200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030041665CC-SENTENCIAC106202122/04/2021CC-SENTENCIA_C_106__2021_22/04/2021300416832021EXTRACTO: LA CORTE CONSTITUCIONAL DECIDIÓ ESTARSE A LO RESUELTO EN LAS SENTENCIAS C-056 DE 1996 Y C-070 DE 1993, POR CONSIGUIENTE, REITERÓ LA EXEQUIBILIDAD DEL APARTE DEL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, QUE EXIGE AL DEMANDADO EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO, LA CONSIGNACIÓN PREVIA DE LOS CÁNONES QUE SE CAUSEN DURANTE EL PROCESO PARA SER ESCUCHADO.
CONSTITUCIONALIDAD22/04/2021Paola Andrea Meneses MosqueraLey 1564 de 2012 (art. 384, parcial)D-13793Identificadores20030244429true1367891original30212359Identificadores

Fecha Providencia

22/04/2021

Fecha de notificación

22/04/2021

Magistrado ponente:  Paola Andrea Meneses Mosquera

Norma demandada:  Ley 1564 de 2012 (art. 384, parcial)


EXTRACTO:

LA CORTE CONSTITUCIONAL DECIDIÓ ESTARSE A LO RESUELTO EN LAS SENTENCIAS C-056 DE 1996 Y C-070 DE 1993, POR CONSIGUIENTE, REITERÓ LA EXEQUIBILIDAD DEL APARTE DEL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, QUE EXIGE AL DEMANDADO EN EL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE ARRENDADO, LA CONSIGNACIÓN PREVIA DE LOS CÁNONES QUE SE CAUSEN DURANTE EL PROCESO PARA SER ESCUCHADO.

1. Norma objeto de control constitucional

LEY 1564 DE 2012

(julio 12)

Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

Artículo 384. Restitución de inmueble arrendado. Cuando el arrendador demande para que el arrendatario le restituya el inmueble arrendado se aplicarán las siguientes reglas:

(…)

4. Contestación, mejoras y consignación. Cuando el demandado alegue mejoras, deberá hacerlo en la contestación de la demanda, y se tramitará como excepción.

Si la demanda se fundamenta en falta de pago de la renta o de servicios públicos, cuotas de administración u otros conceptos a que esté obligado el demandado en virtud del contrato, este no será oído en el proceso sino hasta tanto demuestre que ha consignado a órdenes del juzgado el valor total que, de acuerdo con la prueba allegada con la demanda, tienen los cánones y los demás conceptos adeudados, o en defecto de lo anterior, cuando presente los recibos de pago expedidos por el arrendador, correspondientes a los tres (3) últimos períodos, o si fuere el caso los correspondientes de las consignaciones efectuadas de acuerdo con la ley y por los mismos períodos, a favor de aquel.

Cualquiera que fuere la causal invocada, el demandado también deberá consignar oportunamente a órdenes del juzgado, en la cuenta de depósitos judiciales, los cánones que se causen durante el proceso en ambas instancias, y si no lo hiciere dejará de ser oído hasta cuando presente el título de depósito respectivo, el recibo del pago hecho directamente al arrendador, o el de la consignación efectuada en proceso ejecutivo.

(…)

9. Única instancia. Cuando la causal de restitución sea exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitará en única instancia”.

2. Decisión

ESTARSE A LO RESUELTO en las sentencias C-056 de 1996 y C-070 de 1993 y, por tanto, declarar exequibles las expresiones demandadas del artículo 384 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos analizados en este asunto.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


4. Salvamentos y aclaraciones de voto

Los magistrados DIANA FAJARDO RIVERA y ALBERTO ROJAS RÍOS salvaron voto, mientras que JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR, ALEJANDO LINARES CANTILLO y ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO aclararon voto. La magistrada GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO se reservó aclaración de voto.

La magistrada DIANA FAJARDO salvó su voto porque consideró que en este caso la Sala Plena no debió declarar la configuración de la cosa juzgada constitucional, sino realizar el estudio de fondo propuesto por los demandantes sobre el artículo 384, inciso 4, del Código General del Proceso.

Sostuvo que en las sentencias C-070 de 1993 y C-056 de 1996 la Corporación encontró ajustados a la Constitución los enunciados que en el Código de Procedimiento Civil establecían las cargas de pago que las personas arrendatarias ostentan para ser escuchadas dentro de los procesos de restitución de inmueble arrendado, cargas que se reprodujeron en el Código General del Proceso y que fueron cuestionadas nuevamente en esta oportunidad.

A pesar de dicha similitud, indicó que luego del año 1996 la Corte Constitucional conoció varios asuntos en sede de tutela que motivaron nuevas reflexiones al respecto. En concreto, indicó que desde la Sentencia T-838 de 2004 se precisó que la obligación del arrendatario de estar al día con los cánones de arrendamiento y otros conceptos para intervenir en los procesos de restitución de inmueble arrendado no es exigible, por lo menos, en aquellos casos en los que existen serias dudas sobre la existencia misma del contrato de arrendamiento; tesis que fue reiterada recientemente en la Sentencia T-482 de 2020.

A partir de tal verificación, en su concepto, la Sala Plena estaba en la obligación de abordar nuevamente de fondo la discusión y de determinar si este ajuste jurisprudencial constituía un evento de cambio de significación material de la Constitución, que justificara un pronunciamiento más acorde con la garantía de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de uno de los extremos de la relación contractual en discusión.

De igual manera, el magistrado ALBERTO ROJAS se apartó de la decisión anterior, toda vez que en su concepto, pese a la existencia de dos pronunciamientos anteriores de la Corte sobre la norma del Código de Procedimiento Civil que tenía el mismo contenido material, no existía cosa juzgada, en la medida en que en esos fallo no se tuvieron en cuenta situaciones que con posterioridad fueron abordadas en la jurisprudencia constitucional, las cuales plantean un nuevo enfoque de esa obligación de pago del canon de arrendamiento para ser escuchado, que debían ser analizadas de fondo, frente a la garantía de los derechos de acceso efectivo a la administración de justicia y el debido proceso.