200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030042362CC-SENTENCIAC350202114/10/2021CC-SENTENCIA_C_350__2021_14/10/2021300423882021LA CORTE RESUELVE ESTARSE A LO RESUELTO EN LAS SENTENCIAS C-628 DE 1996 Y C-358 DE 1997, DECLARANDO EXEQUIBLE LA CONVERSIÓN DE MULTA EN ARRESTO ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO PENAL MILITAR.
14/10/2021Alejandro Linares Cantilloartículo 44 de la Ley 1407 de 2010D-14196Identificadores20030258240true1387049original30222839Identificadores

Fecha Providencia

14/10/2021

Fecha de notificación

14/10/2021

Magistrado ponente:  Alejandro Linares Cantillo

Norma demandada:  artículo 44 de la Ley 1407 de 2010


LA CORTE RESUELVE ESTARSE A LO RESUELTO EN LAS SENTENCIAS C-628 DE 1996 Y C-358 DE 1997, DECLARANDO EXEQUIBLE LA CONVERSIÓN DE MULTA EN ARRESTO ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO PENAL MILITAR.

1. Norma objeto de control de constitucionalidad

"LEY 1407 DE 2010

(agosto 17)

Por la cual se expide el Código Penal Militar

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA

[ ...]

ARTÍCULO 44. CONVERSIÓN DE LA MULTA

EN ARRESTO. Cuando la multa hubiere sido impuesta como pena principal y única, y el condenado no la pagare o amortizare de acuerdo con lo previsto en los artículos anteriores, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal diario, por cada día de arresto. En este caso, el arresto no podrá exceder de cinco (5) años.

El condenado a quien se le haya hecho la conversión de que trata el inciso anterior, podrá hacer cesar el arresto en cualquier momento en que satisfaga la parte proporcional de multa que no haya cumplido en arresto".

2. Decisión

Estarse a lo resuelto en las sentencias C-628 de 1996 y C-358 de 1997 y, en consecuencia, declarar EXEQUIBLE el artículo 44 de la Ley 1407 de 201 0, " [p]or la cual se expide el Código Penal Militar", por el cargo analizado en esta providencia.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de los fundamentos

Correspondió a la Corte estudiar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 1407 de 2010, " [p]or la cual se expide el Código Penal Militar", en la que se formuló un solo cargo por violación de los artículos 28, 93 y 2 de la Constitución. El demandante argumentó que la disposición acusada desconocía la prohibición de detención, prisión o arresto por deudas, establecida en el inciso 3 del artículo 28 superior y el numeral 7 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en su concepto la multa constituye un crédito a favor del Estado que, materialmente, corresponde en su naturaleza y esencia al de "deuda", referido en las disposiciones superiores. Por ello, consideró que la posibilidad de que el juez penal dispusiera el arresto del responsable en el caso de impago de la multa implicaba desconocer una garantía asociada a la libertad personal que, a su vez, supondría la inconstitucionalidad del artículo acusado.

Con base en estos elementos de la demanda, la Corte formuló el siguiente problema jurídico: ¿el Legislador, al establecer la conversión de multa impuesta como penal principal en arresto, cuando el condenado no la pagare o amortizare, desconoce la prohibición constitucional de detención, prisión o arresto por deudas

Para resolver este problema jurídico se estudió, en primer lugar, el alcance de la prohibición constitucional e internacional de prisión, arresto o detención por deudas, ubicada en los artículos 28 de la Carta y 7 de la CADH. Respecto de esta, se subrayó la interpretación autorizada realizada por la Corte Constitucional, que excluye del concepto de "deudas" -a que se refieren las normas superiores-, aquellas obligaciones dinerarias surgidas de la comisión de delitos. Asimismo, verificó la existencia de una cosa juzgada constitucional, derivada de las sentencias C-628 de 1996 y C-358 de 1997, pues en ellas la Corte ya había declarado exequibles normas penales análogas, que disponían la conversión de multa en arresto, y que habían sido demandadas por cargos prácticamente idénticos al ahora analizado. En efecto, la Sala Plena consideró que dichas decisiones constituían una cosa juzgada material en sentido lato respecto del caso analizado y, por ello, determinó que dichas decisiones previas de esta Corporación debían ser aplicadas como precedente vinculante para la solución del caso.

Teniendo en cuenta estos dos elementos fundamentales, la Sala Plena concluyó que el artículo 44 de la Ley 1407, al disponer la conversión de la multa en arresto, no está mutando la naturaleza de la obligación penal en otra distinta, por lo que no puede considerarse comprendida dentro del concepto de "deuda" a que se refieren las normas superiores. En efecto, solo las obligaciones con naturaleza y origen diferente a la conducta delictiva pueden considerarse comprendidas por la prohibición constitucional de detención, prisión o arresto por deudas aludida por el demandante. En consecuencia , se resaltó que la conversión de multa en arresto: (i) no genera, crea o produce una obligación de aquellas referidas en el artículo 28 constitucional como "deudas", pues el origen y la causa de la multa la constituye la comisión de un delito y la responsabilidad penal derivada del mismo, y no una obligación de diferente naturaleza; (ii) en estos casos, el arresto que se impone ante el incumplimiento en el pago de la multa obedece a la necesidad de dotar de efectividad a la sanción penal, impuesta como consecuencia de la comisión de un delito; y (iii) la conversión en arresto se produce por el incumplimiento de una pena, y se da en cumplimiento de un mandato legal que lo permite.

Es importante destacar que estas consideraciones coinciden con aquellas razones que llevaron en la Corte a declarar la exequibilidad de disposiciones materialmente iguales en las sentencias C-628 de 1996 y C-358 de 1997, pues en ellas se indicó que las sanciones derivadas de la comisión de los delitos, aun cuando generen obligaciones de tipo patrimonial, no pueden comprenderse como "deudas" en el sentido expresado por la Constitución y que, por ello, el legislador está habilitado para disponer, ante su incumplimiento , consecuencias consistentes en la restricción de la libertad personal.

Por las anteriores consideraciones la Corte, estándose a lo resuelto en las mencionadas providencias, resolvió declarar exequible el artículo 44 de la Ley 1407 de 2010, " [p]or la cual se expide el Código Penal Militar

4. Salvamentos y aclaraciones de voto

El Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS salvó su voto por considerar que, si bien la decisión adoptada respeta el precedente de esta Corporación, estima necesario que se reconsidere dicha postura a la luz de los paradigmas actuales y se le confronte con los estándares interamericanos que existen sobre la materia.

En primera medida, reprochó que la decisión adoptada se abstuviera de contrastar la norma acusada, con el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), tal como lo requería la demanda formulada.

De otro lado, considera que el precedente que se ha sostenido hasta el momento parte de una premisa falaz, en el sentido de que admite la existencia de "créditos" que, si bien deben ser pagados, no endilgan a su sujeto pasivo la condición de "deudor". Para el Magistrado Rojas Ríos, indistintamente del origen del que se derive una obligación monetaria, la consecuencia jurídica que surge de ellas, es la constitución en "deudor" de quien adquiere el deber de cumplir con el pago. Por ello, en su criterio, la imposición de una "multa" tiene como consecuencia jurídica que el sujeto sancionado se convierta en "deudor".

Adicionalmente, destaca que, si bien las "multas" son sanciones que tienen por objeto restablecer el orden jurídico alterado tras la comisión de un delito, lo cierto es que la privación de la libertad debe ser concebida como una sanción que está reservada para las conductas más lesivas de los intereses jurídicos de la colectividad y que, se muestra como extrema, incluso dentro del marco del derecho penal, que, por su naturaleza, es de ultima ratio.

En ese sentido, considera que, si el legislador sancionó un determinado tipo de conductas con la imposición de una sanción económica (multa) , resulta contrario a la naturaleza excepcional de las limitaciones al derecho a la libertad, admitir que ésta puede ser remplazada por una pena de prisión, a pesar de que existen mecanismos menos gravosos para lograr el cumplimiento de la obligación dineraria impuesta .

En conclusión, estima que correspondía a la Corte el analizar si, a la luz de la Constitución y de la CADH, es posible admitir que existen deudas que están cobijadas por la prohibición de imponer "prisión por deudas " y otras que no. Lo anterior, en el entendido de que ambas normativas claramente se abstienen de establecer excepciones sobre la materia y, admitir lo contrario, contradice el principio de interpretación jurídica según el cual " donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete”.