidaci�n del INCORA en Liquidaci�n, de la totalidad de los procesos judiciales y reclamaciones en que fuere parte dicha entidad, al igual que las obligaciones derivadas de �stos.

Por ende, acert� el Ministerio P�blico cuando en su alegato de conclusi�n se�al� que le asist�a raz�n al INCODER y que se deb�a declarar probada dicha excepci�n, toda vez que no es la persona de derecho p�blico que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y contradecir las pretensiones contenidas en la demanda, sino que lo es el Ministerio en menci�n, el que debe continuar atendiendo los procesos judiciales en los cuales es parte el referido Instituto.

En consecuencia, se declarar� probada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva propuesta por el INCODER y as� se dispondr� en la parte resolutiva de esta providencia.

Precisadolo anterior, la Sala observa que el presente asunto se contrae a establecer la legalidad de los art�culos 24 del Decreto 1139 de 30 de junio de 1995, �[�] por el cual se reglamenta la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del INCORA [�]�, expedido por el Presidente de la Rep�blica, y 5� de la Resoluci�n n�m. 02965 de 12 de septiembre de 1995, �[�] por la cual se establece el procedimiento para la pr�ctica, elaboraci�n y rendici�n de los aval�os comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones [�]�, emanada del Gerente General del INCORA.

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de1994, en lo relativo a la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del Incora.

ElPresidentedelaRep�blicadeColombia,en ejercicio de susfacultadesconstitucionalesy legales, en especial las queleconfiereel numeral 11 del art�culo 189 de laConstituci�n Pol�tica,

Art�culo24.Controldecalidad. Adem�s de las atribuciones que stablezcan las normas de contrataci�n, los interventores de los contratos u �rdenes de servicios realizar�n un control de calidad de los aval�os comerciales que practiquen y rindan los peritos, el cual versar� sobre el cumplimiento de los criterios, m�todos y operaciones establecidas en este Decreto y en el procedimiento que expida el Gerente General del Incora para la investigaci�n y procesamiento de la informaci�n relacionada con los aval�os, con el objeto primordial de que los resultados reflejen el valor comercial de los inmuebles y mejoras.

Cuandoel interventor establezca errores, omisiones o desviaciones en la elaboraci�n del aval�o, deber� solicitar las aclaraciones, complementaciones o correcciones que considere pertinentes, siempre que ellas no constituyan error grave. [�]� (Las subrayas fuera de texto).

Por lacualse establece el procedimiento para la pr�ctica, elaboraci�n y rendici�n de los aval�os comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria y se dictan otras disposiciones.

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las contenidas en el Decreto 1139 de 1995.

Art�culo5�.Controldecalidad.Los aval�os comerciales estar�n sujetos a un control de calidad que se llevar� a cabo por el INCORA, el cual versar� sobre el cumplimiento de los criterios, m�todos, operaciones y el procedimiento establecido en el Decreto 1139 de 1995 y la presente Resoluci�n para la pr�ctica, elaboraci�n y rendici�n de los aval�os comerciales en predios y mejoras rurales.

Paraefectos del control de calidad, el Instituto podr� comparar los valores unitarios del aval�o respectivo con los practicados al mismo predio o con otros aval�os efectuados en la misma zona homog�nea f�sica en los dos (2) �ltimos a�os, actualizando los precios de acuerdo al �ndice de Precios al Productor del sector agropecuario (IPP), o utilizar otro m�todo de comparaci�n.

Paratalesefectos, el INCORA establecer� un Banco Nacional de Datos, donde se llevar� un control de predios avaluados por veredas, municipios y departamentos, fecha de realizaci�n y valores e informaci�n sobre identificaci�n f�sica de los mismos, que sirvan de referencia para el control de calidad de nuevos aval�os. Tambi�n se consultar�n las zonas homog�neas f�sicas y las zonas homog�neas geoecon�micas que se encuentran establecidas por las oficinas de Catastro o el Instituto Geogr�fico Agust�n Codazzi.

Unavezel Instituto haya verificado el cumplimiento de los requisitos, actuaciones y dem�s exigencias contempladas en la Ley 160 de 1994 y los reglamentos que fueren pertinentes, el Decreto 1139 de 1995 y la presente Resoluci�n, se proceder� a tramitar los informas de aval�o correspondientes. [�]�.

Adem�sdelasatribucionesqueestablezcanlas normas de contrataci�n, los interventores de los contratos u �rdenes de servicios realizar�n un control de calidad de los aval�os comerciales que practiquen y rindan los peritos, el cual versar� sobre el cumplimiento de los criterios, m�todos y operaciones establecidas en este Decreto y en el procedimiento que expida el Gerente General del Incora para la investigaci�n y procesamiento de la informaci�n relacionada con los aval�os, con el objeto primordial de que los resultados reflejen el valor comercial de los inmuebles y mejoras.

Cuando el interventor establezca errores, omisiones o desviaciones en la elaboraci�n del aval�o, deber� solicitar las aclaraciones, complementaciones o correcciones que considere pertinentes, siempre que ellas no constituyan error grave. [�]� (Destacado fuera de texto).

El actor aleg� la violaci�n de los art�culos 83 y 84 de la Constituci�n Pol�tica, al considerar que el Ejecutivo no estaba facultado, a trav�s de las disposiciones acusadas, para exigir un control de calidad sobre los aval�os comerciales practicados y rendidos por los peritos contratados, en los procesos de adquisici�n de tierras con fines de reforma agraria, debido a que dicha exigencia solo pod�a ser adoptada por el legislador, mediante leyes.

Del texto del Decreto 1139 acusado, espec�ficamente de su encabezado, se desprende que este fue expedido por el Gobierno Nacional para reglamentar parcialmente la Ley 160, en lo relativo a la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del INCORA, en ejercicio de la atribuci�n que le ha conferido el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica.

�[�]CorrespondealPresidentedelaRep�blicacomoJefedeEstado,Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:

11.Ejercerlapotestadreglamentaria,mediantelaexpedici�ndelosdecretos,resolucionesy �rdenes necesarios para la cumplida ejecuci�n de las leyes [�]�. (Destacado fuera de texto.)

Frente al alcance de la potestad reglamentaria, esta Secci�n, en sentencia de 6 de junio de 2013[15], precis� lo siguiente:

�[�] Constitucionalmente la potestad reglamentaria pertenece al Presidente de la Rep�blica (Art�culo 189 (11) Superior), quien como Jefe de Gobierno la ejerce mediante la expedici�n de decretos, resoluciones y �rdenes; actos que de acuerdo con lo previsto en el art�culo 115 Superior, revisten una forma especial, en la medida en que deben contar con la firma del Ministro o Director de Departamento Administrativo respectivo, quienes por ese hecho se hacen responsables.

Elejerciciodelapotestadreglamentariatieneporobjeto dictar las normas complementarias necesarias para la cumplida ejecuci�n de una regulaci�n. Por ello, el acto reglamentario es un acto complementario de la regulaci�n y no una creaci�n originaria como �sta.

As�, en sentencia de febrero 8 de 2000[16], la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre esta tem�tica, puntualiz�:

�ElpoderreglamentariolootorgadirectamentelaConstituci�nalPresidentedelaRep�blicacomosupremaautoridadadministrativa,conlafinalidaddequeexpidanormasdecar�ctergeneralparalacorrectaejecuci�ndelaley.Porserunaatribuci�npropiaqueleconfierelaCartaPol�tica,norequieredeunanormalegalqueexpresamentelaconceday se caracteriza adem�s por ser atribuci�n inalienable, intransferible e inagotable, no tiene un plazo para su ejercicio y es irrenunciable, aunque no es un poder absoluto pues se halla limitado por la Constituci�n y la ley, ya que al ejercerla el Presidente de la Rep�blica no puede alterar o modificar la ley que reglamenta.

Los l�mites de la potestad reglamentaria est�n se�alados en cada caso por la necesidad de que sea cumplida debidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su cumplimiento, nada habr� de agreg�rsele y, por consiguiente, no habr� oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltanen ella detalles necesarios para su correcta aplicaci�nhabr� lugar a proveer a la regulaci�n de esos detalles,en ejercicio de la potestad reglamentaria. En otrost�rminos, tanta ser� la materia reglamentable cuantadetermine la necesidad de dar cumplimiento a la ley...� Las negrillas y subrayas fuera de texto.)

Y, en Sentencia de octubre 26 de 1999[17], la Sala Plena del H. Consejo de Estado, acerca del alcance de la potestad reglamentaria, dijo:

�(�) Los l�mites de la potestad reglamentaria est�n se�alados en cada caso por la necesidad de que sea ejecutada cumplidamente la ley de que se trate, de manera que si la ley suministra todos los elementos indispensables para su ejecuci�n nada habr� de agreg�rsele y, por consiguiente, no habr� oportunidad para el ejercicio de la potestad reglamentaria; pero si faltan en ella detalles necesariospara su correcta aplicaci�n hay lugar a proveer a laregulaci�n de esos detalles, en ejercicio de la potestadreglamentaria. En otros t�rminos, tanta ser� la materiareglamentable cuanta determine la necesidad de darcumplimiento a la ley. El reglamento desarrolla ycomplementa la ley reglamentada, con el objeto deasegurar su ejecuci�n. La potestad reglamentaria de las leyes est� referida a cualesquiera leyes, sin distinciones, que no las establece la norma constitucional". Ahora bien, la potestad de reglamentar la ley no puede confundirse con la facultad de expedir actos administrativos de car�cter general. Es as� que, seg�n lo expuesto, en ejercicio de la potestad reglamentaria se expiden decretos, resoluciones y �rdenes necesarios para que la ley pueda ser ejecutada, en tanto que mediante los actos que se expidan en ejercicio de la facultad de dictar actos de car�cter general se ejecuta la ley. Adem�s,la potestad de reglamentar la ley es atribuci�n delPresidente de la Rep�blica, seg�n lo establecido en elart�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n, en tanto que de la facultad de expedir actos administrativos de car�cter general est�n investidas muchas autoridades [...]� (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

De tal manera que al hacerse uso de dichas potestades, el Ejecutivo debe inspirarse en el prop�sito de desarrollar, aclarar, complementar y hacer mucho m�s expl�cita la norma de car�cter legislativo que le sirve de sustento, en orden a facilitar y asegurar su ejecuci�n y correcto cumplimiento.

En desarrollo de tales funciones, como se puso de presente anteriormente, el Presidente de la Rep�blica expidi� el Decreto 1139 de 30 de junio de 1995, acusado, con el objeto de desarrollar reglamentariamente la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del INCORA, de que trata la Ley 160, �[�] Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisici�n de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones [�]�.

ART�CULO32.Cuandose trate de los programas previstos en el art�culo anterior[18], para la adquisici�n de los prediosrespectivos el Instituto se sujetar� al siguienteprocedimiento:

4.Elpropietariodisponedeun t�rmino de diez (10) d�as, contados a partir de la fecha en que quede perfeccionada la comunicaci�n, para aceptarla o rechazarla. Dentro del mismo t�rmino y por una sola vez, podr� objetar el aval�o por error grave o cuando hubiere sido expedido con antelaci�n superior a un a�o. Las objeciones al aval�o inicial, o su actualizaci�n, ser�n diligenciadas por peritos diferentes a los que hubieren intervenido con anterioridad. [�]� (Destacado fuera de texto).

En efecto, el citado art�culo 32 de la Ley 160 antes enunciado claramente determin� la necesidad de que la misma fuera reglamentada con el objeto de asegurar su correcta aplicaci�n o ejecuci�n, cuando se�al�:

�[�]Elpreciom�ximodenegociaci�nser�el fijado en el aval�o comercial que para tal fin se contrate con personas naturales o jur�dicas legalmente habilitadas para ello, deacuerdo con el reglamento que para el efecto expida elGobierno Nacional. [�]� (Destacado fuera de texto).

De ah� que resulta evidente que se requer�a la expedici�n de una norma reglamentaria, como es la disposici�n acusada del Decreto 1139 de 2005, para que desarrollara y complementara lo relacionado con la elaboraci�n del aval�o comercial contratado con personas naturales o jur�dicas legalmente habilitadas para la adquisici�n de los predios para fines de reforma agraria, en orden a garantizar la cumplida ejecuci�n de la Ley 160, que le sirvi� de sustento.

24 Acusado del Decreto 1139, en ejercicio de su potestad reglamentaria (art�culo 189 numeral 11 de la Constituci�n Pol�tica), se limit� a reglamentar lo relativo al procedimiento, al cual deb�a sujetarse el INCORA, con respecto a los aval�os comerciales, que deben rendir los peritos o las personas naturales o jur�dicas legalmente habilitadas, para la adquisici�n de los predios, estableciendo un control calidad, con el objeto de que los resultados reflejen el valor comercial de los inmuebles y sus mejoras, de conformidad con lo previsto en la Ley 160, que en su art�culo 32, numeral 2, dispuso:

�[�] de acuerdo con el reglamento que para el efectoexpida el Gobierno Nacional. [�]�.

As�, pues, la disposici�n demandada del Decreto 1139 no desbord� las facultades del Gobierno Nacional ni sobrepas� los lineamientos dispuestos en la norma que le sirve de fundamento, en tanto el establecimiento de un control de calidad de los aval�os comerciales que deben rendir los peritos o personas naturales o jur�dicas legalmente habilitadas para ello, de los predios que adquiera el Instituto INCORA, y que debe versar sobre el cumplimiento de los criterios, m�todos y operaciones establecidas en el mismo Decreto y en el procedimiento que expida el Gerente General del INCORA, para garantizar que se cumpla con el objetivo primordial de que los mismos reflejen el valor comercial de los inmuebles y mejoras, no introduce una modificaci�n en el procedimiento para la adquisici�n, mediante negociaci�n directa, de tierras o mejoras, regulado en la Ley 160.

No puede perderse de vista, como lo precis� esta Secci�n, en la citada sentencia de 6 de junio de 2013, que si faltan en la ley, detalles necesarios para su correcta aplicaci�n hay lugar a proveer a la regulaci�n de esos detalles, en ejercicio de la potestad reglamentaria.

As� las cosas, la Sala observa que el Gobierno Nacional s� estaba facultado para expedir el art�culo 24 acusado del Decreto 1139, por virtud de la potestad reglamentaria que le confiere el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica y de lo dispuesto en la Ley 160, en su art�culo 32.

Son estos preceptos, por consiguiente, el verdadero fundamento del acto administrativo acusado, pues as� lo pone de presente en su encabezamiento, cuando adem�s de invocar la atribuci�n del precitado art�culo 189 constitucional, alude a la Ley 160[19].

Ahora, en lo que respecta al art�culo5�dela Resoluci�n n�m 02965 de 12 de septiembre de 1995,demandado, la Sala debe, en primer t�rmino, se�alar que el Gerente General del INCORA s� estaba facultado para expedirlo, con fundamento en la atribuci�n conferida por el Decreto 1139 de 1995 (tambi�n acusado), que, a su vez, fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria conferida al Presidente de la Rep�blica por el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica y con sujeci�n a la habilitaci�n legislativa otorgada a �l por la Ley 160.

En efecto, el citado art�culo 24 del Decreto 1139 estableci� la referida atribuci�n, de la siguiente manera:

�[�] Art�culo 24. Control de calidad. Adem�s de las atribuciones que establezcan las normas de contrataci�n, los interventores de los contratos u �rdenes de servicios realizar�n un control de calidad de los aval�os comerciales que practiquen y rindan los peritos, el cual versar� sobre el cumplimiento de los criterios, m�todos y operaciones establecidas en este Decreto y en el procedimiento que expida el GerenteGeneral del Incora para la investigaci�n y procesamiento de la informaci�n relacionada con los aval�os, con el objeto primordial de que los resultados reflejen el valor comercial de los inmuebles y mejoras. [�]� (Destacado fuera de texto).

En segundo t�rmino, cabe precisar que el Gerente General del INCORA cuando sujet� los aval�os comerciales de predios y mejoras rurales a un control de calidad, el cual debe versar sobre el cumplimiento de los criterios, m�todos y operaciones establecidas en esa Resoluci�n, as� como en el Decreto 1139, mediante el art�culo 5� acusado de la Resoluci�n n�m. 02965 de 12 de septiembre de 1995, en ejercicio de la atribuci�n conferida por el referido Decreto 1139 de 1995 y de la habilitaci�n legislativa otorgada por la precitada Ley 160, estaba desarrollando la facultad de dictar reglamentos o actos administrativos de contenido general o de reglamentaci�n de segundo grado, la cual se circunscribe a las materias que expresamente le se�ala Ley, as� como a los decretos o reglamentos que expida el Presidente de la Rep�blica.

En trat�ndose de la facultaddereglamentaci�ndesegundo grado o derivada, la Secci�n Primera de esta Corporaci�n, en sentencia de 13 de septiembre de 2007[20], se�al�:

�[�] En sentencia de 23 de mayo de 2002, al examinar an�loga tem�tica en relaci�n con actos reglamentarios expedidos por el Director de la DIAN, la Sala caracteriz� la facultadreglamentaria de los directores de DepartamentosAdministrativos para expedir actos administrativos decar�cter general en asuntos de su especialidad. Se refiri�a esta como una facultad reglamentaria de �segundogrado� en tanto se ejerce con sujeci�n a la ley y alreglamento. Las consideraciones all� expuestas son enteramente aplicables a la facultad reglamentaria que ejercen los Ministros como jefes de la administraci�n en el sector y sistema a que pertenece su dependencia. Dijo la Sala:

�Laacusaci�nfundamentalesladequecon la expedici�n de esa resoluci�n, la Directora General de Impuestos y Aduanas Nacionales est� ejerciendo la potestad reglamentaria que el art�culo 189, numeral 11, le atribuye de manera exclusiva al Presidente de la Rep�blica, por cuanto el objeto reglamentado es un decretoreglamentarioespecial,deleymarco, de modo que dicha funcionaria carece de competencia para ello, puesto que no le ha sido delegada y es exclusiva del Presidente de la Rep�blica. La Sala observa que esa argumentaci�n de la actora, con la cual coincide el Ministerio P�blico, no es acertada, puesto que es evidente que la resoluci�n enjuiciada no est� reglamentando una ley o una norma con fuerza de ley, que es el objeto propio de la potestad reglamentaria, la cual constitucionalmente est� en cabeza del Presidente de la Rep�blica, como cl�usula general de competencia en relaci�n con todas las normas de esa jerarqu�a jur�dica, en cuanto justamente est� prevista �para la cumplida ejecuci�n de las leyes.� � En este sentido le asiste raz�n a la entidad demandada al advertir que no se est� ejerciendo la potestad reglamentaria consagrada en el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica. .. La Sala la ha considerado como unareglamentaci�n de segundo grado o derivada,para distinguirla de la que se hace para desarrollardirectamente la ley o normas con fuerza de leycomo las contenidas en los decretos leyes.� [21]

Lascompetenciasdereglamentaci�ndelasautoridadesdebeninterpretarsesistem�ticayteleol�gicamente,a la luz de la concepci�n de laAdministraci�nP�blicay del Estado UnitarioColombianoplasmadaen la Constituci�n Pol�tica,delosprincipiosquerigenlafunci�nadministrativaconformealart�culo209 CP, y enconsonanciaconloslineamientostrazadosen laLey489de1998paralaFunci�nAdministrativaylaAdministraci�n P�blica.

Supremisaes la imposibilidad material de que elPresidentedelaRep�blicaejerza de manerapersonaltodasy cada una de las facultades dereglamentaci�nnecesariasparael desempe�o delaAdministraci�n P�blica.

Anteesta realidad incontrovertible, la puesta en marcha de esquemas y estrategias de descentralizaci�n, delegaci�n y desconcentraci�n, as� como la conformaci�n de sectores y de sistemas sectoriales de gesti�n se hace imprescindible para que la funci�n administrativa pueda desarrollarse con fundamento en los principios de celeridad, eficacia y econom�a, conforme lo precept�a el art�culo 209 CP y para que sirva a la comunidad, promueva la prosperidad general y haga efectivos los fines estatales previstos en el art�culo 2� �dem.

Escom�n a estos institutos jur�dicos el objetivo de facilitar el ejercicio de la funci�n administrativa con fundamento en los principios fijados por el art�culo 209

C.P.Se trata de modalidades organizacionales arbitradas en la Constituci�n para el ejercicio de la funci�n administrativa.

Elprincipiodelefecto �til de las normas obliga a desechar esa interpretaci�n pues de acogerse, se har�a nugatoria la competencia que constitucionalmente corresponde a los Ministros conforme al art�culo 208 de la Constituci�n�

La Administraci�n P�blica requiere d�a a d�a deuna m�s �gil capacidad para satisfacer lasdemandas ciudadanas.Ellosupone que el procesodetomadedecisionesy de ajuste a lascondicionescambiantesde laspol�ticas p�blicasse haga a trav�s de procedimientos �giles. [�]� (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Adem�s, conviene precisar, respecto de la facultad de reglamentaci�n de segundo grado o derivada, que esta se justifica en la medida en que es en los organismos administrativos en los que reposa la informaci�n directamente relacionada con el funcionamiento pr�ctico de las herramientas de creaci�n legislativa, conforme lo consider� la Secci�n Primera, en sentencia de 18 de julio de 2019[22], en la que sostuvo:

�[�] Se sale de los par�metros y principios de la administraci�n moderna y de la complejidad del Estado colombiano, pretender que a�n este tipo de reglamentaci�n deba ser expedido por el Presidente de la Rep�blica, m�s cuando son tantas las materias y los niveles jer�rquicos en que ello se requiere, que generar�a una concentraci�n y dilaci�n contraria a los principios de eficacia, econom�a y celeridad consagrados en el referido art�culo 209 de la Constituci�n Pol�tica, para cuyo cumplimiento, justamente, la misma norma prev� los mecanismos de la descentralizaci�n, la delegaci�n y la desconcentraci�n de funciones.

La potestad normativa residual, secundaria y derivadase justifica en la medida en que es en los organismosadministrativosendondereposalainformaci�ndirectamenterelacionadaconel funcionamiento pr�cticodelasherramientasdecreaci�nlegislativa.La inmediaci�n que se da entre dichos entes, los temas reales de implementaci�n de la legislaci�n y sus usuarios, imponen que sean aquellos los que se�alen la microregulaci�n de la Ley. [�]� (Destacado fuera de texto).

Por consiguiente, fue en ejercicio de la facultad de reglamentaci�n de segundo grado o derivada y a la luz de las disposiciones legales antes enunciadas, que el Gerente General del INCORA expidi� el art�culo acusado de la Resoluci�n n�m. 02965 de 1995, con relaci�n al control de calidad de los aval�os comerciales de predios y mejoras rurales que se adquieran para fines de reforma agraria.

En este orden de ideas, no le asisti� raz�n al actor cuando sostuvo que mediante el art�culo 24 del Decreto 1139 demandado no se pod�a establecer un control de calidad a los aval�os comerciales, que deben rendir los peritos, para la adquisici�n de los predios por el INCORA, y a trav�s del art�culo 5� de la Resoluci�n n�m. 02965 acusado, tampoco se pod�a desarrollar la ley concerniente a los aval�os comerciales y disponer un control de calidad de los mismos, habida cuenta que el Presidente de la Rep�blica estaba facultado para expedir dicho art�culo 24 demandado, por virtud de la potestad reglamentaria que le confiere el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica y con fundamento en la Ley 160, y el Gerente General del INCORA ten�a competencia para expedir el citado art�culo 5� acusado, en ejercicio de la facultad de reglamentaci�n de segundo grado o derivada y con sujeci�n a la atribuci�n conferida por el citado Decreto 1139 de 1995.

En tal sentido, no se advierte que se haya violado el principio de buena fe, previsto en el art�culo 83[23] de la Constituci�n Pol�tica, ni el art�culo 84[24]ibidem, al establecerse un control de calidad para los aval�os comerciales, que se deben realizar de los predios y mejoras rurales, porque adem�s de que ello no presume la mala fe de las personas que deben realizar esos aval�os y que dicha mala fe no fue probada[25], el Presidente de la Rep�blica y el Gerente General del INCORA s� pod�an establecer dicho control t�cnico, en raz�n a que se limitaron a desarrollar y complementar la ley y el decreto reglamentario que les sirvieron de fundamento, es decir, sin sobrepasar los lineamientos dispuestos en ellos, y en virtud de la potestad reglamentaria que le confiere el art�culo 189, numeral 11, de la Constituci�n Pol�tica y la facultad de reglamentaci�n de segundo grado o derivada.

En conclusi�n, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por el actor, raz�n suficiente para que se mantenga la presunci�n de legalidad que ampara a los art�culos 24 del Decreto 1139 de 30 de junio de 1995 y 5� de la Resoluci�n n�m. 02965 de 12 de septiembre de 1995 y no se acceda a las s�plicas de la demanda, como en efecto se dispondr� en la parte resolutiva de esta providencia.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, Administrando Justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la Ley,

PRIMERO:DECLARAR probada la excepci�n de falta de legitimaci�n en la causa por pasiva propuesta por el INCODER, por las razones aducidas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO:DENEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue le�da, discutida y aprobada por la Sala, en la sesi�n del d�a 10 de marzo de 2022.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electr�nicamente por los integrantes de la Secci�n Primera en la sede electr�nica para la gesti�n judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con la ley.

[2]�Porla cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisici�n de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones�.

[4] �Por el cual se suprime el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora y se ordena su liquidaci�n�,

[5] �Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1292 de 2003�, expedido por el Presidente de la Rep�blica.

[6] �Por el cual se expide el r�gimen para la liquidaci�n de las entidades p�blicas del orden nacional�,

[7] �Por la cual se expide el Estatuto General de Contrataci�n de la Administraci�n P�blica�.

[13] Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1292 de 2003�, expedido por el Presidente de la Rep�blica.

[14] 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 20 de junio de

2019, C.P. Nubia Margoth Pe�a Garz�n, n�m. �nico de radicaci�n, 11001-03-24-000-2012-00125-00.

[15] 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 6 de junio de 2013, C.P. Mar�a Claudia Rojas Lasso, n�m. �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2006-00284-00. Criterio reiterado en sentencia de 21 de junio de 2018 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, C.P. Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez, n�m. �nico de radicaci�n 11001- 03-24-000-2012-00074-00).

[18] �[�] ART�CULO 31. Son motivos de inter�s y de utilidad p�blica para la adquisici�n y expropiaci�n de bienes rurales de propiedad privada, o los que formen parte del patrimonio de entidades de derecho p�blico, los definidos en los ordinales segundo, tercero y quinto del art�culo 1� de la presente ley.

En consecuencia, podr� el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adquirir mediante negociaci�n directa tierras o mejoras, o decretar su expropiaci�n, con el objeto de dar cumplimiento a los fines de inter�s social y utilidad p�blica definidos en esta Ley, en los siguientes casos:

[19] 19 �[�] por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de 1994, en lo relativo a la elaboraci�n del aval�o comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de reforma agraria y la intervenci�n de peritos en los procedimientos administrativos agrarios de competencia del Incora.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica, [�]�

[20] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 13 de septiembre de 2007, C.P. Camilo Arciniegas Andrade, n�m. �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2002-00254-01. Criterio reiterado en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, C.P. Mar�a Elizabeth Garc�a Gonz�lez, n�m. �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2014-00453-00).

[22] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Primera, sentencia de 18 de julio de 2019, C.P. Nubia Margoth Pe�a Garz�n, n�m. �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2011-00163-00.

[23] �[�] Art�culo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades p�blicas deber�n ce�irse a los postulados de la buena fe, la cual se presumir� en todas las gestiones que aquellos adelanten ante �stas. [�]�.

[24] �[�] Art�culo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades p�blicas no podr�n establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. [�]�.

[25] Sobre la presunci�n de buena fe y el deber de quien alegue la mala fe de demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta, la Secci�n Segunda, Subsecci�n B, en sentencia del 23 de marzo de 2017, precis� lo siguiente:

�[�] De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garant�a para los principios de buena fe y confianza leg�tima de los particulares, pues la devoluci�n de las sumas pagadas por prestaciones peri�dicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administraci�n en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra demostrar, no habr� lugar a ordenar reintegro alguno.

El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Adem�s, como se expres� previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta [�]� (Destacado fuera de texto).

(Consejo de Estado, C.P. Sandra Lisset Ibarra V�lez, n�m. �nico de radicaci�n 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015).

Fecha Providencia	12/03/2022
Fecha de notificaci�n	10/03/2022