200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20030041525CC-SENTENCIAC049C202104/03/2021CC-SENTENCIA_C_049_C_2021_04/03/2021300415422021CORTE SE ABSTUVO DE PRONUNCIARSE SOBRE DEMANDA QUE IMPUGNABA EXCEPCIONES EN LOS REQUISITOS DE EDAD Y COTIZACIÓN MÍNIMAS PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS FÍSICAS, SÍQUICA O SENSORIAL DE MÁS DEL 50%

CORTE SE ABSTUVO DE PRONUNCIARSE SOBRE DEMANDA QUE IMPUGNABA EXCEPCIONES EN LOS REQUISITOS DE EDAD Y COTIZACIÓN MÍNIMAS PARA PERSONAS CON DEFICIENCIAS FÍSICAS, SÍQUICA O SENSORIAL DE MÁS DEL 50%

CONSTITUCIONALIDAD04/03/2021Antonio José Lizarazo OcampoLEY 100 DE 1993D-13746Identificadores20030242008true1364324original30210807Identificadores

Fecha Providencia

04/03/2021

Fecha de notificación

04/03/2021

Magistrado ponente:  Antonio José Lizarazo Ocampo

Norma demandada:  LEY 100 DE 1993


Norma objeto de revisión constitucional

LEY 100 DE 19936


(diciembre 23)


por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones


ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:


1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:

a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.


En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.

Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período.

PARÁGRAFO 3o. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.


Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.

Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones.


PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.

La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez.

Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo.

Decisión


La Corte resolvió INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones demandadas del inciso segundo del parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 707 de 2003, por ineptitud sustantiva de la demanda.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


Síntesis de los fundamentos


La Corte señaló que si bien la demanda fue admitida en virtud del principio pro actione7, según el cual cuando se presente duda en relación con el cumplimiento de los requisitos de la demanda esta se resuelve a favor del accionante, ello no es óbice para que, en el análisis posterior, esto es, al momento de dictar sentencia, se decida sobre si se satisfacen en debida forma (art. 6 del Decreto 2967 de 1991).

En el caso concreto, la Sala Plena encontró que los cargos de inconstitucionalidad planteados, en esta oportunidad, no cumplieron con las exigencias mínimas de pertinencia y suficiencia, en atención a que la demanda no desarrolló la especial carga argumentativa relativa a la violación del derecho a la igualdad, dignidad humana y seguridad social según los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional.


En cuanto a la vulneración de la seguridad social y la dignidad humana, la demanda se limitó a enunciar principios, jurisprudencia y doctrina sin definir en qué consiste la incompatibilidad en que incurre la disposición acusada con los preceptos constitucionales. De otra parte, en la demanda no se demuestra cuál es el grupo específico excluido del tratamiento excepcional previsto en la disposición demandada y por qué ese grupo supuestamente excluido está en las mismas condiciones que el grupo beneficiario de la pensión especial de vejez. En realidad, la argumentación se basa en supuestos que no se derivan del contenido normativo cuestionado. Por consiguiente, las deficiencias de la demanda no le permitieron a la Corte realizar un examen de fondo y proferir una decisión de mérito sobre su constitucionalidad.

Salvamento de voto


El magistrado Alberto Rojas Ríos se apartó de esta decisión inhibitoria, toda vez que, en su concepto, la demanda sí cumplía, como se consideró al ser admitida, con los requisitos mínimos exigidos por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y precisados por la jurisprudencia para que la Corte emitiera un fallo de fondo.

6 Publicada en el Diario Oficial 41.148 del 23 de diciembre de 1993

7 Auto del 12 de junio de 2020, párrafo 9: “(…) En cuanto a la carga argumentativa requerida para determinar la procedibilidad del estudio de constitucionalidad, se advierte que los argumentos básicos esbozados logran generar por lo menos una duda mínima respecto de la hipotética inconstitucionalidad de la disposición acusada, por lo que, en aplicación del principio pro actione, se adelantará el trámite de la demanda”.