200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030041607CC-SENTENCIAC067C202117/03/2021CC-SENTENCIA_C_067_C_2021_17/03/2021300416252021LA CORTE DETERMINÓ QUE LA CONFIGURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DEL RÉGIMEN SIMPLE NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y JUSTICIA TRIBUTARIA. DE IGUAL MODO, EXISTE CERTEZA EN LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES AL LIQUIDAR LA TARIFA SIMPLE CONSOLIDADA: LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y LOS INGRESOS BRUTOS ANUALES.
CONSTITUCIONALIDAD17/03/2021Gloria Stella Ortiz DelgadoLEY 906 DE 2004D-13765Identificadores20030243067true1365686original30211646Identificadores

Fecha Providencia

17/03/2021

Fecha de notificación

17/03/2021

Magistrado ponente:  Gloria Stella Ortiz Delgado

Norma demandada:  LEY 906 DE 2004


LA CORTE DETERMINÓ QUE LA CONFIGURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DEL RÉGIMEN SIMPLE NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y JUSTICIA TRIBUTARIA. DE IGUAL MODO, EXISTE CERTEZA EN LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES AL LIQUIDAR LA TARIFA SIMPLE CONSOLIDADA: LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y LOS INGRESOS BRUTOS ANUALES.

Norma objeto de control constitucional


LEY 906 DE 2004
(agosto 31)


Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal


(…)


ARTÍCULO 175. DURACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. <Artículo modificado por el artículo 49 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294 de este código.


El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados.


La audiencia preparatoria deberá realizarse por el juez de conocimiento a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la audiencia de formulación de acusación.


La audiencia del juicio oral deberá iniciarse dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la conclusión de la audiencia preparatoria.

PARÁGRAFO. La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación. Este término máximo será de tres años cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados. Cuando se trate de investigaciones por delitos que sean de competencia de los jueces penales del circuito especializado el término máximo será de cinco años.


PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 35 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, por delitos contra la Administración Pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado respecto de los cuales proceda la detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de investigación.


(…)


ARTÍCULO 294. VENCIMIENTO DEL TÉRMINO. <Artículo modificado por el artículo 55 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Vencido el término previsto en el artículo 175 el fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento.


De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior.


En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de sesenta (60) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. El término será de noventa (90) días cuando se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado.


Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al Juez de Conocimiento.


(…)


ARTÍCULO 344. INICIO DEL DESCUBRIMIENTO. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir, exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento.
La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.

El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación.

Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba..

Decisión

Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados en esta sentencia, los incisos 2º del artículo 175 y 3º (parcial) del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Síntesis de los Fundamentos

La Sala Plena estudió la demanda presentada contra el inciso 2º del artículo 175 y el inciso 3º (parcial) del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, “[p]or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que establecen términos mayores para que la Fiscalía formule la acusación o solicite la preclusión en tres circunstancias particulares12. Además, formularon una pretensión subsidiaria contra el inciso 2º (parcial) del artículo 344 de la misma normativa. Los ciudadanos argumentaron que las disposiciones eran inconstitucionales por la supuesta violación de los artículos 29 y 93 de la Constitución, los artículos 9º, numeral 3º, y 14, numeral 3º, literal c, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 7º, numeral 5º, y 8º, numeral 1º de la Convención Americana de Derechos Humanos. En particular, plantearon tres cargos: el primero –conformado por una pretensión principal y otra subsidiaria–, por la supuesta vulneración del principio de igualdad de armas, el segundo, por la violación del derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas y el tercero, por el desconocimiento de la garantía de non bis in idem.

En primer lugar, la Sala Plena estudió la aptitud de la demanda y determinó que, aunque preliminarmente la magistrada sustanciadora consideró que era posible aplicar el principio pro actione y admitir todos los cargos planteados por los accionantes, sólo estaba acreditada la aptitud de dos cargos, a saber: (i) por lesionar el derecho a la igualdad de armas, y (ii) por desconocer el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas.

Además, la Sala analizó la aptitud de la pretensión subsidiaria al primer cargo, dirigida contra el inciso 2º del artículo 344, fundada en la violación del principio de igualdad de armas. En concreto, comprobó que la pretensión subsidiaria al primer cargo no cumplía con los requisitos de claridad, certeza y especificidad, y, por lo tanto, no superó el análisis de aptitud.

En segundo lugar, correspondió a la Corte establecer si el inciso 2º del artículo 175 y el inciso 3º (parcial) del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, “[p]or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que establecen términos mayores para que la Fiscalía formule la acusación o solicite la preclusión en tres circunstancias particulares, desconocen la igualdad de armas. La Sala estableció que las disposiciones demandadas, que consagran plazos mayores a los previstos en la generalidad de los procesos penales para que la Fiscalía acuse o solicite la preclusión cuando se presente una de tres circunstancias, no desconocen este principio, por cuatro razones:
Primero, porque la jurisprudencia ha establecido que el derecho de defensa no tiene límite temporal y la persona puede ejercerlo incluso desde la indagación, cuando tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos.


Segundo, debido a que en el nuevo proceso penal el papel de la Fiscalía tiene especial énfasis en su carácter acusatorio. Esto quiere decir que, a pesar de que le corresponde suministrar todos los elementos probatorios o informaciones de que tenga noticia que sean favorables al procesado (artículo 250 superior), su rol en este modelo adversarial no le impone la búsqueda de pruebas exculpatorias. En efecto, corresponde al imputado actuar con diligencia en la recolección de los elementos de convicción a su alcance desde el momento en que es vinculado al proceso. Por esa razón, los términos especiales previstos en las normas acusadas corren también a favor del imputado, quien cuenta con más tiempo para recaudar pruebas exculpatorias y preparar su defensa técnica y material en las tres circunstancias previstas por las normas.


Tercero, por cuanto la indagación y la investigación no tienen como único fin acusar al procesado. Al terminar cada una de estas etapas, la Fiscalía podría optar también por archivar la actuación o solicitar la preclusión. Por lo tanto, de la etapa de investigación no se sigue, necesariamente, que la Fiscalía opte por presentar acusación.

Cuarto, debido a que el principio de igualdad de armas no puede ser interpretado como el derecho a que todos los tiempos para la defensa y la Fiscalía sean idénticos. En efecto, este principio supone: (i) la posibilidad de que los actores cuenten con las mismas oportunidades para participar en el proceso, y (ii) la necesidad de que la defensa y la Fiscalía tengan acceso al mismo material de evidencia requerido para sustentar el debate en juicio.

En tercer lugar, la Sala Plena analizó si el inciso 2º del artículo 175 y el inciso 3º (parcial) del artículo 294 de la Ley 906 de 2004, “[p]or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que establecen términos mayores para que la Fiscalía formule la acusación o solicite la preclusión en tres circunstancias particulares, vulnera el derecho a un juicio sin dilaciones injustificadas.

La Corte encontró que las normas no desconocen este derecho debido a que los plazos máximos asignados para plantear la acusación o solicitar la preclusión no son arbitrarios. En efecto, la previsión de términos especiales en algunas circunstancias se justifica en la naturaleza de los delitos de competencia de los jueces penales especializados, el número de sindicados y la dificultad que conlleva investigar concursos de delitos y adelantar investigaciones contra tres o más personas.

En ese sentido, las disposiciones acusadas establecen plazos especiales fundados en causales objetivas y que, de acuerdo con los criterios reiterados por la jurisprudencia de esta Corte, son razonables y salvaguardan el derecho a tener un juicio sin dilaciones injustificadas.

En consecuencia, la Sala Plena declaró exequibles los incisos 2º del artículo 175 y 3º (parcial) del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por los cargos analizados en esta sentencia.

Salvamento de Voto

La magistrada DIANA FAJARDO RIVERA salvó el voto a la decisión, pues en su concepto la demanda era inepta para provocar un pronunciamiento de fondo de la Corte Constitucional.


En su criterio, la demanda presentaba problemas de certeza, pertinencia y suficiencia. En síntesis, los accionantes afirmaron que las normas cuestionadas definían prórrogas a los términos judiciales, cuando en realidad definen términos autónomos para un supuesto especial en la investigación penal, asociado a la complejidad de ciertas investigaciones derivada de la pluralidad de imputados, la gravedad de los hechos o la existencia de concursos (concurrencia de varios delitos). La demanda se basaba en cuestiones de conveniencia que aludían a una supuesta ventaja para la Fiscalía, derivada del término más amplio que se da en estos casos en comparación con los que no tienen estas características; razones por las cuales sus argumentos no conseguían establecer una duda sobre la presunción de constitucionalidad de las normas legales demandadas, ni llevar a la aplicación del principio pro actione.


La Magistrada explicó que la acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo esencial de nuestro ordenamiento para defender la supremacía de la Constitución y la eficacia de los principios constitucionales. Su carácter público explica que no exija requisitos formales y que esté en manos de todos y todas las ciudadanas. Sin embargo, su análisis exige considerar diversas relaciones entre mandatos superiores. El principio democrático confiere a las decisiones del Congreso de la República una presunción de validez constitucional; la Corte Constitucional defiende la supremacía de la Carta política, pero lo hace en los términos del artículo 241 superior que, en el caso del control de las leyes, le exige partir de los argumentos de los ciudadanos para evitar intromisiones en las funciones del Congreso y preservar al máximo la estabilidad de las normas. Por último, el proceso de inconstitucionalidad es un escenario participativo en el cual los ciudadanos y autoridades pueden intervenir en defensa de la posición que a su juicio refleja la mejor luz del texto constitucional y este ejercicio requiere partir de razonamientos bien estructurados en torno al alcance de las normas demandadas y su relación con los mandatos de la Carta Política. Ello se refleja en las condiciones de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia de la demanda.


La magistrada Fajardo expuso su preocupación por la diversidad de estándares para analizar estas razones entre los distintos despachos de la Corte Constitucional, pues ello puede afectar intensamente el acceso a la justicia, la igualdad entre los ciudadanos y trastocar la deferencia que este Tribunal le debe a las decisiones del Legislador democráticamente elegido. En ese marco, puntualizó que contar con parámetros uniformes y comprensibles es necesario para que la acción de inconstitucionalidad alcance su finalidad esencial, asegurar la supremacía de la Constitución Política; y para que lo haga por las vías mencionadas, el acceso a la justicia y la generación de un proceso participativo vigoroso que le permita a ese Tribunal dictar sentencias que ponderen todos los aspectos relevantes en torno a la validez de la ley.