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200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030041602CC-SENTENCIAC062C202117/03/2021CC-SENTENCIA_C_062_C_2021_17/03/2021300416202021Sentencia C-062/21 Referencia: Expediente D-13866 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 (parcial) de la Ley 1801 de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.” Demandante: Sebastián Lanz Sánchez y otros. Magistrada sustanciadora: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA

Sentencia C-062/21

Referencia: Expediente D-13866

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 (parcial) de la Ley 1801 de 2016 “por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.”

Demandante: Sebastián Lanz Sánchez y otros.

Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

CONSTITUCIONALIDAD17/03/2021Gloria Stella Ortiz DelgadoLEY 1801 DE 2016D-13866Identificadores20030243033true1365652original30211612Identificadores

Fecha Providencia

17/03/2021

Fecha de notificación

17/03/2021

Magistrado ponente:  Gloria Stella Ortiz Delgado

Norma demandada:  LEY 1801 DE 2016


I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Sebastián Lanz Sánchez, Daniela Rojas Molina, Alejandro Lanz Sánchez, Emilia Márquez Pizano, María Camila López Duarte, Lucía Carbonell López, Juan Pablo Madrid Malo, Andrés Felipe Hernández Vargas, Alejandro Rodríguez Pabón, Saruy Camilo Tolosa Bello y Carolina González García; demandan el artículo 140 (parcial) del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (en adelante CNSC)[1]. La demanda fue radicada a través de correo electrónico el 6 de agosto de 2020.

En sesión del 12 de agosto de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional repartió el proceso de la referencia a este despacho y fue remitido digitalmente mediante comunicación del 18 de agosto del mismo año.

A través de auto del 31 de agosto de 2020 la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda. En esa decisión también dispuso: (i) fijar en lista la norma parcialmente acusada para garantizar la intervención ciudadana; (ii) correr traslado al Procurador General de la Nación, para lo de su competencia; (iii) comunicar el inicio del proceso al señor Presidente de la República, a los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, de Salud y Protección Social, a la Defensoría del Pueblo, al Instituto de Medicina Legal y a la Policía Nacional de Colombia; (iv) invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión Colombiana de Juristas, al Centro de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, al Grupo de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, al Grupo de Acciones Públicas de la Pontificia Universidad Javeriana, al Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado de Colombia, a las facultades de derecho de las universidades de los Andes, Nacional de Colombia, de Antioquia, Libre y de Nariño, a la Federación Colombiana de Municipios y a las Alcaldías de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, para que, si lo consideraban oportuno, intervinieran en este asunto para defender o atacar la constitucionalidad de la disposición demandada.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda de la referencia.

II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA

A continuación, se transcribe el texto de la disposición parcialmente acusada y se subraya el aparte demandado:

“LEY 1801

(julio 29)

Diario Oficial No. 49.949 del 29 DE JULIO DE 2016

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por la cual se expide el código nacional de seguridad y convivencia

LIBRO SEGUNDO

DE LA LIBERTAD, LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA

TÍTULO XIV

DEL URBANISMO

CAPÍTULO II

Del cuidado e integridad del espacio público

Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por lo tanto no deben efectuarse:

(…)

11. Realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.

(…)

Parágrafo 2°. Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados será objeto de la aplicación de las siguientes medidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se genere bajo el Título XIII del Código Penal.

COMPORTAMIENTOS

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR DE MANERA GENERAL

Numeral 1

Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.

Numeral 2

Multa General tipo 3.

Numeral 3

Multa General tipo 4; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmuebles.

Numeral 4

Multa General tipo 1.

Numeral 5

Multa General tipo 3; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.

Numeral 6

Multa General tipo 4; Remoción de bienes.

Numeral 7

Multa General tipo 2; Destrucción de bien. Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia y remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Farmacodependencia a que se refiere la Ley 1566 de 2012.

Numeral 8

Multa General tipo 2; Destrucción de bien.

Numeral 9

Multa General tipo 2; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble.

Numeral 10

Multa General tipo 4.

Numeral 11

Multa General tipo 4; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia.

Numeral 12

Multa especial por contaminación visual; Reparación de daños materiales de muebles o inmuebles; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de bienes; Destrucción de bien.

Numeral 13

Multa General tipo 4; Destrucción del bien.

Numeral 14

Multa General tipo 4; Destrucción del bien.

III. LA DEMANDA

Los demandantes consideran que la expresión acusada desconoce los artículos 1º, 2º, 13º, 15º y 16º de la Constitución, en tanto que vulnera los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los habitantes de calle, quienes no tienen la posibilidad de realizar sus necesidades fisiológicas en sitios diferentes al espacio público.

Así, formulan a la Corte dos pretensiones, ambas de constitucionalidad condicionada. Una principal, para que se declare la exequibilidad del precepto acusado en el entendido de que, cuando dicho comportamiento sea ejecutado por habitantes de calle, se prohíba la aplicación de las sanciones dispuestas en el CNSC. Otra subsidiaria, de acuerdo con la cual la norma es exequible en el entendido de que se prohíba la imposición de la multa general tipo 4 para los habitantes de calle, aplicándose en ese supuesto únicamente la medida correctiva de participación en programas comunitarios o actividad pedagógica de convivencia.

La demanda parte de señalar que, de acuerdo con estudios sobre la materia, está demostrado que los habitantes de calle carecen de opciones para realizar sus necesidades fisiológicas en condiciones de dignidad. Esto debido al déficit de baños públicos en las ciudades y la reticencia de quienes los administran o de los establecimientos comerciales que tienen instalaciones sanitarias abiertas al público, a que estas sean utilizadas por los habitantes de calle. De ahí que su única posibilidad es el uso del espacio público, que es la conducta sancionada por la norma acusada.

Para los actores, esta previsión viola el derecho a la dignidad humana. Consideran que imponer una sanción ante la inexistencia de opciones para que los habitantes de calle realicen sus necesidades fisiológicas en un sitio diferente, configura un trato degradante y humillante, debido a que les obliga a adoptar determinado modelo moral y ante un requerimiento biológico, que no tienen posibilidad de solucionar en otro sitio.

La demanda señala, a su turno, que la norma parcialmente acusada contradice la jurisprudencia constitucional que reconoce la imposibilidad de imponer sanciones por el solo hecho de optar por el espacio público como residencia de los habitantes de calle. Entonces, resulta claro que dicha disposición “tiene por efecto directo transformar la opción de vida en la calle en una contravención”. Esta circunstancia viola los derechos al debido proceso y a la igualdad, puesto que impone sanciones por conductas que no se derivan de la infracción de deberes jurídicos, sino de la omisión estatal en la disposición de lugares privados y asépticos para que los habitantes de calle hagan sus necesidades fisiológicas. Destaca que la jurisprudencia constitucional ha previsto que concurre un mandato estatal de protección a favor de las personas habitantes de calle, el cual es contradicho por una norma que los pone en permanente contravención de las normas de policía “por algo tan básico y esencial como es realizar sus necesidades fisiológicas en el único lugar que tienen disponible.”

La norma acusada viola, a juicio de los demandantes, el derecho a la igualdad de los habitantes de calle, en tanto que carece de un enfoque diferencial necesario para evitar la discriminación. Concluye, a partir de varias decisiones de revisión de tutela de la Corte Constitucional, que los habitantes de calle son sujetos que están en situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, la disposición demandada hace caso omiso de esa comprobación y confiere idéntico tratamiento a todas las personas, sin advertir que por ausencia de infraestructura suficiente, y en particular por la existencia de prejuicios y estigmas sociales, los habitantes de calle se ven materialmente imposibilitados para acceder a instalaciones dignas y adecuadas para realizar sus necesidades fisiológicas.

En ese sentido, la imposición de las sanciones es, en su caso particular, un trato discriminatorio, que se suma al maltrato al que usualmente son sometidos por las demás personas y por las autoridades de policía, hecho que la demanda demuestra a partir de investigaciones académicas soportadas por datos del Instituto de Medicina Legal y otras fuentes oficiales. Con base en estas premisas, advierten los demandantes que “la aplicación de este enfoque diferencial no resultaría vulneratorio del derecho a la igualdad de terceros a quienes no se les aplicaría la medida y, en cambio, constituye una medida necesaria para asegurar la igualdad material de las personas habitantes de calle.”

El precepto acusado es contrario, a juicio de los demandantes, al derecho a la intimidad de los habitantes de calle. Luego de hacer una reconstrucción del precedente sobre la materia, señalan que si bien en el espacio público se predica un grado reducido de protección del mencionado derecho, no es inexistente. Además, dicho grado sería el nivel aplicable para el caso de las personas habitantes de calle, pues ellas adoptan el espacio público como su lugar de residencia. En ese orden de ideas, la norma que impone sanciones indiscriminadas por necesidades fisiológicas en el espacio público y con la finalidad de proteger el orden público “desconoce la intimidad de las personas habitantes de calle, que deben necesariamente acudir al espacio público para llevar a cabo dichas actividades. Si pensamos en la intimidad como ese refugio básico en el que nadie puede ser molestado, se vuelve explícito cómo éste es inexistente para esta población.”

Agrega la demanda, nuevamente amparada en decisiones de la Corte que, aunque el derecho a la intimidad en el espacio público tiene un ámbito reducido, este no puede restringirse a un grado tal que resulte incompatible con la dignidad humana de las personas habitantes de calle, “a quienes se les prohíbe perpetuamente realizar [sus necesidades fisiológicas] sin la intromisión y sanción por parte de terceros. Así, aunque la limitación a la intimidad en este caso está legalmente justificada por el carácter público de los espacios en los que se aplica la medida, también se debe considerar que es el lugar de habitación de las personas de calle, por lo que no debería haber completa libertad en la intromisión por parte de autoridades públicas, más aún cuando tiene un efecto vulneratorio de derechos fundamentales.” Este efecto, según criterio de los demandantes, la norma acusada involucra la afectación del núcleo esencial del derecho a la intimidad, puesto que a ese ámbito pertenecen las necesidades fisiológicas, cuyo ejercicio no puede resultar limitado ni menos sancionado cuando las personas habitantes de calle no tienen alternativa diferente, conforme con las circunstancias explicadas anteriormente.

La demanda ejemplifica su postura a partir de las fallas en la política pública sobre la materia y en el caso específico del Distrito Capital; luego ofrece un grupo de argumentos dirigidos a demostrar que la norma acusada no supera un juicio de proporcionalidad. Expresa que, si bien está dirigida a la defensa de la salubridad y el espacio público, lo cual es una finalidad constitucionalmente importante, implica una grave vulneración de los derechos fundamentales de las personas habitantes de calle. Adicionalmente, señala que la necesidad de la medida no puede analizarse solamente desde el punto de vista de la eficacia de la sanción, sino que se debe tener en cuenta el logro de las finalidades anotadas, que depende de la disposición suficiente de infraestructura sanitaria en condiciones de dignidad y que incluya a los habitantes de calle.

Por ende, para el caso particular de los habitantes de calle, la imposición de la sanción económica configura un trato desproporcionado, puesto que se trata de personas que están en situación de extrema pobreza y que incurren en la conducta sancionada ante la ausencia de cualquier otra opción para realizar sus necesidades fisiológicas y, por lo mismo, inaplazables. Esto hace que la medida pierda cualquier eficacia instrumental para la protección de la salud y la integridad del espacio público. Por la misma razón, configura un tratamiento desproporcionado para los habitantes de calle, a favor de quienes no se adopta un enfoque diferencial que responda a su situación de vulnerabilidad.

IV. INTERVENCIONES

Intervenciones que solicitan la declaratoria de exequibilidad condicionada

4.1. La mayoría de las intervenciones institucionales y ciudadanas[2] solicitan a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de la norma acusada, con el objeto de que las personas habitantes de calle (en adelante PHC) queden exceptuadas de la imposición de sanciones por utilizar el espacio público para hacer sus necesidades fisiológicas. Además, tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General de la Nación solicitan a la Corte que exhorte al Gobierno para que adelante las acciones tendientes a asegurar las condiciones materiales para que las PHC puedan acceder a servicios sanitarios.

4.2. Advierten que la jurisprudencia constitucional ha concluido que el hecho de habitar en la calle es una opción de vida constitucionalmente reconocida, por lo que el Estado está en la obligación de garantizar las medidas para su ejercicio en condiciones de dignidad. Esto, más aún, si se tiene en cuenta que ese mismo precedente reconoce a las PHC como sujetos de especial protección constitucional.

La ausencia de una política pública sobre infraestructura sanitaria implica, a juicio de los intervinientes, que se afecte el componente de “vivir como se quiera” que hace parte del principio de dignidad humana, comoquiera que, si bien se reconoce que el habitar en la calle es una opción individual válida y que requiere ser comprendida desde una perspectiva de no estigmatización, no se otorgan condiciones materiales mínimas para ello y, de esta manera, se impide su ejercicio bajo la amenaza de la sanción que es objeto de esta demanda. Como lo explica la intervención de la Universidad Externado de Colombia, la existencia de infraestructura sanitaria para las PHC es una obligación estatal vinculada con la necesidad de prodigar mínimo respeto y consideración con tales individuos. En particular, un aspecto esencial de su dignidad es contar con un sitio privado para satisfacer sus necesidades biológicas más básicas.

Asimismo, la universidad señala que la norma demanda constituye una afectación desproporcionada del derecho al libre desarrollo de la personalidad de quienes deciden adoptar la calle como lugar de habitación; debido a que la protección de ese derecho no se circunscribe a la faceta de abstención por parte del Estado respecto de la intromisión en la esfera de autonomía individual, sino que también comporta el aseguramiento de las condiciones materiales necesarias para el ejercicio de las diferentes opciones de vida, que para el caso se traducen en la garantía de la infraestructura sanitaria requerida por las PHC. El cumplimiento de esa obligación estatal, vista desde una perspectiva más amplia, también se fundamenta en los deberes derivados del aseguramiento de la salud pública, no solo de las PHC sino de todas las personas que interactúan en el espacio público. Con todo, uno de los intervinientes sostiene que la vulneración de los derechos constitucionales de las PHC y por parte de la norma acusada no se supera con la provisión de infraestructura sanitaria, puesto que los afectados encuentran vulneradas otras muchas facetas de sus derechos sociales, entre las que se destaca el derecho a la vivienda, las cuales inciden en el carácter desproporcionado de la sanción impuesta.

Este asunto se ve agravado por el hecho de que el reproche se impone por un comportamiento que resulta inevitable para las PHC y que es consecuencia de dicha falta de infraestructura y, de manera más general, de una política pública de asistencia a quienes habitan en la calle. Por lo tanto, es preciso que la política pública adopte un cambio de perspectiva que: (i) reconozca la validez de la opción de vida de habitar en la calle y, por ende, no imponga estigmatizaciones por esa decisión, y (ii) impida la aplicación de una concepción mayoritaria de la sociedad, que prescinde de la necesidad de contar con medidas diferenciadas a favor de las PHC y, concretamente, en relación con la infraestructura sanitaria. Además, también se viola el derecho de igualdad, puesto que la sanción en comento es incompatible con el enfoque diferencial que la jurisprudencia constitucional reconoce a favor de las PHC y que se deriva de su condición de sujetos de especial protección, habida cuenta de la extrema vulnerabilidad socioeconómica en que generalmente se encuentran, circunstancia que impide el acceso a la infraestructura sanitaria. Estas mismas condiciones exigen adoptar acciones afirmativas que reconozcan las particularidades de las PHC, lo cual tiende a evitar la criminalización del hecho mismo de habitar en la calle.

Sobre el particular la Universidad Externado de Colombia insiste en que la protección del principio de igualdad en el caso se traduce en garantizar la asequibilidad y accesibilidad a los servicios sanitarios, puesto que del cumplimiento de dicha obligación estatal depende la satisfacción del derecho a la igualdad en su faceta material. De esta manera, considera que la Corte debe, como lo ha hecho en otras decisiones que han evaluado la tensión entre la protección del espacio público y derechos constitucionales como el trabajo o el libre desarrollo de la personalidad, hacer uso del juicio de proporcionalidad a fin de declarar que la imposición de sanciones contra quien se encuentra imposibilitado física y materialmente para acceder a la infraestructura sanitaria es una actuación estatal desproporcionada y que tiene una incidencia aún mayor para las PHC, por sus condiciones particulares antes expuestas.

4.3. Existe una divergencia de enfoque entre los intervinientes que solicitan la exequibilidad condicionada del precepto acusado. Algunos consideran que deben ser exceptuados de ambas sanciones y otros, como sucede con la Secretaría de Integración Social de Bogotá, consideran que la imposición de la multa es inidónea debido a la situación de marginalidad socioeconómica que es común en las PHC. Sin embargo, teniendo en cuenta la validez constitucional de la protección del espacio público, resulta razonable que las PHC asistan a los programas previstos en la disposición demandada. Esto debido a que el objetivo del Código no es la imposición de sanciones sino el aseguramiento de la convivencia y los derechos de las personas mediante mecanismos no coercitivos sino pedagógicos. En contraste, la intervención del Programa PAIIS de la Universidad de los Andes resalta que dentro de los objetivos generales del CNSC está la protección de la dignidad humana, objetivo que no es cumplido para el caso de la norma acusada y según las razones expuestas.

Sobre este mismo aspecto, los intervinientes indican que la protección del espacio público y la imposición de sanciones ante su afectación (por el hecho de solventar necesidades fisiológicas en este) tienen pleno soporte constitucional. Así, la solicitud de condicionamiento se sustenta no en cuestionamientos generales sobre la sanción, sino en razón de la carga desproporcionada que se impone a las PHC, ante la ausencia de infraestructura sanitaria que les sea accesible. Por ende, es claro que, una vez superados estos problemas de acceso, no sería admisible que se permitiese excluir de la sanción en comento a las PHC. De la misma manera, la Secretaría mencionada se opone a la postura de la demanda, en el sentido de que la norma viola el derecho a la intimidad de las PHC, puesto que la satisfacción de ese derecho no se logra permitiendo realizar las necesidades fisiológicas en el espacio público, sino mediante el aseguramiento de estructura sanitaria accesible para las PHC. Advierte que esta postura es la que resulta más compatible con la vigencia del principio pro homine.

4.4. Para el caso particular de la intervención del Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos – SELIDH de la Universidad de Antioquia y la Corporación Everyday House, se insiste en la necesidad de que la Corte asuma el control de convencionalidad, con el fin de que se analice la norma de cara al estándar del sistema interamericano de derechos humanos y, en particular, frente a las violaciones a los derechos sociales que son evidentes tratándose de las PHC. Destacan que deben tenerse en cuenta las reglas convencionales que obligan a los Estados a prevenir y sancionar las conductas constitutivas de discriminación, como sucede en el presente caso y según las razones antes expuestas. Así, traen a colación varias decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se concluye que el derecho a la igualdad implica tanto la prohibición de prodigar tratamientos discriminatorios fundados en motivos arbitrarios, como proteger mediante medidas afirmativas a quienes integran grupos que son históricamente discriminados, categoría a la que pertenecen las PHC.

El interviniente indica que la vulneración del derecho a la igualdad se origina tanto en la inexistencia de medidas diferenciadas a favor de las PHC, como en su exclusión como sujetos de especial protección constitucional. Destaca que el artículo 88 del Código acusado incorpora el deber de los establecimientos de comercio de facilitar sus instalaciones sanitarias a determinadas personas y excluye a los PHC, hecho que demuestra la discriminación mencionada.

Señala, en esa misma perspectiva, que la norma acusada se inserta dentro de un contexto más amplio: la criminalización de la pobreza y la imposición, desde el Estado, de una concepción sobre lo que se considera normal o deseable, la cual invisibiliza a las minorías que están, a su turno, sumidas en una situación estructural de afectación de sus derechos y a partir de una comprensión multidimensional de la pobreza, esto es, que no se reduce a la cuantificación del ingreso sino que tiene en cuenta el grado de goce efectivo de los derechos fundamentales. Entre estos derechos, además de los asuntos expuestos, debe resaltarse el derecho a la intimidad, que para el caso se traduce en la necesidad de que el Estado no interfiera, mediante la imposición de sanciones, en ámbitos que están intrínsecamente ligados con la esfera individual, como son las necesidades fisiológicas. A esta posición se suma lo planteado por el Colectivo José Alvear Restrepo, que llama la atención acerca del vínculo entre normas como la acusada, la imposición de prejuicios sobre las PHC y sobre un modo particular de comprensión del espacio público y la violencia de fuerzas policiales contra dichas personas.

Considera el mismo interviniente, a partir de decisiones recientes de la Corte sobre la materia, que el asunto debe ser analizado desde un “enfoque interseccional”, que tenga en cuenta que la norma acusada tiene un efecto mayor tratándose de las mujeres habitantes de calle y en lo que respecta a las limitaciones para su adecuada higiene menstrual. Asimismo, la sanción podría coincidir en otras formas de violencia contra las mujeres habitantes de calle, quienes están en situación de extrema vulnerabilidad a múltiples agresiones.

4.5. El Colectivo Maquia controvierte la eficacia de la norma, puesto que la imposición de la multa no es compatible con la situación de marginalidad de las PHC y deja de tener en cuenta la imposibilidad material que estas personas accedan a asistencia legal para ejercer su derecho al debido proceso en el marco del trámite sancionatorio. A partir de cifras predicables del Distrito Capital, destaca el déficit, no solo de infraestructura sanitaria en el espacio público, sino también de centros de atención para las PHC. Así, señala que el valor de la norma es exclusivamente simbólico y sirve de base para la justificación de actuaciones violentas en contra de las PHC, en particular por parte de integrantes de la Policía Nacional. Esto se demuestra con las cifras que ofrece el Instituto de Medicina Legal que documentan los homicidios contra PHC e identifican aquellos que son víctimas por la variable “actividades vitales o relacionadas con el cuidado personal”. En este sentido, explica que las sanciones objeto de examen generan escenarios de riesgo para las PHC, quienes de manera general están especialmente expuestas a ser víctimas de atentados contra su vida e integridad física.

A estas consideraciones, la intervención de la Representante a la Cámara Ángela María Robledo Gómez adiciona que su experiencia como Secretaria de Integración Social de Bogotá da cuenta de la necesidad de resignificar la condición de las PHC, con el fin de evitar que sean tratadas como un asunto de seguridad y mantenimiento del orden público, para concentrarse en la previsión de políticas públicas que permitan el ejercicio de sus derechos fundamentales. Así, como se expone en la intervención formulada por la Representante a la Cámara María José Pizarro Rodríguez, no se encuentran mayores avances respecto de la Ley 1641 de 2013, que establece deberes estatales específicos a favor de las PHC. Por ende, es evidente que la imposición de la sanción analizada no va en ese sentido, ni tampoco en el logro de la convivencia, sino que mantiene la estigmatización contra las PHC, que facilita comportamientos abusivos por parte de la Policía Nacional.

Sobre este último aspecto, el interviniente David Enrique Garzón García señala que el artículo 41 del CNSC, de manera consonante con las disposiciones de la Ley 1641 de 2013, ordena la adopción de un modelo de atención integral a la PHC, guiada por los principios de igualdad, diversidad, equidad, universalidad y reconocimiento del individuo, la familia y la comunidad como sujetos de atención. Esta disposición concurre con las razones que llevan a concluir que la sanción a las PHC es desproporcionada y no cumple con las finalidades disuasivas y de aseguramiento de la convivencia porque aquellas carecen de los recursos para asumir la multa acusada. Resalta que la medida no cumple con un juicio estricto de proporcionalidad, que es el estándar aplicable debido a que las PHC son sujetos de especial protección constitucional.

4.6. A pesar de que comparten la solicitud de exequibilidad condicionada de la norma acusada, los intervinientes ciudadanos David Enrique Garzón García y Harold Sua Montaña consideran que debe hacerse la integración normativa con el contenido del parágrafo 2º del artículo 140 del CNSC, en tanto que ese precepto contiene la sanción objeto de demanda. Una vez planteado el asunto de esa manera, podrá condicionarse la constitucionalidad de la norma en el entendido de que la multa podrá imponerse solo cuando las PHC tengan conciencia de la prohibición y de la existencia de infraestructura sanitaria para la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, permitiéndose la imposición del deber de participar en el programa comunitario o actividad pedagógica cuando no concurran las condiciones anotadas.

4.7. Además de plantear argumentos similares a los expuestos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señala que la norma no solo discrimina a las PHC sino incide en su salud mental debido al permanente temor derivado de la latencia de la sanción por un hecho que, como las necesidades fisiológicas, es por completo ineludible. Esto implica, además, que la sanción no se impone por el hecho de cometer una infracción, sino debido a que se trata de una persona que habita la calle. Antes bien, lo que debe primar es una postura que, basada en el principio de solidaridad, reconozca las particularidades de las PHC y asegure las medidas materiales para la protección de sus derechos. A partir de esta comprobación, la decisión de la Corte no debe restringirse a declarar la exequibilidad condicionada del precepto, sino que debe incluir exhortos para que se disponga la infraestructura sanitaria y se capacite a los integrantes de la Policía Nacional para que se abstengan de vulnerar los derechos de las PHC.

Intervenciones que solicitan la declaratoria de exequibilidad simple de la norma acusada.

4.7. El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Policía Nacional y la Federación Colombiana de Municipios consideran que la norma acusada es constitucional. Advierten que el objetivo de la prohibición es proteger el espacio público, lo cual es un fin constitucionalmente importante. Con todo, la imposición de la sanción sí podría ser problemática en el caso de los habitantes de calle y conforme con sus condiciones de vulnerabilidad antes explicadas. De allí que, a juicio del Ministerio mencionado, la norma podría condicionarse solo para excluir la consecuencia de la multa. Sin embargo, ello no se deriva de un cuestionamiento sobre la constitucionalidad de la prohibición sino sobre las consecuencias que genera respecto de las PHC y ante la ausencia de infraestructura sanitaria que les sea accesible, a lo que se suma la necesidad de reconocer la especial protección de la que es titular ese grupo poblacional.

4.8. La Policía Nacional destaca que el CNSC contiene entre sus principios rectores los de proporcionalidad y razonabilidad, razón por la que no es cierta la premisa que plantea la demanda, en el sentido de que la norma permite la imposición indiscriminada de sanciones contra las PHC. Asimismo, está basada en una concepción equivocada sobre el uso indiscriminado del espacio público por parte de los habitantes de calle y en detrimento del mismo. Insiste en que la protección del derecho a la intimidad de las PHC no puede llegar al punto de una apropiación del espacio público en perjuicio de los demás ciudadanos. Agrega que el objetivo de la medida, como las demás contenidas en el CNSC no es de carácter sancionatorio sino pedagógico, de modo que no pueden ser comprendidas como escenarios que fomenten el abuso o la persecución contra las PHC. Así, lo que disponen las normas es el deber de la autoridad de policía de determinar, bajo los criterios de razonabilidad y proporcionalidad antes anotados, la procedencia de la sanción. A esta posición se suma la Federación Colombiana de Municipios, cuando señala que la asunción del problema de la marginalidad de las PHC no se centra en permitir que realicen las necesidades en el espacio público, como considera que lo sostienen los demandantes, sino en la provisión de la infraestructura sanitaria que requieren para, de esta manera, proteger sus derechos fundamentales.

Intervenciones que plantean cuestiones generales sobre el problema jurídico

4.9. El Centro de Estudios de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Facultad de Derecho de American University presentó informe preparado por Macarena Sáez Torres y Christian Finsterbusch Romero.

Destaca, con base en normas del derecho internacional de los derechos humanos, que la protección del derecho a la igualdad y la no discriminación se extiende, no solo a prohibir los tratamientos diferenciados injustificados y que se funden en criterios sospechosos, sino también a prevenir que los efectos de las decisiones estatales impongan tales tratos discriminatorios o que impidan el goce de los derechos de manera igualitaria. También resalta que uno de los criterios sobre los cuales no resulta válido un tratamiento arbitrario es la situación social de la persona, lo que incluye su condición de pobreza o de marginación económica.

A partir de una referencia continua al informe presentado por la Relatora de las Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada, expresa que la falta de hogar de las personas es un asunto que no solo incide en ese derecho, sino que genera una afectación sistémica a diversas garantías fundamentales que, a su vez, deja en especial vulnerabilidad a las PHC. Por esta misma circunstancia son sujetos de intimidación por parte de las autoridades y de estigmatización social que deriva en la imposición de barreras para el acceso a los servicios más básicos, sumado a que se les somete a formas extremas de violencia, incluidos los delitos motivados por prejuicios y la violencia sexual. Destaca que las causas de la falta de hogar son múltiples y la principal es el fracaso de los gobiernos en dar respuesta a circunstancias individuales únicas “con compasión” y respeto a la dignidad individual. Así, la situación de las PHC es agravada cuando, además, son sujetos de discriminación múltiple al pertenecer simultáneamente a otros grupos especialmente vulnerables, como es el caso de las mujeres, niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), personas con discapacidad, personas mayores, personas que viven en la calle y personas trans, entre otras. Es por esta razón que diversos instrumentos de derechos humanos insisten en la obligación de los Estados de garantizar instalaciones sanitarias y otras formas de infraestructura para estos grupos. Resalta la situación particularmente agobiante en contra de las mujeres que no tienen hogar y respecto de asuntos como la higiene menstrual, que indudablemente impactan en su dignidad. Similar situación se acredita respecto de los NNA que al carecer de hogar se encuentran en especial estado de desamparo y una circunstancia incompatible con los derechos al cuidado y a la vida digna de los niños. Asimismo, las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex, en especial jóvenes, conforman un porcentaje importante de las PHC y en razón de la exclusión de la que son víctimas son más vulnerables a la violencia y tienen más posibilidades de ser rechazadas de albergues y refugios.

La relatoría antes mencionada, a partir de diferentes documentos de derechos humanos, concluye que los Estados están en el deber de derogar las normas legales que criminalicen, impongan restricciones o multas a las personas sin hogar y por comportamientos asociados a esa condición, como dormir o comer en espacios públicos. Estas normas imponen un efecto discriminatorio y desconocen que la legitimidad de esas sanciones descansa en la posibilidad de evitar el comportamiento prohibido, lo cual no es viable en relación con las PHC. Para el caso de sanciones como la demandada, aunque es claro que la medida es en principio razonable, se torna discriminatoria para las PHC quienes no están en capacidad de elegir dónde realizan sus necesidades fisiológicas y ante la ausencia de alternativas para ello.

4.10. La misma institución explica la existencia de un derecho al saneamiento, vinculado estrechamente al deber de proveer infraestructura sanitaria y que comporta una obligación de cumplimiento inmediato por parte de los Estados. Destaca que esa obligación se deriva de distintas previsiones contenidas en instrumentos internacionales de los que Colombia es parte y de las interpretaciones autorizadas de estos. En particular, indican que el reconocimiento del derecho al agua involucra la obligación de contar con saneamiento adecuado. En ese sentido, aunque varios de los componentes de ese derecho tienen desarrollo progresivo, la obligación de no discriminación tiene carácter inmediato, lo que implica el deber de remoción de medidas que sancionen a las PHC en razón de la ausencia de dicha infraestructura. Previsiones de la misma naturaleza se encuentran en instrumentos dirigidos a la protección específica de determinados grupos, como sucede con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En cada uno de estos tratados se hace referencia al saneamiento como parte de la especial protección de la que son titulares dichos grupos. Lo mismo sucede respecto de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de San Salvador, documentos que vinculan la prohibición de discriminación con el acceso a servicios públicos básicos.

Con base en los elementos expuestos, la Universidad concluye que la prohibición de realizar necesidades fisiológicas en el espacio público conlleva la vulneración del derecho internacional de los derechos humanos, tratándose de las PHC. Esto debido a la falta de infraestructura exigible y la imposibilidad de exigir una conducta distinta para dichas personas. Por lo tanto, nos encontramos ante una restricción que, en realidad, es una modalidad de criminalización de la pobreza y que impone cargas desproporcionadas a sujetos que están en una situación de mayor vulnerabilidad y desde una perspectiva interseccional, al tener la doble condición de personas sin hogar e integrantes de grupos vulnerables.

4.11. El ciudadano Samuel Nossa Agüero expresa algunos argumentos que considera útiles para la adopción de esta decisión. Explica que la conformación del entorno urbano y las viviendas en Colombia se vincula a la concepción del “higienismo” concebida en el siglo XIX y que implica pensar el espacio público como un terreno limpio, orientado a la circulación y que rechaza el desaseo y el desorden. Esto facilita la utilización de criterios arbitrarios que tienden a crear barreras para las personas vulnerables y, en particular, para las PHC, quienes se quedan en la práctica sin posibilidad de habitar en el espacio público y de ejercer sus necesidades más primarias.

Critica la posición adoptada por la política pública nacional y por la jurisprudencia constitucional que propugna por resolver la problemática de las PHC mediante la provisión de vivienda formal. Esto debido a que esa garantía no se ajusta a las necesidades de esta población quien, de cara al problema jurídico analizado, requiere infraestructura sanitaria que permita contar con el aseo como servicio integrado al espacio público. En ese sentido, destaca que experiencias exitosas en otros países se enfocan en la atención fragmentaria de algunas necesidades vinculadas a la vivienda, como sucede con los servicios sanitarios, y a través de refugios temporales, comedores y estacionamientos o viviendas móviles, a los que se suman los centros de cuidado y salud públicos. Estas opciones permiten a las PHC conciliar la socialización en la calle con la satisfacción de sus requerimientos básicos. De allí que el interviniente insista en la necesidad de articular tales opciones con una estrategia integral de cuidado y provisiones urbanas para las personas que habitan la calle.

Señala que la necesidad de infraestructura sanitaria se hace más urgente en el marco de la pandemia por COVID-19. Así, se requieren estructuras adecuadas y con neutralidad de género para garantizar, tanto la privacidad, como la conformación de identidad de las PHC. Además, esta dotación de servicios no solo es útil para las PHC sino para la ciudadanía en general que vería satisfecho su derecho a gozar del espacio público.

4.12. El presente cuadro contiene un resumen de las peticiones presentadas por los intervinientes:

Interviniente

Solicitud

Ministerio de Justicia y del Derecho

Exequibilidad o, de manera subsidiaria, exequibilidad condicionada en el entendido de que las medidas no aplican a los habitantes de calle, si carecen de acceso estable a los servicios sanitarios públicos requeridos, y, en caso de contar efectivamente con ellos, únicamente se les podrá imponer la medida de participación en programa comunitario o actividad pedagógica.

Policía Nacional

Exequibilidad

Defensoría del Pueblo

Exequibilidad condicionada en el entendido de que las medidas correctivas no se apliquen cuando quien comete la conducta es una PHC.

Subsidiariamente, en el entendido de que se aplica la medida de participación en programa pedagógico.

Exhortar al Gobierno Nacional para que expida la reglamentación que desarrolle la Ley 1641 de 2013 y adopte el Plan Nacional para la Población Habitante de Calle.

Secretaría de Integración Social del Distrito Capital de Bogotá

Exequibilidad condicionada en el entendido de que, cuando se trate de PHC el funcionario que imponga la medida lo haga a partir de criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, dando prioridad a las medidas de participación en acciones de carácter comunitario o pedagógico.

Alcaldía de Santiago de Cali

Exequibilidad condicionada en el entendido de que en el caso de las PHC solo resulte aplicable la medida de correctiva de participación en programa pedagógico.

Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

Exequibilidad condicionada en el entendido de que nadie puede ser sancionado por satisfacer imperiosas necesidades fisiológicas, en especial las PHC.

Ordenar la adopción de una política pública que asegure un mínimo de acceso a infraestructura sanitaria digna para todas las personas, con inclusión de medidas a favor de las PHC.

Ángela María Robledo Gómez - Representante a la Cámara

Exequibilidad condicionada en el entendido de que las medidas correctivas no puedan aplicarse cuando la conducta es cometida por las PHC.

María José Pizarro Rodríguez – Representante a la Cámara

Exequibilidad condicionada en el entendido de que las medidas correctivas no puedan aplicarse cuando la conducta es cometida por las PHC.

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Exequibilidad condicionada en el entendido de que las medidas correctivas no se apliquen a las PHC.

Exhorto a los entes territoriales y al Ministerio de Salud para que desarrolle los programas necesarios para la habilitación de baños en el espacio público.

Ordenar a la Policía Nacional que capacite a sus funcionarios a fin de evitar abusos de autoridad contra las PHC.

Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Facultad de Derecho de American University

No hace solicitud específica, aunque sostiene que la imposición de las medidas correctivas en el caso analizado vulnera distintos estándares del derecho internacional de los derechos humanos.

Programa PAIIS de la Universidad de los Andes

Exequibilidad condicionada bajo el entendido de que cuando el comportamiento sea ejecutado por personas habitantes de calle se prohíba la aplicación de las sanciones dispuestas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por vulnerar de manera desproporcionada la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad de esta población.

Subsidiariamente, la inaplicación de la multa mencionada.

Instituto Colombiano de Derecho Procesal

Exequibilidad condicionada conforme con las realidades sociales y cotidianas que enfrentan las PHC para realizar sus necesidades fisiológicas y su entendimiento por parte de las fuerzas de policía.

Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la Universidad de Antioquia y Corporación Everyday House

Exequibilidad condicionada en el entendido de que se excluya la aplicación de las medidas correctivas a las PHC.

Colectivo de Investigación y Creación Callejeras – Maquía

Exequibilidad condicionada en el entendido de que se prohíba la imposición de medidas correctivas cuando quien comenta la conducta sea una PHC.

Subsidiariamente, en el entendido de que solo pueda aplicarse la medida correctiva de asistencia a programa pedagógico.

Federación Colombiana de Municipios

Exequibilidad

David Enrique Garzón García

Exequibilidad condicionada en el entendido de que las medidas correctivas no sean aplicadas a las PHC que realicen necesidades fisiológicas en el espacio público.

Harold Sua Montaña

Integración normativa con el parágrafo 2º.

Exequibilidad condicionada en el entendido de que las medidas correctivas podrán ser impuestas a las PHC bajo las siguientes condiciones: (i) la multa solo puede ser impuesta cuando el agente sancionador compruebe que el habitante de calle era consciente de la prohibición de realizar necesidades biológicas en el espacio público y no tenía la posibilidad o conocimiento sobre acceso a infraestructura sanitaria; y (ii) la participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia puede imponerse cuando falta alguno de los presupuestos para imponer la multa

Samuel Nossa Agüero

No formula una solicitud particular. Ofrece un contexto teórico sobre la evolución del concepto de espacio público y la discriminación que las poblaciones vulnerables sufren respecto de su uso y acceso.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación presentó concepto ante la Corte en el que solicita: (i) integrar la unidad normativa con el numeral 11 del parágrafo 2º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016; (ii) declarar la exequibilidad condicionada de la anterior norma y de los preceptos acusados, en el entendido de que cuando el comportamiento es realizado por una persona habitante de calle no son aplicables las sanciones correctivas. Esto con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana y a la igualdad material que los asiste; y (iii) exhortar al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para que diseñen y actualicen las políticas públicas sobre acceso a servicios sanitarios para los habitantes de calle.

5.1. En cuanto a la integración normativa, expresa razones similares a las de los intervinientes, relativas a la necesidad de incorporar al análisis no solo el precepto que establece la conducta sino también la consecuencia jurídica de su comisión. Esto debido a que los cargos propuestos se basan en la inadmisibilidad de esa consecuencia para el caso de las PHC.

5.2. El Ministerio Público hace referencia a la jurisprudencia constitucional sobre la protección del espacio público y destaca que se trata de un bien protegido por la Constitución, que debe servir al interés general. Esa protección constitucional justifica la imposición de restricciones y sanciones por la ley, a condición de que estén dirigidas al aseguramiento de la convivencia ciudadana y resulten proporcionadas y razonables. Tales condiciones integran, junto con el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, los principios que guían el CNSC.

Dentro de ese marco, pone de presente que la configuración de dichas sanciones debe estar en consonancia con la vigencia de estos derechos y, de manera más general, con las libertades individuales que se expresan en el espacio público. Así, utiliza como ejemplo de este precedente las decisiones de la Corte que han ponderado la protección del espacio público y la protección de los derechos al trabajo y al mínimo vital de los vendedores informales. En este caso, destaca que esta Corporación concluyó el carácter desproporcionado de la imposición de multas y el decomiso de mercancía a los comerciantes informales en situación de debilidad manifiesta y que ejercían su actividad prevalidos de confianza legítima. Asimismo, con base en esta línea jurisprudencial resulta desproporcionada la imposición de sanciones a los consumidores de productos adquiridos en el espacio público. También hace énfasis en que conclusiones similares son expuestas por la Corte ante la tensión entre el uso del espacio público y el consumo de sustancias psicoactivas, sobre la que concluyó que una prohibición absoluta vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

5.3. La Procuraduría General analiza el precedente constitucional sobre la protección de los derechos fundamentales de las PHC, a fin de destacar que: (i) la decisión de habitar en la calle es expresión de la autonomía de las personas y, por ende, no puede ser objeto de reproche o sanción estatal; (ii) las PHC están en una situación de especial vulnerabilidad socioeconómica, por lo cual son sujetos de especial protección del Estado, la cual se traduce, entre otros aspectos, en la obligación de impedir la estigmatización, la exclusión y la marginalización de este grupo poblacional; (iii) con el fin de garantizar la igualdad material para las PHC es imperativa la implementación de acciones afirmativas a su favor, dentro de las que se destaca la obligación estatal de asegurar los elementos para la adecuada higiene menstrual de las mujeres habitantes de calle.

5.4. A partir de las reglas anteriores, el Ministerio Público advierte las barreras de acceso a las PHC a la infraestructura sanitaria y de manera análoga a como lo plantearon los intervinientes. Con base en esta comprobación y fundado en un juicio estricto de proporcionalidad, considera que la medida cumple con un fin constitucionalmente imperioso consistente en la protección del espacio público. No obstante, la imposición de sanciones no es un instrumento adecuado ni idóneo para conseguir ese propósito en el caso particular de las PHC, debido a la imposibilidad física de evitar la conducta prohibida.

En consecuencia, en este caso concreto las sanciones de multa y de participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas no logran el efecto de disuadir, prevenir, educar, proteger o restablecer la convivencia en el espacio público. A juicio de la Procuraduría General, existen mecanismos menos gravosos para lograr esa finalidad, en particular la provisión de infraestructura sanitaria para las PHC de modo que tengan alternativas reales para satisfacer sus necesidades fisiológicas. Por último, en lo que respecta a la adecuación entre el medio escogido y el fin perseguido, considera que si bien las medidas correctivas efectivamente protegen el espacio público, para el caso particular de las PHC es desproporcionado ante los motivos expuestos, sumado al hecho de que sus condiciones de marginalidad impiden que puedan pagar la multa o asistir a programas pedagógicos.

Decisión


Primero. Declarar EXEQUIBLE la expresión “Numeral 11. Multa general tipo 4; Participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia” prevista en el parágrafo 2º del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, en el entendido de que dichas consecuencias jurídicas no pueden aplicarse respecto de las personas que habitan la calle.


Segundo. EXHORTAR a las autoridades municipales y distritales para que, en caso de que no lo hubiesen adelantado, diseñen y en todo caso implementen una política pública que garantice el acceso universal a infraestructura sanitaria en el espacio público, la cual sea disponible a las personas que habitan en la calle. Esto conforme las obligaciones estatales que se derivan de la Constitución y de la Ley 1641 de 2013.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase,

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Presidente

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

Con aclaración de voto

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

Con salvamento de voto

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

Impedimento aceptado

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General


[1] Es importante anotar que anteriormente la denominación era “Código Nacional de Policía y Convivencia”. No obstante, esta denominación fue modificada por “Código Nacional de Seguridad y Convivencia”, según lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 2000 de 2019.

[2] Defensoría Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá, Directora del Departamento Administrativo de la Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Cali, Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social – PAIIS de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Semillero de Litigio ante Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos – SELIDH de la Universidad de Antioquia y la Corporación Everyday House, Maquia – Colectivo de investigación y creación callejeras, Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR, Harold Eduardo Sua Montaña, Representante a la Cámara Ángela María Robledo Gómez, David Enrique Garzón García y Representante a la Cámara María José Pizarro Rodríguez. También fue recibida de forma extemporánea la intervención de la Concejal de Bogotá D.C. Heidy Lorena Sánchez Barreto.

[3] Se hace uso de la síntesis planteada recientemente en la sentencia C-329 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

[4] Sentencias T-506 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz, reiterada en la sentencia C-361 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

[5] Sentencias T-772 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-211 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[6] Sentencia C-265 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

[7] Sentencia C-253 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

[8] Sentencia C-108 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sobre el mismo particular, la sentencia C-265 de 2002, antes citada, expresó lo siguiente: “La posibilidad de gozar del espacio público se eleva al rango de derecho colectivo específicamente consagrado en la Constitución, la cual exige al Estado velar por su protección y conservación impidiendo, entre otras cosas, (i.) la apropiación por parte de los particulares de un ámbito de acción que le pertenece a todos, (ii.) decisiones que restrinjan su destinación al uso común o excluyan a algunas personas del acceso a dicho espacio (iii.) la creación de privilegios a favor de los particulares en desmedro del interés general.

[9] Sentencia C-265 de 2002.

[10]Ibídem.

[11] M.P. Diana Fajardo Rivera.

[12] M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.

[13] M.P. Alejandro Linares Cantillo.

[14] La recopilación reiterada se encuentra en la Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Esta es una decisión hito que es frecuentemente referida en varias decisiones de la Corte. Por ejemplo, sus reglas son usadas en la Sentencia C-253 de 2019, antes citada, sobre la inconstitucionalidad de la prohibición general y amplia para el consumo de alcohol o sustancias psicotrópicas en el espacio público.

[15] Para una síntesis sobre la materia Vid. Sentencia C-134 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos. Ese fallo, luego de recapitular varias decisiones sobre la materia, sostiene que “la línea jurisprudencial que reconoce el principio y derecho fundamental de dignidad en relación con el objeto de protección, tiene como contenido esencial, el derecho que se tiene a no ser instrumentalizado ni usado por el Estado, por una Corporación o por cualquier otro sujeto, teniendo como fundamento la consideración de que los seres humanos somos fines en sí mismos y no medios o instrumentos para la realización de los intereses, las conveniencias o los fines de otros.”

[16] Acerca de la división conceptual entre las facetas positiva y negativa de la libertad, Vid. Berlin, Isaiah (1998) Two Concepts of Liberty” En: Berlin, I. The Proper Study of Mankind. An anthology of essays. Farrar, Strauss & Giroux. New York, pp. 191-242.

[17] Sobre este aspecto, la Sentencia C-094 de 2020, antes citada, sintetiza el precedente de la Corte sobre la faceta negativa y positiva del derecho a la intimidad del modo siguiente:

“La Corte Constitucional ha definido el derecho a la intimidad como aquel derecho que “garantiza en los asociados, el poder contar con una esfera o espacio de vida privada no susceptible de la interferencia arbitraria de las demás personas”. Igualmente, ha señalado que la intimidad comprende “el espacio exclusivo de cada uno, (…) aquella órbita reservada para cada persona y de que toda persona debe gozar, que busca el aislamiento o inmunidad del individuo frente a la necesaria injerencia de los demás, dada la sociabilidad natural del ser humano”. Adicionalmente, ha destacado que el derecho a la intimidad tiene dos dimensiones: (i) la negativa, como secreto de la vida privada; y (ii) la positiva, como libertad. En su dimensión negativa, prohíbe cualquier injerencia arbitraria en la vida privada e impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados. En su dimensión positiva, protege el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada.”

[18] Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

[19] En la Sentencia C-288 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) la Corte expone que la identificación sobre la fundamentalidad de una posición jurídica descansa en la comprobación de tres requisitos: el carácter subjetivo del derecho, su vínculo con el principio de dignidad humana y la existencia de un consenso sobre su condición de fundamentalidad.

[20] Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

[21] La Sentencia C-406 de 1996, dijo que “la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de interpretar esos tratados [derechos humanos], constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”.

[22]Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 163, y Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 138.

[23]Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, supra, párrs. 165 y 166, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 168.

[24] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Paiz y otros v. Guatemala. Sentencia del 19 de noviembre de 2015. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafos 106-107.

[25] Sentencia T-533 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

[26] Esta expresión incluye denominaciones que anteriormente se han utilizado en la jurisprudencia constitucional como “población en situación de indigencia”.

[27] Sentencia T-092 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[28] “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones

[29] Sentencia T-092 de 2015 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, fundamento jurídico 6.

[30] M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

[31] M.P. Alberto Rojas Ríos.

[32] Artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 (texto original): “El que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad directamente o a través de terceros incurrirá en prisión de 3 a 7 años de prisión y el menor será conducido al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para aplicar las medidas de restablecimientos de derechos correspondientes. // La pena se aumentará a la mitad cuando el actor sea un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.

[33] Sentencia C-464 de 2014 M.P. Alberto Rojas Ríos.

[34] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

[35] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[36] Correa Arango, Marta Elena (2007) Para una nueva comprensión de las características y la atención social a los habitantes de calle”. Revista Eleuthera, Vol. 1, Enero – Diciembre, pp. 91-102.

[37] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Reiterada por la Sentencia T-900 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

[38] “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”.

[39] Sentencia T-043 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

[40] Artículo 5° de la Ley 1641 de 2013

[41] Sentencia T-043 de 2015 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, consideración jurídica 6.2.1.

[42] Sentencias T-533 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-046 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara, T-1330 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza, T-436 de 2003 y T-211 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-119 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-057 y T-232 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-266 de 2014 M. P. Alberto Rojas Ríos.

[43] M.P. Hernando Herrera Vergara.

[44] Sentencia T-046 de 1997 M.P. Hernando Herrera Vergara.

[45] M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

[46] M.P. Rodrigo Escobar Gil reiterada en la Sentencia T-119 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

[47] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio reiterada en la Sentencia T-323 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

[48] M.P. Alberto Rojas Ríos.

[49] M.P. María Victoria Calle Correa.

[50] Sentencia T-292 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico 6.

[51] M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

[52] El artículo 172 del CNSC define a las medidas correctivas como las impuestas por las autoridades de Policía a toda persona que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento de los deberes específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia. El parágrafo 1º de esa misma norma es expreso en afirmar que las medidas correctivas no tiene carácter sancionatorio.

[53] Para 2021 esta suma equivale a $969.094.

[54] CNSC, artículo 1º.

[55] CNSC, artículo 2º.

[56] CNSC, artículo 7º.

[57] CNSC, artículo 8º.

[58] Ibídem.

[59] Aunque los informes la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto no son vinculantes, constituyen elementos de apoyo interpretativo de suma relevancia en el análisis de los derechos fundamentales.

[60] Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (2015). Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto. Documento A/HRC/31/54, párr. 23-24.

[61]“La falta de hogar afecta de manera desproporcionada a determinados grupos, como las mujeres, los jóvenes, los niños, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los migrantes y los refugiados, los trabajadores pobres, y las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, a cada uno de diferentes maneras, pero con causas estructurales comunes. Son las siguientes: a) la retirada de todos los niveles de gobierno de la protección social y la vivienda social y la privatización de los servicios, la infraestructura, la vivienda y el espacio público; b) el abandono de la función social de la tierra y la vivienda; c) el hecho de no abordar las crecientes desigualdades en los ingresos, la riqueza y el acceso a la tierra y la propiedad; d) la adopción de políticas fiscales y de desarrollo que apoyan la desregulación y la especulación inmobiliaria e impiden el desarrollo de opciones de vivienda asequible; y e) frente a la urbanización, la marginación y el maltrato de las personas que se alojan más precariamente en los asentamientos informales, que viven en estructuras temporales en condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua, el saneamiento u otros servicios básicos, y que viven bajo la constante amenaza de desalojo.” Ibídem, párr. 87.

[62] Ibídem, párr. 49.

[63] Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación. (2018) Estado actual del servicio de baños de acceso público en Bogotá D.C. Disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diagnostico_banos_publicos_.pdf

[64] En términos del referido informe, del total de la oferta estatal de baños públicos, solo el 34.6% está ubicado directamente en el espacio público, mayoritariamente en parques. El resto de la oferta se concentra en n bibliotecas públicas (11,66%), plazas de mercado (10,43%), sedes administrativas (9,82%), y SuperCADE, CADE y Puntos de atención de las empresas de servicios públicos.

[65] M.P. Alberto Rojas Ríos.

[66] Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/lineamiento-salud-habitante-de-calle.pdf

[67] Ibídem, p. 22

[68] Ibídem, p. 91.