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3004015420030040169Corte Constitucional200Corte ConstitucionalCC-SENTENCIAC492C202026/11/2020CC-SENTENCIA_C_492_C_2020_26/11/20202020Recurso de extracto: LA CORTE CONSTATÓ QUE EN EL PRESENTE CASO EXISTÍA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE MEDIANTE LA SENTENCIA C-140 DE 2020 SE DECLARARON EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES ACUSADAS CONTENIDAS EN LOS ARTS. 1 Y 2 DEL ACTO LEGISLATIVO 4 DE 2019 QUE DEFINEN EL ALCANCE DEL CONTROL FISCAL
CONSTITUCIONALIDAD26/11/2020Antonio José Lizarazo OcampoACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019D-13615Identificadores20030204375Identificadores1349137true30232107original

Fecha Providencia

26/11/2020

Fecha de notificación

26/11/2020

Magistrado ponente:  Antonio José Lizarazo Ocampo

Norma demandada:  ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019


Recurso de extracto:

LA CORTE CONSTATÓ QUE EN EL PRESENTE CASO EXISTÍA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE MEDIANTE LA SENTENCIA C-140 DE 2020 SE DECLARARON EXEQUIBLES LAS EXPRESIONES ACUSADAS CONTENIDAS EN LOS ARTS. 1 Y 2 DEL ACTO LEGISLATIVO 4 DE 2019 QUE DEFINEN EL ALCANCE DEL CONTROL FISCAL

1. Norma demandada

ACTO LEGISLATIVO 04 DE 2019

(septiembre 18)

Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal

ARTÍCULO 1º. El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia quedará así:

“Artículo 267. La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los términos que defina la ley.

El control fiscal se ejercerá en forma posterior y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El control preventivo y concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno. La ley regulará su ejercicio y los sistemas y principios aplicables para cada tipo de control.

El control concomitante y preventivo tiene carácter excepcional, no vinculante, no implica coadministración, no versa sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores de recursos públicos, se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal y deberá estar incluido en un sistema general de advertencia público. El ejercicio y la coordinación del control concomitante y preventivo corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

[…]”.

ARTÍCULO 2º. El artículo 268 de la Constitución Política quedará así:

“Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones:

[…]

13. Advertir a los servidores públicos y particulares que administren recursos públicos de la existencia de un riesgo inminente en operaciones o procesos en ejecución, con el fin de prevenir la ocurrencia de un daño, a fin de que el gestor fiscal adopte las medidas que considere procedentes para evitar que se materialice o se extienda, y ejercer control sobre los hechos así identificados.

[…]”.

2. Decisión

ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-140 de 2020, mediante la cual se decidió “Declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas del artículo 1º y el numeral 13 del artículo 2º del Acto Legislativo 4 de 2019, por los cargos analizados en esta sentencia.”.


Afectaciones realizadas: [Mostrar]


3. Síntesis de la providencia

Los accionantes solicitaron la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones acusadas de los artículos 1 y 2 del Acto Legislativo 04 de 2019, al considerar que sustituyen el principio de separación de poderes como elemento definitorio de la Constitución y afectar el control fiscal posterior y selectivo. Al respecto, afirmaron que: “El legislador a través del acto legislativo demandado, excedió los límites competenciales que tiene en el ejercicio del poder de reforma reconocido por el artículo 374 de la Constitución Política, pues con la aprobación de la norma demandada, al ampliar el ámbito de aplicación ratione tempori del control fiscal, se está sustituyendo un elemento esencial como lo es la separación de poderes”.

Al analizar los cargos planteados y verificar la existencia de cosa juzgada constitucional, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la Sentencia C-140 de 2020.

En efecto, se pudo determinar la existencia de los tres elementos exigidos por la jurisprudencia constitucional para la aplicación de esta figura: (i) Identidad de objeto, (ii) identidad en los cargos formulados, e (iii) identidad de la causa petendi.

Es así como (i) las expresiones acusadas ya habían sido demandadas previamente y respecto de ellas se decidió en la Sentencia C-140 de 2020; (ii) los cargos formulados en contra de las disposiciones demandadas fueron sustancialmente los mismos, y (iii) desde la fecha de expedición de la sentencia citada no se ha presentado un cambio de contexto o nuevas razones significativas que, de manera excepcional, hagan procedente una revisión de las decisiones adoptadas.

Así las cosas, la Sala Plena declaró que respecto de los cargos formulados se configura la cosa juzgada constitucional, tal como se decidió en la Sentencia C-140 de 2020.

4. Aclaraciones de voto

El magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO aclaró su voto con el fin de reiterar su aclaración a la sentencia C-140 de 2020, en especial frente a la utilización por parte de la Corte Constitucional de la teoría de la sustitución de la Constitución, en la medida en que no le corresponde a esta ejercer un ‘juicio de sustitución’ donde se confundan diseños institucionales específicos con los ejes definitorios de la Constitución, como tampoco hacer un análisis de la conveniencia que puede traer el cambio en un diseño institucional adoptado por la Constitución. En una democracia constitucional, que carece de límites sustanciales explícitos al poder de reforma constitucional, corresponde a esta Corte revisar el cumplimiento del procedimiento previsto y la necesaria deliberación, pero el juicio sobre la conveniencia o necesidad de la reforma de una institución como la Contraloría General de la República, es algo que corresponde a los ciudadanos o a sus representantes elegidos popularmente.

Por su parte, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger acompañó la decisión mayoritaria por existir cosa juzgada respecto de los cargos formulados contra el Acto Legislativo 04 de 2019,” Por medio del cual se reforma el Régimen de control Fiscal”, los cuales fueron resueltos mediante la sentencia C-140 de 2020.

No obstante, por haberse apartado en su momento de lo decidido en la mencionada sentencia C-140 de 2020, aclaró su voto por las razones expresadas en el salvamento de voto formulado frente a ella.