Ir a la encuesta de percepción

100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030041855AUTOSala de lo Contenciosos Administrativonull11001032400020200017600202108/06/2021AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo__null_11001032400020200017600__2021_08/06/2021300418772021
Sentencias de Nulidad por InconstitucionalidadNación – Presidencia de la República – Ministerios de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural, y Departamento Administrativo Nacional de EstadísticaOLGA LUCÍA VELÁSQUEZ NIETOfalse08/06/2021Decreto 148 de 4 de febrero de 2020Identificadores10030247021true1372147original30213792Identificadores

Fecha Providencia

08/06/2021

Fecha de notificación

08/06/2021

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Subsección:  null

Norma demandada:  Decreto 148 de 4 de febrero de 2020

Demandante:  OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ NIETO

Demandado:  Nación – Presidencia de la República – Ministerios de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural, y Departamento Administrativo Nacional de Estadística


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: NULIDAD

Radicación: 11001032400020200017600

Demandante: OLGA LUCÍA VELÁSQUEZ NIETO

Demandado: Nación – Presidencia de la República – Ministerios de Justicia y del Derecho y de Agricultura y Desarrollo Rural, y Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Tema: Medida cautelar

AUTO

El Despacho decide la solicitud de medida cautelar presentada por la señora Olga Lucía Velásquez Nieto, actuando en nombre propio, encaminada a que se decrete la suspensión provisional del Decreto 148 de 4 de febrero de 2020, expedido por el Gobierno Nacional (conformado por el Presidente de la República, la Ministra de Justicia y del Derecho, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

El objeto y la parte considerativa del decreto son del siguiente tenor literal:

“[…] DECRETO 148 DE 2020

(Febrero 4)

"Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística"'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política establece en su artículo 2° que son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados constitucionalmente y mantener la integridad territorial.

Que, en desarrollo de dichas finalidades, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, razón por la cual este tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Así mismo, dispone que la prestación de los servicios públicos podrá ser realizada por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares; sin perjuicio del deber estatal de mantener la regulación, el control y la vigilancia de los servicios públicos.

Que el artículo 79 de Ley 1955 de 2019 "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad' establece que la gestión catastral es un servicio público cuyo objeto es la adecuada formación, actualización, conservación y difusión de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito.

Que, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 79, 80, 81 y 82 de la mencionada Ley, se hace necesario reglamentar el marco de la gestión catastral con el fin de especificar las condiciones generales del servicio público de gestión catastral, definiendo los aspectos esenciales de la prestación del servicio, tales como: la actuación coordinada de las entidades administrativas para que el servicio sea prestado de manera eficiente, la manera como los gestores y operadores catastrales desarrollarán sus actividades en la prestación del servicio y las funciones que tendrán las entidades de regulación, inspección, vigilancia y control del servicio público.

Que dentro de las finalidades que se buscan a través del servicio público de gestión catastral está atender la necesidad que tiene el país de contar con una información catastral actualizada, que refleje la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles, de modo que se propenda por la participación ciudadana, el uso de las herramientas tecnológicas, la actuación coordinada de las entidades administrativas y la inclusión del enfoque multipropósito dentro del catastro, en el marco de la implementación del Punto 1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

Que las actuaciones administrativas y los procedimientos que se adelantan en el marco normativo señalado por la Ley 1955 de 2019 en materia de catastro deben regirse de acuerdo con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de la función administrativa, la cual está al servicio del interés general de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política.

Que, teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales y legales que rigen la función administrativa y la prestación de los servicios públicos, se hace necesario establecer un marco normativo dirigido a regular de manera general la gestión catastral en aras de cumplir las finalidades del Estado y garantizar los derechos de los usuarios del servicio.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTÍCULO 1. Modifíquense los Capítulos 1 y 2 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 "DISPOSICIONES ESPECÍFICAS INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI IGAC" del Decreto 1170 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”, los cuales quedarán así:

[…]

ARTÍCULO 2. Adiciónense los Capítulos 6 y 7 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 "DISPOSICIONES ESPECIFICAS INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI IGAC" del Decreto 1170 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística”, los cuales quedarán así:

[…]

ARTÍCULO 3. Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto entra en vigencia a partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial el Decreto 1227 de 1908, el Decreto 2275 de 1941, el Decreto 3496 de 1983 compilado en el Decreto 1170 de 2015, el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.12, el artículo 2.2.2.3.13, el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.3.16, el artículo 2.2.2.3.21 y el artículo 2.2.2.3.24. del Decreto 1170 de 2015.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 4 días del mes de febrero de 2020

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

(FDO.) IVAN DUQUE MARQUEZ

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ANDRÉS RAFAEL VALENCIA PINZÓN

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO […]”

1.1.- Fundamentos de la solicitud de suspensión provisional

La demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 148 de 4 de febrero de 2020 con fundamento en lo siguiente:

“[…]

V - MEDIDA CAUTELAR - SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL DECRETO 148 DE 2020

Respetados Magistrados, en atención a lo señalado por el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en todo proceso declarativo que se adelante ante esta jurisdicción es procedente requerir la adopción de medidas cautelares. Por su parte el artículo 230 de la norma sub examine, se expresa que dichas medidas pueden ser de carácter preventivas, anticipativas o de suspensión y deben estar relacionadas directa y necesariamente con las pretensiones del medio de control.

En este orden de ideas, es preciso adoptar la suspensión provisional de los efectos del Decreto 148 de 2020, teniendo en cuenta lo esbozado en párrafos anteriores y que el artículo 238 de la Constitución Política, dispone que “la jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá´ suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial”.

De antemano, es procedente la admisibilidad de la medida a través de la jurisdicción, y en consecuencia el Decreto 148 de 2020, deje de surtir efectos, con la intención de garantizar el ejercicio de un derecho, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho, o asegurar los resultados de una decisión futura.

Así´, según el Consejo de Estado, “la suspensión provisional constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos, dada la presunción de legalidad que los acompaña, mientras se decide su fondo (...)”.

El artículo 231 del CPACA establece los requisitos que se deben cumplir para que una suspensión provisional de efectos de un acto administrativo sea pro- cedente, a saber: (i) que sea solicitada por quien presenta la demanda; (ii) que “(...) del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas” se deduzca una violación y, (iii) que en caso de estarse frente a un medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho, se acrediten, por lo menos de forma sumaria, los perjuicios alegados.

Además, la solicitud de la medida cautelar de suspensión de efectos debe estar sustentada correctamente y estar basada en argumentos específicos. Lo que el operador judicial debe verificar y el demandante probar en su solicitud, es que existe la posibilidad de hacer un análisis del acto acusado respecto del contenido de las normas señaladas como infringidas, con el fin de concluir si existe contradicción en el caso concreto […]”.

(Énfasis fuera del texto original).

1.2.- Traslado de la solicitud

Mediante auto de 15 de julio de 2020 se ordenó correr traslado a la parte demandada de la solicitud de la medida cautelar presentada por la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 1437 de 2011.

El Presidente de la República, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en adelante DANE, a través de sus apoderados judiciales, presentaron respuesta conjunta con la cual solicitaron negar la suspensión provisional, con fundamento en lo siguiente:

“[…] Los suscritos consideramos que no es procedente ordenar la suspensión provisional del Decreto demandado, en tanto no se cumplen los presupuestos legales necesarios para ello, los cuales están contemplados en el artículo 231 de la Ley 1437 del 2011.

Como se observa en dicha disposición y en el alcance dado a ella por el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia, la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional de actos administrativos exige que la transgresión de las normas superiores sea evidente, esto es, que surja de la simple comparación entre aquellas y el acto acusado, sin necesidad de profundos razonamientos. Tampoco puede limitarse a reiterar el contenido de la demanda, ni basarse en la invocación de normas constitucionales y citas jurisprudenciales descontextualizadas y presentadas sin ningún hilo conductor. De ser así, la medida debe negarse, teniendo en cuenta que el debate probatorio del proceso judicial es la etapa idónea para desmentir la supuesta ilegalidad del acto administrativo, que debe definirse en la sentencia correspondiente.

[…]

En ese orden de ideas, de los argumentos expuestos con anterioridad, es posible concluir lo siguiente:

La demandante, en el escrito de demanda y en la solicitud de medida cautelar de suspensión del acto administrativo, no demostró´ la existencia de una evidente violación del ordenamiento jurídico, ni argumento´, de manera adecuada en que consistirían las presuntas violaciones que achaca al Decreto, ni el porque´ de las mismas.

El Decreto 148 no contraviene el principio de reserva de Ley y constituye un ejercicio adecuado de la potestad reglamentaria, sin que sobrepase los límites que la misma implica.

Debe decirse, sin rodeos, que la parte demandante incumple con su carga de argumentar –y especialmente, de probar- que el hecho de no decretar la medida cautelar supone un perjuicio mayor al de ordenarla. Por el contrario, los suscritos exponemos las posibles consecuencias que la declaratoria de suspensión de los efectos del acto administrativo podría ocasionar.

De prosperar la medida cautelar se afectaría gravemente la implementación de la política de catastro multipropósito, al carecer de lineamientos frente a los aspectos que se relacionan:

Condiciones generales y aspectos esenciales del servicio público de la gestión catastral.

Cómo los gestores y operadores, prestarán el servicio.

Funciones de las entidades de regulación, inspección, vigilancia y control.

Mecanismos para la integración entre el registro y el catastro.

[…]

Debe concluirse, entonces, que en el caso bajo examen no se dan los presupuestos para acceder a la suspensión provisional del acto acusado porque no se cumple con ninguno de los requisitos analizados arriba, porque la vulneración del ordenamiento jurídico no es notoria ni evidente, sino que requiere una abultada argumentación jurídica que es insostenible y viene acompañada de numerosas razones de conveniencia e inconveniencia de las diversas interpretaciones que puedan derivarse de los textos analizados.

Tampoco esta´ acreditado el periculum in mora.

Por lo expuesto, el Gobierno Nacional solicita que se deniegue la solicitud de suspensión provisional del Decreto 148 de 4 de febrero de 2020 […]”.

(Énfasis fuera del texto original).

II.CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa. Solicitud de coadyuvancia

Mediante escrito radicado el 2 de septiembre de 2020 la asociación privada sin ánimo de lucro Únete por Colombia solicitó admitir su intervención como coadyuvante de la parte demandada en el presente trámite. Para su representación en este trámite designó a los abogados Bernardo Henao Jaramillo, Blanca Eugenia Uribe Tobón y Sebastián Moreno.

Con la intervención pidió que se negaran las pretensiones de la demanda y la solicitud de suspensión provisional argumentando que el Decreto 148 de 2020, además de encontrarse ajustado a derecho, respondía a la necesidad del país de tener la información catastral actualizada, que reflejara la realidad física, jurídica y económica de los inmuebles.

Sobre la intervención de terceros en calidad de coadyuvantes en los procesos de simple nulidad, el artículo 223 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

“[…] ARTÍCULO 223. COADYUVANCIA EN LOS PROCESOS DE SIMPLE NULIDAD. En los procesos que se tramiten con ocasión de pretensiones de simple nulidad, desde la admisión de la demanda y hasta en la audiencia inicial, cualquier persona podrá pedir que se la tenga como coadyuvante del demandante o del demandado.

El coadyuvante podrá independientemente efectuar todos los actos procesales permitidos a la parte a la que ayuda, en cuanto no esté en oposición con los de esta.

Antes del vencimiento del término para aclarar, reformar o modificar la demanda, cualquier persona podrá intervenir para formular nuevos cargos o para solicitar que la anulación se extienda a otras disposiciones del mismo acto, caso en el cual se surtirán los mismos traslados ordenados para la reforma de la demanda principal. […]”

De conformidad con la mencionada normativa, en el sub lite se dan los presupuestos para aceptar la intervención de terceros en calidad de coadyuvantes por cuanto: (i) La demanda que se promueve en contra del Decreto 148 de 4 de febrero de 2020 fue adecuada al medio de control de nulidad, establecido en el artículo 137 del CPACA; (ii) fue admitida mediante auto de 15 de julio de 2020, y (iii) hasta la fecha no ha sido programada fecha y hora para la realización de audiencia inicial. En consecuencia, por cumplir los requisitos del citado artículo 223, el despacho reconocerá como coadyuvante de la parte demandada a la asociación privada sin ánimo de lucro Únete por Colombia.

2.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado

En el marco de las diversas medidas cautelares establecidas en el CPACA[1] se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada por los artículos 229 y siguientes, la cual se caracteriza por su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, que pretende evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso en el que se hubiere decretado la medida, con el fin de proteger los intereses generales dentro de un Estado Social de Derecho[2].

Respecto a esta medida cautelar, la Ley 1437 de 2011 expresamente hace referencia a la confrontación de legalidad que debe efectuar el juez, esto es, el análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas, sin que ello constituya un prejuzgamiento. Frente a la manera en la que el juez debe abordar ese análisis inicial, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (expediente número 2014-03799), indicó: “[…] Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una valoración del acto acusado que comúnmente se ha llamado valoración inicial, y que implica una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no constituye prejuzgamiento, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final[…]”.

Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que es presupuesto básico de la medida que el acto esté produciendo efectos jurídicos[3], pues, aunque la norma no lo prevé, es lógico, de la naturaleza misma de la medida cautelar, que el acto acusado esté surtiendo efectos que puedan ser suspendidos provisionalmente.

2.2. Caso Concreto

En el presente caso el Despacho decide la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Decreto 148 de 4 de febrero de 2020, mediante el cual “[…] se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Información Estadística” […]”.

El Despacho denegará la medida de suspensión provisional solicitada teniendo en cuenta que la parte actora no señaló las disposiciones superiores que estima violadas con la expedición del acto acusado ni precisó el concepto de violación, sino que se limitó a alegar la procedencia de la medida “[…] teniendo en cuenta lo esbozado en párrafos anteriores […]”; en ese sentido, la solicitud no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011 al no haberse sustentado en debida forma, omisión que impide efectuar una comparación entre el acto acusado con el ordenamiento jurídico.

Al respecto, el Despacho ha diferenciado la argumentación de la demanda con la sustentación de la medida cautelar, al señalar que la primera pretende la obtención de la declaratoria de nulidad del acto administrativo acusado, mientras que la segunda busca la suspensión provisional del mismo; por ende, atendiendo los propósitos disímiles de ambas, la solicitud de suspensión provisional debe contener sus propias argumentaciones[4].

Sobre la exigencia de exponer de manera clara y concreta la medida deprecada, el Despacho ha afirmado lo siguiente[5]:

“ […] La exigencia de sustentar la referida solicitud se explica por su propia naturaleza, dado que constituye una excepción al principio de legalidad de los actos administrativos y al carácter ejecutorio de los mismos, esta Corporación ha sostenido el criterio que para la prosperidad de la suspensión provisional deben indicarse en forma precisa y concreta las disposiciones que se consideran manifiestamente infringidas por el acto acusado y expresar el concepto de su violación, sin que sea suficiente para el efecto solicitar simplemente el decreto de la medida como lo hace la actora, sin explicar cuál es la razón normativa para que se acceda a ello. Al respecto, resulta altamente útil traer a colación el análisis que hizo el Despacho en auto del 21 de octubre de 2013 expedido en el proceso número 11001 0324 000 2012 00317 00, en el cual se abordó el tema en un asunto semejante:

“En efecto, el requisito consistente en la sustentación de la medida cautelar no se encuentra en el artículo 231 del CPACA que trae a colación el recurrente, sino en el artículo 229 ejusdem cuyo contenido y alcance fueron explicados en el auto recurrido. Con todo, esta disposición advierte que las medidas cautelares, dentro de las que se encuentra la suspensión provisional, pueden ser decretadas a solicitud de parte debidamente sustentada, lo que equivale a decir que la solicitud debe ser suficientemente argumentada por quien la solicite.

Cosa distinta es que en la demanda se indiquen las normas violadas y el concepto de la violación, ya que esto comporta uno de los requisitos exigidos para este tipo de líbelos según lo dispone el artículo 162 numeral 4 del CPACA, requisito que no puede confundirse con el establecido en el comentado artículo 229.

En el mismo sentido, el alcance de la expresión “procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado” contenida en artículo 231 Ibíd, se encuentra dirigida a explicar que la solicitud de suspensión provisional puede ser presentada en el líbelo introductorio o en un escrito aparte, y no a que la sustentación de la medida cautelar quede suplida con el concepto de violación de las normas indicadas en la demanda, dado que, se reitera, se trata de dos requisitos distintos para fines procesales disimiles: uno, el que se refiere a fundamentar jurídicamente la pretensión de nulidad del acto, el otro, a explicar las razones por las cuales el acto debe ser suspendido provisionalmente […]”.

En ese orden de análisis, ante el incumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 229 y 231 de la Ley 1437 de 2011, se denegará la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados.

Por último, se reconocerá a los abogados OLIVIA INÉS REINA CASTILLO, MARÍA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA, JAIRO YOBANY PÉREZ CEBALLOS y ANDRÉS TAPIAS TORRES, como apoderados judiciales del Ministerio de Justicia y del Derecho, del DANE, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Presidencia de la República, respectivamente, en los términos y para los fines de los poderes a ellos conferidos.

Por lo expuesto, el Despacho

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR la suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 148 de 4 de febrero de 2020, expedido por el Gobierno Nacional (conformado por el Presidente de la República, la Ministra de Justicia y del Derecho, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

SEGUNDO: RECONOCER como coadyuvante de la parte demandada a la asociación privada sin ánimo de lucro Únete por Colombia.

TERCERO: RECONOCER a los abogados OLIVIA INÉS REINA CASTILLO, MARÍA FERNANDA DE LA OSSA ARCHILA, JAIRO YOBANY PÉREZ CEBALLOS y ANDRÉS TAPIAS TORRES, como apoderados judiciales del Ministerio de Justicia y del Derecho, del DANE, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y de la Presidencia de la República, respectivamente, en los términos y para los fines de los poderes a ellos conferidos.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente)

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero de Estado


[1] El artículo 230 del CPACA señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o que se realice una obra o una demolición de una obra con el objeto de evitar el acaecimiento de un perjuicio o que los efectos de este se agraven (numeral 4); impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer (numeral 5). Cuando la medida cautelar implique la adopción de un acto discrecional, el Juez no puede sustituir a la autoridad competente, sino limitarse a ordenar su adopción según la Ley (parágrafo).

[2] Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Auto de 15 de diciembre de 2017, Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00163-00, Actor: Lina Marcela Muñoz Ávila y Otros.

[3] Consejo de Estado, Sección Tercera subsección “C”, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Auto de 29 de mayo de 2014, Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00034-00 (50221), Actor: Colgems Ltda. CI. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Sentencia de 18 de julio de 2002, Exp. 22477, en la que se precisó que: “La jurisprudencia ha precisado que, por tratarse de una medida cautelar, su procedencia quedará obstaculizada cuando el acto se ha cumplido y sus efectos - y por consiguiente el perjuicio - se ha consumado.”

[4] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Girado López. Auto del 2 de mayo de 2019, radicado número: 11001-03-24-000-2016-00019-00.

[5] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Girado López. Auto del 12 de agosto de 2019, radicado número: 11001-03-24-000-2017-00268-00.