200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030041799CC-SENTENCIAC117C202129/04/2021CC-SENTENCIA_C_117_C_2021_29/04/2021300418192021CORTE EXTIENDE EN LAS UNIONES MARITALES DE HECHO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ALIMENTOS A LAS MUJERES QUE SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ULTRAJES, TRATO CRUEL Y LOS MALTRATAMIENTOS DE OBRA POR SU PAREJA. LO ANTERIOR, POR CUANTO ES EVIDENTE EL PLANO DE IGUALDAD EN QUE SE DEBEN ENCONTRAR LAS MUJERES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU VÍNCULO NATURAL O JURÍDICO O SU ESCOGENCIA DE FORMAR UNA FAMILIA.
CONSTITUCIONALIDAD29/04/2021Alejandro Linares CantilloCódigo Civil (art. 154, numeral 1 a 7 y 411)D-13761Identificadores20030246361true1371046original30213479Identificadores

Fecha Providencia

29/04/2021

Fecha de notificación

29/04/2021

Magistrado ponente:  Alejandro Linares Cantillo

Norma demandada:  Código Civil (art. 154, numeral 1 a 7 y 411)


CORTE EXTIENDE EN LAS UNIONES MARITALES DE HECHO EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ALIMENTOS A LAS MUJERES QUE SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ULTRAJES, TRATO CRUEL Y LOS MALTRATAMIENTOS DE OBRA POR SU PAREJA. LO ANTERIOR, POR CUANTO ES EVIDENTE EL PLANO DE IGUALDAD EN QUE SE DEBEN ENCONTRAR LAS MUJERES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU VÍNCULO NATURAL O JURÍDICO O SU ESCOGENCIA DE FORMAR UNA FAMILIA.

Norma objeto de control constitucional


CÓDIGO CIVIL


Artículo 154. Son causales de divorcio:


1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges.
2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.
3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.
4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.
5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.
6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o síquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.
7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.


Artículo 411. Se deben alimentos: (…) 4. A cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa.

Decisión


Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el numeral 4° del artículo 411 del Código Civil, bajo el entendido de que esta disposición es aplicable a los compañeros permanentes que, al término de una unión marital de hecho, les sean imputables situaciones de violencia intrafamiliar o conductas a las que se refiere el numeral 3º del artículo 154 del Código Civil.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Síntesis de los fundamentos


En el presente caso, la acción pública de inconstitucionalidad se dirigió contra los numerales 1º a 7º del artículo 154 y el numeral 4º del artículo 411 del Código Civil. La Corte (i) señaló la inexistencia de cosa juzgada constitucional; y (ii) la ineptitud de aquellos cargos (1º a 7º) en los que el demandante no estableció el patrón de comparación existente entre los cónyuges y los integrantes de una unión marital de hecho respecto a la terminación del vínculo y sus efectos.


Por lo demás, la Corte reconoció la aptitud del octavo (8°) cargo correspondiente a señalar una potencial vulneración al derecho a la igualdad y a lo dispuesto en los literales b) a g) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer, "Convención De Belem Do Para, y definió el siguiente problema jurídico a resolver ¿Vulneró el legislador, con la expedición del artículo 411.4 del Código Civil, el principio de igualdad (art. 13 superior) y los literales b) a g) del artículo 7° de la Convención de Belém do Pará, al establecer que sólo tendrían derecho a alimentos las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra dentro de un matrimonio y no hacerlo extensivo a las mujeres que hubiesen formado parte de una unión marital de hecho

Señaló este tribunal que el régimen jurídico dirigido a erradicar la violencia contra la mujer no sólo está garantizado por disposiciones generales que protegen a cualquier persona de la violencia ejercida en su contra, como por ejemplo el derecho a la igualdad (art. 13 superior) y el respeto recíproco entre todos los integrantes de la familia (art. 42.5 superior), sino que comprende también las disposiciones específicas de la Convención de Belém do Pará, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 93 de la Carta, normas en las que se reconoce de forma específica la violencia contra la mujer, como un desconocimiento de los derechos humanos y una limitación al goce y ejercicio de las libertades fundamentales.


Destacó la Corte -en el mismo sentido reconocido en la sentencia SU-080 de 2020- que es deber de los Estados parte de la Convención do Belem do Para, adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es así como, enfatizó la Sala Plena que se requiere una actuación diligente para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, así como establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación integral y otros medios de compensación justos y eficaces.


Con sustento en lo anterior, en el presente caso, tras dar aplicación a un juicio estricto de igualdad, consideró la Sala Plena que no cabe duda alguna sobre la igualdad existente entre mujeres parte de un matrimonio civil y mujeres parte de una unión marital de hecho, a la luz del acceso a la administración de justicia y del derecho a la reparación integral frente a situaciones de agresión (artículo 154.3 del Código Civil) o violencia intrafamiliar. Lo anterior, por cuanto es evidente el plano de igualdad en que se deben encontrar las mujeres, independientemente de su vínculo natural o jurídico o su escogencia de formar una familia.


Asimismo, la Corte extendió el reconocimiento sobre la existencia de un déficit de protección en detrimento de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra por su pareja, no sólo en el matrimonio civil -reconocido en la SU-080 de 2020-, sino también en el marco de una unión marital de hecho, considerando que el tratamiento diferenciado representa un notable vacío en materia de garantías para sancionar la violencia intrafamiliar a la que son sometidas las compañeras permanentes.


De esta manera, la mayoría de la Sala Plena, con el firme propósito de avanzar y optimizar el mandato de igualdad y la protección de la mujer frente a escenarios de violencia, definió un mínimo de protección para las compañeras permanentes, sin el cual podrían verse comprometidos principios y derechos superiores, razón por la cual declaró la exequibilidad condicionada del artículo 411.4 del Código Civil.


Igualmente, señaló que este análisis desde ningún punto de vista puede ser entendido como una disminución de la protección a las mujeres “cónyuges” parte del matrimonio, sino de la constatación de la ausencia o vacío de regulación existente en los dos vínculos -matrimonio y unión marital de hecho- respecto de la reparación integral en escenarios de violencia intrafamiliar.

Finalmente, la Corte hizo un llamado a los operadores judiciales y al Legislador, para dar aplicación a dicho condicionamiento, garantizando que las mujeres parte de una unión marital de hecho que sean víctimas de violencia intrafamiliar o cualquiera de las conductas a las que hace referencia el numeral 3° del artículo 154 del Código Civil, puedan acceder a su pretensión de acceso al resarcimiento o reparación integral mediante la solicitud de alimentos (art. 411.4 del Código Civil), en el marco del proceso que corresponda.

Salvamentos de voto


El magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO y las magistradas PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA, GLORIA STELLAORTIZ DELGADO y CRISTINA PARDO SCHLESINGER salvaron su voto. La magistrada GLORIA STELLA ORTIZ, aunque comparte la filosofía que inspira la ponencia, salvó su voto en el asunto de la referencia, por considerar que la demanda es inepta; situación que obligaba a la Corte a inhibirse para tomar una decisión de fondo.

Los argumentos que soportan esta conclusión son los siguientes: i) si bien se demandaron por inconstitucionales las causales de divorcio contempladas en el artículo 154 del Código Civil (1ª a 7ª), el debate está centrado en la imposibilidad de obtener alimentos para el compañero permanente que finaliza su relación por alguno de los hechos allí descritos, lo cual no se predica en sentido estricto de dicha norma, sino del numeral 4º del artículo 411 del Código Civil. La demanda y su corrección muestran que no hay cargos contra las causales de divorcio, de ahí que no existe reproche contra ellos. Eso significa, que respecto de esa norma, la demanda es inepta; ii) la demanda no definió el parámetro del control de validez de las normas acusadas.

En consecuencia, la sentencia debió precisar si controlaría una omisión legislativa relativa o una presunta violación del derecho a la igualdad, al efectuar una comparación entre cónyuges y compañeros permanentes “inocentes” para efectos de reclamar alimentos a la terminación de la relación por alguna de las causales de divorcio establecidas en el artículo 154 (causales 1 a 7). iii) Era necesario definir si los cónyuges y compañeros permanentes son iguales para efectos de establecer la “causa” y la “culpa” en la terminación del matrimonio y la unión marital de hecho.

Al exigir que un juez determine el motivo de la finalización del vínculo de hecho, se desconoce la voluntad de las partes y se ubica a esta relación en idénticas condiciones que el matrimonio. De igual manera, la definición del motivo de la finalización de la relación obligaba a determinar en la sentencia, que los deberes jurídicos del matrimonio son idénticos a los que se consensuaron en la unión de hecho a fin de consolidar la comparación; lo cual no solo es contrario al régimen jurídico previsto para las uniones de hecho, sino también desconoce la voluntad de las partes que, precisamente, decidieron libremente no acogerse a las reglas del matrimonio. Imponer los deberes jurídicos de los cónyuges a los compañeros permanentes, resulta contrario al artículo 42 superior. Luego, las causas de finalización del matrimonio no pueden ser trasladadas analógicamente a las uniones de hecho.

El mismo problema lógico surge con el análisis de la culpa en la terminación de la relación, ya que los deberes que se imponen a los compañeros no son iguales a los señalados en el matrimonio. Una dificultad que incluso se extiende a la intervención judicial en esa tarea, puesto que los jueces no tienen competencia para declarar la finalización de la unión de hecho, ni tampoco para definir la causa de la misma. Como en la unión marital son las partes y no el Estado, quienes fijan los acuerdos, la asimilación solemniza la unión de hecho.

Se trata entonces situaciones que demuestran que los sujetos no son susceptibles de comparación en este caso, por lo que el cargo por igualdad tampoco es apto. iii) Con todo, si bien algunos podrían alegar que en la sentencia C-456 de 20201 la Corte se enfrentó a una situación similar, en la que se aceptaron las propuestas comparativas de los demandantes y el problema jurídico se centró en determinar si las normas acusadas desconocían el mandato de igualdad de trato respecto de cónyuges y compañeros permanentes, lo cierto es que en esa ocasión si un había cargo cierto en el escrito ciudadano y aquí no.

En ese momento, la demanda fue propuesta con fundamento en una acusación por igualdad, pero en este caso el cargo no es apto porque los grupos no son comparables.


La unión marital y el matrimonio son instituciones jurídicas diferentes en muchos aspectos, particularmente en la causa de la terminación del vínculo, como se vio. iv) Por otra parte, si bien la sentencia SU-080 de 2020 fue muy importante al reconocer la existencia de un déficit de protección a las mujeres víctimas de violencia por parte de la pareja y, en especial, en el matrimonio y, por ello, exhortó al Legislador para que regule el tema, la providencia que se objeta afirma que las mujeres parte de una unión marital se encuentran en total ausencia de un régimen legal que les permita obtener la reparación por los medios judiciales o administrativos expeditos, lo que demostraría que en sentido estricto lo que aquí se debate es la omisión absoluta de regulación del derecho de alimentos cuando finaliza la unión de hecho (no el de los compañeros, porque ese se extendió por la Corte Constitucional en sentencia C-1033 de 2002). Caso en el cual, lo que procede es exhortar al Legislador para que regule el tema y no generar equivalencias por vía judicial ante instituciones jurídicas diversas.
Por su parte, la La magistrada CRISTINA PARDO SCHLESINGER salvó su voto por considerar que la demanda era inepta, razón por la cual la Sala Plena debió declararse inhibida para pronunciarse de fondo. A su juicio, la ponencia se equivocó al abordar los cargos planteados desde la perspectiva de la presunta violación del derecho a la igualdad.
Al respecto, estimó que, en el fondo, el problema jurídico se contraía a determinar si las disposiciones demandadas excluyen a los compañeros permanentes y a las uniones maritales del derecho a reclamar alimentos cuando se disuelve el vínculo, sin justificación alguna. Por esto, los cargos de la demanda debieron examinarse como alegaciones de una omisión legislativa.
Aunque teóricamente las omisiones legislativas siempre se contraen a resolver controversias sobre la vulneración del derecho a la igualdad, lo cierto es que, en el presente caso, los efectos de aplicar una u otra técnica de control constitucional hubiesen sido distintos.

Así, si se hubiera abordado la demanda desde la óptica de una omisión legislativa, necesariamente se habría concluido que se trata de omisión absoluta. Esto es así, en la medida en que en la unión marital de hecho no se han regulado causales de disolución ni las figuras de “compañero culpable” y “compañero inocente”. Esta falta de regulación hacía imposible la aplicación de la condición de “cónyuge culpable” o de “compañero permanente divorciado o separado de cuerpos” a las uniones maritales de hecho.


Si se hubiera seguido esta línea, la Corte tendría que haberse declarado inhibida por falta de competencia.


En el mismo sentido, la magistrada PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA y el magistrado ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO salvaron su voto en la medida en que en su concepto, la demanda no cumplía con los requisitos para que la Corte pudiera realizar un examen de fondo y emitir una decisión sobre la constitucionalidad de los artículos 154 y 411 del Código Civil. A su juicio, la decisión ha debido ser inhibitoria.

1 M.P. Jorge Enrique Ibáñez. Acción de inconstitucionalidad contra las expresiones cónyuge, cónyuges y casada contenidas en los artículos 19.2, 61 (parcial), 745, 1025.2, 1026.2, 1068.13, 1119, 1125, 1161.2, 1165, 1195, 1196.3, 1266.1 y 1488 del Código Civil