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LEY21362021202108 script var date = new Date(04/08/2021); document.write(date.getDate()); script falsefalseAño CLVII No. 51.756 Bogotá, D. C., miércoles, 4 de agosto de 2021 Página 35por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones.falseInmigración|Derechos humanosfalsefalseDerechos humanos y DIHfalseLEY ORDINARIAfalse04/08/202104/08/202104/08/2021517563535

Año CLVII No. 51.756 Bogotá, D. C., miércoles, 4 de agosto de 2021 Página 35

ÍNDICE [Mostrar]

LEY 2136 DE 2021

(agosto 04)

por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones.

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Subtipo: LEY ORDINARIA

  

El Congreso de la República 

  

DECRETA: 

  

CAPÍTULO I 

  

Objeto, lineamientos, definiciones y principios de la Política Integral Migratoria (PIM) 

CAPÍTULO I

Objeto, lineamientos, definiciones y principios de la Política Integral Migratoria (PIM)


Artículo 1°. Objeto. La presente Ley establece las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria (PIM), del Estado colombiano; en relación con los espacios de direccionamiento, coordinación institucional, fortalecimiento de competencias para la gestión migratoria y desarrollo normativo, en concordancia con lo que la Constitución Política de Colombia establece y, los instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado, y demás normas vigentes en la materia. 


Artículo 2°. Objetivos de la Política Integral Migratoria. En la formulación, implementación, ejecución y evaluación de la PIM se tendrán en cuenta los siguientes objetivos: 

  

1. Propender por una migración segura, ordenada y regular. 

2. Promover la integración socioeconómica, cultural, el desarro­llo sostenible, la prosperidad, así como la integración científica, tecnológica y de innovación, a través de los aportes de los mi­grantes. 

3. Articular la PIM con la agenda de las entidades del Orden Na­cional, departamental y municipal. 

4. Fortalecer y generar alianzas nacionales e internacionales a ni­vel bilateral, regional y subregional para la gestión migratoria y la gobernanza de las migraciones. 

5. Fortalecer los sistemas de información para la identificación, caracterización, localización, y flujo de datos que se requieran para dar soporte a la PIM. 

6. Generar la caracterización de la población en el exterior, de los migrantes y de los retornados, con fines científicos y tecnológi­cos, permitiendo reconocer las necesidades de esta población y sus intereses de retorno. 

7. Desarrollar propuestas que permitan ampliar o mejorar la oferta de servicios del Estado para colombianos en el exterior y retor­nados. 

8. Facilitar de manera efectiva la participación de la sociedad civil y la ciudadanía en general en los procesos de formulación, eje­cución y evaluación de la PIM. 

9. Desarrollar estrategias para la protección de los Derechos Hu­manos de los Migrantes. 

10. Promover acciones para la protección de las mujeres migrantes y personas en situación de vulnerabilidad. 

11. Promover inmigración regular a instancias del Ministerio de Relaciones. 

  

Parágrafo. Además de otros objetivos, los que por necesidad defina el Gobierno nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo del PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo. 


 

Artículo 3º. Lineamientos de la Política Integral Migratoria. Para el cumplimiento de sus objetivos, la PIM contará con los siguientes lineamientos: 

1. Propender por una migración segura, ordenada y regular en con­diciones dignas, que permitan que los migrantes refugiados y retornados gocen de modo efectivo de los derechos reconocidos por la Constitución, y por los instrumentos internacionales rati­ficados y vigentes para Colombia. 

2. Considerar prioritaria la asistencia, vinculación en la construc­ción y participación de políticas públicas y acompañamiento a los migrantes colombianos que se encuentran en el exterior y retornados. 

3. La migración es una realidad pluridimensional con efectos posi­tivos de impulso y desarrollo tanto para las sociedades de origen como, para las de destino, reafirmando el rechazo a tratamientos utilitaristas de las personas migrantes y rechazo a cualquier for­ma de explotación 

4. Adoptar las medidas necesarias para la prevención y elimina­ción de todas las formas de discriminación hacia las personas migrantes como el racismo, la xenofobia, la intolerancia, entre otras. 

5. Guardar: la coherencia respecto de la respuesta a las dinámicas internacionales en materia de migración, buscando que el tra­tamiento de los nacionales en el exterior sea el mismo que se ofrece a los extranjeros en Colombia. 

6. Velar por la unidad familiar, siempre que esta no amenace o vul­nere los derechos fundamentales de terceros, ni ponga en riesgo la seguridad nacional Especialmente considerando el principio de interés superior de los niños; niñas y adolescentes, el respeto a sus derechos y su protección integral. La reglamentación de esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los que se extiende este derecho. 

7. El suministro de información oportuna e íntegra deberá acom­pañar todo lo relacionado con los procesos migratorios. 

8. La Cooperación Internacional hará parte del diálogo y la acción conjunta para propender por una migración segura, ordenada y regular. 

9. Se reconoce el hecho emigratorio como realidad pluridimen­sional y multicausal en el marco del cual se ha propiciado la conformación de una diáspora de colombianos alrededor del mundo. 

10. Adopción de medidas que reduzcan la condición de vulnerabili­dad de la población migrante. 

  

Parágrafo. Además de otros lineamientos que por necesidad defina el Gobierno nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo. 


Artículo 4°. Principios. Son principios de la Política Integral Migratoria (PIM) del Estado colombiano en concordancia con la Constitución, los siguientes: 

  

1. Soberanía. Es la prerrogativa del Estado para autorizar la admi­sión, el ingreso, el tránsito, permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional y decidir sobre su naturalización. 

2. Participación. Es el ejercicio de los derechos establecidos en la normatividad colombiana a los connacionales en el exterior, respetando la legislación del Estado receptor, así como el ejer­cicio por parte de los extranjeros en Colombia de los derechos que les reconoce la legislación nacional. 

3. Facilitación. El Estado colombiano impulsará la implementa­ción de procedimientos que fomenten la integración y permitan un adecuado control migratorio de manera segura, ordenada y regular. 

4. Reconocimiento. Para el desarrollo de la PIM el Estado colom­biano reconoce los lazos históricos y sociales en las fronteras con sus países vecinos, incluidos los grupos étnicos presentes a ambos lados de las zonas limítrofes y su movilidad transfronte­riza. 

5. Reciprocidad. El Estado colombiano aplicará el principio de re­ciprocidad en el trato con otros Estados. 

6. Igualdad. El Estado colombiano reconoce la igualdad de dere­chos de los migrantes, el migrante es sujeto de derechos y obli­gaciones 

7. Integración. El Estado colombiano promueve la integración del migrante y su familia, a la sociedad y la cultura, tanto para los colombianos en el exterior, como para los migrantes en Colom­bia. 

8. Integralidad. El Estado colombiano impulsa el tratamiento in­tegral de la realidad migratoria pluridimensional, así como una respuesta intersectorial y multidimensional. 

9. Interés superior de niñas, niños y adolescentes. En todos los pro­cesos y procedimientos vinculados a la presente Ley, se tomarán en cuenta las normas previstas en la normativa en la materia, particularmente el interés superior de niñas, niños y adolescen­tes y el respeto a sus derechos, y su protección integral. 

10. Libre Movilidad. Toda persona tiene derecho a circular libre­mente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, a entrar y salir de él, y a regresar a su país, con las limitaciones que establezca la ley. 

11. No Devolución. No se devolverá a persona alguna al país, sea o no de origen, en el cual su vida, libertad e integridad esté en riesgo por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o cuando exis­tan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con los instrumentos internacio­nales ratificados por Colombia en la materia. 

Aquellos solicitantes de la condición de refugiados que no hubieran obtenido el estatuto de tal, podrán solicitar un permiso de permanencia en el país, de conformidad a la legislación existente en Colombia. 

12. Proporcionalidad. Las autoridades en materia migratoria apli­carán el principio de proporcionalidad en el ejercicio de su fun­ción y medidas sancionatorias. 

13. Concordancia. Todo proceso de negociación de tratados, conve­nios y acuerdos bilaterales y multilaterales que asuma Colombia en materia migratoria o consular o relacionados a estos temas, será en armonía y concordancia con la PIM. 

14. Coordinación, articulación y subsidiariedad. Las autoridades administrativas de todo orden y nivel coordinarán sus actuacio­nes e intervendrán en el diseño y desarrollo de programas, pro­yectos y acciones que permitan incluir a la población migrante. 

15. Transversalidad. Las acciones, programas y proyectos que de­sarrolle el Estado Colombiano a favor de los migrantes, serán aplicables en todos sus niveles territoriales, oficinas consulares y en las políticas públicas que se desarrollen en los diferentes sectores administrativos. 

16. Debido proceso. En las actuaciones administrativas relativas a los asuntos migratorios, su aplicación se hará con arreglo a la norma vigente. 

17. Dignidad humana. La presente ley se regirá por el principio de respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, re­conocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

18. Principio de Eficacia: Las autoridades sujetas a las disposi­ciones del presente Proyecto de ley, deberán propender por el cumplimiento de los objetivos de la Política Integral Migratoria a través de su reglamentación interna, evitando la creación de obstáculos formales que pudieran retrasar o impedir su materia­lización. 

19. No discriminación: Las disposiciones de esta Ley, se aplicarán sin discriminación por motivo de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencia, nacionalidad o ascendencia nacional, idioma, origen social o cultural, enfermedad o discapacidad, apariencia, opiniones políticas o por cualquier otra situación. 

20. Enfoque Diferencial: El principio de enfoque diferencial reco­noce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de dis­capacidad. Por tal razón, todos los procesos y procedimientos vinculados a la presente Ley estarán orientados por el principio de enfoque diferencial, con el propósito de alcanzar la igualdad. 


Artículo 5°. Ejes de la política. En la formulación, implementación y ejecución de la Política Integral Migratoria (PIM) se definirán acciones diferenciales y protocolos específicos para la gestión de fronteras y las crisis humanitarias, teniendo en cuenta los siguientes ejes: 

  

1. Soberanía y seguridad nacional. 

2. Derechos humanos. 

3. Cooperación Internacional. 

4. Gobernanza y coordinación entre las entidades del orden nacio­nal y territorial. 

5. Participación Ciudadana. 

6. Integración social, económica y cultural. 

  

Parágrafo. Además de los ejes de política, que por necesidad defina el Gobierno nacional, o desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo. 


Artículo 6°. Insumos para la Planeación de la Política. La planeación de la Política Integral Migratoria (PIM), tendrá en cuenta los siguientes insumos: 

  

1. Los instrumentos internacionales en materia migratoria ratifica­dos por el Estado colombiano. 

2. Los planes de desarrollo nacional, y territorial. 

3. Los programas anuales operativos en relación con los recursos humanos calificados disponibles y los necesarios para su cum­plimiento. 

4. Los informes del Ministerio de Trabajo, sobre la situación labo­ral del país. 

5. Los informes del Sistema de Información para el Reporte de Ex­tranjeros (Sire) sobre la demanda de servicios, el cumplimiento del aporte patronal –en el caso de contratación de trabajadores y trabajadoras extranjeras– y del aseguramiento voluntario de los trabajadores extranjeros voluntarios. 

6. Los informes de los Ministerios de Agricultura; Industria, Co­mercio y Turismo; y de Relaciones Exteriores, y los del De­partamento Nacional de Planeación, en relación con las nece­sidades de los sectores productivos nacionales y de inversión extranjera sobre recurso humano inexistente o insuficiente en el país. 

7. El plan sectorial del turismo elaborado por el Ministerio de In­dustria, Comercio y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación en función de las necesidades y prioridades del tu­rismo en el país. 

8. Los informes del Ministerio de Educación Nacional, sobre el estado de la situación de la oferta y la demanda educativa en el país y la incidencia de la migración en ella. 

9. Los informes del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innova­ción respecto a becarios de los programas de formación de alto nivel fuera del país. 

10. Los informes técnicos y académicos sobre la migración y el de­sarrollo. 

11. Los informes socioeconómicos emitidos por parte del Departa­mento Administrativo de Prosperidad Social. 

12. Los aportes de las asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales que presten servicios de atención a migrantes. 

13. Los procesos de caracterización y registro consular que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus consula­dos y en compañía de otras entidades. 

14. Los informes técnicos sobre migración emitidos por el Departa­mento Nacional de Planeación. 

  

Además de los insumos anteriores, las autoridades a cargo de la formulación de la Política Pública podrán usar otros que consideren pertinentes. 


Artículo 7°. Definiciones. Para la aplicación de la presente Ley, se consideran dentro de la Política Integral Migratoria (PIM), las siguientes definiciones: 

  

1. Política Integral Migratoria (PIM): Es aquella que integra los objetivos, definiciones, lineamientos, estrategias y acciones, para la atención, orientación, integración, desarrollo, participa­ción, organización y disposiciones concernientes a la migración desde y hacia Colombia. 

2. Apátrida: De conformidad con el numeral 1 del Artículo 1° del Estatuto de los Apátridas de 1954, el término “apátrida” desig­nará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. 

3. Asilado en Colombia: Extranjero a quien el Estado colombiano le ha reconocido tal condición, de conformidad con los instru­mentos internacionales de los cuales Colombia es Parte y, con la normatividad interna en la materia. 

4. Autoridades de pasaportes: Oficinas autorizadas para la expe­dición de pasaportes y/o documentos de viaje. En el territorio colombiano corresponderá a las oficinas de Pasaportes del Mi­nisterio de Relaciones Exteriores de Bogotá o las Gobernacio­nes autorizadas para ello; en el exterior, los Consulados de Co­lombia o secciones consulares de las Embajadas de Colombia. 

5. Autoridades de visas: Oficinas autorizadas para la recepción de una solicitud de visa y la encargada de su estudio y decisión de acuerdo con la normatividad vigente. Serán autoridades de visa en el exterior, los Consulados de Colombia o, secciones con­sulares de las Embajadas de Colombia, y en Bogotá, el Grupo Interno de Trabajo Visas e Inmigración de la Dirección de Asun­tos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la oficina que haga sus veces dentro del Ministerio de Relaciones Exterio­res. Lo anterior sin perjuicio de las demás funciones asignadas a estas dependencias por la normatividad vigente. 

6. Colombianos en el exterior: Connacional residente en el exte­rior que mantiene su vínculo de sangre con el Estado colombia­no, así como sus derechos y deberes con el mismo. 

7. Control Migratorio: Procedimiento realizado por funcionarios de la autoridad competente, el cual se revisa y analiza el cum­plimiento de los requisitos establecidos durante la autorización o negación que una persona pueda ingresar permanecer o salir del territorio nacional. 

8. Convalidación: Proceso de reconocimiento que el Ministerio de Educación Nacional efectúa sobre un título de educación supe­rior, otorgado por una Institución legalmente autorizada por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior; de tal forma que con dicho proceso se adquieren los mismos efectos académicos y legales que tienen los títulos otorgados por las instituciones de Educación Superior Colombianas. 

9. Deportación: Aquel acto soberano del Estado, mediante el cual la autoridad migratoria impone como sanción administrativa al extranjero la obligación de salir del territorio nacional a su país de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido en situación de permanencia irregular migratoria en los términos previstos en la Ley. 

10. Expulsión: aquel acto soberano del Estado, mediante el cual la autoridad migratoria impone como sanción administrativa a un extranjero la obligación de salir del territorio nacional a su país de origen o un tercero que lo admita, cuando ha incurrido en una o varias de las faltas contenidas en la Ley. 

11. Inadmisión: Decisión administrativa por la cual la autoridad de control, verificación migratoria y extranjería al efectuar el con­trol de inmigración o de personas en tránsito, le niega el Ingreso al país a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales 

que determinen las normas vigentes ordenando su inmediato re­torno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no proceden recursos. 

12. Instrumento de Movilidad Fronteriza: Aquel que facilite la mo­vilidad y el control transfronterizo. 

13. Migración Laboral: De acuerdo con la Convención de las Na­ciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes Miembros de su Familia, un trabajador migrante es una persona que se dedicará, se dedica o se ha de­dicado a una actividad remunerada en un Estado del cual no es nacional. Un trabajador migrante se define en los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo como una perso­na que migra de un país a otro (o que ha migrado de un país a otro) con la idea de ser empleado, de otra manera que no sea por su cuenta, e incluye a cualquier persona regularmente admitida como un migrante. 

14. Tipos de migración: Serán los siguientes, y los que además y en adelante las autoridades en materia migratoria definan: 

  

• Migración Regular: Es el proceso de ingreso y salida del terri­torio nacional de ciudadanos nacionales y extranjeros debida­mente registrados por los puestos de control migratorio habili­tados por parte de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con el uso del pasaporte, visa, documento de viaje, u otros documentos debidamente establecidos por la normativi­dad vigente o los acuerdos internacionales suscritos por el Esta­do colombianos. 

• Migración Irregular: Ingreso o permanencia en el territorio na­cional de ciudadanos extranjeros no autorizados para ingresar o permanecer en el territorio. 

• Migración pendular: Son los migrantes que residen en zonas de frontera y se movilizan habitualmente entre los dos Estados, con la posibilidad de realizar múltiples ingresos y salidas al día, con el debido registro, por un mismo Puesto de Control Migratorio. 

• Migración de tránsito: Migrante que ingresa al territorio nacio­nal sin vocación de permanencia con el propósito de dirigirse hacia un tercer país. 

• Migración con vocación de permanencia: Migrantes con el in­terés de permanecer en el país de manera regular para ejercer cualquier actividad lícita de conformidad a la legislación vigen­te. 

  

15. Nacionalidad: Vínculo jurídico, político y anímico entre una persona y un Estado. La regulación de la nacionalidad compete a la legislación interna de cada Estado. 

16. Niños, Niñas y Adolescentes (NNA): Para efectos de esta Ley, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 17 años, 11 me­ses y 29 días de edad. 

17. Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) no acampanados: Niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores y otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad. 

18. Permanencia: Es el tiempo durante el cual el extranjero podrá permanecer en el territorio nacional de acuerdo con la legisla­ción vigente. 

19. Puestos de Control Migratorio: Se entenderán por puestos de control migratorio, aquellos lugares habilitados para el ingreso y egreso al territorio nacional (aéreos internacionales, maríti­mos, terrestres y fluviales) ya sean permanentes o temporales. 

20. Refugiada en Colombia: Persona que: 

a) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado gru­po, social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de na­cionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimien­tos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; 

b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia gene­ralizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación ma­siva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público; 

c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devo­lución o extradición al país su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual. 

21. Retornado: Ciudadano colombiano residente en el exterior que previo al cumplimiento de requisitos se acoge a la ruta de aten­ción Diseñada por el Estado colombiano para acompañar y otor­gar condiciones favorables para su regreso al país. Incluidos los hijos de connacionales nacidos en el exterior considerados re­tornados de segunda y tercera generación, o el colombiano que luego de haber residido en el exterior regresa, y previa petición, y cumplimiento de requisitos es registrado en el Registro Único de Retornados. 

22. Salvoconducto. El Salvoconducto es el documento de carácter temporal, que expide la Unidad Administrativa Especial Migra­ción Colombia al extranjero que así lo requiera para regularizar su permanencia o salida del país, y definir así su estatus mi­gratorio bajo las circunstancias que establezca la autoridad de control, verificación migratoria y extranjería. En ningún caso reemplazará el pasaporte ni la visa o se considerará extensión o prórroga de está. 

23. Tráfico de Migrantes: Promover, inducir, facilitar, generar, fi­nanciar, colaborar o participar de cualquier forma de entrada o salida irregular de personas con el ánimo de obtener algún lucro o provecho. 

24. Tránsito fronterizo: Es el paso circunstancial de personas resi­dentes en las localidades fronterizas a Colombia, para movili­zarse dentro de la zona de frontera colombiana y por los sitios determinados por el Gobierno nacional. 

25. Trata de Personas: De conformidad con el protocolo, para pre­venir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or­ganizada Trasnacional, la trata de personas se define como: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción; el fraude, el engaño, el rapto, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o re­cepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explota­ción. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análo­gas a la esclavitud, servidumbre o la extracción de órganos. 

26. Vulnerabilidad: Es la inseguridad, riesgo e indefensión que ex­perimentan las comunidades, familias e individuos en sus con­diciones de vida como consecuencia del impacto provocado por algún tipo de evento económico-social. 

27. Diplomacia Científica: La diplomacia científica es el uso de colaboraciones científicas entre naciones para abordar los pro­blemas comunes que enfrenta la humanidad del siglo XXI y construir alianzas internacionales constructivas. Asimismo, co­rresponde al esfuerzo por aprovechar la participación y el intercambio científico en apoyo de objetivos más amplios, más allá del descubrimiento científico. 

  

Parágrafo 1°. Además de otras definiciones que por necesidad establezca el Gobierno nacional, o que desde el Sistema Nacional de Migraciones se propongan en el desarrollo de la PIM, sin que se deroguen o sustituyan los enunciados del presente artículo. 

  

Parágrafo 2°. En todo caso, las medidas de deportación o expulsión vigentes no deben socavar el principio de no devolución. 

  

CAPÍTULO II 

  

De la Política Integral Migratoria y las autoridades en materia migratoria  

CAPÍTULO II

De la Política Integral Migratoria y las autoridades en materia migratoria


Artículo 8°. De la Política Integral Migratoria (PIM.) Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, como autoridad rectora en materia migratoria, formular, orientar, ejecutar y evaluar la PIM del Estado colombiano, definir los requisitos de ingreso y permanencia de extranjeros en el país, las condiciones y requisitos para el otorgamiento de visas, determinar aquellas nacionalidades exentas de visa y las condiciones para la aplicación de esta medida, aplicar el régimen legal de nacionalidad, en lo pertinente. 

  

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará conforme a sus funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería en el territorio colombiano, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores dada su naturaleza de entidad adscrita. 

  

Los órganos o instancias de coordinación interinstitucional del nivel nacional y territorial, así como el Sistema Nacional de Migraciones (SNM), acompañarán al Gobierno nacional en el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos, estrategias y otras acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con la población migrante. 


Artículo 9°. Autoridades en materia migratoria. Se establecen como autoridades en materia migratoria a: 

  

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores quien, a través de su Di­rección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciu­dadano o quien haga sus veces, actuará como ente a cargo de la formulación y ejecución de la PIM en general. 

2. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como organismo civil de seguridad a cargo de las funciones de control migratorio, extranjería y verificación migratoria del Estado co­lombiano, será la autoridad ejecutora de la PIM en los asuntos de su competencia, con jurisdicción en todo el territorio nacio­nal. 


Artículo 10. De los trámites y servicios. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrán discrecionalmente crear, implementar, o suprimir trámites y servicios que se requieran, para el desarrollo de sus funciones misionales. 

  

Los requisitos y procedimientos y costos de los trámites y servicios prestados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, serán definidos mediante acto administrativo, sin perjuicio de los acuerdos suscritos por el Estado colombiano en aplicación del principio de reciprocidad. 


Artículo 11. Autoridad de Control, Verificación Migratoria y Extranjería. Corresponde a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con la política migratoria, el ejercicio de control migratorio, verificación migratoria y extranjería en el territorio, a través de procesos que permitan verificar y analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos, pará el ingreso, salida y permanencia de ciudadanos extranjeros y dé nacionales en aquellas situaciones que les sean aplicables. 

  

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia actuará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad a lo señalado por la presente Ley. Parágrafo 1º. En ejercicio del principio de soberanía la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, implementará y desarrollará los procedimientos adecuados para la efectiva recolección de información biográfica, demográfica y biométrica, que permita una adecuada identificación de los viajeros y migrantes. 

  

Parágrafo 2º. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia efectuará el control migratorio de pasajeros y tripulantes de medios de transporte marítimo, aéreo, terrestre y fluvial internacional en los puestos de control migratorio, en los puertos, aeropuertos o terminales portuarios. 


Artículo 12. Ejercicio de Control Migratorio. En ejercicio del control migratorio y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales vigentes, corresponde a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia adelantar las investigaciones o estudios que considere necesarias, de oficio o a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el ingreso al país y salida de los extranjeros de este país, así como con las visas que ellos portan, su ocupación, profesión, oficio o actividad que adelantan en el territorio nacional, autenticidad de documentos, y verificación de parentesco. 

  

El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, podrá autorizar de manera temporal a la Fuerza Pública, previa celebración de los convenios a que hubiere lugar, y en coordinación con las autoridades competentes la función de control migratorio, únicamente en aquellos lugares en los cuales la Entidad no cuenta con Direcciones Regionales. 

  

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, dispondrá de un grupo móvil de control migratorio en convenio o en conjunto con la fuerza pública, con el objeto de realizar los procedimientos de verificación y autorización de estatus migratorio en las poblaciones con mayores índices de flujo migratorio en el territorio nacional. 


Artículo 13. Regulación Migratoria. El Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad rectora en materia migratoria y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería, coordinarán de conformidad con los instrumentos internacionales ratificados por Colombia y la normativa nacional, el conjunto de normas, procedimientos, técnicas e Instrumentos que regulan la función migratoria. 


Artículo 14. Regularización de extranjeros. El Estado colombiano establecerá los lineamientos y políticas de fomento de la migración segura, ordenada y regular para mitigar los efectos negativos de la inmigración irregular, que incluya un sistema de alertas tempranas. 

  

Cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en el ámbito de sus competencias adoptarán los criterios necesarios para definir mecanismos temporales o, especiales de flexibilización migratoria y, emitir los documentos y/o permisos de permanencia temporal y autorizar el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en Colombia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad vigente. 


Artículo 15. Extranjería. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de extranjería, es la encargada de expedir los documentos de identificación de extranjeros admitidos con una visa por un término mayor a tres (3) meses, para lo cual implementará los sistemas de gestión y operación que sean necesarios, a cuyos lineamientos deberán ajustarse y colaborar armónicamente las demás entidades del país. 


Artículo 16. Verificación Migratoria. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, como organismo civil de seguridad, en el marco de la soberanía y la seguridad nacional y su potestad sancionatoria, ejercerá sus funciones de vigilancia y control migratorio a todas las personas naturales (nacionales o extranjeras) o jurídicas con vínculo con extranjeros en el territorio nacional, conforme a la Constitución, la Ley y el Reglamento. 

  

Para el cumplimiento de su objetivo, Migración Colombia ejercerá como órgano de policía judicial permanente por intermedio de sus dependencias especializadas para la investigación penal de delitos asociados a las dinámicas migratorias. 


Artículo 17. Inadmisión o rechazo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de la soberanía y la seguridad nacional, conforme a la Constitución y la Ley, y en ejercicio de sus competencias podrá negar el ingreso al país a un ciudadano extranjero de acuerdo con las causales que determinen las normas vigentes, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no proceden recursos. 


Artículo 18. Gestión Migratoria. El Gobierno nacional, en desarrollo del principio de colaboración armónica y de acuerdo con normativa vigente, fortalecerá su gestión migratoria a través de los instrumentos jurídicos que dispone y desarrollará su potestad sancionatoria en materia migratoria a través de los procedimientos administrativos a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia; como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería, respecto de la inadmisión, deportación o expulsión, cancelación de la visa y permisos; sanciones y los procedimientos migratorios requeridos a los extranjeros en Colombia. 


Artículo 19. De la ejecución de la medida migratoria. La autoridad de control, verificación migratoria y extranjería podrá dejar al extranjero sujeto de las medidas de inadmisión, deportación o expulsión, establecidas en la normatividad vigente, a disposición de las autoridades del país de su nacionalidad de origen, del último país donde hizo su ingreso a Colombia o de un tercero que lo acoja o requiera. 

  

Se entenderá que el extranjero ha cumplido la sanción de deportación y/o expulsión, cuando se ha verificado conforme al debido proceso que ha permanecido fuera del territorio nacional durante el término estipulado en la resolución que así lo determinó. 


Artículo 20. Coordinación Interinstitucional. En virtud de los principios de colaboración y articulación, las entidades públicas vinculadas a la ejecución de la Política Integral Migratoria dispondrán de la asesoría técnica requerida de manera y coordinada. Además, deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de estas políticas. 


Artículo 21. Órganos o instancias de coordinación interinstitucional. Son órganos o instancias de coordinación interinstitucional, lo siguientes, sin perjuicio de los que sean creados posteriormente: 

  

A. La Comisión Nacional Intersectorial de Migración (de la que trata el Decreto 1239 de 2003 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Órgano interinstitucional para la coor­dinación y orientación de la Política Integral Migratoria del Es­tado colombiano. 

B. La Comisión Intersectorial para el Retorno (de la que trata el Decreto 1000 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicio­nen o sustituyan). Instancia a cargo de coordinar las acciones orientadas a brindar atención integral a la población migrante colombiana en situación de retorno. 

C. La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare) (de la que trata el Decreto 2840 de 2013 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Es la instancia que tiene a su cargo recibir, estudiar y efectuar una recomendación al Ministro de Relaciones Exteriores sobre las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado pre­sentadas por los extranjeros, de conformidad a la normativa in­terna e internacional en materia de refugio. 

D. El Comité de Asistencia a Connacionales en el Exterior Encar­gado de evaluar y recomendar al Ministro de Relaciones Ex­teriores la asignación, cuantía y destino de las partidas que se deban otorgar para la protección de los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior y la atención de los casos que por su naturaleza ameriten la asistencia del Estado. 

E. El Comité Evaluador de Casos - Fondo Especial para las Migra­ciones (del que trata el Decreto 4976 de 2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). A cargo de evaluar y de­cidir sobre las solicitudes que serán atendidas con los recursos del Fondo Especial para las Migraciones. 

F. La Comisión Intersectorial de Lucha contra el Tráfico de Mi­grantes (de la que trata el Decreto 1692 de 2016 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Mecanismo técnico y operativo para la coordinación y orientación de las acciones que adopten contra el tráfico de migrantes. 

G. El Comité Interinstitucional para la lucha contra la Trata de Per­sonas (del que trata la Ley 985 de 2005 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan). Instancia de coordinación interinstitucional de las acciones que desarrolle el Estado co­lombiano a través de la Estrategia Nacional para Lucha contra la Trata de Personas. 

  

CAPÍTULO III 

  

Sistema Nacional de Migraciones  

CAPÍTULO III

Sistema Nacional de Migraciones


Artículo 22. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así: 

  

Artículo 1º. Creación. Créase el Sistema Nacional de Migraciones, (SNM), como un conjunto armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas, desde el cual se acompañará el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Integral Migratoria (PIM) con el propósito de elevar el nivel de calidad de vida de la población migrante. 

  

Parágrafo. Sin perjuicio de otras disposiciones legales y jurídicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores será el encargado de la formulación y ejecución de la Política Migratoria. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá convocar e invitar a entidades del orden nacional y territorial, organizaciones, expertos y/o ciudadanía en general, que considere necesarios para la realización de sesiones formales de trabajo del Sistema Nacional de Migraciones. Las Comisiones Segundas del Congreso de la República podrán solicitar la realización de estas sesiones, cuando lo considere pertinente”. 


Artículo 23. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así: 

  

“Artículo 2º. El Sistema Nacional de Migraciones (SNM,) tendrá como objetivo principal acompañar de manera consultiva al Gobierno nacional, en el diseño y ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y otras acciones encaminadas a fortalecer los vínculos del Estado con los colombianos retornados, colombianos en el exterior y extranjeros en Colombia en el desarrollo de la Política Integral Migratoria (PIM)”. 


Artículo 24. Adiciónese el siguiente artículo a la Ley 1465 de 2011: 

  

“Artículo 4°. A. El Sistema Nacional de Migraciones tendrá las siguientes funciones complementarias a las disposiciones de la presente ley: 

  

5. Efectuar sugerencias al Gobierno nacional sobre temas mi­gratorios. 

6. Elaborar recomendaciones sobre la Política Integral Migratoria, en sus fases dé formulación, ejecución y evaluación. 

7. Formular propuestas para el desarrollo de la Política Integral Migratoria. 

8. Hacer seguimiento a las propuestas presentadas al alto gobierno sobre Política Integral migratoria (PIM) 

  

Parágrafo 1°. El ejercicio de participación ciudadana se orientará de acuerdo con las Leyes 1757 de 2015 y 1755 de 2015, y la normativa que se agregue o desarrolle en la materia. 

  

Parágrafo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentará un informe anual a las Comisiones Segundas del Congreso de la República sobre la gestión realizada desde el Sistema Nacional de Migraciones, el cual deberá contar con amplia difusión hacia la población migrante. Este informe podrá ser presentado en sesiones formales, sesiones formales conjuntas o audiencias públicas”. 

  


Artículo 25. Modifíquese el artículo 5 de la Ley 1465 de 2011, el cual quedará así: 

  

“Artículo 5°. Conformación. El Sistema Nacional de Migraciones estará integrado por: 

  

1. El Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado. 

2. El Director de Migración Colombia o su delegado. 

3. El Representante a la Cámara que ostente la curul por la cir­cunscripción especial para los colombianos en el Exterior. 

4. El Ministerio de Trabajo, por intermedio de la Dirección de Mo­vilidad Laboral. 

5. La Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones. 

6. El Ministerio de Educación Nacional. 

7. El Ministerio de Salud y Protección Social. 

8. El Ministerio Público, con participación de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. 

9. La Registraduría Nacional del Estado Civil. 

  

La Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones actuará como eje central, de las entidades estatales y gubernamentales que no formen parte (pero cuyas funciones, objetivos o algún desarrollo misional tengan relación con los temas concernientes a la migración en Colombia). 

  

Parágrafo 1°. La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones será un espacio de participación abierto, bajo la coordinación de Colombia Nos Une, al que se podrá inscribir cualquier ciudadano colombiano residente en el exterior o en el territorio nacional en calidad de retornado o migrante regular en Colombia, interesado en el tema migratorio. La Inscripción a esta mesa le permitirá obtener información actualizada relacionada con el desarrollo institucional de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano (PIM), y participar así mismo de las actividades para su discusión y desarrollo. 

  

Este mecanismo facilitará y promoverá la participación ciudadana en los temas que se discutan alrededor de la PIM desde el Sistema Nacional de Migraciones. De conformidad al Art. 1° de la presente ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá convocar a los miembros de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, para participar de manera presencial o virtual de lo dispuesto en el art. 4A de la presente ley. 

  

Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior y por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, Colombia Nos Une, o quien haga sus veces, cuando las condiciones geográficas lo permitan, deberán convocar a la ciudadanía que hace parte de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las migraciones, para participar en la formulación y consolidación de las sugerencias, recomendaciones y propuestas dirigidas al Sistema Nacional de Migraciones. Las convocatorias para la participación ciudadanas a las que se refiere el presente parágrafo se realizará de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de Colombia Nos Une. 

  

Parágrafo 2°. Sesiones. El Sistema Nacional de Migraciones, tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo al menos dos (2) veces al año y las extraordinarias cuando así lo determine la Secretaría Técnica”. 


Artículo 26°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 1465 de 2011 el cual quedará así: 

  

“Artículo 6º. Fondo Especial para las Migraciones. El Sistema Nacional de Migraciones (SNM) contará con un Fondo Especial para las Migraciones, el cual funcionará como una cuenta adscrita al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los recursos del Fondo Especial para las Migraciones se destinarán para apoyar económicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos especiales de vulnerabilidad y por razones humanitarias, cuando se requiera asistencia y protección inmediata a nuestros connacionales en el exterior. 

  

Parágrafo 1°. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocará a las entidades del Gobierno Nacional competentes para definir presupuestos y mecanismos más inmediatos y operativos de atención a estos casos. 

  

Parágrafo 2°. El Ministerio de Relaciones Exteriores definirá la reglamentación de este artículo en un término no superior a seis (6) meses, incluyendo las disposiciones necesarias para garantizar los recursos apropiados para cumplir con los objetivos del Fondo”. 

  

CAPÍTULO IV

Acompañamiento a la población retornada


Artículo 27. Atención de niños niñas y adolescentes colombianos no acompañados en el exterior. La atención de los niños, niñas y adolescentes colombianos no acompañados que se encuentren en el exterior, es decir, del niño, niña o adolescente que está separado de ambos progenitores u otros parientes, y no están al cuidado de un adulto al que por ley o costumbre incumbe esa responsabilidad, y que deseen retornar al país objeto de las medidas que brindan las autoridades consulares en aras de la protección integral de sus derechos y la gestión y acompañamiento en su retorno al país, se hará en coordinación con el grupo de Restablecimiento Internacional de Derechos o quien haga sus veces al interior del ICBF. 


Artículo 28. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así: 

  

“Artículo 2°. Requisitos. Los colombianos que viven en el extranjero podrán acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

  

a) Acreditar que ha permanecido en el extranjero por lo menos tres (3) años para acogerse a los beneficios de la presente ley; 

b) Realizar la inscripción en el Registro Único de Retorno; 

c) Ser mayor de edad. 

  

Parágrafo 1°.Personas excluidas de los beneficios que otorga esta Ley. La presente ley no beneficia a personas con pena privativa de la libertad por condenas vigentes en Colombia o en el exterior. Tampoco se beneficiarán aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos en contra de la administración Pública. 

  

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial para el Retorno podrá determinar de manera excepcional omitir la acreditación del tiempo de permanencia en el exterior, para facilitar el acceso a los beneficios de la presente ley en casos de retorno por fuerza mayor por motivos especiales tales como, causas humanitarias, retorno solidario, graves emergencias, desastres naturales y otros. 

  

Parágrafo 3°. La situación migratoria del colombiano residente en el extranjero no será tenida en cuenta para obtener los beneficios expresados en la presente ley. 

  

Parágrafo 4°. La Comisión Intersectorial para el Retorno, determinará los mecanismos de verificación de requisitos. 

  

Parágrafo 5°. Los connacionales podrán aplicar a un solo tipo de retorno por cada solicitud. Sin perjuicio de que, dentro, de los 2 años en que se le reconoce la condición de retornado, podrán cambiarse a cualquiera de los otros tipos de retorno, con el propósito de alcanzar su estabilización socioeconómica. 

  

Parágrafo 5°. Los connacionales podrán aplicar a un solo tipo de retorno por cada solicitud. Sin perjuicio de que, dentro de los 2 años en que se le reconoce la condición de retornado, podrán cambiarse a cualquiera de los otros tipos de retorno, con el propósito de alcanzar su estabilización socioeconómica. 

  

Parágrafo 6°. Una vez inscrito en el RUR, el ciudadano podrá acceder a la oferta en programas, planes y proyectos que beneficien a esta población. No se podrá presentar nuevas solicitudes de retorno de un mismo connacional en un periodo inferior a (5) años. En todo caso los beneficios fiscales y tributarios únicamente serán otorgados por una sola vez. 

  

Parágrafo 7°. En caso de coyunturas migratorias en donde se presente retornos masivos o casos particulares de fuerza mayor y causas humanitarias, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de asuntos Migratorios, consulares y Servicio al Ciudadano, o quien haga sus veces, establecerá mecanismos o estrategias para el fortalecimiento del Registro Único de Retorno, con la participación obligatoria de las entidades que atienden la población migrante.” 

  

Parágrafo 8°. El Gobierno nacional reglamentará lo dispuesto en el presente artículo en los siguientes 6 meses a la entrada en vigencia de la Ley”. 


Artículo 29. Modifíquese el artículo 3° de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así: 

  

“Artículo 3°. Tipos de Retorno. Los siguientes tipos de retorno se consideran objeto de la presente ley: 

  

a) Retorno solidario. Es el retorno que realiza el colombiano vícti­ma del conflicto armado interno. 

Este tipo de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011; 

b) Retorno humanitario. Es el retorno que realiza el colombiano en situación de vulnerabilidad que ponga en riesgo su integridad física, social, económica o personal y/o la de sus familiares. 

c) Retorno laboral. Es el retorno que realiza el colombiano a su lugar de origen con el fin de recibir orientación e información de las rutas para emplear sus capacidades, saberes, oficios y ex­periencias de carácter laboral adquiridas en el exterior y en Co­lombia; 

d) Retorno productivo. Es el retorno que realiza el colombiano con el objetivo recibir asesoría para implementar una idea de nego­cio, y/o fortalecer un proyecto productivo en marcha, gestionan­do la cofinanciación de recursos ligados al Plan de Desarrollo de su departamento y/o municipio de reasentamiento, con sus recursos propios, o de los fondos de emprendimiento que tenga vigentes el Gobierno colombiano, a través de las entidades com­petentes; 

e) Retomo académico. Es el retorno voluntario que realiza el co­lombiano que ha obtenido un título en educación superior en el exterior, con el fin de continuar sus estudios y/o emplear sus conocimientos adquiridos en el exterior y en Colombia. 

  

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación promoverá dentro del retorno académico, el retorno de capital humano de alto nivel o de aquellos ciudadanos colombianos que han obtenido títulos de doctorado en el extranjero con el fin de aprovechar esos conocimientos adquiridos. 

  

Lo anterior sujeto a las políticas en materia de convalidación de títulos del Ministerio de Educación Nacional”. 


Artículo 30. Modifíquese el artículo 4° de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así: 

  

“Artículo 4º. Incentivos y acompañamiento integral a los tipos de retorno. El Gobierno nacional, a través de las entidades que hacen parte de la Comisión Intersectorial para el Retorno, acompañará a los colombianos que regresen desde el exterior para contribuir a su inserción e integración en Colombia, brindando atención a sus necesidades a través de rutas y ofertas diferenciales en el territorio nacional por un periodo de 2 años, y que genere oportunidades económicas y sociales que aporten al desarrollo nacional. 

  

Las entidades competentes mencionadas en este artículo coordinarán lo relacionado directamente con el retorno, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  

Para el retorno solidario, el Gobierno nacional, en coordinación con el Sistema Nacional de la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, formulará el Plan de acompañamiento al Retorno Solidario que contemple alianzas interinstitucionales y de cooperación, que permita brindar las herramientas para facilitar el acceso a servicios de salud, educación, inserción laboral, emprendimiento y adquisición de vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así como asistencia social, psicológica y asesoría jurídica en caso de ser necesario, en concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, o las leyes que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

  

Para el retorno humanitario, el Gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de Prosperidad Social y en coordinación con las autoridades locales, propondrá alternativas para programas de apoyo que permitan una atención humanitaria de emergencia para atender y eliminar la situación de riesgo del migrante en retorno, así como su vinculación a los programas sociales del estado en su lugar de reasentamiento, previo cumplimiento de los requisitos fijados para los mismos. 

  

En caso de presentarse el regreso masivo de connacionales en situación de vulnerabilidad, se articulará la atención de emergencias con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, con quien se coordinará la atención inmediata de la población retornada y se incluirá en el Registro Único de Retorno. 

  

Para el retorno laboral, el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo planteará estrategias de acompañamiento laboral para acceder a orientación ocupacional, capacitación y búsqueda de empleo de la población retornada. Así mismo, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación superior o formación técnica o tecnológica, reconocidas o autorizadas en Colombia fomentarán la inclusión de los colombianos que retornen como formadores de acuerdo con sus competencias, cualificaciones, capacidades, saberes, oficios y experiencias de carácter laboral adquiridas en el exterior o en Colombia. 

  

En el caso de los Deportistas retornados el Ministerio del Deporte se encargará de apoyarlos y facilitarles las rutas para el acceso a los diferentes programas de vivienda, crédito y demás, disponibles por la entidad para brindar apoyo a los deportistas, en este caso reintegrarse al país y continuar con su ejercicio laboral y la continuidad de su disciplina. 

  

Para el retorno productivo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), integrará en su oferta la capacitación y acompañamiento según su competencia, para el desarrollo y asesoría de emprendimientos y/o fortalecimiento a proyectos productivos en marcha, así como el acceso a capital semilla, cofinanciación de recursos ligados al Plan de Desarrollo de su departamento y/o municipio de reasentamiento, y/o créditos para el mismo fin, en coordinación con las políticas nacionales y regionales de competitividad y emprendimiento. Asimismo, buscará alternativas para incluir a la población retornada como sujeto de las políticas y los fondos de emprendimiento vigentes. 

  

Para el retorno académico, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional, analizará la inclusión en su oferta institucional de un programa permanente para incentivar el retorno de los colombianos radicados en el exterior que obtengan títulos en educación superior de los niveles de maestría y doctorado. Este programa permitirá la inscripción de los retornados para la gestión de su vinculación laboral, profesional, y docente, mediante la publicación de sus perfiles académicos y profesionales, en la red del servicio público de empleo. 

  

Parágrafo 1º. Los tipos de retorno serán complementarios entre sí siempre que se participe de uno de estos a la vez. Los connacionales inscritos en el Registro Único de Retorno podrán acceder a la oferta de los planes de acompañamiento de cada tipo de retorno según sus necesidades y conforme cumplan con los requisitos dispuestos para cada uno de los beneficios y apoyos. 

  

Parágrafo 2°. La Comisión Intersectorial para el Retorno, formulará un Plan General de Acompañamiento al Retorno, incluyendo los planes de acompañamiento por tipo de retorno y la oferta de entidades del Estado. El cual será evaluado en su impacto anualmente. 

  

Parágrafo 3°. Los retornados solo podrán acceder por una vez a los beneficios de exención tributaria que dispone la presente Ley. 

  

Parágrafo 4º. En el entorno productivo, aquellos emprendimientos y/o fortalecimiento de proyectos productivos en marcha, que tengan acceso a capital semilla y/o que sean cofinanciados con recursos de las entidades territoriales deberán garantizar la generación de empleo”. 


Artículo 31. Modifíquese el artículo 9° de la Ley 1565 de 2012, el cual quedará así: 

  

“Artículo 9º. Acompañamiento institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, con cargo a Colombia Nos Une y el Fondo Rotatorio del mismo Ministerio, diseñará, implementará, supervisará y gerenciará los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno (CRORE), para lo cual, instalará oficinas regionales de operación estable en las zonas de origen migratorio y retorno. Dichas oficinas atenderán a la población objeto de la presente Ley. 

  

Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional a nivel local y regional de que trata el presente artículo, el DPS y Colombia Nos Une en articulación con los departamentos y municipios estructurarán e implementarán programas para la población retornada, con especial énfasis en atención humanitaria, emprendimiento y reinserción laboral. 

  

Con el fin de fortalecer el acompañamiento institucional, los municipios y departamentos que identifiquen la necesidad de coordinar acciones de atención a población colombiana retornada conformarán, acorde a sus necesidades, Redes Interinstitucionales de Atención al Migrante como espacios de articulación de entidades públicas, sector privado y organismos de cooperación, con el objetivo de: 

  

a) Referenciar ante los CRORES, o inscribir directamente en caso de que no haya presencia de estos centros en el departamento, a la población retornada en el Registro Único de Retorno. 

b) Implementar el plan de acompañamiento al retorno formulado por la autoridad municipal o departamental. 

c) Determinar la oferta local para la población retornada y núcleos familiares mixtos. 

d) Consolidar rutas de atención y escalar las problemáticas identi­ficadas en la prestación de servicios ante la Comisión Intersec­torial para el Retorno o a la Comisión Nacional Intersectorial de Migración”. 


Artículo 32. Convalidación. El Ministerio de Educación Nacional será el encargado del proceso de reconocimiento de un título de Educación Superior otorgado por una institución en el exterior, legalmente autorizada por la autoridad competente del respectivo país, para expedir título de educación superior; de tal forma que con dicho proceso se adquieren los mismos efectos académicos y legales que tienen los títulos otorgados por las instituciones de Educación superior colombianas. 

  

Parágrafo 1°. Los títulos obtenidos a través de la modalidad virtual y a distancia de instituciones de educación legalmente autorizadas por la autoridad competente n el respectivo país, para expedir títulos en educación superior, serán susceptibles del trámite de convalidación conforme a la normatividad vigente. 

  

Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional actualizará, de considerarse necesario, el proceso de convalidación dentro del marco de las disposiciones legales, y sobre los principios de buena fe, economía, celeridad, calidad; y coherencia con los tratados internacionales suscritos en la materia; y dará prevalencia al criterio de acreditación para surtir el trámite. 

  

Parágrafo 3º. El Ministerio de Educación Nacional actualizará la normatividad vigente en materia de convalidación. 


Artículo 33. Homologación de Estudios Superiores cursados en el exterior. Agréguese un inciso nuevo al art. 62 de la Ley 962 de 2005 que quedará así: 

  

“Artículo 62. Homologación de estudios superiores cursados en el exterior. En adelante, la homologación de estudios parciales cursados en el exterior será realizada directamente por la institución de Educación Superior en la que el interesado desee continuar sus estudios, siempre y cuando existan los convenios de homologación. La convalidación de títulos será función del Ministerio de Educación Nacional. 

  

Las Instituciones de Educación Superior del país podrán homologar, reconocer créditos, saberes o competencias, adquiridas por los estudiantes de una institución de educación superior extranjera cuyo título no fue objeto de convalidación para culminar sus estudios en Colombia, o aquellos títulos denominados universitarios no oficiales o propios los cuales fueron otorgados con posterioridad a la vigencia de la Ley 1753 de 2015. 


Artículo 34. Determinación de Equivalencia General. Para el reconocimiento de estudios, a excepción de pregrados en áreas de la salud, que no cuenten con una equivalencia dentro de la oferta académica nacional, el Ministerio de Educación Nacional determinará, a través de la Conaces o el órgano técnico que el Ministerio designe para el efecto, la pertinencia de los estudios adelantados y la denominación respecto del sistema de aseguramiento de la calidad de educación superior del país de origen del título, determinando el área de conocimiento del título sometido al trámite de convalidación, de acuerdo con la normatividad Vigente. 


Artículo 35. Determinación de Equivalencia en Áreas de la Salud. El Ministerio de Educación Nacional convocará al Ministerio de Salud y Protección Social o a quien este designe, para conocer su concepto, cuando el título que se presenta a convalidación, no haga parte de la oferta académica de programas autorizados por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia con registro calificado vigente, con el propósito de evaluar la conveniencia de incorporar en la oferta nacional, nuevas denominaciones y titulaciones de programas en salud del nivel de posgrado. 

  

Para tales efectos él Ministerio de Salud y de la Protección social realizará la evaluación del Sistema Único de Habilitación de Servicios de aquellas denominaciones y/o títulos convalidados que no cuenten con una oferta educativa dentro del territorio nacional. 


Artículo 36. Promoción de Proyectos productivos. Colombia Nos Une, a través de los Centros de Referenciación y Oportunidades para el Retorno (CRORE) (junto con DNP, gobiernos locales y demás entidades públicas) propenderá por la promoción y fortalecimiento de emprendimientos e ideas de negocios de la población retornada. 


Artículo 37. Promoción de la Ley Retorno en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá el conocimiento de la Ley 1565 de 2012, la cual establece incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero, concernientes al retorno de los colombianos. Asimismo, brindará acompañamiento integral a aquellos que voluntariamente desean retornar al país, acorde a los diferentes tipos de retorno existente. 


Artículo 38. Promoción de la Ley de Emprendimiento en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá y difundirá, el conocimiento del artículo 53 de la Ley 2069 de 2020, la cual establece el marco regulatorio para el emprendimiento y el crecimiento de las empresas en Colombia. Asimismo, brindará el acompañamiento e información para aquellos colombianos interesados en retornar y en crear empresa en Colombia. 

  

CAPÍTULO V 

  

Integración socioeconómica y productiva de los Migrantes  

CAPÍTULO V

Integración socioeconómica y productiva de los Migrantes


Artículo 39. Política de Integración socioeconómica. El Gobierno nacional fomentará la integración socioeconómica de los migrantes, retornados y las comunidades de acogida, con un enfoque diferencial y territorial, como oportunidad de desarrollo económico para el país. 

  

Parágrafo. Para esos efectos, se impulsarán procesos de caracterización que contengan información relacionada con la identificación personal y el perfil socio-ocupacional, entre otros criterios, de la población migrante y las comunidades de acogida. 


Artículo 40. Fomento al empleo. A efectos de facilitar la inserción en el mercado laboral de la población migrante, que contribuya al desarrollo y redunden en beneficio de toda la población, y bajo el principio del trabajo decente, el Gobierno nacional, a partir de la identificación de las necesidades de los diferentes sectores de la economía, promoverá acciones tendientes a: 

  

a) Adecuar y fortalecer los mecanismos de intermediación laboral; 

b) Incrementar las opciones de certificación de competencias y de formación para el trabajo para esta población; 

c) Definir mecanismos que permitan su afiliación, acceso y contri­bución al Sistema general de Seguridad Social; 

d) Explorar alternativas de movilidad territorial entre las zonas de alta concentración de población migrante y aquellas de baja concentración, en coordinación con los entes territoriales; 

e) Impulsar canales de articulación con el sector empresarial que promuevan la generación de empleo y el desarrollo local de aquellas zonas de mayor recepción de migrantes en el país; y, 

f) Reforzar los instrumentos de lucha contra la explotación laboral y el trabajo forzoso. 

g) Evitar la discriminación y/o la xenofobia que impidan el aprove­chamiento de los conocimientos y habilidades de los migrantes, y que pueden incidir positivamente en el desarrollo económico del país. 

  

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo implementará y evaluará las normas, los procedimientos, técnicas e instrumentos encaminados a orientar la política en materia de migraciones laborales, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia. 


Artículo 41. Desarrollo Económico Local. El Gobierno nacional promoverá estrategias de desarrollo regional en los territorios receptores que repercutan en beneficio de todos los habitantes mediante: 

  

a) Incentivos para atraer la inversión nacional y extranjera. 

b) Programas de fomento de competitividad en zonas fronterizas y de alta concentración de población migrante. 

c) Consolidación de alianzas público-privadas para la inclusión social y económica de comunidades en situación vulnerable, in­cluyendo a los migrantes. 


Artículo 42. Emprendimiento. El Gobierno nacional propenderá por el acceso efectivo y en condiciones de equidad a los mecanismos de emprendimiento promovidos por el Estado, tanto a los nacionales colombianos dentro y fuera del país, como a los migrantes con estatus regular en Colombia. 


Artículo 43. Inclusión financiera. El Gobierno nacional promoverá acciones tendientes a permitir el acceso de la población migrante, con estatus regular en el país, a los productos y servicios financieros, a través de la sensibilización de las entidades financieras, el intercambio eficiente de información entre entidades públicas y privadas para facilitar la debida identificación de los migrantes ante las entidades financieras, el desarrollo de programas de educación financiera para población migrante y de acogida; y las demás que el Gobierno defina para permitir la inclusión financiera de los migrantes. 

  

CAPÍTULO VI 

  

Fortalecimiento de la comunidad de colombianos en el exterior  

CAPÍTULO VI


Fortalecimiento de la comunidad de colombianos en el exterior


Artículo 44. Colombianos en el Exterior. Los nacionales colombianos en el exterior, para el adecuado ejercicio de sus derechos y obligaciones recibirán la protección y asistencia de las misiones consulares, en el marco de los derechos cobijados por la Constitución Política y los tratados y leyes aplicables, especialmente de la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares de 1963, cualquiera sea su condición migratoria, con el respeto de la normatividad interna del país receptor. 

  

El colombiano migrante deberá informarse de los derechos y deberes que tiene en su condición de migrante en el exterior, para lo cual el Estado colombiano a través de sus misiones consulares deberá facilitar el acceso a dicha información que incluya sitios de atención, información sobre derechos, e información sobre la convención de migrantes. 

  

Los colombianos en el exterior tienen derecho a que el Estado vele por las garantías del debido proceso, de acuerdo con las leyes y disposiciones del Estado receptor. 


Artículo 45. Información demográfica y caracterización: El Ministerio de Relaciones Exteriores mejorará los registros existentes de los colombianos residentes en el exterior de manera que se cuente con mejor información para la implementación de planes, y proyectos que estén disponibles para esta población. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, Colombia Nos Une, o quien haga sus veces, en colaboración con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como cabeza del Sistema Estadístico Nacional (SEN), propenderán por la implementación del Plan de Acción definido en el marco de la Mesa Intersectorial de Estadísticas de Migración adscrita al SEN, para la producción, mejoramiento, actualización y aprovechamiento estadístico de la información relacionada con la población migrante nacional extranjera y retornada. 

  

Parágrafo 1º. La información a la cual se refiere el presente artículo estará sometida a reserva estadística en los términos del artículo 5° de la Ley 79 de 1993 y su tratamiento deberá efectuarse conforme a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y demás normas concordantes. 

  

Parágrafo 2°. Deberá ampliarse la información de datos del Registro Consular, de modo tal que pueda aplicarse en el uso de información de caracterización de la población residente en el exterior. 

  

Parágrafo 3°. Se propenderá por el fortalecimiento del registro consular virtual y la actualización de las bases de datos consulares anualmente; con el fin de que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuente con un censo actualizado de los colombianos residentes en el exterior. Para lo anterior se utilizarán de forma permanente, campañas virtuales que promuevan dichos registros. 

  

Parágrafo 4°. El Gobierno nacional, en cabeza del DANE, realizará un censo nacional para recopilar información social, económica y demográfica de las familias con miembros en el exterior –familias transnacionales–. Con base en los resultados obtenidos, el gobierno nacional desarrollará e implementará una política pública para fortalecer la estructura de las familias transnacionales y mitigar los impactos de las migraciones internacionales en las familias, niños, niñas y adolescentes (NNA). Asimismo, se desarrollará un estudio acerca del impacto que tienen la migración en las familias, con un énfasis en el impacto de la migración parental en los NNA. 


Artículo 46. Canales de comunicación. Con el fin de establecer canales de comunicación que permitan que los colombianos en el exterior conozcan la oferta de servicios, planes y estrategias de política pública que se generan desde sus regiones de origen, el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá fortalecer la gestión interinstitucional con los entes territoriales de los departamentos con mayor experiencia migratoria. Asimismo, hará uso de todo sus canales digitales y redes de información. 


Artículo 47. Vinculación de los nacionales en el exterior con el país. El Gobierno colombiano, coordinado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia Nos Une, o quien haga sus veces diseñará con los consulados, iniciativas, proyectos y estrategias, orientadas a fortalecer el tejido social y promover actividades entre colombianos fuera del país. 

  

El Gobierno nacional gestionará iniciativas institucionales para los colombianos en el exterior y sus familias, con el fin de ofrecer servicios que contribuyen a elevar su calidad de vida, mediante oportunidades de formación, facilidades en materia de seguridad social, acercamiento a los sistemas financieros, convalidación de títulos y condiciones favorables para el transporte de menaje profesional, industrial y doméstico. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia acreditadas en el exterior y por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al ciudadano o quien haga sus veces, adelantará programas especiales de protección y asistencia de los colombianos en el exterior, en aquellas materias de que trata el artículo 3º de la Ley 76 de 1993 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan; e igualmente promoverá con las comunidades residentes en el exterior, la preservación y afirmación de los valores históricos, culturales y sociales de nuestra nacionalidad. 

  

Colombia Nos Une implementará programas de vinculación y participación de la diáspora nacional en la realización de actividades y proyectos empresariales, culturales, académicos, investigativos y de desarrollo tecnológico e innovación, a través de entidades públicas y privadas en el territorio nacional. Los Consulados colombianos deberán promover donde sea posible y de acuerdo con el interés de participación en las convocatorias, la realización de encuentros con la comunidad colombiana presente en su circunscripción que permita identificar las necesidades y propuestas. 

  

El Gobierno nacional garantizará al Fondo Especial para las Migraciones (FEM) los recursos suficientes para atender los temas de asistencia de colombianos en el exterior que le competan, con especial énfasis en la atención de coyunturas en donde se presenten retornos masivos producto de emergencias graves y desastres naturales, entre otros. 

  

El Gobierno nacional diseñará incentivos para promover la inscripción de los connacionales en el registro consular. 


Artículo 48. Remesas. El Gobierno Nacional adelantará campañas y estrategias con el fin de incentivar el uso productivo de las remesas en programas relacionados con la promoción de inversión en el “país. Dentro de estos, serán tenidos en cuenta la adquisición de vivienda, vehículos de inversión; así como iniciativas para brindar el acompañamiento a esta población en proyectos productivos. Dichas herramientas serán divulgadas y compartidas en las redes y canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o quien haga sus veces. 


Artículo 49. Uso de nuevas tecnologías y facilitación de trámites. Para garantizar el derecho de los colombianos en el exterior a acceder a los servicios del Estado, las entidades encargadas de los trámites efectuados por los connacionales a través de las oficinas consulares de Colombia en el mundo, y de los sistemas virtuales, deberán aplicar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera progresiva en cada uno de los trámites que se adelanten en ellas, así como los principios de celeridad, economía y simplicidad, contemplados en la normativa nacional. Así mismo se garantizará la orientación, acompañamiento y los medios para acceder a los servicios virtuales por parte de los ciudadanos en condición de discapacidad y aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

  

Parágrafo 1°. El Ministerio de Relaciones Exteriores utilizará sus herramientas informativas en sus instalaciones y vía on line, para ilustrar a los ciudadanos cuando soliciten el pasaporte, sobre las políticas migratorias de los países a donde se vayan a dirigir. 

  

Parágrafo 2°. Para garantizar dicha eficiencia y austeridad en el gasto, permitirá que las oficinas diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior, puedan utilizar redes sociales como mecanismo de comunicación informativo para la comunidad, y canales de comunicación propios. Los cuales tendrán una reglamentación de uso y propiedad especial que será establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinada por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano en un plazo no mayor a seis (6) meses de expedida la presente Ley. 


Artículo 50. Atención y promoción cultural de niños y niñas colombianos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través, de Colombia Nos Une diseñará e implementará una estrategia de promoción cultural colombiana a la población de niñas y niños entre los o a 12 años, que estén residiendo en el exterior o que sean hijos de padres colombianos y hayan nacido en el extranjero. 


Artículo 51. Promoción de la Ley de Turismo en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Colombia Nos Une y en coordinación con las Oficinas Consulares, promoverá y difundirá el conocimiento del artículo 20 de la Ley 2068 de 2020, la cual crea, en la Ley de Turismo, un programa de promoción turística destinado a los colombianos en el exterior, coordinado a través de Colombia Nos Une y CO-nectados de Procolombia. 


Artículo 52. Asistencia social y servicios a los colombianos en el exterior y retornados. El Ministerio de Relaciones Exteriores elevará el grupo interno de trabajo (GIT) de Colombia Nos Une, a la Dirección de Colombia Nos Une, la cual estará bajo Coordinación directa del Viceministerio de Relaciones Exteriores, funcionando con autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica, en los términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998. Lo anterior, con el fin de fortalecer la formulación de las políticas públicas relacionadas con los colombianos residentes en el exterior, colombianos retornados, y población migrante en territorio nacional, y afianzar un servicio oportuno, directo y eficiente a la población colombiana en el exterior; teniendo como prioridad garantizar la participación de la población colombiana en el exterior en la formulación y creación de políticas públicas nacionales relativas a los colombianos residentes en el exterior, colombianos retornados y población migrante en territorio nacional, así como también la orientación a los retornados en materia de oportunidades de emprendimiento, productividad y empleo, educación y formación, trámites ciudadanos, vivienda y salud. 

  

Parágrafo. La entrada en funcionamiento de esta Dirección, y los ajustes necesarios que sobre la estructura deba realizar el Gobierno nacional, se deberá realizar una vez entre en vigencia la presente Ley; teniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, un plazo de seis (6) meses a partir de la firma de la sanción de la Ley para modificar la estructura que permita transformar el GIT de Colombia nos Une en la Dirección prevista en este artículo. Asimismo, en aras de respetar el principio de austeridad, para iniciar su nueva labor no deberá generar gastos adicionales de personal, ni generales a los que al momento de su creación tendrá presupuestado. 


Artículo 53. Acreditación del permiso de salida de menores en Consulados. Los Consulados de Colombia en el exterior, podrán expedir de manera virtual los permisos de salida del país a menores de edad a los que se refiere el artículo 110 de la Ley 1098 de 2006, a través de la validación de la información personal de los padres, registrada previamente en el consulado respectivo. 

  

Parágrafo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia establecerán un mecanismo no presencial de validación de información personal de los padres, implementado y desarrollado a través de los Consulados de Colombia en el exterior 

  

CAPÍTULO VII 

  

Extranjeros en Colombia  


  

CAPÍTULO VII 


Extranjeros en Colombia 


Artículo 54. Información al migrante extranjero. El Estado proporcionará al extranjero en cualquier momento, información sobre los requisitos para su ingreso, permanencia, residencia y salida del territorio nacional y cualquier otra información que sea necesaria. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia, promoverán mecanismos presenciales y virtuales que faciliten el acceso a la población extranjera a información de interés. 


Artículo 55. Deberes de los extranjeros. Son deberes de los extranjeros: 

  

a) Acatar la Constitución y la Ley y respetar y obedecer a las autoridades. 

b) Exhibir cuando le sean requeridos por las autoridades nacio­nales, su pasaporte vigente, documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y con la visa correspondiente cuando sea exigible. 

c) Ingresar y salir del país a través de los puestos de control mi­gratorio. 

d) Mantener su situación migratoria regular para la permanencia o residencia en el territorio nacional, y pagar oportunamente las tasas, y/o en su caso las sanciones que le correspondan. 

e) Inscribirse en el registro de extranjeros de la Unidad Adminis­trativa Especial Migración Colombia. 

f) Proporcionar oportunamente a la Unidad Administrativa Espe­cial Migración Colombia la información íntegra y completa que corresponda para mantener actualizada su información migrato­ria, entre la que se incluya, así como todo cambio en su domici­lio, dentro del término estipulado en la normatividad que regule la materia. 

g) Desarrollar únicamente las actividades autorizadas en la visa o permiso de permanencia otorgado. 

h) Presentarse personalmente ante la autoridad de control, verifica­ción migratoria y extranjería, al ser requerido mediante escrito por el Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o por sus delegados, en los términos señalados en la correspondiente citación. 

i) Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

j) Los extranjeros en el territorio nacional tienen el deber y el de­recho de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades de origen, así como la que acredite su condición migratoria en Colombia. 

k) Abstenerse de promover y/o realizar cualquier comportamiento y/o acto que altere el orden público o ponga en riesgo la seguri­dad nacional. 

  

CAPÍTULO VIII 

  

Asuntos de la Nacionalidad y la documentación migratoria  


  

CAPÍTULO VIII 


Asuntos de la Nacionalidad y la documentación migratoria 


Artículo 56. De la nacionalidad colombiana. La nacionalidad colombiana se adquiere en las formas señaladas por el artículo 96 de la Constitución Política. 

  

El reconocimiento de la nacionalidad colombiana por nacimiento en los términos del numeral 1 del artículo 96 de la Constitución Política, será de competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con arreglo a las normas vigentes. 

  

Las solicitudes de adquisición de la nacionalidad colombiana por adopción, en los términos del numeral 2 del artículo 96, de la Constitución Política, serán conocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la delegación realizada por parte del Presidente de la República mediante el Decreto 1067 de 2015, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 


Artículo 57. Derecho a obtener pasaporte. Todo nacional tiene derecho a obtener su pasaporte, dentro o fuera del territorio nacional, de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia. 

  

Parágrafo. El Estado colombiano reglamentará la expedición del pasaporte diplomático u oficial. Para tal fin establecerá las condiciones y requisitos en coordinación con las entidades del orden nacional, en los siguientes 6 meses de entrada en vigencia de la presente ley. 


Artículo 58. Tipos de documentos de viaje. Los documentos de viaje son: el pasaporte, la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, la tarjeta de identidad, el registro civil de nacimiento, el documento de identidad de otro Estado, y el documento expedido para los refugiados, apátridas y otras personas previstas por la normatividad vigente en la materia, siempre que se utilice con este propósito de conformidad con los convenios internacionales de los que Colombia es parte. 


Artículo 59. Visa. La visa es la autorización otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un extranjero para el ingreso, permanencia y desarrollo de actividades en el territorio nacional bajo el principio de la discrecionalidad y soberanía del Estado, la cual acredita que el portador extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional por un plazo de permanencia y actividad determinados. 

  

Conforme a la facultad residual reglamentaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, los aspectos procedimentales, administrativos y de trámite propio de las Visas, se regularán a través de Resolución Ministerial. La expedición de visas, acorde con los planes de desarrollo e inversión globales o sectoriales, públicos o privados, se deberá regular con atención a las prioridades sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, de seguridad, de orden público, sanitarias y demás de interés para el Estado colombiano. 

  

Parágrafo 1°. En atención al principio de legalidad y sin perjuicio de las medidas legales o reglamentarias transitorias establecidas en la materia, la residencia con vocación de permanencia de un extranjero en Colombia se constituye habiendo sido titular por tres (3) años continuos e ininterrumpidos de la visa que acredite tanto su regularidad migratoria en el país como su intención o ánimo de permanecer en el territorio nacional. 

  

El solo hecho de que un extranjero habite en el territorio nacional de manera accidental, estacional o en calidad de visitante no constituye residencia con vocación de permanencia en el país. La reglamentación establece los tipos de visas que permiten concluir su residencia con vocación de permanencia en Colombia. 

  

Parágrafo 2°. Los extranjeros que gocen de varias nacionalidades, todas diferentes de la colombiana, deberán informar esta condición al momento de su ingreso al país, pudiendo ostentar solo una nacionalidad en dicho ingreso y durante su permanencia en el territorio colombiano. Los extranjeros titulares de visas con vigencias superiores a tres (3) meses deberán identificarse en el territorio nacional con la cédula de extranjería expedida por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia correspondiente a la nacionalidad inscrita en la visa. Los extranjeros titulares de visas con vigencias inferiores a tres (3) meses; así como los menores de siete (7) años sin importar el tipo de visa de la que sean titulares, podrán identificarse con el pasaporté vigente de su nacionalidad acompañado de la visa o del permiso de ingreso también vigentes. 


Artículo 60. Permisos. Es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia otorgar los documentos que estime pertinente en desarrollo del principio de libre movilidad, a los visitantes extranjeros que ingresen al territorio nacional sin ánimo de establecerse en el país y que no requieran visa; sus características, procedimiento y trámite será reglamentado e implementado por las autoridades en materia migratoria mediante acto administrativo. 


Artículo 61. Situación o condición migratoria irregular. El extranjero incurre en situación migratoria irregular al ingresar al territorio nacional evadiendo el control migratorio, y/o cuando a pesar de haber ingresado de manera regular al país, excedió su tiempo de permanencia por vencimiento de su visa o permiso. 

  

En ambos casos los extranjeros serán objeto de las medidas sancionatorias que establezca la ley. 

  

CAPÍTULO IX 

  

De la protección internacional a los Extranjeros  


  

CAPÍTULO IX 


De la protección internacional a los Extranjeros 


Artículo 62. Refugio. A efectos de la presente Ley, el término refugiado se aplicará a toda persona que reúna las siguientes condiciones: 

  

1. Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado gru­po social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de na­cionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimien­tos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él o; 

2. Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia gene­ralizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación ma­siva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público. 

3. Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que se procediera a la expulsión, devo­lución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual. 

  

La solicitud de reconocimiento de esta condición se hará únicamente con la presencia del solicitante en el territorio nacional. 

  

Parágrafo. El reconocimiento de la condición de refugiado será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el estudio de las solicitudes, como en el reconocimiento de esta condición. 


Artículo 63. Procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. El reconocimiento de la condición de refugiado estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con el procedimiento establecido por el Decreto 1067 de 2015 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 


Artículo 64. Asilo. A efectos de la presente Ley, se entenderá por solicitante de asilo exclusivamente las personas que tengan un temor, razonable de persecución por motivos o delitos políticos, y por delitos políticos concurrentes en que no procede la extradición. 

  

El asilo no podrá ser invocado contra acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

  

El reconocimiento de esta condición se podrá conceder dentro del territorio nacional o en las misiones diplomáticas u oficinas consulares de Colombia en el Exterior, de acuerdo con la normativa internacional aplicable. 

  

Parágrafo. El reconocimiento de la condición de asilado y el procedimiento para el otorgamiento de esta condición será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. 


Artículo 65. Personas Apátridas nacidas en el exterior. Las personas nacidas en el exterior en situación de apatridia deberán presentar la solicitud para el reconocimiento de la condición de persona apátrida ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la reglamentación establecida para el efecto por este Ministerio. 

  

Durante el procedimiento se garantizará la identificación y permanencia temporal en el territorio nacional del solicitante. Una vez se le reconozca la condición de persona apátrida, se le otorgará un documento de viaje, en el cual se estampará, una visa de residente para su identificación y regularización. 

  

La persona nacida en el exterior reconocida como apátrida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá solicitar de manera gratuita la nacionalidad colombiana por adopción, una vez haya cumplido con el término de un (1) año de domicilio, contado a partir de la expedición de la visa de residente. 

  

El solicitante gozará de las facilidades para su naturalización que para el efecto disponga el Ministerio de Relaciones Exteriores en la reglamentación de la presente ley. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá adelantar el trámite de nacionalidad colombiana por adopción, dentro del año siguiente a la presentación de la solicitud de naturalización de la persona reconocida como apátrida. 

  

Parágrafo. En aplicación del principio del interés superior, los niños, niñas y adolescentes nacidos en el exterior podrán solicitar el reconocimiento de la condición de persona apátrida ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una vez este Ministerio reconozca tal condición, les otorgará la nacionalidad colombiana por adopción mediante acto administrativo. Este acto se comunicará a la Registraduría Nacional del Estado Civil para la expedición del respectivo documento de identificación colombiano a favor del niño, niña y adolescente. Durante el procedimiento sé garantizará la identificación y permanencia temporal en el territorio nacional del niño, niña y adolescentes. 


Artículo 66. Procedimiento para reconocimiento de la condición de persona apátrida. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el competente para tramitar, estudiar y decidir las solicitudes de reconocimiento de la condición de persona apátrida, presentadas por las personas a las que se refiere el numeral 2 del artículo 7 de la presente Ley. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá un procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona apátrida, de personas nacidas en el exterior y en Colombia, el cual tendrá un término de duración no mayor a dieciocho (18) meses, contados desde la presentación de la solicitud ante el Ministerio cuando la persona haya nacido en el exterior, o desde la remisión de la solicitud por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil al Ministerio, cuando la persona haya nacido en territorio colombiano. En el procedimiento se observarán todas las garantías del debido proceso. 


Artículo 67. Personas apátridas nacidas en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores la solicitud de reconocimiento de la condición de persona apátrida nacida en Colombia y los documentos que soporten el caso concreto para determinar tal condición, de acuerdo con el procedimiento establecido en la reglamentación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores, expedirá acto administrativo mediante el cual determinará si el solicitante se encuentra en situación de apatridia. 

  

La Registraduría Nacional del Estado Civil, con base en el acto administrativo que reconoce la condición de persona apátrida expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, procederá a reconocer la nacionalidad colombiana por nacimiento dentro de los tres meses siguientes a la comunicación del acto administrativo. El procedimiento y requisitos para este efecto serán reglamentados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

  

Parágrafo. Durante este procedimiento se garantizará la identificación y permanencia temporal del solicitante en el territorio nacional. 

  

CAPÍTULO X 

  

Disposiciones en el marco de las funciones y competencias de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia  

CAPÍTULO X

Disposiciones en el marco de las funciones y competencias de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia


Artículo 68. Acceso a información. Para el cabal cumplimiento de la función migratoria las entidades del orden nacional y regional están en la obligación de reportar o facilitar el acceso tecnológico a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a los antecedentes, requerimientos y anotaciones judiciales que se generen en contra de los ciudadanos nacionales y extranjeros, como mecanismo para la lucha contra el crimen organizado nacional y trasnacional, respetando las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, las que la modifiquen o sustituyan. 

  

De igual manera, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia llevará un registro judicial de los extranjeros condenados y vinculados a procesos penales por autoridad judicial competente. 


Artículo 69. Uso de nuevas tecnologías y facilitación de procesos migratorios. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia como autoridad de control, verificación migratoria y extranjería hará uso de las nuevas tecnologías para fortalecer los procedimientos de facilitación y priorización en el control migratorio, integrando procesos de seguridad y verificación automática de documentos de viaje, antecedentes y restricciones migratorias, entre otros requisitos. 

  

Para garantizar la seguridad y plena identificación de las personas, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio y cumplimiento de sus funciones como autoridad migratoria, podrá integrar soluciones tecnológicas que permitan la verificación y autenticación de la identidad de nacionales y extranjeros a través de los mecanismos y convenios de interoperabilidad que establezca con entidades nacionales e internacionales, de conformidad con los tratados internacionales y normas vigentes. Con este objetivo podrá utilizar, solicitar y acceder al sistema de información como a las bases de datos que produce y administra la Registraduría Nacional del Estado Civil. 


Artículo 70. Ingreso y salida del país de los niños, niñas y adolescentes. Para el Ingreso y salida del país de niños, niñas y adolescentes, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en cumplimiento de sus funciones dará cabal aplicación a las normas que las autoridades competentes hayan referido para tal fin, garantizando prevalentemente el ejercicio pleno de sus derechos y su protección integral, bajo el principio de favorabilidad al momento de efectuar los controles migratorios. 


Artículo 71. Creación de nuevos puestos de control fronterizo. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en ejercicio de sus competencias evaluará la necesidad y de acuerdo con sus estudios técnicos, podrá proponer la creación y el fortalecimiento de la infraestructura de los Puestos de Control Migratorio terrestres ubicados en los municipios de tránsito fronterizo, en las zonas más vulnerables de todo el país, en coordinación con las entidades que participan en ejercicio de sus funciones, en los Puntos de Control Migratorio. Lo anterior, de acuerdo con el Marco de Gasto de Mediano Plazo y las apropiaciones y asignaciones presupuestales autorizadas por el Gobierno Nacional en el Presupuesto General de la Nación correspondiente. 


Artículo 72. De las Empresas transportadoras o medios de transporte Internacional o nacional. Para todos los efectos relacionados con el control y obligaciones migratorias, se consideran empresas transportadoras o medios de transporte internacional o nacional formalmente constituidas, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que lleven a cabo el transporte internacional de personas y/o carga, vía aérea, marítima, fluvial o terrestre. 

  

CAPÍTULO XI 

  

Disposiciones Complementarias  

CAPÍTULO XI

Disposiciones Complementarias


Artículo 73. Prevención y Asistencias a víctimas del delito de Trata de Personas e Investigación y Judicialización del delito. El Estado colombiano a través de la Comisión Interinstitucional en la lucha contra la Trata de Personas adoptará las medidas de prevención, protección, asistencia, investigación y judicialización necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas del delito de trata de personas, tanto, internas como externas. Lo anterior, con el fin de fortalecer la acción del Estado frente a este delito, de acuerdo con el marco normativo internacional y nacional y de igual manera, garantizará la asignación de recursos para el cumplimiento de estas medidas. 


Artículo 74. Prevención y Atención a personas objeto de tráfico ilícito de migrantes e Investigación y Judicialización del delito. El Estado colombiano a través de la Comisión Intersectorial en la lucha contra el Tráfico Migrantes adoptará las medidas de prevención, protección, atención y judicialización necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas objeto de Tráfico Ilícito de Migrantes. Lo anterior, con el fin de fortalecer la acción del Estado frente a este delito, de acuerdo con el marco normativo internacional y nacional y de igual manera, garantizará la asignación de recursos para el cumplimiento de estas medidas. 

  


Artículo 75. Convenios de intercambio de información. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrán celebrar convenios interadministrativos con entidades oficiales y organismos internacionales para el intercambio de información, que permita cumplir con las funciones misionales propias de la Entidad. 

  

Parágrafo 1°. El Gobierno nacional podrá establecer alianzas entre los organismos de la lucha contra la trata, la migración y el desarrollo, las organizaciones internacionales y las partes interesadas de la sociedad civil centradas en las mujeres y las niñas, incluidas las organizaciones comunitarias de grupos afectados por la trata o las medidas contra la trata, a fin de recopilar, intercambiar, y analizar datos de manera sistemática, con el objetivo de comprender las tendencias en la trata de mujeres y niñas, y aplicar estrategias específicas basadas en los derechos humanos. 


Artículo 76. Tratamiento de datos personales. En virtud de lo establecido en el artículo 15 de la Constitución y en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, las entidades a cargo de la Política Integral Migratoria del Estado colombiano (PIM), deberán adoptar medidas de responsabilidad demostrada para garantizar el debido tratamiento de los datos personales. Dichas medidas deben ser apropiadas, efectivas, útiles, eficientes, oportunas y demostrables. Especial énfasis realizarán en garantizar la seguridad, la confidencialidad, la calidad, el uso y la circulación restringida de esa información. 


Artículo 77. Prohibición y/o limitación al control y vigilancia en materia migratoria o de seguridad. Para el ejercicio de los controles migratorios y de seguridad, en terminales aéreos, terrestres o portuarios no existirán áreas restringidas o vedadas a las autoridades competentes. 


Artículo 78. Reserva. Tendrá carácter reservado, el registro de extranjeros, los documentos que contienen información judicial e investigaciones de carácter migratorio y/o sobre el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, por estar relacionados con la seguridad nacional, así como por involucrar datos sensibles de acuerdo con lo establecido también en la Ley de 1581 de 2012. 

  

No obstante, a lo anterior y con sujeción a las disposiciones de la Ley Hábeas Data, las que la modifiquen o sustituyan, la información podrá ser entregada a: 

  

a) Los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investiga­ciones respecto de la persona registrada. 

b) Las autoridades y entidades que cumplan funciones administra­tivas que siendo constitucional y/o legalmente competentes para ello necesitan conocer la información para el debido ejercicio de sus funciones o por virtud de disposición legal expresa que lo establezca. 

c) El titular del dato o información. 

d) Los terceros que cuenten con la facultad expresan mediante poder especial debidamente otorgada por el titular de la infor­mación, en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015 o por virtud de disposición legal expresa que la esta­blezca. 

e) Los padres respecto de sus hijos menores no emancipados. 

f) El curador respecto de las personas declaradas interdictos le­galmente. 

  

Parágrafo. Para efectos de la entrega de la información de que trata el presente artículo, los funcionarios que la soliciten, señalados en los literales a y b, deberán contar con la autorización que establezca el ordenamiento jurídico. 

  

Igualmente les corresponde a todos aquellos quienes acceden a la información el deber de asegurar la reserva de los documentos y datos que lleguen a conocer en desarrollo de lo prescrito en el presente artículo. 


Artículo 79. Modifíquese el numeral 7 del Artículo 6° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así: 

  

“Artículo 6°. Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios: 

  

7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, reli­gión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta Ley a través de una previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional o fuera de él, por medio del servicio exterior de la República.” 


Artículo 80. Adiciónese un numeral al Artículo 6° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así: 

  

“Artículo 6°. Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios: 

  

[…] 

  

10. Principio de Progresividad: Es obligación del Estado garantizar la continuidad en la garantía, reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y prohibir el retroceso en esta materia. 

  

Este principio, exige el uso del máximo de recursos disponibles por parte del Estado para la satisfacción de los derechos”. 


Artículo 81. Modifíquese el Artículo 7° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así: 

  

“Artículo 7°. Además de otros derechos reconocidos en la Ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Derechos que deben ser efectivos tanto para todas las mujeres dentro del territorio nacional, como para las connacionales que se encuentren en el exterior.” 


Artículo 82. Adiciónese un numeral al Artículo 9° de la Ley 1257 de 2008, el cual quedará así: 

  

“Artículo 9°. Medidas de sensibilización, y prevención. Todas las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. 

  

El Gobierno Nacional: 

  

10. A través del Servicio Exterior a cargo de la Cancillería colom­biana, creará un “Protocolo estandarizado de atención a las mu­jeres potencialmente expuestas o que sean víctimas de violen­cia, que se encuentren en el exterior”, el cual permita actuar de manera oportuna para prevenir, identificar, atender y canalizar a las mujeres a servicios especializados de apoyo. 

  

Dicho protocolo estandarizado deberá contener como mínimo una ruta de atención que considere las siguientes condiciones y/o recursos: 

  

1. Recopilación de datos de línea base. 

2. Disposición de la oferta consular de servicios de atención y pro­tección a las mujeres víctimas de violencia, en lugares visibles, que faciliten el acceso al material informativo. 

3. Condiciones físicas en las oficinas consulares que garanticen confidencialidad y privacidad. 

4. Canales permanentes de atención especializada. 

5. Personal consular sensibilizado y capacitado permanentemente en la detección, el manejo preventivo y la atención de casos de violencia contra las mujeres. 

6. Coordinación interinstitucional y con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación entre las áreas del con­sulado, así como entre consulados, que permita una detección y canalización oportuna de las mujeres víctimas, a un área de atención y servicios adecuados que garanticen su protección. 

7. Coordinación con las áreas de las entidades cuya función es la protección de los derechos humanos como lo son la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. 

8. Creación y sostenimiento de Redes de Servicios Especializa­dos”. 


Artículo 83. Modifíquese el Artículo 8° de la Ley 1212 de 2008, el cual quedará así: 

  

“Artículo 8°. Las siguientes actuaciones se encuentran exentas del cobro de las tasas que se regulan, en la presente ley: 

  

1. La legalización, autenticación y apostilla dentro de los trámites de extradición solicitados por la vía diplomática, o por la vía que acepten los tratados internacionales aplicables para Colombia. 

2. Las previstas en los tratados internacionales vigentes para Colombia. 

3. Los trámites realizados por la vía diplomática y consular, suje­tos a reciprocidad. 

4. La protocolización de las escrituras públicas de reconocimiento de hijos extramatrimoniales y las de legitimación. 

5. Las actuaciones que se ocasionen por comisiones judiciales en el exterior en materia penal y en asuntos relativos a la protec­ción del menor. 

6. La expedición del certificado de supervivencia en el exterior. 

7. La apostilla o legalización de las copias, extractos y certificados relativos a prestaciones sociales a colombianos. 

8. La expedición de pasaportes a colombianos que pertenezcan a los niveles 1 y 2 del Sisbén o el puntaje equivalente al mismo y se encuentren en territorio colombiano, siempre y cuando esté inmerso en alguna de las siguientes condiciones. 

9. Que requieran tratamiento médico especializado que no pueda ser adelantado en el país. 

  

a) Personas con discapacidad y un familiar acompañante. 

b) Personas adultas mayores de 62 años. 

c) Personas menores de 25 años que vayan a adelantar estudios en el exterior. 

d) Niños en situación de adoptabilidad, que aún no lo han sido del ICBF. 

e) Personas que deben viajar al exterior por razones de salud de familiares. 

f) Que tengan un contrato de trabajo acreditado en el exterior. 

g) Que sean parte de delegaciones deportivas, culturales, artísticas, desarrollo científico o tecnológico. 

  

10. Los Cónsules podrán expedir pasaporte provisional exento de una hoja, válido únicamente para regresar a Colombia, con vi­gencia hasta de treinta, (30) días, a los nacionales colombianos que se encuentren en una de las siguientes situaciones: 

  

a) Deportados; 

b) Expulsados; 

c) Repatriados; 

d) Polizones 

e) En caso de existir orden de autoridad competente para no salir de Colombia, no expedir pasaporte o cancelar el pasaporte que tenga vigente un connacional; 

f) Estado de vulnerabilidad o indefensión y siempre que el solici­tante cumpla con los requisitos señalados por los artículos 151 y 152 del Código General del Proceso; 

g) Otras situaciones: fuerza mayor, caso fortuito o situaciones ex­traordinarias ajuicio de la autoridad expedidora. 

  

11. Los Cónsules podrán expedir pasaporte ordinario a los nacio­nales colombianos a solicitud del ACNUR, previo concepto fa­vorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, en desarrollo de asistencia consular o de cooperación judicial, pre­vio concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces. 

  

12. La apostilla o la legalización de documentos a los colombianos, a solicitud del ACNUR o de la Agencia Presidencial de Coope­ración Internacional (APC) Colombia o quien haga sus veces, previo concepto favorable de la Dirección de Asuntos Migrato­rios, Consulares y Servicio al Ciudadano o la dependencia que haga sus veces. 

  

13. La apostilla o legalización de documentos relacionados con los nacidos vivos o menores que se encuentren en proceso de resta­blecimiento de derechos, a previa solicitud del Instituto Colom­biano de Bienestar Familiar”. 

  

Parágrafo. En caso de que el solicitante no posea documento de identificación colombiano, los cónsules indagarán, previamente de la expedición del pasaporte provisional exentó, la calidad de nacional colombiano a fin de obtener prueba sumaria de esta, de lo cual se dejará constancia en el respectivo formulario y de acuerdo con lo reglamentado para la expedición de pasaportes. 


Artículo 84. Derechos concordantes con la PIM. Para efectos de la aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta los siguientes derechos ya consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano: 

  

1. Derecho a la Unidad Familiar: La familia, elemento natural y fundamental de la sociedad tiene el derecho a vivir unida, reci­bir respeto, protección, asistencia y apoyo conforme a lo esta­blecido en los instrumentos internacionales. La reglamentación de esta Ley establecerá los grados y tipos de parentesco a los que se extiende este derecho en materia migratoria. 

2. Derecho de libre circulación y residencia: Todo ciudadano co­lombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio na­cional, a entrar y salir de este. Igualmente, aquellos extranjeros que se encuentren de forma regular en el país tienen derecho a circular, permanecer y salir de él, con sujeción a las disposicio­nes legales vigentes. Estos derechos no pueden ser restringidos salvo las limitaciones provistas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, bajo los parámetros establecidos por la Constitución y los instrumen­tos internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para el Estado colombiano. 

3. Derecho al Retorno: Toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, nadie podrá ser arbitrariamente privado del de­recho a entrar en su propio país, salvo cuando las restricciones se hallen provistas en la ley, sean necesarias para proteger la se­guridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, o los derechos y libertades de terceros y sean compatibles con los demás derechos, conforme a lo dispuesto por los instrumen­tos internacionales en materia de derechos humanos vinculantes para el Estado Colombiano. 

4. Derecho de Asilo: Es el derecho que tiene toda persona, en caso de persecución que no sea motivada por delitos comunes, de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, de acuerdo con la Ley y los instrumentos internacionales en la materia, suscritos por el Estado Colombiano. 

5. Derecho a la participación con enfoque diferencial: Todas las políticas públicas migratorias deben ir encaminadas hacia una participación activa y completa de cada una de las personas; con especial énfasis en la atención y enfoque diferencial de las diferentes necesidades de la mujer. 

6. Derecho a la gestión migratoria de derechos humanos: Los mi­grantes nacionales y extranjeros, tienen derecho a que toda la gestión, servicios o atención migratoria se dé en el marco y la promoción de los derechos humanos. 


Artículo 85. Modifíquese el artículo 55 del Decreto Ley 19 de 2012, el cual quedará así: 

  

“Artículo 55. Permisos de ingreso y permanencia. Con fundamento en el acto administrativo que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores señalando los países exentos de visado, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia podrá otorgar permisos de ingreso y permanencia a los visitantes extranjeros a los cuales no se les exija visa para su entrada al país hasta por noventa (90) días calendario. 

  

De este permiso solo podrán ser eximidos los extranjeros que ingresen al país en modalidad técnica. 

  

A los extranjeros que ingresen para prestar asistencia técnica, se les otorgará un permiso por treinta (30) días calendario, previo cumplimiento de los requisitos establecidos; término durante el cual tendrán que realizar la actividad prevista. 

  

Si la actividad requiere tiempo adicional deberán realizar el trámite de visa de asistencia técnica ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

  

“En virtud del principio de reciprocidad, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en su calidad de autoridad de control migratorio, podrá reservarse el derecho de otorgar un permiso de ingreso y permanencia por un término menor de los noventa (90) días calendario, en atención a las actividades a realizar y al perfil migratorio que presente el ciudadano extranjero, sin perjuicio de lo establecido por acuerdos internacionales en materia de exención de visados suscritos por el Estado colombiano”. 


Artículo 86°. Modifíquese el artículo 56 del Decreto Ley 19 de 2012, el cual quedará así: 

  

“Artículo 56. Permiso temporal de permanencia. Créase el permiso temporal de permanencia, que será expedido por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el cual estará fundamentado en el acto administrativo que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores señalando los países exentos de visa y contemplando dos situaciones: i) para los extranjeros que ingresan al país como visitantes y ii) para los extranjeros que deben aclarar al interior del territorio colombiano alguna situación administrativa y judicial. La presencia en el territorio nacional de un extranjero siempre deberá contar previamente con la autorización de entrada y permanencia expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores u obedecerá a que su nacionalidad se encuentra incluida en el acto administrativo sobre exención de visas. En los casos señalados en la presente norma en los que no fuere así, procederá la expedición del Permiso Temporal de Permanencia, pero en ningún caso tal permiso podrá entenderse, asimilarse o equipararse a la expedición de una visa. 

  

En los casos anteriormente señalados se otorgará un plazo legal de permanencia en el país hasta por noventa (90) días calendario, el cual solo podrá prorrogarse para la segunda condición del presente artículo de conformidad con las normas establecidas 

  

En virtud del principio de reciprocidad la autoridad de control migratorio podrá reservarse el derecho de otorgar un permiso de ingreso y permanencia por un término menor de los noventa (90) días calendario, sin perjuicio de lo establecido por acuerdos internacionales en materia de exención de visado suscritos por el Estado colombiano”. 


Artículo 87. Acreditación de la fe de vida (supervivencia) de connacionales fuera del país. Modifíquese el Artículo 22 del Decreto Ley 019 de 2012 así: 

  

“Artículo 22. Acreditación de la fe de vida (supervivencia) de connacionales fuera del país. En todos los casos, la fe de vida (supervivencia) de los connacionales fuera del país, se probará ante las entidades qué forman parte del Sistema General de Seguridad Social Integral cada seis (6) meses mediante una de las siguientes opciones; 

  

1. Ante el Consulado de la circunscripción donde se encuentra el connacional. El Cónsul, con fundamento en los medios que a su criterio le permitan tener certeza del estado vital del solicitan­te, expedirá el correspondiente certificado de supervivencia y lo enviará a la respectiva entidad de seguridad social a través del canal qué pará tal fin se tenga establecido. 

2. Mediante documento expedido por parte de la autoridad pública del lugar sede donde se encuentre el connacional en el que se evidencie la supervivencia. Esta constancia deberá ser apostilla­da o legalizada, según el caso, y remitida por el interesado a la dirección y dependencia que para tal fin determine la respectiva entidad de seguridad social. 

  

Parágrafo. Los Consulados de Colombia en el exterior y los Fondos de Pensiones de Colombia, podrán realizar la validación no presencial de supervivencia y/o fe de vida de los pensionados residentes fuera del país, a través de la validación de información personal e historia pensional de la persona. 

  

Parágrafo Transitorio. El Ministerio del Trabajo establecerá un mecanismo no presencial de validación de supervivencia o acreditación de fe de vida para las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social Integral, implementado y desarrollado a través de los Consulados de Colombia en el Exterior y los Fondos de Pensiones, quienes certificarán la supervivencia del connacional fuera del país”. 


Artículo 88. Fortalecimiento de la Diplomacia Científica. El Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación fortalecerán y promoverán los intereses científicos nacionales a través de las misiones diplomáticas y la política exterior, permitiendo la generación de redes e infraestructura científica, el acceso a recursos de financiación; el fomento de nuevas industrias científicas en el territorio nacional, el intercambio de conocimiento científico entre Naciones y la gobernanza de la diplomacia científica; conforme al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

  

Parágrafo. El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación formalizará y ampliará los mecanismos de cooperación y coordinación para crear y fortalecer las redes, la diáspora científica y las colaboraciones con científicos y expertos colombianos en el exterior, con miras a incrementar la calidad de la investigación científica, así como su contribución e impacto al desarrollo de una economía basada en conocimiento. 


Artículo 89. Modifíquese el parágrafo 3° del artículo 15 de la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, el cual quedará así: 

  

“Parágrafo 3°. Los Ministerios y demás integrantes del Comité obligados constitucional o legalmente a rendir informes de gestión al Congreso de la República incluirán en estos un balance de las acciones realizadas en el campo de lucha contra la trata de personas, el cual deberá contener adicionalmente las propuestas o recomendaciones para la expedición de normas o ajustes a estas en materia de lucha contra este delito. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, su balance hará parte del informe anual que presenta el Consejo Superior de la Judicatura”. 


Artículo 90. Adiciónese un parágrafo nuevo al artículo 15 de la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, así: 

  

Parágrafo. El informe que rinde el Comité Interinstitucional para la lucha contra la trata de personas será remitido al Congreso de la República dentro de los primeros diez días del inicio de cada periodo legislativo y será discutido en sesiones exclusivas que citen las Comisiones Primeras de Senado y Cámara de Representantes. 


Artículo 91. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. El Gobierno nacional reglamentará las disposiciones contenidas en la presente Ley que lo requieran. 

  

El Presidente del Honorable Senado de la República, 

Arturo Char Chaljub. 

  

El Secretario General del Honorable Senado de la República, 

Gregorio Eljach Pacheco. 

  

El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes, 

Germán Alcides Blanco Álvarez. 

  

El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, 

Jorge Humberto Mantilla Serrano. 

  

REPÚBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL 

  

Publíquese y cúmplase. 

  

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de agosto de 2021. 

  

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

  

La Ministra de Relaciones Exteriores 

Martha Lucía Ramírez. 

  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

José Manuel Restrepo Abondano. 

  

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Rodolfo Zea Navarro. 

  

El Ministro de Salud y Protección Social, 

Fernando Ruiz Gómez

  

El Ministro del Trabajo, 

Ángel Custodio Cabrera Báez. 

  

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, 

María Ximena Lombana Villalba. 

  

La Ministra de Educación Nacional, 

María Victoria Angulo González

  

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Tito José Crissien Borrero. 

  

La Directora del Departamento Nacional de Planeación, 

Alejandra Carolina Botero Barco. 

  

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

Juan Daniel Oviedo Arango. 

  

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), 

Susana Correa Borrero.